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La PGR y PF se confundieron y está preso un inocente por la desaparición de los 43: CNDH

La Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) se confundieron al detener y procesar a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Desde el 17 de marzo Grupo Reforma publicó que Sandoval Rodríguez alegó en su declaración preparatoria que lo confundieron con Édgar Albarán Sandoval, a quien apodan de la misma manera.
La CNDH confirmó que en los testimonios que existen en el expediente oficial sólo hacen referencia a los apodos de La Rana o El Güereque y ninguno da un nombre o apellido específico, mucho menos se refieren a Erick Uriel Sandoval Rodríguez.
“Este nombre aparece por primera vez en el expediente, de la nada, en el primer pliego de consignación”, advierte la CNDH.
“En ninguna actuación consta cómo se determinó el nombre de la persona a la que los perpetradores identificaron como La Rana o El Güereque”.
Según el expediente, Patrio Reyes Landa, El Pato, declaró que por órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo y Gildardo López Astudillo, El Gil, La Rana intervino en la ejecución de los estudiantes y hasta él mismo levantó sus cenizas.
Mientras que Jonathan Orozco Cortés, El Jona describió que La Rana tiene un tatuaje de una flama y una rana en la parte izquierda de la espalda, y Salvador Reza Jacobo, Lucas, lo describió como un hombre gordo de 1.70 metros de altura.
“Las características personales y señas particulares referidas por los acusados para identificar a El Güereque no corresponden con las de Erick Uriel Sandoval Rodríguez”, expuso la CNDH.
“Ante la duda del juez de que el detenido pudiera haberse borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen médico pericial al detenido y determinó que no existe indicio alguno que indique que la persona haya modificado o eliminado algún tatuaje en su cuerpo”, agrega.
La detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez fue informada el 12 de marzo en una conferencia conjunta entre la PF y la PGR, en la que lo vincularon con los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Hace CNDH labor de PGR

La CNDH aseguró que tiene información de que el verdadero nombre del implicado en la desaparición de los normalistas es Édgar.
El dato es coincidente con lo que Sandoval Rodríguez declaró el 15 de marzo al referir que la persona a la que buscaban las autoridades es Édgar Albarrán Sandoval y vive al lado del Centro de Salud en Cocula.
Para llegar a esa conclusión la CNDH realizó 13 entrevistas en las que todos los testigos identificaron fotográficamente a Édgar a quien señalaron como parte de Guerreros Unidos.
“La CNDH logró ubicar a una persona cercana a Édgar, quien constató dos cuestiones: una, que Édgar tiene el referido tatuaje de una figura de rana, dos, que Édgar era parte del grupo de amigos de los ahora coacusados y desvinculó de ellos al profesor Erick Uriel”, indicó el organismo.
También contactó a quien hizo el tatuaje a Édgar y reprodujo en una hoja la figura de rana que tatuó en la espalda a El Güereque.
“De la misma forma la CNDH realizó una diligencia de inspección en la que ubicó y fijó fotográficamente la casa en la que habitó Édgar al día en que ocurrió la desaparición de los estudiantes”, agregó.
Desde el 23 de mayo la CNDH entregó a la PGR una carpeta confidencial con copias certificadas de todas las evidencias que obtuvo, por lo que lamentó que la instancia ministerial haya dado respuesta 15 días después y se haya negado a aceptarlas.
“Agentes de la autoridad se negaron a emitir las medidas precautorias solicitadas, aduciendo irracionalmente que dichas medidas debían ser planteadas ante el juez que sigue el caso del ilegalmente detenido Erick Uriel Sandoval Rodríguez”, señala. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

 

El fallo sobre Ayotzinapa sí respeta al MP y no es anticonstitucional, afirma Vidulfo

Hay quienes enfrentan investigaciones por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y “se escandalizan” por el fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena la formación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, escribió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra en su cuenta de Facebook.
El representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos publicó tres estados acerca del fallo, en el que señala que no es aceptado pero no precisa por quién o quiénes.
El fallo judicial desde que se hizo público (el 4 de junnio) fue recibido con resistencia, el mismo día la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
Ayer en un primer mensaje Rosales Sierra señaló que los que se oponen a la comisión, “dicen que no respeta la garantía de presunción de inocencia, la autonomía y facultades del Ministerio Público (MP) y hasta dicen que a un servidor se le investigue por prevaricato”, que es un delito que comete una autoridad, juez o servidor público al dictar una solución arbitraria sobre un caso a pesar de que la misma es injusta o contraria a la ley.
Después dijo que: “la resolución es inédita y garantista. Respeta las facultades del MP por eso forma parte de la investigación. Pone en el centro a las víctimas por eso les da un papel protagónico en las investigaciones. La lucha de las víctimas ha sido histórica para conquistar un papel relevante en el proceso penal. Entonces no es inconstitucional que proponga líneas de investigación y aporte pruebas”.
Aseguró que “el Tribunal ordena realizar dictámenes independientes para verificar tortura, lo cual es correcto, pues no es objetivo que la Procuraduría General de la República (PGR) se investigue a sí misma”.
Por último publicó: “Si queremos sentar las bases de un estado democrático tenemos que empezar por exigir el cumplimiento del fallo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito. Es la única garantía de acceso a la justicia para los Padres de los 43 y todas las víctimas de este País, México”.
La inconformidad pública de Rosales Sierra ocurre 11 días después de que se dio a conocer el fallo del tribunal, sin embargo, el mismo abogado informó que a la fecha los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente al respecto, por lo que para ellos el plazo de los 10 días para formar la comisión todavía no inicia.
Según el fallo la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Sin embargo, aunque no se ha dicho si las instancias correspondientes ya fueron notificadas de manera oficial, la CNDH y la PGR dijeron en días pasados que analizan los términos del fallo.

 

 

No notifican a los padres de los 43 el fallo que ordena una Comisión de la Verdad, dice Vidulfo

A 10 días de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenara la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente del fallo.
El 5 de junio los magistrados emitieron el fallo en el que especifican que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Dicha comisión debía formarse diez días después de que las partes involucradas fuesen notificadas.
Consultado vía telefónica sobre la formación de la comisión y el seguimiento jurídico del fallo, Rosales Sierra declaró que los representantes legales de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos no han sido notificados de manera oficial.
“Seguimos teniendo reuniones para poder seguir estructurando esta comisión, sin embargo a la fecha (ayer) no hemos sido notificados todavía de tal manera que el plazo no ha empezado a correr para nosotros, tendrían que notificarnos pero no ha ocurrido”, explicó.
Dijo que desconoce si la PGR ya fue oficialmente notificada mientras que los padres y madres de familia con los abogados que los representan siguen con el análisis del fallo, así como de los posibles integrantes de la Comisión de la Verdad de quienes prefirió no entrar en detalles pues “sería muy incipiente, muy aventurado”.
Por último señaló que seguirán a la espera de que se les notifique de manera oficial así como a la respuesta de las autoridades para saber, “si van a cumplir o no van a cumplir” lo establecido en el fallo que faculta a la Comisión de la Verdad para tener acceso libre e inmediato “a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Notifican de tres amparos más a favor de detenidos acusados de la desaparición de los 43

Un tribunal federal de Reynosa, Tamaulipas, notificó ayer oficialmente tres sentencias de amparo en favor de acusados de secuestrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que se suman a la difundida el 4 de junio y ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nuevo el caso.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito oficializó los amparos 204 al 206/2017 en favor de Salvador Reza Jacobo, El Wereke, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas, al parecer, bajo tortura.
El amparo previo, el 203/2017 fue a favor de Miguel Angel Bahena Landa, El Chequel, y la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que esperaba la notificación de las demás sentencias para decidir cómo impugnarlas.
El amparo 204/2017 en favor de El Wereke también incluye a otros cuatro quejosos, cuyos nombres fueron tachados por el tribunal colegiado en la versión pública de la sentencia, pese a que las identidades de todos los acusados son conocidas desde hace años.
Igual que este caso, el tribunal colegiado revisó amparos contra autos de formal prisión dictados por delincuencia organizada y otros delitos en la causa penal 123/2014, y ordenó reponer los procesos desde el inicio con la condición de que la PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul, para probar que los acusados no fueron torturados.
De no presentarse este dictamen en 10 días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura, lo que implicaría la libertad de los acusados.
Además, en una larga sección de la sentencia que no tiene precedentes en la justicia mexicana, el tribunal desconoció la investigación de la PGR y ordenó crear una Comisión en la que representantes de las víctimas y la CNDH tendrían el mando.
Esta parte de la sentencia es la que PGR podría intentar impugnar por invasión a la esfera de atribuciones que le otorga el artículo 102 de la Constitución, pues en lo que se refiere a la protección en favor de los acusados, los fallos de los tribunales colegiados en amparos en revisión son inatacables.
Supervisar la ejecución de los amparos corresponde al Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, a cargo del magistrado Sabás Pérez García.
Hasta ahora Pérez no ha requerido al juez de Distrito que lleva los procesos en Matamoros, David Calderón, ni a las demás autoridades señaladas por el tribunal colegiado para que acaten la sentencia.
El proceso de cumplimiento del amparo en la parte que corresponde a la Comisión de la Verdad podría tomar años, y tendrá la dificultad logística de que los desacuerdos entre sus integrantes tendrían que ser arreglados ante el tribunal unitario en Reynosa.
Reforma publicó el martes que Calderón absolvió a otros cuatro involucrados en el caso Ayotzinapa, tres de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, pero sólo uno salió de prisión.

 

No debe ser liberado ni un detenido hasta que se esclarezca el caso Ayotzinapa, dice Melitón Ortega

El vocero de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega dijo que mientras no se resuelva el caso ninguno de los detenidos debería de ser liberado.
El juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, David Calderón Blanc dictó la libertad bajo reservas de ley a Marco Antonio Ríos Berber, El Cuasi, Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, y Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, así como a Honorio Antúnez Osorio, El Patachín, ex policía municipal de Iguala, al concluir que no existen elementos probatorios para sostener un juicio en su contra.
Los cuatro fueron acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, El Tongo podrá salir en libertad y los otros tres seguirán en el penal de El Rincón en Nayarit, porque también están acusados de otros delitos.
Vía telefónica, informó que los padres y madres se enteraron de la liberación por los medios de comunicación pero no se han reunido para discutir el tema y emitir una postura, pero consideran que quienes están en prisión es porque tienen una responsabilidad que aclarar. “Tenemos esa convicción de que queremos verdad, justicia, que las cosas se esclarezcan, no es nuestra intención tener gente adentro de la prisión, pero mientras no haya esclarecimiento no puede estar alguien fuera sin haber aclarado la desaparición de los 43”, expresó, y reiteró que aún no hay una postura definitiva, pero se reunirán los próximos días para discutir el tema. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Sentencian al fundador de Guerreros Unidos a 29 años de prisión y a 21 a su contador

El juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México sentenció al fundador de Guerreros Unidos, Cleotilde Toribio Rentería, El Tilde, a 29 años de prisión y a su contador a 21, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
La sentencia contra el ex líder del grupo criminal relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, fue porque se le acreditaron los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos, así como contra la salud.
El ex líder en 2010 fue identificado como integrante del Cártel Independiente de Acapulco del que se separó para fundar Guerreros Unidos, y fue detenido luego de un enfrentamiento en la zona de Santa Fe en la Ciudad de México, el 9 de julio de 2012 y desde entonces recluido en una cárcel federal. Durante su detención le decomisaron armas de fuego y un millón 38 mil pesos.
Toribio Rentería es mencionado en el expediente de la PGR por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por Sidronio Casarrubias Salgado (detenido), quien señaló a El Tilde como fundador de Guerrero Unidos.
En un comunicado la PGR informó que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, le impuso a El Tilde, 29 años de prisión, mientras que su contador Mario Saúl Farfán Ruiz, El Guachito, recibió la pena de 21 años, además fueron sancionados con una multa de 62 mil 330 pesos cada uno. (Redacción / Chilpancingo).

 

Acuden normalistas de Ayotzinapa a la Fiscalía para hacer los trámites de su próxima clausura

Estudiantes de cuarto año de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al edificio Juan N. Álvarez, en la capital, para realizar los trámites pertinentes debido a su próxima clausura.
Los normalistas se preparan para concluir con su formación académica, a la par que siguen comprometidos con la lucha por la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos, quienes estarían en el mismo proceso si no hubieran ocurrido los ataques de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
De los 140 estudiantes con los que inició la generación 2014-2018 de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, unos 80 son los que están al día con los trámites correspondientes para poder obtener sus certificados de estudios al final del ciclo escolar.
La FGE condonó la carta de no antecedentes penales para los normalistas, quienes acudieron en grupo a las instalaciones ubicadas en la capital para concretar la entrega, según se informó, mientras que en el edificio Juan N. Álvarez, que alberga la Secretaría de Finanzas y Administración, el Registro Civil y otras dependencias, los jóvenes acudieron a pagar constancias. .

 

Pide la ONU-DH “redirigir de manera profunda” la investigación de Ayotzinapa

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab

Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

 

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).