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Tiene que responder el PRI por el gasolinazo y el caso Ayotzinapa, dice Beatriz Mojica

En el cierre de campaña de los candidatos de la coalición PRD-PAN y MC, que se llevó a cabo ayer por la tarde en la explanada de las Tres Garantías, la abanderada al Senado de la República, Beatriz Mojica Morga, funcionaria del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien no asistió, señaló que el PRI tiene que responder por el caso Ayotzinapa y por el gasolinazo.
Los discursos también se enfocaron en atacar al gobierno priista actual, que encabeza Herón Delgado Castañeda, y al candidato de Morena, Antonio Jaimes Herrera, que fue criticado por Oscar Díaz de haber sido candidato por el PVEM en las elecciones de 2012 y apoyar a Peña Nieto.
En su discurso ante unos cuatro mil seguidores y simpatizantes que participaron en una marcha y después en un mitin, la también ex secretaria general del comité nacional del PRD, Mojica Morga, indicó que es el momento de rescatar la presidencia municipal “porque hoy en Iguala tenemos puras vergüenzas, hoy en Iguala tenemos un presidente golondrino que no lo encontramos por ninguna parte”.
“Queremos que nunca más vuelva a suceder un Ayotzinapa, que no se estigmatice a Iguala y por eso tenemos que luchar por un nuevo modelo de seguridad”, sostuvo.
Dijo que a quienes los están denostando en las redes sociales y quienes están haciendo guerra sucia con mensajes vinculándolos con los hechos de Ayotzinapa, “los que estamos aquí nada tuvimos que ver, tenemos las manos limpias. Allá que le pregunten al PRI porqué no ha esclarecido el caso de Iguala, el PRI tiene que responder por este caso y por el gasolinazo. Desde aquí les decimos que no vamos a dar ni un paso atrás, tienen miedo por eso nos hacen guerra sucia”.
En un breve mensaje que dio la candidata suplente al Senado, la aguirrista Silvia Romero Suárez, convocó a los militantes a que tengan cuidado durante estos cinco días que faltan para la elección, para que no vendan su voto ni su credencial de elector porque, advirtióm se ofrecen 500 pesos por ellos.
Por su parte, el candidato a diputado local del distrito 22, el ex alcalde Lázaro Mazón, señalado de haber sido en 2012 el padrino político de José Luis Abarca Velázquez, cuando también competía Oscar Díaz por la candidatura a la presidencia, dijo que de manera urgente se debe revisar el esquema legislativo del estado.
Criticó además la carencia de medicamentos en los centros de salud y hospitales, y ofreció gestionar un mayor presupuesto para el sector salud y que haya medicamentos, y trabajar en la construcción y apoyo en la clínica de hemodiálisis en Iguala.
“Mi legislación será con honestidad y puedo ver la cara de frente a todos, puedo ver de frente a todos ustedes, a mí no me avergüenza absolutamente nada de mi paso por la presidencia municipal ni por el Senado, de ningún cargo por el que he estado a mí no me avergüenza absolutamente nada”, reiteró.
En su oportunidad, al ser el último en cerrar la ronda de participaciones, el candidato a la presidencia del PRD-PAN y MC, Oscar Díaz Bello, se lanzó en contra del actual gobierno priista que encabeza el alcalde Herón Delgado Castañeda. “Veo un pueblo molesto demandando justicia y respeto, porque los últimos presidentes, propietario y suplente (Esteban Albarrán y Herón Delgado), nos sometieron a un drama, el Inegi dice que en Iguala hay 160 mil habitantes y el Ayuntamiento que hay 60 policías sin armas, por lo que en teoría cada uno responde por más de dos mil 500 ciudadanos, pero en la realidad, sin armas por nadie”.
Ante esto propuso aumentar el número de policías municipales, certificarlos, armarlos y aumentar el número de patrullas, así como apoyar a las escuelas que resultaron dañadas con los sismos y ofrecer becas a los estudiantes.
También ofreció mejora de los servicios públicos, reparar las calles de la ciudad y los principales accesos, y reducir los salarios de los miembros del Cabildo y funcionarios de primer nivel.
También estuvieron la candidata a diputada federal Yesenia Galarza Castro; la candidata suplente al Senado, Silvia Romero, y el candidato a diputado local del distrito 23, Carlos de Jesús Alejandro.

 

 

Acepta el Tribunal aclarar fallo sobre la comisión de la verdad para Ayotzinapa, pero se mantiene

El Tribunal Colegiado que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa aceptó aclarar los alcances de su resolución, ante las dudas expresadas por la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión para su cumplimiento.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, aceptaron revisar su propia resolución en su sesión del próximo jueves, pero anticiparon que el sentido del fallo se mantiene.
En un acuerdo dado a conocer este martes 26, el magistrado Mauricio Fernández de la Mora, integrante del Colegiado, se hizo cargo de las peticiones de la Presidencia de la República y de la Cámara de Diputados.
El 1 de junio pasado, el Colegiado amparó a cuatro detenidos que alegaron tortura a manos de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando fueron capturados por su presunta responsabilidad en la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
El tribunal federal aceptó emitir una nueva resolución para aclarar las cuatro sentencias que dictó al respecto.
El magistrado Fernández de la Mora, autor de los proyectos de sentencia aprobados este mes, hizo suya una solicitud del consejero jurídico del Ejecutivo federal, Misha Granados, y del presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo.
En dichos amparos, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, desconoció toda la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas y ordenó crear una comisión investigadora en la que tendrían el mando la CNDH y los representantes de las víctimas, con el Ministerio Público como auxiliar.
“Considero pertinente hacer mía la solicitud de aclaración planteada en representación del Presidente de la República, así como de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, a fin de que el Pleno de este Tribunal Colegiado, esté en aptitud de abordar dichos planteamientos en la próxima siguiente sesión ordinaria”, acordó el Magistrado Fernández.
Agregó que se tratará de una “aclaración oficiosa” de la sentencia que ha creado confusión y provocó la crítica de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, que el viernes pasado la calificó de inconstitucional y excesiva.
El Tribunal Colegiado tendrá su próxima sesión este jueves. Además de Fernández, lo integran los magistrados Héctor Gálvez y Juan Antonio Trejo, que también aprobaron los amparos.
Granados y Romo pidieron la aclaración, porque el Tribunal Colegiado “sugirió” al Ejecutivo indemnizar con 500 mil pesos a la familia de cada uno de los desaparecidos, pidió la colaboración de todo el gabinete para “la nueva etapa de investigación”, y también “solicitó” a la Cámara de Diputados que otorgue presupuesto a la Comisión de la Verdad y la Justicia.
La aclaración de sentencia es independiente del recurso que presentó la PGR la semana pasada ante el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Sabino Pérez García, sobre la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al amparo que ordena crear la Comisión de la Verdad en un plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación.
El incidente de imposibilidad puede tomar varias semanas para ser resuelto, y la PGR no estará en desacato; en tanto que la sentencia de Pérez García sobre si es o no posible cumplir los amparos, podría ser revisada por la Suprema Corte de Justicia.

 

 

Protestan padres de los 43 en la SCJN; exigen se acate el fallo para la comisión de la verdad

Los padres y madres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, marcharon del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un costado del Zócalo, en donde exigieron que el gobierno federal acate la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Tamaulipas, que ordenó una nueva investigación del caso y la creación de una Comisión de la Verdad.
Frente a la Corte pidieron a los ministros que “no les den la espalda”, pues debido a impugnaciones presentadas por autoridades federales contra la sentencia del colegiado que señaló irregularidades en las investigaciones, el caso podría ser analizado por el máximo tribunal.
Como parte de la 45 Acción Global por Ayotzinapa y México a 45 meses de los ataques en Iguala que resultaron en la desaparición de los 43 normalistas, de nueva cuenta los padres y madres exigieron la presentación con vida de sus hijos.
En la Suprema Corte exhortaron a las autoridades a ejecutar la decisión del Tribunal Colegiado de crear una comisión de la verdad en la que participarían la Procuraduría General de la República (PGR) y los familiares, asesorados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Unos 200 manifestantes desfilaron sobre Paseo de la Reforma este martes que se conmemoró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, y los familiares recordaron que sus hijos fueron desaparecidos en circunstancia que aún no han sido aclaradas.
La intensa lluvia no impidió que padres, madres y acompañantes celebraran un mitin frente a la Suprema Corte, en donde solicitaron que se abra una investigación exhaustiva contra soldados del Ejército del 27 Batallón de Infantería, el análisis de la localización y contenido de los teléfonos celulares de los estudiantes y que en esa averiguación se tome en cuenta el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión.
Las madres y padres dijeron que confiaban en que los ministros no se dejarán “presionar ante las pretensiones de un gobierno corrupto” que “ha mentido por tres años y nueve meses”.
A unos días de las elecciones del próximo domingo, los familiares de los normalistas desaparecidos –que se graduarían como profesores en estos días– presentaron un pronunciamiento en el que se demanda a la próxima administración “impulsar y cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, para impulsar la Comisión de la Verdad y reponer las indagatorias por el caso a fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes”.
Destacaron la decisión de los tres magistrados de Tamaulipas, pues “se atrevieron a señalar las deficiencias e irregularidades de la investigación de la PGR. Los magistrados tuvieron el valor de señalar esos errores y ordenarle resarcir esa falta de justicia”.
“Tanto el gobierno federal como los miembros del Congreso interpusieron recursos contra el fallo. Pero la Corte analizará y debe mantener su imparcialidad e independencia y reconocer la legalidad de este fallo”, exponen.
Las madres dijeron que la CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentaron “en diversos informes y estudios las irregularidades en las indagatorias de la PGR”, y que “varios de los detenidos fueron torturados para construir la falsa versión llamada verdad histórica”. (Guillermo Rivera / Ciudad de México / El Sur).

 

Este año sale la generación de Ayotzinapa a la que pertenecían los 43, y todavía no se sabe la verdad

 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, junio de 2018.- Ponme Coyuco. Nomás. Así es como me conocen. La mayor parte de mi vida la he vivido en Coyuca de Benítez. Tengo 25 años. Soy de la academia de cuarto grado, grupo B. Este es mi “cubi”, mi dormitorio.
Mi primo, Daniel Solís Gallardo, El Chino, estaba en la Sección D. Lo vi caer aquella noche mientras corríamos para escaparnos. Él estaba varios metros más lejos de la camioneta de donde nos dispararon. Una de las balas dio en la defensa y me dio en la rodilla. No me explico cómo yo sobreviví y él no.
Cuando regresé de Iguala, el 27 de septiembre de 2014, después de los ataques en los que murió mi primo El Chino y dos más, y donde desaparecieron a nuestros compañeros, nos subieron a la sala de juntas. Solamente quedábamos unos 15. Otros más eran del comité de Ayotzinapa y una compañera de la normal de Atequiza. Estaban dándonos ánimos, apoyo, para que los sobrevivientes no nos fuéramos. La única consigna que yo tenía en la mente era decirles que estábamos presentes, que eran nuestros camaradas a los que habían desaparecido y que no pensábamos abandonarlos. Aunque con algunos hayamos salido mal, hemos vivido muchas cosas juntos. Si nosotros estuviéramos en su lugar, si nosotros estuviéramos desaparecidos, ellos estarían haciendo lo mismo. Buscándonos. Si en algún lugar estaban encarcelados, nuestra misión era encontrarlos y traerlos de vuelta.
Después de esa noche, la mayoría de los que quedamos nos fuimos a ver a nuestras familias para decirles que estábamos bien. Mi mamá es intendente en una secundaria. No sabía cómo había estado todo. No le quise dar detalles. No hablé con nadie. Solamente pensaba en todo lo que nos había sucedido, reviviendo cada momento de esa noche. Pensaba en nuestros compañeros desaparecidos.
En mi casa no estuvieron de acuerdo con que regresara a Ayotzinapa. Decían que estaba muy peligroso. Que si ya me había escapado de una, no querían que fuera a pasar una segunda. Yo había ingresado sin apoyo de mi familia a la normal. Lo que les respondí fue que entré solo y que solamente yo decidía lo que iba a hacer.
Trabajaba en una huerta de mi abuelo y de ahí me iba manteniendo. Pero se vino la inundación de los huracanes Manuel e Ingrid y ya no tuve cómo subsistir. Como la mayoría de los que estamos aquí, Ayotzinapa fue la única oportunidad de seguir estudiando.
Lo que muchos de las nuevas academias no llegaron a entender, a diferencia de nosotros, es lo que significa la unidad. Por eso nos atrevemos a decir: los que quedamos somos la última generación que en verdad tuvo la semana de prueba.
La hermandad. Es la primera de las diferencias que nos distinguen de las otras escuelas. No sufrieron como nosotros tuvimos que sufrir.
Lo político. El eje político es la segunda diferencia que tenemos como generación. Otros compañeros de otras academias en la normal ya no tienen la formación como debe de ser. Pero eso fue lo que nos sirvió. Inclusive a nosotros nos faltó formación. Apenas teníamos escasos dos meses en la normal cuando ocurrió lo del 26.
Estuve cuatro días en mi casa. No me sentía cómodo. A duras penas salía a la tienda por tortillas. No escuchaba música. No hablaba con nadie. Estaba encerrado en mi mundo, esperando a que me llamara mi otro primo de la normal para que me diera la señal para volver. En algunas ocasiones prendía la televisión. En esa época estaba fuerte el tema. En todos los noticieros estaba apareciendo. Tenía que volver por mis compañeros.
El miedo, el trauma que sentí en ese entonces, estaba canijo… Estaba pesado. Aun así seguía pensando en los compañeros desaparecidos. Chicharrón, Diablo, Espinoza, Abel García y Christian Tomás, al que le decíamos Reloj porque no nos dejaban usar reloj durante la semana de prueba, pero él era el único que tenía un Casio de plástico con lucecita. “Eh, Reloj, ¿qué hora es?”. Los conocíamos por apodos solamente. Ocho desaparecidos de mi sección.
Aquí ya nadie da la hora. Mi cubi se quedó vacío.

La insignia de los 43

Los pocos que quedamos desde ese entonces, como 35 de la matrícula inicial de 140, somos fieles a la ideología de Ayotzinapa. La mejor respuesta está en las escuelas donde hicimos nuestras prácticas profesionales. Me tocó en la primaria número uno de todo Tixtla. Siempre ha tenido los mejores resultados, los mejores promedios.
Un par de madres de familia estaban a la defensiva porque sabían que yo venía de aquí. Se negaban a dejar ir a sus hijos de excursión porque decían que íbamos a llevarlos en autobuses robados, secuestrados. Se negaron a que usáramos el número 43 –como siempre hacemos por respeto a nuestros compañeros– para que no los fueran a confundir con nosotros y que los golpearan o les quisieran hacer algo. “No queremos que tenga que ver nada con Ayotzinapa”, dijeron y me pidieron que quitara el 43 del autobús.
Eso fue lo que más me ha dolido. Borré la insignia y me tuve que tragar todo mi coraje. Me sentí de la chingada.
Después de los casi nueve meses de prácticas por fin se quitaron esa idea sobre Ayotzinapa. Con decirte que el último día no podía cargar con tantos regalos que me dieron los niños y los padres de familia.
Algunos han llegado a creer que tenemos las plazas seguras después de todo lo que pasamos. No nos están regalando nada. Como cualquier aspirante de cualquier lugar del país, tenemos que pasar el examen. Estamos entre la espada y la pared. Todos queremos trabajar, por eso vinimos a esta escuela. Pero, por otra parte, estamos intimidados porque nos tachen de vendidos.

No sé cómo corrí

Nos habían disparado a matar. A ver a qué hora nos toca a nosotros, pensé. Para que nos maten también. Alrededor de la media noche quedamos entre 50 o 60 compañeros. Solamente vi cuanto la policía estaba bajando del autobús a los compañeros que luego serían desaparecidos. En ese momento me marcó mi mamá para decirme que ya había llegado a la casa. No le dije nada. Empezamos a poner botes, piedras para señalar los casquillos de las balas que la policía nos había disparado. Había visto que se andaba paseando un carro negro en el periférico. Un Chevy o un Ikon. Después de eso pasó una camioneta con una antena larga de radio. Iban dos adelante y uno atrás. Se estacionó en diagonal sobre el periférico. Yo estaba al frente de todos. Se bajaron los de la camioneta y, así como se bajó el de atrás, así empezó a disparar. Las chispas se veían como a un metro de mis pies. No sé cómo corrí. Corrí agachado. Unos compañeros se fueron hacia los autobuses, otros nos fuimos sobre el periférico a refugiarnos en los carros estacionados. La dirección de las balas hacia nosotros.
Lo que no entiendo es cómo no reaccionaron mis compas. A lo mejor ahí les dispararon directo. Yo estando hasta el frente. Julio César Ramírez, El Fierro, y Daniel Solís Gallardo, El Chino. Los crucé corriendo. ¿Cómo pude llegar yo hasta los carros y ellos no? El compa Chato se tropezó y cayó. Me devolví para levantarlo. Ahí vi que estaban mis compañeros tirados.
Nunca me imaginé que uno de ellos era mi primo.

Ya vamos a salir y ellos todavía no aparecen

Cuando iniciaron las actividades del movimiento hasta nosotros pensamos: “No manches, quizá sí nos estamos pasando”. Pero si no hacíamos esas actividades así de fuertes tal vez no íbamos a tener ninguna respuesta. Fue poco a poco que logramos ir borrando esa mentira histórica de Jesús Murillo Karam, todos esos falsos comentarios que decían de nosotros: que íbamos a hacer destrozos a Iguala, que íbamos a hacerle un desmadre a la mujer de Abarca… La mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba Iguala. Era la primera vez que íbamos.
Como generación, sabíamos que hacíamos lo correcto. Seguimos haciendo lo correcto. Aunque no toda la gente estuviera de acuerdo con las acciones que realizábamos ni con nuestra forma de pensar.
El sábado pasado vimos el documental de Enrique (García Meza, Ayotzinapa, el paso de la tortuga). Vimos las últimas imágenes de nosotros y nuestros compañeros desaparecidos labrando la tierra, cansados, desvelados, con hambre. Pero aun así estábamos contentos. Me vino a la mente que ya vamos a salir y los compañeros todavía no aparecen. Los compas con los que echábamos desmadre, compartíamos la comida… Nos ayudábamos. Nos prestábamos ropa. ¿Dónde están, pues? ¿Cómo, cuándo van a aparecer? También me puse a pensar cómo se vería la normal si no hubiera pasado lo del 26. Mucho más animada. Y cómo será todo después de salir. ¿Cómo será el movimiento? ¿Cómo será el sentir de los padres? Algunos se sienten desesperados, tristes por la próxima clausura del 13 de julio. Son muchos sentires. Ellos saben que no tuvimos culpa alguna: eso que les pasó a sus hijos bien nos pudo haber pasado a nosotros.
No le reprocho nada a los compañeros que entraron de relleno debido a los tiempos para completar la matrícula después de que muchos se fueron. Se lanzaron convocatorias abiertas en diciembre de 2014. Mucha gente piensa que están ocupando el lugar de los 43. No es cierto. Están ocupando el lugar de los que desertaron. El lugar de nuestros compañeros sigue ahí.
No hace falta que lo platiquemos, ni que lleguemos a un acuerdo como academia. Los compañeros que estuvimos presentes la noche del 26 de septiembre en Iguala tenemos ese compromiso. Tenemos esa obligación de que, aunque estemos lejos, empezaremos a armar una trinchera, empezaremos a abrirle los ojos a la gente. Es algo que, como generación, sentimos que debemos hacer. Dejamos todo en el movimiento, en la búsqueda de los compañeros desaparecidos.

No pudimos evitar que todo esto se alargara

Han pasado casi cuatro años. Hasta hace poco mi primo El Chino no tenía lápida en el panteón de Zihuatanejo donde lo enterraron. La mayoría somos pobres. Entre toda la generación nos cooperamos para comprarles una lápida. A él y a los otros caídos. No son solamente los compañeros desaparecidos. Son también los caídos. Son también los compañeros heridos. Y aparte de eso… estamos nosotros. Somos una comunidad entera que salió afectada. Se tiene que ver por todos. Como generación estamos tratando de unir todo eso.
Sentimos frustración. Pudiéramos haber hecho más. No pudimos llegar a dar con el verdadero paradero de los compañeros. Si hubiéramos buscado más… No pudimos evitar que todo esto se alargara.
“Te invito a que vengas a la normal. Te invito a que estés conmigo, a mi lado, para que veas realmente por qué y cómo se hacen las cosas aquí.” Es lo que le diría a toda esa gente que nos acusa de ser vándalos. “Si tú quieres seguir agachado, explotado, oprimido, es muy tu problema. Yo estoy peleando porque mis compañeros aparezcan”.
Eso les diría.

 

Conmemoran maestros, normalistas, activistas y organizaciones los 45 meses de los ataques en Iguala

Integrantes de la CETEG, de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la marcha en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos, a 45 meses de los ataques en Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Luego de 45 meses de los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, maestros, normalistas, activistas y defensores de derechos humanos marcharon en la capital e hicieron un mitin en el antimonumento a los 43 jóvenes desaparecidos, para exigir su presentación con vida y el esclarecimiento de los hechos.
En las acciones participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y normalistas de Ayotzinapa, quienes se reunieron en la alameda Granados Maldonado, para marchar hasta el antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.
“Porque el color de la sangre no se olvida, los masacrados serán vengados”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “no somos todos, nos faltan 43”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon al unísono durante el recorrido. Al llegar al antimonumento, un agente de Gobernación que tomó fotos de la protesta fue ubicado por los inconformes, quienes exigieron a las autoridades que cese el hostigamiento en su contra.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, expresó que durante 45 meses la lucha es por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los más de 36 mil desaparecidos en el país, que llevan más de 5 años sin volver a sus hogares, por ello “las luchas deben hermanarse” y lamentó que en la protesta hubo pocos participantes.
Señaló que la mayoría de las personas están concentradas en el proceso electoral y tienen la esperanza de que con un nuevo gobierno cambiará la situación en el país, pero “la lucha de las madres, padres y los hijos de los desaparecidos va más allá de las urnas electorales”. Dijo que cuando terminen las elecciones “volverán a la realidad, se darán cuenta de que las urnas no dan libertad ni igualdad social, nunca nos van a hacer iguales unos con unos”, la burguesía será la que mandará, mientras el pueblo no se decida a movilizarse.
Declaró que en la lucha “están los que realmente sienten el compromiso con las mamás, con los papás, con todos los que han sufrido los estragos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la corrupción y la impunidad que han sembrado los gobernantes”.
Consideró que “es realmente indignante” que los procuradores y fiscales del país estén en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la reposición de la investigación y la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, porque los detenidos fueron torturados para declarar “lo que al gobierno le convenía”. Aseguró que “con esto” se acaban los intentos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de cerrar el caso.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que “la tarea fundamental es la unidad”, pues a pesar de la actual efervescencia política, “gane quien gane habrá necesidades, habrá pobrezas, habrá perseguidos, habrá encarcelamientos y habrá asesinatos”, por ello es necesario que todos los sectores actúen de manera conjunta.
Recordó que ya viene la conmemoración de las matanzas de El Charco y Aguas Blancas, y en ese sentido reconoció la labor del Centro Morelos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; así como “los compañeros que a nivel internacional han evidenciado al Estado” pues la exigencia de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es legítima”, pues el Ejército y el Estado están involucrados en los hechos.
Por su parte, un representante de la Normal Rural de Ayotzinapa expresó que “no es posible” que el sexenio de Peña Nieto esté por terminar, sin que haya resuelto el caso de la desaparición “de nuestros 43 hermanos”. Coincidió en que es necesaria la unidad de las organizaciones sociales y que es lamentable que la sociedad esté enfocada en el proceso electoral y se olvide de lo que está pasando en México, donde “ya sólo falta que nos privaticen el derecho a la vida”. Al concluir el mitin, los manifestantes entonaron el himno Venceremos.

 

Aguirre debería ser prudente; hay una investigación abierta del caso de los 43 en la que está involucrado: Vidulfo Rosales

Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.

 

La tortura es una práctica generalizada, sistemática, permanente e impune, dice el Ccti

Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.

 

El fallo que ordena una comisión de la verdad por Ayotzinapa es problemático constitucionalmente, dice investigador del CIDE

 

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso en el que alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una comisión de la verdad y desconoce la investigación oficial del caso Ayotzinapa. También, procuradores y fiscales del país se pronunciaron contra la decisión y aseguraron que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, se “excedió” en sus atribuciones.
Así reaccionaron luego de que ese tribunal ordenó una nueva indagatoria por la desaparición forzada, el 26 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, así como la creación de una Comisión de la Verdad y Justicia que sería integrada por el Ministerio Público y los familiares, asistidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero no son las única voces que, a favor y en contra, se han escuchado.
Es una “resolución de claroscuros”, explica a El Sur Javier Martín Reyes, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “Hay partes muy rescatables. Una cosa que queda clara cuando uno revisa la argumentación de estos tres magistrados, es que el caso refleja el día a día de nuestro sistema de procuración de justicia. El elemento grave que queda registrado, según estos magistrados, es que hay muy fuertes indicios de tortura en contra de los imputados. Visibilizar y poner con sus letras es un logro importante”.
Un segundo elemento a destacar, indica, es el papel que esta decisión les da a las víctimas dentro del proceso, “más allá de la técnica profesional que utilizan los magistrados”. Es de lo más rescatable, menciona el politólogo.
Por otro lado, “la sentencia tiene defectos técnicos. El primero es que da la impresión de que el colegiado no se atreve a dar un paso: este es un amparo que originalmente presentan las personas a las cuales se les está investigando por el caso (miembros de la organización criminal Guerreros Unidos), para la enorme cantidad de violaciones que acreditan, quizá el efecto más consistente hubiera sido ordenar soltar a esas personas que presentaron el amparo, en las cuales, según el colegiado, hay altísimos indicios de tortura”.
El investigador cuestionó la orden del tribunal de crear una comisión de la verdad: “Ese modelo que crea es discutible, porque dice que ahora la investigación del caso seguirá las líneas de investigación que determinen las víctimas, en colaboración con la CNDH. Ese modelo va en contra del diseño constitucional, pues lo que dice la Constitución es que la investigación de los delitos se hace bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Según el colegiado, la solución es que la averiguación recaiga en los familiares o las víctimas, porque hay una falta de autonomía del ministerio. Eso, en términos constitucionales, es problemático. Por eso la resolución genera controversia”.
La PGR, añade, está extrañada con ese criterio “porque le están quitando una facultad constitucional. Dijo el colegiado que la creación de estas comisiones ha sido llevada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ese tribunal (de Tamaulipas) no tiene el mismo tipo de atribuciones que la Corte. No cuenta con los elementos, testimonios e información suficiente para ordenar ese tipo de cosas”.

“Lo tiene que echar abajo la Corte”, dice Alto al Secuestro

La organización Alto al Secuestro –presidida por Isabel Miranda de Wallace– anunció que interpondría un amparo en contra de la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. En entrevista con El Sur su asesor jurídico, Samuel González dijo que ese fallo “lo tiene que echar abajo la Suprema Corte si se presentan controversias inconstitucionales. Nuestro amparo es de interés legítimo. En México hay una interrelación criminal entre algunas policías y los criminales. En Iguala hay un acto de privación de la libertad, igual que en los casos de Fernando Martí y Hugo Alberto Wallace”.
“La Ley de Secuestro dice que este es la privación de la libertad con el fin de causar daño. Lo que está acreditado en la averiguación previa del caso de Iguala es que los estudiantes fueron privados de la libertad con el fin de causarles daño. Es un secuestro, no una desaparición forzada. Por eso se compara con los casos de Martí y Wallace”, argumentó.
El abogado no contextualizó más el caso Ayotzinapa y agregó que, “no aceptamos que se forme una comisión de esa naturaleza porque viola la Constitución. No sólo son las víctimas de los 43. Las otras víctimas de los hechos de Iguala no han sido llamadas a juicio. Esa sentencia tiene efectos de ley, porque crea un órgano de Estado al cual le da competencias. Dice quién va a participar, cómo. A nosotros para perjuicio, porque rompe con la estructura de la investigación del sistema jurídico mexicano”.
Samuel González dio su visto bueno a la primera parte de la resolución del tribunal colegiado: “dice que deben de reiniciarse los procesos, la investigación. Pero la segunda parte no es correcta, porque los jueces de Tamaulipas crean un órgano de Estado que no solamente se va a aplicar a quienes están en su resolución, sino a otros. En la sentencia hay una sustitución de autoridades. A la CNDH la pone a hacer algo que constitucionalmente está incapacitada de hacer, que es realizar investigaciones criminales”.
–El objetivo es que participe con los padres de los normalistas desaparecidos, ¿no?
–No lo puede hacer, no tiene competencias constitucionales, su función es dar recomendaciones. La competencia del MP es investigar los delitos, la víctima puede coadyuvar, pedir que se practiquen pruebas, etcétera, pero no puede sustituir. Imagínate qué peligroso que le den a cualquier víctima la capacidad de manejar al Ministerio Público.
La resolución dice que el ministerio tiene que obedecer todos los actos que le pidan las víctimas y que las comisiones serán formadas por tres partes: el ministerio, las víctimas y CNDH. La PGR sólo acataría, según esta decisión, lo que digan los dos últimos.
–¿Por qué hay interés de Alto al Secuestro de ampararse, intervenir en este caso?
–No es intervenir, queremos que se aplique la Constitución.
–Esta resolución puede sentar un precedente, cuatro años después de falta de respuesta.
El abogado evadió este comentario y contestó otra cosa: “Esos que dicen que la resolución es definitiva e inatacable, mienten. Hay muchas maneras de atacarla”.
–¿Por qué atacarla? Es una resolución que se refiere a un tema específico.
–El problema es que esa no era la atribución que tenían los jueces. Se extralimitaron en sus funciones. Nosotros vamos a crear el amparo. Veremos si la Suprema Corte lo atrae, porque será la que decida el final si es viable.

Paradigma jurídico

Consultado por separado Javier Martín Reyes del CIDE, afirma lo contrario: “esta sí es una sentencia definitiva”.
“Ni el tribunal superior puede revisar esa determinación, pues no puede corregir las decisiones de todos los tribunales colegiados. Su trabajo no es examinar cada sentencia. En este caso no se admiten recursos en contra”, afirmó.
“Alto al Secuestro puede estar o no de acuerdo con esa resolución, pero es definitiva, y la PGR y la CNDH podrían pensar en una controversia constitucional, que tampoco procede ante sentencias dictadas por tribunales colegiados de circuito. Aunque –matiza el investigador– siempre hay interpretaciones, podría ser”.
Eso sí, reconoce, la orden del tribunal indique que los familiares señalen las líneas de investigación, asistidos por la CNDH, “es una resolución que nunca antes se había visto, por lo menos en un amparo en México”.
“La autoridad está obligada a acatar. Cuando tienes una resolución definitiva, así sea de un tribunal colegiado, toda autoridad está obligada. Es un fallo histórico, inédito. Jurídicamente es un paradigma que no se compadece de lo que dice la Constitución. Es lo más discutible”.
–El abogado de Alto al Secuestro dice que con esta resolución cada persona con un caso similar querrá controlar al Ministerio Público.
–No estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que es banalizar mucho lo que pasó en Ayotzinapa, que es un caso de violaciones gravísimas. Hay un conjunto de factores que hacen que sea particularmente relevante.

Es un caso icónico, la resolución muestra avances importantes, considera Amnistía Internacional

“Una persona puede considerar que una sentencia es inconstitucional, pero desde Amnistía Internacional consideramos que esa resolución muestra avances importantes”, dijo en entrevista Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI).
La sentencia, prosigue, reitera “lo que desde 2016 había expuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando manifestó irregularidades importantes en la investigación. Esto implica que la PGR debe de hacer nuevas diligencias encaminadas a averiguar los hechos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que muchas de las personas detenidas habían sido víctimas de tortura. Estamos ante esa corroboración”.
–¿Qué opina AI de la creación de una comisión de la verdad?
–Marca un precedente importantísimo para iniciar un cambio sustancial en la forma en que se investigan graves violaciones de derechos humanos en México. El caso Ayotzinapa es icónico. AI ha analizado que reúne gravísimas violaciones a derechos humanos en los propios hechos, detención e investigación. La sentencia del tribunal que se hizo pública el 4 de junio, también reconoce que en México no hay una fiscalía independiente. La investigación de los 43 ha sido defectuosa y no ha tomado líneas adecuadas.
–Según las críticas, una comisión de la verdad y la intervención de los familiares en la investigación violarían la Constitución.
–No entendemos por qué puede haber un argumento así, cuando una serie de investigaciones ya violentan principios constitucionales al debido proceso. Decir que se viola la Constitución por retrotraer efectos de una investigación irregular y exigir que haya una fiscalía independiente no es argumento fuerte. Pareciera que ese dicho es meramente apegado a un entendimiento específico, pero no a uno contextual, y creo que este caso lo tenemos que ver en ese contexto de instituciones totalmente debilitadas y deficiencias de la investigación. Desearía saber cuál es la parte constitucional que se violenta cuando se intenta restablecer un proceso judicial.
El caso de los 43, concluye Reneaum, “no tiene más privilegios, sino que reúne responsabilidad del Estado desde diferentes perspectivas, desde la desaparición hasta la investigación. Nos ha revelado la incapacidad del Estado para tener una averiguación clara, que nos lleve a la verdad. Las familias han sido víctimas o no han podido acceder al derecho a la verdad. Esto es súper relevante.
“Generalmente las comisiones de la verdad se empiezan a crear por un caso específico, que luego nos lleva a entender que las instituciones requieren profundas reformas y configuraciones”.

 

Las procuradurías reciben línea del Ejecutivo, responde Vidulfo del fallo del caso Ayotzinapa

“Es una visión equivocada” dijo el abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, sobre el pronunciamiento de procuradores y fiscales del país en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para resolver el caso.
El jueves procuradores y fiscales que participaron en la 39 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Acapulco, consideraron que el tribunal se “excedió” en sus atribuciones y que “vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público”.
Ayer vía telefónica Rosales Sierra dijo que las procuradurías no son independientes y reciben “línea” del poder Ejecutivo, además de que sus fallas en cuanto a la falta de acceso a la justicia, los abusos y las investigaciones imparciales e ineficientes “dan cuenta de la ineficacia del Ministerio Público, de la ineficacia y de las irregularidades de las procuradurías en su conjunto, incluyendo a la PGR”.
Dijo que en el país “se tienen que poner controles” a los ministerios públicos “que se han convertido en jueces instructores” y que el fallo del tribunal colegiado “pone el dedo en la llaga”.
Aseguró que los magistrados de Tamaulipas de ningún modo trasgreden el orden constitucional, “es una resolución y un criterio que tiene una interpretación amplia de la Constitución y de los derechos humanos”.
Expuso que los procuradores y fiscales están inconformes con la creación de la Comisión de la Verdad, pues consideran que el tribunal sólo debió ordenar la ilegalidad de las pruebas obtenidas bajo tortura y la liberación de los implicado, pero los magistrados interpretaron de manera amplia la constitución y están facultados a hacerlo conforme a los derechos humanos, así como a la ley.
Explicó que el tribunal analizó las pruebas ilegales que pesan sobre los detenidos, la utilización de la tortura, lo excluye y ordena la reposición de proceso pero también no deja en estado de indefensión a las víctimas.
Además los magistrados consideraron el protocolo de Minnesota que ordena la creación de comisiones independientes cuando hay casos de graves violaciones a los derechos, estos son la tortura, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y en el caso de Ayotzinapa ocurrieron los tres.
Por ello el tribunal ordenó la creación de la comisión no de manera independiente pero sí dentro de un marco “totalmente legal, constitucional” y no lo deben olvidar los procuradores: estará integrada principalmente por el Ministerio Público, no se le desplaza sino que “se le van a poner contrapesos dado que se observa en el caso Ayotzinapa una investigación sesgada, parcial, poco independiente” pues se investigó una sola línea, que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Para que no vuelva a ocurrir” se le ponen contrapesos al Ministerio Público, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los representantes legales de las familias de los normalistas, precisó que el tribunal no va a coordinar el trabajo de la comisión, lo hará el MP “y eso también debe quedar claro”.
“Desde nuestro punto de vista no habría razón para que hoy en día el ejecutivo, la PGR, estén soslayando el cumplimiento de esta resolución, sin embargo lo que estamos viendo es una estrategia” del gobierno federal encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la PGR “para omitir el cumplimiento de esta resolución”.
Informó que conoce que “en el plano formal”, la PGR recurrió a “incidentes” de incumplimiento del fallo y la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión a uno de aclaración, mientras que en el “plano mediático” se expresa que el fallo es inconstitucional, así como lo manifestaron los procuradores y fiscales en Acapulco.
Declaró que los siguientes días habrá “una cascada de opiniones conservadoras de carácter restrictivo de nuestro derecho constitucional, que van a tratar de socavar la resolución y sus efectos”, así como a la Presidencia de la República, a los diputados federales y la PGR, “queriendo avasallar a los padres”.
Lamentó la situación y añadió que habrá una disputa legal y mediática pues “a este gobierno no le bastó desaparecer a los estudiantes, no le bastó manipular las investigaciones, no le bastó cometer diversas irregularidades y tener en la impunidad a sus funcionarios, sino que ahora pretenden cuestionar la legalidad de un fallo judicial” e incumplirlo, “nos parece delicada la situación”.
Del planteamiento de la ONU-DH para que se deje en libertad a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, detenido equivocadamente por el caso Ayotzinapa, expresó que ilustra las irregularidades en la investigación.

 

 

Urge crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, dicen ONG ante el error de la PGR

La reciente revelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la detención ilegal de Erick Sandoval Rodríguez por la Procuraduría General de la República (PGR), y presentarlo erróneamente como partícipe de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, es un elemento más que confirma la urgencia de cumplir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para este caso, consideraron organizaciones que representan a los familiares de las 43 víctimas.
En un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar Centro de Análisis e Investigación alertaron que la información dada a conocer por la CNDH en la víspera constituye “un nuevo y preocupante agravio contra las víctimas”, debido a que “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto”.
Para los defensores resulta “indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad”.
Los familiares de los 43 normalistas y las organizaciones que los representan exigieron “el acatamiento de la sentencia en sus términos”, al confirmarse las irregularidades halladas por el Tribunal Colegiado.
Las ONG puntualizaron que la revelación de la CNDH “es una prueba más de que asiste la razón al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito y que ha sido objeto de un amplio debate público”.
Igual recordaron que en la sentencia inapelable del tribunal se determinó que en la investigación del caso “se ha suscitado retraso, ineficiencia y falta de imparcialidad en las indagaciones respectivas”.
Entre los asuntos evidenciados por la CNDH, las organizaciones destacaron el control que mantiene la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre la indagatoria del caso Ayotzinapa, a pesar de que de manera formal es responsabilidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Los representantes reprobaron la participación de la SEIDO, “a pesar de las múltiples irregularidades que han sido documentadas por la propia CNDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
También resaltaron que de acuerdo con la CNDH, “el propio detenido presentó a agentes de la SEIDO elementos que acreditaban la equívoca detención, y advierten que ésta no fue formalizada, por el contrario, se informó al público en general que Erick N ‘tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes”.
Al recordar que “no es la primera ocasión en la que queda comprobada la ausencia de buena fe en las acciones del Ministerio Público en este caso”, las organizaciones que representan a las 43 familias de estudiantes desaparecidos subrayaron que “deben investigarse las irregularidades denunciada por la CNDH en su reciente documento y sancionarse a las autoridades responsables”, como instruyó el organismo a la PGR.