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El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX

El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.

La marcha

La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.

Sigue la investigación y no se busca cerrar el caso Ayotzinapa, dice Campa Cifrián

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa continúan y que se busca dar con todos los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva indicó que aunque existe la preocupación de los padres de que pudiera haber la intención de cerrar el caso, “yo puedo reiterar porque estuve presente en la reunión con el procurador la semana pasada, y también con el mecanismo de la Comisión Interamericana, que hay la mayor decisión de concluir este proceso cuando se haya dado con todos los responsables, se les haya puesto a disposición de la justicia”.
Destacó la detención, este martes, de uno de los líderes en Huitzuco del grupo criminal Guerreros Unidos, lo cual era una de las peticiones que tienen los padres, de profundizar la investigación.
Señaló que los caminos están abiertos para los padres de los normalistas puedan hablar con algún funcionario de la Segob, y que siempre ha habido apertura y plena disposición para ello.
Agregó que la noche de ayer habló con Vidulfo Rosales, uno de los representantes legales de los padres, a quien le indicó que las investigaciones continúan hasta dar con todos los responsables y someterlos a la justicia.
Roberto Campa agregó que con Rosales sostuvo una conversación en términos cordiales, de plena comunicación, “y reiteramos por este medio, cualquier interés en un encuentro con la Secretaría de Gobernación, con el titular o con quienes trabajamos ahí y tenemos relación con el caso, pues se puede resolver simplemente con una llamada telefónica, estamos siempre a la disposición”.
El funcionario reiteró que siempre que sea solicitada una reunión con el secretario de Gobernación estará atento a la petición que hagan para conciliar agendas, porque existe plena disposición con el titular de Segob siempre para reunirse con los padres de Ayotzinapa, pero no mencionó que el martes cuando fueron a pedir una audiencia con Osorio Chong, los padres de los estudiantes fueron atacados con gases lacrimógenos por policías federales, lo que dejó a cinco familiares lesionados, justo en las puertas de la Segob.

Se discute hoy en comisiones la Ley de Desaparición Forzada

De la Ley de Desaparición Forzada, Campa declaró que existen todas las condiciones para que se apruebe, que por ahora está en manos de Senado y las cuatro comisiones dictaminadoras se han puesto de acuerdo, se ha trabajado intensamente con ellos y con las organizaciones de la sociedad, con expertos.
Agregó que está programado que se discuta hoy en comisiones y se lleve al Pleno del Senado. Se espera que suceda porque hay muchas familias en México que están esperando que salga la ley.
La ley consta de dos partes, una es la penal y las sanciones, “de lo que se trata es de que tenga el mismo manejo en todo el país, y la segunda parte de la ley es todo el diseño de la política pública, de búsqueda y de investigación”.
“Si somos capaces de romper las cadenas de impunidad seremos capaces de revertir esta realidad que tenemos en materia de desapariciones”, dijo.
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Gasea la PF a padres de los 43 que pedían audiencia con Osorio Chong en la Segob; hay cinco lesionados

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra reportó que tres padres y dos mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sufrieron lesiones provocadas por los gases lacrimógenos que les lanzaron policías federales en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras señalar que los actos de represión que se registraron este martes serán notificados al Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosales consideró que la acción policiaca “evidencia la ruta y la posición que respecto al caso mantiene el gobierno federal” de generar “condiciones de debilitamiento y cierre del caso”.
La protesta en la Segob fue anunciada con anticipación como parte de la jornada de lucha que comenzó con un plantón indefinido de los padres frente a la PGR, para exigir que se investigue la responsabilidad de militares del 27 Batallón de Iguala, que se consigne a los policías federales y municipales involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes, y se profundice en la línea de investigación de trasiego de droga de Iguala a Chicago, que está sin avances desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue expulsado del país.
En entrevista con la Agencia Proceso, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos informó que los lesionados son: Hilda Legideño Vargas, Berta Nava, Mario César González, Hermenegildo Ortega Carlos y Bernabé Abraham, quienes sufren “complicaciones en los ojos y en el sistema digestivo” debido a los gases lacrimógenos.
Señaló que la represión policiaca ocurrió después de que los padres y madres solicitaran una audiencia con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de un mitin como parte de la jornada de actividades a 31 meses de la desaparición de los estudiantes.
“En lugar de que reciban a la comisión agreden a los padres de esta manera, eso complica mucho más las cosas y orilla a los padres a no caminar en la ruta del diálogo ni en la ruta de la institucionalidad, sino más bien que sea la protesta donde ellos expresen su exigencia por la presentación con vida de sus hijos”, dijo.
Agregó que después de la agresión familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la avenida Reforma, en Bucareli, y agentes de la Dirección de Gobernación de la Ciudad de México se acercaron a buscar “un puente de diálogo con el gobierno federal”.
Los enviados dijeron que el subsecretario Roberto Campa Cifrián está dispuesto a recibir a una comisión de padres.
Al respecto, Vidulfo Rosales explicó: “rechazamos la oferta porque el subsecretario Campa ya no es interlocutor válido para los padres, porque ellos lo identifican como el que verbalizó la posición del gobierno en Washington. Estamos buscando hablar con Osorio Chong”.
En marzo en la audiencia en Washington en la sede de la CIDH, Campa llamó a los padres a considerar la “verdad histórica” de que sus hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula, como una real posibilidad del destino final de los 43 estudiantes, expresiones con las que el funcionario federal intentó echar abajo las conclusiones de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que esa hipótesis es científicamente imposible.
Tras señalar que la protesta de los padres y madres en las inmediaciones de la Segob “no ameritaba este tipo de intervención de la policía”, Rosales Sierra llamó al gobierno federal a que “rectifique, porque no porque se les reprima van a dejar de exigir la presentación con vida de sus hijos, a menos que detengan a todos los padres, pero no sé si eso resuelve el problema”.
En cuanto a la reciente detención de Walter Alonso Deloya Tomás, El Walter o La Medusa, presunto integrante de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los normalistas, precisó que “fue detenido por otras causas penales distintas y ajenas a los 43, no está directamente relacionado”.
Reconoció que en el expediente se menciona a La Medusa porque “pertenece a Guerreros Unidos y trabajaba para (Alejandro) El Cholo Palacios, pero no hay un vínculo directo, no hay acción penal emanada del caso de los 43”.
Lo que toca ahora a la Oficina Especial para el Caso Iguala, agregó, es buscar “entrevistar al detenido para obtener alguna información adicional, respetando sus derechos procesales”.
Reporta la PF a tres personas con lesiones leves

La Policía Federal (PF) informó que tres personas sufrieron lesiones leves tras la agresión, con gases lacrimógenos, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se encontraban en las inmediaciones de la Segob.
En una tarjeta informativa la dependencia federal aseguró que dos de sus agentes y un trabajador de la Unidad de Gobierno de la Segob presentaron golpes por objetos lanzados por los manifestantes en la protesta de ayer.
Señala a 40 personas ajenas a los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, como los responsables de arrojar petardos y piedras a los uniformados.
Ante esta acción dispersaron a los manifestantes con un par de bombas de gases lacrimógenos.
“El gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación, reafirma su voluntad y compromiso de mantener, como siempre lo ha realizado, un diálogo constante y abierto con los ciudadanos”.
“Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa dijeron haber tomado la decisión, por el momento, de no solicitar una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación debido a la presencia de grupos ajenos a su movimiento”, dice la PF.

Reprueba Amnistía Internacional el uso excesivo de la fuerza

Tania Reneaum, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México reprobó el uso excesivo de la fuerza utilizada por la Policía Federal para dispersar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras se manifestaban afuera de la Secretaría de Gobernación.
“El gobierno de México debe recordar que es ilícito usar formas de control que, como los gases y otras sustancias químicas irritantes, afecten a personas que no tienen que ver con la manifestación o que participando de ella no hacen uso de la violencia”, expuso.
De acuerdo con Reneaum, el uso de la fuerza es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes desaparecidos hace más de dos años.
El de los 43 estudiantes desaparecidos, mencionó, es un caso que no ha sido debidamente investigado por las autoridades mexicanas, y hasta ahora se desconoce la suerte o paradero de las víctimas debido a que no se han esclarecido los hechos.
El desalojo fue cuando un reducido grupo de familiares de los 43 normalistas desparecidos y estudiantes de la Normal Rural pretendían hacer un mitin frente a la Segob para pedir una reunión con Osorio Chong.
El grupo nunca alcanzó su objetivo: en Bucareli, a media cuadra del Reloj Chino se toparon con un muro de hierro y luego con bombas de gases lacrimógenos. En el ataque resultaron lesionados cinco padres de los estudiantes desaparecidos.

Presentan libro sobre los ataques en Iguala en el 91 aniversario de Ayotzinapa

Con la presentación de un libro en horario nocturno, al estilo de la tradición de formación de las normales rurales aglutinadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), se inauguró ayer la semana por el 91 aniversario de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Al caer la noche grupos de estudiantes seguían ultimando detalles de limpieza y presentación de la escuela recién pintada, se renovaron la fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos colocadas en el mismo número de butacas en la cancha de basquetbol, y las mantas desgastadas por el tiempo.
Sin prisa a las 8:30 de la noche esperaban la llegada del conferencista, el periodista John Gibler, autor del libro Una historia oral de la infamia: Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, que se programó a las 10 de la noche, sólo para estudiantes.
Hoy comienzan las actividades abiertas al público, de acuerdo con el cronograma de actividades, a las 10 de la mañana con dos conferencias, una del maestro egresado de la Normal Superior de México, Enrique Ávila Carrillo sobre normalismo rural y la de la periodista Anabel Hernández, de la intervención del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala contra los estudiantes.
Dirigentes estudiantiles explicaron que hoy y mañana se espera la llegada más amplia de asistentes de diferentes normales rurales del país y de organizaciones solidarias, y esta tarde tendrían un recorrido por la escuela y por las calles de Tixtla, que va a concluir con un mitin político para reivindicar las demandas del movimiento social y estudiantil.
El 26 de septiembre saldrán a la Ciudad de México para acompañar la acción global por Ayotzinapa que se organiza cada mes, para apoyar a los padres de familia que se mantienen en plantón frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República desde el jueves pasado para exigir resultados en las investigaciones.
El 27 de septiembre se reanudan las actividades culturales y académicas que concluyen el primero de mayo con una marcha en Chilpancingo, en defensa de la educación pública y de los derechos laborales.

Marchan en CDMX padres de Ayotzinapa; exigen que se retome la investigación parada hace un año

Este mes se cumple un año sin avances en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, denunció el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa,  Vidulfo Rosales Sierra, y afirmó que al Estado mexicano ya no le hacen mella los cuestionamientos de los organismos internacionales sobre las irregularidades reveladas por expertos independientes.
Ayer en la Ciudad de México los padres de los estudiantes desaparecidos marcharon del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez en la Alameda Central. Los manifestantes están en plantón indefinido frente a la Procuraduría General de la República (PGR) el jueves 20, hasta que la PGR dé un indicio de que retomó las líneas de investigación que dejó en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa.
En consulta telefónica, Rosales Sierra confirmó que hace meses los padres y representantes legales denunciaron la tendencia del Estado de administrar este conflicto durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, sin dar resultados, pero abierto el proceso sigue generando saldos negativos en el gobierno, opinó.
Es decir, las instituciones vulnerables a la corrupción que erosiona la imagen de México en el ámbito comercial internacional ya no sólo administran el conflicto, sino que van propiciando el cierre para blindar las campañas presidenciales de 2018, en particular las aspiraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió.
Aseguró que desde abril de 2016 es factible jurídicamente solicitar la consignación de los policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A la fecha dijo que no hay certeza si el condado de Chicago, en Estados Unidos, no ha enviado la información sobre una investigación de trasiego de droga desde Iguala, o si el gobierno de México no la ha solicitado, esto para fortalecer la línea de investigación que planteó el GIEI sobre el trasiego de droga y dinero al extranjero como el móvil de la agresión y la coordinación de agentes del Estado implicados en los ataques y la desaparición forzada de 43 estudiantes.
Siguen esperando el análisis de la información de los números telefónicos de estudiantes, agentes implicados, el contenido de las conversaciones.
Consideró que la única la explicación a tanta omisión ni es incapacidad, la complejidad, ni falta de recursos, sino que viene la contienda electoral en 2018 y Ayotzinapa estará en la agenda de los candidatos, “si estamos hablando es un caso de alto impacto que conmocionó, generó indignación generalizada, abrió grietas en el poder público, abrió heridas que siguen abiertas, eso preocupa a las autoridades”.
Ante los señalamientos de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forman el nuevo mecanismo de seguimiento y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (The Washington Office on Latin America, por sus siglas en inglés y también conocida como WOLA) , que cuestionaron la insistencia en una versión descartada con pruebas científicas.
Opinó que el Estado ha ido creando una coraza resistente, “no hacen mella ya en este gobierno, tiene más preocupación por relaciones diplomáticas de otra naturaleza. Han creado reticencias, se hacen inmunes al escrutinio, es grave porque eso sólo sucede en regímenes totalitarios”.
Señaló que el gobierno mexicano le apostó a las políticas del mercado, facilitó las reformas estructurales de comercialización y privatización y para contener la resistencia de organizaciones sociales que se oponen, tiene un aparato que sirve para cometer desaparición forzada, detener y encarcelar activistas.
Al mismo tiempo, “tenemos el fenómeno del negocio de las drogas que generan los grupos de la delincuencia en el país, que en la disputa del control del territorio genera violencia desbordada creando una especie de autogobierno, se han apoderado de las instituciones y las han puesto en servicio de estos grupos”, señaló.
La particularidad de Guerrero es que concentra mucha más pobreza, el sufrimiento crece y los gobiernos caciquiles tienen un esquema “feudal”. Dijo que gobiernan ganaderos y comerciantes, que frente a la violencia quieren ocultar la realidad.
“Me parece grave que en el gobierno, Héctor Astudillo quiera dar la impresión de que no ocurre la violencia desbordada y se argumenta, incluso se hace llamados a medios de comunicación y a quienes alzamos la voz, a que no lo hagamos porque ahuyenta el turismo”.
Insistió en que se tiene que poner en movimiento todo el aparato del poder Ejecutivo y Judicial en seguridad y justicia, para desmantelar las redes de complicidad.  “Ya es inocultable dado los altos índices de violencia, no puede seguir errando, cuando están matando políticos”.
Planteó al gobierno estatal que no descalifique las críticas, que se reconozca el diagnóstico real de la violencia y llame a cerrar filas con inventiva.

Conmemoran desde hoy los 91 años de la Normal de Ayotzinapa y exigen la aparición de los 43

 

Hoy comenzarán las actividades del 91 aniversario de la escuela con la exigencia de presentación con vida de sus compañeros y para reforzar el plantón de los padres de los normalistas en la Ciudad de México frente a la Procuraduría General de la República (PGR).
La Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tiene 12 alumnos asesinados, siete en manos de policías, además 50 lesionados de los cuales 15  tienen secuelas o daños permanentes, además de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos.
En el recuento de los caídos cada año, los estudiantes recuerdan que el 12 de octubre de  1988 fue asesinado a balazos por policías estatales  Juan Manuel Huikan Huikan, de la Normal Rural de Campeche, en una jornada de lucha en contra de la desaparición del bachillerato pedagógico en el periodo del gobernador José Francisco Ruiz Massieu.
En un desalojo policiaco a balazos, el 12 de diciembre fueron muertos Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús;  fue el primer caso donde la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) documentó graves violaciones a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza, tortura y tratos inhumanos. No hay detenidos ni responsables de aquellos hechos.
La normal también reivindica la demanda de justicia por el homicidio de tres estudiantes en la carretera de Coyuca de Benítez que fueron arrollados por un tráiler el 7 de enero 2013. El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que este proceso sigue abierto y en investigación.
Hace dos años y medio, los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala alcanzaron resonancia internacional y motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como medida cautelar para las víctimas. Provocó la separación del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, aunque hay más de 100 de detenidos, ni uno ha sido sentenciado con responsabilidad material o intelectual de los hechos.
En un contexto de agresiones y un ambiente enrarecido por la impunidad  y la violencia en Guerrero, otros dos estudiantes fueron asesinados con balazos en la cabeza  el 4 de octubre de 2016, Jonatán Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro. La línea de investigación es que se trató de un asalto a mano armada donde fueron asesinadas otras personas. Los normalistas así como los abogados defensores consideraron que la agresión va más allá de los implicados que están en proceso.
En la acciones de lucha por la aprobación de la matrícula de nuevo ingreso y plazas docentes de cada año —que por estrategia aumentan en intensidad al paso de los meses— habían ocurrido desalojos con uso excesivo de la fuerza pública, pero el más recordado por la base estudiantil es del 14 de noviembre de 2007.
La magnitud de ese movimiento se comparaba con un movimiento de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), en el estado vecino. Frente al Congreso de estado, El Sur documentó que policías de Chilpancingo dispararon sus fusiles automáticos mientras perseguían y golpeaban a  egresados y alumnos en un intento por “rescatar” a un agente de Gobernación del estado que espiaba a los normalistas. Hubo gases lacrimógenos, toletazos y denuncias de vejaciones. En ese entonces el gobernador era Zeferino Torreblanca Galindo.
Fuentes estudiantiles indicaron que del año 2000 a la fecha hubo 50 estudiantes lesionados, 15 personas con heridas y lesiones permanentes como amputaciones de dedos. Es el caso de cuatro jóvenes en los hechos de Iguala.
En el desalojo de 2011, Édgar David Espíritu Olmedo sufrió impactos de bala en el pecho y se lesionó permanente un pulmón, es profesor y trabaja con esta discapacidad que modificó su alimentación y su vida.
Un antecedente histórico de esta tradición de lucha es el movimiento popular y estudiantil de 1960 que culminó en la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el abogado Vidulfo Rosales detalló que en ese periodo eran normalistas Lucio Cabañas, Carmelo Cortés y Desidor Silva, quienes luego formaron parte del Partido de los Pobres (PDLP), por lo que han tenido, durante décadas y hasta la fecha, el estigma de guerrilleros.

 

La investigación del caso Ayotzinapa está plagada de irregularidades, denuncia WOLA

A un año de la partida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) reprochó que el gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”, pero sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes.
El organismo se dio a la tarea de hacer un resumen del estado en que se encuentra la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa.
En el documento difundido este viernes, escrito por Maureen Meyer y Hannah Smith, se menciona que el 20 y 21 de abril, este jueves y viernes, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la coordinadora del mecanismo y también relatora para México, y el secretario ejecutivo de la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente.
Al concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.
“El fin de abril marca un año desde la salida del GIEI de México. El GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano, la CIDH, los representantes legales de las víctimas y sus familias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y atención a víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades mexicanas en su investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el año transcurrido desde la salida del GIEI, ha habido pocos avances en la investigación y el gobierno mexicano no ha descartado su hipótesis original sobre el paradero de los estudiantes”, relatan.
Destaca que el trabajo del GIEI fue esencial para desmentir la llamada “verdad histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados y arrojados al río de Cocula, para contrarrestar la prisa del gobierno mexicano para cerrar el caso.
El grupo descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles para indagar. Además, consideró que un motivo para explicar la magnitud de los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los estudiantes tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y recomendaron perseguir esta línea de investigación. También reveló evidencia que implica a varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia.
Durante su tiempo en México, el GIEI publicó dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo continuar la investigación, el último fue presentado el 24 de abril de 2016.
En julio de 2016 la CIDH estableció el Mecanismo de Seguimiento para el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con el gobierno mexicano, las familias de los estudiantes y sus representantes.
El organismos de defensa de los derechos humanos reprocha que el gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o perdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener declaraciones.
“El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones en el país”, advierte.
Expone que una de las principales recomendaciones del GIEI fue realizar una investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en un video presentado por el Grupo de Expertos, el entonces jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón de Lucio es observado en el río San Juan, donde las bolsas de plástico que contenían restos quemados fueron descubiertas y donde se identificó un fragmento de hueso de uno de los estudiantes, la única identificación positiva en el caso.
Los registros oficiales del gobierno muestran que las bolsas fueron descubiertas el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, este video muestra a Zerón en el río con bolsas de plástico y uno de los acusados clave quien fue removido de la custodia, el 28 de octubre, un día antes de que las autoridades anunciaran oficialmente el hallazgo de esta evidencia.
“Hasta agosto de 2016, César Chávez, titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación del actuar de los funcionarios en el caso. Antes de que sus resultados fueran oficialmente presentados y compartidos con las familias y abogados de los estudiantes, Chávez dejó repentinamente su cargo en septiembre de 2016. Los medios mexicanos y The New York Times obtuvieron el borrador de la investigación de Chávez que encontró 13 graves irregularidades en las actuaciones realizadas por personal de la PGR, incluido a Tomás Zerón. El entonces Visitador había incluso recomendado una investigación más profunda para determinar si la conducta de ciertos funcionarios podría conllevar sanciones penales. Lejos de ser sancionado, Tomás Zerón salió de la PGR y fue nombrado como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad”, relata.
Expone que la revista Proceso obtuvo una resolución judicial en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, un líder del grupo criminal Guerreros Unidos detenido en octubre de 2014, que describe varias evidencias, incluyendo una libreta que tiene números de contacto para funcionarios del estado, entre ellos el actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch, y esta información no fue compartida con el Grupo de Expertos durante su estancia en México.
“Esta libreta también se hace referencia a una persona identificada con el alias El Uruguayo. Los abogados de las víctimas investigaron este alias y descubrieron que El Uruguayo es Gonzalo Martín Souza Neves, un presunto líder de Guerreros Unidos. Souza fue detenido en julio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los estudiantes, en una operación militar conjunta con la PGR en la que se descubrió que estaba en posesión de grandes sumas de dinero en efectivo y drogas ilegales que supuestamente tenía planes de transportar usando compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros”.
“Esta evidencia es clave porque durante su investigación el GIEI concluyó que un posible motivo para el ataque masivo y sostenido de las autoridades contra los estudiantes en los autobuses fue la intervención involuntaria de los estudiantes en una operación de Guerreros Unidos que usaba autobuses comerciales para traficar la heroína a los Estados Unidos, específicamente Chicago, Illinois, como fue evidenciado en un caso que lleva el Departamento de Justicia de este país (Estados Unidos)”.

Recomienda investigar los vínculos de funcionarios con la delincuencia organizada

El organismo dice que las autoridades mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, y sobre todo debe de respetar los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda.
“Dadas las diferencias significativas en el informe interno final presentado por la Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las autoridades mexicanas deben realizar una nueva investigación interna sobre las autoridades que pudieran haber participado en la obstrucción de la justicia. Además debe indagar sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que ocultaron al GIEI información clave sobre los antecedentes de casos que involucran a grupos criminales con presencia en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades también deben investigar los posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia organizada”.
Dado que se ha descubierto evidencia adicional de la práctica del uso de autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las autoridades mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad de que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su participación no intencional en una operación de narcotráfico, pide.
“Aunque se ha identificado la participación de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques contra los estudiantes, el gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de la Policía Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de los hechos, y tampoco las responsabilidades de otras fuerzas de seguridad de estatal y federal que estuvieron presentes durante los hechos”.

Llama a resolver con seriedad el grave problema con las desapariciones en el país

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos dice que gobierno mexicano aún no ha adoptado suficientes medidas para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como desaparecidas, ni para facilitar la identificación de restos y la localización de fosas.
“El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30 mil casos de desaparición registrados oficialmente en México. La principal obligación del gobierno es evitar que las personas en México sigan desapareciendo a manos de grupos criminales o de funcionarios públicos y, cuando ello pase, buscarlas inmediatamente y con vida e investigar a los responsables.
“Como parte de su trabajo en el caso de Ayotzinapa, el Grupo de Expertos abordó la cuestión más amplia de las desapariciones en México y el GIEI recomendó que el gobierno adoptara un marco legal adecuado para investigar los casos de desapariciones”, menciona.
“El plazo para emitir la ley general de desapariciones en México venció el 6 de enero de 2016. No obstante, la ley sigue atorada en el Senado mexicano y los comentarios sobre el proyecto de dictamen actual enviados por el poder Ejecutivo representan un retroceso a las propuestas de las familias de personas desaparecidas, organizaciones civiles y expertos”, expone.

El gobierno buscaría desprestigiar al mecanismo de la CIDH como hizo con el GIEI, advierten padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que temen que el gobierno federal emprenda una campaña de desprestigio en contra del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como lo hizo contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Puntualizó que los padres no retomarán el diálogo con las autoridades si no les presentan un avance contundente de la investigación del caso, por ejemplo, la detención de los policías federales que estuvieron en los ataques el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala que no han sido imputados ni interrogados al respecto, de lo contrario “no nos sentaremos para que nos escuchen y se repita lo que ya se ha ido diciendo”.
El viernes en conferencia de prensa en la Ciudad de México, la relatora del mecanismo de seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão informaron que el gobierno federal no ha avanzado en el esclarecimiento de líneas de investigación por el caso Ayotzinapa sugeridas desde 2015 por el GIEI.
En su visita de tres días descubrieron que no hay acusaciones formales por la presunta participación de policías municipales de Huitzuco ni por el encubrimiento a manos de dos policías federales, que descubrió y
reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tampoco hay avances para dilucidar la participación del Ejército durante los hechos ni para establecer por qué no protegieron a los normalistas durante el ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014. Del trasiego de drogas de Iguala a Chicago, urgieron priorizar las diligencias y solicitudes de asistencia jurídica al gobierno de Estados Unidos.
Consultado vía telefónica, Felipe de la Cruz dijo que para los comisionados de la CIDH es preocupante que las autoridades federales ignoren las recomendaciones del GIEI, porque eso significa que “están ignorando” a la propia comisión.
Dijo que los padres temen que las autoridades desprestigien al mecanismo de seguimiento como hicieron con el GIEI, y que también les impidan a los comisionados de la CIDH avanzar en la investigación del caso, respetando las líneas que marcó el grupo.
“Casi estamos seguros” de que las autoridades no permitirán que la CIDH resuelva el caso, prueba de ello son las recientes declaraciones del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien afirmó que la teoría de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula es la única válida.
Dijo que la situación se está complicando debido a la falta de respuesta de las autoridades federales, pero los padres continuarán de manera indefinida el plantón que instalaron en la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.

Se plantan padres de los 43 en la PGR y se reúnen autoridades con el mecanismo del caso Ayotzinapa

Mientras padres de los 43 estudiantes desaparecidos hacían un mitin afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), donde instalaron un plantón, en el edificio funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibieron a la relatora para México Esmeralda Arosemena de Troitiño (de Panamá) y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão (de Brasil), en la segunda visita oficial del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa.
Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos montaron cuatro carpas afuera de las instalaciones en la Ciudad de México, donde permanecerán en plantón indefinido para exigir respuestas a sus demandas.
“Llevamos 31 meses en que no tenemos respuesta, en que no tenemos a nuestros hijos, por eso estamos aquí”, expresó Hilda Legideño, madre del joven Jorge Antonio Tizapa.
El representante de los padres de los estudiantes, Melitón Ortega explicó su ausencia en la reunión de seguimiento a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer estos hechos.
Los padres exigieron a las autoridades mexicanas consolidar las líneas de investigación sobre una presunta intervención del Ejército, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y el análisis de la telefonía celular de los normalistas.
Dijo que ya no pueden tolerar que los funcionarios se burlen de su angustia, “no estamos dispuestos a que el gobierno siga engañándonos con el mismo discurso, no estamos para seguir escuchando simulaciones, el último procurador general (de tres que han ocupado el cargo en los 31 meses de investigación) ha dicho que tienen interés, pero vemos que es discurso político”.
Demandó que la PGR fije una posición sobre la declaración del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional -un día antes de la llegada del mecanismo de la CIDH a México- sobre la tesis oficial del basurero de Cocula, para insistir en la veracidad de una versión que descartaron científicamente los expertos.
Consideró una falta de respeto que Zerón de Lucio, estando fuera de la PGR siga haciendo declaraciones sobre Ayotzinapa, y validando una investigación a su cargo donde se evidenciaron graves irregularidades, “es falta de respeto a los padres, y exigimos que la PGR aclare si es su vocero”.
De la reunión en la PGR aclaró que sólo sus representantes legales estuvieron en el encuentro de 2 a 4 de la tarde en el edificio, y al salir informaron que no hay avances en los planteamientos de los padres de familia, que son parte de las recomendaciones del GIEI.
Confirmó que en la noche los padres de familia se reunieron en privado con los funcionarios de la CIDH, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
En un boletín conjunto de la CIDH y de la PGR, se informó que el procurador Raúl Cervantes Andrade dio “un informe detallado sobre las acciones y actualizaciones en materia de investigación y búsqueda, y atención a las recomendaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como en lo que se refiere a la instrumentación de distintos acuerdos que resultaron de una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, celebrada en febrero pasado”.
Señala que estuvieron en el encuentro representantes de los familiares de las víctimas, y el procurador manifestó “disposición a continuar dando seguimiento a todas las líneas de investigación, lo que será el caso hasta agotarlas, a fin de esclarecer todo lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan. En ese sentido subrayó la importancia del papel de la CIDH para tender puentes y fortalecer la interlocución con los padres y familiares de los estudiantes”.

“Se agotan los caminos institucionales”, dice Vidulfo Rosales

El abogado de los padres y madres de lo 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, Vidulfo Rosales Sierra dijo que “se agotan los caminos institucionales” para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
Al término de la reunión en la que también estuvieron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, puntualizó que hay “nulos avances” en las investigaciones del caso, además de que, desde abril del año pasado “no ha habido mayores diligencias”.
Señaló que ante “estas omisiones y dilaciones, la institucionalidad se va a agotando” y advirtió que no les están dejando otro camino que la movilización de los padres “adquiera mayor protagonismo”.
Rosales Sierra confirmó que el plantón frente a la PGR continuará hasta que los abogados sean llamados por funcionarios de la dependencia para reportar avances sobre la consignación y detención de policías de Huitzuco y federales, el inicio de líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de mil teléfonos celulares.
Dijo, la actitud de omisiones y dilaciones en la investigación “está acotando el papel de la coadyuvancia a revisar el expediente y recibir las notificaciones correspondientes”.
Aseguró que durante el encuentro de este jueves ninguna autoridad pudo dar alguna “explicación jurídica o política” del retraso en las actuaciones.
Peor aún, el procurador Raúl Cervantes se mostró “ambiguo” ante la exigencia de fijar una postura pública de reconocimiento a las conclusiones del GIEI, de que hay líneas de investigación abiertas y que “ningún funcionario de la República puede salir a hablar de verdades establecidas”, ante la posición del gobierno mexicano que llevó el subsecretario Roberto Campa a la CIDH, de reconocer como válida la “verdad histórica”.
Vidulfo Rosales lamentó que el titular de la PGR se haya resistido a pronunciarse en torno a las declaraciones de Tomás Zerón, quien insistió en avalar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y señalar que “la investigación va a seguir exactamente igual”.
Cervantes Andrade se limitó a decir que “no puede coartar la derecho libertad de expresión”, según dijo Rosales, quien consideró que los dichos de Zerón no reflejan más que “se trata de una posición de Estado” y que el exfuncionario de la PGR está confiado en que no será castigado por las irregularidades cometidas en el caso.

Padres en Plantón

Al tenso panorama entre padres y madres de los 43 y las autoridades federales, se suma la intención del gobierno de Miguel Ángel Mancera para que desalojen el plantón instalado sobre la lateral del Paseo de la Reforma, justo a las puertas de la PGR.
Antes del mitin Melitón Ortega informó que, conforme a los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular, activistas y organizaciones se concentraron en el antimonumento de los 43 instalado en el Paseo de Reforma para marchar a la PGR.
Señaló que la participación fue nutrida con representaciones de 20 organizaciones sociales y sindicales, organizados por turnos para tener presencia las 24 hora del día.
Funcionarios de la Dirección de Gobierno de la Ciudad de México expusieron a Vidulfo Rosales la indicación de trasladar la movilización de los padres al camellón que está frente a la dependencia federal “para no obstruir el tránsito”, lo que fue rechazado por el abogado.
Ante los medios de comunicación, el abogado emplazó al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera a demostrar que su gobierno “no responde a los intereses del gobierno federal”, que pretende imponer la “verdad histórica” y “echar por tierra” las conclusiones del GIEI.
De no solidarizarse con los padres e insistir en el desalojo, dijo, “interpretaremos que el gobierno de Mancera se une a las voces del gobierno en contra de los padres de familia”.
“No es posible que todas las autoridades estén cerrando las puertas y les den las espalda a los padres de familia, si quieren venir a desalojar, ellos sabrán lo que hacen”, expuso.
Insistió: “creemos que la protesta es legítima, hay 43 estudiantes que hoy en día no sabemos dónde están, en un hecho que ha conmocionado al país, abrió grietas, abrió dolores que hoy permanecen abiertos y toda autoridad tiene la obligación para que esto se sepa, para que la verdad y la justicia lleguen a los padres”.
Las movilizaciones por el caso de los 43 desaparecidos continuará mañana viernes con un volanteo en el área cercana al plantón. Para el sábado habrá actividades artísticas y el domingo los padres volverán a tomar las calles para marchar del Ángel de la Independencia al antimonumento a los 43.
El lunes 24 los familiares de los desaparecidos y organizaciones que los apoyan participarán en un plantón en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó a Tomás Zerón de cargos penales.
El martes siguiente llevarán las protestas a la Secretaría de Gobernación y el miércoles 26 tomarán las calles de Reforma para marchar a los 31 meses de desaparición de los estudiantes.

La PGR y la Segob han buscado a los padres de los 43 tras la ruptura en la CIDH, dice Vidulfo Rosales

 

Tras la ruptura en la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado sostuvo la tesis oficial del basurero de Cocula como la más sólida de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) han intentado acercarse a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, reveló el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Aclaró que antes de la visita de los comisionados de la CIDH que forman el mecanismo especial del seguimiento de la investigación, del 19 al 22 de abril, será difícil cualquier diálogo con las autoridades.
Sin embargo añadió que mediante la coadyuvancia de los representantes legales están al tanto de cualquier avance en la investigación, y no han recibido ninguna información que indique un adelanto para esclarecer los hechos o determinar el paradero de los normalistas.
Precisó que los abogados en el momento en que lo consideren pueden consultar el expediente en la PGR, y si hay adelantos significativos las autoridades están obligadas a informar antes que a nadie a las víctimas.
Recordó que la última posición de las autoridades, es que todas las líneas de investigación están abiertas, después de que se interpeló la posición en favor de la llamada “verdad histórica”.
De la tesis aseguró que sólo seis personas de 180 en prisión están relacionadas con el basurero de Cocula, el resto fueron detenidos por portación de armas, por pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, por obtener dinero de manera ilícita, por acción y omisión en la responsabilidad y la desaparición forzada de los estudiantes.
De esos seis la mayoría denunció que fue coaccionado para incriminarse mediante tortura, y dos casos fueron debidamente comprobados mediante la aplicación del protocolo de Estambul.
De la visita de los comisionados, indicó que Esmeralda Arosamena de Troitiño llega con otro comisionado y los integrantes del equipo técnico operativo, que se quedarán más tiempo en el país.
En la visita 19 al 22 al país adelantó que habrá actividades públicas, en la que están planteando una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En otro tema opinó sobre los ataques a los periodistas, tema de las reuniones con los padres de familia.
Consideró que la violencia generalizada en el país vuelve turbio el ambiente, genera resquebrajamiento del tejido social, desestabilidad en los ciudadanos que se acostumbran a la muerte reseñada en los diarios todos los días, como a una estadística.
En este mar de violencia e impunidad, se vuelven vulnerables principalmente aquellas personas que promueven o ejercen un derecho y luchan por un cambio en un país.
“Preocupa a los padres esta situación, porque los que salen perdiendo en este clima de violencia al que nos acostumbra el régimen son los defensores y los periodistas, y la muerte de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada es un ataque directo a la libertad de expresión, un ataque artero”.
Mencionó que para que un Estado democrático funcione debe dar garantías a todos los periodistas para ejercer sus derechos, a los defensores, a los que luchan.
Sin embargo señaló que los funcionarios lo pierden de vista y en reuniones ha escuchado expresiones, incluso del secretario de Gobernación, de que no pueden poner policías a cada defensor, porque somos millones los ciudadanos en el país, y reflejan la insensibilidad, falta de visión y de compromiso con los derechos humanos.