Deja dos heridos una riña dentro del penal de Chilpancingo, informa el director a familiares

Una riña entre los internos de la cárcel de Chilpancingo dejó dos heridos, según información proporcionada por el director del penal, Javier Castrejón Rosales, a los familiares de los reclusos que acudieron a sus visitas.
En la cárcel de Chilpancingo, ubicada al sur de la capital, a las 9 de la mañana hubo una riña entre internos que dejó como saldo dos reclusos heridos, Gabriel Gonzáles Cabrera y Miguel Jacobo Barragán.
El director de la cárcel no quiso dar información a la prensa, “ahí está comunicación social del estado, ahí les darán la información”, dijo, y anunció a los familiares la suspensión de las visitas y que los heridos fueron trasladados al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón.
El centenar de familiares que esperaban desde las 9 de la mañana para entrar a la visita se sorprendió al escuchar el anuncio de Castrejón Rosales; los visitantes cuestionaron, “diga los nombres de los heridos”, “tal vez son nuestros familiares”, “déjenos pasar”, “venimos desde Zihuatanejo, ustedes nos pagarán el hospedaje”. Sin embargo, no los dejaron pasar hasta las 12 del mediodía.
Dentro de la cárcel hubo un camión con unos 40 policías estatales con equipo antimotines durante la mañana, que se retiró después de mediodía.
El director Castrejón Rosales se veía tenso, fumaba mientras pedía, “entiendan que no pueden pasar, corren peligro si entran, esta caliente la cosa, no queremos exponerlos. Les aseguro que no son sus familiares porque las familias de los heridos ya están con ellas en el hospital”.
De la cárcel se retiraron unas 40 personas; las que se quedaron insistieron al director que los dejará pasar, por lo que Castrejón Rosales accedió y dejó entrar a un visitante por recluso, hasta las 3 de la tarde hora, cuando terminan las visitas.
Castrejón Rosales aseguró que hoy dejarían estar dos horas más a los visitantes como compensación del tiempo que perdieron ayer.
No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la cárcel de Chilpancingo; en 2012, una riña dentro del penal dejó cuando menos tres reclusos golpeados y provocó disparos de los custodios, así como una aparatosa movilización de militares, policías federales, ministeriales y estatales.
Asimismo, en 2014, presos se amotinaron tras la irrupción de policías estatales vestidos de civil en la madrugada y golpearon a seis reos, de los que dos resultaron lesionados. En la requisa del penal las autoridades decomisaron mariguana, heroína, cocaína, tijeras, desarmadores, cargadores de celular, televisores y reproductores de DVD.
Pese a que el director aseguró que comunicación social del estado daría información de los hechos, no ocurrió así. En el portal de internet del gobierno del estado, tampoco se proporcionó ninguna información.

Secuestran a una mujer en Zacacoyuca, Iguala; la abandonan luego con una camioneta robada

 

Hombres armados, vestidos de negro y encapuchados, irrumpieron la madrugada de ayer en una casa de la comunidad de Zacacoyuca, Iguala, de donde se llevaron a una mujer y una camioneta, que dejaron abandonadas horas después en una gasolinera de Iguala.
Fuentes del Ejército informaron que minutos después de la 1 de la mañana de ayer, a través de un reporte al número de emergencias 066, pobladores de la comunidad de Zacacoyuca, al sureste de la cabecera municipal de Iguala, reportaron la presencia de al menos cuatro hombres con armas cortas y largas, vestidos de negro y encapuchados, que habían irrumpido en una vivienda.
Según el reporte, luego de la irrupción violenta de los pistoleros, éstos robaron de la casa una camioneta Nissan X-Trail gris en la que se llevaron a una mujer de 30 años, con rumbo desconocido.
Minutos después, policías federales y estatales implementaron un dispositivo de búsqueda de la mujer secuestrada y de los plagiarios, sin obtener resultados positivos.
Tres horas después, cerca de las 4 de la madrugada, los plagiaros dejaron abandonada a la joven y la camioneta cerca de una gasolinera en la entrada a Iguala, de donde fue devuelta a su casa, con resguardo de policías estatales y federales.
Según se informó, la familia se negó a denunciar penalmente los hechos en el Ministerio Público, por temor.

Sacan a comerciantes del mercado de San Luis Acatlán; el Ayuntamiento debe dos meses de renta

Comerciantes del mercado de San Luis Acatlán fueron sacados del predio alterno que ocupan porque el Ayuntamiento no ha pagado dos meses de renta, y denunciaron que el mercado municipal tiene un año en construcción y no fue terminado por el anterior alcalde priista Alejandro Contreras.
El comerciante Daniel Méndez de Jesús, por teléfono denunció que el problema es un asunto político entre el presidente municipal de Movimiento Ciudadano, Javier Vázquez García, y la dueña del predio Lourdes Rivera Luna quien en las elecciones del 7 de junio apoyó a otro candidato.
Méndez de Jesús explicó que a las 12 del día de ayer, el hijo de la propietaria, Marco Antonio Gracida Rivera expulsó a 20 locatarios que ocupan el espacio ubicado a tres cuadras del Palacio municipal, porque el Ayuntamiento no había cubierto la renta mensual de 7 mil pesos.
El comerciante indicó que el presidente municipal pidió a los dueños del predio documentos fiscales para pagarles, porque necesitan comprobar el dinero que se destina para la renta.
El comerciante dijo que ahora la dueña pide 15 mil pesos de renta por mes, “y ya es un asunto político”, expresó.
Por la tarde fueron recibidos por el alcalde, quien les explicó que el lunes abordaría el asunto del pago de la renta del predio en el cabildo para que los regidores sepan del caso. El comerciante dijo que el alcalde informó que la administración pasada no dejó documentos, como el convenio para el pago de la renta del predio.
Méndez de Jesús, indicó el acalde, envió a los comerciantes con el comandante de la Policía municipal para que pudieran entrar y rescatar los productos perecederos, como carnes, pero el funcionario respondió que no podía intervenir.

Denuncian padres de familia de una primaria de Cochoapa el Grande fraude de un ex maestro

 

Padres de familia de la primaria bilingüe Yucu Sami, ubicada en Yuvi Chonuhu, municipio de Cochoapa el Grande, denunciaron que la escuela está cerrada desde agosto porque el maestro Félix Rivera Chávez desvió recursos del programa de Escuelas de Calidad y sólo acudió al inicio del ciclo escolar para el proceso de inscripción.
En una visita a la redacción de El Sur, los padres de familia, representados por la presidente del comité Marcelina Ignacio Castro, y el secretario José Ignacio Castro, informaron que la escuela quedó a la mitad del proceso de restauración, por lo que los directivos suspendieron las clases desde agosto.
De acuerdo con los padres de familia, Félix Rivera Chávez no tiene ningún cargo en la escuela, pero asumió la responsabilidad de recibir los recursos del programa de Escuelas de Calidad y le dijo al comité que las autoridades destinaron 416 mil pesos para la restauración de las instalaciones, a pesar de que el programa establece que el apoyo económico es de 500 mil pesos.
Según los padres, Rivera Chávez también desvió los recursos del programa de Escuelas de Tiempo Completo en complicidad con el supervisor de la zona escolar 35, Arturo Victoriano Castorena.
Los padres de familia señalaron que el director, de quien no precisaron su nombre, no intervino para solucionar la falta de recursos para la restauración de las instalaciones, y tampoco para que las clases se vieran afectadas.
El 9 de octubre se le informó a los padres de familia que Félix Rivera Chávez sería enviado a otra escuela y que otro maestro lo sustituiría, pero no se le investigó por el presunto desvío de recursos, lo que consideran una irresponsabilidad de las autoridades, y tampoco llegó el profesor que se anunció.
Los padres de familia reprocharon que Rivera Chávez no les explicó en qué se gastaron los recursos que se destinaron a la escuela y que el maestro maltrataba verbalmente a los alumnos, a quienes les decía que eran “pendejos” cuando se les dificultaba aprender alguna lección.
La primaria bilingüe Yucu Sami es la única que hay en Yuvi Chonuhu; la comunidad está a una hora y media de viaje desde la cabecera municipal de Cochoapa, ahí se habla tun savi y carece de comunicación telefónica, por lo que los padres de familia tuvieron que trasladarse a la capital para exigir que se regularicen las clases en la escuela, o cambiarán a sus hijos de institución, la más cercana se encuentra a media hora de distancia a pie, en Calpanapa.
Los padres de familia fueron recibidos el viernes por el director de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Silvio Molina Ruiz, quien les dijo que se atenderá el problema en la escuela, “cuando sea posible”, pues la dependencia carece de recursos para enviar a alguien a investigar la situación en la comunidad.
Por último, los padres de familia llamaron al secretario de Educación del estado, José Luis González de la Vega Otero, para que atienda el problema en la primaria bilingüe Yucu Sami, y que la educación de sus hijos no sea afectada.

Sepultan entre música y dolor a los cuatro comunitarios asesinados por sicarios en Tixtla

Los cuatro policías comunitarios de 23, 25, 32 y 40 años de edad, pertenecientes a la Casa de Justicia La Patria Es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, fueron llevados al camposanto con música de viento y guitarras.
La CRAC pidió a reporteros evitar fotografías del cortejo y de los policías comunitarios que han dado su servicio con el rostro cubierto el último año, para evitar más detenciones de sus integrantes, como ocurre desde las aprehensiones de los principales líderes en 2013.
Pronto se supo que entre los fallecidos estaban dos comandantes que dirigían la logística de la seguridad, y dos jóvenes recién incorporados.
Después de la emboscada a los policías comunitarios, este jueves volvieron a la ciudad dos retenes de la Fuerza Estatal, que se habían retirado luego de la persecución en contra de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 11 de noviembre, en la carretera de cuota Tixtla-Tierras Prietas.
Aquel retiro de la fuerza estatal de la cabecera municipal, según las versiones, se debió a que el retén que se encontraba cerca de la caseta de cobro les bloqueo el paso a los estudiantes, lo que provocó enojo en algunos vecinos.
La Policía del Estado sólo mantuvo permanente un retén con equipo antimotín en El Puente de El molino, en la carretera vieja a Chilpancingo, pero que desde la agresión a los comunitarios ya no está en ese lugar. Se advirtió que por esa vía entraron a Tixtla y huyeron a Chilpancingo los sicarios que emboscaron a los comunitarios.
A las 9 de la mañana, tres ataúdes fueron escoltados por unos 200 vecinos a una misa en la iglesia de la Natividad, en el barrio de El Santuario, luego de una hora, los cuerpos de dos policías comunitarios fueron llevados por la avenida principal al panteón viejo, y otro al cementerio de la Villita. Por la tarde se enterraría el último de los fallecidos. No hubo reporteros cerca para evitar la divulgación de los nombres de los policías asesinados por seguridad.
Algunas familias salieron a las calles a ver, como homenaje, el paso de los fallecidos, que al frente eran cubiertos con la fragancia de copal, seguidos por dos guitarristas y al fondo por una banda de música de viento.

Inicia la Fiscalía una averiguación del asesinato de los cuatro comunitarios de Tixtla, informa

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la averiguación previa AV/PREV/SC/333/2015, del asesinato de los cuatro policías comunitarios de la Casa de Justica La Patria Es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla.
De acuerdo con un boletín de prensa de la dependencia, ésta inició la investigación de la agresión a siete policías comunitarios en la que murieron cuatro de ellos.
El jueves, a las 2:20 de la tarde, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, de CRAC del barrio de El Fortín en Tixtla, cuando patrullaban esta ciudad. Los atacantes huyeron en unas 10 camionetas.

Suman 174 asesinatos en Guerrero en el primer mes del gobierno de Héctor Astudillo

Al cumplir un mes de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores han ocurrido 174 asesinatos en el estado.
De acuerdo con un recuento del periódico El Sur, los municipios en los que han ocurrido más asesinatos son Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Leonardo Bravo (Chichihualco), Cuajinicuilapa y Tixtla.
Asimismo, ha habido asesinatos en San Miguel Teloloapan, San Miguel Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coyuca de Benítez, Zumpango, Tepecoacuilco, Atenango, Ayutla, Zitlala, Quechultenango, Coyuca de Catalán, Huitzuco, Copala y Pungarabato.
La violencia en Guerrero se ha recrudecido contra mujeres, niños y adolescentes, activistas y familiares de policías, abogados, choferes, maestros, estudiantes y ex policías, así como contra policías comunitarios.
Al iniciar la administración de Astudillo Flores, en conferencia de prensa en Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció una nueva estrategia de seguridad para Guerrero, que sería coordinada por el comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El 4 de noviembre, el comisario de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Joaquín Romero Ríos, y su secretario Víctor González Luna fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería Puentecillas-Polixtepec.
Después, el viernes 6 de noviembre, en la comunidad de Polixtepec hubo una balacera de siete horas que dejó heridos a siete policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y tres muertos del crimen organizado que opera en la zona.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y armamento de grueso calibre en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo. Tras esta acción, 15 policías ciudadanos estaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto; otro continúa desaparecido.
La medianoche del domingo, hombres armados irrumpieron en Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos, entre estos una mujer. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja y padre de las víctimas.
El 10 de noviembre, hombres armados asesinaron a 12 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, y dejaron heridas a cinco en un ataque a balazos a un taller mecánico que fue habilitado para peleas de gallos clandestinas en Cuajinicuilapa.
Asimismo, ese día en la comunidad de Tetitlán de Limas, municipio de Chilapa, tres hombres, una niña, un niño y una mujer fueron asesinados en una incursión de civiles armados; cinco víctimas eran familiares del ex secretario de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto González.
La madrugada del miércoles cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público cerca de la comunidad de Atzacoaloya.
El jueves de esta semana, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, del barrio de El Fortín, de Tixtla.
El martes, al asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de las Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, en su discurso, el gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que debe cambiar la situación de violencia que se vive en el estado y que incluso hablará, “con el propio presidente de la República (Enrique Peña Nieto), o con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para decirles lo delicado de la situación de Guerrero y lo importante y oportuna que debe ser su intervención nuevamente en Guerrero”.

“Nos dio duro, pero no nos destruyó”, dice Gonzalo Molina del asesinato de cuatro comunitarios de Tixtla

 

“Sí nos golpeó, y nos dio duro, pero no nos destruyó”, dijo desde el penal de Chilpancingo el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, sobre la emboscada a policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, donde cuatro de ellos fueron asesinados por sicarios.
Denunció que la agresión fue ordenada por el Estado para detener el avance de la organización, representa una declaración de Guerra contra el pueblo. Llamó a las comunidades a no votar en la elección extraordinaria de este domingo y a continuar el proceso para constituir un Concejo Popular Municipal como alternativa de gobierno.
El luchador social, detenido desde noviembre de 2013, confirmó que entre los asesinados en la emboscada en el barrio de El Fortín, sede la institución, están dos comandantes, figuras visibles de las operaciones de seguridad, pero la estructura que constituye la Asamblea, órgano de decisión y coordinación, continúa intacta.
Añadió que, por esa razón los nombres de los consejeros y comandantes regionales se manejan con discreción, para evitar que sean golpeados por el Estado.
Molina González recordó que en 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, personas sometidas a procesos de educación por vínculos con la delincuencia organizada, revelaron la relación con autoridades de gobierno.
Cuando hacía detenciones la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), creada ese mismo año, los policías ministeriales o soldados se los llevaban para liberarlos, “esas denuncias nos costaron la libertad”, dijo en referencia a las detenciones de los líderes más visibles de El Paraíso, Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera y Bernardino García Francisco, entre otros policías comunitarios.
El contubernio entre gobierno y delincuencia organizada quedó evidenciado en los crímenes del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en la violencia en el ejido de Carrizalillo y los eventos de este jueves en El fortín, aseguró.
Insistió en que la muerte es una estrategia para golpear a los sectores organizados, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), que suma dos muertos este año, la Normal Rural de Ayotzinapa, agredida en Iguala, y la CRAC.
“Vemos una guerra declarada contra el pueblo de Guerrero y de México, antes lo hacían (las agresiones) a través de los cuerpos de seguridad”, dijo y como muestra señaló las masacres de Aguas Blancas en Coyuca de Benitez, y de El Charco en Ayutla; “ahora utilizan a la delincuencia organizada para agredir”, precisó.
Debido al retiro de un retén policiaco permanente en Tixtla antes de la elección ordinaria del 7 de junio, previo a la agresión, denunció que si el gobierno del estado hubiera querido evitar o detener a los perpetradores lo habría hecho, “estaba en sus posibilidades intervenir y no hizo nada”.
Estimó que no fue casual que la agresión a la CRAC, con sede en Tixtla, haya ocurrido exactamente a 14 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, “el Estado pretende crear terror entre la población para desmovilizar a nuestro pueblo”.
Convocó a la CRAC a seguir adelante y a seguir el ejemplo del general Vicente Guerrero Saldaña, que nunca claudicó en su lucha, aunque a veces parecía quedar solo. También llamó a los ciudadanos a que apoyen de alguna manera el proyecto comunitario en todas sus vertientes, producción, salud, educación, y apoyar a los grupos de seguridad.
A los familiares de las víctimas asesinadas en el cumplimiento de su deber, expresó su respeto por esta adversidad, señaló que “la sangre derramada servirá de alimento a otros corazones”.

Instala el Ejército un módulo de canje de armas en Iguala; ofrece 5 mil 500 pesos por AK-47

En menos de dos meses 25 personas han sido ejecutadas en Iguala, una de ellas menor de edad, y 11 han resultado heridas en diferentes ataques, ante lo que ayer y hasta el 1 de diciembre, soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en esta ciudad instalaron un módulo de canje y registro de armas de fuego en la plaza central del Palacio Municipal.
El módulo de canje y registro de armas, permanecerá hasta el 1 de diciembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
En declaraciones un mando del Ejército, encargado del módulo, quien omitió su nombre, dio a conocer que el canje de armas, municiones o granadas útiles y no útiles, se hará en especie, con productos que aportará el Ayuntamiento o en efectivo, desde 500 pesos hasta 2 mil 500 en armas cortas, y hasta 5 mil 500 por rifles calibre 7.62 como AK-47 o G3 según el armamento y sus condiciones de utilidad, mientras que por las municiones entre un peso, en caso de que sean de uso exclusivo del Ejército, y 50 centavos los calibre .22.
Por las granadas ofrecen de 500 pesos hasta dos mil 500 por las que están cargadas.
El mando del Ejército dijo que el canje de armas y municiones es para disminuir los índices de violencia y de inseguridad en el municipio, así como los riesgos o incidentes dentro de los hogares.
Comentó que a las personas que llevan a canjear sus armas o municiones no se les realiza ninguna investigación, y la información recabada es completamente anónima y confidencial.
Del registro de armas aseguró que sólo son las de uso permitido que son de bajo calibre como .22 milímetros y hasta 38 especial.
Hasta las 2 de la tarde de ayer al menos seis armas ya habían sido llevadas al módulo para su canje en efectivo: tres calibre 380, dos 38 especial y un rifle calibre 30-30, las armas fueron destruidas en el mismo lugar con una cortadora eléctrica.
El entrevistado omitió hacer declaraciones en relación con la escalada de violencia en las últimas semanas en el municipio.

Cierran unidades médicas ante la inseguridad y la falta de profesionistas en Tierra Caliente

 

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Tierra Caliente, Enrique Robles Romero informó que por la inseguridad están cerrados tres centros de salud en la sierra de San Miguel Totolapan y faltan 45 médicos y 60 enfermeras en 95 centros de la región.
El funcionario denunció que hay desabasto de medicamento y se dijo sorprendido porque no había suero antialacrán en la mayoría de las clínicas.
Robles Romero fue consultado al finalizar el encuentro estatal de personal operativo de las jurisdicciones sanitarias en el hotel Emporio de Acapulco, quien confirmó que se tiene contabilizado un faltante de 45 médicos y 60 enfermeras en 95 centros de salud de la región, aunque destacó que no es por la inseguridad, sino por la situación geográfica de algunas clínicas.
Dijo que hace dos años asistían médicos pasantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, pero “dejaron de ir a la región, ahorita sólo hay dos pasantes”. Agregó que en 2013, cuando él fue jefe jurisdiccional, eran 25 pasantes médicos.
Afirmó que médicos y enfermeras se niegan a ir por la lejanía y por la inseguridad en la región de Tierra Caliente, problema que “está fuera de nuestro alcance y muchos médicos no quieren ir”.
Las unidades médicas cerradas están en la comunidad de San Rafael en el municipio de San Miguel Totolapan, Loma Bonita del municipio de Cutzamala de Pinzón y San Antonio Texas del municipio de Coyuca de Catalán.
El también ex alcalde priista de Ciudad Altamirano de 1993 a 1996, dijo que la unidad médica de Coyuca está lejos de la cabecera municipal y el personal no ir a la sierra.
Dijo que eran 45 médicos los que asistían, “los pasantes ya no se quieren ir para allá, no quieren ir a Tierra Caliente”. De las 60 enfermeras que hacen falta en la región, dijo que “desde antes de la inseguridad, simpre ha habido carencias de enfermeras por falta de recursos económicos”. Agregó que 45 médicos son los que hacen guardias y doblan turnos.
Dijo que independientemente de la necesidad de personal médico se llevan caravanas a la sierra, “tenemos seis caravanas móviles para llevar programas federales”.
También dijo que en el hospital general de Coyuca de Catalán hay carencia de médicos especialistas, generales y enfermeras, pero se va equipar el nuevo hospital Guillermo Soberón Acevedo. Afirmó que los vecinos no confían que se abra y sea funcional, porque “desde la administración de Ángel Aguirre inició la construcción y todavía no se entrega”.
Agregó que el abasto de medicamento no se explica y desconocía el porcentaje del suministro en los almacenes.
Detalló que en la Jurisdicción 01 no hay suero antialacrán, es un problema álgido, porque en la zona se dan muchos casos de picaduras, reconoció que el problema es en todo el estado, porque hay varias especies de alacranes en esta región. Informó que se compraron de forma urgente “300 sueros para todas las jurisdicciones y 200 para el hospital de Coyuca de Catalán”.
Dijo que el número de casos de chikungunya es bajo, pero hay casos en hospitales privados que no se registran, y agregó que combatiran el mosco transmisor de la enfermedad.
Dijo que en casos de picaduras de alacrán y por la falta de mediamentos, la población acude a farmacias particulares y pagan mil pesos por el suero. En algunas casos “los médicos de Salud mezclan medicamentos que tienen la misma reacción para que la población no gaste”.
Reconoció que hay trabajo rezagado pero ya está en coordinación con el secretario de Salud estatal con quien se reunirá la próxima semana para entregarle un diagnóstico de salud en Tierra Caliente.