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Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

Tiene nuevo jefe el 27 Batallón de Iguala señalado por la desaparición de los 43

El coronel de infantería Filemón Campillo Castro fue nombrado comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala en relevo del general brigadier Álvaro Javier Juárez Vázquez, quien a su vez relevó al polémico general José Rodríguez Pérez, señalado de haber operado los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, cuando estaba al mando de este batallón.
Las rotaciones y cambios de mandos realizados a principios de este mes son con base en los ascensos otorgados el 20 de noviembre al grado inmediato a los generales, coroneles y tenientes coroneles del Ejército y a la Fuerza Aérea por el presidente Enrique Peña Nieto, según fuentes militares.
En los primeros días de este mes el comandante del 27 Batallón de Infantería, el coronel Álvaro Javier Juárez Velázquez, que había sido transferido del sexto Batallón de Infantería en Miahuatla ciudad de México.
A finales de julio de 2015 Javier Juárez relevó en el cargo al coronel José Rodríguez Pérez, quien de acuerdo con investigaciones periodísticas el batallón a su cargo operó y coordinó los ataques la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando soldados siguieron a los estudiantes desaparecidos.
Las fuentes consultadas confirmaron que el coronel de arma, Filemón Campillo Castro que fue ascendido a teniente coronel de infantería, fue nombrado comandante del 27 Batallón de Iguala. Campillo Castro estaba asignado anteriormente a la región Costa Grande.

Conclusión inmediata de la investigación interna de la PGR en el caso Ayotzinapa, exigen ONG

 

Decenas de organizaciones sociales exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) la conclusión inmediata de la investigación interna sobre el caso Ayotzinapa, así como las sanciones correspondientes a funcionarios que incurrieron en ilegalidades.
En un comunicado las organizaciones civiles retomaron parte de la información revelada por Proceso en los números 2090 y 2091 sobre las investigaciones de la Visitaduría General de la PGR respecto de las irregularidades cometidas por los responsables de la indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Uno de los investigados es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Pese a que el Acuerdo de Conclusión del expediente DFAI/510/CDMX/2016 de la Dirección General de Asuntos Internos (DGAI) fechado el 18 de agosto pasado, da cuenta de las acciones ilegales cometidas por Zerón, éste fue investido como secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por Enrique Peña Nieto el pasado 14 de septiembre.
Para las organizaciones la información difundida también por los rotativos Reforma, The New York Times y el portal de Aristegui Noticias, pone en evidencia que “el proyecto de Resolución ha sido retenido y obstaculizado”.
Agregaron que “la omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales”, y peor aún “esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas”.
Los firmantes apuntan que entre las irregularidades detectadas por los agentes del Ministerio Público adscritos a la DGAI destacan los agravios contra los seis detenidos en los que se sostiene la “verdad histórica” de que los 43 jóvenes fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula.
Recordaron que la investigación interna de la PGR documentó “la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el río San Juan que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de la evidencia”, así como que estas irregularidades “deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios”.
Al recordar que la PGR no ha negado la autenticidad del documento revelado por Proceso y otros medios de comunicación, en tanto que ha señalado que continúa siendo analizado, las organizaciones sociales recordaron que la dependencia “incumplió su compromiso de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto de este año a las familias (de los jóvenes desaparecidos), mismas que se vieron obligadas a levantarse de la mesa de diálogo por ello”.
Insistieron en que el documento revelado representa “un parámetro insoslayable” de lo que la Visitaduría General tendrá que comunicar a las familias de las víctimas, además de que es “un referente adecuado para evaluar la autonomía de la Visitaduría e incluso el compromiso actual de la PGR para actuar con independencia, lo que resulta crucial en el tránsito hacia la Fiscalía General de la República”.
Destacaron que “una resolución que no esté a la altura del caso y que diluya los señalamientos del proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad”.
Tras considerar que está a prueba “la probidad de la Visitaduría General y de la propia PGR frente a la investigación interna”, las organizaciones insistieron en exigir “total transparencia y respeto a los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa en la emisión de la resolución con que deberá concluir, en breve, la citada investigación interna”.
Signan el posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Oficina de Washington para América Latina, Artículo 19, México Unido contra la Delincuencia Movimiento por la Paz, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México Evalúa, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Servicio y Asesoría para la Paz, Fundación para el Debido Proceso Legal, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Centro Nacional de Comunicación Social, la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, Instituto de Justicia Procesal Penal, así como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, integrada por 80 organizaciones en 21 estados del país.

Cierran normalistas la Autopista del Sol y lanzan petardos a la 35 Zona Militar en Chilpancingo

Padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos y normalistas tomaron una hora la caseta de Pablo Blanco en la Autopista del Sol, donde confrontaron y corrieron a empujones a un funcionario estatal, y de regreso a la escuela lanzaron piedras y petardos contra la 35 Zona Militar que se encuentra de paso sobre el bulevar Vicente Guerrero de esta ciudad.
La protesta frente a las instalaciones militares duró unos tres minutos y los manifestantes embozados colocaron la leyenda “Saavedra Hernández asesino”, en alusión al ex comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, ascendido a comandante de la Novena Región con sede en Acapulco después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y hace 15 días nombrado inspector y contralor general del Ejército.
Según recientes investigaciones periodísticas ese militar fue de los primeros mandos en conocer de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, y en saber qué pasó con los desaparecidos porque en ese periodo tenía bajo su responsabilidad al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
La protesta de los padres comenzó alrededor de la una de la tarde en la caseta de cobro de Palo Blanco, al sur de la capital, sin obstruir por completo el tránsito, mientras una patrulla de la Policía Federal en el entronque anterior desviaba la circulación para que los automovilistas evitaran la manifestación pacífica.
Al lugar llegaron seis camiones con policías antimotines y ocho patrullas de la Policía Federal, que guardaron unos 500 metros de distancia de la protesta, donde ya se habían colocado lonas en demanda de justicia para los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo a balazos perpetrado por policías federales, estatales y ministeriales, y leyendas contra los militares.
Representando a la Secretaría General de Gobierno, Jorge Miranda Huesca llegó a la carretera y se acercó a los manifestantes para conocer sus planteamientos, y en el calor de la protesta fue rodeado de inconformes que le lanzaron reclamos.
En ese momento lanzó el brazo hacia atrás y golpeó a la señora Macedonia Torres Romero, mamá del normalista desaparecido José Luis Luna, de Amilcingo Morelos.
Entonces, los reclamos subieron a empujones y manotazos al grado de que el funcionario salió de prisa y en la salida cayó al suelo. En ese momento el abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales Sierra intervino y lo ayudó a levantarse.
En declaraciones posteriores, Rosales Sierra señaló que hay exacerbación en el movimiento social, que lleva a padres y estudiantes a “tomar posturas duras” por la falta de respuesta, pero consideró que la policía también debe implementar protocolos adecuados para tratar distintas situaciones.

Que investiguen al Ejército y el trasiego de heroína juntos, demandan

De la protesta Rosales Sierra informó que exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, agilidad en las nuevas líneas de investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR), como la consignación de los policías federales y de los municipales de Huitzuco, que planteó el Grupo Interdisciplinario Independiente (GIEI) antes de salir del país, en abril y una nueva línea de investigación a la estructura militar que participó de manera directa en los ataques según lo documentó la periodista Anabel Hernández.
Insistió en que la investigación implica de manera directa a militares en la desaparición forzada de los estudiantes.
Dijo que es fundamental profundizar en el trasiego de heroína en la zona, que está unido al Ejercito mexicano.
Sin avances, señaló que “la ira, el coraje, la rabia que los padres tienen es comprensible”, dada las irregularidades evidenciadas, la lentitud en la nueva etapa de investigación y la intención de ocultar la verdad de los hechos.

Bombas contra los militares

Antes de las 3 de la tarde los activistas subieron a los autobuses de regreso. En la puerta principal de la 35 Zona Militar hicieron una breve parada.
Los más jóvenes con el rostro cubierto con playeras y piedras en mano, algunas bombas motolov y otras hechizas, que lanzaron contra las instalaciones. La puerta alta verde aún nueva se encontraba abierta, y apenas fue cerrada al final del ataque.
Los impactos fueron en las paredes, en la copa de unos árboles al interior de las instalaciones y en el piso, así como en parabrisas de tres automóviles estacionados en el exterior.
No hubo respuesta de los militares que cerraron la puerta de unos cinco metros de alto que se colocó después de las protestas de los estudiantes por los ataques en Iguala.
Extraoficialmente se sabía que esta protesta sería en el 27 Batallón de Iguala, pero desde primera hora en aquellas instalaciones se prepararon para la embestida con barricadas de costales y alambre de púas.
Los manifestantes volvieron a la Normal en Tixtla en los mismos autobuses en que llegaron, seguidos por dos patrullas de la Policía Estatal y no se reportaron más incidentes.
La investigación periodística plasmada en el libro La verdadera noche de Iguala dice que los estudiantes habrían tomado sin saber al menos dos autobuses con un cargamento de heroína por un valor de 2 millones de dólares, y los militares recibieron la instrucción de recuperarlo. En este lapso algunos estudiantes se dieron cuenta del contenido del cargamento y por esa razón habrían sido desaparecidos.

Quitan soldados sus retenes en Iguala ante la versión de que habría protestas por Ayotzinapa

Soldados del Ejército quitaron los retenes de las entradas a la ciudad, y la seguridad en los accesos al 27 y 41 batallones de infantería fue reforzada ante la versión de que normalistas y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa protestarían en este lugar.
Antes de las 9 de la mañana de ayer policías militares que mantienen la vigilancia permanente en los retenes de Loma de Coyotes, en la salida a Teloloapan, El Tomatal en la salida a Chilpancingo y El Naranjo en la salida a Taxco abandonaron los puestos y fueron concentrados en el 27 Batallón de Infantería.
En la entrada principal del cuartel militar del 27 Batallón en el periférico oriente, la seguridad fue reforzada con la colocación de vallas metálicas con alambre de púas, además fue cerrado el portón que se colocó después de las protestas de padres de os 43 normalistas desaparecidos y estudiantes, y el acceso a vehículos no oficiales se suspendió.
En el perímetro frente al batallón y en el estacionamiento de la plaza Galerías Tamarindos, propiedad del ex alcalde detenido el perredista José Luis Abarca Velásquez, vinculado con el caso de los ataques y la desaparición de los normalistas, se vio la vigilancia de policías estatales y federales.
En el acceso al 41 batallón en la carretera Iguala-Taxco, ubicado atrás del 27 batallón, la seguridad implementada fue menor, pero también se levantaron vallas metálicas.
Desde la mañana surgió la versión de que normalistas y padres de los 43 desaparecidos vendrían a Iguala a una protesta, lo cual no sucedió pero alertó a las diferentes corporaciones policiacas y militares, a quienes también se les vio en recorridos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad.
Después de la 1 de la tarde fuentes del Ayuntamiento informaron que ante la versión de que vendrían normalistas y padres de los desaparecidos, personal de la Secretaría de Finanzas de las áreas de ingresos y egresos sacaron cajas de papelería, las cuales estaban subiendo a una camioneta de alquiler, presuntamente como parte del desalojo y resguardo de material ante una posible protesta.
Más tarde otras versiones indicaron que la papelería extraída del edificio de gobierno municipal es parte del informe de ingresos y egresos del ejercicio 2016, el cual trasladaron a un lugar que no se informó.

El cardenal Rivera oficiará una misa en la basílica de Guadalupe por los 43 de Ayotzinapa

 

El cardenal Norberto Rivera oficiará el próximo 26 de diciembre una misa en la basílica de Guadalupe por los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, afirmaron padres de los jóvenes.
Para los 27 meses de los hechos ocurridos en Iguala, los padres de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos iniciarán una caravana el 20 de diciembre de Iguala a Taxco y después a Cuernavaca, Morelos.
El plan es cruzar la caseta de Tlalpan hacia la Ciudad de México el 25 de diciembre a las 4 de la tarde.
Al día siguiente el 26, los padres harán una procesión a las 10 de la mañana rumbo a la Basílica, aunque aún no está especificado desde qué punto partirán.
Según Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, Norberto Rivera oficiará la misa junto al arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos.

 

Marchan, cierran la autopista y encaran padres de los 43 a policías federales en Chilpancingo

A cinco años del desalojo a balazos contra normalistas en la Autopista del Sol unos 700 estudiantes, maestros y activistas sociales encabezados por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la capital y encararon a los policías federales por el asesinato de dos jóvenes en esta carretera, ante la violencia acrecentada pese a la vigilancia policiaca y militar y debido a los vínculos de las fuerzas de seguridad pública y armadas con la delincuencia.
“Ustedes mataron a Alexis y a Gabriel”, “¿qué tiene que cuidar en la carretera?”, “¡váyanse a Acapulco!”, “sigan enriqueciéndose con el narcotráfico”, les gritaron padres de familia y estudiantes mientras unos 200 policías retrocedían fuera del asfalto, en el punto conocido como El Parador del Marqués, donde el 12 de diciembre de 2011 policías federales, ministeriales y estatales disolvieron una protesta a balazos y asesinaron a los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Al final los policías se refugiaron bajo la sombra de los árboles, mientras los manifestantes bloquearon dos horas el paso a la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, para celebrar un acto político.
Después de la ofrenda floral un sobreviviente de aquellos hechos, Edgar Espíritu Olmedo denunció que desde aquella agresión los problemas en la Normal Rural son cada vez mayores.
El estudiante que fue herido de bala en el pecho recordó que en la protesta del 12 de diciembre pedían becas, la aprobación de la matrícula, “en vez de respuestas recibimos balas, dos compañeros muertos y a mi, un grave incidente… a la fecha tengo problemas de salud”.
Denunció que mientras los responsables de los hechos están libres los problemas en la escuela aumentaron, por ejemplo señaló el ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde tres estudiantes fueron asesinados y 43 desaparecidos, aunado al “cobarde” asesinato de dos normalistas en la carretera Chilpancingo-Tixtla el 4 de octubre pasado.
Recriminó que las consecuencias no sean contra los perpetradores, “les decimos a todos los presentes que no están solos, estamos aquí con justa razón, luchando por algo que por ley merecemos, a aquel pueblo y todos los que luchan por algo les decimos que vamos a seguir en la lucha. Desde el 12 de diciembre sigue pasando lo mismo, los que realizan actos criminales siguen en libertad, parece que por pedir algo a los gobernantes tiene que morir un ser humano, es increíble que en estos tiempos sigan muriendo compañeros, haya desaparecidos de otras ciudades y sigamos en la misma”.

La marcha

La protesta comenzó a las 11 de la mañana del monumento a Nicolás Bravo ubicado al norte de la capital, avanzó por el centro de la ciudad hacia el sur al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, donde ocurrió el desalojo en 2011.
El contingente conformado principalmente de jóvenes integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cantó en todo el recorrido consignas revolucionarias, mientras otros estudiantes y activistas a su paso hicieron pintas y colocaron carteles alusivos al 12 de diciembre y al 26 de septiembre, en edificios de gobierno y algunas tiendas Oxxo, leyendas como “pueblo toma conciencia y lucha”.
Avanzaron sobre las principales avenidas de la ciudad y el bulevar Vicente Guerrero que se conecta con la autopista de cuota.
Antes, desde las 10 de la mañana se observó la llegada de policías federales en El Parador del Marqués. Apenas se asomó la manifestación como a las 2 de la tarde, los policías con equipo antimotines ocuparon la mitad de la carretera.
Varios padres y madres en la vanguardia se dirigieron molestos hacia los uniformados que impedían el paso de los camiones del servicio público en que viajaban los normalistas, y querían estacionarlos sobre la carretera federal.
Mientras los mandos comenzaron el diálogo protocolario para pedir que la manifestación no afectara a terceros, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos recriminaron a los federales la agresión a los jóvenes en 2011.
Intensamente reclamaron los asesinatos, los cuerpos desmembrados en Chilpancingo y Acapulco, los desaparecidos y levantados en la entidad y los llamaron a detener a los delincuentes: “ustedes le dispararon a Alexis (Herrera Pino) y a Gabriel (Echeverría de Jesús)”, “pinches maricones, qué tienen que cuidar en la carretera, vayan a buscar los muchachos aquí no hay nada que ver”, gritó una madre de familia.
Los policías retrocedieron varios pasos ante la presión de los manifestantes y mientras aguardaban órdenes de sus superiores, en medio de la discusión -registrada en video con teléfonos celulares de manifestantes y policías-, accedieron a salir de la carretera y a observar la protesta desde la sombra de los arboles, donde estaban antes de que llegara el contingente.
En la carretera un padre de familia hizo una oración mientras estudiantes chaponaban el monte del lugar donde se encontraba la cruz que marca el sitio donde cayó el normalista Gabriel Echeverría, a poca distancia de un letrero de lámina que señala la ubicación de un taller mecánico, y que conserva los huecos de bala de dos diferentes calibres accionados hace cinco años.
Ahí colocaron también la corona de flores en recuerdo de Alexis Herrera, el normalista que recibió un balazo en la nuca, en el carril contrario. El letrero está justo enfrente al acceso de la tienda departamental Liverpool, donde se ubicaron los policías ministeriales y estatales que dispararon a los manifestantes en 2011.

En cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes

Ayer el señor Emiliano Navarrete, papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, llamó a no olvidar “porque es lo que el gobierno ha querido siempre”, y ratificó el compromiso de los padres de los desaparecidos a mantener la lucha hasta saber en dónde están sus hijos y que los responsables “personas corruptas” reciban su castigo.
La señora Blanca Nava, mamá del normalista desaparecido Jorge Álvarez, denunció que en cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes, “es algo que nosotros tenemos que evitar, esto no puede sucederle a nuestros hijos”.
Consideró una burla para los padres que todos los delitos sigan impunes, “que nos siga pisoteando, que no nos tengan una respuesta. De aquí le digo a (el gobernador Héctor) Astudillo y (al exgobernador Ángel) Aguirre que ya quiero de regreso a mi hijo, no me pienso ir, tengo que saber qué pasó con él y sus compañeros. Este dolor que sentimos no se lo merece nadie, no queremos repetición, pero sobre todo queremos que los regresen vivos”.
Demandó que no manden policías a sus manifestaciones “nosotros no andamos buscando pleito”, asimismo que retiren a los militares de las calles porque “no sirven para nada, nada más están para desaparecer, para andar levantando y matando”.
El vocero Felipe de la Cruz demandó que se investigue y se castigue al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y a sus colabores por los crímenes del 12 de diciembre, y luego se refirió a la muerte del trabajador de la gasolinera ocurrido en estos mismos hechos, Gonzalo Rivas Cámara, a quién el senado entregó post mortem la medalla Belisario Domínguez, para hacer creer a la sociedad que los estudiantes son responsables de aquella muerte.
El representante de la Normal Rural señaló que el premio del Senado tuvo la intención de criminalizar a los normalistas, que también son víctimas de la represión de los cuerpos policiacos a la protesta social.
Debido a la intensidad del sol cuatro personas recibieron auxilios por desvanecimientos. El mitin acabó a las 4 de la tarde, cuando estudiantes y activistas abordaron unos 10 camiones del servicio público, y regresaron a la Normal en Tixtla.

Desconoce el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala al Comité de buscadores de fosas

El colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala se deslindó y desconoció al Comité de Búsqueda de Fosas Clandestinas, y acusó a los integrantes de ocupar su nombre para sacar beneficios personales y económicos.
Los Otros Desaparecidos de Iguala es una agrupación de familiares de víctimas de desaparición forzada que surgió en noviembre de 2014 tras los ataques y la desaparición contra los normalistas de Ayotzinapa, se define como una asociación sin fines de lucro.
En un comunicado de prensa dicen que el objetivo principal de la agrupación es la búsqueda permanente y continua de más de 350 familiares que han sido víctimas de desaparición forzada en Iguala y otros municipios del estado, así como las gestiones correspondientes para que los (150) cuerpos que han sido recuperados de fosas clandestinas, sean identificados por la Procuraduría General de la República (PGR) y sean regresados a sus familias.
Señala que existen otras agrupaciones ajenas a Los Otros Desaparecidos como el Comité de Búsqueda de Fosas Clandestinas, conformado por ex integrantes del colectivo como Mario Vergara, Mayra Vergara y Xitlaly Miranda quienes han sido desconocidos por la asamblea y a quienes señalan de “lucrar” y “sacar provecho” del dolor ajeno usando el nombre del colectivo, para “obtener recursos, regalías y realizar gestiones en nombre de la asociación, además de recibir aportaciones de limosnas de iglesias católicas”, según el oficio.

Siguen impunes los asesinos de los normalistas en el desalojo a la autopista, denuncia Felipe de la Cruz

 

El plan de acción de fin de año de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos comienza el próximo sábado, en la Asamblea Nacional Popular que se reúne en la Normal Rural en Tixtla, y continúa con la conmemoración del desalojo a balazos de una manifestación de normalistas en la Autopista del Sol ocurrida el 12 de diciembre de 2011, informó el vocero Felipe de la Cruz.
En Chilpancingo a donde acudió a invitar a organizaciones magisteriales y sociales a que vuelvan a participar en la ANP de Ayotzinapa, el activista añadió que el 20 de diciembre comenzará una caravana que llegará el 26 de diciembre a la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y ahí los padres participarán en una misa de 27 meses de los crímenes de Iguala.
Señaló que algunos de los puntos de la caravana serán Taxco y Cuernavaca, y que se tiene previsto un mitin en la caseta de cuota de Tlalpan el día que lleguen a la Ciudad de México, y de ahí ir a la basílica.
Como de costumbre el día 27 llevarán una ofrenda floral a los sitios donde fueron asesinados los normalistas César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en los ataques de la fuerza pública en Iguala.
De los hechos del 12 de diciembre donde policías estatales, federales y ministeriales desalojaron a balazos el bloqueo de los normalistas, asesinaron a dos estudiantes, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexander Herrera Pino e hirieron a tres más de bala, De la Cruz denunció que sigue la impunidad y los perpetradores materiales e intelectuales siguen “como si nada paseando por las calles, como si no hubieran matado, sigue el encubrimiento (de los políticos) entre ellos mismos”.
Mencionó que Ángel Aguirre Rivero era gobernador cuando ocurrió la agresión a los estudiantes, así como la noche en que fueron atacados, asesinados y desaparecidos los normalistas en Iguala, en 2014.
Agregó que con los padres de los desaparecidos están visitando las regiones para llamar a la unidad el 12 de diciembre, para que las muertes de Gabriel y Alexis no queden impunes, aunque es una fecha dolorosa para sus padres, consideró que debe ser también un día de dignidad y de rabia.

Encubrimiento político y militar

Por otro lado, informó que el mecanismo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisa las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de salir del país, particularmente de la participación de los policías de Huitzuco y del personaje identificado como El Patrón, a quien se presume fueron llevados un grupo de los 43 normalistas desaparecidos.
También la participación de los militares, que se negaron a ser entrevistados por los expertos independientes, y que nuevas investigaciones periodísticas los colocan en los ataques a estudiantes, así como en los escenarios de la desaparición.
Aclaró que aún mantienen la posición de no reunirse con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras no sean investigados y sancionados los funcionarios responsables de graves irregularidades cometidas durante la primera fase de la investigación, principalmente, el anterior director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio
Desde que los padres se levantaron de la mesa ha habido rotaciones en los cargos federales relacionados con el caso Iguala. De entrada Zerón de Lucio fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad nacional. En octubre la procuradora Arely Gómez se fue presidir la Secretaría de la Función Pública y fue sustituida en la PGR por Raúl Cervantes Andrade. Hace un mes el subprocurador de Derechos Humanos, y responsable de la oficina de investigación del caso Iguala, Eder Omar Betanzos, fue nombrado subsecretario de la Función Pública, y en su lugar en la PGR quedó Sara Irene Herrerías Guerra.
De las actuaciones de la Oficina de Investigación, De la Cruz aclaró que no están de acuerdo en que todos los esfuerzos están dirigidos a buscar a los 43 normalistas muertos, “son dos años y meses de los crímenes y la PGR no pueden demostrar que están fallecidos. Por eso la insistencia nuestra de que los busquen en vida”.
Insistió en que se abran los cuarteles, ya que los militares también son protegidos, dijo en relación con el nombramiento del exjefe militar de Iguala, Alejandro Saavedra Hernández, que fue nombrado inspector y Contralor General de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Rechazan padres de los 43 que sus hijos hayan sido infiltrados por grupos criminales

 

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que hay una nueva campaña para distraer las investigaciones que hizo la periodista, Anabel Hernández, que involucra a los militares del 27 Batallón de Iguala en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en contra de los normalistas.
Desde la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, el abogado Vidulfo Rosales Sierra informó vía telefónica la decisión de los padres de familia de dar respuesta a una serie de informaciones periodísticas en periódicos, radio, televisión e internet que están provocando inquietud y nerviosismo entre los familiares así como de los activistas que han acompañado sus acciones por dos años.
Ayer en el evento las organizaciones estrecharon las relaciones  para dar seguimiento conjunto a sus casos.
Los padres rechazaron las afirmaciones sin sustento de que los estudiantes fueron infiltrados por grupos delincuenciales. En referencia a los artículos difundidos en la sección de opinión del portal digital de El Universal que narran de forma detallada la declaración videograbada de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, un presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, que usó la Procuraduría General de la República (PGR) para sostener la “verdad histórica”, según la cual los normalistas fueron confundidos con un grupo criminal rival y por eso fueron atacados, detenidos, asesinados y quemados hasta las cenizas en un basurero, versión descartada en varias ocasiones con pruebas científicas.
Recordaron que la declaración se obtuvo de una persona que denunció tortura, y por ello no tiene validez.
Asimismo denunciaron que un portal de internet informó sin sustento que el normalista, José Ángel Cantor, uno de los 43 desaparecidos fue hallado como indigente y eso generó dolor en sus familiares quienes aseguraron que la información es “completamente falsa”, sus padres siguen buscando a su hijo y no hay registro alguno en hospitales de Tixtla y Chilpancingo de su paradero.
Denunciaron que la difusión de información manipulada y falsa es una cortina de humo para desviar la atención de los señalamientos y datos periodísticos que responsabilizan al Ejército mexicano de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Insistieron en que la PGR debe profundizar las líneas de investigación que se dirigen al municipio de Huitzuco, al registro de los teléfonos celulares, a la Policía Federal (PF) y al Ejército, y que la investigación de la periodista Anabel Hernández publicada en el libro La verdadera noche de Iguala se incorpore a la indagatoria como línea de trabajo.
También demandaron que no se empañe la lucha de los padres y madres de Ayotzinapa y no jueguen más con su dolor.
Por otro lado, el abogado de los padres informó que acudió con la señora Hilda Legideño al foro Los desaparecidos nos faltan a todos, en la FIL de Guadalajara que convocaron organizaciones tapatías y de Nuevo León, entre estas Ayotzinapa somos todos, Por amor a ellos y Ciencia Forense.
Aunque Jalisco es un estado que vive en aparente calma, distinto a lo que ocurre Guerrero, aclaró que los testimonios denotan que la situación de desaparecidos es grave.