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Revisará la Suprema Corte el amparo de Pineda Villa contra el auto de formal prisión por cohecho

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) revisará el amparo de la ex primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, contra la formal prisión que se le dictó en 2015 por cohecho, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la sentencia que revisará la Primera Sala en fecha aún por definir, el magistrado de circuito Sabás Pérez García resolvió que Pineda tiene derecho a ser procesada por jueces federales de Morelos, donde está recluida, y no por los tribunales de Tamaulipas donde se concentran los casos contra los involucrados en el caso.
El amparo de Pineda Villa, esposa del ex Alcalde de Iguala José Luis Abarca, era uno de los cinco acusados por el caso Ayotzinapa que en 2017 llegaron al mismo tiempo al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Ciudad Reynosa.
El 1 de febrero los magistrados acordaron enviar ese amparo a la Corte para que resuelva un tema de Constitucionalidad planteado por Pineda Villa, que no fue incluido en las demandas de los otros acusados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Es “de locos” la sentencia por el caso Ayotzinapa, dice Miranda de Wallace y anuncia amparos

La activista Isabel Miranda de Wallace calificó como “de locos” la resolución de un tribunal que concluye que la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, y ordena crear una Comisión de la Verdad.
Anunció que la organización Alto al Secuestro que preside interpondrá amparos contra de la sentencia,“ no estamos de acuerdo en que cada vez se le reste más potencia al Estado, es decir que el Estado pierda facultades para poder investigar”.
En un hecho inédito el 4 de junio un tribunal colegiado ordenó crear -en 10 días- una Comisión de la Verdad integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y del MP de la federación, a fin de investigar la desaparición de los 43 normalistas.
En conferencia ayer Miranda de Wallace sostuvo que contrario a la Constitución y a la ley, la resolución del tribunal convierte al Ministerio Público en un mero observador y permite a quienes no tienen facultades realizar las investigaciones.
Consideró que el grupo criminal Guerreros Unidos, que según las investigaciones está detrás de la desaparición de los jóvenes, “metió las manos por medio de mucha gente” para tratar de liberar a sus líderes detenidos y procesados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Llaman madres y padres de los 43 a Peña Nieto a que se acate la sentencia por el caso Ayotzinapa

 

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate la instrucción del poder Judicial, y “sepulte” la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), con la creación de una comisión especial investigadora sobre el caso Ayotzinapa, como ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
En conferencia de prensa este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares expresaron que la sentencia del tribunal -la cual establece que en esa comisión tengan una participación preponderante los representantes de los padres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, comprueba que “el actual gobierno les ha mentido y ocultado información”, y exhortaron al presidente a expresar públicamente la voluntad de su gobierno de acatar el fallo emitido el lunes.
A cuatro días de haber sido difundida la sentencia, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, manifestó: “señor presidente Enrique Peña Nieto, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones iban a ser cumplidas. Exigimos la voluntad de garantizar que se realice la comisión de investigación. Pedimos una declaración de voluntad política del presidente, el gobierno nos ha fallado una y otra vez”.
Acompañados del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales, y Humberto Guerrero de Fundar Centro de Análisis e Investigación, los familiares de los 43 normalistas hicieron “un reconocimiento a los valientes magistrados” por la sentencia que reconoce múltiples irregularidades e indicios de tortura contra algunos de los indiciados.
Las madres y padres también mencionaron el informe que presentó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que la investigación tiene muchas deficiencias, además de refrendar la inviabilidad de la versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vaciadas en el río San Juan. También demandaron que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) vuelvan al caso.

Es necesaria una expresión pública del presidente, dice el Centro Prodh

Mario Patrón resumió que “en más de tres años y medio los familiares de las víctimas ya no confían en el gobierno federal”, por lo que es necesaria “una expresión pública del mandatario de su voluntad de acatar la sentencia. El informe de la CIDH es devastador, nos dice claramente que hay que sepultar la teoría del basurero y cumplir la sentencia”.
Remarcó que la sentencia “es inédita y da la oportunidad para crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. Estamos frente a un caso de graves violaciones a derechos humanos, habla de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, y justo es alrededor de las condiciones de autonomía e independencia que deberían tener los órganos de Estado en este tipo de casos, en donde son las propias instituciones públicas las que están cuestionadas en la comisión de los hechos”.
Añadió que la CIDH “instó al Estado mexicano a acatar la resolución del primer tribunal, que ordenó que se reabra la investigación”, y que “es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien respecto al ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia le corresponderá implementarla al próximo gobierno”.
Hasta ahora, dijo, dos de los candidatos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, “han hablado de mecanismos especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora, a la luz de la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”.

“La justicia, lenta pero segura”

Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, informó que están trabajando con los familiares las propuestas que se harán “para integrar la comisión que investigará nuevamente la desaparición de los normalistas”.
Indicó que cuando el tribunal notifique a las partes la sentencia, “el Ministerio Público tendrá 10 días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio a la orden de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.
“Lo que los magistrados piden, en el caso de los inculpados, es una investigación por las denuncias de tortura y una reposición de procedimiento acerca de un caso que fue construido sobre montajes, y una vez que ello ocurra se podrá dar lugar a la creación de la comisión en los siguientes 10 días”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz insistió en que se trata de una sentencia que debe ser acatada.
“Hoy no estamos ante una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o de la Organización de Naciones Unidas, hoy es una sentencia de un juez mexicano y tiene que acatarla”.
“Una vez más se confirma que nunca existió la ‘verdad histórica’ y que el resolutivo judicial confirma que la justicia es lenta pero llega”.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos informaron su decisión de rechazar los 500 mil pesos que la sentencia plantea como indemnización, y advirtieron que si los inculpados salen libres por tortura será responsabilidad de la PGR.
Asimismo propusieron una mesa para crear la comisión de la verdad.
María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que la sentencia les da “otro motivo para estar de pie, para sepultar la verdad histórica y que se abran nuevas líneas de investigación”.
En opinión de Blanca Nava, otra de las madres, la formación de una comisión “es una oportunidad para que regresen los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías del gobierno y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”.
Los padres de familia exhortaron a los candidatos presidenciales a comprometerse a cumplir la sentencia del tribunal, que ordena establecer una comisión de la verdad en caso de que no pueda lograrse en lo que resta del año.

 

Apoya la CIDH el fallo para crear una Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa

Apoya la CIDH fallo del tribunal que ordena una comisión de la verdad para Ayotzinapa

En el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, el organismo de la OEA afirma que al gobierno de Peña Nieto le falta interés para saber la verdad del paradero de los 43 desaparecidos. Plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en la búsqueda de los estudiantes y en la investigación, persecuciones y sentencias de los responsables. Pide determinar el grado de participación del Ejército, la Policía Federal, las municipales y estatales en los hechos. La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, calificó el relator Luis Vargas Silva

Apro, Agencia Reforma y EFE

Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó ayer que falta interés del gobierno de Enrique Peña Nieto en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
En el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
Instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso. “Es importante determinar el grado de participación de la Policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, dice el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento.
En especial, la CIDH se unió y saludó el fallo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que el lunes pasado ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa ydesmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la frase del procurador de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, auspiciado por la propia CIDH, que presentó sus conclusiones y recomendaciones en julio de 2016), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
El organismo autónomo de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de 31 páginas de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, en el que concluye que a pesar de avances en el análisis de telefonía, el uso de nueva tecnología y algunas detenciones, el paradero de los estudiantes es aún desconocido.
“La Comisión concluye que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación en lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, apunta el informe tras casi 2 años de evaluación.
El informe de la CIDH llega sólo unos días después que un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó la creación de un Comisión de la Verdad con participación de los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, dijo Vargas Silva.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abr?o, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes, indicó Abr?o.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el ex funcionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.

 

Apoya la CIDH fallo del tribunal que ordena una comisión de la verdad para Ayotzinapa

 

Los comisionados Paulo Abrao, Esmeralda Arosemena y Margarette May Macaulay en la presentación del informe sobre el caso Ayotzinapa, ayer en Washington Foto: Agencia Reforma

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó ayer que falta interés del gobierno de Enrique Peña Nieto en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
El informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
Instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso. “Es importante determinar el grado de participación de la Policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, dice el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, auspiciado por la propia CIDH, que presentó sus conclusiones y recomendaciones en julio de 2016), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
El organismo autónomo de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de 31 páginas de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, en el que concluye que a pesar de avances en el análisis de telefonía, el uso de nueva tecnología y algunas detenciones, el paradero de los estudiantes es aún desconocido.
“La Comisión concluye que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación en lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, apunta el informe tras casi 2 años de evaluación.
El informe de la CIDH llega sólo unos días después que un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó la creación de un Comisión de la Verdad con participación de los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
En especial, la CIDH se unió y saludo el fallo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, dijo Vargas Silva.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abr?o, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes, indicó Abr?o.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el ex funcionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.

 

Investigar al Ejército y los videos de Iguala, ordenó también el tribunal

Huicochea: espera el PRI que la Comisión de la Verdad permita resolver el caso Ayotzinapa

“Lo que nos interesa es que se haga justicia” en un problema de “controversia mundial”, dice. Los padres “merecen respuestas y sobre todo una investigación que lleve a buen término lo que ellos están exigiendo, que es ver a sus hijos”, subraya el candidato al Senado Manuel Añorve

Karina Contreras

El presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, aceptó la creación de la Comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa, pues dijo que “si hay eslabones que haya que conectar adelante; lo que queremos precisamente es que queden satisfechos, sobre todos los padres de los estudiantes, y si eso abona a que se resuelva esta controversia mundial”.
Al concluir un acto del PRI en Acapulco, a Huicochea Vázquez se le preguntó sobre la resolución de un tribunal federal que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. Respondió que es un tema en la esfera del tribunal y es la que está retomando toda esta parte y “yo creo que tendrá que resolverse en esas instancias”.
“De proceder y ser necesario lo que nos interesa es que se haga justicia, si hay eslabones que haya que conectar adelante, lo que queremos es que precisamente queden satisfechos, sobre todos los padres de los estudiantes”.
En breves declaraciones sobre el tema, el dirigente priista descartó que esa resolución empañe el proceso electoral.
Indicó que es un proceso, es una ruta, “yo creo que los culpables ya están en la cárcel, detenidos y que finalmente ojala lo que más esperamos es que estén con vida los 43 (normalistas) es por lo que decimos adelante, pero pudiera haber un buen indicio en ese tipo, (pero) fuera de ahí tiene que cursar la parte legal”.
Mientras que en el mismo tema, el candidato al Senador de la coalición PRI-PVEM, Manuel Añore Baños indicó que es bienvenido todo lo que abone para resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero particularmente todo lo que se dé para que los padres “tengan la tranquilidad y puedan volver a ver a sus hijos”.
Insistió que todo es bienvenido para resolver el grave problema que afecto al estado y a los padres de los jóvenes porque “merecen respuestas y sobre todo una investigación que lleve a buen término lo que ellos están exigiendo, que es ver a sus hijos”.

Si Badillo tiene pruebas que el PRI dio billetes falsos, que las presente

En otro tema a Heriberto Huicochea Vázquez se le preguntó sobre los señalamientos del candidato del Frente por Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, de que el PRI está comprando votos con billetes falsos,.
Dijo que no iba entrar en confrontaciones, pues quienes están haciendo ese tipo de señalamientos debe hacer sus denuncias concretas antes las autoridades correspondientes. “Nosotros estamos trabajando y preparados para la competencia porque sabemos que va ser fuerte y por eso nos ejercitamos”.
Indicó que quien acusa tiene que probar legalmente sus hechos y “vamos a dejarlo en esa esfera”, porque ellos se están preparando para la competencia, “estamos en la pista preparados, nosotros nos ejercitamos para está carrera y tenemos una “estructura poderosa en todos los niveles, estamos en todos los rincones del estado, en todas las secciones y “vamos a ganar la elección porque nosotros tomamos con seriedad y responsabilidad el proceso electoral 2018”.
Reconoció que no se llevarán carro completo, “eso no va ser posible ya en ninguna parte”.
Indicó Huicochea que están preparados para todo, pero que tampoco están provocando problemas para seguir con la gobernabilidad, que lo que quieren es que haya participación libre de los ciudadanos porque se trata de abonar y “no agitamos al mal tiempo para lo que va venir”.
Añadió que hacía un llamado al partido para que se actúe con seriedad y mesura, que cada quién haga lo que le corresponda, pero que ellos tienen estructura, buenos candidatos y “seguro vamos a alzarnos con el triunfo en la mayoría de nuestras candidaturas”.

La PGR puede incurrir en responsabilidad penal si no atiende la sentencia sobre Ayotzinapa: Vidulfo

Resuelve varios amparos promovidos por acusados de participar en la desaparición forzada de los 43 estudiantes, y establece lineamientos para el acceso a la justicia en todos los casos de desapariciones, considera el abogado de los padres de los 43

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) puede incurrir en responsabilidad penal y administrativa si no atiende la sentencia del Tercer Tribunal Unitario del Décimonoveno Circuito, que ordenó reponer el procedimiento de la investigación, y crear una Comisión para la Justicia y la Verdad para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, con la participación de las víctimas.
En consulta telefónica reconoció que la sentencia tomó por sorpresa a los padres de los 43 desaparecidos, “no la teníamos en el radar, no lo esperábamos en esta coyuntura ni en los alcances extremos que maneja”.
De acuerdo con la sentencia la Comisión para la Justicia y la Verdad deberá quedar conformada en un plazo no mayor a 10 días naturales a partir que la notificación a las partes, y deberá ser comunicado al Tercer Tribunal Unitario del Décimonoveno Circuito.
Rosales Sierra confirmó que la sentencia que resuelve varios amparos promovidos por acusados de participar en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es un precedente y establece lineamientos para el acceso a la justicia no sólo para las víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, sino en todos los casos de desapariciones y de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
Lamentó la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) al fallo del tribunal que rechazó y descalificó de la sentencia, cuando acusó a los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez de desconocer la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
Aclaró que igual que la presidencia de la República, la PGR desconoce todo lo que cuestiona las irregularidades en la investigación o las observaciones para corregir las deficiencias, que ha negado el acceso a la justicia a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Como ejemplo señaló los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el informe de la Oficina de la ONU en México para los Derechos Humanos sobre Ayotzinapa, de los relatores internacionales de derechos humanos, y ahora el fallo del tribunal colegiado de Tamaulipas.
Advirtió que si la PGR no atiende la sentencia vinculante a las dependencias de gobierno y a los poderes de la Unión, puede incurrir en responsabilidad penal y administrativa.
La sentencia incluye una exhortación al presidente Enrique Peña Nieto para que “gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que en el marco de sus respectivas atribuciones se sirvan prestar el apoyo y las demás necesidades que requiera la referida comisión”.
El abogado subrayó que el tribunal “hizo trizas” la tesis oficial de la PGR, de que los 43 normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y obliga a crear un camino donde el protagonista fundamental de la investigación sean las víctimas.
De acuerdo con la sentencia la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia debe de estar conformada por el Ministerio Público federal, las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y deja abierta la posibilidad de que se integren “otras organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, lo cual será decisión de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Destacó que el fallo servirá como referente para otros casos de graves violaciones a los derechos que se sostienen en actos de tortura y declaraciones de autoincriminación, y que avalan los jueces.
Insistió en que por esa razón no avanza la justicia en el país, porque el método de investigación que priva es el de detenciones ilegales, uso de tortura, maltratos, demora en puestas a disposición de personas detenidas, privilegia el testimonio directo y soslayar la investigación científica para llegar a la verdad.
“Deja un precedente para el acceso a la justicia de todas las víctimas en el país, pone el dedo en el renglón en irregularidades que privan en el Ministerio Público y la policía en el país y que nos tiene estancado, son cientos de víctimas que no pueden acceder a la justicia, porque hay métodos irregulares. Hoy en día es más fácil obtener una confesión que lleve a la teoría del caso, que una investigación científica y exhaustiva”.
Como ejemplo de lo fácil que es justificar una demora en la puesta a disposición señaló el caso de tres actores de la demanda de amparo que fueron puestos a disposición después de 11 horas y media de la detención, y los argumentos de los aprehensores (policías federales y soldados de la Marina) para explicar el retraso fue la “ponchadura” de una llanta, que a los vehículos oficiales se les empezó a calentar el motor y que había marchas en la Ciudad de México”.
Añade que en el parte informativo tampoco se narran situaciones de violencia que señalaron los declarantes, ni las lesiones que presentaron desde el primer dictamen médico que se les practicó apenas momentos posteriores a su puesta a disposición.
Se concluye “que los agentes aprehensores en lugar de poner inmediatamente a los detenidos a disposición del Ministerio Público, se trasladaron hacia un lugar a efectuar labores investigativas, sin que estuviera presente ni existiera instrucción del fiscal para ello”.
Rosales indicó que el tribunal colegiado puso el dedo en el renglón y pide un alto a esta situación, y opinó que los movimientos de derechos humanos “debemos acuerparnos y apoyar la resolución del tribunal colegiado para sentar precedente en el acceso a la justicia que incluye el derecho a la salud a las víctimas del delito, es esperanzador que el poder Judicial asuma un papel de contrapeso al poder Ejecutivo en México, se vislumbra una luz al final del túnel, de ponerse como protector de los derechos humanos”.

La Comisión de la Verdad podrá entrar a los cuarteles a buscar a los 43, dice la sentencia

La PGR no investigó las líneas que involucran a elementos del Ejército y de la Policía Federal, plantea. Es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria, señala

Agencia Reforma

Ciudad de México

La Comisión de la Verdad del caso Iguala tendrá vía libre para ingresar a los cuarteles militares con el propósito de indagar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según la sentencia judicial que ordenó la creación de dicho organismo.
De acuerdo con el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) no rastreó las líneas de investigación que involucraban a elementos del Ejército y la Policía Federal en los hechos del caso Iguala.
“Los miembros de ésta (Comisión de la Verdad) tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”, dice el fallo.
Entrevistar a militares del 27 Batallón de Infantería para recabar testimonios sobre la desaparición de los normalistas fue una de las principales peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, el cual colaboró en la investigación. No obstante, acusó trabas del gobierno federal.
En la resolución sobre cuatro amparos de presuntos miembros de Guerreros Unidos, el tribunal establece que la omisión de las pesquisas sobre el personal castrense, es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria.
“Como se vio en autos, no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México.
“Lo que deja en claro que la investigación tampoco ha resultado independiente ni imparcial”, establece la sentencia de los Magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
Según el fallo del colegiado, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron secuestrados los normalistas de Ayotzinapa, existió presencia de corporaciones policiales de los tres órdenes del gobierno y del Ejército.
Sin embargo, agrega, la Procuraduría omitió durante meses interrogar a los militares del Batallón adscrito a dicho municipio guerrerense.
“Si desde que se recabaron los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, así como a partir de los reportes del C-4, se tuvo conocimiento de la participación del Ejército en las calles de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014; entonces, la lógica de cualquier investigador, conllevaría que las declaraciones de los elementos del Vigésimo Séptimo Batallón, tendrían que haberse recabado desde los primeros momentos, y no dos meses después, como aparece que sucedió”, cuestiona.

Ordenan investigar y sancionar a responsables de la destrucción de videos de la noche de Iguala

Las grabaciones hechas por las cámaras del Palacio de Justicia fueron enviadas a la Presidencia del Tribunal, donde se presume que las destruyeron

La justicia federal ordenó investigar y sancionar a los responsables de la supuesta destrucción de los videos del Palacio de Justicia en Iguala, grabados la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según el fallo del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, al mismo tiempo que será creada una Comisión de la Verdad por el Caso Iguala, las autoridades deben investigar a quienes hicieron desaparecer estas evidencias.
“Deberá investigarse y sancionarse a todos y cada uno de los responsables de la destrucción de uno o más videos capturados por las cámaras del Palacio de Justicia”, dice la sentencia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció desde 2015 que se tuvo conocimiento de la existencia de al menos un video grabado por una de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Las grabaciones luego fueron enviadas a la presidencia del Tribunal pero es allí donde se supone que fueron destruidos.
Investigaciones que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que la noche en que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron plagiados por sicarios de Guerreros Unidos, funcionaban al menos 4 de las 25 cámaras del mencionado Palacio de Justicia.
El Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando (C4) de Iguala, que aquella noche estuvo a cargo de un funcionario municipal y un militar, tenía acceso a las imágenes de esas cámaras.
“Particular preocupación genera la circunstancia destacada en el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI, tocante a la existencia de un video capturado por las cámaras del Palacio de Justicia, el cual habría sido remitido al Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, y finalmente, fue destruido”.
“Tal situación desde luego que resulta alarmante, tomando en cuenta que se trata de un caso de graves violaciones de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada de personas, por lo que la evidencia fílmica existente, con independencia de su calidad o contenido, tenía que haberse resguardado y entregado oportunamente a la autoridad ministerial”, señala el tribunal.

Retención ilegal

El Tribunal también ordenó investigar a funcionarios federales por la presunta retención ilegal de Miguel Ángel Landa Bahena, uno de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos acusado de la desaparición de los 43 normalistas.
De acuerdo con el fallo judicial, la Policía Federal detuvo el 10 de abril de 2015 a Landa en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y rindió una declaración ministerial, sin embargo, en las actas del proceso se hizo constar que lo aprehendieron al día siguiente.
De hecho, el colegiado refiere que en esos días la PGR llevó a cabo dos diligencias con el supuesto sicario, pues no sólo lo sometió a interrogatorio sino que también participó en la reconstrucción de la “ruta de desaparición” de algunos estudiantes. (Abel Barajas / Agencia Reforma).

Analiza la CNDH los argumentos del tribunal para crear una comisión de la verdad, informa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que desconoce los argumentos con los que un tribunal federal ordenó crear una Comisión de la Verdad para el caso Iguala, y analiza la sentencia.
“Al no haber sido parte en los juicios de amparo señalados, ni en el recurso promovido, la CNDH manifiesta no estar al tanto de los términos en los que fueron planteados dichos juicios de amparo”, expuso el organismo.
“Por tanto, para estar en aptitud de emitir su opinión sobre el pronunciamiento judicial, ha procedido a conocer los elementos de convicción valorados y los argumentos esgrimidos por los magistrados para llegar a dicha determinación”.
Ayer el Poder Judicial hizo pública una sentencia histórica del Primer Tribunal Colegiado con sede Reynosa, Tamaulipas, en la que ordenó rehacer la investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, porque la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue objetiva.
En la Comisión de la Verdad que instruyó crear, el Tribunal otorga a la CNDH y a los representantes de las víctimas la facultad de decidir las líneas de investigación a seguir.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará realizando las labores de investigación que, de manera comprometida, sostenida y profesional, ha desarrollado para la determinación de violaciones graves a derechos humanos, mismas que le permitirán emitir la Recomendación correspondiente y que en derecho proceda”, expuso la CNDH en un comunicado.
“Este Organismo Nacional refrenda su compromiso con el Estado de Derecho y señala que, en el marco de su competencia y atribuciones establecidas en el artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sobre todo en el pleno ejercicio de su autonomía constitucional, actuará con estricto apego a la Ley”.(Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

 

Exigen justicia para Antonio Vivar y la presentación de los 43 en la UPN en Tlapa

La Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral (LDCI) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con sede en Tlapa, organizó el panel Víctimas de la violencia donde participaron familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y del activista asesinado por policías federales el 7 de junio de 2015, Antonio Vivar Díaz para exigir justicia en ambos casos.
En la actividad para recordar que hace tres años fue asesinado Vivar Díaz estuvieron Calixta Valerio y Jorge, madre y hermano de Mauricio Ortega Valerio, normalista de Ayotzinapa desaparecido el 26 de septiembre de 2014, quienes dijeron que esperan justicia porque su familiar se fue con la ilusión de aprender para ser maestro, y ahora está desaparecido lo que les causa dolor.
Pidieron que los sigan apoyando en la exigencia de justicia y presentación con vida de su hijo me’phaa de la comunidad Montealegre, Malinaltepec, que egresaría este año.
Avertano Vivar Díaz hermano de Antonio comentó que al recordarlo le asalta la rabia y el dolor por la falta de justicia y ante la impunidad del caso, y que se han mantenido al margen de las acciones para recordarlo por el temor de ser agredidos.
Mencionó que las historias de Antonio y Mauricio se enlazaron cuando el primero se involucró en la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes, que llevó al intento de boicot electoral ante la falta de respuestas del Estado de presentarlos con vida, y en Tlapa derivó en el desalojo del Ayuntamiento por un grupo de choque, la represión a los profesores, la detención de civiles el día de la jornada electoral y el asesinato de su hermano a manos de policías federales.
Dijo que se metió a la lucha en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) porque la consideró justa al exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que le da el seguimiento al caso de su hermano en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera dijo que esas familias han colocado en el país un tema importante, el de los desaparecidos en México, y puesto en descredito a las autoridades federales en el plano internacional que se coluden con el crimen para blanquear el dinero y seguir en el poder. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

Estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el MP federal, y las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Por la resolución de un amparo se deberá reponer el proceso a cuatro presos presuntos miembros de Guerreros Unidos

Agencia Reforma

Ciudad de México

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

Etiquetas: México, Guerrero, Iguala, Ayotzinapa, Cocula, 43, desaparecidos, Normal Rural de Ayotzinapa, Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Comisión de la Verdad

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

 

El 8 de octubre de 2014, un presunto integrante de Guerreros Unidos detenido por la PGR, Agustín García Reyes, El Chereje, fue llevado a la colonia San Juan y al basurero de Cocula Foto: Lenin Ocampo Torres

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.