El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame entregó una lista de defensores que cuentan con “tutelas” en Guerrero al relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst.
En una reunión a puerta cerrada a las 10:30 de la mañana en la sala Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, se entregó la documentación solicitada por el relator para el análisis de la situación de los defensores de derechos humanos en el estado.
A la salida del encuentro en breves declaraciones, Salazar Adame dijo que el encuentro fue solicitado mediante la Cancillería hace tres semanas, para entablar una mesa de trabajo de dos horas.
Dijo que en el encuentro se le informó por escrito al visitador de la ONU cuál es la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Guerrero.
“Se les entregó quiénes son los que tienen tutelas y los motivos por los cuales se les dieron, si te quiero mencionar que es delicado dar a conocer los nombres porque estaríamos violando la ley”, puntualizó.
Agregó que quienes cuentan con las medidas cautelares las tienen porque han sido o son amenazados, por lo que en el documento entregado se detalla quienes son y donde están.
En el informe entregado se detallaron nombres, organismos solicitantes, las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de persona defensora de derechos humanos, agregó.
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Evalúa la PGR a ocho detenidos por el caso Ayotzinapa y determina que dos fueron torturados
La Procuraduría General de la República (PGR) hizo evaluaciones médico-psicológicas a ocho detenidos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl isidro Burgos, ocurrida el 26 septiembre de 2014, y determinó que dos tienen indicios de tortura.
En un comunicado la dependencia destacó que los Servicios Periciales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) integraron los dictámenes correspondientes a cada una de las personas a quienes se aplicó el Protocolo de Estambul o evaluaciones Médico y Psicológicas Especializadas para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Precisa que mediante análisis científico-técnico se determinó que seis no presentan lesiones que pudieran ser compatibles con posibles maniobras de tortura física, y tampoco revelan datos ni manifestaciones que pudieran corresponder a tortura psicológica.
Se trata de Alberto Aceves Serrano, Darío Morales Sánchez, Edgar Magdaleno Navarro Cruz, Leodan Fuentes Pineda o Leodan Pineda Fuentes, Oscar Augusto Pérez Carreto y Verónica Bahena Cruz.
De la evaluación científico-medica a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, arrojó que presenta algunas lesiones que pudieran tener correspondencia con ciertas maniobras o acciones de tortura física.
Según la PGR, Rodríguez Salgado se negó a que se le hiciera la evaluación psicológica obligatoria, como lo establece el Protocolo de Estambul.
En el interrogatorio antes de que se supiera que fue torturado, El Cepillo, señalado por la PGR de la incineración de los normalistas, aseguró no sentir remordimiento por la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, ya que aseguró que eran sicarios que trabajaban para el grupo antagónico Guerreros Unidos, Los Rojos.
En el caso de Edgar Vieyra Pereyda, en el análisis científico-médico también se ubicaron algunas lesiones que pudieran tener correspondencia con “ciertas maniobras o acciones de tortura física”, destacó la PGR.
El procesado aceptó la aplicación de la evaluación psicológica y se determinó que no presenta reacciones ni clasificaciones de diagnóstico establecidas en víctimas de un evento de tortura, de conformidad con lo que establece el Protocolo de Estambul.
Vieyra Pereyda, es expolicía del municipio de Iguala, fue detenido el 29 diciembre 2014 acusado de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas.
Debe parar la impunidad en México o impactará en las nuevas generaciones, advierte Beristain
El especialista en víctimas de violencia y tortura del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain denunció que por más leyes que se elaboren en México, si no se implementan políticas con empatía hacia las víctimas, si no se quiebra el círculo vicioso de violencia-impunidad-corrupción, se impactará a las nuevas generaciones.
“Si vemos que nada se transforma puede ayudar a generar insensibilidad y falta de conciencia, y ese impacto va proseguir en México en las próximas generaciones, ese es el horizonte, no del próximo año, no del próximo sexenio, de las próximas generaciones”, advirtió preocupado.
Consultado por teléfono en el marco de su visita para presentar su libro El tiempo de Ayotzinapa sobre sus vivencias en el periodo en que cinco expertos extranjeros fueron coadyuvantes de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, dijo que si desde las instituciones siguen llamando levantado a un desaparecido, se le convierte en un subhumano que no genera empatía ni conciencia, como ejemplo del inadecuado tratamiento de las víctimas.
Aseguró que la peor receta para atender la desaparición de personas es mirar a otro lado, como ocurre en el país.
Carlos Beristain es el único de los especialistas extranjeros con labor previa en México del GIEI. Indicó que en 2012 trabajó con familias de desaparecidos en la atención psicosocial con talleres, espacios de dolor y de llanto, y habló entonces de la necesidad de una política de atención a víctimas ante la prensa.
Al volver a México con el GIEI para el caso Ayotzinapa no tenía un conocimiento profundo de la desaparición forzada ni del sistema judicial, lo que sabía era a partir de los relatos de los familiares que recurrían a diferentes leyes, y que mostraba que no era un problema aislado.
Cuando aquellas familias acudieron al Ministerio Público con un caso de desaparición siempre les decían que volvieran después, “y esas son prácticas de desprecio para la gente, es la peor práctica para la atención del problema”, dijo.
Al comenzar la coadyuvancia en el caso Ayotzinapa, cinco meses después del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas, todos los especialistas tenían claro que el caso implicaba una tarea inmensa, muy compleja, que les tocaba desentrañar cosas poco claras y enfrentar el aparato del Estado, relató.
Agregó que empezaron con la convicción de que era un enorme desafío que sí se podía resolver, y también comenzaron a enfrentar obstáculos para llegar a la verdad.
No obstante en el primer informe lograron reconstruir la historia que había sido contada de forma tergiversada o parcial, y las fuentes fundamentales fueron los sobrevivientes y los familiares de la Normal de Ayotzinapa y del equipo de fútbol Los Avispones.
Sin embargo en el segundo informe dependían del avance de la investigación de la PGR, “y no sé por qué no se hicieron (los peritajes y recomendaciones) y eso nos dejó frustrados”.
Recurrieron a otras fuentes, periodistas de Guerrero que hicieron aportaciones, pero los expertos no pudieron intervenir a más.
Insistió en que “sí se puede resolver el caso”, es decir, determinar el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, “incomodamos a ciertos actores y el miedo a la verdad no es positivo para México, con tanto dolor”.
Desde su experiencia en diferentes países, aseguró que la única forma de sanar a las familias es que reciban respuestas desde la verdad, si no hay verdad no habrá paz, no sólo en Ayotzinapa, sino en todas las familias con seres queridos desaparecidos.
Dijo que en otros países los familiares, no los gobiernos, han permitido los movimientos amplios para buscar la verdad, “a pesar del enorme estrés que representa han convertido la lógica del afecto en una conciencia de derechos humanos más amplio”.
No sólo los impulsa el amor a sus hijos, sino la confianza que alcanzan con otros padres.
También es necesaria la atención nacional e internacional, el apoyo colectivo con otras víctimas y abrir la conciencia para moverse hacia una transformación.
En el libro narra su experiencia sin los tecnicismos del informe, cómo lograron avanzar ante los obstáculos y encontraron elementos insólitos que permitieron descubrir situaciones que se intentaron ocultar, como el quinto autobús y el trasiego de droga en el transporte público, que de acuerdo con la tesis de los expertos, pudo ser la razón del ataque indiscriminado y coordinado contra los estudiantes.
Reconoció que desde el primer informe se dieron cuenta que “había un punto de no retorno”, que las autoridades trataban de sostener la versión del basurero de Cocula, que dice que ahí fueron incinerados los desaparecidos, incluso cambiando un poco la historia para adecuarla a las circunstancias que se iban develando.
“Esa fue la peor solución”, pues los nuevos testimonios que se tomaron en el camino “eran como una manta que se tira de un lado y tapa una esquina y deja descubierta otra cosa”, no ajustaba con la realidad y se evidenciaban más irregularidades, como tortura a los inculpados.
Asimismo, la diligencia en el río San Juan donde funcionarios de la PGR sembraron evidencia para colocar el resto de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, “la respuesta dada después por el gobierno es un mal síntoma, la peor receta para el caso y para el país y sólo alarga más una solución”.
En cuanto a si tiene confianza en que se conozca la verdad del caso Ayotzinapa y de los desaparecidos del país, dijo que la verdad siempre se empeña en salir si quien la empuja son los familiares, pero también refirió una frase de su compañera la experta colombiana Ángela Buitrago, “tiempo que pasa, verdad que se aleja”.
Recordó que en el segundo informe de trabajo señalaron los problemas estructurales en la investigación y dejaron en 22 puntos para mejorar el sistema de procuración de justicia.
Aseguró que si se atienden las recomendaciones como lo han visto en otros países, la situación va a cambiar.
“El círculo de violencia-corrupción-impunidad-violación de derechos humanos se quiebra en la impunidad. Si se mantiene la impunidad se mantienen los círculos de complicidades políticas, de corrupción y violencia. No hacerlo contribuiría a fomentar la violencia, lo único que se va a hacer es mirar a otro lado”.
Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa
El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.
Se unirá a la Asamblea Nacional Popular la Dirección Colectiva de Organizaciones
La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que unificará su lucha junto con la Asamblea Nacional Popular (ANP), encabezada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que se unirán a las actividades y cancelarán las que tenían previstas en particular.
El sábado la ANP acordó un plan de acción para mantener la exigencia de la aparición con vida de los normalistas y manifestarse en contra del gasolinazo.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) la dirección colectiva informó que se unen al plan de acción de la ANP, pues tenían prevista una movilización este lunes, pero la cancelaron para unirse a las movilizaciones del 22 y 23 de este mes.
A la conferencia acudieron integrantes de la dirección como los damnificados del Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y una de las madres de los 43 normalistas, Cristina Bautista Salvador.
La mamá del normalista expuso que las movilizaciones van en contra del gasolinazo que afecta a todos y para exigir al gobierno mexicano la presentación con vida de sus hijos desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Dijo que están programadas actividades y movilizaciones, a una de ellas acudirá un relator del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el jueves a la normal rural de Ayotzinapa, además de movilizaciones en Tijuana, Ciudad de México y Chilpancingo.
“El gobierno mexicano no nos ha dado ninguna respuesta seria y como hemos dicho a todos de los 43 que nosotros no nos vamos a callar, tenemos que seguir gritando en las calles invitando a todo el pueblo de México que nosotros no nos vamos a rendir hasta saber la verdad y justicia, porque esto no puede quedar en la impunidad, ya que el gobierno mexicano está acostumbrado de matar y asesinar y no pasa nada”, destacó Cristina Bautista.
Resaltó que la unión hace la fuerza, que ya no se tiene que permitir que el gobierno siga pisoteando sus derechos, por lo tanto dijo que se tiene que levantar la voz y pidió que no se hagan luchas aisladas si no conjuntas.
El dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame expuso que se canceló la manifestación que tenían programada para este lunes, y que harán volanteo para dar a conocer el proceso unitario para la lucha social.
Dijo que la dirección colectiva exige la presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, castigo a los culpables y recalcó el apoyo a los familiares de los 43.
El asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en octubre fue premeditado y ordenado por una estructura: Vidulfo Rosales
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que en la actual etapa de investigación complementaria en el proceso que se sigue a cuatro detenidos por el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 4 de octubre pasado, se han podido reunir pruebas para demostrar que los imputados pertenecen al crimen organizado y que actuaron de manera premeditada para asesinar a los estudiantes.
El abogado informó que estas pruebas las presentará en la audiencia de la etapa intermedia que será a finales de marzo y que espera que sean valoradas para que se tomen en cuenta durante el juicio oral que se prevé sea en el mes de abril.
Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, fueron ejecutados la tarde del 4 de octubre cuando viajaban en una Urvan del servicio de transporte público de la ruta Chilpancingo-Tixtla.
En ese episodio también fueron asesinados el trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y después cuando los homicidas se daban a la fuga también asesinaron en la colonia Reforma de Chilpancingo al chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
El 13 de octubre, el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha, resolvió en una audiencia la vinculación a proceso, con prisión preventiva, a cuatro de los acusados por el múltiple asesinato
Los imputados son Israel de 32 años, Carlos de 26, Ismael de 20 y Antonio de 18 años, mientras que un menor de edad fue turnado al juez para adolescentes en donde dos días antes también fue vinculado a proceso.
Consultado ayer, el asesor de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Vidulfo Rosales Sierra, informó que actualmente corre el plazo de cuatro meses a partir del 13 de octubre, cuando se realizó la audiencia para vinculación a proceso, en el que se realiza la investigación complementaria.
En esta etapa la Fiscalía General del Estado (FGE) y el asesor de los familiares de las victimas reúnen pruebas para fortalecer la responsabilidad de los imputados, quienes enfrentan el proceso con prisión preventiva, en tanto se realiza el juicio oral en el que se determinará su situación legal.
El abogado Rosales Sierra informó este jueves que en esta etapa en la que se realiza una investigación complementaria, la asesoría de los familiares de las víctimas han seguido reuniendo pruebas para demostrar que hubo “premeditación” en el asesinato cuando menos de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Reconoció que ha habido muy poca colaboración de los testigos, porque “hay mucho temor”, pero insistió que “existen algunos elementos de prueba que estarían indicando eso”.
Dijo: “Lo más importante para nosotros es, primero, establecer que hubo intención deliberada de agredir a los estudiantes y que hay una estructura por arriba de estas personas que ocasionaron el homicidio. Queremos demostrar que no sólo se trata de ellos, que no actuaron de manera espontánea. Hubo una planeación, un modus operandi y que hay una estructura delictiva por arriba de ellos.
–¿Quieres demostrar que ellos pertenecen a la delincuencia organizada?.
–Es correcto, para nosotros ellos pertenecen a la delincuencia organizada y eso estamos tratando de averiguar para poder acreditarlo en el juicio oral.
La FGE ha sostenido que el móvil del asesinato de los dos estudiantes, el trabajador del IEEJAG y del chofer de la Combi del servicio de transporte público, fue el asalto.
Incluso los mismos imputados han sido vinculados a proceso por otros asesinatos ocurridos en las semanas anteriores al homicidio de los estudiantes de Ayotzinapa, en asaltos cometidos a tiendas y en lugares públicos de Chilpancingo.
Rosales Sierra reconoció que en el expediente que se abrió por el caso de los estudiantes efectivamente han encontrado elementos comprobatorios de que los mismos acusados incurrieron en los otros delitos. “Ya los reconocieron las víctimas, ya los señalaron como los mismos que participaron en aquellos actos”, dijo el abogado.
Sin embargo, insistió que también cuentan con pruebas de que en el caso del asesinato de los dos estudiantes no actuaron por sí solos y que hubo una estructuran por arriba de ellos que los motivó a actuar y que actuaron con premeditación para asesinar a los normalistas.
Informó que todas estas pruebas se desahogarán en la audiencia de juicio oral previsto para el mes de abril y que espera que sean admitidas por el juez en el juicio de la etapa intermedia, que sería a finales de marzo.
“Nosotros como asesores jurídicos estaremos presentando el conjunto de pruebas y el juez determinará cuáles de todas estas pruebas se van a desahogar en el juicio oral”, explicó.
Hubo obstáculos del gobierno federal para dar con los 43 desaparecidos en 2016, denuncia Vidulfo Rosales
El año 2016 fue de disputas políticas con el gobierno federal, mínimos avances y obstáculos en la investigación para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, consideró el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En un balance y perspectivas del caso, Rosales Sierra dijo que en 2017 el reto para los padres de los estudiantes desaparecidos será mantener vivo el movimiento y esperar la opinión de organismos internacionales, para que la Procuraduría General de la República (PGR) retome con interés las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además informó que los padres solicitaron la revisión del caso en el Comité de Desapariciones Forzadas, las Relatorías de Desaparición Forzada y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso en el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, también de la ONU porque entre los 43 hay 17 jóvenes indígenas, pero reconoció que este proceso es lento.
Este año los expertos extranjeros coadyuvantes en la investigación de la PGR se retiraron del país por falta de condiciones para continuar su mandato a finales de abril, debido a la campaña mediática de desprestigio en su contra impulsada por el gobierno, que comenzó en febrero.
El abogado relató que hubo un “jaloneo político: que si había extranjeros interviniendo en el país, que si querían descarrilar el sistema, que si cayera (el presidente) Enrique Peña Nieto”, así se perdió en disputas la mitad del año, el mismo tiempo que la PGR tardó en atender las líneas de investigación que el GIEI recomendó.
Como parte de la medidas cautelares que otorgó a las víctimas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se aprobó otro mecanismo especial, cuyas características comenzaron a discutirse con las víctimas y el gobierno mexicano en marzo y comenzó a funcionar en noviembre, a seis meses de la salida del GIEI del país.
Aunque Rosales Sierra estimó que en 2015 se agotó la tesis oficial que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre el posible destino final de los estudiantes desaparecidos en el basurero de Cocula, el tema se mantuvo latente.
Los padres explicaron en cada manifestación en distintos puntos del estado y del país, las inconsistencias e irregularidades de la llamada “verdad histórica” que dice que los jóvenes fueron incinerados en el basurero, para intentar revertir la penetración de los medios masivos de comunicación que la presentaron como un hecho irrefutable, pese a las pruebas científicas que distintos grupos de expertos presentaron para descartarla.
En septiembre de este año la revista especializada Science publicó los resultados de un experimento del experto en fuego de la Universidad de Queensland, Australia, José Torero, que descartó en definitiva la explicación del gobierno federal de que un cartel del narcotráfico asesinó a los estudiantes y quemó los cuerpos en un basurero a cielo abierto.
Estableció que en el basurero de Cocula no existen posibilidades de incinerar 43 cuerpos, porque sería necesario apilar entre 20 y 40 toneladas de madera para destruir toda la materia orgánica, al punto en que se hallaban los restos levantados en el lugar.
La obstrucción desde la Presidencia
Según la opinión de Rosales Sierra, la procuradora Arely Gómez González (quien sustituyó a Murillo Karam), sí quiso investigar las líneas que recomendó el GIEI distintas al basurero de Cocula: búsqueda con vida y muerte de los estudiantes desaparecidos, aclarar la actuación de policías federales y de los militares, así como el trasiego de heroína de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques coordinados entre agentes de seguridad pública y sicarios del crimen organizado.
Afirmó que en su gestión -del 3 marzo de 2015 al 15 de octubre de 2016-, se retomaron algunas líneas pero nunca tuvo respaldo institucional del poder Ejecutivo, al contrario, aseguró que la obstaculizaron.
Por ejemplo señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detenía a presuntos implicados en los ataques del 26 de septiembre y no avisaba a la oficina del caso Ayotzinapa. Tampoco permitía que los interrogaran para contrastar datos o preguntarles directamente de los desaparecidos.
Cuando los agentes del Ministerio Público (MP) solicitaban diligencias para un cateo a una casa refugio de criminales o la búsqueda en algún cerro (por ejemplo La Carnicería ubicado cerca del basurero de Cocula), ésta ya se había hecho sin avisar a la oficina del caso.
Dijo que después de la separación del cargo del director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio (investigado por manipular pruebas en el río San Juan pero nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional), la oficina de investigación tampoco pudo entrevistar al secretario de Seguridad Pública de Iguala la noche de los hechos, Felipe Flores Velásquez, detenido el 21 de octubre.
Aceptó que había una orden de aprehensión en su contra por otro delito pero había una oportunidad para que la oficina que lleva la investigación lo interrogara del paradero de los normalistas.
En ese tenor fue que siempre se investigó, junto a la postura institucional del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del presidente Peña Nieto, de que lo más avanzado de la investigación fue lo que presentó Murillo Karam.
Ellos destacan que sí permitieron la intervención de los expertos internacionales para esclarecer los hechos pero no avanzaron, cuando fueron las propias autoridades las que impidieron el trabajo de los enviados de la CIDH. Ahora, siguen mostrando reticencias para abordar las líneas presentadas hace ocho meses.
Estimó que al presidente le reditúa más políticamente de aquí al 2018 que el caso se mantenga como está “en un bache”.
Confió en que el mecanismo de seguimiento de la CIDH puede generar en 2017, “esa palanca de presión que ayuda a impulsar, agilizar la investigación, para impulsar líneas de trabajo, y los padres tenemos el reto de mantener vivo el movimiento para que sea contrapeso al poco interés que ha mostrado la PGR”.
Se fortalece la organización
El abogado Vidulfo Rosales consideró que el núcleo organizativo en torno a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, representado en la Asamblea Nacional Popular (ANP), se fortaleció.
Pese a las dificultades señaló que en la ANP siguen entre 70 y 90 organizaciones constantes, que hacen posibles las caravanas a distintos puntos del país.
Relató que en los primeros meses de los ataques se registraban hasta 600 organizaciones en la asamblea que se celebra en Ayotzinapa. Vino un reflujo en 2015 y este año se consolidó con grupos permanentes.
Destacó que en las regiones también hay un apoyo sólido: en Chilpancingo y Tixtla con el magisterio, en la Montaña con maestros y organizaciones sociales y en el corredor de Costa Chica de donde son la mayoría de los estudiantes desaparecidos que se conjugó con los asesinatos de Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro el 5 octubre, “lamentablemente otra desgracia engarza la indignación con los desaparecidos”.
Se refirió a las organizaciones de Atoyac con años de trayectoria, y en Ometepec donde el magisterio mantenía la demanda de los padres de familia.
Afirmó que ahora se tiene claridad en sus principios, se tiene una agenda con una mirada nacional que se condensa en nueve puntos, los primeros son la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los más de 20 mil desaparecidos en el país, derogación de las reformas estructurales, libertad de los presos políticos, y el cambio gobierno y régimen político.
A 27 meses, exige el Centro Morelos que se investigue al Ejército por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) dijo que se cumplieron 27 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y que el siguiente año los padres se enfrentarán a un año difícil debido a la actividad electoral y exigió que se investigue al Ejército, se detenga a los policías involucrados en la desaparición y se cumplan con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Hoy se cumplen 27 meses de dolor e impunidad, ya que el Estado mexicano y sus instituciones han hecho su mejor esfuerzo para evitar ser descubiertos como los verdaderos perpetradores de los hechos de iguala, y ocultar que buena parte de sus ingresos personales provienen de la protección que les brindan a los diferentes carteles de la droga”, expuso el Centro Morelos en un comunicado.
Se informó que la caravana que los padres de los 43 normalistas y diversas organizaciones ha pasado por Iguala y Taxco, por Xoxocotla, Cuernavaca, Tepoztlán y Amilcingo en Morelos, y en la Ciudad de México para demostrarle al gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, que a pesar de los 27 meses de impunidad en que se ha mantenido el caso la lucha continúa y que no se detendrá hasta encontrarlos y lograr justicia y verdad.
En el documento se dio a conocer que los padres saben que el siguiente año será difícil, tendrán que enfrentarse a adversidades, que será un año en donde el tema electoral opacará muchas luchas y la prensa escrita dedicará “mucho” tiempo y espacio cubriendo el activismo de quienes pretenden ser candidatos por cualquiera de los partidos políticos o candidatos independientes.
“En lugar de investigar a los militares por los hechos de Iguala se pretende blindar el accionar del Ejército mexicano mediante una reforma constitucional para otorgarle una carta de impunidad en su participación en tareas de seguridad pública, impunidad que le permitirá asesinar, desaparecer, torturar, realizar allanamiento de moradas, violar sexualmente a las mujeres, todo esto sin ser castigados, mientras que el proceso de privatización de todos los servicios sociales sigue su marcha concretando las reformas estructurales de este gobierno”.
El Centro Morelos sostuvo en el comunicado que las miles de familias que buscan a sus desaparecidos requieren de fuerza y fortaleza espiritual para seguir luchando en contra de la impunidad, el olvido y los intentos de las autoridades por desviar la atención y la exigencia de castigo a los responsables.
El Centro Morelos exigió un avance en las líneas de investigación recomendadas por el GIEI, investigar al Ejército, detener a los policías municipales de Huitzuco, policías estatales federales que están involucrados en la desaparición, juzgar y castigar a todos los responsables de la manipulación de las evidencias y fabricaciones de “la insostenible verdad histórica” y brindar todas las facilidades para los integrantes del mecanismo especial de seguimiento.
Llega la caravana de los padres de los 43 a Taxco; la reciben los mineros en huelga desde hace 9 años
La Caravana por la Memoria y la Esperanza que integran los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes y organizaciones sociales que les acompañan arribaron a Taxco en el tercer día de su travesía en demanda de justicia donde exigieron al gobierno la verdad y se aplique la ley en contra de los responsables de los ataques ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Unas dos horas antes de la hora programada la caravana llegó a la ciudad platera en la que fueron recibidos con honores por los mineros con más de nueve años en huelga en la sede de su sindicato en el barrio de La Veracruz, tras descender de los vehículos que minutos antes se estacionaron en las inmediaciones de la antigua terminal de autobuses.
La presencia del contingente causó expectación entre la gente, no así entre los conductores de taxis y urvan del transporte público que estuvieron pitando como manera de presión en el breve tiempo que los padres y estudiantes bajaron de los vehículos, al igual que el despliegue de militares y policías federales y estatales que se observó durante su trayecto de Iguala a la entrada de Taxco y, a partir de ahí el marcaje y registro de toda su estadía y por los lugares que recorrieron después en una marcha por las calles del centro histórico.
A las 11 de la mañana, la primera de las actividades fue una conferencia de prensa en la que al darles la bienvenida el líder de los mineros en huelga, Roberto Hernández Mojica expresó que “la lucha de Ayotzinapa es la lucha de los mineros”, lo que dijo es un honor y un orgullo recibirlos, aunque recordó también la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, en la que en febrero de 2006 perdieron la vida 65 de sus compañeros de que llamó un crimen industrial y acusó como principal responsable a la empresa Industrial Minera México, en relación al crimen de Estado cometido en contra de los normalistas en Iguala en septiembre de 2014.
“Estaremos con ustedes hasta dar con la verdad”, sentenció ante los asistentes, entre los que no faltaron “orejas” y sujetos ajenos a la lucha quienes merodearon la zona, lo mismo que policías encapuchados atentos a cada uno de los movimientos.
A más de dos años de la desaparición de los 43 estudiantes añadió: “Queremos ver que las autoridades digan ya la verdad, pero que sean claros, no con mentiras”, lo que se rubricó al final de su intervención con las consignas y coros de “Ayotzi vive, el minero está contigo/ Ayotzi escucha, el minero está en tu lucha” que sellaron con los prolongados “no están solos, no están solos, no están solos”.
Ahí, el representante de los padres de los 43 normalistas, Melitón Ortega agradeció a los mineros el haber recibido a la caravana y al lado de otras organizaciones, donde lamentó la incertidumbre en la que han vivido desde hace más de dos años debido a las mentiras y falsedades en que han incurrido el gobierno federal, estatal y los cuerpos policiacos.
Luego del acto en el que participaron varios de los padres de familia para hacer escuchar su voz y exigencias sobre la verdad, hubo una pausa en la que desayunaron todos juntos y enseguida, con decisión inquebrantable, emprendieron la marcha desde la sede de los mineros cuesta abajo para internarse rumbo a la carretera nacional entre gritos de justicia y consignas multitudinarias que inundaron el ambiente ante la mirada de habitantes y turistas hasta llegar al monumento al minero, por el barrio de La Garita, en el que montaron una guardia combativa, siempre vigilados a distancia por policías.
De ahí, la marcha y los coros estallaron entre la aparente quietud de las calles empedradas donde varios de los negocios bajaron cortinas y los comerciantes cerraron sus puertas apresurados mientras la marcha avanzaba siempre de manera pacífica, donde representantes de medios de comunicación indicaron a la gente que no pasaba nada, sólo era una marcha y no acciones de violencia, como las que se han registrado desde hace varios días y han generado miedo y psicosis en la población.
A l de la tarde la marcha pasó por dos instituciones bancarias y éstas trabajaron de manera normal y no cerraron las puertas, en el principal edificio del Ayuntamiento municipal sí cerraron las puertas y los trabajadores que ahí se encontraban sólo observaron y otros más a grabaron videos y tomaron fotografías, lo mismo hicieron los cuerpos policiacos.
Al llegar a la plazuela de Bernal, la caravana viró directo sobre la calle Juan Ruiz de Alarcón, en línea recta, hasta llegar a la plazuela de La Veracruz, donde se desarrolló un mitin y se exigió una vez más seguir las líneas de investigación pendientes, para el esclarecimiento de los hechos y surja la verdad en esa tragedia que sacudió a Guerrero y al país en la vecina ciudad de Iguala.
El relevo del jefe del 27 batallón busca proteger a quienes desaparecieron a los 43, denuncian los padres
El representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega declaró ayer en esta ciudad que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado de la inspección de sus agentes en el paraje Las Parotas, al poniente de Iguala, donde se buscan posibles entierros clandestinos.
En declaraciones a reporteros al término de las actividades del segundo día de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, consideró que el relevo de mandos en el Ejército es para “proteger” a los que participaron en los ataques y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en referencia al cambio de mando en el 27 Batallón de Infantería.
De las exploraciones de posibles entierros clandestinos que iniciaron el martes peritos forenses, antropólogos y agentes de los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona de Las Parotas, cerca del lugar de hallazgo de fosas clandestinas, dijo que a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos no se les está dando información de estas diligencias.
Informó que apenas se reunirán con sus abogados para saber qué es lo que está haciendo la PGR, porque “nosotros no tenemos conocimiento”.
Recordó que una de las exigencias de los padres es que la PGR tiene que avanzar en las investigaciones con la presencia de sus abogados, lo cual fue un acuerdo.
Sostuvo que “ya no hay confianza en la PGR, en el trabajo que realizan, ni en la investigación ni en la búsqueda”, aunque no descartó que en esa diligencia este alguno de los representantes legales de los padres.
Mencionó los cambios, rotaciones y ascensos en el Ejército y en particular el caso del 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de operar los ataques contra los normalistas, en donde ya hubo dos cambios de jefe militar, uno fue el coronel José Rodríguez Pérez, quien a finales de julio de 2015 fue relevado en el cargo y ascendido a general brigadier, después de los ataques a los 43 normalistas.
El representante de los padres consideró que estos cambios y ascensos a mandos militares son parte de la “protección” para que nunca se investigue al general José Rodríguez ni a los soldados que tuvieron qué ver, “fue ascendido y lo están premiando, es una manera de proteger a este comandante para que nunca se le investigue y que esta investigación nunca se esclarezca”.
De la investigación de la periodista Anabel Hernández que revela que se usaron armas registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que sólo portan sus soldados, y que fueron utilizadas en los ataques a los normalistas, Melitón Ortega exigió que el gobierno dé una explicación de por qué fueron hallados esos casquillos, “¿acaso las armas del Ejército tienen que estar en manos de otras organizaciones y de otras personas?, o ¿cuántas veces se les han perdido las armas o municiones a los soldados del Ejército, o en qué momento pasó”, fueron algunos de los cuestionamientos que hizo.
Una reportera le preguntó de su próxima reunión con el procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el representante de los padres indicó que en tanto no se les informe de la investigación en contra del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de la detención de dos policías federales y una línea en la que se investigue a los policías municipales de Huitzuco, “no tenemos nada a qué regresar, porque no hay nada qué platicar, queremos avances y resultados en las líneas de investigación”.