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Cierran normalistas la Autopista para que los padres estén en el interrogatorio a Felipe Flores

Unos 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon 2 horas el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco y ocuparon dos radiodifusoras en esta ciudad, para exigir que la Cámara de Diputados intervenga para que se acepte la petición de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de estar con sus abogados en el interrogatorio al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, respecto de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Al mediodía los normalistas llegaron al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal, al sur de la capital, en dos autobuses y pararon a los conductores de un tráiler, una camioneta de la Secretaría de Salud, y otros que atravesaron en los carriles de alta velocidad para impedir el paso vehicular de manera total en la zona.
Los estudiantes cubrieron su rostro con máscaras, playeras y pañuelos, pero se identificaron mediante su equipo de sonido que transportaba una camioneta que envió la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) al bloqueo para apoyar a los jóvenes.
En el cruce ya se encontraban más de 15 autobuses de la Policía Federal que transportaban a agentes con equipo antimotines. Una comisión se acercó a los normalistas y les pidió que no obstruyeran el paso para garantizar el derecho al libre tránsito, los jóvenes informaron que estaban ahí para pedir que la Cámara de Diputados que recibiera a los padres de familia de los 43 desaparecidos quienes se encontraban en la Ciudad de México, y se negaron a retirarse.
Durante una hora el bloqueo fue de manera total hasta que los policías pidieron que se abriera un carril en el sentido de norte a sur, ya que una ambulancia debía pasar, los jóvenes accedieron pero no llegó ninguna ambulancia.
Los normalistas hicieron un mitin en el que informaron que Flores Velázquez es uno de los actores principales de los ataques en Iguala, por lo que es necesario que las autoridades permitan que los padres de familia de los 43 desaparecidos estén en sus primeras declaraciones, para evitar que se manipule la información y se insista en la versión oficial del caso, que dice que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Además pidieron que se esclarezca el asesinato de los normalistas Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, que ocurrió el 4 de octubre pasado, ya que “no nos creemos el cuento de que fue un asalto” como informaron las autoridades.
También reprocharon que la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores no garantiza la seguridad en el estado y en cambio, ha aumentado el número de crímenes.
Más tarde uno de los representantes estudiantiles accedió a abrir un carril en cada sentido para que los vehículos particulares y de transporte público pudieran avanzar, en cuanto los carriles fueron liberados, los policías se desplazaron por la zona bajo el argumento de que resguardarían el tránsito para evitar accidentes.
La presencia policiaca a pocos metros de la protesta provocó tensión y los normalistas exigieron a los agentes que se retiraran del lugar y que llegara personal de Tránsito para esa labor. El comandante ordenó la retirada de una parte de los uniformados, pero otros permanecieron cerca de los jóvenes.
A la 1:45 de la tarde de manera repentina los normalistas de Ayotzinapa corrieron hacia los autobuses que los transportaron de Tixtla a Chilpancingo, dejaron libre el paso vehicular en la zona ya que vía telefónica supieron que una comisión de los padres de familia de los 43 desaparecidos había sido atendida en la Cámara de Diputados.
Antes, a las 11:30 de la mañana una comisión de estudiantes de Ayotzinapa ocupó las radiodifusoras Capital Máxima y Radio UAG, en donde dijeron que los padres de los 43 desaparecidos deben de ser informados de manera puntual sobre los avances de la investigación.
Precisaron que no están en contra de que el premio Belisario Domínguez, que entrega el Senado de la República a principios de noviembre, se le dé post mortem al trabajador de la gasolinería Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien falleció durante el desalojo a balazos contra estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, si no que están en contra de que se criminalice a los normalistas.
Aseguraron que las organizaciones que promueven a Rivas Cámara como galardonado, emprendieron una campaña de desprestigio contra la Normal Rural de Ayotzinapa, culpando a los estudiantes de su muerte, pero “recordemos que ese día el gobierno tenía que justificar de alguna forma los ataques hacia nuestros compañeros, hay videos que prueban que ellos no tuvieron nada que ver en el incendio, fueron masacrados”.

Sigue la PGR en el caso Ayotzinapa la línea de Huitzuco y 70 policías ya declararon

El presidente de la Comisión Especial para el caso Iguala del Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) le informó que la posible intervención de policías municipales de Huitzuco en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí es una línea de investigación y que 70 elementos de esa corporación ya rindieron su declaración.
Comentó también que la autoridad federal le informó que recibió del Tribunal Superior de Justicia del Estado un dispositivo que presuntamente contenía las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, sin embargo no encontraron imágenes en el mismo, por lo que se solicitó el apoyo del FBI (Buró Federal de Investigación por sus siglas en inglés) para que con su tecnología intenten recuperar material que sirva a la investigación.
Además se le notificó que por lo menos 3 mil líneas telefónicas que fueron utilizadas entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 son investigadas.
Este lunes Mejía Berdeja se reunió en la Ciudad de México con el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, y con el de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal.
Consultado ayer vía telefónica, Mejía Berdeja, quien también es coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, informó que el encuentro fue productivo y se abordaron varios temas relacionados con la investigación de los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en los que fueron asesinadas seis personas y desaparecidos 43 estudiantes.
Explicó que en el encuentro le informaron que la posible participación de policías municipales de Huitzuco en esos hechos, como lo dio a conocer en un informe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es una línea de investigación.
Incluso dijo que la PGR ya le tomó su declaración a 70 policías de ese municipio, aunque aclaró que hasta ayer ninguno había sido detenido, y por secrecía no se le informó más al respecto.
Comentó que en la reunión él pidió que la PGR no se centre exclusivamente en la versión de que los normalistas fueron llevados a Cocula, como lo informó en su momento el ex procurador Jesús Murillo Karam, y que se consideren todas las posibles rutas que pudieron ocupar los responsables en toda la región Norte.
Dijo que al respecto los funcionarios federales le explicaron que se está trabajando en ese sentido, y que las indagatorias contemplan también municipios aledaños a Iguala en una dinámica que pretende agotar todas las posibilidades.
Otro de los planteamientos que les hizo, comentó, es la necesidad de identificar al “Patrón”, que es la persona ante la que presuntamente fueron llevados los estudiantes detenidos por policías de Huitzuco en el puente de El Chipote, cerca del Palacio de Justicia de Iguala, y que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531.
Al respecto, indicó que los funcionarios le informaron que están trabajando para poder identificar a esa persona.
De que el Tribunal Superior de Justicia del Estado entregó a la PGR las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia, que podrían contener imágenes relacionadas con esos hechos, dijo que los funcionarios confirmaron que recibieron un dispositivo que presuntamente contenía ese material.
Sin embargo, señaló que le explicaron que al revisar el dispositivo no encontraron nada, pero para agotar cualquier posibilidad solicitaron el apoyo del FBI para que con su tecnología se analice e intente rescatar algo que pueda servir a la investigación.
Mejía Berdeja comentó que también le notificaron que se revisan 3 mil 200 líneas telefónicas que fueron utilizadas entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Además le reiteraron que la visitaduría de la PGR inició una investigación al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por el tema del Río San Juan, en referencia a la presunta siembra de pruebas en la que incurrió el ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, para defender la versión de que los normalistas desaparecidos fueron quemados en el basurero de Cocula.
Respecto a por qué no se ha aplicado el mecanismo de seguimiento del caso que estableció la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos (CIDH), dijo que los funcionarios le explicaron que no depende de la PGR, sino del organismo internacional que debe enviar a asesores externos a México para que inicie su operación.
Mejía adelantó que todos los asuntos que trató en la reunión los expondrá en la sesión del Congreso local que se celebrará hoy, y dijo que el compromiso de los funcionarios de la PGR fue que mantendrán constante comunicación y no descartó más reuniones de ese tipo.

Abren proceso a los detenidos por el caso de la Urvan por asalto y asesinato sin premeditación

El juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió la mañana de este jueves la vinculación a proceso, con prisión preventiva, de cuatro de los acusados por el asesinato de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, del trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y del chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
La audiencia pública fue en la sala 1 de juicios orales ubicada en la Ciudad Judicial, a las 7:30, en donde el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado sostuvieron que el móvil del múltiple homicidio fue el asalto y que los dos estudiantes normalistas asesinados opusieron resistencia, pero el asesor legal de los dos normalistas, Vidulfo Rosales Sierra insistió en que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados para asesinar a los dos normalistas
También hubo discrepancias en cuanto al número de personas que actuaron en el múltiple homicidio. Los representantes del Ministerio Público (MP) que presenta los elementos y su investigación, y de la Fiscalía que defiende su caso, sostuvieron que fueron cinco, mientras que Rosales Sierra dijo que fueron seis.
Sin embargo hubo coincidencia en cuanto a la mecánica y la ruta que siguieron los ahora imputados la tarde de ese 4 de octubre.
Asimismo compartieron la certeza de que los detenidos son los que participaron en los homicidios de las cuatro personas ese día, aunque al término de la audiencia de vinculación a proceso solicitaron un plazo de cuatro meses para la próxima –la audiencia de juicio-, plazo que utilizarán para presentar más argumentos en contra de los imputados.
A su vez los dos defensores públicos que asisten legalmente a los acusados, se reservaron “por estrategia” su derecho a presentar argumentos a favor de sus defendidos, y también omitieron su derecho a emitir argumentos en su defensa.

La ruta de los acusados

La versión de los representantes del MP y de la Fiscalía, que obtuvieron mediante el testimonio de dos testigos, es que los cinco detenidos (cuatro mayores de edad que ayer fueron vinculados a proceso y un menor de edad al que le dictaron medidas cautelares el miércoles en el Tribunal de Justicia para Adolescentes), abordaron la Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla en la colonia Indeco, y que cuando llegaban al kilómetro 4 en el punto conocido como El Derrumbe o la Curva del Amate, sacaron pistolas con las que dos de ellos amagaron al chofer y lo obligaron a detenerse.
“Órale hijo de tu puta madre, párate o matamos a todos”, le habría dicho uno de los hombres armados al conductor, quien detuvo la unidad. Entonces otro disparó (no precisa el MP si éstos se hicieron dentro o ya fuera del vehículo), pero dice que después bajaron a los pasajeros y los obligaron a tirarse al suelo para despojarlos de dinero y teléfonos celulares.
Según el MP y la Fiscalía, Jonathan Morales y Filimón Tacuba (estudiantes de Ayotzinapa) opusieron resistencia y fue cuando les dispararon.
También le dispararon al trabajador del IEEJAG, Juventino Carranza, quien quedó herido pero murió cuando era atendido en el hospital Raymundo Abarca Alarcón.
Posteriormente los ahora detenidos dispararon a otros conductores, entre éstos al chofer de una Urvan que circulaba de Tixtla a Chilpancingo e hirieron a un niño de 8 años que iba de pasajero y al conductor. Asimismo resultó herido el chofer de una camioneta de una tienda de abarrotes de Chilapa y el conductor de la Urvan 41 en la que viajaban las víctimas.
Según el MP y la Fiscalía después los cinco hombres armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo particular (del que no mencionan las características) en el que se regresaron rumbo a Chilpancingo y cerca de casa Guerrero lo abandonaron y caminaron rumbo a la colonia Ampliación Revolución (que se encuentra a menos de un kilómetro) en donde en la calle Constitución le hicieron la parada al chofer de la combi número 63 de la ruta Reforma-Mercado, quien al ver que iban armados lo mataron a balazos. Se trata del chofer Marco Antonio Organista Lorenzo.
Enseguida los cinco armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo Chevrolet Sonic negro, quien bajo amenazas los trasladó al otro extremo de la ciudad, a la colonia Sección Séptima, (que se encuentra en la parte alta de la colonia López Portillo, al poniente de la ciudad), en donde se dispersaron y tomaron rumbo desconocido.
El representante del MP y el de la Fiscalía, destacaron que los dos testigos han identificado plenamente a los cuatro detenidos.
La discrepancia

En cambio el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien funge como asesor jurídico de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Dijo en su exposición que fueron seis los hombres armados que participaron en el múltiple homicidio.
El abogado citó como testigos a los mismos que utilizaron el MP y la Fiscalía, aseguró que primero en la parada de la colonia Indeco se subieron tres y tomaron los asientos de la parte de atrás de la Urvan. Metros más adelante abordaron la unidad otros tres que ocuparon los asientos delanteros, situación que el abogado utilizó para argumentar que hubo “premeditación” de los imputados pues planearon dejar en medio e indefensas a sus víctimas.
Rosales Sierra insistió en que durante el ataque a los estudiantes no hubo resistencia de los dos estudiantes y que, incluso, les dispararon a pesar de que Jonathan y Filimón les dijeron que eran estudiantes y que no llevaban nada (de valor).
En cuanto a la ruta que siguieron los hombres armados para darse a la fuga, Rosales sólo agrega que hubo cámaras del Centro de Control, Comunicación y Comando (C-4) que registraron a los seis armados y ahora acusados cuando huían por la colonia Reforma.
Sin embargo el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió que no existen elementos que establezcan que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados y coincidió con el móvil que expusieron el MP y la Fiscalía en el sentido de que se trató de un asalto circunstancial.
Los representantes del Ministerio Público y de la Fiscalía expusieron que en el lugar donde fueron asesinados los dos estudiantes y el trabajador del IEEJAG se encontraron 11 casquillos de pistola calibre 22, cinco de 9 milímetros, uno de 380 y otro de calibre 25.
Aunque en la necropsia a los cuerpos de las víctimas los impactos que recibieron sólo fueron de 9 milímetros y 22., casquillos de estas dos últimas armas también fueron encontrados en el lugar donde mataron al chofer de la Urvan del servicio público de Chilpancingo, en la colonia Reforma.
De las cuatro víctimas sólo los dos estudiantes de la Normal de Ayozinapa recibieron dos impactos. Filimón Tacuba recibió uno en la cara y otro en la sien, y Jonathan uno en la frente y otro cerca de la nariz. Mientras que Juventino Carranza recibió uno cerca de la patilla derecha y Marco Antonio Organista uno del que no se precisó el lugar del impacto.

Que Dios los Bendiga

Al final el juez de control sintetizó los señalamientos, acusaciones y argumentos del MP, la Fiscalía y de los asesores de los familiares de las víctimas y resolvió la vinculación a proceso de los cuatro imputados.
Asimismo aceptó la petición de los representantes del MP y de la Fiscalía de establecer un plazo de 4 meses para la próxima audiencia que será la de juicio. El plazo fue aceptado por los asesores de los familiares de las víctimas y por los defensores públicos. El juez destacó que este plazo servirá para que las partes presenten más elementos de prueba para la imputación, o bien para la defensa.
Acomodados en sus asientos dos de los imputados se observaron tímidos e intimidados, los otros dos recorrían con su mirada escrutadora la sala y a todos los actores del juicio, uno de ellos incluso parecía retador e interactuó permanentemente con uno de los defensores públicos acreditados para su defensa.
Francisco, el padre del chofer Marco Antonio Organista propuso representarse solo en el juicio, pero el juez le aclaró que tenía que utilizar al asesor de las víctimas del delito que paga el Estado, porque hay términos que sólo éstos conocen y declinó a su propuesta.
Al final quiso participar y el juez le cedió la palabra. Agradeció de entrada a las autoridades por la detención de los acusados, “yo no tengo la certeza (de que sean ellos), ustedes (las autoridades) sí la tienen”, dijo.
Mirando al juez, acusó: “hay autoridades que se corrompen, pero hay un Dios que no”.
Después volteó hacia los acusados y con los ojos húmedos pero firme, les dijo: “sepan ustedes que dejaron a dos niños en la orfandad. Yo no sé por qué hacen ustedes estas cosas que enlutan a familias, ya no sigan matando a gente inocente. Que Dios los bendiga”, se escuchó casi suplicante, y, visiblemente abatido se desplomó en su asiento.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra declaró que tratará de demostrar que los detenidos por el asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la tarde del 4 de octubre actuaron con “premeditación” y no lo hicieron solos, sino que pertenecen a una estructura superior del crimen organizado.
El abogado insistió en que no se puede conformar sólo con los detenidos, “porque desde nuestro punto de vista no actuaron solos, ellos están ligados a otros vínculos con la delincuencia organizada y no solo con la delincuencia organizada, sino con todo un conjunto de complicidades de autoridades, de servidores públicos que hacen factibles que puedan cometer ese tipo de hechos violentos”.
Informó que personalmente ha debatido con el fiscal (Javier Olea Peláez), “le hemos solicitado que se puedan investigar estos vínculos, y verbalmente nos ha dicho que sí, esperemos que la Fiscalía se aboque a eso”.
También dijo que falta revisar todas las cámaras de video que hay cerca de Casa Guerrero por donde pasaron los detenidos, de la colonia Nueva Revolución e Indeco y de la colonia Sección Séptima, para determinar cómo actuaron los ahora detenidos.
Declaró que en este caso se debe comprobar la voluntad que tiene el gobierno para investigar más allá de los hechos del 4 de octubre. Pero dijo que lo que está viendo es una posición muy férrea de acotar los hechos a los detenidos, y que se asume la postura de que no hay nada más fuera eso, “y eso nos parece grave porque se están quedando cosas sueltas”.

Preparan en el Congreso local un exhorto a Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa

La Comisión Especial del Congreso del estado para el Seguimiento de las Investigaciones de los Acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del 2014 aprobó un punto de acuerdo en el que pide al gobierno federal que genere las condiciones para que se apliquen las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la reunión, el presidente de la comisión, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de punto de acuerdo en el que el Congreso de Guerrero exhorta al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la procuradora General de la República, Arely Gómez González, y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Salinas, a “redoblar esfuerzos para incrementar todas las acciones necesarias para determinar el paradero o destino de los beneficiarios de las medidas cautelares y el esclarecimiento de los hechos”.
En el punto de acuerdo los diputados se refieren a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigen que se “den todas las facilidades para el desempeño de quienes habrán de conformar el mecanismo que se encargará de darles seguimiento”, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El punto de acuerdo deberá presentarse a la Comisión de Gobierno para que sea incluido en el orden del día y presentado próximamente al pleno para su votación.
También acordaron solicitar una reunión con el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, para que informe sobre el estado de las tres recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no ha atendido.
También pedirán a la Fiscalía información sobre los procesos penales del fuero común relacionados con las seis personas que fueron asesinadas la noche y madrugada de la agresión en Iguala.

Exigen perredistas la expulsión del diputado que se alió con el PRI en el caso Ayotzinapa

Militantes del PRD y fundadores de ese partido en Guerrero exigieron la destitución y expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri, por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para bloquear las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Rafael Aréstegui Ruiz dijo que “no le podemos pedir al Estado que se investigue a sí mismo cuando hay pruebas de participación del fuerzas gubernamentales, del Ejército, de las policías federales, policías municipales y fuerzas políticas, no se puede dar carpetazo, es un crimen de Estado”.
El diputado del PRD, Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala, para ya no dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En conferencia de prensa en el restaurante Woolworth, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, lamentó la posición del diputado del PRD de “darle carpetazo” a la investigación de qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Expuso que es una situación que no puede aceptarse por parte del PRD, “no es una posición de partido y exigimos al comité nacional una explicación y expulsión del partido” del diputado.
“Los perredistas no podemos contar con este tipo de personajes que abandonan la lucha social y sobre todo las causas justas, porque este no es sólo un problema que agravia a los padres de los 43 desaparecidos, sino que agravia a la nación y a la comunidad internacional”, enfatizó.
Arellano Maldonado agregó que en la Jucopo también está el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, quien como diputado local se negó a procesar las denuncias en contra del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Aréstegui Ruiz puntualizó que el Estado no tiene autoridad moral ni ética para hacer alguna investigación, “esta actitud del coordinador es una posición de entrega, de subordinación a la política del PRI, que tiene interés de echarle tierra al asunto”.
Dijo que la postura del PRD debe ser la de investigar a fondo los hechos y castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Expuso que la característica de los crímenes de Estado es que nunca se sabe qué pasó, e insistió en que lo que ocurrió en Iguala tiene “características de un narcoestado”.
Por su parte, el ex perredista y ahora integrante de la organización Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, dijo que “la traición está muy de moda” y esa fue la actitud del diputado federal, “traicionan los movimientos sociales y políticos, a los padres al pueblo de México que ha estado luchando por la presentación con vida de los estudiantes, es una actitud de traición porque no ha habido ninguna investigación sería”.
“Exigimos que la investigación se siga dando, se quieren resultados de esta actitud criminal, los gobiernos tienen la obligación de darnos seguridad a todos los ciudadanos”, enfatizó.
El secretario de elecciones del comité municipal del PRD, Jesús Silva, exigió que desde la estructura nacional del partido se apliquen los estatutos, la separación del diputado de la comisión que tiene en la Jucopo, y “si fuera posible exigir la renuncia a la militancia del partido, porque contraviene los principios del mismo, demandamos se restituya el objetivo de darle seguimiento, como militantes del PRD la transparencia y seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Por su parte, Óscar Chávez Rendón dijo que no se puede permitir que se tape el caso Ayotzinapa.
Señaló que los diputados federales como Francisco Martínez están “acostumbrados a que se les beneficie monetariamente”, o que eso parece al actuar en contra de los principios del partido.
Pidió a la dirigencia nacional que no se asuman actitudes que lastiman al pueblo de México y que se enderecen las rutas.
En la conferencia también estuvo la secretaría de Derechos Humanos del comité estatal, Yenedith Barrientos, y Norberto Refugio Chamú.
Durante la conferencia, Eloy Cisneros denunció la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé y exigió su presentación con vida.
Recordó que salió de una reunión en las instalaciones del IMSS en Zihuatanejo el pasado jueves antes de la una de la tarde y desde entonces ya no se pudo localizar.
“No hay información de que algún grupo la tenga”, manifestó, y recordó que la doctora se distinguió en el pasado por la lucha social, “no sabemos aquí, como hay complicidades entre el Estado y las mafias, no sabemos la situación real de la compañera, demandamos la presentación inmediata, los gobiernos en sus distintos niveles tienen la obligación de darnos seguridad, que se aboquen a la investigación de este caso”.

Urge esclarecer lo que pasó y aplicar la ley “sin miramientos” en el caso Ayotzinapa: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que “es urgente” esclarecer lo sucedido en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, pues “solamente conociendo lo que realmente sucedió la agitación social en torno a la desaparición de los 43 normalistas tendrá respuesta a su exigencia, dando paso a la normalidad democrática”.
En un desplegado publicado ayer en El Sur, titulado “A dos años de Ayotzinapa”, Astudillo Flores urgió a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, “es urgente hacer lo necesario para tener certeza en las investigaciones y aplicar el peso de la ley a quienes resulten responsables. México y Guerrero reclaman justicia y verdad”.
En el texto, el gobernador solicitó “a las autoridades competentes el esclarecimiento de esta deleznable tragedia”.
Astudillo Flores consideró que la desaparición de los 43 normalistas en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 “es una tragedia que marca el tiempo de los guerrerenses. No hay justificación para que desaparezcan 43 jóvenes como si sólo hubieran sido producto de la imaginación”.
En el misto texto el gobernador reconoce que “la indignación sobre ese hecho exige que a la brevedad posible se ofrezcan resultados y se aplique la ley sin miramientos”.
Astudillo Flores señala que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es una profunda herida en la conciencia y en los sentimientos de la nación”.
“Los 43 desaparecidos son hijos de Guerrero, igual que nosotros, igual que nuestros hijos e hijas; por lo tanto nuestro deseo es que pronto se pueda tener información sobre lo sucedido y lo mas importante: ¿en donde están los 43 jóvenes?”, dice la carta.
El gobernador dice que comparte el dolor con los padres, madres, compañeros y hombres de bien que reclaman la verdad sobre la desaparición de los normalistas y llama a que el atraso y la desigualdad “no deben estimularse con el desacuerdo y menos aun con el oportunismo político y social”.

El Palacio de Gobierno no tiene la culpa

Por otra parte, en declaraciones en Radio Fórmula Acapulco al conductor Marco Antonio Aguileta, el gobernador dijo ayer que los ataques a las instalaciones del gobierno del estado no resuelven la investigación, porque el “el Palacio de Gobierno no tiene la culpa”, y justificó las acciones de los policías contra normalistas porque dijo que “estaban custodiando el edificio y por ningún motivo se iba a permitir que se agrediera” a las oficinas.
“La policía tenía que actuar”, dijo el gobernador sobre la confrontación el domingo entre normalistas y policías estatales que concluyó con la detención momentánea de siete estudiantes.
“No se puede provocar una lluvia de bombas molotov y de artefactos explosivos en contra de las instalaciones, en contra de los policías, más en contra de los policías, alguien tenía que intervenir, pues, para parar eso, porque de lo contrario se podría provocar una tragedia”, añadió.
El gobernador dijo que el mitin de los padres ya había concluido cuando unos 15 o 20 jóvenes lanzaron “bombas molotov y artefactos explosivos muy peligrosos” en contra de los policías y del Palacio.
“Yo creo que ese tipo de acciones de violencia no se pueden permitir, estamos efectivamente en los dos años que reprobamos estos hechos, pero tampoco el Palacio de Gobierno tiene la culpa, ni tampoco los policías del estado”, expresó.
Astudillo Flores dijo que su gobierno ha sido “mucho muy cuidadoso” ante las manifestaciones con motivo de los dos años de la desaparición de los normalistas, “pero llega un momento en que se tiene que actuar para evitar que se trastoque otro tipo de bienes”.
“No es el Palacio de Gobierno el que va a resolver el problema ni agrediendo a los policías del estado, que además son guerrerenses también”, dijo.
E insistió en su llamado a quienes se manifiestan para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas a evitar acciones de violencia, pues “la violencia no va a resolver un problema de violencia”.
Reiteró su posición de que “ojalá sea pronto” que se conozcan conclusiones del caso para saber qué sucedió en Iguala, porque se han conocido muchas versiones y eso ha propiciado “que exista una gran confusión”.
“Creo que debe haber una conclusión de algo que necesariamente tiene que haber, por supuesto que lo mas importante es saber qué pasó y en dónde están esos 43 jóvenes”, reiteró.
“Por supuesto mi posición es que se llegue a conocer, que se sepa con claridad, con contundencia, qué es lo que realmente sucedió, ¿dónde están?, ¿donde quedaron?, ¿adónde los llevaron?, ¿adónde fueron?, todo esto siguen siendo las grandes incógnitas”, agregó.
Dijo que se cumplen dos años de la “tragedia de Guerrero”, porque ese hecho provocó y sigue provocando en todo el mundo indignación.
Héctor Astudillo recordó que en septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, él era diputado local y al igual que en esa ocasión, ahora como gobernador mantiene la postura de exigir justicia y esclarecer lo sucedido.
“Ahora soy el más interesado en que se conozca a través de las investigaciones, que se llegue a conclusiones, a la realidad de dónde están estos 43 normalistas y cuáles fueron realmente los motivos para ocasionar esta acción tan reprobable y tan inhumana”, dijo.
“En el caso de los 43 desaparecidos no debe haber ni perdón ni olvido, debe haber justicia y debe llegarse a esclarecer puntualmente qué sucedió y dónde están”.

A Ríos Piter le contestó con valor civil, dice

De la confrontación en mensajes de Twitter con el senador perredista Armando Ríos Piter, el gobernador dijo que se trata de un debate innecesario “porque no se trata de echarnos culpas”, pero que respondió de manera oportuna y contundente.
El pasado sábado mediante la red social Twitter, el senador perredista y el gobernador protagonizaron un intercambio de mensajes en torno a los señalamientos del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a los gobiernos del PRD, a quienes culpó de la violencia en el estado.
“¿Con 1,797 homicidios dolosos en lo que va del gob de @HectorAstudillo el PRI recuperó a Guerrero?”, cuestionó Ríos Piter, y en respuesta vía la misma red social, Astudillo Flores señaló la “violencia que generaron amigos tuyos, como Abarca. Ya se te olvidó. Cobarde”.
Astudillo Flores dijo que no es su estilo enviar mensajes por redes sociales porque las ocupa para dar mensajes institucionales, pero “hay ocasiones en que los gobernantes también tenemos que contar con la fuerza y con el valor civil suficiente como para contestar, porque ser gobernante no representa que seas el punto central de los ataques y de las descalificaciones, el gobernante también tiene derecho a fijar posiciones y fue lo que yo hice”.
Luego el gobernador señaló que el problema de la violencia en Guerrero debe ocupar a todos, pues “ni la violencia llegó conmigo ni se va a ir conmigo, ni en un mes, dos meses o seis meses, es un asunto más arraigado del que podemos observar a simple vista”.
Agregó que en coordinación con el Ejército, la Marina y la Policía Federal se hace “todo lo que nos corresponde para enfrentar este grave problema”.
“No creo que sea correcto que quienes en algún tiempo tuvieron responsabilidad hoy quieran acusar simplemente por acusar, olvidándose que también parte de los problemas se generaron por algunos encubrimientos, como es precisamente el caso de Iguala”, señaló.
Astudillo Flores añadió que actuará con responsabilidad y no repartirá culpas, pero advirtió que tiene el “valor suficiente” para contestar a quienes “en ocasión de ver qué raja saco en estos días cuando la memoria desaparece fácilmente”.

Comparte frustración, dice Alto Comisionado de la ONU a padres de normalistas desaparecidos

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, se reunió con los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa a quienes les manifestó su “profunda simpatía” y les dijo que comparte su “frustración” a casi dos años de la separación de sus hijos.

La reunión privada fue en la normal e inició a las 11 de la mañana y concluyó dos horas después.

Ahí les manifestó a los padres de los estudiantes su “profunda simpatía personal e institucional” por la lucha de búsqueda que iniciaron hace casi dos años.

También se pronunció por la verdad de los hechos y la justicia según los estándares internacionales y les dijo que comparte la frustración de no encontrar aún a los 43 jóvenes estudiantes.

Reanudar el diálogo con las autoridades estatales y federales, acuerdan maestros de la CETEG de La Montaña

En la asamblea regional de bases de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se acordó el seguimiento a la lucha magisterial y la reinstalación de la mesa de negociación con las autoridades estatales y federales.
Se informó que a partir del 2 de octubre marcharán e iniciarán con el paro nacional indefinido y se incorporarán de manera representativa a las acciones del 25 de septiembre con la marcha estatal a un año de la desaparición de los 43 normalistas, y en la Acción Global 26 por Ayotzinapa.
La asamblea se hizo en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a donde asistieron representantes de escuelas y zonas escolares que avalaron las acciones para los próximos días.
El representante de la comisión política de la CETEG Montaña alta, Saturnino García informó de manera concreta los acuerdos de la asamblea para exigir la instalación de la mesa de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la CETEG con funcionarios de los dos niveles de gobierno, ya que hay cosas que se abordan en lo nacional y estatal.
Se aprobó que a partir de este martes se abrirán las instalaciones de la Delegación Regional de los Servicios Educativos para que los profesores hagan sus trámites como las jubilaciones, por lo que pidieron que se emita la convocatoria para acceder a ese derecho ganado en 30 años de servicio, “muchos están esperando que se emita (la convocatoria) para iniciar con los trámites”.
Además pidieron la incorporación al Fondo de Operación de la Nómina Educativa (FONE) porque hay varios maestros que no están dentro y en la región de la Montaña son más de mil 800.
Dijo que solicitaron la devolución de los descuentos o salarios a sus sueldos así como las reinstalaciones de los maestros que fueron despedidos por no aceptar la reforma.
Añadió que está la petición del reconocimiento de la Subsecretaría de los Pueblos Originarios ya que en este mes de septiembre cumplió un año del resolutivo del Congreso estatal en que se aprobaba la estructura y reconocimiento de dicha Subsecretaría.
Informó que seguirán con las acciones para exigir la abrogación de la “mal llamada reforma educativa” y echar abajo el tema de la evaluación porque “no le tememos a la evaluación si no a la forma en que la quieren aplicar, la que pedimos es integral con varios aspectos desde lo comunitario, lo organizativo”.
Dijo que el examen es punitivo donde a pesar de las calificaciones los que aplican no son considerados idóneos aunque reúnan los elementos pedagógicos.
Saturnino García fue detenido el 1 de septiembre por ser dirigente magisterial mientras venía de Chilapa a Tlapa, además de que tienen retenido su sueldo.
Los profesores fueron convocados a foros y conferencias sobre la reforma educativa.
Estuvieron unos 200 representantes de cada zona escolar.

Rechazó el Estado que algún integrante del GIEI participe en el seguimiento del caso Ayotzinapa

El Estado mexicano rechazó que algún miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa fuera parte del equipo de apoyo técnico del nuevo mecanismo de seguimiento, como plantearon los padres de los 43 normalistas desaparecidos, sin embargo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la ultima palabra, aclaró el representante de los padres, Melitón Ortega Martínez.
En declaraciones telefónicas Melitón Ortega no descartó la intervención de alguno de los cinco extranjeros del GIEI en el nueva etapa de acompañamiento internacional. Aseguró que hay muchas posibilidades que alguno de ellos se incorpore, que mañana (hoy) esperan noticias de sus abogados, y el martes, la presentación de los integrantes del equipo de apoyo.
Señaló que durante la negociación con las autoridades los padres lucharon para que el mecanismo internacional tuviera alcances similares al GIEI, es decir, que tengan la oportunidad de volver a entrevistar a los detenidos, a cualquier implicado en el caso y, por supuesto, a los militares que se negaron a hablar con extranjeros en la primera etapa de colaboración.
Explicó que para las padres todos los detenidos (integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala) están relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, sólo que “no quieren hablar, no quieren asumir la responsabilidad, estamos seguros (que) saben mucho, quién dio las órdenes, ¡no es posible que hayan venido extraterrestres por los estudiantes!” reprochó.
Destacó que el nuevo mecanismo va continuar el trabajo que dejó el GIEI cuando fue despedido del país, y seguirá las nuevas rutas de investigación señaladas en sus informes para descubrir el paradero de los estudiantes.
Destacó que será un trabajo serio, no de simulación como el que han venido tejiendo el gobierno federal y la Procuraduría General de la República (PGR). Denunció que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong operó para que en el Congreso local no pasara un punto de acuerdo para que el Grupo de Trabajo se entrevistara con los militares.
“En el Congreso hubo un amarre, fueron cerrando las puertas para proteger al Ejército, la política es que no se esclarezca nunca lo que pasó, autoridades de alto rango han destruido evidencia”, dijo sobre las videograbaciones de las cámaras de circuito cerrado del Tribunal Superior de Justicia y del Centro de Comunicación, Control y Comando (C4) que operaron soldados la noche de la agresión a los estudiantes.
Asimismo, señaló que no obstante las graves irregularidades dentro de la investigación, mantienen en su puesto al director la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien fue videograbado y es acusado de sembrar evidencias en el río San Juan en Cocula, donde fue hallada una bolsa con restos humanos. “Por eso los padres insistimos ante la lucha, para que respondan quiénes son los verdaderos implicados, quiénes dieron las orden, en el mas alto nivel” expresó.
Recordó en el ex comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo negó absolutamente cualquier intervención de la corporación a su cargo en los ataques y aseguró que nunca enteró en tiempo de las agresiones, “nosotros le creímos, y resulta que estuvieron por lo menos dos policías federales en el Palacio de Justicia, y todas las corporaciones en Iguala tienen bitácoras de los sucesos en los horarios de los ataques”.
Sobre las acciones de los padres informó que desde el sábado se encuentran en la Ciudad de México y participaron en una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y van a seguir llamando a la protesta del 26 de septiembre, cuando se cumplen dos años de los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes.
“Tenemos que trabajar muy fuerte para poder llegar el 26 (de septiembre), han sido dos años de mentiras, de impunidad, de distracciones, de desviar las líneas de investigación, de descalificación del movimiento, de los padres, ese es el papel del Estado”.
Opinó que aunque vengan las mejores personas del mundo, los padres insistieron en la integración de los integrantes del GIEI en el nuevo mecanismo de acompañamiento para continuar sobre lo que ya se ha hecho, y ahora sigue estancado. No tenemos otra esperanza más que la confianza en este equipo, esperando el momento en que va a iniciar, probablemente el 13 de septiembre (mañana), “es la garantía de que vamos a lograr lo que queremos”.
Hoy, informó que habrá una actividad en el Hemiciclo a Juárez para elegir el cartel de promoción de la acción global de este mes, y este jueves, acudirán a la marcha de la CETEG del 15 de septiembre en Chilpancingo.

Bloquean 2 mil maestros la autopista en Chilpancingo por Ayotzinapa y contra la reforma

13:48. Unos 2 mil maestros, en su mayoría integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), bloquean la Autopista del Sol en la capital para exigir la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 23 meses en Iguala y la derogación de la reforma educativa.

Los maestros comenzaron la marcha a las 12:35 de la mañana, encabezados por la comisión “avanzada” de la CETEG, que porta palos y bats, y desde la una de la tarde bloquean los carriles centrales y laterales de la autopista a un costado de la terminal de autobuses, donde hacen un mitin.

En la movilización participan estudiantes de primer grado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que se distinguen por el pelo a rape y las consignas, y maestros de las regiones Acapulco, Centro, y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).