Durante la Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, el sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez reveló que hace 20 años, cuando ocurrieron los hechos, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se encontraba en la zona porque hacía una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
También confirmó que, antes del ataque a los indígenas civiles desarmados y a una columna de milicianos del ERPI que se encontraban en la escuela Caritino Maldonado Pérez y que ya se habían rendido, hubo dos enfrentamientos de miembros del ERPI con el Ejército, que duraron de las 2 de la madrugada a las 6 de la mañana en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo.
Consultado al final de su intervención, el estudiante de la UNAM que sobrevivió a esa masacre, dijo que no se ha confirmado pero que en estos dos enfrentamientos pudo haber militares muertos o heridos, lo que explicaría “el odio” con el que actuaron los soldados en el Charco, donde ya no fue un enfrentamiento sino una masacre de los militares en contra de los indígenas indefensos y los milicianos del ERPI que ya se habían rendido.
En esa masacre del 7 de junio de 1998 murieron nueve civiles y dos miembros del ERPI, además hubo cinco heridos y 22 detenidos.
A casi 20 años de los hechos, el sobreviviente de la masacre, Cortés Chávez declaró durante su intervención en la Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, “vi a unas fuerzas armadas camuflajeadas y con mucho odio”.
Dijo que también lo escuchó en la respuesta del militar que encabezaba las tropas federales, el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, cuando les pidieron que no dispararan, que se rendían, él contestó: “les vamos a dar chilate con pan”, que es una expresión que se usa en la zona cuando se advierte a alguien que se le va a dar un escarmiento.
Las desapariciones y la violencia se han masificado hacia la población para ejercer el control mediante el terror, coinciden
Durante la jornada organizada por el colectivo Revueltas, de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, con motivo del Día del Estudiante, Cortés Chávez, y Janahuy Paredes, hija del desaparecido de Michoacán, Francisco Paredes Ruíz, coincidieron que a diferencia del periodo de la guerra sucia, cuando las desapariciones, la represión y la persecución política se ejercía sólo contra luchadores sociales, ahora las desapariciones y la violencia se ha masificado hacia la población, para ejercer el control mediante el terror y la violencia con fines económicos y el saqueo de los recursos naturales.
En esta jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se exigió la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de universitarios desaparecidos en la llamada guerra sucia, como Carlos Díaz Frías, Carlos Benavides y Victoria Hernández Brito.
Janahuy Paredes, hija de Francisco Paredes, desaparecido en 2007 en Michoacán, narró cómo después de la desaparición de su padre su familia ha sido perseguida, criminalizada y permanentemente hostigada por las policías de los tres órdenes de gobiernos.
Agregó que, a diferencia de lo que se vivió en la llamada guerra sucia de los años setentas y ochentas, ahora la estrategia de represión del gobierno no es solamente contra los luchadores sociales, estudiantes, periodistas o defensores de derechos humanos, sino que las desapariciones forzadas, los asesinatos y la violencia en general se ha masificado en contra de toda la población, principalmente en contra de los jóvenes, como una estrategia de terror sicológico con intereses económicos.
“Se trata de una política de estado con la intención de mantener atemorizada a la población con el objetivo del saqueo de los recursos naturales y el control del territorio”, dijo.
Janahuy Paredes recomendó que la población recurra “a los mecanismos de organización en contra del sistema jurídico-político que no nos garantiza justicia”.
Por su parte, Efrén Cortés dijo que la situación de violencia, las desapariciones forzadas y los asesinatos, no son porque haya un Estado fallido, “sino porque tenemos un Estado delincuencial, que tolera a la delincuencia, y él mismo delinque y recurre a la ilegalidad como una estrategia para generar terror, sobre todo en las zonas donde se genera capital y hay recursos naturales, como madera, agua y minerales.
Dijo que por eso recurre a la desaparición forzada, por un lado, y por otro a la militarización, como una estrategia de terror y para lograr el control político de las zonas en disputa.
Agregó que eso pasó con la masacre de El Charco hace 20 años, cuando el gobierno sabía de la presencia de grupos armados como ERPI y el EPR.
Reveló que, el 8 de junio del 1998, los milicianos del ERPI hacían una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del EPR, e incluso antes de la masacre en El Charco se dieron dos enfrentamientos con el Ejército en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo, de las 2 de la mañana a las 6 de la tarde, cuando pudo haber algunos militares muertos o heridos.
Añadió que, en El Charco ya no fue enfrentamiento, sino un ataque y una masacre a mansalva contra unos 100 civiles indígenas que pernoctaban en la escuela Caritino Maldonado Pérez, entre los que había niños y comisarios de las comunidades cercanas, y una columna del ERPI que ya se había rendido.
Comentó que los militares, encabezados por el general Oropeza Garnica, que había llegado alrededor de las 7 de la mañana, “dijeron que la íbamos a pagar, que a ellos no les importaba, que si estábamos con la guerrilla, teníamos responsabilidad”.
Fue entonces que el general amenazó, “les vamos a dar su chilate con pan”.
Dijo que esa reacción pudo haber sido porque la gente armada “no se dejó”, y que se enfrentó con los soldados en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo, “cuando ya todo mundo estaba rendido empezaron a disparar en contra de la gente que ya estaba en la cancha”.
Denunció que si el Ejército hubiera respetado el derecho a la vida, no hubiera habido tanto muerto civil desarmado, nueve, y sólo dos miembros del ERPI.
Insistió que los militares actuaron así porque la masacre del Charco fue parte de la militarización y la desaparición forzada, pero que ésta última no se dio porque hubo muchos muertos y detenidos, y no pudieron ocultarlos.
Indicó que los hechos se encuentran dentro de la lógica que tiene el gobierno, de la militarización y el terror sicológico para controlar y someter a los pueblos en donde supone que hay peligro y riesgos de insurrección.
Añadió que el gobierno sabía que en Ayutla había grupos guerrilleros, y que por eso envió a 5 mil GAFES que siguieron operando en ese municipio después de la masacre, y no precisamente para decomisar drogas y armas, sino que iban sobre los grupos insurgentes, “el Estado siempre supo que en Ayutla había guerrilleros, pero no estaban por valientes, estaban por la represión sistémica que siempre se ha dado en contra de los pueblos indígenas, era como una necesidad la guerrilla allí”, dijo.
