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Protestan padres de los 43 en juzgado de CDMX; exigen la admisión de un amparo contra la PGR

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir la admisión de un amparo contra la resolución de la Visitaduría General de Procuraduría General de la República (PGR), que diluye la responsabilidad del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio en las graves irregularidades que cometió en la investigación del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que Zerón de Lucio hizo diligencias de las que no notificó ni están en los expedientes del proceso de investigación de los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes y otros civiles en Iguala.
Ayer acompañados de activistas los padres hicieron un mitin de 3 horas afuera de las oficinas del Poder Judicial en la colonia Tláhuac de la delegación Álvaro Obregón, mientras conseguían una entrevista con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, en quien recayó la revisión de la solicitud de amparo bajo el folio 195/2017.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el amparo se entregó hace dos semanas, y señala que la resolución de la Visitaduría de la PGR viola el derecho de los padres al conocimiento de la verdad sobre los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre otros perjuicios.
Pidieron que el juez admita la queja y en el estudio de fondo revise la legalidad de la resolución que emitió la PGR, que revise todas las irregularidades en que incurrió el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuando estuvo al frente de la investigación, y que se restablezca la legalidad quebrantada por él.
Informó que los padres hicieron énfasis en que han recorrido todas las instancias de gobierno en busca de respuestas, y todas las instituciones se aliaron para mantener una versión oficial sobre el destino de sus hijos, descartada en siete ocasiones por expertos independientes mediante pruebas científicas.
Ayer solicitaron al juez que no le tiemblen las manos, si Zerón de Lucio violentó la ley que se le aplique una sanción acorde con el agravio y los delitos que generen sus acciones.
Abundó que hay una crisis en las instituciones y sus órganos de control interno, en los mecanismos anticorrupción y las contralorías que deben regular la función pública y velar por el respeto al Estado de derecho en las estructuras de gobierno, ya que no están dando resultados.
Demandó al juez que no acepte la política federal de solapar por consigna a los funcionarios que incurren en irregularidades y actos de corrupción.
Mencionó que esperan que en este proceso sí se tomen en cuenta todas las irregularidades cometidas la investigación, que llevaron a la tesis del procurador Jesús Murillo Karam que establece que los 43 desaparecidos fueron asesinados e incinerados por un grupo criminal, la cual llamó “verdad histórica”.
Precisó que a la par de este procedimiento la investigación sigue su curso mediante la oficina de investigación del caso Ayotzinapa en la PGR, que también avanza muy lento.
Denunció que los funcionarios de la PGR no quieren profundizar ni perfeccionar las líneas de investigación que recomendó el GIEI en abril, hace un año, sobre la participación de policías de Huitzuco en los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes, y dos policías federales que tuvieron conocimiento del momento en que se los llevaron detenidos.
A la fecha, aseguró que no hay ni siquiera una consignación para detener a los policías de esas corporaciones que están plenamente identificados, y puede dar lugar a que evadan la justicia.
Agregó que los funcionarios de la PGR argumentan que no hay suficientes elementos para consignarlos, sin embargo, más allá de que jurídicamente no haya elementos, aseguró que políticamente no se quiere dar un paso en esa dirección porque implica abandonar la tesis oficial.
“Esa es la molestia, el hartazgo de los padres de familia, nosotros vemos que no hay interés ni voluntad de agilizar, de profundizar en tales líneas, la última detención que tenemos fue en esa ruta (de la verdad histórica), y hay otras 15 o 20 personas con orden de aprehensión ligadas a esa versión”, explicó.
Sin avances importantes, confirmó que no tenía caso acudir a la reunión de ayer en la PGR, que cancelaron con anticipación.
Los temas que quedaron pendientes de respuesta en la anterior sesión, el 9 de febrero, serán discutidos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ahí el gobierno mexicano haga compromisos con el organismo internacional.
Concretamente los temas pendientes son: la consignación de los policías municipales de Huitzuco, de los policías federales, la utilización de todos los recursos de búsqueda en vida o muerte sin escatimar la utilización de tecnología laser, el análisis rápido y exhaustivo de la telefonía celular, “de los que hemos monitoreado hay pocos avances, así la reunión no tiene razón”.
Del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, que tenía programada una visita a México este mes, informó que se pospuso pero hace un seguimiento a distancia, y participará en la audiencia dentro del periodo ordinario de sesiones, en Washington DC.

No respaldarán los padres de los 43 a ningún candidato presidencial, informa Vidulfo Rosales

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra aseguró que no respaldarán a ningún candidato en las elecciones presidenciales de 2018, porque “la ruta está con el ciudadano, no con los partidos”.
“Hay una crisis en los partidos y el sistema político de cargos. Son instituciones que se están colapsando en todos los niveles de gobierno, porque están infestados por la corrupción y el crimen organizado. El ciudadano común debe repensar y diseñar un nuevo modelo de gobierno”, dijo.
Destacó que son “respetuosos” de las aspiraciones presidenciales del presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y de la candidatura independiente de Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino.
Según el abogado los padres de familia de los normalistas “no han analizado aún si se va a ir por la ruta del boicot electoral o no, pero desde nuestro punto de vista el boicot del 7 de julio del 2015 fue muy costoso y trae rupturas dentro del propio movimiento. Tuvimos presos, asesinados y estamos luchando contra un sistema político que es difícil remontar”.
Añadió: “Los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa se mantienen en la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, y creemos que quienes apoyan la búsqueda de los muchachos son del movimiento ciudadano independiente, no son los candidatos ni los partidos políticos. Nosotros respetamos a (Emilio) Álvarez Icaza y a (Andrés Manuel) López Obrador, pero creemos que la ruta está con el ciudadano, no con los partidos”.
Según información difundida en Noticias MVS, Rosales también consideró que hacia 2018 el papel de la delincuencia organizada “será preponderante”. Es algo que no se quiere ver pero en México hay territorios gobernados por la delincuencia organizada.
“El actual sistema de partidos en México ha perdido las ideologías y las plataformas electorales porque han puesto al dinero en el centro de la lucha política. El que tiene más dinero en las campañas es el que gana”, lamentó.
Aseguró que para los padres de los normalistas hay un intento deliberado de un rompimiento de la institucionalidad misma en Estados Unidos con el régimen de Donald Trump.
Todos los días Trump aumenta su beligerancia contra México, y para los padres de familia de Ayotzinapa eso “es riesgoso”. Por eso, agregó Rosales, “pensamos que debe darse un cambio del modelo económico que incluya a la clase empresarial, si quiere sobrevivir, para que fortalezca la economía interna”.
Asimismo recordó que el próximo jueves 9, familiares y la defensa de Ayotzinapa se reunirán con autoridades de la Procuraduría General de la Republica, y el viernes 17 se dará seguimiento al mecanismo del Sistema Interamericano sobre el caso Ayotzinapa.

La investigación a Tomás Zerón sigue en la PGR, dice la ex procuradora Arely Gómez

 

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González informó que las investigaciones sobre Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal están en manos del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR).
Luego de la inauguración del Primer Encuentro Internacional Anticorrupción en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la funcionaria federal aseguró que ese órgano tiene autonomía para emitir su posicionamiento, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) respetará la determinación que se tome.
El pasado 9 de febrero el subprocurador de Control Regional de la PGR, Alfredo Higuera Bernal dijo que en el caso de Zerón, señalado de irregularidades y sembrar pruebas en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, sería la SFP quien determinaría las responsabilidades respectivas, con base en una investigación.
Sin embargo la responsable de esa dependencia dijo que el caso se investiga dentro de la PGR.
De la investigación sobre los presuntos hechos de corrupción relativos a la empresa brasileña Odebrecht, Gómez recordó que desde diciembre de 2016 cuando se conoció que se realiza una investigación internacional sobre presuntos actos de corrupción de esa empresa, en México se revisa el tema.
La SFP inició desde entonces la búsqueda y localización de contratos que Odebrecht ha realizado, tanto de manera directa como a través de subsidiarias, con lo cual se está haciendo una auditoría transversal, dijo la exprocuradora.
De igual manera reconoció que de momento no tiene un número específico sobre los contratos que forman parte de esta revisión, porque no se limitan sólo a los que tiene celebrados la empresa brasileña, sino también sus subsidiarias.

Marchan activistas en el centro de Chilpancingo para exigir la libertad de los presos de la CRAC

Haga clic aquí para ver el video: https://youtu.be/YQGk7e1Q91A

Familiares de presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Ayutla y de organizaciones sociales de la capital marcharon en el centro de la ciudad para informar de la sentencia de amparo a favor del consejero regional de la institución comunitaria de seguridad y justicia, Arturo Campos Herrera, encarcelado desde hace tres años y dos meses.
Denunciaron que con la sentencia federal quedó evidenciado el manejo “faccioso” de las instituciones de justicia del estado, para perseguir a los pueblos que se organizan para ejercer su derecho a tener su propia seguridad y justicia.
Encabezaron la protesta de unos 300 manifestantes Agustina García, esposa del consejero Arturo que está preso en Ayutla, Beatriz Gálvez, mamá del policía Comunitario de Zitlaltepec Samuel García Gálvez, y una hija del promotor de la CRAC Gonzalo Molina González, los últimos tres integrantes de la CRAC detenidos en 2013 y que siguen presos por actos enmarcados en las funciones de seguridad pública comunitaria.
Las acompañaron organizaciones que conforman el MPG en Ayutla de los Libres, municipio donde Arturo Campos tiene liderazgo y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, además de una representación de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, y de la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán.
Las actividades comenzaron a las 11 de la mañana con un acto de denuncia en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, donde formalmente se informó de la sentencia en favor de Arturo, que la Cuarta Sala Penal debe acatar en un plazo de tres días a partir de hoy, 3 de marzo.
Es decir, que “deje insubsistente la resolución que confirmó el auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro y en su lugar dicte una nueva donde determine que en la causa penal no se acredite el delito de secuestro”, y mandate su libertad inmediata e incondicional.
Campos fue detenido el 2 de diciembre de 2014 en Chilpancingo por policías ministeriales después de un mitin político, y ayer su esposa Agustina García invitó en su idioma tu’un savi (mixteco) y en español a la reflexión de la lucha.
Denunció que para ella y sus hijos el tiempo que lleva en prisión el jefe de familia ha sido una tortura, “ni se imaginan ustedes cómo es vivir dentro de ese lugar, nadie puede imaginar vivir sin un centavo en la bolsa y nadie puede decir cómo están los compañeros o cómo están las compañeras, sin ir a ver como están los niños (los hijos de los presos), cómo está la familia, principalmente a Arturo”.
Añadió que siente coraje de la injusticia contra su esposo y su familia, “de antemano todas las personas que están presentes saben que si no trabajamos un día no comemos, lo poquito que vamos ganando al día con eso mantenemos a las criaturas pero bueno… todos los compañeros hagan conciencia, porque Arturo está preso por organizar y defender a su pueblo, no por cometer delitos”.
Cuestionó que le han dicho que al menos Arturo no sufre por alimento en prisión, y aclaró que en la cárcel de Ayutla la comida es de mala calidad, “que nunca comemos en la casa, una cosa es que seamos pobres y otra cosa comer cosas que ya no sirven. Aunque sea tortilla con sal recientes, no como lo tratan allá”.
Señaló que tuvo seis hijos con Arturo y desde que está en prisión se convirtió en otro hijo, porque depende de los que están afuera, pues en prisión les piden que lleven despensa de lo que come su familia, “mitad para la casa, la mitad para el preso. Es el motivo de que estemos acá, hagamos conciencia de cómo es la lucha”.
El integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, señaló que el desgaste de las esposas y madres de los presos políticos debe ser reconocido como una forma de tortura, porque también sufren de criminalización quienes luchan por su cultura.
Advirtió que si en México se aprueba la Ley de Seguridad Interior y dé mayores facultades al Ejército en acciones de seguridad pública, además de la posible derogación de la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura Indígena, “estaremos en situaciones como las que ocurrieron en Ayutla a finales de los años 90, de hostigamiento, encarcelamiento y asesinato de luchadores sociales”.
Por separado el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández explicó que el reconocimiento explícito de la Ley 701 por los jueces de Distrito ha permitido obtener amparos en favor de los detenidos de la CRAC, para alcanzar su libertad.
Sin embargo, añadió que el gobierno, sobre todo el Congreso no quiere apoyar la Ley 701 “porque existen ahí negociaciones de otra índole, que ponen en otro plano los derechos indígenas, y esta ley ya expresa de manera muy concreta cómo se pueden proteger sus derechos, pero los diputados, entendemos que no quieren apostarle a seguir fortaleciendo el sistema de justicia comunitario”.
Aclaró que se han hecho propuestas para mejorarla, dado las lagunas legales entre los sistemas normativos de los pueblos con el sistema judicial del Estado, pero los integrantes de la CRAC piden que al menos se mantenga como está, que no desaparezca del marco legal de Guerrero.
Subrayó, que la 701 “ya es el piso básico de la protección de sus derechos y del reconocimiento, y si se ha avanzado en estos amparos es porque hay una ley concreta en Guerrero que reconoce los derechos de los pueblos, y permite que los juzgadores tengan herramientas jurídicas de cómo poder fundamentar el sistema de la CRAC”.
Luego del mitin, a la 1 de la tarde, los asistentes marcharon en filas de tres por la avenida Álvarez, cantando consignas de protesta por la libertad de los presos políticos en Guerrero, rodearon el Zócalo y regresaron a la alameda junto al monumento de los caídos por la avenida Insurgentes.
Ahí representantes de las organizaciones sociales que acudieron se pronunciaron por el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación, y a hacer tareas de seguridad en sus territorios.

Atiende las denuncias de tortura en el caso Ayotzinapa, responde la PGR a la ONU-DH

 

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que las denuncias sobre la posible comisión del delito de tortura en el caso Ayotzinapa, son atendidas “y se encuentran en investigación e integración en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la misma institución, en donde con estricto apego a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás leyes aplicables, serán determinadas”.
Por medio de un comunicado la PGR mencionó que la resolución del agente del Ministerio Público Visitador “se realizó con estricto apego al ámbito de competencia que le confiere la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento, así como en cumplimiento a las disposiciones que regulan la valoración de la prueba y la calificación de las conductas, en apego irrestricto a Derecho”.
La PGR se refiere a los señalamientos vertidos en la resolución realizada por la Visitaduría General de la PGR sobre una investigación interna que llevó a cabo a raíz de las diligencias hechas en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sobre el caso Iguala.
En dicha resolución, el visitador determinó imputar responsabilidades administrativas al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como a nueve peritos y ministerios públicos.
Además responde al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DErechos Humanos (ONU-DH), que este miércoles señaló que al inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso
“Cabe señalar que se llevan a cabo los Protocolos de Estambul, por lo que serán elementos técnicos y objetivos los que determinen la existencia de tortura”, agrega.
En su edición 2090, Proceso publicó que en la investigación que realizó la Dirección de Asuntos Internos de la PGR sobre las acciones irregulares cometidas en octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio, a la cabeza de la AIC, en las indagatorias del caso Ayotzinapa, en primer lugar se evidencia el comportamiento ilícito del funcionario pero, más importante, queda claro que los testimonios de los presuntos ejecutores de los 43 normalistas, pilar de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”, fueron obtenidos mediante tortura.

 

Funcionarios torturaron y quebrantaron el derecho a la verdad en el caso Ayotzinapa, dice la ONU-DH

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) difunda la investigación al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como de nueve peritos y ministerios públicos señalados por irregularidades en la integración del expediente del caso Ayotzinapa.
En un comunicado de la Oficina de ONU-México, el organismo manifestó su preocupación por el viraje en las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría General de la PGR, que estableció sólo faltas administrativas para los implicados en el proceso, “sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal”.
No obstante que en el inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso, subraya.
Se refiere así a que la PGR entregó su investigación interna a la Secretaría de la Función Pública para que determine sólo responsabilidades administrativas contra Zerón de Lucio, y otros funcionarios que diseñaron la primera versión oficial de los hechos, que el exprocurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”.
Aquella tesis oficial descartada científicamente dice que policías municipales entregaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos al cártel de Guerreros Unidos, ellos los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.
Los responsables de la investigación presentaron restos humanos, presuntamente hallados en bolsas negras en al rivera del río San Juan que permitieron la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los desaparecidos. Todavía se desconoce el origen real de las muestras.
Ayer la ONU-DH señaló que Ayotzinapa es un caso emblemático, y que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al-Hussein se manifestó recientemente por la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las recomendaciones del Grupo se encuentra precisamente la investigación de las irregularidades en la integración del expediente de la PGR.
Señala que el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab pidió que “debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad”.
Se explicó que de acuerdo con la información con la que cuenta la ONU-DH México, “la investigación conducida por la Visitaduría General habría identificado únicamente faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal. Las faltas administrativas habrían sido cometidas por nueve funcionarios de la PGR, en su mayoría mandos medios (peritos y ministerios públicos), así como por el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio”.
Sin embargo y desde el inicio del caso Ayotzinapa la ONU-DH ha documentado graves violaciones a los derechos humanos, y patrones en la comisión de las mismas ligadas a la integración del caso.
En este sentido, dice que en la Oficina tienen elementos de convicción para señalar que se cometieron actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas entre otros, por funcionarios de la PGR.
Estos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de la PGR desde el año pasado, y con el Mecanismo de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“A pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”, aseveró Jan Jarab.
Ayer destacó la necesidad de contar con órganos de control interno e instituciones de procuración de justicia autónomas, independientes, imparciales y profesionales, capaces de investigar con perspectiva de derechos humanos.
Expresó su disposición para seguir colaborando con las autoridades y con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.

Llaman los padres de los 43 normalistas a “unir todas las luchas contra la impunidad”

A 29 meses sin saber de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, padres y madres de los estudiantes buscan “unir todas las luchas contra la impunidad” en el país en un solo movimiento social, sostuvo Mario González Contreras, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.
Tras convocar a la quinta Convención Nacional para el viernes 25 y sábado 26, informó que en los recorridos por diversas ciudades del país los padres de los estudiantes encontraron “a otros padres y madres con hijos desaparecidos o familiares de personas que fueron asesinadas por autoridades federales y que no han tenido justicia”.
Vocero de las familias de los 43 desaparecidos, González Contreras mencionó que en las caravanas recogieron preocupaciones e inconformidades “contra el Estado represor”.
El objetivo del movimiento de los padres de los 43, agregó, “no sólo es mantener viva la exigencia para encontrar con vida a los muchachos, sino para cambiar el rumbo del país, junto con otros que como nosotros sufren y que juntos tenemos que encontrar la salida”.
La Convención Nacional es independiente de la reunión que sostendrán los padres y madres con el procurador General de la República, Raúl Cervantes, el próximo 9 de marzo, fecha en que los padres emplazaron al funcionario para informar de las acciones de búsqueda de sus hijos.
En la convocatoria lanzada por los familiares de los 43 a organizaciones de todo el país, se sostiene que en México han aumentado los casos de violaciones a derechos humanos, sobre todo “la proliferación de desapariciones forzadas, además del uso de la tortura y la persecución de líderes sociales y opositores régimen”.
Tal situación, agrega, “ratifica la vigencia de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por la libertad de todos los presos por razones de conciencia”.
Entre los temas que se consideran de preocupación que unifican a organizaciones de todo el país, resaltan la “pérdida creciente de la soberanía alimentaria y energética”, la profundización de “la crisis de derechos humanos a causa de la militarización de regiones cada vez más amplias”, las secuelas que traerá para los mexicanos “el advenimiento de un gobierno racista, beligerante y ultraconservador en los Estados Unidos”, así como los incrementos de los precios de los hidrocarburos, que detonaron “una ola de protesta que dan cuenta de la notoria irritación social que tiene como antecedente los conflictos no resueltos” en todo el país.
De acuerdo con el programa de actividades, que se realizarán en las instalaciones de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los próximos viernes y sábado, las organizaciones sociales participantes presentarán un panorama de la situación actual e se instalarán mesas de trabajo para el diseño de un “programa de lucha y construcción de un referente nacional”, así como un “plan de acción”.

Endurecerán su estrategia por la presentación de los 43 normalistas, advierten los padres en Puebla

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron en Puebla que en los próximos días endurecerán la estrategia para exigir al gobierno federal el esclarecimiento sobre el paradero de sus hijos.
Mientras que la caravana que fue a Guadalajara, Jalisco, se reunieron con organizaciones urbanas que insistieron en la necesidad de unir diferentes luchas para exigir soluciones reales a las autoridades.
“Es momento de cambiar estrategia… que sepa el gobierno de (Enrique) Peña Nieto que si no nos entregan a los 43 normalistas vamos a empezar a actuar de manera diferente en la estrategia de lucha. Ya fuimos pacíficos dos años cuatro meses y días, pero hoy tenemos la necesidad más grande”, expuso en Puebla el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz Sandoval.
En rueda de prensa en el mercado Hidalgo, acompañados por dirigentes de la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre, Cruz Sandoval dijo que al paso del tiempo el gobierno de Peña Nieto cree que va ganando terreno y que la lucha por los 43 se diluirá.
Consideró que el gasolinazo decretado en enero pasado es una forma de distraer la atención sobre la desaparición de los estudiantes.
“Se le olvida que también somos mexicanos. El aumento de la gasolina es un doble golpe para nosotros, no están nuestros hijos y nos quiere hundir en la pobreza”, manifestó.
Reiteró que no habrá negociación alguna hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos y castigar a los responsables, porque “no tenemos nada qué negociar porque los hijos no se negocian. Estamos seguros que si nosotros encontramos a los jóvenes y castigamos a los culpables, todas las reformas aplicadas por Peña Nieto se caen”.
Mario César González Contreras, otro de los voceros del movimiento, mencionó que recientemente tuvieron una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se les pidió que tuvieran confianza.
“Tanto fue el cinismo de pedirnos confianza”, reclamó, al indicar que en esa reunión los representantes de la dependencia los quisieron engañar al reducir los señalamientos contra Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“De 18 faltas penales que se le habían encontrado, nos quisieron asegurar ahora que sólo son siete faltas y administrativas, no penales”, denunció.
El vocero dijo que del gobierno federal siempre han encontrado el ocultamiento de información y protección para los funcionarios públicos.
Tal es el caso de la libreta negra que fue decomisada al presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, donde aparecen los nombres de Leonardo Vázquez y Omar Hamid García Harfuch, el primero funcionario de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el segundo ex jefe de la Policía Federal en Iguala y ahora director de la Agencia de Investigación Criminal en sustitución de Zerón de Lucio.
Los inconformes indicaron que esa información se ocultó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaba el caso, igual que el principal jefe de Guerreros Unidos fue detenido en Puebla con un camión con drogas y dólares.
González Contreras lamentó que ellos y el resto de los mexicanos no hayan sabido defender al grupo de expertos que fueron corridos del país cuando avanzaban en las investigaciones y pudieron haber resuelto el caso, lo que no ha ocurrido con los crímenes de Estado cometidos en este país desde 1968.
“Estos 43 padres ya están decididos a todo, no sabemos hasta dónde podamos llegar, hasta dónde tengamos la capacidad de llegar, pero lo que sí pueden estar seguros es que vamos a seguir luchando por esos 43 hijos”, advirtió.
Vía telefónica Felipe de la Cruz informó que en Puebla un grupo visitó al líder de la organización de ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, en el hospital general donde está con vigilancia policiaca porque está privado de su libertad desde 2001.
Indicó que el luchador social agradeció la visita y conminó a continuar. En la tarde se trasladaron a Tlaxcala para pernoctar en la Normal Rural Benito Juárez, en Panotla y hoy muy temprano encabezarán un mitin en Huamantla, de donde es originario el normalista desaparecido César Manuel González Hernández. A las 2 de la tarde, se prevé una conferencia de prensa en la capital y una reunión con las organizaciones de aquel estado.

Se reúnen con organizaciones de México Despierto en Guadalajara

En Guadalajara, Jalisco, organizaciones urbanas aglutinadas en el frente México Despierto insistieron en la necesidad de reunir diferentes luchas para exigir soluciones reales a las autoridades, durante la caravana en estados del Bajío y el norte del país de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
En consulta telefónica el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que los padres fueron recibidos en Tonalá por movimientos campesinos y en la capital del estado por sindicatos y colectivos estudiantiles y populares, unidos en un frente de lucha durante las protestas contra el alza a los precios de los combustibles que denominaron México Despierto.
Indicó que el planteamiento de los padres es actualizar la información de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala que tiene la Procuraduría General de la República (PGR), de las líneas de investigación que no han sido abordadas y la necesidad de impulsar con presión el trabajo de las autoridades.
Coincidieron con las organizaciones en que la movilización debe de ser palanca de presión para que la investigación avance, y no sólo en el caso Ayotzinapa, sino en la necesidad de hacer fuerza con otras luchas para resolver éste y otros problemas, “porque hay muchas demandas, muchos dolores, otros sufrimientos que es necesario aglutinar”.
Indicó que a las 10 de la mañana fueron recibidos en Tonalá por representantes de unas 15 organizaciones de movimientos en defensa de los bosques y contra proyectos de presas hidroeléctricas.
A las 2 de la tarde llegaron al Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipales de Alcantarillado y Agua (Sepsiapa), donde estuvieron representantes de 25 organizaciones.

La Convención aprobará el nuevo plan de acción

La quinta Convención Nacional Popular convocada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para el 26 y 27 de febrero en la ciudad de México, se realizará bajo el formato de plenarias y mesas de trabajo, para aprobar el nuevo plan de acción de este año por distintas demandas sociales, incluidos los migrantes.
Según la convocatoria participarán los delegados debidamente acreditados por organizaciones participantes, en la sección novena de la CNTE ubicada en Belisario Domínguez 32 colonia Centro Histórico.
El primer tema será el diagnóstico de la situación de México: la pérdida creciente de la soberanía alimentaria y energética de la nación, el incremento exponencial de la deuda externa del país y la depreciación acerada del peso frente al dólar que llevó al drástico recorte del presupuesto gubernamental.
Asimismo la profunda crisis de derechos humanos a causa de la militarización de regiones cada vez más amplías del país, y que los casos de violaciones de derechos humanos se incrementan día con día con la proliferación de las desapariciones forzadas.
Lo que “ratifica la vigencia de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por la libertad de todos los presos por razones de conciencia”.
Suman “el advenimiento de un gobierno racista, beligerante y ultraconservador en Estados Unidos cuyas políticas afectarán los derechos de los migrantes mexicanos y de millones de mexicanos que verán lesionados sus niveles de bienestar y sus derechos humanos”.

En las caravanas norte y sur, padres de Ayotzinapa exigirán avances en las investigaciones: Vidulfo

Con la nueva caravana por el norte y sur del país, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa buscan construir un mecanismo de supervisión que exija avances en las investigaciones de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, informó el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra,
En consulta telefónica sobre la gira que comenzó el sábado en Chiapas y ayer pasó por Oaxaca, en el sur del país; y en la ruta del norte, comenzó ayer en Querétaro, explicó que el mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un “motor” importante en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, no tiene el mismo peso que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que podía “meterle el hombro a la investigación”.
Ahora, indicó que toca a los padres impulsar la investigación ante los mínimos resultados de la PGR, desde la salida de los expertos en abril de 2016.
Aclaró que por medio de los abogados coadyuvantes y con el acompañamiento de las organizaciones, van a construir un mecanismo de supervisión en las mesas de seguimiento mensual que se retomaron el 9 de febrero con la PGR y la Secretaría de Gobernación.
Recordó que en la mesa la PGR y Segob se comprometieron a consignar a los policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en la detención de un grupo de los 43 desaparecidos “en un plazo breve”; a continuar la búsqueda de los estudiantes sin escatimar recursos, a fortalecer la oficina de investigación para impulsar el análisis de la telefonía celular e investigaciones en campo, y a continuar las reuniones de información mensuales.
Desde Querétaro, en el mitin que se realizó en el jardín de la Corregidora, explicó que en esta caravana van a recorrer sólo los puntos donde hay colectivos muy activos que mantienen la demanda de presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cada mes, desde el 26 de septiembre de 2014.
Explicó que en los mítines y reuniones los padres van a actualizar la información que recibieron de la investigación, y a invitarlos a la quinta convención que realizarán en la ciudad de México el 25 y 26 de septiembre para discutir la situación actual de los movimientos, y la manera de cómo seguirán construyendo referente nacional de lucha de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa.
Consideró que la información del caso, a veces por la distancia, llega difusa a los estados, y los padres llevan los líneas de investigación que no ha abordado la PGR, los obstáculos para avanzar en las mismas y los obstáculos sobre las investigaciones internas a los funcionarios que ha impedido tener resultados.
Antes, dijo que esperaban que en la mesa de seguimiento con funcionarios de PGR y Gobernación, el 9 de febrero, acudiera algún integrante del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, pero ayer aclaró que no fue posible. No obstante, el equipo operativo técnico del mecanismo tiene prevista una visita este mes y otra a fines de marzo o principios de abril con el relator para México, Enrique Gil Botero.
Adelantó que en las sesiones de marzo de la CIDH, habrá una audiencia del caso Ayotzinapa en la sede de la CIDH, para que México, como Estado, informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares para los 43 normalistas desaparecidos, la atención de los heridos y demás víctimas de los ataques a balazos en Iguala, Guerrero, ocurridos hace 28 meses.
La caravana que va en la ruta norte, estará en San Luis Potosí, seguido de Guadalajara, hará paradas en Irapuato, Guanajuato, y terminará en el 17 en Tiripetío y Morelia, Michoacán.
El vocero Felipe de la Cruz, que viaja en la ruta sur, informó que en Chiapas fueron recibidos en la sede del sindicato de maestros de la sección 7, en Oaxaca, por la sección 22; en los dos estados tuvieron reuniones y mitines. Hoy llegarán a Puebla, continúan en Tlaxcala y terminan el 17 en Hidalgo.

No se menciona la investigación que hizo Tomás Zerón sin el MP en la nueva resolución de la PGR

En las 18 irregularidades que hubo en las diligencias del río San Juan, en Cocula, se señala que el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “realizó actos de investigación” en el lugar “sin encontrarse bajo la conducción del Ministerio Público”, pero en la Nueva Resolución que elaboró la titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), Adriana Campos López, y que se entregó el jueves a los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, no hay ni una mención al respecto.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante legal de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra difundió en su cuenta personal de Facebook un cuadro comparativo de las irregularidades encontradas en las diligencias del río San Juan, en donde según la PGR fueron arrojados los restos de los jóvenes luego de ser asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Según Rosales Sierra, la resolución de la investigación interna del caso Ayotzinapa en la que se da cuenta de las irregularidades, fue filtrada a medios de comunicación “y hace trizas toda base de las investigaciones del basurero de Cocula y el río San Juan, mientras la nueva resolución dada a conocer a los padres de los 43 minimiza la gravedad de las irregularidades”.
La primera irregularidad es que la retención de siete personas dentro de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, incluyendo la de Agustín García Reyes, El Chereje, miembro del grupo criminal Guerrero Unidos, “se realizaron de manera ilegal y arbitraria” y en la Nueva Resolución se afirma “con énfasis” que las detenciones y retenciones fueron legales.
La segunda es que el certificado médico de García Reyes fue irregular y ahora se le atribuye al Ministerio Público la falla.
La tercera indica que no se glosó a la averiguación el oficio con que cesó la custodia de García Reyes “con lo cual se permitió su ilegal sustracción e ilegal entrega” a Zerón de Lucio “sin causa legal que lo justificara”, esta irregularidad también se le atribuye al Ministerio Público.
La cuarta es que García Reyes fue entregado a Zerón de Lucio sin causa legal que lo justificara, en la Nueva Resolución se le atribuye esta irregularidad al fiscal José García Valentín.
En la quinta se da cuenta de la visita de Zerón de Lucio al río San Juan el 28 de octubre de 2014, pero en la Nueva Resolución no hay una mención al respecto, aunque se señala que era responsabilidad del entonces titular de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la SEIDO, Abraham Eslava, estar en la investigación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal.
La sexta indica que se vulneró el derecho a la defensa en perjuicio de García Reyes, ya que fue trasladado al río San Juan sin la presencia y asistencia de su defensor en actos de investigación, pero en la Nueva Resolución no se dice nada al respecto y por lo tanto no se considera una irregularidad.
También se señala que hay indicios de que García Reyes fue torturado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se asentaron horas contradictorias en la reconstrucción de los hechos del 29 de octubre de 2014 y que falta el informe de la intervención policial en el río San Juan.
Otras irregularidades son la ausencia de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico que se mencionan en el video que dio a conocer la Agencia de Investigación Criminal, y que hubo manipulación dolosa para hacer sugerir de manera falsa que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos atestiguó las diligencias.
En 6 de las 18 irregularidades, la Nueva Resolución no hizo ningún pronunciamiento, tres se le atribuyeron al Ministerio Público, dos a los peritos la que indica que no se formalizaron las actuaciones del 28 de octubre de 2014, se le atribuye a Abraham Eslava (sin mención de derecho a la verdad).
Mientras que en el caso de la irregularidad que señala que no hay constancia legal de que se haya ordenado específicamente dejar bajo resguardo la zona del río San Juan, cuando terminaron los trabajos del 28 de octubre, se sostiene lo contrario con base en entrevistas donde testigos afirman que Zerón de Lucio ordenó el resguardo, aunque no hay evidencia documental y pese a que al inicio de la diligencia el 29 de octubre no se rompieron los sellos ni se recibió el lugar de sus custodios.
La responsabilidad administrativa de las irregularidades recae en Zerón de Lucio, en la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) Blanca Alicia Bernal, el fiscal de la UEIDMS Jorge García Valentín, el titular de la Unidad Especializada de Investigación de Asalto y Robo a Vehículos Abraham Eslava Arvizu, el integrante de la Policía Federal Ministerial Jaime David Díaz Serralde, la perita en fotografía Eva Hernández Moreno y los peritos en Medicina y Antropología Mauricio Cerón y Patricia Gómez Ramírez.
La PGR informó el jueves que ya inició los procesos correspondientes en contra de los responsables de las irregularidades, pese a que los padres de los 43 normalistas desaparecidos pidieron que a Zerón de Lucio se le iniciara un proceso penal.