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Marchan la CRAC, Ayotzinapa y organizaciones en Tixtla; piden seguridad y justicia por Irineo Salmerón

Policías comunitarios de Tixtla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) incorporados a la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán, integrantes de organizaciones sociales y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa marcharon ayer en esta cabecera municipal y exigieron seguridad para la población y justicia por el asesinato de su coordinador, Irineo Salmerón Dircio.
Denunciaron que los asesinatos en contra de integrantes de la CRAC en este municipio suman siete en el último año, y tienen el propósito desde el gobierno de generar las condiciones para debilitar y desarmar a la Policía Comunitaria. Mientras que los crímenes contra activistas pretenden desarticular a las organizaciones que en el proceso electoral pasado impidieron las elecciones en protesta por el ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición de 43 la noche del 26 de septiembre del 2014.
En la movilización participaron policías comunitarios de las comunidades de Acatempa, El Troncón y El Durazno, así como de colonias de la cabecera municipal, todos portaban un moño blanco en la punta del cañón de sus armas largas de bajo calibre. Uno de los voceros explicó que el detalle fue un mensaje de que la Policía Comunitaria fue creada para la paz y no para la guerra y que su función es brindar seguridad a la población.
El contingente de más de 100 participantes partió del arco de la entrada de la ciudad, cerca de la gasolinera. Los policías comunitarios, la mayoría cubiertos del rostro, caminaron adelante en silencio. Atrás marcharon las organizaciones sociales y al final los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanentemente corearon consignas.
En algunas de las pancartas se leyeron consignas como, “Organizados podemos cuidarnos”, “Tixtla quiérete”, Tixtla es nuestro cuidémoslo”, “Sólo el pueblo salva al pueblo”, “Alto al hostigamiento a la CRAC”, y “Justicia”.
Una de las demandas fue el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato del coordinador de enlace de la CRAC de Tixtla, Irineo Salmerón Dircio, quien fue levantado por hombres armados el 23 de noviembre en Tixtla y encontrado ejecutado junto con otro hombre el 25 de ese mes cerca de Chilapa.
En el trayecto de la marcha los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa corearon consignas por la libertad de los presos de la CRAC, Gonzalo Molina González de Tixtla, Arturo Campos Herrera de Ayutla, y Samuel Gálvez Ramírez de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
La marcha llegó hasta el Zócalo, ahí hubo un breve mitin y el único orador fue el policía comunitario Ricardo quien explicó que el moño blanco fue un mensaje que indica que la Policía Comunitaria “no somos una fuerza punitiva, que no fuimos creados para la guerra sino para la paz, para la defensa de nuestro territorio, del pueblo, de nuestras familias, del agua”.
Denunció que la CRAC y su Policía Comunitaria llevan un año sufriendo hostigaminto y violencia, con la intención por parte del gobierno de debilitarla para desarmarlos.
“Pero desde aquí le decimos no. No estamos en ni queremos la guerra, pero les decimos que vamos a seguir armados, las agresiones que hemos sufrido nos han fortalecido y no nos van a doblegar, vamos a continuar a pesar de los asesinatos y desapariciones”, advirtió.
Al final de su breve discurso exigió la presentación y justicia por los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y por todos los desaparecidos.
Los asesinatos de miembros de la CRAC son para desarmar la comunitaria

Consultado después de su intervención, Ricardo declaró que desde el 26 de noviembre del 2015 han sido asesinados siete integrantes de la CRAC, los cuatro policías comunitarios que fueron asesinados ese 26 de noviembre, otros dos asesinados en el transcurso de este año pero que la agrupación decidió no hacer la denuncia pública, y el más reciente el de Irineo Salmerón Dircio.
“Sabemos que son agresiones directas contra la CRAC y en el fondo lo que quieren es desarmar a la Policía Comunitaria por ser (Tixtla) una zona estratégica y cercana a Chilpancingo, pero vamos a continuar armados”, dijo.
Agregó que con la marcha de este domingo “quisimos decirle al gobierno y a las organizaciones que nos quieran desarmar que vamos a continuar armados y en la lucha. Nosotros no tenemos armas de guerra, son armas de paz para la defensa de nuestros territorios, para la defensa de nuestra gente, para la defensa de la población”.
Denunció que la violencia es parte de una estrategia del Estado, porque si bien algunos casos son parte de la violencia general que se vive, hay agresiones directas no sólo contra la CRAC, sino contra las organizaciones sociales, y contra la Normal de Ayotzinapa que participan en el movimiento social.
“Por eso nosotros decimos que es una estrategia en contra del movimiento social y desde luego contra la CRAC, porque es un referente de justicia a nivel estatal”.
Dijo que no ven que la violencia en Tixtla sea un simple enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado como lo plantea el Gobierno, “no vamos a negar que en Tixtla hay grupos de la delincuencia, sin embargo ellos no se mandan solos, sabemos de su relación que tienen con el Estado, y nosotros hemos sufrido agresiones sin ser parte de ninguna de las organizaciones delincuenciales. Somos Policía Comunitaria, somos CRAC, y nosotros decimos que esas agresiones no vienen de la delincuencia organizada, sino del Estado”, acusó.
Pero añadió que para el gobierno es fácil decir que son parte del enfrentamiento entre las bandas del crimen organizado para dar por cerrado los casos, “y así se lava las manos y deja que siga todo igual”.
Explicó que por eso piden al gobierno un diálogo, para plantearle que garantice la seguridad en donde les corresponde, como en la cabecera municipal, “ya que para nosotros la Ley 701 es muy clara, nos impide salir a otros territorios en donde no tenemos el control. Por eso le pedimos seguridad en los lugares que no cubrimos y justicia en el caso de nuestros compañeros asesinados.
Informó que ya buscan un diálogo directamente con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
El vocero también reprochó que no basta solamente reconocer que Tixtla es con Chilpancingo y Chilapa, la ciudad en donde repunta la violencia y que requiere de mayor atención, como lo declaró el nuevo comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle, sino que se necesita actuar.
“A mí me preocupa que ni si quiera se conoce un plan de seguridad real. Se hacen declaraciones, se dicen cifras, se dice que ya no hay tanta delincuencia, que ya bajaron los índices delictivos y que sólo es una cuestión de percepción, cuando los que vivimos la delincuencia a diario sabemos que no sólo es una cuestión de percepción, sino una cuestión de violencia real, y es en medio de ésta cuestión que a la CRAC la quieren desarmar y desaparecer”, insistió.
El comunitario argumentó que al gobierno le dolió que la Policía Comunitaria de Tixtla haya entrado armada a la capital el 8 de abril del 2013 cuando reclamaron la libertad de su compañero Pedro Bartolo de El Troncón quien había sido detenido.
Añadió que también pretenden desarticular al movimiento en el que participó también la CRAC que logró impedir la elección en el municipio de Tixtla el año pasado en el marco de las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Chilpancingo, Chilapa y Tixtla requieren mayor atención, dice el nuevo jefe de la 35 Zona Militar

El problema de inseguridad en la región Tierra Caliente es por la pugna entre dos grupos que se secuestran familiares unos a otros, dijo el general José Francisco Terán Valle después de rendir protesta como comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.
El general brigadier diplomado del Estado Mayor, José Francisco Terán asumió ayer de manera formal como comandante la 35 Zona Militar, le tomó protesta el jefe de la Novena Región Militar, el general Germán Javier Jiménez Mendoza.
Al término del acto protocolario se le preguntó cuáles son las prioridades que tiene, a lo que respondió que trabaja con los grupos de coordinación y seguridad para mantener la vigilancia en las diferentes zonas conflictivas.
Se refirió a Chilpancingo, Chilapa y Tixtla como las zonas que requieren mayor atención por el repunte de violencia de las últimas semanas que ha dejado decenas de asesinatos.
Recordó que la cobertura de la 35 Zona Militar abarca la Tierra Caliente, dy dijo que “la problemática ahí se debe a dos grupos en pugna prácticamente, que se secuestran familiares unos a otros”.
Dijo que a partir de los secuestros “seguramente hay reconocimientos intensos, se libera pero es muy característico de ahí, de esos dos grupos en pugna”.
–¿El secuestro colectivo?–, preguntó un reportero, “pues así es, es un modus vivendi de grupos que bajan de la sierra”, expuso pero no habló más del tema.
De la región Centro en Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, en los que hubo un repunte de la violencia, dijo que se debe a una pugna entre dos grupos criminales, principalmente en la zona Norte del último municipio, que se disputan el control del territorio en referencia a Los Rojos y Los Ardillos, que tienen su bastión en el municipio vecino de Quechultenango en la comunidad de Tlanicuilulco.
En el caso de Chilpancingo dijo que no existe el problema de la disputa del territorio “aquí estamos viendo trabajos conjuntos para mejorar la seguridad”, y agregó que tendrán una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero.
Dijo que su misión es seguir coordinando “intensamente” a las autoridades federales estatales y municipales, no sólo en seguridad sino en labor social, de participación en la educación y en actos cívicos, además de obras sociales.
De las policías ciudadanas de diferentes municipios y las que se disputan el control de territorios: el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), dijo que el gobierno del estado es el que se encarga de las pláticas y que la intervención del Ejército es únicamente evitar enfrentamientos en el área.
Cuando se le preguntó de la presunta participación del Ejército en los ataques contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, donde estaba en septiembre de 2014, dijo que no podía dar declaraciones de ese tema.
A la ceremonia militar de toma de posesión y protesta de bandera, que se realizó minutos después de las 9 de la mañana de ayer en una explanada de la zona militar, fueron el rector de la Universidad Autónoma de Guerreo (UAG) Javier Saldaña Almazán y el alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena.

Recriminan padres de los 43 a diputados que no exijan su búsqueda y castigo a los culpables

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos recriminaron a diputados federales de distintos partidos políticos que no hacen uso de sus facultades, para exigir al gobierno federal que localice a los jóvenes y castigue a los responsables.
Al hacer uso de la tribuna del Salón Legisladores de San Lázaro, demandaron a la Cámara de Diputados que reconozca la legitimidad de su lucha, y que exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) a que cumpla todas las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
“Ustedes están puestos por el pueblo y deben de ayudar al pueblo, pero desgraciadamente son personas que al llegar al poder pensamos que todo lo tenemos, y lo peor de todo es que se amparan en el fuero federal, que se creen intocables por tener ese fuero”, reprochó Mario César González Contreras.
“Ojalá y como me gustaría que la mayoría de ustedes tuviera conciencia que ese fuero les hace daño, porque tienen mucha hambre de poder, mucha hambre de dinero, pero para nosotros los 43 padres de familia, el hambre es encontrar a nuestro hijos”, expuso.
Cristina Bautista Salvador indicó que las familias de los normalistas desaparecidos no han recibido ningún gesto de apoyo de los legisladores y que por el contrario, algunos diputados han puesto en duda la legitimidad de su movimiento.
“Jamás recibimos de ustedes ninguna palabra de apoyo durante todo el tiempo que han sido diputados no han movido ni un dedo para ayudarnos a exigir justicia, mientras nosotros hemos marchado por todo el país para denunciar la impunidad de los desaparecidos, miles y miles que están desaparecidos en nuestro país”, señaló.
El sobreviviente de los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando la Policía Municipal disparó contra los jóvenes y se llevó a 43 de ellos, Ernesto Guerrero Cano exigió que los diputados actúen para que el caso sea resuelto.
“Cada uno desde sus respectivas atribuciones aporte algo, lo que pueda, lo que esté en sus manos para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala. No queremos más mentiras, no queremos que a los padres de familia se les intente comprar, se les intente callar de una u otra forma”, dijo.
Los padres entregaron a los diputados los dos tomos con las recomendaciones del GIEI.
En la reunión en la que los padres colocaron mantas con las fotografías de sus hijos desaparecidos estuvieron integrantes de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y la Especial para el caso Ayotzinapa.
La sesión fue difundida en el canal del Congreso por televisión de paga e Internet. Por los 43 desparecidos subieron a estrado madres y padres, un sobreviviente de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales Sierra en una primera intervención.
Continuó la participación de los representantes de ocho parlamentarias y un diputado independiente y concluyó la sesión con dos padres del movimiento y los familiares del normalista herido de bala en la cabeza el 26 de septiembre, Aldo Gutiérrez Solano, que se mantiene en estado vegetativo. Todas las participaciones fueron escuchadas en silencio, y al final los activistas gritaron la consigna de lucha: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

“Venimos a emplazar a que hagan algo”

La señora Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Salvador saludó en náhua, su lengua materna, y recriminó que no haya habido una palabra de apoyo de la Cámara de Diputados para exigir justicia por los 43, salvo en los tiempos de campañas electorales.
Aclaró que los padres que continuarán exigieron presentación con vida de los estudiantes como la de todos los desaparecidos en todo el país, y a modo de pregunta demandó:
El señor Emiliano Navarrete, papá de José Ángel Navarrete González ratificó que los estudiantes “fueron privados de su libertad por el gobierno de México”, que envió policías con “armitas de grueso calibre para demostrar cobardía… Me duele lo que le hicieron a mi hijo y a sus compañeros, no tiene perdón ni olvido”.
Ayer solicitó el apoyo de los diputados para que la PGR siga las recomendaciones que dejó el GIEI: “no queremos que salgan a hacer investigaciones, sino que vigilen que todo eso se cumpla, que exhorten a la PGR a seguir todas las líneas de investigación, que identifiquen quién es El Caminante y quién es El Patrón, a la fecha la PGR no da respuesta ni tiene a todos los policías federales que dijeron que se llevaban a los estudiantes al Patrón”.
Aseguró que sólo con presión se podrá conocer la identidad de estos personajes, de quienes hay testimonios y evidencia de su intervinieron en la desaparición de los 43 estudiantes
Abiertamente el señor Mario César González, papá de César Manuel González, señaló la desatención que algunos diputados frente a las primeras participaciones, “desgraciadamente veo que no les interesa, que en las intervenciones están volteando a otro lado”.
Lamentó que algunos diputados participaron en la campaña de desprestigio contra el GIEI que terminó en su salida del país. Un caso es el del priista Víctor Manuel Silva que desestimó la intervención de los expertos internacionales para resolver el caso, así como el rechazo a puntos de acuerdo para pedir que los expertos independientes entrevistaran a los militares sobre los hechos de Iguala y la permanencia del GIEI en México.
No obstante subrayó que el único interés de los padres es que por ética y profesionalismo los diputados den todo el apoyo al nuevo mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin desprestigiar su labor, ni al movimiento de los padres.
Muy enojado espetó que los diputados no representan a la izquierda, a la derecha ni al centro “son puros chapulines que brincan a los partidos que les convienen, y tampoco van a llegar a la verdad a través de comisiones especiales, queremos que dejen de jugar al investigador, si sabemos perfectamente bien que no los van investigar (a los culpables), queremos que le digan a la PGR que siga las recomendaciones del GIEI”.
Luego recriminó que toleren nombramientos como el de Omar Hamid García Harfuch en la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, a quien se señala de posibles vínculos con los narcotraficantes de Guerreros Unidos, que sólo se explica por la complicidad entre políticos, y que hayan premiado a Tomás Zeron de Lucio con otro cargo federal, después de diseñar la verdad histórica.
Al bajar de la tribuna en el salón Verde, dejó en la mesa los dos informes del GIEI, “lo único que nunca pudieron desprestigiar fueron estos dos libros, espero que los lean porque es importantísimo para el caso Ayotzinapa”.
El abogado de los padres, Rosales Sierra señaló que a dos años de los ataques no hay indicios del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, a pesar de los 200 tomos de la investigación y más de 130 personas en prisión. Lo que hay son irregularidades y versiones falsas que han dado dolor adicional a los padres.
Aclaró que la investigación de PGR era un caos antes de la intervención del GIEI, que estableció todos escenarios de los ataques, la intervención coordinada de todas las corporaciones y distintas rutas sobre la desaparición forzada que llevan a Huitzuco, a la comunidad de Tijerillas y a una casa blanca en la cabecera municipal que señalaron los propios detenidos y choferes de los autobuses del servicio público donde iban los estudiantes.
Pero la PGR mantuvo vigente la versión de que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, “una mentira total que lo único que provoca es la revictimización. Aún así muchas voces que piden a los padres que regresen a sus casas, que dejen de movilizarse, que no hagan marchas, pero ¿cómo van a regresar si la premisa fundamental que es la verdad no está establecida?, lo único que tenemos son nubarrones en las investigaciones”.
Subrayó que la versión del basurero de Cocula, aunque ofrece un buen debate político, fue desechada con pruebas científicas, por eso exigen el cambio de la narrativa de los hechos en la investigación.

“Nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar”, dice el diputado Manuel Clouthier

El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo destacó dos temas que dan cuenta del caso Ayotzinapa: que la verdad oficial no coincide con la realidad porque algo se trata de ocultar, y da cuenta de la violación sistemática a los derechos humanos que se viven en el país.
Coincidió con la diputada de Morena en que tales hechos evidencian la transgresión a los derechos humanos de las policías municipales, estatales, federales y de las fuerzas armadas, “por eso nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar. El Estado mexicano tiene que dar respuesta veraz a estos padres de familia y tienen que hacerlo las autoridades con un criterio fundamental de justicia”.
De Encuentro Social, José Alfredo Ferreriro Velazco, se dijo indignado por los hechos de Iguala y señaló sólo la posible responsabilidad del gobierno estatal, que fue descartada al comienzo de la investigación. Aclaró que este conflicto no es un tema de partidos, sino de justicia, y nadie estará conforme hasta conocer la verdad y aparezcan los desaparecidos.
Siguieron en turno dos diputados de Morena, y la presentante del Partido Verde Ecologista, Sofía González Torres que dijo que admira la lucha de los padres y señaló la responsabilidad de los hechos de Iguala en las policías de Iguala y Cocula.
Del PAN, la diputada Karina Padilla Ávila reconoció que la PGR no ha ofrecido una respuesta creíble, “solo infiere que el narcotráfico destapó la violencia esa madrugada” y es necesario que se agoten todas las líneas de investigación, en forma particular los vínculos del crimen organizado y actores estatales.
Concluyó la ronda de los partidos el representante del PRI, que destacó las acciones del Estado señaladas en 288 tomos.

Se retrasa hasta tres meses la atención al normalista en coma, denuncian en la Cámara

Familiares del normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien está en coma debido a que recibió un balazo en la cabeza durante los ataques en Iguala, denunciaron en la Cámara de Diputados el retraso de dos y hasta tres meses de atención al estudiante internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en la Ciudad de México.
Revelaron que la instrucción de los médicos es que se lo lleven a su casa, y eso implicaría desahuciarlo.
En la comparecencia de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos Ulises Gutiérrez Solano, hermano del estudiante herido en el primer ataque en la avenida Juan Álvarez de Iguala, subió al estrado del salón Verde, contiguo a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, con una joven.
Se presentaron como familiares del normalista y mostraron dos pancartas con fotografías del joven de la Normal Rural, con una sonrisa y el uniforme de fin se cursos de bachillerato, y otra del mismo joven inconsciente, cubierto hasta la cintura con sábanas blancas y entubado.
Fue la última participación en la comparecencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos con diputados federales, donde también las fracciones parlamentarias fijaron una postura sobre el caso, que se trasmitió por el Canal del Congreso.
El joven recordó el entusiasmo de su hermano cuando ingresó a la Normal Rural de Ayotzinapa y la agresión del 26 de septiembre de 2014, cuando intentaban salir de Iguala rumbo a Tixtla y una patrulla de la Policía Municipal les obstruyó el paso. “En el primer ataque (a balazos) hieren a mi hermano Aldo”.
Informó que día y noche durante dos años, un mes y días han estado en el hospital de la Ciudad de México, y tolera esta forma de vida “por amor y por exigir justicia y verdad”.
Expuso que para los jóvenes que fueron asesinados el daño es irreparable, así como para su familia. Mostrando la fotografía en el hospital añadió “es su estado actual, es un estado vegetativo, los médicos dicen que lo podemos llevar a casa, llevarlo es desahuciarlo, él ahí está con vida”.
Insistió en que las instituciones de salud sean responsables de la atención que necesita ahora y en el futuro, así como para el normalista Edgar Andrés Vargas, que recibió un balazo en la cara que le destrozó la boca en el segundo ataque de la avenida Álvarez.
Exigió que cesen los trámites burocráticos que retrasan la atención médica de dos a tres meses.
Como los padres, demandó el esclarecimiento de los hechos “sabemos que participaron los policías municipales, estatales, queremos verdad y justicia”.
Antes, el sobreviviente Ernesto Guerrero Cano, denunció la saña con que fueron atacados los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, no obstante que la Policía Federal y el Ejército sabían que los normalistas llegaron a Iguala a tomar camiones no a generar problemas al Ayuntamiento ni a la esposa del alcalde que rindió por la tarde su informe como presidenta del DIF.
“El compañero Aldo de un balazo cayó a nuestro lado, por más que queríamos ayudar a los caídos eran más las balas que las personas que nos encontrábamos ahí. La petición (a los diputados) es que en cada uno de aporte algo, lo que pueda para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala, ya no queremos más mentiras”, llamó.
El saldo de los ataques fue de seis asesinados, 15 heridos de bala y 43 normalistas desaparecidos de los que aún no hay indicios de su paradero.

Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión

 

Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.

 

Visitan padres de los 43, Tlachinollan, ex presos políticos y la CRAC a Arturo Campos en la cárcel

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, seis ex presos políticos y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso acudieron al reclusorio de Ayutla, a visitar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera para mostrarle su solidaridad y explicarle su situación jurídica actual.
Además le informaron que el 1 de diciembre arrancará una campaña para exigir su libertad, a tres años de que fue encarcelado.
En consulta telefónica su abogado Rogelio Téliz García recordó que el 1 de diciembre de 2013 detuvieron en Chilpancingo a Arturo Campos, cuando a los 12 días por la libertad de los presos políticos en Chilpancingo fue detenido y llevado al penal de Acapulco, después al del Altiplano, y el año pasado lo regresaron a Ayutla por un amparo que se promovió.
Informó que acudieron al reclusorio a visitarlo unas 3 horas junto al director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coordinadores y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Dijo que fueron a recordarle su solidaridad, que están pendientes de su proceso penal y que el pasado 9 de noviembre el Juzgado Sexto de Distrito en Acapulco se celebró la audiencia constitucional del amparo 7462016, que promovió en contra de la resolución que emitió la Sala Penal, donde se confirma el auto de formal prisión por secuestro.
Resaltó, “recordemos que el Juzgado Séptimo de Distrito en Acapulco fue el mismo que concedió un amparo a favor de Bernardino Francisco y los otros compañeros, donde hace un estudio minucioso y reconoce la función de la policía comunitaria. Y además precisamente dice que la policía en si no puede cometer ni el delito de privación ilegal de la libertad y el delito de secuestro. Y recordemos que esta misma resolución sirviera de base para que Nestora se acogiera a la misma y pudiera obtener su libertad junto con la causa penal de Tlapa y de Ayutla”.
Téliz García agregó que entonces el juzgado ya tiene un precedente de que hay antes una resolución que emitió, por lo que dijo se confía en que Arturo ganará un amparo y va a obtener su libertad.
Añadió que si gana ganaría con el proceso penal de Ayutla. Sin embargo aún está el de Tlapa donde se siguen desahogando pruebas, y donde el 7 de diciembre habrá un careo con los agraviados.
El abogado recordó que en Tlapa está acusado de secuestro contra 43 agraviados en la causa penal 1962012 del Juzgado Segundo Penal, mientras que en Ayutla es en el expediente 592015 y que esta es la resolución que tiene el juzgado, donde a partir del 9 de noviembre entró en estudio.
Manifestó que confía en que se resuelva antes de vacaciones de diciembre y que si no es así en los primeros días de enero.
Téliz García sostuvo que en Tlapa se promovió un incidente de libertad y la jueza de manera “dolosa e irresponsable” y respondiendo a intereses políticos negó el incidente de libertad, argumentando que no era procedente, porque las resoluciones de Juzgado de Distrito, incluso la propia resolución para la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García no le favorece a Arturo Campos, algo que no comparten porque por lógica y por cuestiones legales tendría que beneficiar al promotor de la CRAC, ya que son los delitos de los que se les acusa, los mismos agraviados y las mismas consideraciones que le dieron la libertad a la dirigente.
“Le tienen que dar su libertad, Arturo no es secuestrador, Arturo es un defensor comunitario que lo único que hizo fue organizarse con las comunidades, frenar la delincuencia que el Estado no ha podido hacer”, explicó.
Contó que esta visita que hicieron Arturo no cambia su convicción de que el día que obtenga su libertad seguirá organizando y participando en la Policía Comunitaria.
“Él no claudica, en el tema de continuar defendiendo los derechos él dice yo estoy aquí y no cometí secuestro, yo sé que soy un preso político, que el Estado me mantiene aquí por intereses más políticos que legales”, recalcó el defensor.
Además dijo que mostró su respaldo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y pidió que se respete la Ley 701 que el estado pretende derogar o adecuar al nuevo Sistema Penal Acusatorio. También solicitó a las comunidades que estén pendientes de alguna movilización o protesta para defender la ley. En cuanto a su salud aseguró que está estable.
Por otro lado los visitantes informaron al promotor que “el primero de diciembre va a arrancar una campaña de exigencia de libertad hacia su persona. La campaña va a consistir en que ese día organizaciones harán acto de presencia fuera del penal y visitarlo para arrancar la campaña, justo en el marco de los tres años de estar privado de la libertad”.

No se rendirán hasta saber de sus hijos, dice la madre de uno de los 43 en una caravana en EU

Desde San Diego, California, en Estados Unidos, la mamá del normalista de Ayotzinapa desaparecido Benjamín Ascencio, Cristina Bautista Salvador aseguró que no van a descansar hasta que el mundo entero sepa que los madres y padres no se rendirán hasta saber la verdad de dónde se encuentran sus hijos.
Las madres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa se unieron a la caravana Contra la Represión en México desde mediados de octubre, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca, el movimiento de jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, la asociación Luchando Contra el Feminicidio en Ciudad Juárez, y la comunidad Otomí de Xochicuatla del Estado de México. La caravana recorre 12 estados de la unión americana y regresa a México la próxima semana.
Ayer la señora Cristina Bautista informó que participaron en protestas, foros en universidades, acudieron a entrevistas en estaciones de radio, se reunieron con “paisanos” en aquel país y organizaciones sociales para denunciar las violaciones a los derechos humanos. En Chicago hicieron un mitin en el Consulado de México el 25 de octubre.
Relató que en su mensaje las madres llaman a los jóvenes a hacer acciones en el extranjero, en particular los días 26 de cada mes para recordar los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes en Iguala, y exigir que el gobierno mexicano no ponga más obstáculos al Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como hicieron con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contra el que también hubo una campaña de desprestigio.
Asimismo denunciaron que no confían en las autoridades y solicitaron que sus abogados se entrevistaran con uno de los detenidos claves en los hechos de Iguala, el exdirector de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores, pero la petición no fue aceptada.
De los temas recientes mencionó el rechazo al nombramiento del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Hamid García Harfuch, por sus probables nexos con el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Destacó el recibimiento solidario en Estados Unidos, “los jóvenes nos preguntan cómo nos pueden ayudar, qué queremos que realicen, los estamos invitando a hacer reuniones para dar a conocer el tema y el 26 de cada mes a realizar una actividad pública, distribuir volantes, que se de a conocer y que no se cierren, nosotros nos abrazamos con todos porque necesitamos la unión, porque la unidad es la fuerza yo les aseguro a los jóvenes que van a participar, que queremos que lo sepa todo el mundo entero, que los madres y padres no descansamos, que sepan que no nos rendiremos hasta saber la verdad de donde andan nuestros hijos”.
Consideró que las autoridades no comparten esta idea y obstaculizan todo esfuerzo de llegar a la verdad. Recordó que los padres se trasladaron para pedir los expedientes del caso en Matamoros, Tamaulipas, y en Chilpancingo exigieron en el Tribunal Superior de Justicia rinda cuentas de las videograbaciones que guardan evidencia de los hechos criminales de Iguala, y que no fueron investigados sino destruidos, cuando la responsabilidad era de la PGR.
Además, indicó que cuando los padres se encontraban en plantón en la Cámara de diputados en la Ciudad de México, antes de la llegada del mecanismo internacional de la CIDH que dará seguimiento a las investigaciones, se cambió de puesto a la procuradora Arely Gómez, y el presidente nombró en su lugar a Raúl Cervantes Andrade, “eso nos da a entender que no quieren que se avance, (pero) no descansaremos hasta saber donde están nuestros hijos”.
La caravana estuvo en Seattle y Olympia en el estado de Washington y recorrerá varias ciudades de California, antes de regresar a México.

Bloquean normalistas de Ayotzinapa la autopista en la capital; exigen que se reanude la búsqueda de los 43

 


Unos 150 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon media hora de manera total el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, para exigir que las autoridades reanuden la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
A las 11:30 de la mañana los normalistas llegaron al cruce de la autopista con la carretera federal, en la salida al sur de la ciudad, a bordo de dos autobuses de la línea Estrella de Oro y un camión oficial de Ayotzinapa, que atravesaron a lo ancho de los cuatro carriles de alta velocidad para impedir el paso vehicular de manera total.
La mayoría de los normalistas tenía el rostro cubierto, algunos hicieron pintas en el muro que divide los carriles de la autopista en las que se leyó “Ayotzi vive” y “+43”, en referencia a los estudiantes desaparecidos.
En declaraciones, dos integrantes del comité estudiantil de Ayotzinapa explicaron que el bloqueo era para exigir que las autoridades reanuden la búsqueda con vida de sus compañeros desaparecidos hace dos años en Iguala, así como que esclarezcan los hechos, y que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de los ataques.
Uno de los representantes dijo que los normalistas de Ayotzinapa “estamos dispuestos a llegar hasta el final” de la lucha social, hasta que las autoridades le digan a los padres de familia y a la sociedad qué fue lo que pasó con los estudiantes en Iguala y dónde están.
“Vamos a seguir en la búsqueda incansable por nuestros 43 compañeros, no vamos a descansar, no nos vamos a cansar, aquí vamos a seguir hasta el final, hasta encontrar la verdad”, expresó.
También dijo que el bloqueo fue para rechazar la represión en contra de los normalistas, como el desalojo violento el 14 de noviembre de 2007, mientras los estudiantes protestaban en el Congreso local.
Otro de los representantes dijo que las autoridades del gobierno estatal incumplieron la entrega de uniformes y material didáctico para los 128 estudiantes de cuarto año, que debieron hacer el 7 de noviembre pasado, por lo que en el bloqueo también exigieron que envíen los recursos necesarios para los jóvenes que están en proceso de realizar sus prácticas profesionales.
Al bloqueo llegaron policías federales antimotines, el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas y el director general de Operación de Servicios de Educación Media Superior y Superior, Edwin Noel Morales Leguizamo, quien dialogó con los normalistas y se comprometió a que hoy en la tarde una comisión será recibida por el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Tras el acuerdo, los normalistas se retiraron y la circulación en la autopista y la carretera federal se reanudó de manera regular a las 12 del día.

Piden los padres de los 43 que el Mecanismo de la CIDH esté más tiempo en el país

 

Formalmente el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro no formará parte del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, como se anunció originalmente, informó el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica explicó que debido a que el comisionado Enrique Gil Botero fue nombrado relator especial para México, asumió la coordinación del Mecanismo, no obstante Cavallaro está pendiente del caso.
Aclaró que desde el punto de vista de las víctimas el movimiento de relator no tiene implicación alguna en los resultados, porque Botero “es una persona muy comprometida, una de las voces más críticas de la CIDH, estamos ante un mecanismo con plena independencia, y se pudo constatar con la primera visita”, dijo sobre la reunión con los padres de familia en la Normal Rural de Ayotzinapa este viernes.
Indicó que su posición fue contundente, en el sentido de que la tesis del basurero de Cocula está rebasada, que representa un “buen debate político” (decir que los estudiantes fueron quemados y tirados a un río), y se tiene que avanzar en otras líneas de investigación.
De los padres señaló que hicieron hincapié en que la CIDH pueda tener presencia más tiempo en el país, y que el mecanismo pueda trabajar casi de lleno en el caso Ayotzinapa.
Recordó que el Mecanismo no es como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se creó exclusivamente para este caso, la diferencia es que éste forma parte de la comisión ejecutiva de la CIDH, “tienen alguna limitante, esperamos que eso se salve”.
Aclaró que oficialmente los integrantes del Mecanismo son Gil Botero y el secretario ejecutivo, y el equipo técnico operador lo conforman cinco miembros de la Secretaría Ejecutiva. Es decir formalmente Cavallaro no es parte del Mecanismo pero “está pendiente”, subrayó.
Estimó que en las siguientes visitas de los integrantes del Mecanismo habría actividades públicas, no así en las visitas del equipo técnico que por mandato puede estar en el país el tiempo necesario para su labor.

Reunificar el movimiento en Guerrero para el 12 de diciembre

De las actividades con los padres de familia adelantó que están preparando reuniones en las regiones del estado para reunificar al movimiento social el 12 de diciembre en Chilpancingo, para recordar que dos estudiantes de la Normal fueron asesinados en un desalojo a balazos en 2011.
El representante de los padres de familia, Melitón Ortega detalló que están construyendo la ruta para convocar a las organizaciones de Atoyac, Tlapa y de Costa Chica a una marcha estatal.
Aunque se aclaró que la acciones confirmadas son conmemorativas de la Revolución Mexicana el 19 y 20 de noviembre en la Ciudad e México con nietos del general Villista Felipe Ángeles, y de uno de los hermanos Flores Magón, están en pláticas con historiadores, entre ellos Paco Ignacio Taibo II para que asistan a las acciones.
Rosales Sierra explicó que hay un movimiento para rescatar una de las imprentas que tenían los hermanos Flores Magón, en este encuentro participarán los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

 

Se plantan los padres de los 43 en la Cámara de Diputados para que los dejen hablar en tribuna


Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se instalaron en plantón en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México en espera de una respuesta a la solicitud de subir a la tribuna del Congreso, para denunciar los hechos de Iguala y exigir que todas las fracciones políticas fijen una posición de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, informó vía telefónica el representante  Melitón Ortega.
Aclaró que el planteamiento de la comisión de tres diputados del PRD que los recibió fue otra invitación para que los padres de familia y sus abogados se reúnan con la Comisión Especial del caso Ayotzinapa hoy a las 5 de la tarde, que no descartó. El representante de los padres dijo que sería analizado. En tanto los diputados se reunirían con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para promover su solicitud.
Melitón Ortega recordó que en enero de este año los padres solicitaron subir a tribuna pero no hubo respuesta.
La solicitud formal provino de una invitación de la Comisión Especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa, para que los padres comparecieran ante ellos como lo hicieron otras autoridades del estado como el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y la respuesta de los padres fue presentarse pero ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Reconoció que el tema se rezagó, no tuvo seguimiento y frente a nuevos escenarios: mínimos avances en la investigación después de que las autoridades mexicanas despidieron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el poco interés que están mostrando los políticos a dos años de los crímenes, y la próxima llegada del nuevo mecanismo de seguimiento, resolvieron exigir una declaración de todas las fracciones políticas.
“Los padres tenemos la firme convicción de seguir levantando la voz para exponer en la Cámara de Diputados el tema general de Ayotzinapa, el compromiso de estos diputados es pronunciarse, hemos visto silencio del caso, ni respaldo ni pronunciamiento, prácticamente (con su silencio) están protegiendo a todos los culpables”, denunció.
A mediodía indicó que una comisión de padres fueron recibidos por el coordinador del grupo parlamentario del PRD Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Cristina Gaytán Hernández integrante de la Comisión Especial Ayotzinapa en la Cámara de Diputados.
Dijo que se comprometieron a llevar esa tarde el punto a la Jucopo y responder el mismo día.
Por otra parte, el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz reclamó que la Comisión Especial instalada por legisladores para el caso Iguala no haya presentado ningún informe y dijo que sus labores han sido nulas.
“No se ha visto el trabajo de esa comisión formada por los diputados, por eso la exigencia de que nos escuchen y hacer el reclamo porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo”, señaló.
Los familiares de los normalistas mantendrán hasta el próximo 27 de octubre el plantón, el cual forma parte de la jornada de actividades a 25 meses de la desaparición forzada de los jóvenes, informaron (Agencia Proceso / Ciudad de México).