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A seis meses, no se investiga del asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en una Urvan

 

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió una investigación, castigo a los culpables y cese a la criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa, a seis meses del asesinato de los estudiantes Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, en un presunto asalto en una Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla.
En un comunicado el organismo de derechos humanos manifestó que este martes se cumplen seis meses de la ejecución de los jóvenes, donde además resultaron por lo menos tres personas heridas.
“No sería descabellado pensar que el gobierno del estado o federal planearon este hecho violento en conjunto con algún grupo de hombres armados, pues con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, se destaparon varios nexos entre grupos criminales y políticos con algún cargo público, como el caso del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles y el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo hasta el momento no se tiene una versión oficial”, señala.
Manifiesta que no existe un avance claro en las investigaciones a los cinco presuntos responsables que están detenidos desde el 9 de octubre, y que según la Fiscalía General del Estado (GFE) están relacionados con al menos 10 casos de homicidios dolosos.
Agrega que no hay indicios de los responsables intelectuales de estos hechos violentos, y que por lo tanto no hay justicia para la Normal Rural ni para los familiares.
El Centro Morelos sostiene “que el contexto de violencia se ha agravado durante los últimos años, y la carretera federal Chilpancingo-Chilapa ha sido uno de los puntos rojos donde se han dado diferentes hechos violentos, y pese a los retenes militares que están a la salida de Chilpancingo y entrada de Chilapa, la seguridad de la ciudadanía en general no ha sido garantizada”.
Manifiesta que es preocupante que una escuela como la de Ayotzinapa que da acceso a la educación a cientos de jóvenes campesinos de bajos recursos sea atacada y criminalizada por exigir sus derechos básicos educativos, alimentación, becas, plazas, mobiliario y transporte.
La situación de violencia que se vive en Guerrero aumenta, contrario a lo que expresa el gobernador Héctor Astudillo Flores, y tal situación afecta día con día las calles, carreteras y a sus habitantes, quienes sufren asaltos, secuestros, desapariciones y enfrentamientos, advierte.
Exige el cese a la criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa y los normalistas, una pronta, imparcial y exhaustiva investigación del asesinato de Jonathan y Filimón y la ubicación de sus perpetradores, además castigo a los responsables y garantías de seguridad en la zona, para evitar a que estos actos se repitan.

La presentación de los 43 y que se investigue al Ejército, piden en Iguala a 30 meses de los ataques

Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), integrantes de organizaciones sociales y familiares de víctimas de desaparición forzada marcharon la tarde de ayer, colocaron ofrendas e hicieron un mitin a 30 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas en esta ciudad.
Los activistas reiteraron su exigencia de justicia, presentación con vida de los desaparecidos, castigo a los culpables materiales e intelectuales y una investigación a los soldados del Ejército que participaron en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Minutos después de las 4 de la tarde unos 150 normalistas, profesores y miembros de las organizaciones que los acompañan como el Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona y el integrante del comité de buscadores de fosas clandestinas y familiar de un desaparecido, Mario Vergara Hernández, marcharon de la explanada de Las Tres Garantías por la calle Juan Álvarez al periférico Norte.
En la estela a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo se colocó una ofrenda floral y hubo un mitin, en el que se demandó justicia para los asesinados.
En su participación un normalista de Ayotzinapa denunció que el Ejército no tiene nada que hacer en las calles, y dijo que quedó evidenciada su participación en la desaparición de los normalistas y todas las instituciones del gobierno.
“Estamos hartos de que salimos a las calles y que los malditos policías nos están hostigando, supuestamente dicen que nos están cuidando pero sabemos que en realidad nos están vigilando”, dijo el normalista ante la presencia de policías federales y municipales que los siguieron en todo momento de las actividades.
En ese mitin un grupo de policías federales armados tomaba fotografías a los normalistas y a los maestros, uno se metió entre los manifestantes para tomar fotografías con su teléfono celular.
En el segundo mitin en la Ciudad Industrial donde el contingente llegó marchando y gritando consignas de justicia y en apoyo a la normal de Ayotzinapa, un grupo de profesores de la CETEG y de normalistas bloqueó el paso a la patrulla 17195 en la que iban cinco agentes armados de la Policía Federal, quienes seguían desde un inicio las acciones de los normalistas. Les pidieron que se retiraran del lugar pues consideraron su presencia un acto de provocación.
Un policía que al parecer iba al frente del grupo pero que no se identificó y tomaba fotografías, dijo que daban seguridad a los manifestantes.
Los profesores y alumnos insistieron que se retiraran del lugar, lo cual hicieron pero se mantuvieron cerca de la zona, al igual que los policías municipales.
En la estela del normalista Julio César Mondragón Fontes, que fue torturado y desollado del rostro, un miembro del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala denunció la represión y el hostigamiento del gobierno estatal y federal en contra de líderes y luchadores sociales, y recriminó los asesinatos contra periodistas, como Cecilio Pineda de Tierra Caliente.
Denunció que las fosas clandestinas de las que se han sacado más de 150 cuerpos en Iguala, “es la evidencia de la corrupción, de la violencia y la inseguridad que se vive en Iguala y en varios municipios del estado de Guerrero”.
Dijo que seguirán exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas y justicia para todos los desaparecidos, secuestrados y levantados.
Exigió al gobierno estatal que dé seguridad y justicia ante la ola de violencia y de ejecuciones que tienen al estado convulsionado.
El mitin concluyó a las 5:40 de la tarde. A las 6:15 de la tarde los normalistas salieron de Iguala hacia la Normal de Ayotzinapa sin incidentes.

Toman padres por tercera ocasión las oficinas de Finanzas en Iguala; insisten en que se nombren dos directores

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), padres de familia y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa marcharon y tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas, con sede en esta ciudad, para insistir en la entrega de nombramientos a dos directores.
Minutos después de las 12 de la tarde, unos cien normalistas, maestros de la CETEG y padres de familia de escuelas, marcharon de las instalaciones de la delegación regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), ubicadas en la calle Galeana, al sur de la ciudad, y que están tomadas desde el martes de la semana anterior, pasaron por el Zócalo de la ciudad y llegaron a las oficinas de la Administración Fiscal, de las que desalojaron al personal, tomaron las oficinas y cerraron la calle Francisco I. Madero.
Los normalistas de Ayotzinapa habían llegado a Iguala en dos autobuses para realizar una marcha, colocar ofrendas florales y realizar mítines en las estelas colocadas por los normalistas asesinados en los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, para conmemorar 30 meses de los ataques y la desaparición de sus compañeros.
En la marcha, mostraron cuadros con las fotografías de sus 43 compañeros desaparecidos hace dos años y medio, y que más tarde expusieron en la explanada de las Tres Garantías. Por su parte, los padres de familia mostraban cartulinas para exigir solución a los conflictos laborales en la escuela primaria Juan Álvarez, de la colonia El Capire, y del kínder Niños Héroes, de Teloloapan, donde piden que se nombre a sus directores.
El martes pasado, los maestros de la CETEG, miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y padres de familia, tomaron la delegación de la SEG. El miércoles y jueves tomaron las oficinas de la administración fiscal de Finanzas y el viernes tomaron por cuatro horas la calle Galeana, afuera de la delegación, ante el incumplimiento de las autoridades educativas y de gobierno de la zona Norte para atender su pliego de peticiones, en el que se incluye también la reubicación de centros de trabajo para unos 20 profesores en la zona de Teloloapan.
La toma de la administración fiscal, que fue la tercera ocasión, concluyó cerca de las 2 de la tarde, sin que nuevamente se les diera respuesta a su demanda a los padres y maestros de la CETEG.

Pretende el gobierno cerrar el caso Ayotzinapa con la hipótesis del basurero de Cocula, denuncia padres

Padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon ayer por Paseo de la Reforma al cumplirse 30 meses de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Indignación y coraje fueron las palabras con las que Melitón Ortega, papá de uno de los estudiantes desaparecidos, describió el ánimo de los padres, luego de que el gobierno federal revivió la llamada “verdad histórica” frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Bajo una lluvia tenue, los familiares marcharon del Antimonumento de los 43 hacia el Hemiciclo a Juárez. Atrás de los padres caminan estudiantes normalistas e integrantes de diversas organizaciones campesinas y obreras.
Los padres y madres de los normalistas desaparecidos denunciaron que las autoridades pretenden cerrar la investigación de los ataques, asesinatos y desaparición forzada de los estudiantes Iguala del 26 y 27 de septiembre, al sostener en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la hipótesis de la verdad histórica, en el marco de la 30 acción global por Ayotzinapa, en la Ciudad de México.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el sentir de las consignas y discursos en la marcha y el mitin político de ayer, es que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene la intención de cerrar el proceso, porque resulta muy costoso políticamente para sus aspiraciones a la Presidencia seguir administrando el caso.
No obstante, que no se han agotado las líneas de investigación abiertas, y que la línea de Huitzuco está fortalecida.
En consulta telefónica, informó que ayer, a dos años y medio de los hechos de Iguala hubo acciones en diferentes ciudades del país y en el mundo para exigir respuestas y justicia a las autoridades mexicanas. En la Ciudad de México, pese a la lluvia intensa en el comienzo de la protesta, estimó que alrededor de 3 mil personas apoyaron la manifestación. La protesta concluyó a las 7 de la noche, cuando la lluvia había terminado.
Dijo que se tenía confirmación de acciones por Ayotzinapa en Tlaxcala, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, y en Filadencia, Nueva York y Houston en EU.
Informó que una de las mamás de los 43, María de Jesús Tlatempa, participó en una manifestación en Francia, en la embajada mexicana, que es parte de una gira por Europa que comenzó en Austria, y seguirá en Madrid, Alemania e Italia.
En la Ciudad de México, ayer, tres madres de estudiantes desaparecidos: Carmelita Cruz, Cristina Bautista y Joaquina García fueron las oradores principales.
Ahí expresaron la molestia por el regreso de la “verdad histórica” en el pleno de las sesiones públicas de la CIDH en Washington, porque representa un retroceso en el curso de la exigencia de justicia y por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y “que coloca en otro tono y tesitura el diálogo con el gobierno”.

Defraudó el Estado a los padres de los 43; reunirse con autoridades será improductivo, dice Abel Barrera

 

El Estado defraudó a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y a la comunidad internacional al reactivar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña legalmente a los familiares de las víctimas.
En el cierre del periodo de sesiones de la CIDH en Washington los comisionados se refirieron al caso Ayotzinapa que se abordó en la sesión del 17 de marzo, y confirmaron que hubo una ruptura entre los familiares de las víctimas y el Estado mexicano, a la que siguió una reunión de trabajo “bastante difícil” donde hubo diálogo, dijo la comisionada Esmeralda Arosamena Troitiño.
Ayer en consulta telefónica, Barrera Hernández informó que en este momento no se van a reunir con las autoridades porque “será improductivo”, los padres van a esperar la mesa de trabajo con los comisionados de la CIDH en México, prevista para abril.
Denunció que la postura del Estado, que dio el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián de considerar válida la tesis del basurero de Cocula, “fue abiertamente a la defensiva” y desconcertó a las mismas instancias internacionales que, en la sede de la Comisión, se haya desacreditado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con pruebas científicas descartó la tesis oficial del Estado.
Barrera Hernández añadió que hay 130 detenidos, y de ellos no más de 16 están vinculados con los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y no están acusadas de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada a pesar de que hay videos y testimonios de que estuvieron involucrados policías y militares.
Además de las irregularidades en el proceso de investigación, donde se presumen actos de tortura, detenciones que no están relacionadas con este caso, el gobierno sigue sosteniendo que es la versión más consolidada.
En el informe del Estado también se informó que se había atendido el 94 por ciento de las recomendaciones del GIEI, y el defensor aseguró que también es una falacia, porque no han entregado resultados.
Las autoridades “le apostaron a dar un informe, dieron datos vacuos para sobrellevar 20 minutos que le tocaban y el último minuto para reivindicar su postura dura del caso Ayotzinapa, para seguir administrando el caso políticamente, y es lo más perverso”.
Aclaró que lo que las víctimas pelean a las autoridades encargadas de la investigación de delitos, es que las actuaciones estuvieron viciadas para fabricar culpables.
“Hay una postura política que ha defraudado a los padres y ha defraudado a la comunidad internacional, cuando en la sesión pública vuelve reivindicar la hipótesis del basurero de Cocula como la más consolidada. Tiran todo el trabajo riguroso, científico, de alto profesionalismo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y desautorizan la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
Para el gobierno, por encima de todo ese trabajo está su versión que construyó desde diferentes instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, denunció.
Ahora queda esperar la reunión con la CIDH y el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa en la Ciudad de México, con integrantes del equipo técnico.
De esta visita precisó que va más allá de que el gobierno declare que tiene disposición a seguir las líneas de investigación propuestas por el GIEI, sino que exprese apertura y voluntad, en la vía de los hechos, con resultados.
Mencionó que en la CIDH los padres y representantes hicieron solicitudes concretas: saber en qué fechas van a proceder contra los policías de Huitzuco y los policías federales implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuándo van a enviar los citatorios a los militares, en qué tiempo van a tener los resultados del análisis de la telefonía celular de los estudiantes desaparecidos y de los implicados, así como de la identificación de El Patrón y de El Caminante señalados en la investigación del GIEI, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los normalistas.
“Más allá de decir ‘sí queremos avanzar’, de manera concreta deben decir en qué tiempo habrá resultados en estos puntos”. Después, que se renueve el compromiso del gobierno de que hay una decisión firme del gobierno de llegar a la verdad.
Mientras tanto, dijo que los padres y madres están recibiendo información más completa de lo que significa la posición política que asumió el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para tener una valoración objetiva y al mismo tiempo puedan tener entrevistas y reuniones que serán en abril.
“El punto de la crisis está precisamente en que la PGR ha perdido credibilidad por estos manoseos, formas de investigar más centradas en el manejo faccioso de la escena de los hechos, creo que ese es el punto de discusión de fondo, y la importancia de que este mecanismo internacional ayude a desmantelar estos vicios de las investigaciones”, agregó.
“La ayuda internacional radica en que se obligue a las autoridades a corregir las inconsistencias, la falta de voluntad, porque sigue anclado a su verdad histórica, porque es la que más le acomoda a un gobierno que no quiere desarraigar la corrupción y los vicios de proteger a los responsables”, explicó.

 

Ocupan los padres de los 43 la caseta de la autopista en Tlalpan; los hostiga la PF, informan

Padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala dejaron el paso libre a los automovilistas de la caseta de cuota de Tlalpan en la Ciudad de México durante dos horas y media, bajo el acoso de policías federales que vigilaron la protesta y tomaron fotografías a los manifestantes, informó el representante Melitón Ortega.
En consulta telefónica indicó que la protesta comenzó a las 11 de la mañana y concluyó a la 1:30 de la tarde, cuando llegaron a la capital del país donde hoy se manifestarán en la Procuraduría General de la República (PGR), antes de que se celebren las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esas audiencias el Estado mexicano dará cuenta del seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa, para el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
Añadió que después de la protesta en la ciudad, los padres y normalistas se unirán a las acciones de la caravana de jornaleros agrícolas de San Quintín, que en su recorrido del norte al centro del país acudirá a diferentes dependencias de gobierno para exigir mejoras laborales para los migrantes que llegan a Baja California.
De la protesta ayer en la autopista Melitón Ortega denunció que luego que padres y estudiantes tomaron las casetas de cobro de Tlalpan, policías federales los llamaron a dejar la protesta e ir a las oficinas de gobierno a plantear sus demandas, les dijeron que lo que hacían estaba mal.
El señalamiento de los uniformados causó un mayor enojo en los padres que llevan los sentimientos por la desaparición de sus hijos a flor de piel, y respondieron con reclamos a los agentes, informó.
Recordó que ya acudieron a todas las instancias y no hay voluntad del gobierno para esclarecer los hechos, decir en dónde están los estudiantes desaparecidos ni para castigar a los responsables.
Añadió que los uniformados guardaron distancia y comenzaron a tomar fotografías a los manifestantes, lo que los padres también consideraron un acto amenazante y de provocación, y generó un segundo altercado para exigirles que se retiraran.
Agregó que la protesta concluyó sin más incidentes, y ratificó que sus actividades son pacíficas pero contundentes para seguir denunciando y exigiendo que se profundicen y agoten todas las líneas de investigación que plantearon los expertos independientes, y que las autoridades den certeza de los resultados.
Melitón Ortega informó que las madres Cristina Bautista y Joaquina García con el padre Mario González se trasladaron a Estados Unidos para la audiencia pública de la CIDH.
Por separado el abogado Vidulfo Rosales Sierra informó que habrá una audiencia pública que también se transmitirá en Internet a las 12 del día (10 de la mañana hora del centro de México), y a las 6 la tarde esperan tener una audiencia privada.

Estudiantes de Ayotzinapa respaldan al padre que cuestionó a López Obrador en Nueva York

 

El Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, manifestó su rechazo a la reforma educativa y a la alianza de su ex dirigente, David Flores Maldonado con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, para promover el perfil idóneo que plantea la ley.
El comité también expresó su respaldo al padre del normalista desaparecido Antonio Tizapa Legideño, Antonio Tizapa, quien cuestionó al presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, sobre su relación con el alcalde de Iguala José Luis Abarca y con el gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes en Iguala, y en respuesta el político tabasqueño lo acusó de “provocador” y lo llamó a pedir respuestas al Ejército, después de un mitin en Nueva York el lunes. El comité aseguró que “no somos provocadores por señalar a los asesinos”.
En un comunicado que difundieron los normalistas de Ayotzinapa, el comité dijo que este miércoles, “nos despertamos con la desagradable noticia de que Aurelio Nuño, la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, vuelve a felicitar y halagar públicamente a David Flores, egresado de nuestra escuela y lo luce como un trofeo entre su personal de confianza”.
Flores Maldonado fue dirigente estudiantil de Ayotzinapa durante los ataques en Iguala, la detención y desaparición forzada de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero “hoy está sentado a un lado de Nuño, el asesino de maestros”.
Agrega que los normalistas de Ayotzinapa “desconocemos y repudiamos los actos y las palabras de David: él ya no nos representa, no lo reconocemos, no estamos de acuerdo en los planteamientos a favor de trabajar en conjunto para la reforma educativa”.
El comité agrega que el perfil idóneo que pretende imponer la SEP mediante la reforma educativa, no es compatible con la formación pedagógica que se imparte en las normales rurales, la cual es necesaria para llevar conocimiento y cultura a las comunidades y pueblos marginados.
Del nuevo modelo educativo el comité dice que los normalistas de Ayotzinapa están en contra de la “autonomía en la gestión de las escuelas”, porque se trata de una medida del Estado “para deslindarse de su responsabilidad de proporcionar recursos a las escuelas para infraestructura y mantenimiento” y que sean los padres de familia los que solventen estos gastos.
Reiteró su rechazo a la evaluación del Servicio Profesional Docente, no porque los normalistas no tengan los conocimientos o preparación para los exámenes de ingreso y permanencia en el sector, sino porque “no son una medida para generar un diagnóstico en la labor del profesor o el estado del sistema educativo, más bien es un medio de coacción hacia el magisterio para controlarlo”.
Dice que la evaluación debe de tener en cuenta los contextos económicos, culturales y políticos donde están las escuelas, así como las condiciones bajo las que trabajan los maestros, los alumnos y padres.
Critica la vigilancia policiaca durante la aplicación de las evaluaciones, “nosotros tenemos memoria, sabemos que fue Aurelio Nuño quien llevó a la Policía Federal a los estados del país donde hubiera protestas para reprimir a los maestros y maestras de la CNTE”, como Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, donde “hubo fuertes actos de represión por parte de las fuerzas policiacas para imponer a sangre y fuego la pedagogía del garrote, tan presente en la Reforma Educativa”.
El comité menciona las muertes del profesor Claudio Castillo Peña, asesinado a golpes por la Policía Federal en Acapulco, de David Gemayel, egresado de la Normal de Mactumactza, asesinado por la Policía Federal en Chiapas, y a los mártires de Nochixtlan y Viguera, Oaxaca: Andrés Aguilar, Yalid Jiménez, Oscar Nicolás, Anselmo Cruz, Jesús Cadena, Oscar Aguilar, Omar González, Antonio Pérez, César Hernández, Silverio Sosa, Juvan Azarel.
Asegura que los que están detrás de la imposición de la reforma educativa, “son los mismos” que han intentado cerrar la Normal Rural de Ayotzinapa, ordenado las represiones para cerrar las normales rurales, detener y desaparecer a los 43 normalistas en Iguala. “Los que asesinaron a los maestros Claudio y David son los mismos que le quitaron el rostro a Julio César Mondragón y dispararon contra Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Son los mismos. Es el Estado. Por ello nosotros no queremos ser idóneos: rechazamos la reforma educativa”.
Se manifestó por los proyectos de educación alternativos como Escuelas Integrales en Michoacán, Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, Escuelas Altamiranistas en Guerrero y educación Zapatista en Chiapas.
Dice que seguirán las manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y reconoce la protesta de Antonio Tizapa.

Respaldan los padres de los 43 a Antonio Tizapa, quien increpó a López Obrador en Nueva York

El padre de un normalista desaparecido de Ayotzinapa, Antonio Tizapa cuestionó al presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador sobre su relación con el alcalde de Iguala José Luis Abarca y con el gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes en Iguala, y en respuesta el político tabasqueño lo acusó de “provocador” y lo llamó a pedir respuestas al Ejército, después de un mitin en Nueva York el lunes.
En México el comité de padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, emitió un boletín para respaldar a Antonio Tizapa porque sienten el mismo dolor que el papá que vive en Estados Unidos.
En el escrito se aclara que aún cuando no tienen los detalles del caso, el 17 de marzo una comisión de padres de los 43 viajará a Washington DC a participar en las audiencias del 161 periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se van a supervisar las investigaciones del Estado mexicano, y van a dialogar con Antonio Tizapa del incidente.
Vía telefónica Antonio Tizapa precisó que no le interesa la política ni milita en partidos políticos, ni siquiera es parte de los colectivos que se solidarizan con la presentación con vida de lo jóvenes normalistas en Estados Unidos, “simplemente soy un padre que busca a su hijo de ciertas maneras”. Corre en maratones con fotografías de su hijo para visibilizar la impunidad del caso, exigir la presentación de los estudiantes y castigo a los responsables de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ayer se deslindó de las acciones por los 43 durante del mitin de López Obrador, y aclaró que al final sólo cuando los seguidores del político se habían separado de él, se acercó para hacerle dos o tres preguntas y quedó muy sorprendido con su reacción.
Del acto político aclaró que asistió porque militantes de Morena lo buscaron días antes para que estuviera en la actividad, él no estaba interesado pero insistieron incluso el domingo, un día antes.
El lunes aún no sabía si tendría tiempo de acudir. No obstante llegó temprano a la actividad y un conocido lo invitó a sentarse en la primera hilera de sillas, y ahí notó que los organizadores con chalecos beige comenzaron a observarlo constantemente y le pidieron que se quitara de ese lugar. Sin un argumento tampoco insistieron demasiado.
“No entendía qué estaba pasando luego pusieron una hilera de sillas enfrente, pensé que eso era raro, después cuando veo que llegan cuatro personas a sentarse, sólo quedan tres y mueven el micrófono del podio al otro extremo”, relató.
Finalmente llegó López Obrador, lo reciben con aplausos y una señora alzó una manta alusiva a los 43, y a los pocos minutos la subieron al frente y ahí se quedó sin decir nada. De acuerdo con la crónica de la agencia Proceso, López Obrador pidió a sus seguidores que se inconformaron con la protesta por los 43 a dejarlos manifestarse, incluso señaló que se trataba de una causa justa.
Al concluir el acto, notó que los militantes de Morena rodearon al político, también dos personas con fotografías de los 43 y Antonio Tizapa intentó acercarse pero le fue imposible.
Mientras López Obrador atendía a sus seguidores él saludó a varios conocidos activistas y reporteros, y pensó que “ya no fue posible hacerle las preguntas, ni modo”.
Cuando la gente se dispersó y López Obrador subía a su camioneta se acercó, se presentó y le preguntó de su relación con Abarca y con Aguirre cuando todavía formaba parte del PRD, “no esperaba lo que él fuera a decir: que era un provocador, pregúntale a los militares, me dejó sorprendido su respuesta”.
Observaron el suceso periodistas y algunos dijeron que el dirigente de Morena lo empujó. Antonio Legideño aseguró que no fue así, incluso dijo que guardó distancia para no tocarlo ni a él ni a su coche, estimó que tal vez sabe algo y “es necesario que lo diga”.
Informó que hace un mes en la Universidad de Columbia fue a una conferencia del dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, “fui a decirle, ustedes (los priistas) ejercen la impunidad, que hace 30 meses están pidiendo que devuelvan a sus hijos y que se investigue al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y a los militares”.
Ratificó que a los padres no les interesan los partidos, sólo sus hijos y que se castigue a los responsables de los ataques, los asesinatos y la desaparición forzada de los estudiantes.
Por separado, el comité de padres de familia de los 43 señalaron que tienen claro que “los responsables de la desaparición de nuestros hijos”, de acuerdo con dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), son los policías de todas las corporaciones y el Ejército, y de manera indirecta los presidentes municipales de la región Norte, así como el exgobernador Ángel Aguirre.
De igual forma señalaron a funcionarios de la PGR como Tomás Zerón, “que realizó investigaciones irregulares y turbias que encubren a los responsables”, y demandaron que lo sucedido en Nueva York no debe de convertirse en una cortina de humo que desvíe la atención, para seguir investigando a los implicados en la desaparición.
Señalaron que lo fundamental para los padres es que la PGR y otras autoridades avancen en la búsqueda e investigación para dar con el paradero de sus hijos, y no van a permitir que la desaparición sea utilizada por los políticos para sacar ventaja.
“El nuestro es un tema de graves violaciones a los derechos humanos que merece una investigación exhaustiva para obtener verdad y justicia, y no debe estar sujeto a los intereses electorales”, declaran.

En la CIDH dirán padres de Ayotzinapa que no hay avances en las líneas de los expertos

El señor Mario González Contreras, papá de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo que no hay avances en las líneas trazadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y esperan exponer la situación y la falta de cumplimiento de compromisos del gobierno mexicano en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el próximo viernes en Washington.
Ratificó que los padres de los 43 desaparecidos no tienen confianza en la PGR por su falta de resultados y recordó que la semana anterior elevaron sus acciones de protesta porque “querían envolvernos otra vez”.
Dijo que los padres decidieron esperar la audiencia de seguimiento del caso Ayotzinapa en la sesión ordinaria de la CIDH el 17 de este mes en Washington, Estados Unidos, para exigir cuentas y compromisos ante el organismo internacional.
Indicó que él acudirá a la reunión junto con Cristina Bautista, mamá del normalista desaparecido, Benjamín Ascencio Bautista, y Joaquina García, mamá de Martín Getsemaní Sánchez, además de sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y de Fundar.
Explicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no ha sacado las manos de caso Iguala aún cuando la averiguación previa se turnó a una oficina especial adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Insistió en que “está involucrado algo grande” en la colusión de autoridades de las diferentes instancias policiacas y militares que agredieron, protegieron y permitieron los ataques, asesinatos y la desaparición forzada de los normalistas en Iguala, y la SEIDO se encargó de propiciar condiciones para mantener los hechos impunes.
Asimismo recordó que la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permitió descartar la tesis oficial diseñada para cerrar el caso, evidenciando las inconsistencias y la manipulación de evidencia en el basurero de Cocula y en el río Juan (en el mismo municipio).
En consulta telefónica sobre la versión de que policías municipales de Iguala están siendo llamados a declarar otra vez por la SEIDO sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el papá aclaró que no han tenido esa información porque cancelaron la última reunión de seguimiento con la PGR de este mes.
Esto debido a que la PGR sigue sin tener datos concretos que indiquen algún indicio del paradero de sus hijos. Tampoco hay resultados concretos sobre las líneas de investigación que planteó el GIEI sobre el policía de Huitzuco y dos agentes de la Policía Federal (PF) que están directamente implicados en la desaparición y el trasiego de droga.
Añadió que a la SEIDO no le conviene esclarecer los hechos y para mantenerlo así en sustitución de Tomás Zerón de Lucio nombraron como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a un ex policía federal (Omar Hamid García Harfuch) que tuvo un puesto de mando reciente en Guerrero, además que tuvo relación con la organización criminal de Guerreros Unidos.
Subrayó que el nombre de García Harfuch se encontró en la libreta de contactos del líder de la banda Guerreros Unidos, a la que SEIDO quiso fincar responsabilidades penales con pruebas ya descartadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas y el presunto asesinato de todos los estudiantes desaparecidos. Además fue coordinador estatal de la División de Seguridad Regional de al PF en Guerrero de diciembre de 2012 a mayo de 2014.
Aunque “supuestamente la SEIDO ya no puede intervenir en el caso Ayotzinapa, el nuevo director de la AIC conoce la complicada situación de Guerrero, “en su momento, estuvo con la Policía Federal de Iguala”.
Por lo anterior, consideró que desde la SEIDO se protege a los encubridores como el ex procurador de la PGR, Jesús Murillo Karam, el antiguo jefe de la AIC, Zerón de Lucio, y a una antropóloga, contra quienes las autoridades no han actuado pese a que fueron evidenciadas graves irregularidades en el proceso.
No descartó que desde la SEIDO se pretenda replantear la tesis oficial para retomar la versión del basurero de Cocula, o sólo ganar tiempo, “apostarle más al desgaste porque tienen líneas de investigación y no las han seguido y empiezan otra vez”, criticó.

Toman estudiantes y padres de Ayotzinapa una gasolinería en la CDMX por los 43 desaparecidos

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocuparon las instalaciones de una gasolinería Hidrosina en las avenidas Insurgentes y Reforma de la Ciudad de México, para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala.
Como parte de sus protestas de esta semana los manifestantes bloquearon el acceso al sitio y permitieron que algunos automóviles cargaran combustible de forma gratuita.
Además saquearon los estantes que contenían aceites y productos para vehículos.
Con los rostros ocultos con playeras, pintaron el lugar y sostuvieron mantas con la leyenda “Ayotzinapa en pie de lucha”.
Fueron rodeados por personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina. Tras la protesta se retiraron a su campamento.
Además, este sábado debido al Día Internacional de la Mujer, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y organizaciones sociales hicieron un mitin en el monumento a la Madre, ahí reconocieron la lucha histórica de la mujeres, y condenaron la opresión y la violencia contra ellas.
Consultado vía telefónica el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra informó que a las 11 de la mañana más de 500 activistas de diferentes organizaciones sociales acudieron al monumento a la Madre.
Agregó que en el mitin participaron madres y padres de los 43 normalistas quienes reconocieron la lucha histórica de las mujeres.
Además se reconoció el valor inclaudicable de las madres de familia por buscar a sus hijos desaparecidos, “es por eso que se realizó el mitin con presencia de organizaciones sociales y estudiantiles de la Ciudad de México”.
El abogado dijo que también se habló de la carestía de la vida, de la reforma energética, y el incremento al precio de las gasolinas, el gasolinazo.
Precisó que este sábado se tomó simbólicamente la gasolinería que está ubicada a un costado del Monumento a la Madre.
Las organizaciones que acudieron al mitin fueron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Frente de Defensa Popular de la Ciudad de México, y estudiantes de diferentes universidades, entre otras.

Requiere otra vez la SEIDO a policías de Iguala por el caso Ayotzinapa; sólo han ido 10 de 76

Policías municipales de esta ciudad fueron nuevamente requeridos por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), para que declaren respecto de los ataques y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
Según información de uno de los policías que está en la corporación desde antes de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, en esta semana se notificó a los agentes de la corporación que están activos.
La fuente consultada, que pide el anonimato para evitar represalias, indicó que a los agentes se les está mandando a traer desde la Secretaría de Seguridad Pública municipal en grupos de cinco, y se les notifica que nuevamente se deben de presentar ante la SEIDO en la Ciudad de México, para rendir su declaración de los ataques en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y otros civiles.
Dijo que sólo 10 de los 76 policías municipales que siguen activos dentro de la nómina municipal pero desarmados, se han presentado a rendir su declaración.
Dijo que de manera extraoficial les informaron que también se citará una vez más a los agentes que fueron liquidados o se dieron de baja voluntaria, pero ayer ninguna fuente oficial confirmó esa información.
De los más de 300 agentes de la Policía Municipal que había en 2014 cuando ocurrieron los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, más de 50 fueron detenidos en penales federales, unos 140 fueron liquidados porque no acreditaron los exámenes de control de confianza o solicitaron su baja de forma voluntaria, y 76 siguen en nómina, mientras que otros huyeron.