La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).
Para incinerar a los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta borrar su ADN se habrían necesitado alrededor de 15 toneladas de madera, en el mejor de los casos, concluye un nuevo estudio científico sobre hogueras a cielo abierto.
Aun así, habría quedado alguna materia orgánica, acotan 23 expertos que participaron en una investigación publicada en la revista Fire safety journal, diario oficial de la Asociación Internacional de Ciencias de Seguridad contra Incendios.
“En condiciones ideales –cuerpos pequeños y alimentación continua de combustible– es necesario un mínimo de cinco veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica”, refiere el estudio.
Esto significa que para quemar a los 43 estudiantes al grado que indicó la Procuraduría General de la República (PGR), se habrían requerido 15 mil 50 kilogramos de madera, si cada joven pesara 70 kilos.
Según la hipótesis central de la PGR, los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y, debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético.
En la investigación titulada Estudio experimental sobre los requisitos de combustible para la degradación térmica de cuerpos por medio de la cremación de pira abierta, se encontró también que la presencia de múltiples cuerpos no favorece al fuego, sino que lo apaga.
“Es menos eficiente quemar una multitud de cadáveres que un cuerpo individual”, sostiene.
Los expertos, coordinados por Luis Yermán, y entre los que se encuentra el peruano José Torero, hicieron, con apoyo de la Universidad de Queensland, en Australia, seis diferentes piras, con uno o hasta cuatro cerdos en cada una de ellas.
“La relación entre el nivel de destrucción de un cuerpo y la eficiencia de quemado, la intensidad y la duración de los posibles incendios debe demostrarse para inferir la validez de una hipótesis de cremación”, indica el estudio.
“Un ejemplo de alto perfil donde esta correlación se convirtió en clave para establecer la validez de una hipótesis forense se relaciona con lo que se ha denominado la ‘verdad histórica’ en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa”, agrega al referirse a los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Los especialistas en Australia continuaron el trabajo que dejó pendiente el grupo de peritos consensado entre la PGR y GIEI, en el que al final se advirtió la necesidad de una prueba a gran escala.
“El grupo de expertos en fuego ha convenido realizar más pruebas en las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos, los resultados de esas pruebas serán dados a conocer en su momento”, señaló entonces Ricardo Damián Torres, pero eso nunca ocurrió.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes normalistas colocaron ofrendas florales en los tres memoriales en el lugar donde fueron hallados los cuerpos de los tres estudiantes asesinados la noche y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A 44 meses de los hechos de Iguala, durante los actos realizados la tarde de ayer, los padres de los estudiantes desaparecidos denunciaron que el presidente de la República Enrique Peña Nieto, se quiere ir con las manos limpias y sin dar resultados reales de las investigaciones para dar con el paradero de los 43 estudiantes.
Acompañados de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y una representación de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) los padres recorrieron los tres memoriales donde fueron encontrados los cuerpos de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, y Julio César Ramírez Nava.
En su intervención, el vocero Melitón Ortega dijo en nombre de los papás que la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes permanecerá, y que los padres no tienen ninguna afinidad política, por eso van a seguir levantando la voz hasta el final.
Dijo que a tres años y medio de la desaparición de los estudiantes es preocupante que no se les dé atención, y tampoco las familias de los tres estudiantes asesinados han tenido justicia, porque simplemente no hay responsables de los crímenes.
El padre de uno de los estudiantes reclamó que el gobierno de Peña Nieto se quiere ir con las manos limpias de su sexenio, pero recordó que no ha dado resultados reales ni esclarecido el caso y reclamó que le toca al actual presidente priista dar los resultados, antes de que se vaya.
Una de las madres de los normalistas que participó pidió a la población que no los deje solos en su lucha, porque le han quitado un pedazo de su vida, y que no están completos.
Un estudiante recordó que no hay justicia ni verdad, porque la PGR ha puesto mentiras en las investigaciones sobre el caso, porque no quiere investigar en lo profundo.
En nombre de los estudiantes, uno de los normalistas dijo que nadie se cree la historia oficial de que sus compañeros fueron incinerados en el basurero de Cocula porque no hay pruebas científicas.
Policías federales y ministeriales detuvieron en Chautengo, municipio de Florencio Villarreal, región de la Costa Chica, a un ex policía municipal de Iguala que es señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con reportes, la noche de la desaparición de los estudiantes, el ex agente, identificado como Alejandro, fungía como supervisor de turno.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo ayer domingo en una rueda de prensa que el arresto se llevó a cabo en el estado de Guerrero por parte de personal de la Policía Federal y elementos de la Fiscalía de ese estado.
El sujeto, identificado únicamente como Alejandro “N”, cuenta “con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y secuestro”.
El ex policía es “probable responsable de los hechos ocurridos en septiembre de 2014”, agregó el secretario.
Durante la detención, que se dio dentro del operativo de seguridad Escudo Titán, “no fue necesario realizar un solo disparo”, aseguró Navarrete.
De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de un grupo criminal, los Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
No obstante, esta versión ha rechazada por los familiares como por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes después de hacer una investigación manifestaron las incoherencias del relato del gobierno y resaltaron la necesidad de desarrollar otras líneas de investigación.
Hasta el momento, 129 personas han sido imputadas dentro de la indagatoria del caso Iguala, y el Ejecutivo ha expresado su intención de llegar a conclusiones este mismo año (Agencias EFE y Reforma / Ciudad de México).
En punto de las 5 de la tarde familiares y amigos de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la capital del país.
Acompañados por estudiantes de la normal, integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, el colectivo Rosas Rojas Juárez —contra el feminicidio en Ciudad Juárez—, la Preparatoria Popular Tacuba Obrera y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización civil, padres y madres de los 43 recordaron que hoy se cumplen 44 meses de la desaparición forzada de sus hijos.
Este año, hicieron notar, habrían concluido sus estudios en la Normal.
La marcha a la cual acudieron al menos mil personas cruzó Paseo de la Reforma a la avenida Juárez. En el camino estudiantes de la normal reclamaron que a unos meses de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto, no existe interés de investigar el caso.
Específicamente los estudiantes denunciaron la negativa de investigar la participación del 27 Batallón de Infantería y de agentes de la Policía Federal, municipal y ministerial en los ataques ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Tampoco se ha dado a conocer a los familiares de las víctimas los análisis de geolocalización ni los contenidos de las conversaciones de los teléfonos celulares de los estudiantes.
Además la Procuraduría General de la República no ha investigado el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión que sufrieron los estudiantes.
Al llegar al Antimonumento a los 43 en la esquina de Reforma y Bucareli, los contingentes hicieron un pase de lista y exigieron la presentación con vida de los 43 desaparecidos. Posteriormente se dirigieron al Hemiciclo a Juárez, a donde llegaron a las 6:15 de la tarde.
Melitón Ortega, vocero de los padres, lamentó que a cuatro meses de los hechos ocurridos en Iguala las autoridades no tienen interés ni voluntad política de esclarecer el caso, “lo único que queremos decir es que los queremos de regreso”.
Doña Francisca tiene 78 años, unos 50 los vivió en el ir y venir de su comunidad a los campos de cultivos del norte del país como jornalera, para mantener a sus hijos, desde que se casó a los 13 años.
Sentada en una piedra, afuera de su casa de adobe y lámina en la comunidad nahua de Ayotzinapa, del municipio de Tlapa, doña Francisca Modesto Ortiz contó que no sabe leer, no fue a la escuela porque tuvo que ayudar a su mamá en los quehaceres de su casa, por ser la mayor de cinco hermanos.
Ella se casó a los 13 años, pasó cinco recibiendo golpes de su marido, y agresiones verbales de la familia porque no se podía embarazar, “no era mujer y tenían que curarla”.
Después de ese tiempo, tuvo a su primera hija, parto que coincidió con el nacimiento de uno de sus hermanos y la muerte de su mamá, de quien no pudo despedirse.
Desde entonces empezó a salir como jornalera al corte de pepino, chile, tomate y jitomate, entre otras verduras, a Morelos, Sonora, Sinaloa y Baja California, con su esposo, para que les alcanzara para mantener a sus hijos.
En ese recorrido por el país como jornalera enviudó mientras trabajaban en Morelos, no supo las causas de la muerte de Agustín de la Cruz, su marido, lo que si recuerda es que andaba bebiendo y la dejó muy joven, porque apenas tenían cinco hijos, y que recogió su cuerpo para sepultarlo en Ayotzinapa.
Siguió alquilando su mano de obra como jornalera al responder los llamados de los mayordomos o enganchadores oriundos de su comunidad, donde no hay trabajo, la agricultura es de temporal y para subsistir unos meses.
Es una comunidad de muy alta marginación, con mil 693 habitantes, donde más del 70 por ciento es analfabeta y sin educación básica terminada; su casa no tiene drenaje, agua potable ni electricidad.
Otra actividad que tenía la comunidad era la venta de leña, pero los árboles de encino y pino se sobrexplotaron y ahora las montañas están erosionadas.
La manufactura de sombreros de palma en greña, que los acaparadores compran en la localidad, es parte del ingreso adicional de estas familias desde hace décadas. Hoy les pagan a 5 pesos cada sombrero, a 60 pesos la docena, compran el ciento de palma a 65 pesos y hacen uno o dos sombreros al día.
Otra actividad que les permite tener ingresos es la siembra del maíz, “a los que se van, cuando vuelven, nosotros les vendemos maíz o lo intercambiamos con los que ellos traen”, dijo.
Doña Francisca dijo que en los últimos 10 años dejó de trabajar como jornalera; porque acordó con su hija, Aurelia de la Cruz Modesto, que se quedaría a cuidar a sus nietos, porque su marido la dejó por otra mujer y el único trabajo que puede hacer es el de jornalera.
Sin embargo, eso no duro mucho tiempo, porque su hija Aurelia fue asesinada en el camino al poblado; la gente dice que el asesino es su ex pareja, por lo que la abogada Neil Arias Vitinio, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, exigió que su caso se considerara feminicidio.
No recuerda cuántos años han pasado, tres o cuatro, sólo sabe que le quedó la responsabilidad de cuidar a dos nietos: Agustina y Martín Francisco, quien era un bebé el día que mataron a su mamá y terminó en su espalda, amarrado en su rebozo, lleno de sangre y mojado por la lluvia de esa mañana.
Recuerda que su hija salió a buscar crías de cerdos al poblado de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, para vender la carne en un negocio que habían emprendido para dejar de salir como jornaleras; les estaba funcionado, pero eso se acabó la mañana del martes, cuando le avisaron de su muerte.
Tras el feminicidio, la falta de dinero y con la responsabilidad de dos nietos y sus 78 años, doña Francisca intentó regresar a los campos como jornalera, pero esta vez se topó con que ya no recibían a los adultos mayores, “nomás con que te vean tres pelos blancos en la cabeza, ya no te reciben”, se queja.
Cuenta que los mayordomos le dijeron que las empresas no quieren contratar a personas mayores porque ya no rinden.
Ahora la única opción que le queda es sembrar maíz en su tierra, alquilarse como trabajadora y tejer sombreros para sostener a Agustina, que cursa el cuarto grado de primaria, y a Francisco, que está en preescolar, con la resignación de que su nieta repita la historia de ella y su hija, casarse antes de los 15 años y ser jornalera, hasta que envejezca.
Maestros disidentes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que encabeza Antonia Morales Vélez, marcharon y protestaron el Congreso local, para exigir la derogación de la reforma educativa, así como para conmemorar los 100 años de la celebración del Día del Maestro.
A las 10:40 de la mañana, un contingente integrado por más de 100 maestros partió de la alameda Francisco Granados Maldonado del centro, para después atravesar la ciudad rumbo al sur, hasta llegar a la puerta principal del Congreso local.
Durante su paso por las principales calles de la ciudad, a través del equipo de sonido rechazaban la aprobación de la reforma educativa, porque consideran que atenta de manera directa y contundente a la permanencia en el servicio, generando la asignación de contratos temporales.
En su marcha hicieron dos paradas, la primera de ellas en las oficinas de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), donde criticaron su poca intervención en la defensa de los maestros; la segunda fue en el anti-monumento a los 43, en la plaza a Las Banderas, sobre la avenida Lázaro Cárdenas y después avanzaron al Congreso del Estado, en donde ya estaban siendo esperados por un grupo de policías antimotines dentro del edificio público.
En la segunda parada exigieron a las autoridades estatales y federales que cumplieran con su obligación de esclarecer los crímenes contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Minutos antes de las dos paradas, la líder del magisterio disidente, Morales Vélez, señaló que los docentes deben exigir respeto a los derechos laborales, pero advirtió que habrán de valorar el llamado de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) para iniciar un paro laboral indefinido.
Aprovechó para criticar a la fracción que encabeza el líder Arcángel Ramírez Perulero, por no haber salido en Guerrero a marchar en su día, bajo la excusa de ir a presentarse en la marcha nacional.
“Aquí en el estado hay demandas sentidas, mientras que los paleros de la sección 14 del SNTE este día realizan su acto del brazo del gobernador”, agregó.
En la última parada realizada, frente al Congreso, donde eran esperados con la puerta cerrada y por un grupo de policías antimotines, a través del equipo de sonido criticaron a los diputados locales, por no atenderlos.
Además manifestaron su disgusto por el respaldo al candidato del gobernador para ocupar la Fiscalía General del Estado, “patito”, “hijo de un cercano al gobernador”.
“A los maestros se nos criticaba la herencia de plazas y en Guerrero se heredan los cargos públicos, con altos sueldos y ahí no dicen nada”, refirió uno de los maestros desde el alta voz.
Tras concluir su mitin, cantaron con el puño al aire para advertir que seguirán en la lucha por la derogación de la reforma educativa, y la exigencia de un mejor titular en la Secretaría de Educación Guerrero.
A 92 años de su fundación, la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa celebra su aniversario con la matrícula baja y enfrentando conflictos entre maestros y estudiantes, pero aún con la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
La Normal Rural de Ayotzinapa fue fundada en 1926, ante la necesidad de ampliar la cobertura en la formación de maestros. Estas instituciones tenían la tarea de capacitar a los futuros docentes que llevarían educación a las zonas más apartadas, y cuyos planes de estudios incluían la capacitación agropecuaria.
De manera particular, Ayotzinapa se distinguió en todo el país por ser “cuna de la conciencia social”, pues en ella se formaron los líderes sociales Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Según el estudio La educación normal en México, elementos para su análisis, que elaboró el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 1960 se crearon los Centros Regionales de Educación Normal y con ellos se pretendía sustituir a las normales rurales, debido a la politización de los estudiantes; sin embargo, a la fecha las instituciones siguen activas y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) las defiende.
Aunque la Normal Rural de Ayotzinapa fue fundada el 2 de marzo de 1926, este lunes comenzó la semana de celebración en la institución, ubicada en Tixtla a una media hora de la capital. El Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón organizó encuentros deportivos y culturales con otras normales públicas del estado, así como conferencias acerca del sistema educativo.
Cada año, la institución cuenta con 140 espacios disponibles para nuevo ingreso, 100 en la licenciatura en Educación Primaria y 40 en Educación Primaria Intercultural Bilingüe. Ambas tienen una duración de cuatro años, por lo que actualmente debería haber 570 estudiantes, sin embargo, la matrícula es de 378. Desde los ataques de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, con el asesinato de los normalistas Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava; así como la desaparición de 43 normalistas, disminuyó el interés por ingresar a la Normal Rural de Ayotzinapa.
Antes de los hechos en Iguala, el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011, también influyó en la baja de la matrícula, debido a deserciones y a que no se completó el número de aspirantes de nuevo ingreso. No obstante la institución, que es también un internado exclusivo para hombres, continúa con sus actividades académicas y con la lucha social por el esclarecimiento de los crímenes de Estado.
El festejo del aniversario fue casi opacado por un conflicto interno, pues por acuerdo del Comité Estudiantil con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) los normalistas escogieron al profesor Víctor Gerardo Díaz como director, pero la delegación de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por José Antonio García Mora, lo desconoció; esto provocó que los jóvenes protestaran en la capital.
La SEG aseguró que se respetará la decisión de los estudiantes y Gerardo Díaz permanecerá en el cargo, mientras que tres maestros podrían ser reubicados, aunque no se ha informado más sobre el caso.
En ese contexto, los siguientes días los normalistas continuarán con el programa de actividades para celebrar el 92 aniversario de la institución, en el que se espera la participación de los padres y madres de familia de los 43 desaparecidos.
La delegación de la sección 14, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que aglutina a trabajadores administrativos y maestros, desconoció al director Víctor Gerardo Díaz porque considera que sus acciones ponen en riesgo el equilibrio de la institución.
Los integrantes de la delegación sindical se reunieron en la Normal Rural de Ayotzinapa y en declaraciones el secretario general, José García Mora, dijo que la situación de la institución es complicada y no abundó en las acciones de Gerardo Díaz, sólo dijo que el director “está oficializando muchas anomalías” como faltas de respeto y prepotencia, “nosotros no queremos ser partícipes de estas situaciones, de malos manejos de recursos”.
Informó que el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón reconoce a Gerardo Díaz y “si los muchachos están en ese tono, adelante, lo respetamos no vamos a entrar en conflicto con los jóvenes. Aquí una persona está llevando a cabo todo eso, los jóvenes por naturaleza son inquietos, rebeldes, pero sí quisiéramos que la dirección cuide el equilibrio entre la situación académica y laboral, el compañero (el director) no lo está haciendo” y por eso la delegación sindical notificó a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) su decisión de desconocerlo.
Añadió que la delegación sindical también informaría de manera formal de su postura al Comité Estudiantil, así como un acta que se levantó con las firmas de unos 120 trabajadores administrativos y maestros de la institución, que estuvieron de acuerdo en desconocer a Gerardo Díaz, misma que se presentó ante el gobierno estatal.
Recalcó que con esto no están en contra de los estudiantes, por el contrario, los llamó a que “se incorporen a la cuestión académica”, debido a que según los últimos resultados de la evaluación de Ingreso al Servicio Profesional Docente, la Normal Rural de Ayotzinapa está en último lugar, cuando hace 12 años estaba en primer lugar.
Por último, García Mora dijo que la delegación sindical respeta la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desparecidos, pero es necesario que se refuerce la vida académica en la institución y dijo que la próxima semana el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, recibirá a una comisión para resolver sus demandas. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Joaquina García y Emiliano Navarrete, padres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, participan en una audiencia ante la CIDH, ayer en Santo Domingo, República Dominicana; a su lado, el abogado Vidulfo Rosales Foto: EFE
Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron su preocupación por el cuestionamiento del gobierno de México al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reportó el uso de tortura en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En una audiencia pública sobre el caso ante el mecanismo de seguimiento de la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
Mientras que el Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición, informó el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia el comisionado Luis Ernesto Vargas defendió el trabajo de la ONU en materia de derechos humanos, en especial del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y su equipo.
“Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificaciones a ese trabajo”, expresó.
“Cuando un organismo de derechos humanos plantea la posibilidad con base en investigaciones previas, que puede que no sean judiciales, pero sí son de un organismo que supone trabaja con la misma objetividad con el que lo hace la Comisión Interamericana Derechos Humanos, plantea la posibilidad de que haya torturas con respecto a personas que están siendo procesadas, pues yo creo que hay que prestarle más atención al tema”, añadió.
Dijo que la indagatoria se iría al traste si alguna de las declaraciones de las personas que están vinculadas fueron afectadas por tortura.
“Me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado atención, de pronto estemos buscando la descalificación”, reiteró.
El mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias de tortura
La comisionada Flávia Piovesan detalló que el mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias en relación a la tortura en el caso, y que solamente 53 están siendo analizadas o han sido concluidas, además de que sólo dos han tenido una conclusión positiva en conformidad con la aplicación del Protocolo de Estambul.
Enfatizó “la importancia de la ONU, de su autoridad, de su expertise, de este informe”.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas convocó a todos los comisionados a leer la postura del Estado mexicano, que fue entregada ayer a la CIDH y a la ONU-DH.
“Simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe la oficina”, aseveró. “Tenemos todo el respeto para las Naciones Unidas y para la Oficina del Alto Comisionado”.
Piden a EU más datos de Guerreros Unidos
El Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el Fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia de la CIDH la representación del Estado mexicano aseveró que para la PGR esa información es valiosa, porque permite incorporar datos adicionales a la investigación.
“Se considera que es necesario profundizar en algunos aspectos y formular peticiones adicionales de información”, afirmó.
“Además de realizar acciones muy directas para corroborar y descartar aspectos contenidos en esas conversaciones, esas peticiones han sido ya planteadas ante las autoridades que dan trámite de ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas nos planteó”, añadió.
“Por la naturaleza pública de esta audiencia no es factible particularizar los detalles de lo que se está requiriendo, pero consideramos que es sumamente importante tener esa información adicional”, expuso Higuera.
“Para nosotros es muy importante seguir contando con la cooperación de las autoridades estadounidenses y de cualquier otra que nos pueda aportar datos, detalles o cualquier información que pueda servirnos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, dijo.
La representación del Estado fue cuestionada por el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien afirmó que existen dos narrativas sobre Guerreros Unidos.
Rosales acusó que el gobierno mexicano presentó la versión de que la organización delictiva tenía un alcance regional, y que después de la desaparición de los jóvenes había sido disuelta.
“La segunda versión es la que se corrobora con los propios mensajes. De acuerdo con esta perspectiva se trata de un grupo criminal en expansión con capacidad de acción trasnacional que introduce heroína los Estados Unidos para distribuirla en ciudades norteamericanas”, explicó.
“Ambas narrativas no pueden ser ciertas. Alguien miente”, dijo Rosales y aseguró que la red criminal no puede operar sólo con la participación de autoridades locales, sino que supone la participación de funcionarios estatales y federales.
“Los mensajes confirman que detrás de la desaparición de los 43 está una organización de gran alcance que coordinó y supone la participación de funcionarios del ámbito estatal y federal”, manifestó.
“No podemos dejar de preguntarnos si no ha sido el encubrimiento de esta organización criminal una de la razones para no llegar a la verdad del caso”.
“Saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo”, señala el padre de uno de los 43
En un boletín el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña legalmente a los padres de los 43 desaparecidos, informó que en la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa las familias y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
La representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial, la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales, el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.
El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.
Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.
Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la medianoche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.
“Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa”, se lee en la misiva.
Agrega que se denunció que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas, y que el gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.
Joaquina Velázquez pidió a la Comisión que no abandone a las familias en este escenario. La CIDH anunció que en breve presentará un balance del trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento.
Escatima la PGR información de los 43 a la CNDH
La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció ayer que personal de la CNDH que pide acceso a los documentos es obligado por la PGR a copiarlos a mano.
“Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial”, afirmó González Pérez.
“Con formalismos de que esta no es la ventanilla nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es ‘no, estamos analizando el planteamiento’. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo”, expuso entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia.
González Pérez dijo que se refería a la información recientemente publicada por “filtraciones de diálogos” sobre Ayotzinapa, que contienen conversaciones grabadas por el FBI en Estados Unidos en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en Chicago discutieron sobre la desaparición de los normalistas.
De las elecciones dijo que “México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos”.
