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Difieren el careo de Arturo Campos porque las autoridades no lo trasladaron a Tlapa

 

El careo procesal del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera, fue diferido porque el subdirector operativo de Seguridad, Custodia y Traslado de Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado no acató la solicitud hecha el 7 de septiembre, de trasladarlo al penal de Atlamajac en esta ciudad.
Campos Herrera está acusado de secuestro agravado en la causa penal 196/2013-I en agravio de Víctor Cid Cisneros y otros, que son cerca de 20 personas, de las cuales sólo acudieron tres que quedaron apercibidos que de no presentarse al careo el 7 de diciembre a las 10 de la mañana, serían presentados por la fuerza pública.
Campos Herrera se encuentra recluido en la cárcel de Ayutla que depende del juzgado Mixto del centro penitenciario de Allende, su defensa solicitó su traslado al penal de Atlamajac para el desahogo de las diligencias sin que el subdirector operativo de Seguridad y Custodia y Traslado de Internos cumpliera, como se lo ordenó un juez.
También pide a la Dirección General de Seguridad que acate el mandato o de lo contrario se le pondrá una multa de 20 días de salario mínimo.
Acudieron a la diligencia en el juzgado segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos tres abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, a cargo de Rogelio Téliz, quien consultado en el penal dijo que la responsabilidad de que no se hiciera el proceso, fue el director de Traslados que no acató la orden del traslado de la que estaba enterado hace más de un mes y medio.
Agregó que se entorpece el proceso jurídico a Campos Herrera con la intención de que no recupere su libertad, porque hay elementos suficientes para hacerlo.
Dijo que no es la primera vez que se difiere una audiencia, el 13 de octubre en Acapulco el Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala Penal no se presentó, y eso fue una forma de retrasar la justicia y ahora “se entorpece el desahogo de tres agraviados que estuvieron presentes y parece que el Estado entorpece las cosas”, dijo
Agregó que acudieron tres de los 23 agraviados que fueron citados a comparecer y que también se retiraron molestos por la suspensión.
Exhortó a las autoridades a que garanticen el traslado de Campos Herrera para que continúe el proceso
Vía telefónica Arturo Campos consideró que el que no los trasladaran a esta ciudad fue debido a un asunto político del gobierno, que lo quiere mantener en la cárcel, pues tiene todo en sus manos para agilizar los trámites y no lo hace pese a que está informado formalmente mediante oficio y por un juez.
Dijo que en donde está escucha que la gente se sigue organizando y eso está bien para seguir combatiendo la inseguridad que según el gobierno ataca, pero hay muertos constantemente en Acapulco, Chilpancingo y el estado en general.
Remarcó que en los territorios donde está la Policía Comunitaria la delincuencia es menor, no ha entrado, que esa organización es más eficiente porque emana del pueblo, de los saberes de los ancianos, de los sabios y que está comprobado que es más eficiente aunque no le guste al gobierno.
Agregó que está sustentada en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, la Constitución y en la Ley 701 del estado de Guerrero.
De su salud dijo que se encuentra bien.

 

 

Es albañil, futbolista y tlacololero; a los 32 años, con su esposa embarazada y un hijo, entró a la Normal de Ayotzinapa

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 José Ángel Campos Cantor

Lourdes Chávez

Tixtla
26 de diciembre de 2015

Con 32 años, su esposa embarazada y un hijo, José Ángel Campos Cantor, decidió estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa; contó con el apoyo de su papá, Bernardo Campos, que se comprometió a ayudar en la manutención de su familia que vivía en la casa materna. Se dedicaba a la albañilería.
Después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sus padres, su esposa cargando en brazos a una niña de dos meses de nacida y un hijo se convirtieron en decididos activistas del movimiento por los 43, y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para dar con su paradero.
Particularmente el señor Bernabé, que no falta a una reunión, hace guardias constantes por las tardes en la escuela donde con otros padres esperan noticias de los estudiantes.
Son originarios de Tixtla, y en una manifestación por los 43 en la cabecera municipal, habló de cuánto le gustaba el futbol, que era danzante de los Tlacololeros en las fiestas de todos los barrios de la cabecera municipal, y de niño se iba a tocar con las bandas de música de chile frito las tarolas y redoblantes, unas especies de tambores.
Dijo que es un joven serio, sin vicios, al que le gusta reír. Son vecinos del barrio de El Fortín, sede de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia La Patria es Primero perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esta comunidad encabezó algunas manifestaciones en la ciudad en los primeros meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
Su papá recordó que él mismo lo animó a entrar a la Normal, porque el trabajo de campo y la construcción son muy pesados, y los jóvenes aún tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas.
“Yo le dije, los rayos del sol son pesados, hablaba yo y les hacía ver las cosas, nosotros ya estamos impuestos, pero ustedes son jóvenes”, decía.
Un buen día, José Ángel le dijo que quería que lo apoyara con su familia para estudiar la Normal, se enteró por otros estudiantes que la edad no sería limitante. Dos de sus cuñados son maestros egresados de la Normal Rural. Recordó que desde antes lo apoyaba, y sólo le pidió que le echara ganas.
José Ángel estudió la preparatoria abierta para terminar el bachillerato y en el ciclo escolar 2014-15 participó en la convocatoria de nuevo ingreso a la Normal de Ayotzinapa, con la que también se accede a una beca de alimentos y hospedaje.
“Yo le dije a su mamá, a este muchacho le va a hacer los mandados la semana de prueba”, un periodo de adaptación a cargo de los estudiantes, donde los alumnos de nuevo ingreso realizan ejercicios físicos, trabajo de campo y lecturas de teoría socialista.
Recordó que el día que informó a su familia que fue aceptado en la escuela, que era domingo, volvió a su casa temprano porque les dieron un descanso, estaban todos muy contentos.
La noche de la tragedia, escucharon que en un automóvil vocearon que los estudiantes estaban en peligro en Iguala. No sabían de los muertos, horas después se hablaba de más de 70 desaparecidos.
A las 10:30 de la mañana del 27 de septiembre, llegaron los primeros autobuses con estudiantes a la Normal, “corrimos con el ansia de ver a nuestros hijos y él no aparece, no llegaron, pensamos que lo tenían en otro lado, nadie imaginó llegar a este tiempo”.
Jugaba con el equipo de Los Vaqueros de El Fortín, aún estando casado, y obtuvo dos trofeos de goleador en torneos regionales..
Nueve días antes de las fiestas patronales que se acostumbran en Tixtla, iba a bailar a los barrios y un día antes de la fiesta patronal, iba al encuentro de danzas con su traje de tlacololero, una costumbre tixtleca.
El normalista desaparecido es el segundo de cinco hijos. El señor Bernardo aseguró que los hermanos son muy unidos y en particular siempre pensó que la escuela de Ayotzinapa era un espacio de desarrollo para los hijos de las familias pobres, porque observó hace varias décadas, como albañil en la construcción de uno de los dormitorios, que los estudiantes recibían uniformes, chamarras, botas, pero ya no es igual.
Consideró que si reducen los materiales, los estudiantes deben manifestarse por la falta de presupuesto. “Antes no había mucho mitin como ahora, los alumnos protestan porque cada vez son menos los recursos, y (ahora) claro que tenemos que protestar, por lo que ha pasado, por nuestros hijos”.
A 15 meses de la desaparición forzada, consideró que aún existe una esperanza de encontrarlos porque los extranjeros del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), les han dicho que si no hay indicios de dónde pueden estar, ellos (el gobierno) los tienen.

La liberación de Nestora es parte de la lucha por los comunitarios presos, dice antropóloga

 

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y perito de la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Rosalva Aida Hernández Castillo confió en que la libertad de la luchadora social es una parte de la lucha por la libertad de otros siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), recluidos en Guerrero.
Explicó que el peritaje en el que ella participó, planteó que las acciones de Nestora Salgado ?por las cuales fue acusada de distintos delitos?, se encuentran en el marco del reconocimiento de la justicia indígena.
En general, explicó que en el peritaje denunció que hay una perspectiva, “bastante existencialista y limitada de lo que es indígena; mi peritaje consistió en explicar el concepto, lo qué es la justicia indígena y el marco legal local, nacional e internacional que la ampara”.
En el documento, dijo, explicaron a jueces porqué “todas las acciones de Nestora, como autoridad de la CRAC, estaban reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y en el artículo segundo Constitucional”.
Sin embargo, señaló que ahora (en el Poder Judicial) predomina una visión heredada de la antropología clásica de lo que implica ser indígena (lengua, cultura, sistemas normativos, entre otros), pero “las identidades culturales son identidades históricas, cambiantes”.
En el documento, indicó que hay una reivindicación de una memoria propia de la gente de Olinalá.
Asimismo, indicaron en su trabajo los criterios a tomar en cuenta para determinar quién es indígena y quién no, porque lo que caracteriza a la CRAC es una perspectiva bastante amplia; incluye a los pueblos afrodescendientes y a los campesinos que reivindican una historia indígena pero no hablan ningún idioma y tampoco tiene sistemas de cargos.
Señaló que también participó en la investigación de tres peritajes el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo, para los casos de cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de una red de criminales, un caso de abigeato y de 43 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Opinó que la liberación de la luchadora social es fundamental para la liberación de los siete integrantes de la CRAC que siguen presos por las demandas de secuestro, “tienen que ser la puerta, ahora para voltear los ojos a los siete compañeros que están ahí, no es el cierre de una lucha, sino la continuidad”.
Entre los detenidos en Ayutla están el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, el consejero Arturo Campos y el primer comandante, Ángel García García, entre otros. En Chilpancingo, el promotor, Gonzalo Molina así como Samuel Ramírez Gálvez.

Exigen en un mitin en la Ciudad Judicial en la capital la libertad de los presos de la CRAC

Familiares de los policías comunitarios presos en Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron ayer en un mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, la libertad de todos los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La protesta comenzó a las 12 y media de la tarde, mientras en el interior, en la Cuarta Sala penal, había una audiencia de vista relacionada con el proceso que se sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, por el delito de secuestro en agravio de Katia Espinoza Bolaños y Pedro Gil Apreza Salmerón.
La causa penal 59-I/2015 y las presuntas víctimas que acusan a Campos Herreras son las mismas que acusaron a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien la mañana de ayer quedó en libertad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, quien da seguimiento al caso de Campos Herrera, informó que la Cuarta Sala Penal deberá resolver en 15 días el auto de formal prisión o de libertad.
Otro de los abogados de Tlachiniollan, Vidulfo Rosales Sierra reclamó a las autoridades que manifiesten la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los otros ocho presos de la CRAC, y que también sean liberados, puesto que los delitos de los que se les acusa y los supuestos agraviados son los mismos que enfrentó Nestora Salgado, que ya fue liberada.
Los ocho presos a los que se refirió Rosales Sierra son Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, así como el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, y cinco policías comunitarios de esta misma casa, presos en el penal de Ayutla.
Arturo Campos Herrera es consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla y fue detenido el 1 de diciembre de 2013, al final de un acto con el que Tlachinollan inició la campaña 12 días por la libertad de los presos políticos, en la Alameda de Chilpancingo. El detenido fue trasladado inmediatamente al penal del Altiplano, en el Estado de México.
El 28 de mayo de 2015 el juez Cuarto penal de Acapulco le dictó el auto de formal prisión, pero la defensa interpuso el recurso de apelación, del que derivó la audiencia de vista en la Cuarta Sala penal de ayer.
El abogado Téliz García, quien entró a la audiencia, informó que los supuestos agraviados que la administración de Ángel Aguirre Rivero presentó como víctimas para acusar a Campos Herrera son Pedro Gil Apresa Salmerón y Katia Espinoza Bolaños, quienes no acudieron ayer a la audiencia.
“Esperábamos que vinieran; ellos presentaron un escrito en el que manifestaron que iban a estar pendientes en el desahogo de la audiencia, pero no estuvieron, porque saben que son falsas sus acusaciones”, dijo.
Pero informó que la audiencia tuvo lugar y que él presentó un escrito de agravios “donde combatimos el auto de formal prisión; decimos que en ningún momento hay el delito de secuestro, que él (Campos Herrera) como perteneciente a la Policía Comunitaria, todos los actos que realiza se asemejan a actos de autoridad amparados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, además, por la Constitución federal en su artículo 2º, que establece que los pueblos indígenas pueden organizarse, ver y resolver la forma interna de sus pueblos.

Tienen que aplicar en el caso de Campos Herrera el mismo criterio que usaron en el de Nestora, insiste el abogado

El abogado dijo que el delito y quienes acusan a su defendido son los mismos que acusaron de secuestro a Nestora Salgado, a quien el juzgado de Ayutla le resolvió el auto de libertad, “y ese mismo criterio tiene que aplicar la Cuarta Sala penal y emitir la resolución inmediatamente”.
Explicó que existe un plazo de 15 días para que la Sala emita su resolución, “pero no podemos esperar más ante un hecho de injusticia, cruel e inhumano y la Sala penal tiene que emitir un fallo rápidamente para que Arturo Campos pueda recobrar su libertad y se una a la impartición de justicia en sus pueblos”.
Dijo que los agravios están bien sustentados y que está seguro de que “se va a caer” el auto de formal prisión, porque no se tipificó el delito de secuestro; “el secuestro tiene la finalidad de que se prive a una persona de su libertad con el objeto de pedir un rescate, y aquí no se dio esto”, dijo.
Mientras se realizaba la audiencia de vista, afuera, en la entrada principal de la Ciudad Judicial, más de 50 personas, entre familiares de los presos en el penal de Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, participaron en un mitin y exigieron la libertad de todos los presos de la CRAC.
En declaraciones afuera, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra expresó que esperan que la resolución de la Cuarta Sala penal sea por el auto de libertad de Arturo Campos, como ocurrió con Nestora Salgado.
Reclamó a las autoridades la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los ocho presos de la CRAC, dijo que los magistrados y jueces deben ceñirse a los mismos criterios que utilizaron en el caso Nestora, pero que pareciera que, por el contrario, “hay consigna” para que los otros ocho presos de la CRAC sigan en prisión.
Recordó que los miembros de la CRAC fueron detenidos por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando el movimiento iba en ascenso y la Policía Comunitaria mantenía sus vínculos con ese movimiento en contra de las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Añadió que, por eso los gobiernos federal y estatal pretenden mantener presos a los miembros de la CRAC.
Explicó que en el caso de Nestora Salgado pesó más la presión política, porque se convirtió en un emblema nacional e internacional, y por eso el gobierno determinó su libertad, pero que la están condicionando para que abandone el país, “al parecer ella ha aceptado, aunque dice que sale por motivos de salud”.
Rosales Sierra explicó que, en el caso de los ocho presos de la CRAC siguen su propio procedimiento jurídico, y que aunque con la libertad de Nestora se abre una posibilidad para que salgan libres, “si en términos políticos no hay una voluntad como la hubo con Nestora, no saldrán libres”, dijo.
Reconoció que se han dificultado la liberación de estos ocho presos, porque no han sido “visibilizados” como Nestora, a quien benefició la presión de los organismos nacionales e internacionales, por lo que el gobierno se vio obligado a liberarla.
En el mitin también habló Minerva Donaciano de Jesús, esposa del comandante de la Policía Comunitaria preso en Ayutla, Ángel García García, que dijo que es injusto el encarcelamiento de su compañero y del resto de los policías comunitarios, “no porque sean indígenas y nos humillan, sino porque los detuvieron cuando buscaban justicia y seguridad para los pueblos, lo que no puede ofrecer este maldito gobierno”.
Agregó que, si el gobierno pensaba que con su detención “ya no nos íbamos a levantar, se equivocó, seguimos luchando ahora también por la libertad de nuestros esposos porque sabemos que son inocentes”.
Denunció que para mantenerlos presos les fabricaron delitos, “los acusan de delitos que nunca cometieron”.
Añadió que, como indígenas se sienten orgullosos y felices de que haya salido libre Nestora Salgado, “pero si ya reconocieron que ella es inocente, ahora también que liberen a nuestros esposos, acusados de lo mismo que ella”, dijo.

“Nos dio duro, pero no nos destruyó”, dice Gonzalo Molina del asesinato de cuatro comunitarios de Tixtla

 

“Sí nos golpeó, y nos dio duro, pero no nos destruyó”, dijo desde el penal de Chilpancingo el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, sobre la emboscada a policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, donde cuatro de ellos fueron asesinados por sicarios.
Denunció que la agresión fue ordenada por el Estado para detener el avance de la organización, representa una declaración de Guerra contra el pueblo. Llamó a las comunidades a no votar en la elección extraordinaria de este domingo y a continuar el proceso para constituir un Concejo Popular Municipal como alternativa de gobierno.
El luchador social, detenido desde noviembre de 2013, confirmó que entre los asesinados en la emboscada en el barrio de El Fortín, sede la institución, están dos comandantes, figuras visibles de las operaciones de seguridad, pero la estructura que constituye la Asamblea, órgano de decisión y coordinación, continúa intacta.
Añadió que, por esa razón los nombres de los consejeros y comandantes regionales se manejan con discreción, para evitar que sean golpeados por el Estado.
Molina González recordó que en 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, personas sometidas a procesos de educación por vínculos con la delincuencia organizada, revelaron la relación con autoridades de gobierno.
Cuando hacía detenciones la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), creada ese mismo año, los policías ministeriales o soldados se los llevaban para liberarlos, “esas denuncias nos costaron la libertad”, dijo en referencia a las detenciones de los líderes más visibles de El Paraíso, Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera y Bernardino García Francisco, entre otros policías comunitarios.
El contubernio entre gobierno y delincuencia organizada quedó evidenciado en los crímenes del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en la violencia en el ejido de Carrizalillo y los eventos de este jueves en El fortín, aseguró.
Insistió en que la muerte es una estrategia para golpear a los sectores organizados, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), que suma dos muertos este año, la Normal Rural de Ayotzinapa, agredida en Iguala, y la CRAC.
“Vemos una guerra declarada contra el pueblo de Guerrero y de México, antes lo hacían (las agresiones) a través de los cuerpos de seguridad”, dijo y como muestra señaló las masacres de Aguas Blancas en Coyuca de Benitez, y de El Charco en Ayutla; “ahora utilizan a la delincuencia organizada para agredir”, precisó.
Debido al retiro de un retén policiaco permanente en Tixtla antes de la elección ordinaria del 7 de junio, previo a la agresión, denunció que si el gobierno del estado hubiera querido evitar o detener a los perpetradores lo habría hecho, “estaba en sus posibilidades intervenir y no hizo nada”.
Estimó que no fue casual que la agresión a la CRAC, con sede en Tixtla, haya ocurrido exactamente a 14 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, “el Estado pretende crear terror entre la población para desmovilizar a nuestro pueblo”.
Convocó a la CRAC a seguir adelante y a seguir el ejemplo del general Vicente Guerrero Saldaña, que nunca claudicó en su lucha, aunque a veces parecía quedar solo. También llamó a los ciudadanos a que apoyen de alguna manera el proyecto comunitario en todas sus vertientes, producción, salud, educación, y apoyar a los grupos de seguridad.
A los familiares de las víctimas asesinadas en el cumplimiento de su deber, expresó su respeto por esta adversidad, señaló que “la sangre derramada servirá de alimento a otros corazones”.

En Ayutla, 200 indígenas bloquearon una hora totalmente la carretera



Karenine Trigo Crucero de Tepango, Ayutla

Poco más de 200 indígenas mixtecos y tlapanecos, bloquearon la carretera de Tierra Colorada a Cruz Grande, en el crucero de Tepango, en El Manguito, en apoyo a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.
A las 11 de la mañana indígenas de este municipio llegaron al crucero de Tepango, poniendo tubos llenos de cemento a lo ancho de la carretera, bloqueando de esta manera la circulación en ambos sentidos, en la mantas que portaban, se leía “apoyo total a San Salvador Atenco, Viva La Otra Campaña, libertad a los presos”, firmada por la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos (OIPM).
En otras de las mantas decía además “libertad presos políticos, la otra compaña va; muera el mal gobierno”.
Durante el bloqueo, los manifestantes gritaban consignas como “le pegan a uno, nos pegan a todos; todos somos Atenco”, entre los inconformes había niños, mujeres con sus hijos colgados de sus rebozos, así como campesinos, algunos de los cuales portaban palos.
Entre los manifestantes se encontraban el dirigente de la OIPM, Arturo Campos Herrera, los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa, Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtemoc Ramírez Rodríguez.
Cuauhtémoc Ramírez explicó que el bloqueo de la carretera es en respuesta a las agresiones a los campesinos de San Salvador Atenco, “vamos a seguir con las movilizaciones hasta que liberen a los presos”.
El calor del medio día era tal que los manifestantes y automovilistas sudaban, los segundos decidieron bajar de sus vehículos y esperar a que les dieran paso debajo de la sombra de un árbol, en el bloqueo no hubo incidentes, los automovilistas se mostraron a favor de la manifestación.
Hilario Mayo, de la comunidad El Capulín, señaló que “desgraciadamente esta es la única forma que hay para hacerse escuchar”, dijo además que le urgía llegar a Ayutla, “pero no hay problema, porque la manifestación es por una causa justa…aquí esperamos pacientemente hasta que nos den paso”.
Mario Mendoza Abarca, quien viajaba con su familia, dijo que estaba de acuerdo con la manifestación pero “sería mejor que fuera de manera intermitente, para que no estuviéramos tanto tiempo esperando”.
En punto de las 12 del día, los manifestantes quitaron sus barricadas para abrir la circulación, la fila de automóviles en ambos sentidos rebasó el centenar.
A las 12:16, la mayoría de lo indígenas se había retirado del crucero y hasta ahí llegó una patrulla de la Policía Municipal con el segundo comandante, quien se bajó y preguntó si había problemas, al señalarle que era una manifestación de apoyo a los campesinos de San Salvador Atenco, se retiró, 10 minutos después pasó la patrulla de tránsito municipal y nuevamente la patrulla de la policía.
En el bloqueo estuvieron indígenas de las comunidades de El Camalote, Barranca de Guadalupe, La Fátima, Colonia Progreso, La Cortina, Tepuente, La Angostura, Ocotlán, Roca Colorada, Ahuezutla, Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, Colonia La Villa, San Felipe y Barrio Nuevo.
El Colectivo Rebelde Estudiantil de la Costa Chica difundió un volante, donde se solidariza con los campesinos de San Salvador Atenco. “Nos solidarizamos en su lucha, exigimos a las autoridades la inmediata libertad de los detenidos en Atenco”, en él piden también castigo a los asesinos de los trabajadores de la siderúrgica Lázaro Cárdenas.
Los volantes fueron tirados por las principales calles de Ometepec, y según versiones, también fueron repartidos en otras ciudades de Costa Chica.