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En Guerrero se violan constantemente los derechos humanos y no hay justicia, dice la Codehum ante abogados

El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno dijo que los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, durante los que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa mantienen al estado “en el ojo mundial”.
Expuso que en Guerrero se violan los derechos humanos de manera constante y que las autoridades han descuidado la impartición de justicia, aunque también expresó que los guerrerenses no son los mejores a la hora de resolver los conflictos.
En la sesión del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero Julio César Hernández Serna en la que se nombró a los representantes de Chilpancingo, Navarrete Magdaleno expuso la ponencia Los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, en la que resaltó los más de 500 desaparecidos y recordó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando supo sobre los ataques en Iguala.
Denunció que en el estado no se cumplen los derechos básicos ya que en el tema educativo, los habitantes de las comunidades marginadas del estado no cuentan con escuelas cercanas, mientras que en salud el servicio no es gratuito si no que se cobra a los trabajadores mediante seguros médicos, tampoco se garantiza el derecho a la seguridad y a la paz, ya que de manera constante ocurren hechos violentos.
Dijo que la Codehum se creó hace 20 años con sustento constitucional, contrario a otro tipo de comisiones que eran del gobierno, además de que cuenta con “características únicas” como la Comisión del Ministerio Público.
Expuso que en Guerrero “deberíamos estar más adelante en el estudio de derechos humanos y no enfrascados en casos que nos llevan tiempo”, ya que la Codehum no cuenta con suficientes abogados como para resolver todos los casos de manera inmediata, aunque ha disminuido el número de quejas.
Dijo que cuando hay choques entre manifestantes y policías en alguna protesta, la Codehum tiene que escuchar a las dos partes, pero la versión de los uniformados es distinta a la de los inconformes, por lo que tiene que hacer una investigación de fondo para determinar qué fue lo que pasó.
Luego dijo que en Guerrero la violación a los derechos humanos es histórica y señaló como íconos de la omisión de los derechos la matanza de Aguas Blancas, el caso Ayotzinapa en el 2011 y luego en el 2014, el asesinato del líder guerrillero Lucio Cabañas, la desaparición del líder del Movimiento Revolucionario del Magisterio Jacob Nájera Hernández, y del líder social de Atoyac Rosendo Radilla Pacheco durante la guerra sucia que dejó más de 500 desaparecidos.
Navarrete Magdaleno recordó que estuvo en el acto del perdón en Atoyac en noviembre de 2011, cuando el Estado Mexicano reconoció su responsabilidad en la desaparición de Radilla Pacheco, pero “un perdón nunca será suficiente”.
En la ronda de preguntas se le pidió a Navarrete Magdaleno que mencionara cuál era el caso más representativo en la omisión de los derechos humanos en Guerrero, a lo que contestó que, pese a que evitar hablar Ayotzinapa en los foros de discusión porque es reiterativo su discurso, la desaparición de los 43 normalistas “nos ha marcado”.
Recordó que la noche del 26 de septiembre estaba cenando solo cuando supo de los ataques en Iguala, y de inmediato fue al lugar de los hechos, “en un arranque inexperto” ya que apenas 8 meses antes había asumido la presidencia de la Codehum”.
Dijo que acompañó a los normalistas y documentó los casos de los desaparecidos, pero hace más de dos años que no se esclarecen los hechos.
Agregó que hay quienes consideran que no debe haber más reformas a la Constitución, mientras que otros opinan que se debe crear una nueva, luego reflexionó “si el 90 por ciento de la población no la conoce (la Constitución) ¿para qué crear otra? Hay millones de mexicanos esperando justicia y paz”.
La sesión se llevó a cabo en el Salón Cuicalli y estuvo el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero Julio César Hernández Serna, Hugo Hernández Martínez, y unos 30 integrantes de esa organización.

“No nos podemos espantar”, dice la alcaldesa de la irrupción de 40 sicarios en Tetipac

La alcaldesa de Tetipac, Viola Figueroa Arriaga declaró ante la irrupción de un grupo de 30 o 40 hombres armados la noche del martes en la cabecera municipal; “Yo creo que es algo que no nos podemos espantar porque el estado en general así es”.
La alcaldesa participó en la entrega de reconocimientos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) que se hizo en Palacio de Gobierno.
Al finalizar la actividad se le preguntó de los hechos ocurridos la noche del martes pasado, cuando se reportó la irrupción de 30 o 40 hombres armados que llegaron a bordo de seis camionetas de lujo y se llevaron a tres policías municipales.
A lo que la alcaldesa respondió, “bueno yo creo que es algo que no nos podemos espantar porque el estado en general así es”, y se negó a seguir con la entrevista porque se tenía que tomar la foto con los demás alcaldes que asistieron al mismo evento.
En una segunda consulta, Figueroa Arriaga se contradijo asegurando que el hecho “es una mentira”, y añadió “mira hay ocasiones en las que me gusta más que se enfoquen en lo positivo del municipio que en lo negativo”. Dijo que la inseguridad está en todo el estado.
“Si volteamos a ver a Chilpancingo, Acapulco, Taxco e Iguala, u otro estado, no es específicamente en una región”, señaló.
Insistió que la violencia e inseguridad es un problema social y no de género o de algún partido político o un “sistema”, sino un “problema social que tenemos con los ciudadanos”.
—¿Hubo irrupción del grupo armado de 40 personas?
—Es que eso es mentira, no sé de dónde lo sacaron, sí hay policías, no sé de dónde salió la nota de que habían renunciado, lo desconozco pero ustedes saben que mucha veces cuando nosotros como Ayuntamiento o municipio de cierta manera no trabajamos con tantos medios hay veces que se nos ataca políticamente.
—¿Por qué cuestión política?
—La verdad no me gusta estar como viendo por donde, más bien me gusta trabajar y seguir en lo mío y nuestro tiempo es corto y por lo mismo me gusta ser constante en el trabajo para la gente.
Durante la consulta se le preguntó también sobre la privación de la libertad de dos familiares del ex alcalde priista, Néstor Serrano Rodríguez, y contestó que desconocía esa información.
Señaló que desde su llegada a la administración actual le solicitó al gobierno del estado el reforzamiento de la seguridad en su municipio, por lo que aseguró que actualmente hay policías estatales y municipales trabajando para dar seguridad en la población y negó que hayan renunciado.
En la edición de ayer de El Sur se informó que hombres armados irrumpieron la madrugada del martes en la comunidad de San Gregorio, Tetipac, y amenazaron al comisario del pueblo con levantar y asesinar a toda persona que sea vista después de las 10 de la noche en las calles.

Reanudan hoy el diálogo con la PGR, informan los padres de los 43 normalistas

 

A seis meses de que se rompió el diálogo, hoy los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reanudarán la comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, para conocer los avances de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como las irregularidades en el proceso señaladas por expertos independientes.
En consulta telefónica el vocero Felipe de la Cruz informó que en esta reunión esperan a integrantes del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.
Antes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que para esta mesa exigieron los resultados de la investigación interna sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no obstante la investigación que lleva a cuestas por obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Dijo que solicitaron información de la consignación pendiente de los policías de Huitzuco que detuvieron a un grupo de los 43 normalistas desaparecidos frente al Tribunal Superior de Justicia, así como de dos policías federales identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron en el lugar y permitieron las atrocidades cometidas contra los estudiantes.
Además las acciones de búsqueda de los normalistas, como las líneas de investigación relacionadas al trasiego de droga en Iguala y del quinto camión, probablemente cargado de droga o dinero, según la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que permitiría entender el nivel de violencia y coordinación de distintas corporaciones policiacas con la delincuencia organizada en la agresión a los normalistas y otros ciudadanos.
El 18 de agosto de 2016 los padres de los estudiantes desaparecidos abandonaron la mesa con la PGR, porque los funcionarios estaban dando largas a la presentación de resultados de la investigación interna contra Zerón de Lucio por la manipulación de evidencia que reveló el GIEI desde finales de abril, del mismo año.
En su informe final como coadyuvante de la investigación, el GIEI mostró una videograbación extraoficial tomada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde se observa a Zerón con peritos de la PGR recogiendo materiales muy parecidos a la evidencia que presentaron al siguiente día con fragmentos de huesos humanos, que permitieron la identificación positiva de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
Sin embargo Zerón sólo documentó la operación del 29 de octubre que también realizó a espaldas de los expertos y peritos independientes, representantes de los familiares. A la fecha no hay certeza del lugar del que se sacaron esos restos humanos.
Felipe de la Cruz informó que después de la reunión en la PGR, el sábado 11 de febrero los padres de familia comenzarán otra caravana en dos rutas, al norte y al sur del país para convocar a la Asamblea Nacional de los Indignados, que será el 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Al norte tendrán actividades en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Michoacán, y en el sur en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Oaxaca, Huamantla (población) y Tlaxcala (capital) así como en Cuernavaca y Amilcingo, Morelos, del 13 al 17 de febrero.

Marchan activistas y padres de los 43 en la capital en memoria del guerrillero Genaro Vázquez

La presentación con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos, la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la no reelección de rector en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), fueron las demandas de la marcha para recordar al líder guerrillero Genaro Vázquez Rojas, en su 45 aniversario luctuoso.
La marcha de unos 600 manifestantes fue encabezada por los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos hace 28 meses, seguidos de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa e integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones del Estado. Salió a las 12 del día del monumento a Vicente Guerrero.
El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se separó con unos 80 integrantes de la corriente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que encabeza Antonia Morales Vélez, debido a un desacuerdo en la organización de los contingentes.
Mientras la protesta del MPG concluyó con la conmemoración en el Zócalo de Chilpancingo, los padres de Ayotzinapa hicieron una parada en las oficinas del programa federal Prospera, en respaldo a los trabajadores despedidos que ayer sumaron diez días en plantón.
En la alameda los padres de Ayotzinapa y organizaciones fueron recibidos por el movimiento independiente de los caídos del 60, el Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense que montó una exposición de fotos del ataque del 30 de diciembre en ese lugar, de militares armados contra civiles hace 56 años. Ahí estaban también alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
El acto político fue convocado por estudiantes de Ayotzinapa en memoria del maestro egresado de la Normal Rural y fundador de la Asociación Cívica Guerrerense, ahí ratificaron que continuarán movilizados mientras sus compañeros no sean presentados por las autoridades.
La activista del movimiento de los caídos del 60, Roberta Campos Adame recordó que Genaro Vázquez era unos de los dirigentes del movimiento estudiantil y popular de 1960 que devino en la creación de la UAG, como integrante de la coalición de organizaciones sociales.
Del rumbo que tomó la Universidad en los últimos años advirtió que, “están equivocados aquellos que piensan que postrando a la UAG a los pies del Estado vamos a tener mejores condiciones”.
Trabajadores despedidos injustificadamente del programa Prospera aseguraron que van “a defender con uñas y dientes” su fuente de trabajo, y no obstante la represión y el hostigamiento permanecen en plantón día y noche.
En el acto político frente al monumento a los caídos de la plaza Granados Maldonado, la mamá del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria preso en Chilpancingo, Samuel Ramírez Gálvez, Beatriz Gálvez aseguró que su hijo ya habría cumplido la condena por el delito que le imputaron si tuviera una sentencia. En octubre cumplió tres años privado de su libertad.
Con ella estuvieron las esposas de los integrantes de la CRAC, Gonzalo Molina Gonzalez, y de Arturo Campos Herrera que también están en prisión desde el 2013.
Un normalista aseguró que continuarán movilizados hasta que las autoridades acepten que la versión del basurero de Cocula es una mentira.

 

Visitan normalistas de Ayotzinapa a los despedidos de Prospera; van nueve días de plantón

Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudieron al plantón que mantienen nueve trabajadores despedidos en el edificio del programa federal Prospera, para manifestarles su apoyo total.
Ayer se cumplieron nueve días desde que los trabajadores despedidos cerraron las instalaciones.
A la 1 de la tarde los alumnos visitaron a los trabajadores despedidos, ofrecieron su apoyo incondicional, su solidaridad y les externaron que no están solos.
“Que (las autoridades) presenten con vida a nuestros compañeros desaparecidos (los 43 estudiantes de la Normal desparecidos en Iguala en 2014), es por eso que hoy estamos aquí, no para apoyar al gobierno si no para apoyar a compañeros que de verdad lo necesitan, los compañeros despedidos, por las mujeres que han sido acosadas”, dijo un normalista.
Llegó al plantón para observar la manifestación la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lilia Taquillo López. Estuvo un grupo de trabajadores de Prospera pero al saber de la presencia de la visitadora se fueron.
Los trabajadores exigen la reinstalación en sus puestos o en otra dependencia, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado.

Hay más indicios de que la PGR encubre a los responsables del caso Ayotzinapa: Centro Morelos

 

A 28 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), denunció que cada vez hay más indicios de que la Procuraduría General de la República (PGR) oculta información para encubrir la corrupción del sistema y a los responsables de los homicidios de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Menciona la información que se publicó recientemente sobre una investigación del trasiego de droga en México, anterior a los ataques, que revela los niveles de corrupción de corporaciones policiacas y militares.
Insiste en que el Estado es responsable de la desaparición de los normalistas y que el caso de Iguala es de los más paradigmáticos, porque “el Estado no va a castigarse así mismo”.
Destaca la importancia de que el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sea obstaculizado como lo fue el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó en dos periodos de seis meses en las investigaciones con la PGR.
De los padres de los estudiantes advierte que, “la impunidad no ha dejado de cobijar a los responsables intelectuales y materiales, mientras que el paso de 28 meses y la incertidumbre de no conocer su paradero les ha ido dejando estragos en su salud”.
Aunado a los intentos criminalización de los estudiantes desaparecidos tratando de vincularlos con un grupo de la delincuencia organizada, la criminalización al movimiento de los padres con engaños, intentos de corromperlos y dividirlos, y amenazas telefónicas de muerte.
El organismo demanda el cumplimiento cabal a las recomendaciones del GIEI, que se investigue a los militares y se detenga el hostigamiento a los padres de familia.

Marchan 3 mil maestros y activistas en Chilpancingo para exigir la presentación de los 43 normalistas

Unos 3 mil maestros de educación básica agremiados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y a la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero y otros activistas, marcharon en esta ciudad y bloquearon una hora el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a 28 meses de los ataques en Iguala.
Las acciones fueron para exigir el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la derogación de las reformas estructurales, principalmente la educativa, rechazaron el gasolinazo y demandaron seguridad en todo el estado ante el aumento de la violencia que las autoridades se niegan a reconocer.
Los manifestantes se concentraron al norte de la ciudad en el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, en ese punto comenzó la marcha a las 11:15 de la mañana, se detuvo frente a la 35 Zona Militar y concluyó en el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, en la salida al sur de la ciudad, donde fueron cerradas dos gasolinerías.
La marcha la encabezaron el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, los integrantes de la Comisión Política Carlos Botello Barrera y Saturnino García Cordero, y la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG María Adelita Radilla López, seguidos por los dirigentes de la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios.
Los maestros portaban lonas y mantas con las siglas de la CETEG y la sección 18 del SUSPEG, que se distinguían según la región a la que pertenecen -Centro, Acapulco, Montaña alta, Montaña baja, Tierra Caliente, Norte, Costa Grande y Costa Chica-, en las que también se leyó: “No a la reforma laboral (educativa), no a la evaluación punitiva”.
Los manifestantes portaban banderas rojas y durante la marcha corearon consignas como “magisterio y pueblo unidos jamás serán vencidos”, “va a caer, va a caer, la reforma va a caer”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “la 18 luchando y Adolfo festejando”, en referencia al secretario general del SUSPEG, Adolfo Calderón Nava.
El contingente se detuvo unos 15 minutos frente a la 35 Zona Militar, ahí la activista Roberta Campos Adame denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) pretende cerrar el caso de Ayotzinapa, pese a que “a la fecha no hay evidencias que prueben que nuestros compañeros normalistas fueron asesinados en ese basurero de Cocula”.
Exigió que las autoridades federales sigan las líneas de investigación que marcó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia a las familias de las víctimas de los ataques, porque “los padres de familia de nuestros compañeros normalistas llevan más de dos años luchando por sus hijos”.
También participaron los trabajadores del programa Prospera que fueron despedidos de manera injustificada, quienes se solidarizaron los maestros en su lucha contra la reforma educativa y con los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, insistieron en la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, del subdirector del área operativa Axel Fernando Zamudio, y del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario Christopher Herrera Cano.

El bloqueo

A la 1:38 de la tarde los manifestantes llegaron al cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco, ahí se dividieron por regiones para bloquear de manera total el paso vehicular en ambos sentidos y cerraron las dos gasolinerías que se encuentran en la zona.
Para entonces 3 mil manifestantes permanecían en la protesta, el resto se apartó de la marcha en distintos puntos del recorrido, según los maestros, los primeros en retirarse de las acciones fueron padres de familia de las escuelas de la capital que acudieron para apoyarlos, porque tenían que atender a sus hijos.
En la zona había unos 30 policías federales, quienes observaron la protesta e hicieron señas a los automovilistas para que se detuvieran antes de quedar frente al bloqueo.
Resaltó la ausencia de policías antimotines, porque en otras ocasiones los agentes superan de manera considerable al número de manifestantes.
Un grupo de policías se acercó a dialogar con los dirigentes magisteriales, quienes informaron que el bloqueo no sería indefinido sino que se quitaría luego de un mitin, también defendieron su derecho a manifestarse.

En el mitin participaron el representante de Juventud Universitaria, Iván Gómez, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, Radilla López, los trabajadores de Prospera despedidos de manera injustificada y Reyes Guerrero.
El secretario general de la CETEG informó que a nivel nacional hubo 600 maestros cesados por no presentarse a la evaluación de desempeño del Servicio Profesional Docente, de los cuales uno es de Guerrero, pero dijo que eso no impedirá que el magisterio disidente continúe manifestándose.
Informó que este año la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ya comenzó a enviar las notificaciones correspondientes a la evaluación 2017, mediante los directores de las escuelas, y si los maestros las aceptan serán obligados a presentarse al examen, pero “con esta muestra (la marcha) vamos a seguir adelante”; resaltó que es necesario que la lucha magisterial se dé en unidad y con organización.
Por su parte Radilla López celebró que gracias a las acciones que emprendió la sección 18 del SUSPEG de manera conjunta con la CETEG, no se despidió a los maestros que se negaron a evaluarse y que protestaron en contra de la reforma educativa.
Dijo que continuarán “en pie de lucha” y llamó a los trabajadores de la educación a sumarse al movimiento.

Protesta en el Ayuntamiento de Iguala el Frente Popular; acuerdan la construcción de obras


Unos 30 integrantes del Frente Popular en contra del Gasolinazo y la Crisis Económica, protestaron la tarde de ayer en el Ayuntamiento de Iguala para demandar la mesa de trabajo que ya se tenían agendada por tercera ocasión, con el alcalde priista Herón Delgado Castañeda, quien los recibió a puerta cerrada tras la protesta.
A las 2 de la tarde de ayer, llegaron unos 30 integrantes del Frente Popular al Palacio Municipal para reunirse con el alcalde, dicha reunión se tenía programada la semana anterior. Los  representantes de las organizaciones al no ser atendidos, cerraron la puerta principal del Ayuntamiento y de la Presidencia, pidieron a los trabajadores de las oficinas, entre ellas la Oficialía Mayor, que se salieran porque iban a tomar las instalaciones.
Los empleados salieron de las instalaciones, pero la acción duró sólo diez minutos porque les informaron a los manifestantes que Delgado Castañeda los atendería en la sala de regidores a puerta cerrada, las puertas del palacio municipal fueron abiertas y los empleados del ayuntamiento regresaron a sus oficinas.
La reunión concluyó a las 5:30 de la tarde, y los integrantes del Frente Popular informaron que los resultados fueron positivos, porque hubo varios acuerdos con el alcalde como la pavimentación de calles,  construir obras de alcantarillado y alumbrado público en colonias populares.

Ante las acciones del presidente de Estados Unidos,  Donald Trump

En conferencia de prensa en la explanada de las Tres Garantías, un representante del Frente Popular en contra del Gasolinazo y la Crisis Económica, Rafael Salgado Quezada, se manifestó en contra de la política de “cerrazón” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y llamó a la población que ante el bloqueo que se hace de la exportación de productos mexicanos, “le respondan igual, que dejen de comprar los productos de todas las empresas de ese país, y adquirir los productos locales”.
Informó que entregaron cerca de 300 amparos individuales contra el gasolinazo en los juzgados federales, y anunció una marcha para las 10 de la mañana el domingo 29 en esta ciudad a la que convocó a la población en general.
Agregó que ayer colocaron ofrendas y realizaron mítines para conmemorar los 28 meses de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala, para reclamar justicia y su presentación con vida. Y añadió que realizarán acciones de protesta el 30 de enero durante la instalación del Primer Congreso Constituyente, en el que se espera la visita del poder legislativo a esta ciudad.

Abandona Los Otros Desaparecidos una reunión con la Fiscalía porque no presentó la información que prometió

Integrantes del colectivo Los otros Desaparecidos de Iguala abandonaron el auditorio de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde peritos exponían las fichas técnicas de personas no identificadas que serán enviadas al Cementerio Forense.
Los familiares de víctimas de desaparición exigieron datos de las exhumaciones en las primeras búsquedas de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La representante de la organización, Adriana Bahena Cruz dijo que una vez que se descartó que los restos hallados en aquellas fosas eran los normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Fiscalía los hizo a un lado.
Informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores en su visita a Iguala en agosto pasado les pidió un voto de confianza, y hace 15 días Bahena Cruz se reunió con el vicefiscal, José Antonio Bonilla Uribe para acordar esta reunión.
El acuerdo fue que les presentarían los resultados de las exhumaciones de fosas clandestinas de 2014 que estuvieron a cargo de la Fiscalía. Sin embargo no les presentaron la información solicitada, a pesar de que ya la tienen.
Ayer recriminó que “sólo nos hicieron perder el tiempo, nos quisieron ver la cara de tontos al hacernos venir”.
En la mañana se tuvo conocimiento que dos camiones con integrantes del colectivo salieron de Iguala rumbo a Chilpancingo, y poco después de las 11 comenzó la reunión con especialistas forenses de la Fiscalía que explicaron el tipo de análisis a los cuerpos encontrados, antes de enviarlos al Cementerio Forense.
A los activistas les dijeron que todas las muestras biológicas de los familiares, se confrontan automáticamente con la base de datos de todos los fallecidos que no han sido identificados.
A pregunta de los familiares sobre sus desaparecidos les respondieron que si no les han llamado es porque no ha habido coincidencia con los perfiles genéticos de los cuerpos.
Comenzó la exposición de las fichas técnicas de los primeros 20 cuerpos enviados del Servicio Médico Forense de Iguala que no fueron reclamados. Entre ellos algunos casos de 2011 a 2015.
Mencionaron siete casos de homicidios, tres de desnutrición severa e inanición -probablemente indigentes-, y una persona que se infartó en la vía pública, cada cual con su filiación personal, racial y prendas de vestir al momento del deceso.
Continuaron con los cuerpos de la morgue de Chilpancingo enviados de Chilapa en 2015, y a media exposición Adriana Bahena denunció que no se habían trasladado de Iguala a conocer los datos de personas que murieron en hospitales, y que la información que les ofrecieron apenas la están preparando.
A las 12:45 los familiares salieron del auditorio, la mayoría con reclamos ante el desgaste y la pérdida de tiempo.
“Hoy nos quisieron ver la cara de tontos al hacernos venir con una parte, porque el colectivo se forma con mil 200 personas. Yo no sé si quieren que yo le venga a hacer un zafarrancho y vea la manera de que esa información se nos haga llegar”, se quejó Adriana Bahena.
Relató que los integrantes del colectivo llevan meses pidiendo la información de ocho fosas en específico que tiene la Fiscalía, “son las que nos interesan a nosotros, algunas de estas fosas tienen como 30 cuerpos, más de 200 en total, y nos interesa saber qué pasó con esos restos”.
Mencionó la de Mexcaltepec, Taxco, que ubicaron con un grupo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que encabezó Miguel Ángel Jimenez Blanco en febrero de 2014, con 25 cadáveres.
Al salir del auditorio el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, José Luis Gallego Peralta abordó a la dirigente del grupo para decirle que irá el viernes a Iguala, y que a fin de mes entregaría al Colectivo la información que requiere.
Ella respondió que era mucho tiempo, pues Eréndida -en referencia a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, fiscal Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Procuraduría General de la República (PGR)- le dijo frente a Bonilla que la Fiscalía ya entregó esa información a la PGR.
La activista le recordó a Gallegos Peralta que está prevista una visita del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián a Iguala el 2 de febrero, como si el gobierno estatal quisiera hacer coincidir la entrega de los datos con la visita del funcionario federal. Gallegos sólo respondió que son muchos temas para abordar con Campa.

De noviembre de 2014 a junio de 2015 se hallaron 104 cuerpos en fosas de Iguala y sus alrededores

Un recuento de El Sur del 30 de noviembre de 2015 indica que de noviembre de 2014 a junio de 2015, después de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala y sus alrededores fueron hallados 104 cuerpos, de los cuales 11 eran mujeres, la mayoría presentaba huellas de tortura, tiro de gracia, pies y manos atados, golpes, estaban amordazados y con los rostros cubiertos.
En el paraje La Joya se exhumaron 20 cuerpos, 42 en Monte Hored, 13 en la Barranca del Tigre, 26 en El Maizal y 30 en Las Parotas.
Los últimos cuerpos fueron exhumados por peritos y antropólogos de la PGR el 15, 17 y 22 de junio, recuperaron tres cuerpos con huellas de calcinación en tres fosas diferentes a sólo unos metros de donde en octubre la Fiscalía hizo la exhumación de Las Parotas.
Antes del 26 de septiembre de 2014, la FGE ya había hecho exhumaciones masivas con base en declaraciones de supuestos detenidos.
El 27 de marzo de 2014 fueron exhumados dos cuerpos en fosas de Pueblo Viejo, al pie del Cerro Gordo, entre el 16 y 17 de abril de ese año la Fiscalía sacó nueve cuerpos más del paraje La Joya y el 20 y 21 de mayo, sólo un mes después, fueron exhumados 19 cuerpos en el paraje Monte Hored, todas estas zonas ubicadas en la misma ruta hacia el Cerro Gordo, al poniente de Iguala.
Antes, del 10 al 14 de febrero de 2014 la Fiscalía y soldados del 41 Batallón de Infantería con base en Iguala exhumaron 25 cadáveres en el cerro de La Antena, en la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, colindante con Iguala.

 

Crean organizaciones el colectivo Fuerza Ciudadana de Atoyac en contra de las reformas estructurales

 

Organizaciones sociales, campesinas y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de Atoyac, anunciaron la integración del colectivo Fuerza Ciudadana de Atoyac, para rechazar las reformas estructurales y el gasolinazo en el municipio.
Los activistas iniciaron brigadas informativas en colonias y comunidades sobre los efectos del gasolinazo en la economía familiar, para aclarar que es falso que el incremento a los precios de las gasolinas fue una medida para no afectar los programas sociales.
Luego de reuniones municipales con varios sectores, los integrantes anunciaron en conferencia de prensa que se conforman en un solo movimiento.
Anunciaron la creación de la nueva organización, los dirigentes del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor; de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino; del Frente Atoyaquense Ciudadano, Arturo García Jiménez; y de la Coalición de Ejidos, Patricio Barrientos, se suman al nuevo frente, junto con la CETEG y la Fundación Lucio Vive.
En un documento al que dieron lectura, exponen que, ante la sorpresa del aumento de las gasolinas iniciaron por separado, pero se integran hoy en una sola fuerza para tener acciones coordinadas contra el gasolinazo y las reformas estructurales.
Argumentaron que las reformas laboral, educativa, energética, tributaria y de telecomunicaciones, promovidas por los gobiernos del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y el presidente Enrique Peña Nieto, responden a los intereses del neoliberalismo y, “han presentado un descalabro en la vida social y económica de los mexicanos, lejos de mejorar las condiciones de los grupos más pobres y marginados en el país”.
Dijeron que el gasolinazo es apenas un ejemplo de los abusos y arbitrariedades, la impunidad, “y todos los males que perturban a los sectores de la población que hoy se encuentran en protesta y se organizan, una forma de autodefensa y de lucha, en filosofía de la resistencia, la información y participación ciudadana”.
Reiteraron su invitación a toda la población a organizarse y manifestarse de manera pacífica ante toda irregularidad que afecte a las familias, y a resistir las políticas de desinformación.
Con la Fuerza Ciudadana Atoyaquense se incorporan a las jornadas de protesta pacífica nacional, estatal y municipal, para fortalecer las brigadas de información que estarán recorriendo el municipio, explicaron.
Sostuvieron que el colectivo no tiene injerencia de partidos políticos, que la toma de decisiones es por consenso y que su objetivo es impulsar acciones que no afecten a los ciudadanos.
Dijeron que el nuevo colectivo considera tomar acciones conjuntas con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para frenar las reformas estructurales, y un acto cultural con el cantautor Gabino Palomares, en Atoyac.
El recorte presupuestal que anunció el gobierno del estado para enfrentar el gasolinazo es sólo un asunto mediático para distraer, acusaron las organizaciones sociales de Atoyac.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino considera que la verdadera causa de la crisis que se vive en el estado es la corrupción.
Mencionó el caso del desvío de recursos del erario público del municipio y del estado a la clínica contra el cáncer en Atoyac, que no se ha finalizado, además de que las dependencias no aplican los recursos en la Clínica de la Mujer, que tiene casi tres años de retraso.
Criticó que bajar los salarios de los funcionarios no es garantía, “porque ellos tienen las manos libres para robar y llevarse los recursos”.