La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, informó que acudió con un juez contralor del poder Judicial federal para informarle del desacato de las autoridades estatales a la resolución a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que acreditó la violencia política y de género en su contra.
Después de una reunión de la presidenta municipal y el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, en el Congreso local, Muñiz Gómez dijo que las autoridades estatales siguen sin acatar la resolución federal que ordenó a las autoridades locales, entre ellos a los poderes Ejecutivo y Legislativo así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), que la reinstalaran en su cargo.
El Ayuntamiento de su municipio está tomado desde hace casi un año por un grupo de ediles y pobladores que la acusan de desvíos de recursos y nepotismo.
A pesar de que desde el 19 de octubre, la Sala Superior del Tribunal resolvió restablecer Felícitas Muñiz “en su derecho político constitucional”, y ordenó al síndico, un regidor y dos regidoras que encabezan la toma del Ayuntamiento, que se abstengan de realizar actos de violencia política y de género que afecten el ejercicio del cargo de la presidenta, esto no ha sucedido.
Informó que ya se reunió con un “juez contralor federal” a quien le reportaron la falta de cumplimiento de las autoridades locales y se volverán a reunir próximo 23 de marzo en Acapulco, Recordó que “el caso ya está judicializado”.
La alcaldesa no supo precisar el cargo y nombre del “juez contralor federal”, pero dijo que posterior a la visita del 23 de marzo visitarán también la cabecera municipal.
Felicitas Muñiz recordó que esta es la segunda ocasión que es presidenta municipal, y en 2018 será la primera vez que los presidentes municipales se podrán reelegir y por “el machismo que existe en el municipio” quieren evitar que se reelija.
A la presidenta municipal se le preguntó por las observaciones que le hizo la Auditoría General del Estado (AGE) en su cuenta pública por más de cuatro millones de pesos y comentó que en dos días (mañana) se vence el plazo para que ella pueda presentar sus justificaciones.
Explicó que muchas de las observaciones fueron por recursos que utilizó para resolver problemas o necesidades urgentes de las comunidades para las que no se etiquetó, “a veces tenemos que ver qué es más necesario”.
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Denuncian que la alcaldesa de Xochistlahuaca sigue intimidando a vecinos de Linda Vista
El comisario de la comunidad de Linda Vista, en el municipio de Xochistlahuaca, Apolinar Gómez Luis, denunció que la alcaldesa priista Aceadeth Rocha Ramírez sigue intimidando a los vecinos que impiden que camiones continúen extrayendo material pétreo del río Santa Catarina.
El comisario de Linda Vista, comunidad ubicada a media hora de la cabecera municipal de Xochistlahuaca, contó que el sábado alrededor de las 10 de la mañana la presidenta municipal llegó al asentamiento acompañada de policías municipales en cuatro camionetas con los vidrios polarizados, y se retiró dos horas y media después, acto que tomaron los vecinos como una intimidación.
Manifestó que la visita de la alcaldesa fue para amedrentarlos y que la constructora, de la que es dueño uno de sus hijos, continúe con la extracción de grava y arena del río para realizar obras en otras comunidades del municipio.
Gómez Luis pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga para que no suceda un conflicto mayor con la alcaldesa y sus seguidores, como ocurrió el viernes 17 de febrero, cuando Rocha Ramírez jaló de los cabellos a una mujer ñomndaa.
Declara la alcaldesa de Apango en la Codehum; espera que la Policía Federal la reinstale, dice
La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, informó que las autoridades locales no han acatado el fallo a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), por lo que espera la llegada de Policía Federal para su resguardo personal y posiblemente para que la reinstale en el ayuntamiento, que aún está tomado por sus opositores.
En declaraciones ayer en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), donde fue citada para declarar junto con sus testigos por la denuncia presentada tras las agresiones en su contra desde marzo pasado, comentó que a casi dos meses del fallo de la Sala Superior del Trife, su situación continúa igual.
La alcaldesa de Movimiento Ciudadano (MC) comentó que ya informó al tribunal federal que las autoridades del estado no han acatado la resolución en la que se acredita la violencia política de género en su contra y ordena que la rinstalen en el ayuntamiento que está tomado desde marzo por sus opositores.
Dijo que “apenas avisamos” y está en espera de lo que el Trife le responda, a casi dos meses de que el tribunal dictaminara que en Mártir de Cuilapan se comete violencia política y de género en su contra.
Comentó que los dos meses se cumplen el próximo lunes 19 de diciembre y sólo la han atendido la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE), que le informaron del envío de policías federales para su resguardo personal o para reinstalarla en el ayuntamiento de Apango.
En su fallo el Trife pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, del Congreso local, la Secretaría General de Gobierno, la de Seguridad Pública, el Instituto Electoral y de Participación ciudadana (IEPC) y la Fiscalía General del Estado, pero ninguna está interviniendo en acatamiento a la orden judicial.
La presidenta municipal reprochó que el organismo de defensa de los derechos humanos hasta ahora esté atendiendo su caso, ya que la denuncia por la que llamaron a declarar a sus testigos fue presentada tras las primeras agresiones en su contra en marzo y abril.
Comentó que la denuncia fue por la toma del ayuntamiento y los actos violentos en el municipio, como la incursión y saqueo en sus casas y la quema de vehículos.
Apenas ayer la Codehum llamó a los testigos de la presidenta municipal; “están llamando a declarar a los testigos de un juicio que ya está juzgado por el tribunal”, dijo.
Durante la estancia de la presidenta municipal en la Codehum, afuera estuvo la patrulla de la policía estatal que la resguarda y los uniformados distribuidos en algunos puntos, principalmente en las entradas del edificio.
Autoriza el Congreso el regreso de Ramírez Crespo a Cocula y exonera a la alcaldesa de Apango
Con el rechazo de Movimiento Ciudadano y Morena, el Congreso local aprobó ayer el dictamen por el que se deja sin efectos la licencia y se autoriza la reincorporación en el cargo del alcalde de Cocula, el perredista Erick Ulises Ramírez Crespo, quien estuvo preso ocho meses en un penal de máxima seguridad acusado de delincuencia organizada.
También se aprobó el dictamen de la Comisión de Examen Previo que declaró improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, y en consecuencia el caso no será turnado a la Comisión Instructora.
Este jueves el Congreso local celebró dos sesiones ordinarias en las que resolvió los casos de Cocula y Apango.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, autoriza a Ramírez Crespo su reincorporación al cargo de presidente municipal.
El pasado 3 de noviembre Ramírez Crespo informó que había solicitado al Congreso una prórroga para que no se tocara el tema de su reincorporación hasta que existieran las condiciones de seguridad para que regresara a Cocula, luego de la amenaza en su contra que se dejó en un mensaje clavado con un picahielos en el pecho del director de tránsito del municipio, Luis Alberto Bahena Mora, asesinado 27 de octubre.
En el documento se lee que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito revocó el auto de formal prisión dictado en contra de Ramírez Crespo, acusado de delincuencia organizada, y en consecuencia se dictó Auto de Libertad con las reservas de ley.
“Por lo tanto, al C. Erik Ulises Ramírez Crespo, le asiste el derecho para incorporarse al cargo y funciones de presidente municipal, por el hecho de haberse resuelto jurídicamente el motivo por el cual esta Legislatura ordenó llamar a asumir el cargo a su suplente”, se lee en el dictamen.
El documento establece que no se acreditó la responsabilidad de Ramírez Crespo en la comisión del delito que se le imputaba, razón por la que se ordenó su libertad y se dejó sin efectos el decreto que ordenó llamar Carlos Alberto Duarte Bahena para asumir como alcalde suplente.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos con el aval del PRI, PVEM, PRD y PT, mientras que Movimiento Ciudadano y Morena votaron en contra.
Por su cuenta, la Comisión de Examen Previo que preside el priista Saúl Beltrán Orozco, presentó el dictamen por el que se declara improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Apango, Felicitas Muñiz, militante de Movimiento Ciudadano.
El dictamen fue aprobado a casi seis meses de la toma del palacio municipal, movimiento que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores que exigen la revocación de mandato de Muñiz Gómez, a quien acusan de nepotismo, desvío de recursos y corrupción.
La toma comenzó la noche del 17 de mayo y 14 días después el grupo opositor presentó formalmente ante el Congreso la denuncia.
En el dictamen, la Comisión expuso que no había elementos que supongan que Muñiz Gómez incurrió en irregularidades o en violaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre o a la Constitución del estado.
“Ha quedado previamente argumentada la inexistencia de actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la Constitución Política Local o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los Municipios, por lo que no se justifica un análisis de este punto para determinar la responsabilidad de la servidora pública denunciada”, se lee.
Otro de los elementos de los que se valió la Comisión de Examen Previo para declarar improcedente la denuncia fue la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por la que se ordena ejecutar los actos jurídicos y materiales que resulten necesarios, encaminados a garantizar el correcto desempeño del cargo de Felicitas Muñiz como presidenta municipal al considerar que se configuraba violencia política de género en su contra por parte de sus opositores.
Antes de la votación, se desató un debate que se extendió por más de una hora entre diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, pues los primeros consideraron que la comisión dictaminadora no se pronunció respecto a los señalamientos que existen en contra de la alcaldesa, principalmente el de nepotismo, pues consideraron que eso nada tiene que ver con asuntos de género.
Luego de la larga discusión, el dictamen fue aprobado por las fracciones del PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.
Se instalan en ayuno en el Congreso el síndico y los tres regidores que impugnan a Felícitas Muñiz
El síndico y los tres regidores disidentes de Mártir de Cuilapan (Apango) acordaron este jueves instalarse en huelga de hambre afuera del Congreso local, en respuesta al dictamen de la Comisión de Examen Previo que declaró improcedente la demanda de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal, Felicitas Muñiz Gómez.
En un boletín de prensa enviado este jueves antes de que se subiera a la tribuna el caso de la demanda de revocación de mandato de la alcaldesa del partido Movimiento Ciudadano, Muñiz Gómez, el síndico Benito Sánchez Ayala, la regidora de Salud del PRI, Edelmira del Moral Miranda; la de Educación, del PRD, María del Rosario López García, y el regidor de Comercio y Abasto Popular, militante de Nueva Alianza, Humberto Palacios Celino, informaron que sabían con anticipación que el dictamen sería a favor de la presidenta municipal.
Informaron que desde el miércoles la diputada y coordinadora de los diputados del PRD, Erika Alcaraz Sosa, les anunció que el dictamen iba a salir a favor de la presidenta municipal, e incluso les aseguró que los dos diputados del PRD integrantes de la Comisión de Examen Previo no lo firmarían y que ella subiría a la tribuna para pronunciarse en contra de ese dictamen.
Informaron que tras esta resolución acordaron instalarse en huelga de hambre a partir del próximo lunes afuera del Congreso local.
“El movimiento ciudadano civilista ha tomado la determinación de acudir ante el Congreso para llevar a cabo dos acciones que esperan sean de impacto, una huelga de hambre en la que participarán el síndico y los tres regidores y más de una decena de señoras han ofrecido su sangre para que con ella se escriban leyendas en muros y pancartas en torno al palacio legislativo”, informaron en su escrito.
Se dijeron sorprendidos del dictamen, porque aseguraron que presentaron pruebas “fehacientes” de la “corrupción y nepotismo” y manifestaron que “es inaudito” que se tenga un dictamen de la Comisión de Examen Previo, que niega los actos de corrupción que los propios diputados comprobaron en el lugar de los hechos, al investigar tanto en facturas de la cuenta cuatrimestral que aportó la Auditoría General del Estado, como en Apango, donde se comprobó de obras inexistentes.
Advirtieron que en los hechos, destacarán la “falta de ética” de los legisladores, además de su “nula calidad moral” y sus “complicidades”, sobre todo porque recordaron que la presidenta de la Comisión de Gobierno, la priista Flor Añorve Ocampo y otros diputados, habían venido diciendo que el cuerpo legislativo se apegaría a la ley, “y ahora alegan que acatan el dictado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, pero éste no se pronunció por actos de corrupción ni por nepotismo, sino por algo muy ajeno al motivo principal por el que se instauró el juicio de revocación de mandato contra Felicitas Muñíz Gómez”.
Concluyen que con su negativa al juicio de revocación de mandato contra la alcaldesa de Apango “estarán canonizando el libre saqueo de los fondos públicos, que convierte en intocables a funcionarios públicos de elección popular, pero además, podrán pagar a todos los de su familia con dinero del erario, pues es lo que se comprobó en la investigación”.
Acción penal contra diez dirigentes del movimiento en su contra, pide al gobierno la alcaldesa de Apango
La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, demandó ayer al gobierno estatal que no se deje presionar por el grupo opositor que pide la revocación de su mandato y, por el contrario, pidió que se ejerza acción penal en contra de 10 dirigentes que encabezan el movimiento, contra quienes presentó demandas penales.
Muñiz Gómez ofreció al medio día de ayer una conferencia de prensa en esta capital, acompañada por un grupo de campesinos que, dijo, eran comisarios municipales de varias comunidades, aunque solamente tres de ellos se presentaron como tales.
La edil aseguró que tiene pruebas de que el grupo opositor que tiene tomado el Palacio Municipal desde mayo pasado ha venido cometiendo hechos de violencia en la cabecera municipal.
Insistió que la quieren sacar de la presidencia municipal “por violencia de género”, no les cabe en la cabeza que una mujer gobierne el municipio en dos periodos consecutivos”, dijo.
También insistió en lo que ha venido declarando en el sentido de que 10 de los dirigentes que encabezan el movimiento le pidieron 10 millones de pesos para que la dejen trabajar.
Entre estos dirigentes mencionó al ex presidente municipal Crisóforo Nava Barrios, quien se encuentra preso por el delito de despojo, derivado de hechos distintos al movimiento en contra de la alcaldesa; el presidente del Comité Municipal del PRI, Pedro Ángel Salazar; el dos veces alcalde por el PRI, Edilberto Nava García; el vocero del movimiento, Aureliano Palacios Celino; el ex alcalde del PRD, Gerardo Celino Flores; el ex dirigente del PRI municipal, Sergio Mota Sánchez; el ex candidato a la alcaldía del Panal, Manuel Gómez Zámano, y el esposo de la ex candidata a la alcaldía por el PRI, Dulce Camacho Gómez, Leopoldo Muñiz Nava.
La alcaldesa aseguró que cuenta con el respaldo de los ciudadanos, “y si soy presidenta municipal por segunda vez es por el voto de los ciudadanos”, pero dijo que el grupo opositor no la deja gobernar simplemente porque no les cabe en su cabeza que una mujer gobierne el municipio, pero además insistió en que se negó a darles 10 millones de pesos a cambio de que la dejaran trabajar.
Denunció que las casas que han saqueado los disidentes son de sus padres, de sus hermanos y del tesorero municipal, quienes, aseguró, han tenido que abandonar la cabecera municipal debido a las amenazas de los disidentes.
En su caso, dijo que teme por su vida porque la han amenazado de muerte, pero reiteró que no va a solicitar licencia al cargo como se lo piden, y demandó que el gobierno del estado intervenga para que se termine con la presión de este grupo que no ha dejado gobernar a ningún presidente municipal desde hace 25 años, según dijo.
La presidenta municipal denunció que en el tiempo que lleva el movimiento, el síndico Benito Sánchez Ayala, los tres regidores que la siguen, así como los dirigentes que están atrás de ellos, han saqueado cemento, fertilizante, varilla y lámina galvanizada que es del Ayuntamiento.
Aseguró que parte de este material lo han vendido, algo más se lo han quedado y alguna parte lo han repartido entre sus seguidores.
La presidenta municipal se hizo acompañar por unas 15 personas, hombres y mujeres, a quienes presentó como comisarios de varias comunidades del municipio.
Aunque en la conferencia de prensa sólo se presentaron Isidro Hernández, de la comunidad de Hueyitlalpan; Margarito Jiménez, de la comunidad de Tlamamacán, y Jesucita Morales, también de la comunidad de Hueyitlalpan.
Al final de la conferencia de prensa Muñiz Gómez mostró fotografías en las que aparecen el síndico Sánchez Ayala y los regidores que simpatizan mientras reparten material que han saqueado de su casa y de la de sus familiares, también del almacén del Ayuntamiento, y mostró gráficas de los destrozos que han ocasionado a sus casas y las de sus familiares.
En cuanto a los señalamientos de corrupción en su contra dijo que serán las instancias fiscalizadoras las que resolverán al respecto, pero aseguró que son acusaciones sin fundamento e insistió que quienes la acusan buscan chantajearla.
La alcaldesa dijo que desde que inició el movimiento en su contra no ha respondido a la provocación y a ninguna de las acciones que han realizado en su contra, “porque sabemos cuál es nuestra responsabilidad”.
Investiga la Fiscalía a otros cinco líderes del grupo contrario a la alcaldesa
El vicefiscal de Investigación, José Antonio Bonilla Uribe, explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) integra “cuatro o cinco” carpetas de investigación por los hechos del pasado domingo 7 de agosto en Apango.
Consultado al finalizar la reunión del comité rector del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, que se realizó en la Casa Guerrero sin acceso a la prensa, Bonilla Uribe detalló que las carpetas que se integran son por los delitos de despojo, motín, lesión y sedición.
Agregó que en el caso del ex alcalde Crisóforo Nava Barrios, quien fue detenido la semana pasada, enfrenta los cargos de motín, despojo, lesión y sedición, pero sólo hay un proceso por parte del gobierno del estado y dos por un particular.
“Dos por los delitos de lesiones, despojo, motín; sólo un proceso en contra del estado y los otros dos en contra de particulares; aún está el desahogo del proceso, las preparatorias, una es reaprehensión y la otra es aprehensión y están en términos constitucionales”, señaló.
El pasado domingo 7 de agosto funcionarios y ciudadanos inconformes con la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, marcharon en esta cabecera municipal, irrumpieron y saquearon otra de sus casas e incendiaron una camioneta de su propiedad.
A pregunta expresa sobre si existen otras órdenes de aprehensión contra más participantes del movimiento en contra de la alcaldesa, dijo que la Fiscalía integra otras carpetas en contra de otras personas.
“Existen otras investigaciones, otras carpetas que se están integrando en contra de cuatro o cinco personas que participaron”, agregó.
Detalló que el proceso legal consiste en la integración de las carpetas de investigación, y tras desahogarse las “diligencias” se solicitará la orden de aprehensión si así lo determina el juez de control.
“Una vez que se desahogan, entonces se hace el análisis jurídico y se determina la carpeta de la investigación”, dijo.
Agregó que no se trata de tiempo, sino de la prontitud en realizar “las diligencias” en la investigación, ya que las pruebas presentadas al juez determinarán las órdenes.
Este domingo los disidentes del cabildo de Apango denunciaron en conferencia de prensa que el fiscal general Xavier Olea Peláez está incumpliendo los acuerdos a los que llegaron con el gobernador Héctor Astudillo Flores el jueves de la semana pasada.
El vicefiscal se retiró sin dar más detalles sobre el caso del ex alcalde Crisóforo Nava Barrios ni sobre qué otros integrantes del movimiento son investigados por los hechos del pasado 7 de agosto.
Pagó a regidores como ordenó el TEE, responde la alcaldesa de Cruz Grande
La alcaldesa perredista de Florencio Villarreal, Emisel Liosol Molina González, aseguró que el gobierno municipal ha pagado en tiempo y forma el salario a los cuatro regidores del PRI, PVEM y Nueva Alianza que la denunciaron ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y promovieron una demanda de revocación de mandato en su contra en el Congreso local.
Aclaró que la tesorería del ayuntamiento liberó los pagos de los regidores denunciantes por el monto que mandata el TEE, pero por razones que desconoce ellos no han cobrado sus quincenas, y además los acusó de no presentarse a laborar, impidiendo la celebración de las sesiones de cabildo.
El pasado 9 de mayo, los regidores priistas Irving Noel Marcial Román y María del Carmen Bahena; del PVEM, Isidro Gatica Ríos, y de Panal, Crispín Molina, ratificaron ante el Congreso su demanda de revocación de mandato en contra de la alcaldesa por el adeudo de tres meses de salario y desacatar un mandato del Tribunal Electoral que le ordena pagar 12 mil pesos quincenales a cada uno.
La mañana de ayer en el restaurante Verona, Molina González se reunió en privado con el presidente de la Comisión Instructora del Congreso, el panista Iván Pachuca Delgado, para hablar del conflicto que existe entre las autoridades municipales.
En el encuentro, Pachuca Delgado le explicó a la alcaldesa sobre los documentos que debe presentar ante el Congreso para aportar sus pruebas en atención a la demanda que existe en su contra e iniciar al trámite legislativo correspondiente.
En una improvisada conferencia de prensa que ofrecieron al concluir la reunión, Liosol Molina dijo desconocer las razones por las que la denunciaron.
Aseguró que ella ha acatado las resoluciones del TEE y se ha pagado en tiempo y forma los salarios a los cuatro regidores denunciantes, tal como lo mandata el órgano jurisdiccional.
A diferencia de la versión de los regidores, quienes aseguran que ellos no determinaron ganar 12 mil pesos sino que es lo que recibían sus antecesores, Liosol Molina dijo que en realidad en la pasada administración quienes ocupaban esos cargos cobraban 7 mil pesos.
Dijo que en el proceso de entrega-recepción ella recibió una nómina que establecía que los regidores salientes percibían 7 mil pesos quincenales de salario, y que con su llegada al gobierno se les incrementó a 8 mil.
Aseguró que existen documentos oficiales que sustentan su dicho y que serán los elementos de prueba que presente tanto a la Comisión Instructora como al Tribunal Electoral, y en caso de que se falle a su favor y se ordene que el pago quincenal debe ser de 8 mil pesos, los regidores deberán regresar el dinero que les fue entregado de más.
Negó también que exista nepotismo, como lo han denunciado los regidores. En ese tema indicó que al ser un municipio pequeño los apellidos tienden a ser comunes, o se dan casos en los que sí hay parentesco pero se trata de personas que fueron basificados en administraciones anteriores y no pueden ser despedidas.
Insistió en que ella ha acatado los fallos del Tribunal Electoral y atendiendo las notificaciones que se le realicen entregará la documentación que comprueba que ha cumplido y que desmiente la versión de que los regidores anteriores cobraran 12 mil pesos quincenales.
Aclaró que los dos regidores del PRD sí están cobrando 8 mil pesos como se acordó en sesión de cabildo, y dijo que ella percibe 15 mil, tres mil menos que en la administración saliente.
Se le preguntó si hay intereses políticos tras las demandas en su contra, pero dijo que no opinará al respecto hasta que los juicios que están en el TEE y en el Congreso concluyan.
En tanto, el diputado local Iván Pachuca explicó que en la reunión que tuvo con la alcaldesa hablaron del conflicto que existe entre ella y los regidores, lo cual lamentó. Celebró la disposición de la perredista para aclarar la situación y confió en que pronto se resuelva el tema.
Indicó que el miércoles fue notificada la alcaldesa de la demanda de revocación de mandato que interpusieron los regidores ante la Comisión Instructora que él preside, por lo que le explicó cuál es la documentación que debe presentar ante esa instancia para comenzar con el desahogo del asunto.
Pachuca Delgado dijo que visitó el ayuntamiento de Florencio Villarreal y confirmó que se efectuó el pago a los regidores y que éstos no han asistido a cobrar, “me consta porque acudí a tesorería”.
Se reúne la alcaldesa con Florencio Salazar y Walton; no da información
La alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango) Felicitas Muñiz Gómez, el coordinador de la Comisión Operativa Estatal del partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se reunieron en el Palacio de Gobierno para hablar de la toma del Ayuntamiento.
Tras una reunión de poco más de 2 horas en las que participó el ex alcalde de Acapulco, Walton Aburto, la alcaldesa Muñiz Gómez se retiró del edificio público sin dar declaraciones.
En su salida se le preguntó del resultado de la reunión y la situación que enfrenta su municipio, a lo que contestó que no tenía tiempo para dar declaraciones.
En la consulta a la salida del edificio Norte de Palacio de Gobierno, solo confirmó que la reunión fue con Salazar Adame y Walton Aburto. Fue acompañada por poco más de 10 de habitantes de Apango, así como de sus asistentes.
Por su parte Walton Aburto comentó que su participación en la reunión fue en calidad de coordinador.
Dijo que en la reunión sólo se habló del problema que se “vive” en el municipio de Apango, por lo que se realizaron planteamientos para tratar de resolverlo.
Del gobierno del estado tampoco hubo postura sobre el conflicto en el municipio de Mártir de Cuilapa.