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Los padres de los 43 se están cansando de que la PGR sólo dé largas a la destitución de Tomás Zerón, dice el vocero

 

“Los padres nos estamos cansando de que nos den largas” sobre la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal, de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, pese a la obstrucción, manipulación de pruebas y las denuncias de tortura evidenciada en la primera fase de la investigación a cargo funcionario federal, dijo el vocero de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega.
Denunció también que la PGR ahora quiere confundirlos con los resultados del nuevo análisis de la telefonía de siete celulares de estudiantes desaparecidos que siguieron activos horas y días después de su desaparición forzada, el 27 de septiembre de 2014. Incluso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe –antes de ser separado de la investigación–, señaló que en algunos teléfonos se cambiaron los chips y siguieron utilizándose.
“Como no hay expertos internacionales, quieren desviar (la búsqueda)… de una manera confusa dicen que no vamos a encontrar (en los registros de la empresas de telefonía) la información que necesitamos, que no hay una garantía de que se pueda obtener más informaciones (sobre el paradero de los alumnos desaparecidos)”, dijo.
En este escenario, señaló que las autoridades van a mantener su postura sobre la versión del basurero de Cocula, a pesar de que está comprobado que la tesis oficial es imposible, pero fue “cuadrada” mediante declaraciones de inculpados, obtenidas bajo tortura. Además, de la última declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el viernes en Acapulco, de que el GIEI descartó la versión de Cocula, pero “no dejaron una sola vía diferente”, sobre el posible destino de los estudiantes, como una forma de minimizar la investigación de los expertos internacionales.
Melitón Ortega aseguró que no van a permitir que la PGR siga el caso sin observación externa, “estaríamos pensando en (allegarnos)expertos de telefónica, porque nos están ocultando información”.
Recordó este mes debe llegar al país el equipo técnico de acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que va a seguir el curso de la investigación en México.
Ratificó que los padres no van a dejar que el caso quede impune, que lo que pasó el 26 y 27 de septiembre en Iguala fue un crimen de Estado.
“Ahí están las líneas, los militares, elementos policiacos, estamos señalando a todos los responsables, son los asesinos, los que desaparecen a los estudiantes, el Ejército recoge toda la evidencia, toda la información, no puede salir a decir que no tiene nada que ver con la investigación y lo vamos a seguir señalando”, dijo sobre el control que asumieron los soldados del Centro de Control, Comunicación y Comando C-4, la noche de los hechos violentos en Iguala.
De los informes del GIEI, destacó que hay mucha información de las graves irregularidades que cometió y dirigió Zerón de Lucio, y después de tantas reuniones con la procuradora, Arely Gómez, advirtió que “los padres nos estamos cansando”.
Adelantó que en la próxima reunión de seguimiento con la PGR, el jueves 18 de agosto, los padres van a insistir en la separación del cargo de Zerón de Lucio, no puede permanecer ahí, a la llegada del nuevo grupo técnico de seguimiento internacional, como una medida de evitar más obstáculos a su labor. Sin embargo, reconoció que la procuradora no lo quiere remover porque sería reconocer su responsabilidad en la manipulación, siembra de evidencia, la tortura de detenidos para cuadrar esa hipótesis de la verdad histórica.
Recordó que la procuradora les dio varios plazos para responder a esta exigencia, “le ha venido dando largas”, en abril les ofrecieron una respuesta el primero de junio, “llegamos a la reunión de junio, y dijo que seguían la investigación, que era una decisión que se iba a tomar”.
Así también con el secretario de Gobernación, les ofreció hablar del tema con la procuradora, y al final, dejó todo en manos del subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Roberto Campa Cifrián.
Por otro lado informó que hoy, padres de familia, acompañarán a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en una conferencia de prensa en la Sección Novena, en la Cuidad de México.

En el caso Ayotzinapa hay un manejo institucional para encubrir al Ejército, señalan periodistas

En el caso Ayotzinapa hay un manejo institucional para eludir las investigaciones y ocultar la responsabilidad de las fuerzas armadas y del gobierno, afirman los periodistas Francisco Cruz y Miguel Ángel Alvarado y Félix Santana Ángeles en el libro La Guerra que nos ocultan.
La guerra que nos ocultan es la contrainsurgencia, dicen en entrevista dos de los autores, Francisco Cruz y Miguel Ángel Alvarado, y explican que esta guerra es contra los movimientos sociales y contra quienes se oponen a los planes gubernamentales, y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa han estado siempre en esa posición.
Hacen un recuento histórico, y afirman que desde los años 60 Guerrero es el caso más claro de esta guerra de contrainsurgencia.
Consideran que un aporte de su libro es la investigación de las comunicaciones del teléfono celular del normalista Julio César Mondragón Fontes, que apareció con el rostro desollado la mañana del 27 de septiembre en el Camino del Andariego en Iguala. Revelan que el celular del normalista estuvo activo hasta el 4 de abril de 2015, más de seis meses después de su asesinato, y que en ese tiempo tuvo cuatro comunicaciones de entrada y salida desde el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México y una desde las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación.
Plantean la pregunta de por qué la PGR no investigó el destino y el uso que se le dio al teléfono celular del estudiante que apareció sin rostro. Explican que en el expediente está la información que entregó Telcel a la PGR, con las listas de las comunicaciones, donde aparecen los números telefónicos que se comunican, la fecha y hora, y las coordenadas donde se ubican.
La información está en el expediente, las pruebas están ahí, pero no se investigaron para acercarse a la verdad de lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014, señalan.
Explican que con los datos que obtuvieron pudieron documentar que tiene sustento la expresión “fue el Estado” el autor de los crímenes de Iguala, frase que adquirió fuerza en las manifestaciones multitudinarias después del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Las deficiencias en la investigación son evidentes en el asesinato de Julio César Mondragón. No se ha investigado quién lo torturó, le quitó la piel del rostro y lo asesinó, y en cambio, desde un principio la Fiscalía General de Guerrero y recientemente la CNDH han buscado evitar que se investigue, y para eludir una investigación real manejan la versión de que la fauna callejera de Iguala le quitó la cara.
Con documentos que forman parte del expediente, los periodistas demuestran que el estudiante fue desollado por “manos expertas”, y en fotografías del cadáver que los autores del libro obtuvieron se ve el corte en forma de gota hecho con bisturí, no por animales.
El libro se centró en Julio César Mondragón. Miguel Ángel Alvarado explica:
–La primera foto que vi de la noche de 26 y madrugada del 27 fue la de Julio César, desollado, circuló en redes sociales, una foto que yo supongo que fue tomada por el perito Vicente Díaz, de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, ahora Fiscalía, no se sabía a quién pertenecía ese cuerpo desollado, aunque se había publicado que había 57 desaparecidos y tres muertos. Cuando me entero que esa foto es de Julio César y que es de Tenancingo me da mucha vergüenza como reportero no poder hacer algo.
“Cuando llegué a Guerrero me encontré que ya estaba la gran prensa, que se enfocaban más a los 43 estudiantes desaparecidos, yo enfoqué al chico que vivía a un lado de la ciudad donde vivo, Tenancingo, está a meda hora de Toluca, y que representa la represión que el gobierno mexicano ejerce sobre estudiantes y sobre toda la población.
“ Creo que el caso de Julio César fue desde el primer minuto dejado de lado, y esa foto en redes sociales fue sólo el epílogo del mensaje de esa noche: esto les pasa, mensaje para todos los que piensen diferente al gobierno”.
“Decidimos que era Julio nuestro personaje central por la saña con la que lo desollaron y lo mataron, aunque la CNDH dice otra cosa, es claro que tiene un manejo parcial para favorecer al gobierno.
“Cuando estudiamos todo lo que había encontramos mucha información que se había dejado de lado. Entonces Julio César se volvió nuestro personaje central y cada vez que avanzamos en este trabajo nos dimos cuenta de que es de las claves para resolver el caso Ayotzinapa”.
Francisco Cruz aclara que el tema del libro no es Julio César, que sí es el personaje central, pero hablan de la historia de Guerrero y de las riquezas naturales del estado, que explican la represión al movimiento normalista de Ayotzinapa.
“Encontramos que en este país hay un proceso de descomposición histórica, y Guerrero es el ejemplo más claro. Eso explica lo que pasó en Ayotzinapa. Guerrero es el estado más pobre y es uno de los estados más ricos, está sembrado en oro. El mapa de la Secretaría de Economía muestra donde está el titanio, el uranio y el oro.
“En la investigación encontramos que el crimen organizado trabaja con las mineras, les sirve para desalojar a los pueblos, sí es cierto que las extorsionan, pero es más el pacto que la extorsión, y que los narcos son los que controlan parte de los negocios alternos de la minería, como el transporte,
“Ayotzinapa se estaba convirtiendo en un peligro para el gobierno mexicano, y en la investigación vamos encontrado, y eso le va dando sentido a la represión brutal a los estudiantes, a la desaparición de los 43, a la saña contra Julio César Mondragón”.
Y señalan que los ataques continuaron después de su muerte, cuando la PGR lo quería involucrar con el narcotráfico”, y después aparecen versiones de que se alejó corriendo, cundo fue al revés, se regresó para ayudar a sus compañeros”.
En su trabajo periodístico, los autores de La guerra que nos ocultan descubren la participación del Ejército en los hechos de Iguala, que la PGR ha negado y sólo reconoce la intervención de sicarios de la delincuencia organizada y de policías municipales.
“Nos hacen creer que fue la delincuencia organizada, ¿fue la delincuencia organizada?, sí, pero sólo una parte, pero hay más un uso político de ésta para quitar la carga a las fuerzas armadas.
“Ejército sí estuvo, documentamos que controló el C4 con nombres y apellidos, con declaraciones de ellos, lo dice un soldado, y lo dice el coronel del 27 Batallón de Infantería, el toluqueño José Ángel Rodríguez Pérez”.
Además, “los militares patrullaron en lo oscuro, eso está documentado con sus declaraciones”, dice Francisco Cruz.
Con la información contenida en el libro se demuestra que hay una “conspiración para proteger a militares”.
“Logramos abrir la gran conspiración del gobierno para ocultar la verdad, la abrimos con el expediente mismo de la PGR, lo que decimos y lo que descubrimos está avalado por los documentos oficiales, no tenemos que interpretar nada, sólo publicar lo que está en los expedientes de la PGR”, dice el periodista. (Maribel Gutiérrez)

Señales del celular del estudiante desollado en Iguala, en el Campo Militar Uno y el Cisen

La pista que dejó Julio César Mondragón Fontes, el estudiante de la Normal de Ayotzinapa que fue asesinado y apareció con el rostro desollado el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, lleva al Campo Militar Número Uno, y pone en evidencia la intervención del Ejército en los crímenes contra los normalistas rurales de Guerrero.
En el libro La guerra que nos ocultan, los periodistas Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Ángel Alvarado, siguen el camino de Julio César Mondragón, las actividades que realizó el 26 de septiembre de 2014, las comunicaciones que tuvo por su teléfono celular, del hallazgo de su cuerpo la mañana del 27 de septiembre del que avisó un militar.
Después siguieron el rastro de las señales de su teléfono celular, y encontraron que el aparato continuó funcionando, y que el 17 de octubre de 2014 recibió una llamada desde las instalaciones del Cisen en la Ciudad de México, (el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de la Secretaría de Gobernación) y el 23, 25, 27 de octubre y el 1º de diciembre de 2014 recibió llamadas desde el Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México.
En el capítulo XIV, “Tras los rastros de Julio César en el Territorio Telcel”, se descubren las comunicaciones de entrada y salida del número del normalista asesinado y desollado el 26 de septiembre de 2014, y la ubicación del lugar de las llamadas, en coordenadas de las que informa Telcel, y los autores del libro analizan y describen lo que hay en esos sitios.
“El celular robado del joven normalista Julio César Mondragón Fontes registró cuatro mensajes de dos vías, provenientes del Campo Militar 1A, en Lomas de Sotelo en la Ciudad de México, y su colindancia con el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, meses después de que alguien lo robara al terminar de torturarlo, desollarlo y matarlo la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el Camino del Andariego en Iguala.
“También hubo otros mensajes al mismo equipo desde las inmediaciones del Cisen en la Ciudad de México, a 50 metros de la puerta localizada entre las calles de Nogales y Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia La Concepción, delegación Magdalena Contreras.
Anotados en un documento confidencial que la empresa Telcel entregó a la PGR el 31 de agosto de 2015, esas llamadas forman parte de las 31 actividades que registró ese teléfono, un LG L9 con el número 7471493586, desde el 27 de septiembre de 2014 hasta el 4 de abril de 2015.
Julio César llevaba consigo su teléfono durante sus actividades del 26 de septiembre, y no apareció entre los objetos localizados con su cuerpo ya muerto. Los autores del libro plantean que los asesinos, probablemente militares, se quedaron con el aparato y lo usaron hasta el 4 de abril de 2015, como lo indica la información proporcionada por la empresa de telefonía Telcel, que consta en el expediente de la PGR, y revelan, con datos oficiales, que lo usaron para hacer espionaje y tratar de descubrir los contactos de Julio César.
Antes de que la PGR pidiera a Telcel la lista de comunicaciones hechas por ese celular, antes y después de los hechos de Iguala, alguien –que se supone que son los militares que tuvieron en sus manos el aparato después del asesinato de Julio César– ya lo había hecho. “Desde las sombras alguien se había adelantado e intentaba conocer todo lo que había hecho Julio César y, según se desprende de la sábana de llamadas, conocer a las personas con las que tuvo sus últimos contactos . En otras palabras, esa persona hacía espionaje con el celular robado a Julio César”, dicen los periodistas en el último capítulo de su libro.
Sostienen que Julio César es una de las claves para explicar la represión a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “porque las coordenadas que generaron las actividades después del 30 de septiembre de 2014, condujeron a un viaje sin desvíos hacia las entrañas de uno de los campos militares más importantes del país, en la Ciudad de México”, dicen al final del capítulo XIII del libro editado por Planeta y que aparecerá en las librerías de la Ciudad de México el 11 de agosto y en el resto del país el 20, y en Argentina y España se anuncia para el 18.
Julio César Mondragón Fontes fue señalado en declaraciones de sicarios que recogió la PRG como “líder de Los Rojos”, y con esta calumnia el gobierno pretendió encubrir la acción represiva que encabezó el Ejército en una disputa entre organizaciones de la delincuencia dedicada al narcotráfico, los Guerreros Unidos que controlaban la plaza de Iguala y Los Rojos que querían entrar a disputarla. Con eso pretendieron justificar la saña contra Julio César. En el libro los autores dicen que “Los estudiantes nunca estuvieron entre una batalla de narcotraficantes y menos pertenecían a algún grupo. Ellos eran el blanco”.
El estudiante que fue torturado antes de desollado, como todos los de nuevo ingreso, tenía sólo un mes en Ayotzinapa, pero antes había estado en la Normal Rural de Tenería en Tenancigo, Estado de México, y en la de Tiripetío en Michoacán. Había salido de esas escuelas no por mal alumno, sino porque estaba en desacuerdo con algunas prácticas. Había dicho a su tío Cuitláhuac: “Yo quiero ir a Ayotzinapa porque quiero hacer historia en el normalismo rural. Hay cosas que no están bien y sólo nosotros podemos cambiarlas”. Es parte del perfil de Julio César que los periodistas investigaron, y que muestra que nada más lejos de la pertenencia a un cártel del narcotráfico.
Parte de las investigaciones que los periodistas realizaron durante 22 meses se dedica a la forma como el normalista fue desollado, que indica el uso de una técnica quirúrgica, que se observa en las fotos del cadáver, y sostienen que no queda duda de que fue desollado, para dejar un mensaje de terror. Las evidencias desmienten las conclusiones de la CNDH, de que el rostro de Julio César fue devorado por la fauna callejera de Iguala.
“Ya golpeado, pero aún vivo, los verdugos de Julio César le hicieron un corte debajo del pecho en forma de gota que arrancó la piel, dejando al descubierto músculos y huesos. Quienes lo hicieron partieron de ahí y con salvaje cuidado fueron cortando hacia arriba mientras diseccionaban, separaban la carne del cuello y llegaban a la mandíbula rota, las orejas machacadas y la nariz desintegrada”, dicen en el capítulo I, “Julio César: crónica de un suplicio”.
“El desollamiento de Julio César lo hicieron manos expertas. Y el mensaje mantuvo una línea feroz y categórica para construir miedos. El arma de tortura siguió destazando y al llegar a la frente, donde el pelo le nacía al estudiante, una puñalada que afectó casi 13 centímetros, con toda la fuerza, terminó el despellejamiento . Luego lo movieron, tirado en ese piso de tierra del Camino del Andariego en Iguala; era entre la una y las dos de la mañana del 27 de septiembre de 2014. No fue arrastrado ni siquiera un metro, pero su corazón había dejado de latir. En shock por el dolor desde el principio, Julio César Mondragón Fontes terminó de morirse”, escriben los periodistas, con base en los documentos y fotografías que constan en el expediente, y especialmente en un estudio elaborado por el médico forense Ricardo Loewe, enviado al equipo legal de la familia del normalista en agosto de 2015.

La contrainsurgencia y las mineras

Los crímenes del 26 y 27 deseptiembre contra los estudiantes de Ayotzinapa, que dejó tres jóvenes muertos y 43 desaparecidos, son una acción de contrainsurgencia, afirman los autores. Con la represión desatada en Iguala, que fue conducida por el Ejército, el Estado buscó dar un golpe de muerte a la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En el capítulo XII “Estado de sitio, la cadena de mando”, los autores exponen que militares dirigieron las operaciones contra los normalistas. “En Iguala, los militares sustituyeron a los civiles del C4 e informaron en tiempo real a la Sedena, que está informada de lo que pasa en México mejor que el propio Presidente. Al salir a patrullar, una tropa siempre tiene una Orden de Fatiga, que detalla todo lo que hará y llevará en la misión, por intrascendente que sea.
“El Ejército siempre negará cualquier participación en los sucesos de Iguala. Sin embargo, fueron soldados quienes monitorearon desde el C4 la llegada de los jóvenes a la ciudad y uno de ellos, el sargento segundo de Infantería, Felipe González Cano, se encargó de reportar al coronel José Rodríguez Pérez —un toluqueño de 67 años de edad que apenas aguantó un año y medio en esa plaza—, responsable directo del 27 Batallón de Infantería, las actividades que desencadenaron un operativo que la milicia conoce como ‘Yunque y Martillo’ y que envolvió a los estudiantes de Ayotzinapa”. Los autores explican que un grupo de encapuchados vestidos de negro “envolvieron a los estudiantes hasta desaparecerlos; fue un operativo bien coordinado a través de una maniobra realizada desde las sombras mientras se apagaba la mayoría de las cámaras que operaba el C4 de la histórica ciudad de Iguala”.
Y concluyen que “hubo una conspiración para desaparecer a los estudiantes. Y no sólo intervinieron pandilleros y policías. Los verdugos hicieron maniobras diferentes y extrañas a las que ‘normalmente’ hacen los sicarios al servicio del crimen organizado o los policías”.
La Normal de Ayotzinapa se ha movilizado en defensa de la educación pública y de la propia Normal permanentemente bajo amenaza de desaparecerla, y que fue siempre un referente de apoyo para otros movimientos sociales de Guerrero, en defensa de los derechos humanos y de la justicia, de las tierras, los recursos naturales, como los minerales explotados por grandes empresas mineras extranjeras.
En el libro los autores dan especial atención a los grandes intereses económicos de las mineras, que definen como un negocio más lucrativo que el narcotráfico. Exponen que el gobierno busca garantizar el camino sin obstáculos para esos grandes negocios, y se encarga de quitarlos mediante la represión a los movimientos sociales que se les oponen y defienden las tierras y el agua.
En su investigación, Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado hablan de los intereses económicos de las mineras en la historia del país, de las concesiones otorgadas desde el siglo pasado por los gobiernos del PRI y después también por los del PAN.
Con base en informes de la Secretaría de Economía, exponen que Guerrero contiene en su tierra oro, y forma parte de una franja del país que también produce cobre, plata, molibdeno y plomo, y que en Guerrero hay titanio y uranio.
“El gobierno sabía desde 1958 que las localidades costeras, vírgenes además, de El Cayacal, donde está la misteriosa Mina 95, reportada escuetamente por el Anuario Geográfico y Estadístico de Guerrero 2014, y El Calvario, en Petatlán, también Guerrero, tienen grandes yacimientos de titanio. Y es que una angosta pero riquísima extensión de titanio atraviesa Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y por supuesto Guerrero.
“Esa franja, donde ya operan algunas empresas, como la canadiense Blackfire Exploration, entregará la mayor riqueza por sus aplicaciones prácticas. Así, se aprovecha la búsqueda de oro para ubicar al mismo tiempo al titanio, ‘el mineral del futuro’, como lo llaman y cuyo costo es de unos 25 dólares por kilogramo en los mercados internacionales”. El titanio es el metal estratégico para la industria de la telefonía celular, y también para la armamentista, aeronáutica, naval, ingeniería nuclear y para el equipamiento de alta tecnología.

Se reúnen padres de los 43 y la procuradora; insisten en la salida de Tomás Zerón de la AIC


Una vez más la procuradora general de la República, Arely Gómez González sólo reiteró a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que en la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, se trabaja con “exhaustividad y profesionalismo”.
La reunión entre ambas partes se llevó a cabo un día después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que la causa de la muerte del normalistas de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes, una de las víctimas de Iguala, se debió a la multiplicidad de golpes que recibió de policías y criminales, y de que perros y roedores fueron los responsables del desprendimiento de la piel de su rostro.
En la reunión los padres demandaron que se mantenga presos a los policías que atacaron a Julio César Mondragón y sostuvieron sus anteriores demandas: que se dé seguimiento al libro blanco elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la destitución de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a quien señalan de sembrar pruebas en el basurero de Cocula.
En un comunicado la PGR señaló que en la reunión en la sede central de la dependencia, la procuradora refrendó ante los familiares de los jóvenes normalistas el compromiso indeclinable de la institución de esclarecer el caso.
Durante el encuentro se expusieron los avances en las distintas líneas de investigación y se informó sobre las acciones de búsqueda que se realizan, contando para ello con instrumentos tecnológicos de punta.
Según la PGR, en un “ejercicio de plena transparencia” se dio cuenta de los últimos avances en la investigación, como las diligencias practicadas a raíz de las últimas detenciones de personas relacionadas con el caso, análisis exhaustivo en materia de telefonía y trabajos periciales en curso.
Además, Arely Gómez escuchó con atención los diversos planteamientos de los familiares en relación con el desarrollo de las indagatorias y enfatizó en su disposición para seguir trabajando de manera cercana y conjunta, tanto en los mecanismos de búsqueda como en los demás aspectos de la indagatoria, dice.
En la reunión estuvieron el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres; Alfredo Higuera Bernal titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, así como Luis Grijalva Torrero, responsable del Órgano Interno de Control.
Ninguno de ellos dio respuesta a los planteamientos de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes nuevamente solicitaron la destitución de Zerón de Lucio como uno de “los planteamientos irrenunciables” ya que en opinión del abogado Vidulfo Rosales, el Mecanismo Especial de Seguimiento a Víctimas no dará resultados.
Así, temen que una vez más la PGR cambie las investigaciones y recomendaciones que adelantó el GIEI.
Desde el 25 de abril cuando los padres exigieron por primera vez la destitución de Zerón de Lucio, éste suspendió sus apariciones públicas.
Luego del encuentro con la titular de la PGR, los padres de familia se dirigieron a la sede de la Cancillería, donde quitaron su plantón iniciado hace seis días, luego de agradecer el apoyo de artistas y ciudadanos, quienes se solidarizaron con el movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Acuerda la asamblea de Ayotzinapa apoyar a los maestros contra la reforma educativa

Apoyar hasta el final el movimiento magisterial para la derogación de la reforma educativa y exigir la renuncia inmediata del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, son las acciones aprobadas en la Asamblea Nacional Popular (ANP) de Ayotzinapa para la próxima acción global de lucha en la Ciudad de México, el próximo domingo 26 de junio.
El vocero de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Melitón Ortega, informó de la discusión y acuerdos de la sesión de la asamblea que se hizo el sábado como cada mes en la Normal Rural de Ayotzinapa donde participaron 17 organizaciones y alrededor de 60 personas.
El vocero dijo que la ANP reprobó las detenciones de los dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca, y la de hace dos días del líder de Unidad Cívica en Querétaro, Felipe Carrillo, y demandó libertad de los detenidos.
Explicó que el acuerdo en general es que la ANP respaldará la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que van a mantener el apoyo solidario a todos los maestros que están siendo objeto de hostigamiento y represión.
Dijo que la actividad próxima son las dos caravanas que hicieron los padres en la Costa y la Montaña, para llegar al 26 de septiembre con la ANP más fortalecida y emprender acciones en distintas ciudades del estado.
Y el próximo 26 de junio a la 1 de la tarde habrá una marcha que comenzará en el antimonumento de los 43 en Bucareli esquina con Paseo de Reforma, en la Ciudad de México, rumbo a la sede de la PGR para seguir exigiendo separación del cargo de Tomás Zerón de Lucio.
Agregó que se llamó a todas las organizaciones y ciudadanos a concentrarse en el lugar conocido como la esquina de la información, para que nadie se olvide que faltan 43 normalistas
El vocero dijo que la ANP reprobó las detenciones de los dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca, y la de hace dos días del líder de Unidad Cívica en Querétaro, Felipe Carrillo, y demandó libertad de los detenidos.
Abundó que es urgente llamar a la unidad, crear las condiciones para mantener a organizaciones y activistas en la lucha, “porque finalmente el pueblo unido puede lograr muchas cosas, cambiar este régimen, cambiar el estado de cosas que estamos viviendo los mexicanos”.
Sobre la negativa del gobierno estatal y federal a dialogar con la CNTE para discutir la aplicación de la reforma, denunció que insisten en imponer sus leyes con la fuerza pública.
Explicó que ésta no es una reforma educativa sino laboral, que se diseñó sin la participación de los involucrados, el sector magisterial y la sociedad, tampoco protege ni promueve las instituciones, “lo que se ve es que es una reforma que lesiona los derechos para ir dejando la responsabilidad de mantenimiento, servicios y materiales didáctico en los padres”.
Señaló que los maestros tienen derecho y fundamento para estar en contra de la reforma que lesiona sus derechos y los del pueblo, y agregó que “como padres respaldamos la lucha de los maestros de la CNTE a nivel nacional , hasta el final”.
Además reprobó la negativa de los funcionarios estatales y federales, porque los problemas no se resuelven a base de garrote. Como ejemplo señaló que en Oaxaca, Veracruz y Guerrero los maestros están protestando y la respuesta del Estado es el maltrato al pueblo en general, “ya no podemos permitir que sigan así, llamamos al pueblo que salga a defender lo que le corresponde”.
Indicó que a la ANP acudieron representaciones comunitarias de Apango, de Atliaca, Omeapa, del municipio de Tixtla, cinco representaciones de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) del sindicato de telefonistas, y además confió que se incremente la asistencia.

Insisten padres de Ayotzinapa en que el mecanismo de seguimiento funcione hasta esclarecer los crímenes de Iguala

El mecanismo internacional de seguimiento del caso Ayotzinapa no se ha concretado porque el gobierno pretende que su mandato sea de seis meses, y los abogados de los padres han pedido que se extienda hasta que estén esclarecidos los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, informó el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz.
Dijo que están preocupados porque mientras los preacuerdos alcanzados de consenso entre las tres partes involucradas (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y los padres) no se concreten en un convenio, tampoco hay avances.
Aclaró que la postura de los padres de los 43 desaparecidos es que el mecanismo permanezca en México hasta la conclusión del caso, y seis meses son insuficientes.
Agregó que esa es la razón por la que se ha retrasado la conformación, porque no se han puesto de acuerdo en el tiempo de duración, pese a la disposición que expresaron las autoridades en la reunión con la CIDH, subsidiaria del mecanismo, que se celebró hace doce días en Washington.
El abogado de las víctimas, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón declaró después del encuentro que sería inaudito que el mecanismo no terminara de concretarse la siguiente semana, dadas las señales políticas que dio el Estado.
Concluido el plazo, Felipe de la Cruz informó que han encontrado dificultades para conformar el mecanismo.
Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estuvo dos periodos de seis meses y no encontró indicios de los normalistas desaparecidos debido a los obstáculos burocráticos de las autoridades judiciales y en la investigación.
El vocero de los padres insistió en que seis meses no serán suficientes si las autoridades no tienen intención de llegar a la verdad. La posición de los padres es que el nuevo mecanismo, que inicialmente será coordinado por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, se retire cuando termine el proceso de resolución del caso y se conozca la verdad. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

El Estado desaparecía a luchadores sociales y ahora a miles de jóvenes, dice la activista Roberta Campos

Ayer, Roberta Campos Adame, reconocida por acompañar decenas de causas sociales, denunció que antes el Estado desaparecía a los luchadores sociales y ahora desaparece a miles de jóvenes.
En la culminación de las actividades de la semana internacional por el detenido desaparecido en el Zócalo de la capital, la luchadora social lamentó la indolencia de la gente, “no nos duele ver a las madres (de los desaparecidos) recorriendo las calles, los estados, hoy sabemos de fosas que han quedado al descubierto por la gran lucha que tienen los padres y madres de los 43”.
Dijo que los padres de los 43 normalistas han encontrado indiferencia y a veces hasta condena porque los estudiantes de Ayotzinapa se atreven a desafiar al gobierno, a tomar autobuses, a bloquear carreteras, a cerrar tiendas departamentales.
Consideró inhumano que personas justifiquen la represión violenta y convocó a los asistentes a apoyar el movimiento del magisterio, a que den una palabra de aliento a quienes tienen desaparecidos, a quienes son perseguidos por luchar en las calles.
La luchadora social recordó que la llegada de su papá temprano a casa evitó que fuera víctima de desaparición forzada durante el periodo de la guerra sucia.
Narró que el jueves 16 de junio de 1978 iba a ver a Carlos Díaz Frías, alumno de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pero ella no pudo acudir a la cita, agregó que desde ese día no se supo más Carlos Díaz ni del maestro Luis Armando Cabañas.
-“Que crees Luis Armando, Roberta me dejó plantado, acompáñame tú al cine”. Fue lo último que escuchó de él, por medio de su amiga María, quien presenció aquella conversación.
A esa circunstancia atribuyó su compromiso con la lucha social, “por eso no me da miedo acompañar a quienes tienen desaparecidos, a los presos políticos, a los maestros a defender sus derechos en las calles”, dijo con voz alta la ex alumna de la Preparatoria número 9.
La integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los caídos del 60 recordó que “ese día iba a salir con Carlos Díaz Frías al cine Jacarandas, pero llegó mi padre porque él trabajaba en Coyuca y yo ya no pude salir. Me dijo mi amiga María que cuando ella estaba platicando con Carlos, pasó Luis Armando Cabañas y lo invitó al cine. Ese día desaparecieron a Luis Armando y Carlos también”.
En un expediente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) retomado en el informe de la Comisión de la Verdad (Comverdad), se detalla que Díaz Frías fue detenido el 17 de junio en Chilpancingo, “en compañía de otro elemento de ultraizquierda del cual hasta el momento no se ha aclarado su identidad, sin embargo es estudiante del primer año de la escuela de Filosofía y Letras de la UAG y miembro de la Coordinadora de Círculos Marxistas-Leninistas.”
Mientras pasaba un policía frente al evento, recordó que en ese lugar frente a la catedral de la Asunción, el 30 de diciembre de 1960 se colocó la policía para evitar el paso del contingente que iba a apoyar a los estudiantes de la Preparatoria número 9, frente a la alameda central.
“Aquí se ponía toda la policía para que no pudiera llegar la gente a la alameda a apoyar a esa lucha que se gestaba, ahí donde llegó el Ejército y la policía motorizada a asesinar a 20 ciudadanos que nos dieron esta universidad”.

El mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa ya puede visitar México, informan

El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra informó que hay avances con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa, pero queda pendiente la temporalidad del mismo.
Vía telefónica Rosales Sierra dijo que este viernes terminó el diálogo en Washington, pero no les notifican los resultados de los acuerdos ni de la temporalidad, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) propuso que sea de seis meses, lo que rechazaron los padres.
Informó que también se aceptó que el mecanismo de seguimiento haga visitas al país, tres veces “a partir de este momento” hasta octubre.
“Este mecanismo ya se está concretando, sólo hace falta que se concrete el tema del periodo, por parte del gobierno hay una propuesta y por parte de nosotros otra, me parece que se debe de trabajar en esos acercamientos”, informó Vidulfo Rosales. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Mediante un video manipulado, el gobierno intenta vincular con el narco a padres de Ayotzinapa

Por una conversación privada de uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, –difundida en internet, presuntamente por el grupo delictivo Los Rojos– el gobierno federal trata de incriminar a los padres y vincularlos con los narcotraficantes de Guerreros Unidos.
“Primero dijeron que los estudiantes eran de Los Rojos, ahora que yo soy de Guerreros Unidos. No señores, nosotros no somos de la delincuencia organizada, si así fuera, estaríamos con el narco gobierno”, respondió enojado el papá de César Manuel González Hernández, originario de Huamantla, Tlaxcala, en una conferencia de prensa en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En consulta por separado, el abogado indicó que la filtración de la llamada, obtenida mediante una intervención ilegal a sus teléfonos, ocurre en un contexto de descalificaciones muy acentuadas contra estudiantes, defensores, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora directamente contra los padres de los desaparecidos.
“Se aprovechan de esta conversación (que sacaron de contexto) para deslegitimar la lucha por la presentación de los 43 alumnos desaparecidos, para aislarlos de la simpatía que tiene el movimiento a nivel nacional y generar una división interna”.
Sin embargo, subrayó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no podrá quitarse la huella indeleble que constituyen las violaciones a los derechos humanos en el caso Ayotzinapa.
Según la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR), los Guerreros Unidos asesinaron a los alumnos desaparecidos, supuestamente porque entre ellos había 17 de sus rivales infiltrados, Los Rojos, que iban a “calentar la plaza”.
No obstante, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aclaró que los estudiantes no iban armados ni a enfrentarse con narcotraficantes, sino a tomar camiones a Iguala para sus acciones políticas y de protesta.
Sin embargo, el tema volvió a provocar debate en los medios, en el marco de la discusión sobre la continuidad de la asesoría internacional que solicitó el Estado mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antecedida de una campaña para desprestigiar a los integrantes del GIEI, y la difusión de los resultados del cuarto peritaje de fuego en el basurero de Cocula, que implica que la tesis oficial de PGR, de que los desaparecidos fueron quemados hasta las cenizas, sigue vigente, pese a que fue descartada dos veces por peritos independientes.

El video atribuido a Los Rojos

El video lleva por título “para que vean quienes son los verdaderos culeros: Atte, Los Rojos”.
Comienza le diálogo don Mario.
–Pues me amenazaron Los Guerreros Unidos.
–¿Quién?, ¿los Guerreros Unidos?, responde sorprendido Vidulfo Rosales y así sigue la conversación.
–Ajá.
–¿Qué le dijeron?
–Que entreguemos el puto dinero, yo le dije que qué tengo que ver con eso. (le respondieron) tampoco te pongas pendejo hijo de la chingada, ya te dije que le digas a esa mierda y a los otros putos que se juntan con él que le den el dinero que les entreguen el puto dinero o los voy a levantar.
–¿Pero así le dijeron? ¿que le dieran el dinero? ¿así le dijeron?
–Que les repartiera, que les entregara a los padres los 200 mil pesos, que yo también y yo por qué le digo, si he sido el único que ha sido derecho con los padres, me dice nosotros agarramos parejo guey y de una vez te decimos si no entregan ese puto dinero ya valieron.
Don Mario señala que la señora Cristina tiene fotografías de cuando el señor Epifanio recibió el dinero, sin embargo Viduldo aclara en la misma conversación que no se nota en las imágenes si lo que recibe en realidad es dinero.
Luego le pide continuar esta conversación en la Normal de Ayotzinapa, incluso atribuye la llamada a la próxima búsqueda de normalistas que realizarían en Iguala.
Con el video, los medios nacionales desviaron el tema de justicia, por la relación que pudieran tener con Guerreros Unidos con los padres de familia, recriminó el abogado Viduldo Rosales Sierra.
En el video se escucha el audio de la llamada telefónica y se ven las fotografías del papá y el abogado, acompañados con textos resaltados en rojo, que se refieren a una amenaza contra Mario González de un presunto integrante de Guerreros Unidos, para que distribuya entre los familiares 200 mil pesos. El padre de familia deja ver que el dinero lo recibió otro papá, pero se trata de una donación de trabajadores del INAH que motivó un altercado entre los familiares hace meses.
Ayer por la mañana, en la conferencia de prensa el señor Mario González se deslindó de los grupos criminales, y del dinero en cuestión, la señora Cristina Bautista, mamá de Benjamín Ascencio Bautista, explicó que una trabajadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la abordó para preguntarle si les había servido el dinero que les enviaron, unos 200 mil pesos, del cual no habían sido enterados.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, explicó la situación a detalle, en la Ciudad de México, a donde abogados y padres se trasladaron para reunirse hoy con los integrantes del GIEI.
Indicó que la conversación ocurrió el 3 de marzo, en medio de un conflicto interno de los padres, por un supuesto dinero que los secretarios del comité habrían recibido del INAH , y él (Rosales) recibió la encomienda de buscar la información a través del sindicato del instituto, pero sólo habló con algunos trabajadores que confirmaron la entrega de una despensa.
Mario González le habló por teléfono inmediatamente después de recibir una amenaza mediante mensajes a su celular, de un presunto integrante de Guerreros Unidos, para que distribuyeran el dinero o los iban a matar.
Vidulfo Rosales reveló que en esas fechas también recibió una llamada a su celular para que no fueran a buscar a los normalistas a determinadas colonias de Iguala, “que mejor ni se acercaran porque ahí los iban a matar”.
Había una ambiente tenso, antes de la búsqueda, y en la llamada que se filtró los padres implícitamente hablaron del dinero que se supone habían donado trabajadores del INAH, y del que aún había muchas dudas y no podían adelantar conclusiones, “en modo alguno tiene que ver con Guerreros Unidos”.
Incluso, indicó que el problema de las amenazas se discutió de manera interna con los padres y concluyeron que trataban de llevar a una trampa a los padres de familia, para generar ruido y hacer un vínculo con los Guerreros Unidos.
En cambio, usaron este audio, que se guardó durante un mes para presentarlo en este momento político, cuando se discute la permanencia del GIEI, y el gobierno siente que tomó fuerza la hipótesis de la verdad histórica a partir de la difusión del cuarto peritaje en el basurero de Cocula.
Esto, en un intento de cerrar el caso, y sacar “esa piedra en el zapato que se llama Ayotzinapa”, sin embargo, no son los padres, sino el gobierno quien mantiene una relación con Los Rojos, Guerreros Unidos, y todos los grupos operan abiertamente en las calles, matando y secuestrando, dijo el abogado de los padres.

Paran labores alumnos de la Normal de Ayozinapa; es la primera acción para demandar la permanencia del GIEI

Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa se declararon en paro indefinido para demandar la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hasta que haya resultados contundentes sobre el paradero de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
El secretario general del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, Ernesto Guerrero, informó que el paro es la primera de muchas actividades planeadas para exigir la presentación con vida de sus compañeros, a partir de la confrontación con la Procuraduría General de la República (PGR), por la difusión de las conclusiones preliminares del cuarto peritaje en el basurero de Cocula que pretende llevar al debate la tesis oficial, de que los estudiantes fueron ultimados en ese lugar.
Después de la conferencia de prensa, a las 11 de la mañana, colocaron dos mantas en la dirección de la escuela cerrada y sobre el portón de la entrada principal que indican la suspensión de las actividades académicas.
Antes, maestros y directivos salieron de las instalaciones a petición de los normalistas que ayer, con el paro, se sumaron a la jornada de lucha pacífica por la verdad que convocaron los padres de los desaparecidos.
Las actividades de la Normal Rural no se han restablecido con normalidad desde los ataques de Iguala, cuando fueron desaparecidos de manera forzada por policías municipales 43 estudiantes, y a base de asesorías se reanudaron las actividades académicas y las prácticas en escuelas para evitar que se perdiera el ciclo escolar y las siguientes generaciones.
En conferencia de prensa con los padres de familia, el líder estudiantil declaró que no se puede permitir que el gobierno federal se ensañe con los expertos de la CIDH, a quienes denostó en una campaña de guerra sucia, mediante actores de la derecha.
Además, señaló que la PGR rompió acuerdos básicos con los padres de familia, a quienes iba a informar antes que a la prensa, de cualquier hecho que afectara su bienestar emocional.
“La PGR orilla a llevar esta problemática a las calles”, dijo en referencia al informe que leyó uno de seis peritos de fuego a cargo del ultimo peritaje en el basurero de Cocula. Consideró que a pesar de que las conclusiones son breves y ambiguas, se le dio un uso político para confundir a la sociedad.
Con el paro en la Normal Rural de Ayotzinapa comenzaron las acciones de protesta bajo la consigna de que el GIEI se quede en el país hasta tener un resultado contundente sobre el paradero de los normalistas, que no pueda ser refutado.
Insistió en que la tesis del basurero ya quedó rebasada, y exigió que se sigan las nuevas líneas de investigación que propusieron los expertos en su primer informe en septiembre.
Asimismo, que se autorice que los expertos entrevisten a los militares del 27 Batallón de Infantería que estaban en servicio la noche del 26 de septiembre en Iguala, y que de alguna manera conocieron los hechos, y que ya no haya más obstáculos .
Recriminó también que los diputados federales “del PRI y su chiquillada”, reúnen 56 por ciento de la votación de la Cámara y sostienen una discusión sin sentido al interior del Congreso, cuando se llamó a una votación para pedir al Ejercito que permitiera las entrevistas del GIEI a sus miembros, se rechazó, y se negaron a pedir que los expertos permanezcan en la investigación después de su segundo mandato que concluye el 30 de abril.
Subrayó que padres y estudiantes están unidos en la misma exigencia, sobre los esfuerzos del gobierno federal y de la PGR para dividirlos.