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Expone Tlachinollan en foro de la ONU el caso de Arturo Campos de la CRAC que estuvo cuatro años preso

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, expuso el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Guerrero, y en particular, la detención del consejero Arturo Campos Herrera, en la consulta Criminalización y ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos: propuestas de acción para la prevención y protección, de este lunes y martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.
En un boletín informó que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz convocó a Tlachinollan, entre otros actores de la sociedad civil, a representantes de pueblos indígenas y mecanismos internacionales de derechos humanos a participar en la consulta.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera habló de la formación de la CRAC-PC para brindar seguridad a las comunidades indígenas de la microrregión Costa Chica- Montaña, en el ejercicio de sus derechos a la libre determinación de los pueblos y de sus sistemas normativos.
En mesas de trabajo explicó cómo a través de los años, la CRAC-PC se convirtió en elemento de organización fundamental de varios procesos de la lucha indígena, como en San Miguel del Progreso, donde los pobladores emprendieron una lucha legal contra una concesión minera en sus tierras comunales, y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, ejidatarios opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota también se unieron por la seguridad.
Señaló que “la criminalización de los integrantes de la CRAC-PC por autoridades estatales y federales ha sido un claro mensaje en contra de las comunidades indígenas que han logrado organizarse contra la delincuencia, y que han encontrado formas de articulación que les permiten defender sus derechos”.
Barrera Hernández se refirió al encarcelamiento del consejero de la CRAC-PC y defensor comunitario del pueblo na’ savi, Arturo Campos Herrera, como un caso paradigmático de la criminalización en el estado.
Planteó que “su permanencia por más de cuatro años en prisión preventiva por un delito que no cometió, mostró la saña del gobierno en su contra y la prevalencia de un sistema de justicia incapaz de incorporar en su operación la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos”.
Denunció los actos de violencia y violaciones graves a los derechos humanos en una operación de más de 200 elementos de las fuerzas de seguridad en la comunidad de comunidad de La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que hay 25 personas en proceso judicial, 13 policías comunitarios del homicidio de seis personas armadas durante un enfrentamiento producto de la división intracomunitaria, que fomentaron los gobiernos estatal y federal para implementar el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota.
Destacó que existen otras formas de prevención y protección de sus derechos, desarrolladas por las comunidades indígenas de Guerrero, como la reelaboración de sus estatutos comunales, la creación de un Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CAADT), y la reactivación de las asambleas agrarias como la máxima autoridad de toma de decisiones por usos y costumbres que mantiene a las comunidades en diálogo y acuerdo para estar unificadas.
Opinó que en este contexto de organización es necesario que existan mecanismos de protección colectiva para las personas defensoras de origen indígena y sus comunidades, que no se incluyen en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Además se informó que en septiembre de este año la relatora Victoria Tauli-Corpuz presentará un informe temático en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que incluye el reporte sobre su visita a México de noviembre de 2017, que consideró La Montaña de Guerrero.
Reconoció que los informes de las y los relatores de la ONU hace años han contribuido al desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos.
Confió en que la participación de Tlachinollan “abonará al contenido de estos nuevos estándares, poniendo de relieve el impacto colectivo de la criminalización y la violencia en las comunidades indígenas y el respeto a medidas de que los propios pueblos indígenas han implementado para su prevención y protección”.

 

Libre, Arturo Campos de la CRAC tras 4 años preso; no se acreditó que cometió secuestro

Después de 4 años y 13 días preso fue liberado la tarde de ayer el promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, que los últimos dos años los pasó en el penal de esta cabecera municipal.
El promotor de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso de este municipio salió libre a las 4:15 de la tarde, luego de que el juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa le dictó auto de libertad absolutoria al no poder acreditarle el delito de secuestro del que lo acusaban las autoridades.
Al pisar la calle Campos Herrera declaró que seguirá luchando por la libertad de sus compañeros presos, Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla y del policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez, ambos en el penal de Chilpancingo.
Asimismo dijo que continuará en la lucha por la defensa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y en contra de la Ley de Seguridad Interior y de la militarización del estado.
Afuera del penal lo esperaban su esposa Agustina García y la más pequeña de sus hijas, Amayeli de 4 años, a quien el promotor comunitario abrazó y la conmovida menor irrumpió en llanto junto a su hermana mayor y su madre.
También lo esperaban el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el sobreviviente de la masacre de El Charco ex coordinador de la CRAC de este municiplo y también ex preso, Bernardino García Francisco, y los policías comunitarios que estuvieron presos Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos.
Asistieron don Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio uno de los 43 estudiantes de  Ayotzinapa desaparecidos, el asesor de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán Valentín Hernández Chapa, el consejero Sabás Aburto, así como una veintena de seguidores de Campos Herrera que al verlo salir estallaron en consignas como: “Libertad, libertad, a los presos por luchar”.
Campos Herrera salió de la cárcel acompañado por los abogados de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron la defensa de Arturo Campos.
Desde el umbral de la puerta del penal Campos agradeció a los organismos civiles, organizaciones sociales, a su familia y las personalidades que estuvieron con él y en la lucha por su libertad. También agradeció a los medios de comunicación, “y a las orejas (informantes del gobierno) que posiblemente se metan a escuchar, les pido que lleven el mensaje que nosotros somos inocentes y por eso logramos nuestra libertad”.
Aclaró que su libertad no se logró bajo ninguna negociación con el gobierno, “se logró porque demostramos con pruebas contundentes que nunca existieron los delitos por los que nos acusaron”.

La Ley de Seguridad Interior viola la Constitución

Después respiró hondo y exclamó, “ya estoy libre y ahorita lo que sigue es luchar por los compañeros que siguen presos. Vamos a seguir defendiendo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, a la Ley 701. Estamos en contra de la Ley de Seguridad Interior que está en la Cámara de Senadores. Estamos en contra de la militarización del país y vamos a unir fuerzas para exigir al gobierno que esa ley se tiene que echar para abajo, y si no de todos modos vamos a organizarnos para defendernos en contra de la militarización”, advirtió.
Denunció que la gente de las comunidades indígenas ha sido atropellada y que se han violado los derechos humanos de las mujeres y hombres por el Ejército, “y ahorita el gobierno federal está impulsando una ley en contra de la Constitución porque el Ejército ni la Marina deben andar en las calles, ellos deben estar encuartelados y eso lo dice la Constitución”, expresó.
Insistió que es violatoria a la Constitución “y por eso nosotros como luchadores sociales es nuestra obligación estar en contra, y organizar a la gente para defendernos como pueblos indígenas”.
El abogado Rosales Sierra informó que Campos salió en libertad absoluta porque en el procedimiento no se acreditó uno de los elementos fundamentales del secuestro.
Explicó que el secuestro se compone de dos elementos, la privación de la libertad y la finalidad con que se priva de la libertad a las personas, y que no se acreditó el segundo elemento, “porque la finalidad con la que estaban detenidas las personas en la Casa de Justicia de El Paraíso era para procesarlos en el Sistema de Justicia indígena debido a que habían cometido delitos”, aclaró.
Dijo que con esto los jueces federales han reconocido plenamente a la CRAC como autoridad plenamente establecida, que puede ejercer actividades de seguridad y justicia, ese criterio se logró a pulso con varios amparos de varios procesos que Arturo Campos enfrentaba, igual que en el caso de los seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso que fueron liberados anteriormente.
“Hay un caudal de resoluciones y de precedentes jurídicos que hoy tienen los tribunales, y que sirvieron de base para dictar la libertad a favor de Arturo Campos”, informó.
Añadió que quedó evidenciado que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero utilizó el sistema de justicia y los penales federales para criminalizar a la CRAC.
Antes, Abel Barrera denunció que el caso de Campos muestra el patrón de criminalidad que ha impuesto el gobierno del estado a través de la Fiscalía General, “se han fabricado pruebas y sobre todo, se han usado de manera desproporcionada las penas y los penales”.
Lamentó que Arturo Campos haya tenido que pagar más de cuatro años de encierro y uno de ellos en un penal de máxima seguridad, “esto habla de cómo las autoridades se empeñan en acallar voces críticas como la de Arturo Campos”.
Denunció que en esta situación están los casos de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez que igual que Arturo, lo que hicieron fue dar todo de sí para que hubiera seguridad y justicia en el estado.
Aprovechó para llamar a que los diputados locales aprueben la propuesta de Ley 701 que están impulsando la CRAC y organizaciones sociales, a fin de que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas.
En la noche en un boletín, Tlachinollan dijo que “para el movimiento de derechos humanos en Guerrero la libertad de Arturo Campos es el triunfo de una lucha histórica de los pueblos y, sobre todo, de los defensores que se ponen en la línea de fuego tratando de construir un nuevo escenario de respeto a los derechos humanos”.
Añadió que Arturo está libre gracias a la lucha de las comunidades indígenas, pero sobre todo “gracias a su trayectoria impecable, porque es una persona que siempre ha trabajado para construir justicia desde abajo”.

Pasó Campos Herrera 4 años en prisión por una interpretación desviada de la ley: abogados

El promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera fue detenido por agentes ministeriales el 1 de diciembre de 2013 después de un mitin por la exigencia de libertad de la comandanta de la organización comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García y  policías comunitarios de Ayutla.
Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de dos secuestros.
Las acusaciones por los supuestos secuestros son en esencia señalamientos que hacen varias personas que estaban procesadas en el sistema de justicia de la CRAC-PC, por cometer delitos en sus comunidades, que van desde homicidio, violaciones, narcomenudeo y otros delitos contra la salud.
Estando en prisión se le instruyeron las siguientes causas penales:
Secuestro derivado en la causa penal 59-1/2015 (antes causa penal 191/2013-II que se encontraba radicada en el juzgado Cuarto Penal de Acapulco) radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende, en Ayutla de los Libres, Secuestro en la causa penal 196/2013-I radicada en el juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, en la ciudad de Tlapa.
Además obtuvo su libertad en los procesos penales por robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, derivado de la causa penal 007-I/2014 radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende de Ayutla. Se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Asimismo delincuencia organizada derivado de la causa penal 76/2014 radicada en el juzgado Séptimo de Distrito, se interpuso apelación 47/2014 ante el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, obteniendo su libertad.
Para los abogados de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron el caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) hizo una interpretación “desviada” de la ley, y forzó el encuadramiento de secuestro, “estableciendo que un grupo de personas que se dicen policías comunitarias detuvieron a los supuestos agraviados, les pidieron dinero a cambio de su libertad y los maltrataron en los centros de detención”.
Sin embargo consideran que la dependencia soslayó que Arturo pertenece a un pueblo indígena y al sistema de justicia de la CRAC-PC, y que los detenidos habían cometido delitos en sus comunidades y estaban enfrentando un proceso en el Sistema de Justicia indígena de la referencia.
Los abogados de Campos Herrera expusieron que en las causas penales que se le instruyeron por los delitos de delincuencia organizada y robo calificado, los jueces le otorgaron su libertad absoluta, pues quedó acreditado que no pertenece a un grupo delincuencial ni que haya robado, por el contrario es integrante de un pueblo indígena que en el marco de la pluriculturalidad de nuestro país, poseen su propia forma de organizarse para cuidar su seguridad y sancionar las conductas ilegales en su territorio, derecho reconocido a los pueblos indígenas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Protestan organizaciones en Atlamajac, Tlapa, para exigir la libertad de Arturo Campos

Organizaciones sociales protestaron frente el juzgado Penal de Primera Instancia en el distrito judicial de Morelos ubicado en Atlamajac, para exigir la libertad del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera.
La actividad es parte de una campaña para pedir el cese a la criminalización y encarcelamiento de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
Inició aproximadamente a las 12 del día y consistió en pegar carteles del policía comunitario Arturo Campos en las calles, postes y en las oficinas del poder Judicial, como el juzgado de paz y en el penal.
Los representantes de las organizaciones como el frente Popular de Tlapa, la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), Colectivo el Grito, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, refrendaron su apoyo al preso político.
Pidieron que el gobernador Héctor Astudillo Flores intervenga y pida al poder Judicial y al Legislativo que lo liberen, porque saben perfectamente que están a la disposición del ejecutivo, explicó Alnulfo Cerón Soriano, del Frente Popular de Tlapa.

Entregan al gobierno en Cdmx 40 mil firmas para exigir la libertad de Arturo Campos

Abogados y activistas, así como su esposa Agustina García entregaron en la oficina representación del gobierno de Guerrero casi 40 mil firmas recabadas en la campaña electrónica de Avaaz, en cuya petición se exige la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera quien está preso desde hace cuatro años pese a que ha demostrado su inocencia.
Acudieron al encuentro con el titular de la oficina ubicada en Polanco, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la misma organización a cargo de la defensa del comunitario, Rogelio Téliz, junto a Agustina, así como los actores Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y el activista Mardonio Carballo, y Ángel García García, un ex preso político de la CRAC.
El hijo del ex gobernador y actual subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, René Juárez Albarrán recibió alrededor de las 11 al grupo encabezado por Agustina García, quien a cuatro años de distancia pese a estar enferma de la columna y manteniendo a sus cuatro hijas e hijo tras el encierro de su esposo, acudió a la ciudad.
Rogelio Téliz quien lleva el caso de Arturo Campos preso en el penal de Ayutla, explicó que durante la campaña se lograron reunir 34 mil firmas, por la socialización de varios activistas. Ahí demandan al juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos en Tlapa, a agilizar el caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y decretar su libertad inmediata.
Juárez Albarrán aseguró que no conocía el caso y que Arturo Campos, así como otros comunitarios de la CRAC que fueron apresados en 2013 durante el gobierno del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el de la ex comandanta de Olinalá Nestora Salgado y el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González encarcelado en Chilpancingo, pero se comprometió a llevar su caso y las firmas al poder Judicial de Guerrero.
Rogelio Téliz informó que le entregaron las firmas por escrito y de manera electrónica, “para poderle exigir por su conducto puedan a la brevedad dictar una sentencia, platicamos con él para que le haga llegar la información al poder Judicial y agilizar el tema. Le expusimos que el proceso está cerrado, el viernes fue la última audiencia, el expediente está con el juez y éste está en condiciones de dictar sentencia, no esperarse hasta los 15 días que establece la ley”.
Arturo Campos está preso desde el 1 de diciembre de 2013 acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla y delincuencia organizada, ha quedado absuelto de tres causas penales pero está pendiente el delito de secuestro, por un expediente radicado en Tlapa.
Detalló que el único proceso que seguía vigente en su contra por secuestro en la causa penal 196/2013-1 ya fue desahogado.
Agustina García le dijo a Juárez Albarrán que no confían en el gobierno de Guerrero y pidió que no le fabriquen más delitos.
También preocupa a sus abogados, según dijo Téliz, “que la Fiscalía (General del Estado) no tenga otro expediente oculto, que pudiera sacarlo cuando ya esté en libertad o vaya a salir de la cárcel”.
Pidió que durante este proceso le puedan resarcir el daño causado a él y a su familia, “y hasta que esté libre sabremos si hubo voluntad política… Él no tiene ninguna culpabilidad, la gente que lo acusaba no logró mantener firme esa acusación, el gobierno nunca ha agilizado estos procesos pese a que tenemos expedientes completamente cerrados”.
Recordó que tanto Nestora Salgado como Bernardino García y otros cinco comunitarios presos por secuestro fueron absueltos por jueces de Guerrero, confía que esos criterios puedan emplearse en el caso de Arturo Campos y la sentencia salga antes dos semanas.
Mencionó que la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mantiene pendiente una propuesta de punto de acuerdo para que el Senado se pronuncie a favor de su liberación bajo los mismos criterios jurídicos que en el caso de Nestora Salgado García, apresada en agosto de 2013 y quien recuperó su libertad en abril de 2016, porque se reconoce a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a sus integrantes como autoridades.
Durante la reunión el activista Mardonio Carballo consideró que el gobierno de Guerrero, “debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la Policía Comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que como en el caso de los 43 a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La Policía Comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad”.

Llevan 33 mil 416 firmas por la libertad de Arturo Campos

El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, la actriz Ofelia Medina, el director de Tlachinollan Abel Barrera, el titular de la Oficina de la Representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México, René Juárez Albarrán, la esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García, el ex preso de la CRAC, Ángel García, el activista Mardonio Carballo y el actor Daniel Giménez Cacho luego de que entregaron las firmas para exigir la libertad del promotor de la Policía Comunitaria en Ayutla, Arturo Campos Herrera, preso desde 2013. Foto: Cuartoscuro
El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, la actriz Ofelia Medina, el director de Tlachinollan Abel Barrera, el titular de la Oficina de la Representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México, René Juárez Albarrán, la esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García, el ex preso de la CRAC, Ángel García, el activista Mardonio Carballo y el actor Daniel Giménez Cacho luego de que entregaron las firmas para exigir la libertad del promotor de la Policía Comunitaria en Ayutla, Arturo Campos Herrera, preso desde 2013. Foto: Cuartoscuro

 

Entregan al gobierno en Cdmx 40 mil firmas
para exigir la libertad de Arturo Campos

Abogados y activistas, así como su esposa Agustina García entregaron en la oficina representación del gobierno de Guerrero casi 40 mil firmas recabadas en la campaña electrónica de Avaaz, en cuya petición se exige la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera quien está preso desde hace cuatro años pese a que ha demostrado su inocencia.
Acudieron al encuentro con el titular de la oficina ubicada en Polanco, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la misma organización a cargo de la defensa del comunitario, Rogelio Téliz, junto a Agustina, así como los actores Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y el activista Mardonio Carballo, y Ángel García García, un ex preso político de la CRAC.
El hijo del ex gobernador y actual subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, René Juárez Albarrán recibió alrededor de las 11 al grupo encabezado por Agustina García, quien a cuatro años de distancia pese a estar enferma de la columna y manteniendo a sus cuatro hijas e hijo tras el encierro de su esposo, acudió a la ciudad.
Rogelio Téliz quien lleva el caso de Arturo Campos preso en el penal de Ayutla, explicó que durante la campaña se lograron reunir 34 mil firmas, por la socialización de varios activistas. Ahí demandan al juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos en Tlapa, a agilizar el caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y decretar su libertad inmediata.
Juárez Albarrán aseguró que no conocía el caso y que Arturo Campos, así como otros comunitarios de la CRAC que fueron apresados en 2013 durante el gobierno del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el de la ex comandanta de Olinalá Nestora Salgado y el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González encarcelado en Chilpancingo, pero se comprometió a llevar su caso y las firmas al poder Judicial de Guerrero.
Rogelio Téliz informó que le entregaron las firmas por escrito y de manera electrónica, “para poderle exigir por su conducto puedan a la brevedad dictar una sentencia, platicamos con él para que le haga llegar la información al poder Judicial y agilizar el tema. Le expusimos que el proceso está cerrado, el viernes fue la última audiencia, el expediente está con el juez y éste está en condiciones de dictar sentencia, no esperarse hasta los 15 días que establece la ley”.
Arturo Campos está preso desde el 1 de diciembre de 2013 acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla y delincuencia organizada, ha quedado absuelto de tres causas penales pero está pendiente el delito de secuestro, por un expediente radicado en Tlapa.
Detalló que el único proceso que seguía vigente en su contra por secuestro en la causa penal 196/2013-1 ya fue desahogado.
Agustina García le dijo a Juárez Albarrán que no confían en el gobierno de Guerrero y pidió que no le fabriquen más delitos.
También preocupa a sus abogados, según dijo Téliz, “que la Fiscalía (General del Estado) no tenga otro expediente oculto, que pudiera sacarlo cuando ya esté en libertad o vaya a salir de la cárcel”.
Pidió que durante este proceso le puedan resarcir el daño causado a él y a su familia, “y hasta que esté libre sabremos si hubo voluntad política… Él no tiene ninguna culpabilidad, la gente que lo acusaba no logró mantener firme esa acusación, el gobierno nunca ha agilizado estos procesos pese a que tenemos expedientes completamente cerrados”.
Recordó que tanto Nestora Salgado como Bernardino García y otros cinco comunitarios presos por secuestro fueron absueltos por jueces de Guerrero, confía que esos criterios puedan emplearse en el caso de Arturo Campos y la sentencia salga antes dos semanas.
Mencionó que la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mantiene pendiente una propuesta de punto de acuerdo para que el Senado se pronuncie a favor de su liberación bajo los mismos criterios jurídicos que en el caso de Nestora Salgado García, apresada en agosto de 2013 y quien recuperó su libertad en abril de 2016, porque se reconoce a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a sus integrantes como autoridades.
Durante la reunión el activista Mardonio Carballo consideró que el gobierno de Guerrero, “debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la Policía Comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que como en el caso de los 43 a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La Policía Comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad”.

Arturo Campos podría ser liberado en esta semana, le informa su abogado Rogelio Téliz

A cuatro días de cumplir cuatro años preso, el consejero de la  Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera fue informado por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Teliz García, que en esta misma semana podría quedar en libertad.
Ayer Campos Herrera recibió la visita de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, además de dirigentes de organizaciones sociales y sindicales quienes exigieron la inmediata e incondicional libertad del integrante de la CRAC detenido el 1 de diciembre de 2013.
Los representantes de organizaciones exhortaron al juez de primera instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con sede en Tlapa a dictar una sentencia conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva intercultural y conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos en materia de derechos humanos.
A las 12 del día un grupo de activistas y defensores de derechos humanos entró a la antesala de la cárcel de Ayutla para ver al dirigente de la CRAC. Entre ellos iba el director del  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para todas y todos, Fernando Ríos.
Además de la indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega quien recriminó que el gobierno mienta para inculpar a gente inocente.
Una hora después el abogado Teliz García entró con un grupo de comunicadores y ahí informó a Arturo Campos que en esta misma semana el juez de Tlapa deberá citar a una audiencia de vista, el abogado confió en que se dará la sentencia la libertad del integrante de la CRAC debido a que ninguna de las 43 personas que lo demandaron por secuestro han sostenido la acusación en los careos.  El abogado recordó  que en dos amparos, tribunales federales han declarado la inocencia del preso en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra.
En una breve plática Campos Herrera expresó que en casi cuatro años de encierro comprobó que el sistema carcelario “está más jodido” que el sistema de reeducación comunitario de la CRAC.
Con voz fuerte Campos Herrera expresó que “no tengo porque estar encerrado” y tampoco Gonzalo Molina, ni Samuel Ramírez, presos en Chilpancingo, y que tampoco sus compañeros que han salido en libertad deben de ir a firmar a Tlapa porque no cometieron ningún delito.
“Esto es una tortura para los compañeros que están afuera por los gastos de un viaje que implica ir a Tlapa”. Insistió que ante las autoridades han demostrado que no son delincuentes y que todas las acciones hechas fueron como autoridades comunitarias nombradas en asambleas.
Dijo que la criminalización a los integrantes de la CRAC se demuestra con la fabricación de delitos por parte de las autoridades, pero que se han ido desvaneciendo, por ello cuando salga “ tengo la idea de seguir en el movimiento y seguir reclamando la libertad de nuestros compañeros  presos en el país, que están defendiendo a su pueblo”.
Los presos en la CRAC “comen lo que nosotros comemos”, lo que no ocurre en la cárcel de Ayutla donde le dan un huevo y siete tortillas, además de que no hay agua potable para beber sólo entubada.
Recriminó la falta de inversión en las cárceles donde no hay baños y se tienen que bañar a jicarazos. Sin embargo el preso reconoció que no hay autogobierno en la cárcel de Ayutla como en otras cárceles del país o del estado.

Se comprueba patrón de criminalización

En declaraciones al término de la visita, Abel Barrera afirmó que con el proceso de Campos Herrera se ha demostrado que hay un patrón de criminalización a los defensores de los derechos humanos como Samuel Ramírez, Gonzalo Molina y también Nestora Salgado quien fue liberada pero se encuentra fuera del país.
Fernando Ríos expresó que la reclusión está transgrediendo el sistema de justicia indígena y que se está utilizando para criminalizar a los defensores de derechos humanos. “Dejar que Arturo siga en las mismas condiciones es dejar que las condiciones en este estado sigan empeorando”.
La esposa de Campos Herrera, Agustina García dijo que la reclusión de su esposo ha sido una tortura psicológica para ella y sus hijos quienes en la escuela sufren de bullying porque su papá está en la cárcel.
Exigió a las autoridades dejar a su esposo en libertad, “ya pasó mucho tiempo, los abogados ya aportaron todas las pruebas y aún así el gobierno sigue impidiendo” su libertad.

Hay intención de acabar con las policías comunitarias en Guerrero: De la Peña

Vania Pigeonutt

El Sur, Ciudad de México

Tras exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial de Guerrero a liberar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña Gómez advirtió que hay una intención de acabar con las policías comunitarias en el estado, y pidió respeto a estos sistemas normativos.
En conferencia de prensa en el Senado de la República los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz García reiteraron que Campos, indígena na savi (mixteco) originario de Ayutla es preso político y está encarcelado sin  justificación jurídica, con la intención de criminalizar a la CRAC.
La perredista elaboró un punto de acuerdo el martes pasado, donde reconoce como luchador social a Campos Herrera y pide al pleno del Senado enviar un exhorto formal, para que el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores y el Tribunal Superior de Justicia revisen el caso y lo liberen, al igual que a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez.
Consideró que “el fondo del problema está en las autoridades, que no tienen ningún tipo de sensibilidad de contenido que debe tener este tipo de trabajos comunitarios que se realizan, me parece que este caso es clarísimo de una criminalización a las policías comunitarias, cuando son sistemas normativos respaldados por la ley”.
El pasado sábado visitó Guerrero la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, a quien otras organizaciones han solicitado que se pronuncie por la liberación de los presos políticos de México, que son más de 500, según varios organismos.
Rogelio Téliz explicó por separado que desde el 1 de diciembre de 2013 el promotor fue preso acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, y delincuencia organizada, pero ha quedado absuelto de tres causas penales aunque aún está pendiente el delito de secuestro.
Confió que el punto de acuerdo, que precisó, se turnó a la comisión de Derechos Humanos, dé resultados este año, porque valora los mismos criterios jurídicos para la liberación de Nestora Salgado García, ex comandanta de la CRAC presa en agosto de 2013, y quien recuperó su libertad en abril de 2016, que reconocen a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a ellos como autoridades.
Detalló que el único proceso que sigue vigente en contra de Arturo Campos es por secuestro, en la causa la penal 196/2013-1.
“De los 43 supuestos agraviados muchos no están en sus comunidades y no podemos desahogar la etapa procedimental, es un problema de dilación. Ha habido una mala fe por parte del Tribunal, del juez, si tanto Nestora como Bernardino García (otro integrante que estuvo preso) quedaron absueltos, el juez pudo utilizar los mismos criterios con Arturo y antes de que se cierre el juicio emitir un documento donde le otorga la libertad, porque ya está demostrado que no hay ningún secuestro”, detalló.
Consideró que en el expediente ya está el precedente, “confiamos en que tiene que ser una sentencia absolutoria porque el secuestro ya está acreditado que no ocurrió. No hay ninguna acusación, no hay pruebas que sustenten ese delito”.
De la Peña exhortó al Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a cumplir el artículo 14 de la Constitución del estado y el artículo 37 de la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad, que reconocen en la constitución local a la CRAC y sus atribuciones.
Dijo que no sólo es un asunto que viene desde el gobierno de Héctor Astudillo, sino cuatro años atrás con el defenestrado Ángel Aguirre, “el problema que hay de fondo en el estado de Guerrero viene desde mucho tiempo atrás. A cada rato en distintos eventos se denota que hay una desatención y una permanente amenaza de no querer reconocer estos sistemas normativos”.
De manera particular lamentó que el gobierno no reconozca las formas en las que están organizados con las policías comunitarias, “lo que tiene que darse en el estado involucra a todas las organizaciones, al orden estatal como el municipal, que en vez de querer afectar esta organización lo que se tiene que hacer es respetarla, además de reconocerla y entender que es una coadyuvancia para la gobernabilidad de la entidad”.
Se pronunció a favor de que se modifique en la Constitución de Guerrero, como ha pedido la CRAC, el apartado indígena, y que además de la Ley 701 y el artículo 69 de la Organización Internacional de Trabajo, que también reconoce al sistema, se fundamente y queden por encima de cualquier controversia las funciones de la Policía Comunitaria.
Opinó que  la modificación “es completamente correcta porque además está fundada en el artículo 2 de la Constitución, el artículo 2 ha sufrido reformas importantes porque se establecen reconocimiento a los sistemas normativos, porque siempre los sistemas normativos tienen una preponderancia como pueblos originarios de México”.
Campos es reconocido desde esa Comisión por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas na savi y me’phaa de la región Costa-Montaña de Guerrero.
De la Peña se comprometió a que antes de que concluya el año el Senado se pronunciará por su liberación.

Está mal de salud y económicamente la esposa de Arturo Campos, informa Tlachinollan

A casi cuatro años de que el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Ayutla de los Libres, Arturo Campos Herrera fue encarcelado, su esposa Agustina García de Jesús ha mantenido a su familia prácticamente sola, y su salud se ha deteriorado.
La indígena na savi no pudo acudir al Senado desde donde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y la Comisión de Derechos Humanos de esta cámara se pronunciaron por su liberación, ya que lo consideran preso político y no hay razones para que siga en la cárcel de Ayutla.
Agustina tiene 38 años, pero según el abogado de Tlachinollan que lleva el caso de Arturo Campos, Rogelio Téliz García, su salud se ha deteriorado parece como si tuviera más. Está muy delgada y tiene fuertes dolores en el cuerpo.
Vende algunas hierbas curativa que ella cosecha en el jardín de su casa en Ayutla, en la Costa Chica del estado.
Es madre de cinco hijas mujeres y un varón de quienes se ha tenido que hacer cargo en estos años, luego de que el 1 de diciembre de 2013 su esposo, también na’savi, fue acusado de delincuencia organizada, secuestro agravado, portación de armas, delitos, que según su defensa fueron imputados aún cuando la Ley 701 fundamenta las funciones de la CRAC, y Arturo  Campos nunca actuó fuera de ello.
“La familia de Arturo desgraciadamente se encuentra desgastada tanto económicamente como físicamente. Agustina por cuestiones de salud que se le han ido agudizando no pudo estar con nosotros, tiene un problema ya por esta criminalización de Arturo Campos, doña Agustina se ha hecho cargo de sus hijos, de la familia”, mencionó.
Dijo que lo que hace para mantenerse es vender plantas, pizzas, a veces pan, tenía una tienda en su casa pero desde agosto de 2013 hombres le prendieron fuego a su hogar y dejó de surtir, “desde la vez pasada eso ha ido disminuyendo su patrimonio”.
El abogado compartió que “ha habido solidaridad de algunas organizaciones, les llevan despensa, sobre eso se ha ido manteniendo. Lo que nos preocupa es el tema de su salud, doña Agustina sí está desgastada, sus hijos siguen estudiando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, económicamente no está bien”.
De Arturo Campos dijo que está estable “mejor porque tiene cerca de la familia, eso lo pone contento, pero sí ha tenido complicaciones de salud, no muy graves pero debido al hostigamiento, al encarcelamiento, por parte del Estado ha tenido un problema de presión, tiene problemas gastrointestinales”.

Revocan un auto de formal prisión contra Arturo Campos

Redacción

La Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en cumplimiento al amparo otorgado por el Juzgado Sexto de Distrito con número 746/2016 revocó el auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado de la causa penal 031/2013 contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera, sin embargo aún no quedará en libertad puesto que se le sigue un proceso en Tlapa.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Teliz García indicó que con la resolución demuestra como la Fiscalía General del Estado (FGE) y el defenestrado gobernador, Ángel Aguirre Rivero fabricaron delitos contra las autoridades comunitarias.
Además reprochó que “es una vergüenza que las autoridades de la Cuarta Sala Penal revoquen el auto de formal prisión (únicamente) cuando lo ordena un juez federal”.
Los agraviados, Pedro Gil Apreza Salmerón y Karla Espinoza Bolaños fueron acusados en el Sistema de Justicia Comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, Karla Espinoza le entregó el arma de fuego a Pedro Gil y ambos fueron detenidos por la Policía Comunitaria.