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Exigen a gobiernos y tribunales que resuelvan conflictos agrarios y ejecuten sentencias

Comisariados de bienes ejidales y comunales de localidades indígenas de cinco núcleos agrarios de las regiones Montaña y Centro, denunciaron que las autoridades agrarias no atiende los conflictos, ni los tribunales unitarios agrarios la ejecución de las sentencias.
En conferencia de prensa los comisariados de bienes ejidales y comunales de Zitlaltepec, Metlatónoc, Miguel Santiago Lorenzo; de Tlanipatla, Eduardo Neri, Cirilo Barrera Alcaraz; de San Juan Bautista Copala, de Atlixtlac, Marco Flores Gerónimo; de Quiahuitlatzala, Xalpatláhuac, Taurino Reyes García; y de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Alejo Carraza Estrada.
Las autoridades comunitarias dijeron que se agruparon para denunciar la opacidad de las autoridades agrarias del gobierno estatal y federal, para coadyuvar en la atención de los conflictos considerados focos rojos en el medio rural, y en la ejecución de las sentencias de los tribunales agrarios en el estado.
En los núcleos agrarios de Zitlaltepec, San Juan Bautista Copala y Tlanipatla, hay sentencias resueltas por los tribunales agrarios con sede en Chilpancingo e Iguala, pero no se han ejecutado las resoluciones judiciales, y al núcleo agrario que obtuvo el dictamen favorable no se le puede entregar material y, jurídicamente, la posesión de la superficie que motivó el conflicto.
El comisariado de bienes ejidales de Zitlaltepec, Miguel Santiago Lorenzo informó que su conflicto agrario tiene 84 años, y el Tribunal Unitario Agrario no lo ha resuelto.
Explicó que el conflicto en el ejido de Zitlaltepec es por límites con el ejido de Buena Vista y anexos, del municipio de San Luis Acatlán; éste sostiene que son 500 hectáreas que están en conflicto y el Tribunal Unitario Agrario resolvió mediante sentencia de 2015.
Miguel Santiago Lorenzo recordó que en noviembre del 2013, cuando Cirino Plácido Valerio fungía como presidente del comisariado ejidal de Buena Vista, sin autorización y con más ejidatarios abrió brecha para delimitar la zona de conflicto, donde robaron ganado, quemaron casas, talaron árboles y ocasionaron daños a las huertas de café, mangos, toronjas y cajeles.
Por lo hechos, fueron denunciados ante el Ministerio Público los ejidatarios de Buena Vista, Bruno Placido Valerio, Cirino Plácido Valerio y Lorenzo Olmedo, entre otros, por los delitos de robo y daños, pero no se ha ejecutado las órdenes de aprehensión.
El Ministerio Público ejerció acción penal contra Buena Vista, y el pago de la reparación del daño con base en el avalúo de bienes muebles en el robo de mil 288 chivos, con un valor de 1 millón 159 mil 200 pesos, y seis cabezas de ganado con un valor de 56 mil pesos, que suman 1 millón 215 mil 200 pesos; y el monto cuantificado de los árboles asciende a 28 millones 121 mil 25 pesos.
El comisariado de bienes ejidales de Tlanipatla, municipio de Eduardo Neri, Cirilo Barrera Alcaraz enfrenta un conflicto agrario por límites con San Miguel Tecuiciapa, de Tepecoacuilco, de una superficie de 569 hectáreas, y la sentencia fue emitida en 2014 por el Tribunal Unitario Agrario, pero no se ha ejecutado.
El comisariado de Colombia de Guadalupe, Alejo Carranza Estrada informó que presenta conflicto desde 2005 con la comunidad de Tilapa, ambas del municipio de Malinaltepec, por una superficie de unas 800 hectáreas.
Por su parte, el comisariado de Quiahuitlatzala, municipio de Xalpatláhuac, Taurino Reyes García dijo que el problema es por un conflicto agrario de límites con la comunidad de Atlamajalcingo del Monte, por 949 hectáreas, hace más de 70 años.
Ante la falta de respuesta de las autoridades agrarias se agruparon los cinco ejidos en conflicto para solicitar una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y magistrados de los tribunales unitarios agrarios de Iguala y Chilpancingo, para que atiendan los conflictos agrarios, alcanzar acuerdos y proponer alternativas.
Además, exigieron que los tribunales agrarios ejecuten las sentencias de los núcleos, y que la FGE ejecute las órdenes de aprehensión contra Cirino y Bruno Placido Valerio.

 

Hay actividades normales en el 99.9% de las escuelas pese a la inseguridad, dice el titular de la SEG

 

El secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, afirmó que el 99.9 por ciento de las escuelas del estado tiene a actividades escolares, pese a la situación de inseguridad que hay en la zonas de Acapulco y Chilapa, principalmente.
En declaraciones a reporteros en el restaurante Toks, del centro de negocios Costera 125, el secretario indicó que el problema de la falta de maestros por jubilación en comunidades serranas de Atoyac y Coyuca de Benítez se ha cubierto, y que son los supervisores o jefes de sectores los que realizan cambios internos de los docentes, lo que genera protestas.
En el caso de las comunidades indígenas de los municipios de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, San Luis Acatlán, Igualapa y Ometepec, dijo que el problema es que no hay maestros egresados de las normales que hablen una de las cuatro lenguas indígenas del estado, y en algunos casos la SEG ha aceptado las propuestas de jóvenes para dar clases, presentadas por las comunidades.
A pesar de haber señalado que se atienden los casos de faltantes, dijo que “tenemos que ir con mayor rapidez” y espera que para agosto el problema esté atendido. Reiteró que las 205 jubilaciones de diciembre pasado han sido atendidas, pero que se dan más jubilaciones todos los días.
El secretario afirmó que los movimientos irregulares que hacen los supervisores se tendrá que sancionar y que se está trabajando para que no se den estos casos, que si se presentan estos cambios, los supervisores o jefes de sector deben de garantizar que llegue otro maestro. Indicó que son una o dos escuelas de las 12 mil 300 que hay en el estado, donde se presentan protestas por parte de padres de familia.
Del conflicto en Costa Chica dijo que se están atendiendo los conflictos y llamó al delegado de los servicios educativos, Mario Rosario Beltrán, a atender los casos.

Hay clases pese a la inseguridad

El secretario afirmó que pese a la situación de inseguridad, el 99.9 por ciento de los centro educativos en el estado tiene clases, y expresó que “el sector educativo no le hace daño a nadie, lo que nosotros pedimos es que nos dejen trabajar en las escuelas, eso es lo único que pedimos a los factores externos”.
En el caso de la zona poniente de Acapulco, dijo que de las 16 escuelas que existen sólo una, el preescolar Margarita Maza, no está trabajando con regularidad debido a que se ubica en la parte alta de la colonia Jardín Palmas.
Informó que será hasta la próxima semana cuando acuda a realizar un recorrido a las escuelas de la colonia.
Informó que la SEG ya no usará los servicios de las empresas de seguridad privada que cuidan escuelas en Acapulco y que la seguridad pasará a manos de elementos del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, pero no dio una fecha específica y tampoco quiso dar el monto pagado por los 110 guardias de seguridad.
En el caso de Chilapa, dijo que las 60 escuelas ubicadas en la cabecera municipal tiene actividades escolares, “hasta ahorita no tenemos una línea roja que nos diga que hay una suspensión general. Tal vez en algunas escuelas estén saliendo un poco más temprano, pero en el caso de Chilapa las clases son regulares”.
Insistió en que la SEG no es la responsable de la seguridad, pero sí tiene la responsabilidad de transmitir las situaciones a los mandos militares y de la policía del estado.

Las rentas de las oficinas

De la renta de las oficinas que paga la SEG, González de la Vega Otero justificó que no pueden regresar a trabajar a las oficinas centrales de Chilpancingo, porque el edificio tiene un daño dictaminado por Protección Civil del estado y un responsable de obra, donde se indica que el edificio no se puede ocupar, a menos que se haga un reforzamiento cuyo costo representa un 80 por ciento del costo de la construcción de uno nuevo.
Por esa razón, el secretario indicó que ya existe un proyecto para construir un nuevo edificio, que se presentará la próxima semana a las delegaciones sindicales, y que implica una inversión de 60 millones de pesos. Dijo que la construcción del edificio podría durar un año, sin precisar la fecha de inicio de su construcción.
El secretario difirió con lo dicho por el subsecretario de Administración y Finanzas, Jorge Alfonzo Peña Soberanis, de que la SEG paga 4 millones 100 mil pesos anuales por las oficinas rentadas, pero no supo precisar el número de oficinas rentadas “es toda la estructura de la secretaría, si no dónde trabajamos”.

 

Exigen alumnos de la Centenaria Normal que la SEG?resuelva el conflicto y reanuden clases

Estudiantes de la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano (CENEIMA) exigieron que se reanuden las clases, de lo contrario se manifestarán en la capital para que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) solucione el conflicto.
En conferencia de prensa en la institución, la representante de los estudiantes de primero, segundo y tercer año, Hilda Rivera, dijo que a los normalistas les interesa regresar a clases, pero prevalecen las diferencias entre los maestros y trabajadores por el cambio de la dirección.
Señaló que “queremos una solución inmediata de parte de las autoridades, los exhortamos a que cumplan sus funciones, que si se tienen que apegar a la ley lo hagan, que sería lo ideal. Si van a llegar a acuerdos políticos, si esa es forma, adelante, pero que nos solucionen ya”.
Anunció que los siguientes días se movilizarán si no hay una respuesta inmediata, y puntualizó que los cerca de 380 estudiantes no están a favor de la directora Lucrecia Mondragón Sosa ni de la profesora Abigail Arcos Bello, sólo les interesa que se estabilice la situación.
De acuerdo con Hilda Rivera, los estudiantes aceptaron ser evaluados mediante un plan emergente, en el que profesores que no eran titulares de las materias calificaron sus trabajos; sin embargo, esto no se ha reflejado en el sistema, lo que les perjudica porque “tenemos que cerrar ciclos”.
Los normalistas tomaron la CENEIMA, ante la falta de acuerdos de los trabajadores. La escuela lleva cuatro meses en paro, las últimas semanas por parte de los jóvenes.

Persiste el conflicto, dicen maestros

De manera separada, maestros afines a Mondragón Sosa informaron que el grupo de Arcos Bello exige que se les otorgue la Subdirección Académica, que ya está a cargo del profesor Víctor Manuel Flores Jaimes.
Los maestros Hipólito León Reyes, Susana León de Jesús y Mondragón Sosa dieron a conocer que los opositores pretenden quedarse a cargo de la Subdirección Académica, y por eso no han vuelto a presentarse a sus labores normales.
Señalaron que Flores Jaimes fue nombrado subdirector junto con Mondragón Sosa como directora, luego de que se cancelaron los procesos de votación, y el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, les otorgó los cargos.
Mondragón Sosa dijo que la responsable del conflicto es la ex directora Hidalia Cabañas Flores, quien no avaló la votación inicial en la que resultó electa y esto motivó las diferencias. Además, Cabañas Flores no ha hecho la entrega-recepción de la institución, lo que impide que se normalicen los procesos y detiene la entrega de becas de estudiantes.
Ante las circunstancias, los maestros llamaron a los opositores a volver a la normal, pues se respetaron sus horarios y materias, por lo que no habrá más desacuerdos y se debe estabilizar la situación por el bien de la CENEIMA.

Que intervenga el líder del STAUAG en la escuela de Comunicación, piden maestros

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Integrantes de la delegación del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, exigieron al secretario general, Ofelio Martínez Llanes, que intervenga para solucionar los conflictos en la escuela causados por el delegado Samuel Bautista Nava.
Los inconformes pretendían manifestarse en las oficinas del STAUAG en la capital por la mañana, sin embargo, Martínez Llanes no se encontraba en las instalaciones, por lo que se limitaron a entregar un documento en el que pidieron su intervención en una reunión extraordinaria a la que Bautista Nava citó para hoy, en la que pretende imponer la sindicalización de maestros que no cuentan con los requisitos para el proceso.
De acuerdo con los integrantes de la delegación sindical, Gabriel Espinoza Moreno y Elino Villanueva González, Bautista Nava no respeta los acuerdos que se tomaron en una reunión extraordinaria, que se llevó a cabo el 20 de diciembre pasado, en la que según los reglamentos no se requiere de un mínimo de asistencia para legalizar las decisiones que se concreten.
Espinoza Moreno señaló que Bautista Nava citó a la reunión extraordinaria porque pretendía que se aprobara la sindicalización de maestros que simpatizan con su mandato al frente de la delegación sindical, a pesar de que no cuentan con la antigüedad ni el perfil académico necesario; sin embargo, no asistió y por ello se acordó solicitar la intervención de Martínez Llanes, para que se revisen los casos, así como la difamación de Villanueva González por contar con documentos apócrifos, hecho que fue esclarecido ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Los conflictos en la delegación sindical comenzaron en 2015, año en que Martínez Llanes se comprometió a atender la situación y el caso se discutió en el Consejo General de Representantes del STAUAG, la máxima autoridad del sindicato. Ahí se acordó revisar cada uno de los casos de maestros con derecho a pertenecer al gremio, así como exigir una disculpa pública para Villanueva González por parte de los profesores que lo difamaron. A dos años de los acuerdos, los conflictos prevalecen.

Protestan en la SEG de la Montaña padres y maestros de jóvenes de Metlatónoc; exigen los maestros faltantes

Padres de familia y profesores de los municipios de Metlatónoc acudieron a la delegación regional de los Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir la reposición de maestros que son cambiados.
Acusaron al director de Educación Indígena de la SEG, Silvio Joel Molina Ruiz; al coordinador Regional de Educación Indígena Región Montaña Alta, Félix García Rodríguez, y el jurídico José Abraham Godínez, de solapar las cambios de los profesores de los municipios más alejados a lugares cercanos, sin investigar las afectaciones que dejan.
Este martes, los integrantes de comités de padres de familia Antonino Aguilar Pantano, Francisco Castro González y la profesora y supervisora de la zona 033, Gregoria Basurto Prado; así como la jefa de sector 09, de educación preescolar de Metlatónoc, Angelina Reyes Galindo, acudieron a la delegación regional de los Servicios Educativos, a las áreas de Controlaría y Jurídica, para que atiendan la reposición del personal faltante o de lo contrario se movilizarán en Chilpancingo con una marcha y plantón.
Los inconformes por el cambio de profesores y su nula reposición por parte de la SEG, dijeron que algunos maestros buscan pretextos para pedir su cambio de comunidades alejadas a otras cercanas, pretextando la inseguridad que prevalece en Guerrero, y dejan las aulas y en el abandono a niños indígenas.
Comentaron algunos casos como el del preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, de la colonia San Martín, del municipio de Metlatónoc, en donde desde octubre quedaron abandonado 59 niños, del segundo y tercer grado, por las profesoras Aidé Montalvo Cantú y Nancy Castañeda Villanueva.
Quienes fueron señaladas por algunas madres de cobrar y retener documentos oficiales de los niños, “de eso se valieron para salirse de la comunidad, aunque ya fue superado porque se supo que había sido un acuerdo de padres de brindar cooperaciones”.
En el caso de la colonia Natividad, de la cabecera municipal de Metlatónoc, en donde está el preescolar Juan Escutia, se mantiene sin clases a 20 niños por el cambio sin reposición del profesor David Jiménez Méndez, quien durante su trabajo faltaba mucho, se justificaba con recetas médicas y luego llegó con un documento de cambio.
Los inconformes lamentaron que las autoridades educativas hagan los cambios sin investigar y les crean a los profesores “sus pretextos”, para que salgan de las comunidades indígenas a las ciudades, olvidando su misión de educar.
Los profesores y padres de familia han estado exigiendo la reposición de profesores en este municipio, señalando a las autoridades educativas de generar los cambios sin consultar a la comunidad ni hacer las investigaciones, para determinar si ameritan o no moverlos de las comunidades.
Reyes Galindo comentó que estaba muy inconforme con el actuar de las autoridades de la SEG, porque reciben y aceptan los argumentos de profesores “que inventan, inseguridad y problemas que ellos mismos crean, para salir de las comunidades porque están lejanas, marginadas, por eso traman todo tipo de problemas para llegar a Tlapa y las autoridades les creen por no hacer investigación”, remarcó.
Pidió que acudan a las comunidades a investigar si los profesores padecen de la inseguridad o los problemas son reales, por lo que consideró que como encargada de la jefatura y supervisora escolar no hay inconformidades ni condiciones de inseguridad, porque el pueblo las quiere “por eso creemos que ellas causaron conflictos con unas madres, para salirse”.
Agregó que por ambos casos pusieron una queja en contraloría, para la reposición de maestros, porque no hay respuesta y responsabilizó al director de Educación Indígena en el estado y al área Jurídica, por hacer los cambios sin analizar e investigar, y sin tomarlas en cuenta como supervisoras o jefas de sector.
Remarcaron que esperarán hasta el 15 de enero para que repongan a las maestras y profesores o que vuelvan los que se fueron, porque los niños están olvidados y no hay fundamentos reales para sus cambios, ya que no hay inseguridad ni problemas con los padres que tienen a sus hijos en preescolar. (Carmen González Benicio / Tlapa).

Con el presupuesto anunciado para 2017 habría conflictos y escasez de dinero, advierte Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió que si no se modifica el presupuesto para Guerrero en 2017 el estado enfrentará conflictos y escasez de dinero, y pidió “sensibilidad” del gobierno federal porque sería un problema grave para Guerrero.
El gobernador encabezó ayer la ceremonia de ratificación y toma de protesta a los integrantes del Comité Consultivo del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, que se llevó a cabo en un salón del hotel Princess.
En su mensaje de bienvenida a la sesión, el gobernador dijo que está interesado en que los grupos organizados de la sociedad le ayuden porque “los tiempos que vienen no son nada sencillos, no solamente vamos a tener que seguir enfrentando en Guerrero una serie de conflictos sino también vamos a tener que enfrentar escasez de dinero y esto sin duda hará que el político se haga más imaginativo y también se haga más eficaz con lo que tiene, con lo que va a poder gastar y gastarlo de la mejor manera”.
“Espero que la federación ponga su sensibilidad, ponga su solidaridad con Guerrero para que no nos quedemos como estamos, si nos quedamos como está el presupuesto sería un verdadero problema muy grave, pero yo tengo confianza en que no se va a quedar así, se tiene que levantar un poquito”, añadió.
Llamó a los diputados de “sean del partido que sean” a pensar en Guerrero y no en el interés político.
“Los presupuestos públicamente se los digo, no van a la alza, no, no les estoy diciendo que no pidan sencillamente que va a ser muy complicado. Pueden ustedes pedir, no hay como dar más de lo que se tiene, esto es muy importante que el gobernador lo haga público para que no exista la idea de que hay que pedir para que nos den”.
Astudillo Flores informó que él “personalmente” revisó el presupuesto que se envió al Congreso local sobre las partidas para las dependencias del gobierno del estado.
En su discurso, el gobernador ofreció que “por convicción” tratará de comportamiento adecuado como gobernador “si no lo hago, exíjanmelo, si yo me salgo de eso reclámenmelo” y convocó a los poderes Judicial y Legislativo “caminar”  en el mismo sentido que el Ejecutivo.
A los integrantes del Comité Consultivo les pidió que “Guerrero avance” y salga de la opacidad porque no quiere que la entidad encabece la lista de los problemas como la inseguridad, pobreza y rezago en cobertura de agua potable, “quiero que avancemos y que ustedes nos ayuden en avanzar”.
Astudillo Flores también habló de su experiencia en su primer año como gobernador, el cual describió como “una ruta de altibajos en (el problema de) la inseguridad pero sin duda en importantes avances en la gobernabilidad”.
Destacó que 80 municipios operan con normalidad, excepto Apango, y hay inversiones en Acapulco por 6 mil millones de pesos y en Zihuatanejo por 2 mil millones de pesos.
También recalcó que el conflicto magisterial no afectó la actividad turística en las vacaciones de verano.
“Guerrero no puede seguir siendo un estado en donde los conflictos rápidamente se prenden y se organizan, tiene que ser un estado que camine con una mayor madurez de sus pueblos, ahí tiene que ver mucho la educación”, dijo.

“Ya no queremos corrupción”

Ayer en un salón del hotel Princess, el gobernador ratificó los nombramientos y tomó protesta a los cinco integrantes del Consejo Consultivo del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. César González Arcos (Coparmex); Aleida Alarcón Domínguez (Grupo ACA); Julián Uriostegui Carbajal (Concamin); Arely Al-mazán Adame –en su lugar asistió la coordinadora de Derechos Humanos de la UAG, América Guadalupe Bautista Salgado– y por Silvia Galeana Valente, del Bloque de Mujeres al Poder.
El gobernador dijo que el propósito fundamental es “fortalecer, consolidar, impulsar muchas acciones o varias que tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas”.
“Tenemos que lograr avanzar en que quienes tenemos responsabilidades públicas pues podamos tener mayor transparencia en qué tenemos, qué hacemos, cómo ganamos, cuánto ganamos, de dónde lo ganamos, eso me parece que es muy importante”, añadió.
Astudillo recordó que al asumir el cargo se comprometió a emprender acciones a favor de la transparencia “y estamos avanzando, no como yo quisiera pero estamos avanzando”.
El gobernador explicó que su “interés” en incluir a la “sociedad civil organizada”, “organismos empresariales” y “medios de comunicación” en el Comité Consultivo es porque “el combate a la corrupción no es tarea de uno, es tarea de todos”.
Indicó que las atribuciones de los integrantes son supervisar la aplicación del Programa; rendir al Comité Rector un informe trimestral de los avances y rezagos en la ejecución del mismo; proponer medidas adicionales e innovadoras para fortalecerlo y ser un puente de comunicación con organismos de la sociedad civil y otros sectores para impulsar la ejecución del Programa y promover la participación ciudadana en la vigilancia de las acciones anticorrupción.
El secretario general Florencio Salazar Adame informó que se recibieron 12 solicitudes al Co-mité Consultivo y de acuerdo con el dictamen que leyó el Contralor Mario Ramos del Carmen, de la “evaluación” se recomendó a los mencionados.
La lista de los rechazados la integran Juan García Delgadillo del Foro Estatal de Profesionistas y Técnicos; Fidel Serrato Valdez, de Coparmex Acapulco; Ana Edith Ramírez Hernández, de la Unión de Profesionistas de Guerrero; Marcos Méndez Lara, de Comunicación para el Desarrollo Comunitario, y Nelson Ubaldo Barrera, de Política Mexicana Incluyente, entre otros.
Durante la segunda sesión ordinaria el dictamen fue ratificado por unanimidad de votos de los integrantes del Comité Rector. Después el gobernador tomó protesta a los integrantes del Comité Consultivo.
En nombre de los integrantes del Comité, habló la presidenta del Grupo ACA, Aleida Alarcón, quien dijo que saben que Guerrero ocupa los primeros lugares en ineficiencia y en opacidad, ofreció que harán un trabajo puntual de evaluación y seguimiento de la ética y la transparencia “como lo marcan las leyes de la administración pública del estado de Guerrero”.
“Ya no queremos más corrupción, ya no queremos mas ineficiencia en nuestro sistema gubernamental”.
Dijo que en comparación a como recibió Astudillo Flores el gobierno con carreteras secuestradas e inestabilidad social ahora hay “avances”.
Los integrantes del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, son el gobernador como presidente del mismo; el secretario de Gobierno Florencio Salazar; el contralor Mario Ramos; el secretario de Finanzas, Héctor Apreza; el de Desarrollo Urbano, Rafael Navarrete y la de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva.

En un año, conflictos con piratas, por placas y concesiones clonadas




Durante el año que Salvador Melesio Montiel estuvo al frente de la Delegación de Transporte en Acapulco se presentaron conflictos con transportistas piratas, por placas y concesiones clonadas, por permisos temporales alargados y la resistencia de algunos sectores de camioneros y taxistas a sumarse al reordenamiento de colores, aparatos de sonido y chalanes.
Según la información publicada, la relación que Melesio mantuvo con el gremio de los transportistas fue la mayor parte de acuerdos para el reordenamiento del transporte en Acapulco, pero también tuvo problemas con algunos sectores por el combate al pirataje y cerca de tres denuncias al transportista Brissio Pérez Ramírez, acusado de clonar placas.
Desde principios de septiembre del año pasado, el delegado emplazó a los taxistas amparados para que evitaran dar el servicio debido a que el amparo no los protegía cuando el vehículo ya había sido cambiado.
Después, fueron incautados 25 taxis de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes (Cetig) dirigidos por el transportista Juan Mendoza Tapia, durante una operación con ayuda de policías antimotines y policías en la avenida Pie de la Cuesta a un costado del panteón San Francisco el 7 de octubre del año pasado.
Dicha acción fue respaldada por los líderes transportitas, entre ellos Jorge Pérez Martínez, Ramiro Fabián Soto, José Díaz López, Alejandro Fuentes, Jorge Solís Araujo y Cirilo López, quienes días antes se manifestaron en la Delegación de Transporte y Dirección de Tránsito para que emprendieran acciones contra los piratas.
Ese día, Melesio Montiel informó a reporteros que un día antes fue perseguido por un auto modelo Concord color gris placas del Distrito Federal 46LZX “que me estuvo persiguiendo ayer todo el día”. El auto, según los propios taxistas de la Cetig, es propiedad de Juan Mendoza Tapia, pues lo identificaron cuando también era retirado por una grúa junto con los 25 taxis piratas y el cual todavía se encuentra en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV).
A principios de noviembre taxistas de la Cetig se deslindaron de su líder Juan Mendoza Tapia y lo acusaron de engaño, extorsión, amenazas y fraude. Unos 15 taxistas que pertenecieron a esa organizaron le pidieron al delegado Melesio Montiel que desistiera de la averiguación previa que inició durante la detención de sus unidades desde septiembre. Sin embargo, señalaron que Melesio Montiel les dijo que no podía hacer nada porque el proceso legal estaba avante en el juzgado y por eso los taxistas tuvieron que pagar amparos y otros se mantuvieron prófugos ante las órdenes de aprehensión liberadas en su contra por dicha denuncia.
También Melesio Montiel presentó tres denuncias ante el MP contra el transportista Brisio Pérez, la última el 27 de marzo y presentó por pruebas en la demanda que interpuso la dependencia por el delito de falsificación de documentos.
Dos semanas antes, Melesio Montiel interpuso la denuncia ante el Ministerio Público del fuero común, sector central con la averiguación previa 113/2006 de la mesa tres.
En esa ocasión, el delegado opinó que Brissio Pérez no era un líder transportista sino que simplemente su oficio era mecánico y hojalatero “y de ahí uno se imagina la magnitud de lo que ha ganado en esto porque se sabe que ahora tiene casa en Las Brisas”.

Una historia de conflictos y retrasos

Las obras de la calle Vicente Guerrero –que puede ser una de las principales del actual gobierno municipal– se han enfrentado a diversas contratiempos. Un conflicto laboral de sindicalizados de la CROC hizo que se suspendieran, pues exigían que la empresa Grosse Ingenieros – que ganó el concurso de licitación de la CFE para construir una subestación–, les pagara un adeudo por salarios de 600 mil pesos.

Los trabajos comenzaron a finales de octubre del año pasado, pero a petición del alcalde en diciembre se detuvo la obra y se taparon los pozos ya abiertos, para que los vehículos circularan durante la temporada decembrina. En enero se reanudaron los trabajos, pero el 12 los trabajadores de la CROC se declararon en huelga.

El movimiento fue declarado ilegal por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), sin embargo los trabajadores obtuvieron una suspensión temporal ante la juez cuarto de distrito, María del Carmen Razo, pero no les otorgó el amparo definitivo y la empresa Grosse pudo continuar la obra.

El 29 de febrero, el alcalde puso en marcha los trabajos de pavimentación con un presupuesto de más de 5 millones de pesos, y urgió al entonces secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Juárez para que se terminara provisionalmente la calle antes de Semana Santa.

Luego hubo retrasos de parte de la CFE y de Telmex, según dijeron en su momento el mismo Juárez Soto y su ahora sucesor Orlando Soberanis. Ahora es el Ayuntamiento el que no alcanza a entregar la obra en el tiempo prometido con las banquetas completas.

El 2 de mayo, López Rosas encabezó con Soberanis un recorrido por la Vicente Guerrero, e informó que estaría lista el 10 de mayo porque desea que “ya se abra a la circulación lo antes posible”.

Pero ello no ocurrió porque la CFE no terminó la instalación de cables de “alta y baja tensión que va subterránea”, según dijo Orlando Soberanis quien indicó que la vía tenía el 70 por ciento de avance.

El domingo 16 durante otra visita de inspección del alcalde acompañado por diversos funcionarios, Orlando Soberanis informó que la pavimentación de la calle estaba lista, faltaba sólo colocar tapas de coladeras de parte de Telmex, y la pavimentación de banquetas.

El cierre de la calle ha sido causa de inconformidades de los vecinos, porque durante varios meses no tuvieron acceso a servicios básicos como la recolección de basura y porque, dijeron, aumentó la inseguridad. (Magdalena Cisneros).

Conflictos internos en cuatro municipios que gobierna el PRD

Redacción  

A dos días de que el presidente del CEN del PRD, Leonel Godoy Rangel, visitó Acapulco y afirmara que el “buen gobierno” de ese partido les permitiría ganar Guerrero, en al menos cuatro municipios continúan los conflictos internos.

En Zihuatanejo, el alcalde Amador Campos informó que comparecerá hoy ante la Comisión Instructora del Congreso para responder a la denuncia del síndico Joaquín González, quien le acusa de nepotismo e irregularidades administrativas.

El alcalde dijo que la Auditoría General del Estado ya entregó un dictamen favorable a su gestión.

Ayer el mismo ayuntamiento de Zihuatanejo puso la denuncia penal que había anunciado hace días contra el síndico González, a quien acusa de ejercicio indebido del servicio público por ocultar una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que implica un daño patrimonial al municipio por 750 mil pesos.

En tanto, en Zirándaro el dirigente perredista Vicente Aguilar fue detenido por la policía municipal y llevado a rastras a la cárcel, por protestar por la exclusión de un grupo de mujeres del programa Oportunidades. Ahí, unas mil mujeres bloquearon el acceso al ayuntamiento por dos horas, para denunciar que el alcalde perredista Marcial Cárdenas Sánchez se beneficiaba con ese programa.

En Chilpancingo, ediles del PRD del ayuntamiento de Cuetzala del Progreso solicitaron la intervención del Congreso para que se solucione el conflicto que comenzó en marzo con el edil perredista, Manuel Villanueva.

También en la capital, el Comité Ejecutivo Estatal rompió pláticas con los perredistas opositores al alcalde de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, y que insisten en que no negociarán otro tema que no sea “la designación del sustituto” del edil postulado por el PRD.