Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.
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Revisa Tlachinollan el caso del encarcelado por una denuncia del secretario de Gobierno
Beatriz García
Chilpancingo
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan está revisando el expediente del caso de Patricio Margarito Rivera, preso tras acusaciones de invadir un terreno propiedad del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para determinar si retoma el caso, pues antes dos abogados desistieron.
El lunes, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para quejarse de la falta de solución a demandas de sus compañeros.
Ese día, la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo expuso al ombudsman que el abogado que seguía el caso de su padre desistió, pues les dijo que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general. Recordó que, del primer abogado que tuvo su papá se supo que no hizo nada para defenderlo, y Navarrete Magdaleno le propuso que dialogara con Tlachinollan, para ver la posibilidad de que retomaran el caso.
Consultada telefónicamente, Josefina Margarito informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra le dijo que revisarían el caso y que la próxima semana confirmarían si lo retomaban.
Josefina Margarito de 21 años de edad, originaria de Cuapala, municipio de Atlixtac, dejó de ir a la escuela desde el 1 de noviembre, cuando su padre fue detenido sin orden de aprehensión en su domicilio, en la colonia Temixco 2.
Ella era la mayor y la única de sus dos hermanos que estudiaba, iba en séptimo semestre de Ingeniería Civil, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), contó.
Desde la aprehensión de su padre no volvió a la escuela, pues su madre, Guadalupe Rosendo Sonora, y su hermana, Rosa Margarito Rosendo, con quienes vive, hablan poco el español, su lengua materna es el náhuatl. Josefina tuvo que ponerse al frente de la familia y seguir el proceso jurídico de su padre.
Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.
Protestan en las instalaciones de Prospera trabajadores despedidos y organizaciones; lanzan huevos y jitomates
Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, trabajadores despedidos y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, arrojaron huevos y jitomates a las instalaciones de Prospera tras el despido injustificado de siete compañeros, continuaron con la exigencia de la destitución del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia y su equipo de trabajo.
Este martes, los trabajadores despedidos, adheridos a la Dirección Colectiva, que mantenían un plantón desde hace 15 días en las oficinas del programa federal para denunciar el despido injustificado de 27 compañeros, fueron desalojados por policías estatales antimotines.
Ayer, minutos antes de las 10 de la mañana unos 70 integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos los siete trabajadores despedidos que continúan en su lucha, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en 2013 de El Mirador, de la comunidad de San Vicente en la sierra de Chilpancingo y normalistas de Ayotzinapa, bloquearon e hicieron un mitin afuera de la delegación estatal de Prospera.
En el mitin refrendaron su exigencia de la destitución del delegado, junto con el subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio y el jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano, además de la reinstalación en sus trabajos o en otra dependencia.
Después de las 11 de la mañana, a la consigna de “compañeros apunten y disparen”, los manifestantes lanzaron jitomates y huevos a la fachada de las oficinas y a los policías antimotines que la resguardaban, quienes se cubrieron con sus escudos y cascos.
Posteriormente las organizaciones siguieron lanzando consignas.
Visitan normalistas de Ayotzinapa a los despedidos de Prospera; van nueve días de plantón
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudieron al plantón que mantienen nueve trabajadores despedidos en el edificio del programa federal Prospera, para manifestarles su apoyo total.
Ayer se cumplieron nueve días desde que los trabajadores despedidos cerraron las instalaciones.
A la 1 de la tarde los alumnos visitaron a los trabajadores despedidos, ofrecieron su apoyo incondicional, su solidaridad y les externaron que no están solos.
“Que (las autoridades) presenten con vida a nuestros compañeros desaparecidos (los 43 estudiantes de la Normal desparecidos en Iguala en 2014), es por eso que hoy estamos aquí, no para apoyar al gobierno si no para apoyar a compañeros que de verdad lo necesitan, los compañeros despedidos, por las mujeres que han sido acosadas”, dijo un normalista.
Llegó al plantón para observar la manifestación la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lilia Taquillo López. Estuvo un grupo de trabajadores de Prospera pero al saber de la presencia de la visitadora se fueron.
Los trabajadores exigen la reinstalación en sus puestos o en otra dependencia, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado.
Se manifiestan en la capital promotores de Prospera contra el plantón de los despedidos
Promotores del programa federal Prospera se manifestaron frente a las instalaciones que mantienen cerradas trabajadores despedidos e integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, para exigir que se liberen las oficinas, porque dijeron que ha retrasado su trabajo.
Los trabajadores despedidos que ayer cumplieron ocho días en plantón aseguraron que los manifestantes no trabajan en el programa federal.
Ayer ocho promotores se manifestaron la mañana de ayer frente al plantón que mantienen los trabajadores que denunciaron su despido injustificado y que exigen una reunión con la coordinadora nacional del programa federal, Paula Angélica Hernández Olmos.
Los promotores portaron pancartas en las que se leía: “Somos mayoría ¡¡¡exigimos las instalaciones!!!”, “Respetamos su lucha pero respeten nuestro trabajo, liberen las instalaciones”, “El programa necesita atender a las titulares ¡¡exigimos el desalojo de las instalaciones!!” y “Déjenos trabajar mi familia también necesita comer”.
Uno de los promotores, Uriel Reyes Alvarado afirmó que eran ocho compañeros de Guerrero que protestaron porque el cierre de las oficinas provocó que dejaran de aplicar encuestas socioeconómicas a titulares del programa.
Agregó que cuando salen a las calles a realizar las encuestas les pagan un poco más, que entendían la lucha de los trabajadores despedidos, pero querían laborar, y añadió que protestarán durante su horario de trabajo.
En tanto, la trabajadora despedida, Felícitas Martínez Guzmán aseguró que los manifestantes en contra de su plantón, son enviados por el subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio, y que provenían del estado de Hidalgo.
Dijo que su consigna es permanecer en el plantón hasta que tengan una respuesta favorable a sus demandas como la reinstalación de sus puestos o reubicación en otra dependencia, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa federal en el estado, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano y del subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio.
Toman la oficina de Prospera en Chilpancingo la Dirección Colectiva y trabajadores despedidos
Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero desalojaron las oficinas del programa Prospera en la capital, ante el despido injustificado de trabajadores, y exigieron la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
A las 9:30 de la mañana, unos 25 inconformes llegaron a las oficinas con un equipo de sonido y pancartas, y bloquearon la calle Leyes de Reforma.
El 5 de enero, tres trabajadoras del programa federal, Mayra Morales, Felícitas Martínez Guzmán y Roselia Francisco Tranquilino, denunciaron que, pese a que tienen hasta 15 años laborando en Prospera, fueron despedidas por teléfono, injustificadamente.
A las tres compañeras se unieron otros cuatro trabajadores que tienen hasta 18 años laborando, Rubén García García, Arturo de la O Nava, Manuel Vega Hernández y Adolfo León de Jesús, que exigieron respeto a sus derechos laborales. Dijeron que hay otros 24 trabajadores que fueron despedidos, pero que prefieren no denunciar por temor a represalias.
En las pancartas y lonas que portaron y que también pegaron en la fachada del edificio se leía, “Juan Manuel, no quiero tu acoso quiero tu respeto para hombres y mujeres”, “Exigimos nos devuelvan nuestra fuente de trabajo que: Juan Manuel Yáñez Heredia, Axel Fernando Zamudio (subdirector de área operativa) y Crhistopher Herrera Cano (jefe de enlace de fortalecimiento comunitario) nos han quitado el empleo ¡¡¡ya basta!!!, pedimos diálogo con la coordinadora nacional de Prospera, la lic. Paula Angélica Hernández Olmos, es la única con la que tendremos diálogo”.
Reiteradas veces, mediante el aparato de sonido, pidieron el desalojo de los empleados, pero al no tener éxito optaron porque una comisión recorriera los cinco pisos del edificio para exigir la salida, advirtiéndoles que si no lo hacían los dejarían encerrados. Con dos trabajadores hubo confrontaciones verbales, pero finalmente desalojaron el edificio.
Los inconformes señalaron nuevamente el acoso sexual al que sometió Yáñez Heredia a trabajadoras. Además, los acusaron de tráfico de influencias, desvío de recursos, discriminación, nepotismo, de obligar a los trabajadores a hacer proselitismo político a favor del PRI, de tener a amigos y familiares como aviadores, y de inacción ante el secuestro de compañeros.
Alrededor de las 11 de la mañana, al lugar de la manifestación llegó la subdelegada de la Secretaría de Gobernación (Segob) Edith Marel Panchi Giles, para establecer una mesa de diálogo sobre sus demandas.
Finalmente, acordaron una reunión a las 11 de la mañana de hoy, miércoles, donde estarán el delegado y ellas.
Sin embargo decidieron continuar con la toma de las instalaciones, donde pernoctarían, y dependerá de los resultados de la reunión si liberan o no las oficinas de Prospera.
Informaron que durante el transcurso del día hubo motociclistas que circularon en el lugar y les tomaron fotografías o los videograbaron.
Denuncian ante la Codehum hostigamiento a trabajadoras de Prospera despedidas y a médicos
La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para denunciar despidos injustificados de trabajadoras del programa federal Prospera, el hostigamiento a trabajadores que se oponen a la reforma del sistema de salud del país, y el nulo avance en la liberación de Patricio Margarito Rivera, acusado de despojo por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
A las 11 de la mañana, integrantes de las organizaciones que forman parte de la Dirección Colectiva acudieron a la Codehum, donde las trabajadoras de Prospera, Roselia Franco Tranqulino y Mayra Morales contaron que el pasado jueves denunciaron su despido injustificado, por instrucciones del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
En la reunión con el presidente de la Codehum, pidieron que su caso sea remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Denunciaron que fueron despedidas cuando se negaron a ser parte de actos de corrupción, como firmar a nombre de aviadores para avalar que sí trabajan en la delegación. Dijeron que son 29 trabajadores los que fueron despedidos, pero los demás temen denunciar ante la posibilidad de represalias.
A la reunión acudieron también miembros del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud en Guerrero, el médico Hilario Zúñiga y la trabajadora administrativa de la jurisdicción 03 de Chilpancingo, Érika Salgado, quienes denunciaron hostigamiento por participar en el movimiento de los médicos contra la reforma del sistema de salud mexicano.
Érika Salgado manifestó que está siendo hostigada y amenazada por el jefe de la jurisdicción, Saúl Romero Téllez, y el área de Recursos Humanos, por participar en conferencias que impartió un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la universalización de los servicios de salud.
El médico Hilario Zúñiga dijo que también los ha hostigado el jefe jurisdiccional, luego de que el Frente convocó a la marcha del Día del Médico (20 de octubre), y ahora lo acusan de dirigirla.
Ramón Navarrete dijo que buscaría una reunión con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para revisar el caso, y pidió definir una reunión conjunta con otros trabajadores de Salud que están en la misma situación, para que expongan sus casos.
Plantearon el caso de Josefina Margarito Rosendo, hija de Patricio Margarito Rivera, que se unió a la Dirección cuando el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame acusó a su padre de invadir un predio, pese a que existe un contrato de compra-venta.
La joven explicó que su papá lleva ya dos meses recluido en el penal de la capital; y que inicialmente les pidieron una fianza de 124 mil pesos que no pudieron pagar.
Agregó que han intentado exhibir pruebas de la inocencia de su padre en el penal, pero no se las reciben por orden del secretario general Salazar Adame.
Navarrete Magdaleno se comprometió a que abogados de la Codehum se encargarían del acompañamiento, para darle una explicación jurídica clara, y para revisar el expediente que no le han mostrado a la familia.
El ombudsman dijo que también buscará una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y con el juez que lleva el caso, para que el proceso sea transparente y no haya intromisión de terceras personas.
Siguen retenidos sus salarios por orden del gobernador, se queja Nicolás Chávez Adame
El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame informó que siguen retenidos sus pagos de cinco quincenas y su aguinaldo, así como los de su compañero Alfonso Simón Tavira, sin que el gobierno del estado les dé una explicación.
El 23 de diciembre, Simón Tavira y Chávez Adame, junto con compañeros de otras organizaciones agrupadas en la Dirección Colectiva, denunciaron la retención de sus pagos.
En consulta telefónica, el también dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez manifestó que el gobierno no ha liberado sus pagos por orden del gobernador Héctor Astudillo Flores. Dijo que esperarán esta semana antes de actuar jurídicamente, porque además no es la primera vez que les pasa.
El líder social atribuye la retención de los pagos al rompimiento de diálogo que tuvieron con el gobernador el 7 de diciembre, cuando le cuestionaron que en su gabinete estaba filtrada la delincuencia organizada, y le exigieron la destitución del secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero.
En 2007, en el periodo del ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, al dirigente de la APPG le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía y a Simón Tavira le borraron 36 horas de clases de música. Después de un acuerdo, desde 2011 les pagan por honorarios, mientras se resuelve el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.
Retienen pagos a líderes de la Dirección de Organizaciones que rompieron con Astudillo, denuncian
Los integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame y Alfonso Simón Tavira denunciaron que por instrucciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, les retuvieron sus salarios quincenales y aguinaldos.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Normal Margarita Viguri, en compañía de integrantes de la Dirección, denunciaron la retención de sus quincenas y aguinaldos.
Recordaron que en 2007, en el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo, a Chávez Adame le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía, mientras que a Simón Tavira le borraron 36 horas de música. Tras un acuerdo, desde 2011 les comenzaron a pagar por honorarios, mientras se resolvía el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.
El 7 de diciembre, la Dirección Colectiva rompió su diálogo con el gobernador, luego de que Héctor Astudillo Flores se molestó cuando le cuestionaron la infiltración de la delincuencia en su gabinete y le exigieron la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero. Chávez Adame denunció que comenzó a recibir amenazas después del desencuentro con el gobernador.
Recordaron que cuando Astudillo Flores comenzaba su periodo, les retuvieron cinco quincenas y también el aguinaldo, lo que relacionan con el rompimiento del diálogo.
“El gobernador ha estado actuando más con las vísceras que con la inteligencia política para resolver este conflicto”, sostuvo Nicolás Chávez.
“El gobernador vuelve a cometer un error porque está influenciado por los zeferinistas, por un lado, José Luis González de la Vega Otero”, refirió el dirigente.
Ya interpusieron una queja ante la Codehum, dicen
Los dirigentes manifestaron que ya interpusieron su queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), pero que les llama la atención que el ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno, primero dijo que es una cuestión laboral que no compete al organismo, pero que después dijo que sí, pues no fueron notificados de la retención, y además no se ha resuelto el problema de sus plazas.