La bodega de Coyuca de Catalán que compra maíz a precio de garantía fue insuficiente y se tuvieron que apilar los bultos con el grano incluso en el patio Foto: Israel Flores
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Integrantes de los comités gestores de dos de los cuatro nuevos municipios, San Nicolás y Ñuu Savi, afirmaron que ya entregaron los resultados de las asambleas que el Congreso del Estado les pidió realizar, y que la designación de los nuevos Cabildos instituyentes sólo se está prolongando con la intención de que llegue a 2024 y se sometan a elecciones sin tomar en cuenta la autodeterminación de los pueblos de elegir a sus gobernantes.
Como informó El Sur, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yanelly Hernández Martínez, argumentó que la demora en las instalación de los cabildos instituyentes de los cuatro nuevos municipios se debe a busca evitar impugnaciones, y que el Congreso local está revisando que las consultas que hicieron los comités gestores sea hayan realizado de manera coordinada.
Consultados al respecto por teléfono, el integrante del comité gestor del nuevo municipio San Nicolás, Felipe de la Cruz, aseveró que los argumentos de la diputada no tienen bases legales. Afirmó que la consulta ya la hicieron los comités gestores por orden del acuerdo parlamentario que los legisladores les entregaron.
“No entendemos nosotros, los pueblos están desesperados, a punto de reventar, y empezar a hacer acciones de protesta, porque es injusto que por intereses parlamentarios o no sé qué esté pasando al interior del Congreso no se puedan dar la asignación de los gobiernos instituyentes, ya va para dos años”.
Mencionó que la consulta ya está hecha, así como las asignaciones por parte de los pueblos, “únicamente se espera que el Congreso local cumpla con su obligación de asignar y de una vez empezar trabajar en los municipios,
queda de manifiesto el desconocimiento de la diputada al mismo documento del acuerdo parlamentario que ellos nos dieron”.
Dijo que las asambleas se llevaron a cabo conforme los lineamientos que los diputados locales les dieron, “no están haciendo asambleas, no están haciendo nada, solamente están prolongando esto, posiblemente con la intención de llegar al 2024 y que bueno, se someta a elecciones y no existirían ayuntamientos instituyentes, y se estaría violentando la ley y la Constitución de nuestro estado”.
Felipe de la Cruz afirmó que el Congreso local y el gobierno del estado “no valoran la paciencia de los pueblos y están esperando que como en todos los movimientos se tenga que hacer movilizaciones para poder dar respuesta, y no es por ahí, hoy se está equivocando, pensando que los pueblos no podemos organizarnos mejor y hacer otras cosas”.
Sostuvo que han sido tolerantes mucho tiempo, y exhortó al gobierno del estado y al Congreso del Estado a cumplir su compromiso no con los comités gestores sino con los 80 pueblos que conforman los cuatro nuevos municipios: Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón.
El integrante del comité gestor del municipio Ñuu Savi, Melquiades Gregorio Porfirio, consultado vía telefónica, comentó que las declaraciones de la diputada Yanelly Hernández se deben al desconocimiento, y argumentó que como pueblos indígenas tienen la libre autodeterminación que les permite hacer las consultas y en este caso el Congreso del Estado facultó una coordinación y que si era necesario iban a acompañar a los pueblos en las consultas y asambleas.
Contó que en Ñuu Savi entregaron al Congreso local las actas y las invitaciones que se les giró a todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, a la Mesa Directiva, “nosotros giramos invitaciones, que hayan asistido o no ya es cosa de ellos”.
“Nosotros tenemos evidencia de que se les hizo la notificación del tiempo y las fechas que se realizarían las asambleas, así como lo plantearon ellos, nosotros anexamos videos, fotos y en el caso de Ñuu Savi nos acompañó una representación de la Comisión de Derechos Humanos, que constató que todo se realizó en un marco de respeto y de cordialidad y que todo fue sin violentar los derechos humanos”.
Expuso que como cuatro nuevos municipios se están organizando para manifestar en conjunto su descontento porque los están afectando por igual, adelantó que la próxima semana darán un posicionamiento los cuatro comités gestores.
Diputados locales que integran la Comisión Permanente del Congreso, al momento de emitir su voto favorable al exhorto propuesto por el grupo parlamentario del PRD, a la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para que informe de las investigaciones por los femicidios y los desplazamientos forzados Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Por unanimidad, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, exhortaron a la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a informar al Poder Legislativo sobre las investigaciones de homicidios dolosos en contra de mujeres y feminicidios ocurridos en el año 2022 y lo que va de 2023, y sobre las acciones de acompañamiento que realizan con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, respectivamente.
Con las abstenciones de las morenistas Yessica Alejo Rayo y Angélica Espinoza García, el pleno aprobó por unanimidad, ya que no hubo ningún voto en contra, el exhorto leído por la diputada perredista Patricia Doroteo Calderón a nombre de la bancada del PRD.
A la Fiscalía General del Estado (FGE) le solicitaron que informe sobre las detenciones de autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, y las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
En tribuna la perredista recordó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero cerró el 2022 con mil 285 denuncias por lesiones contra mujeres, dos mil 886 casos de violencia familiar y 4 mil 336 llamadas de emergencia por distintos tipos de violencia de género.
Además de que hasta noviembre de 2022 ocurrieron 108 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 12 fueron clasificados como feminicidios, ocurridos en Acapulco y Chilpancingo. Mientras que en los primeros días del año se reportó el asesinato de tres mujeres.
Destacó que si continuara esa tendencia se rebasaría “por mucho” los crímenes de mujeres de 2022 sean éstos o no feminicidios.
Mientras que, de las desapariciones de mujeres, Patricia Doroteo dijo que al 17 de diciembre de 2022 el número de casos llegó a 117, conforme a datos de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos, A. C., pese a que desde el nuevo gobierno implementó el Protocolo Violeta, que reporta una efectividad del 94 por ciento.
La perredista señaló que en los últimos dos años se ha incrementado el número de mujeres desaparecidas “hasta el 16 de diciembre se tienen 250, de las cuales se localizaron 2 fallecidas y 148 con vida y las demás siguen desaparecidas”.
La solicitud a la fiscalía dijo es para conocer la información del seguimiento a estos casos y apuntó que “en la medida que disminuyan los grados de impunidad, recuperaremos la tranquilidad para las familias en Guerrero”.
En ese sentido, consideró importante exhortar a la fiscal que informe al Congreso de las investigaciones sobre estos delitos, y al secretario General de Gobierno sobre las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
La sesión
También se leyó en la sesión la notificación de la llegada de un oficio del presidente municipal de San Miguel Totolapan Fredy Vásquez Palacios “por el que informa sobre la problemática relativa a los hechos ocurridos el día 22 de diciembre de 2022, en sus cuentas bancarias, así como en sus recursos financieros”.
No se conocieron detalles del documento pero se refieren al hackeo de cinco cuentas bancarias que tenía el Ayuntamiento en Citibanamex de las cuales les robaron 8 millones 747 mil 307 pesos a través de 26 transferencias hechas a desconocidos el pasado 22 de diciembre, según lo dado a conocer por el cabildo.
También se presentó una propuesta de punto de acuerdo del morenista Masedonio Mendoza para exhortar a la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, a “que haga las gestiones pertinentes para el rescate del bien inmueble donde se hospedó el General Vicente Guerrero durante el proceso de Consumación de la Independencia Nacional, en 1821, en el municipio de Alcozauca”.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, en entrevista en la sala de juntas del recinto legislativo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, negó que sean los partidos políticos y los grupos parlamentarios mayoritarios los que estén retrasando la designación de los cabildos instituyentes de los nuevos cuatro municipios: Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón.
En declaraciones en la sala de reuniones de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández justificó que la designación de los cabildos instituyentes es un tema que va de la mano con las consultas que están realizando a los pueblos indígenas y afromexicanos, y que para el Congreso local es un tema importante, al cual están tratando con seriedad porque quieren evitar errores que puedan generar impugnaciones.
“Por ejemplo, en Morelos se cayó un municipio, se instituyó, pero no se dio con todos los protocolos del tema de las consultas, entonces esa prórroga que se llevó a cabo, fue bajo un análisis muy fuerte, no para tratar o con el fin de que salgan dañados los municipios que se van a instituir, sino todo lo contrario, para que se pueda realizar con todas las normas establecidas, sobre todo respetando el tema de la consulta y que después (no) se venga abajo”, explicó la presidenta de la Mesa Directiva.
Sobre la demanda que interpusieron ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) ciudadanos del nuevo municipio Ñuu Savi, ante el retraso del nombramiento de los cabildos instituyentes a los cuatro nuevos municipios, la perredista afirmó que solo buscan cumplir con lo que establece la ley y que “no es un tema de partidos, se está tratando de atender correctamente la ley y que no suceda lo que sucedió en Morelos”.
A pesar de que el acuerdo aprobado por el pleno del Congreso establece que serían los comités gestores los que realizarían las asambleas para elegir a los cabildos instituyentes y entregarían al Congreso local estas pruebas, ayer la presidenta de la Mesa Directiva señaló que “quien consulta es el Congreso y debe ser quien de alguna manera debe revisar que el tema de las asambleas y consultas se hayan hecho de una manera coordinada” para evitar impugnaciones.
Dijo que los comités ciudadanos que realizaron también asambleas para elegir a los cabildos instituyentes deben ser tomados en cuenta “mientras cumplan con los requisitos… no se puede vetar la decisión de ciudadanos”.
Hernández Martínez dijo que esperan que no se utilicen los 120 días de prórroga que se autorizaron a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para dictaminar ese tema.
También se le preguntó a Yanelly Hernández sobre el dictamen de la Comisión Especial para investigar la alteración al artículo segundo transitorio de la ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal en el que a casi nueve meses de su creación presentó un dictamen en el que no se identifican a los responsables y sobre el trámite que se seguirá después de que no se logró realizar la sesión secreta por falta de quórum.
La diputada dijo que no podía opinar sobre el dictamen que “no se dio a conocer en pleno, yo no puedo verter ninguna opinión respecto el dictamen” además de que la sesión secreta no se pudo realizar “por falta de quórum, la Jucopo habrá que realizar la revisión del proceso legislativo que se tenga que realizar, de que se tiene que hacer, se tiene que hacer, estamos obligados hacerlo”.
Del proceso de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la aprobación de la ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal, la presidenta de la Mesa Directiva informó que no han recibido contestación después del informe que el Congreso local entregó a la Corte.
A 12 días de que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, diera el banderazo para el inicio de la segunda etapa de la construcción de la biblioteca del Congreso Local, esta aún se mantiene en abandono Foto: Jesús Eduardo Guerrero
A 12 días de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto a las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, dieran el banderazo de arranque de la segunda etapa de construcción de la biblioteca en la sede del Poder Legislativo, no hay maquinaria ni personas trabajando.
Después de que la obra se mantuvo parada desde febrero de 2021, finalmente el 22 de diciembre la gobernadora y diputados locales dieron “el banderazo” a la segunda etapa de construcción de la biblioteca Siervo de la Nación, con una inversión anunciada de 20 millones de pesos.
Aunque la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez Serna precisó que solo serán los diez restantes porque diez fueron utilizados para la demolición del anterior edificio y para la construcción de los cimientos.
Sin embargo, hasta la tarde del 3 de enero los trabajos no iniciaban en la sede del Poder Legislativo. En el lugar no hay maquinaria ni material que indique que los trabajos iniciaron o están por iniciar.
El espacio en el que estaba la biblioteca y que ahora solo hay cimientos de lo que será el nuevo edificio continúa delimitado con tablas como permaneció durante los últimos 11 meses. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
El pasado 30 de diciembre se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado las reformas que aprobó el Congreso local para legalizar el matrimonio y concubinato igualitario, tras numerosas modificaciones “de forma” y cambios a fracciones o párrafos hechas a solicitud del Ejecutivo aunque no se sabe cuándo se reunieron las comisiones dictaminadoras del Legislativo para ese efecto.
El 26 de diciembre se publicó en estas páginas que el Poder Ejecutivo había realizado observaciones al dictamen aprobado por el Congreso local el pasado 25 de octubre, lo cual fue confirmado por el diputado Jacinto González Varona quien afirmó que se trataba de cuestiones de forma y no de fondo porque solo se trataba de errores en la redacción.
Cuando las observaciones son de fondo sin importar que sean parciales o totales el dictamen debe regresar al Congreso y pasar en un primer momento por la comisión dictaminadora que debe sesionar para analizar y discutir las observaciones del Ejecutivo, y aceptarlas o rechazarlas de ser el caso.
Pero en este caso la mayoría de las observaciones fueron de forma y no de fondo, y en estas el Ejecutivo puede realizar modificaciones que no alteren las reformas aprobadas por el Congreso, siempre que tenga la autorización de la Mesa Directiva.
Sin embargo, también en lo publicado el viernes se incluyeron reformas de fracciones de artículos que los y las diputadas no realizaron a pesar de que eran necesarias.
El Artículo 278 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece: “Una vez aprobado un dictamen con Proyecto de Ley o Decreto no podrá modificarse, salvo para hacer las correcciones que demanden el buen uso del lenguaje y la claridad de los textos y que sean ordenadas por la Mesa Directiva. Dichas correcciones sólo las podrán realizar las comisiones Dictamidatoras… Corregido el texto, se notificará para su revisión al presidente de la Mesa Directiva, quien ordenará la publicación en la Gaceta y continuará el trámite que proceda”.
No se supo cuándo se reunieron los diputados de la Comisión de Justicia para hacer las correcciones pertinentes.
Los cambios
En la primera de dos sesiones realizadas el 25 de octubre, se aprobó por el pleno la dispensa de la lectura de todo el dictamen para solo hacerlo de los puntos resolutivos, es decir el articulado que sufriría cambios.
Lo leído en el pleno coincide con el dictamen firmado por la Comisión de Justicia. Pero no coincide de manera íntegra con lo publicado en el Periódico Oficial.
En el caso del artículo 85 del Código Civil lo aprobado por el pleno señalaba: “Las personas casadas son tutoras legítimas la una de la otra”, pero en lo publicado en el Periódico Oficial se cambia la palabra “casadas” por “consortes”, que a pesar de que significan lo mismo, este segundo término es más utilizado en el derecho civil.
Pero además se realizaron otros cambios, que eran necesarios, pero no fueron considerados por diputados, que van encaminados principalmente a pronunciar en el texto a las mujeres, agregando las palabras madres, abuelas, tutoras y no dejar solo el de “padres”, “abuelos” o “tutores” como un genérico. En otros casos se agrega “las personas” para que no se mantenga sólo “los contrayentes”.
Las reformas que realizaron los diputados se concentraron en garantizar el derecho de las personas del mismo sexo a unirse en matrimonio y en caso de concubinato, de gozar de las mismas garantías legales que una pareja de hombre y mujer.
Pero en las reformas tocaron artículos en los que se sigue omitiendo el mencionar a las mujeres y en su lugar se utilizan genéricos masculinos. Y no se sabe si estos cambios los hizo personal del Ejecutivo –que no están autorizados legalmente– o los diputados de la Comisión de Justicia avalados por la presidenta de la Mesa Directiva, de lo que tampoco se tuvo conocimiento público.
En el artículo 351 el pleno del Congreso local solo aprobó una reforma a su fracción quinta, pero en lo publicado en Periódico Oficial del Gobierno del Estado se realizaron también cambios en las fracciones primera, segunda y tercera para incluir las palabras: personas, madres, abuelas y tutoras.
En la fracción quinta el texto aprobado por los diputados dice: “tomándose y entregándose mutuamente por personas casadas”, pero en lo publicado el 30 de diciembre dice: “y entregándose mutuamente por cónyuges”.
El Congreso tampoco realizó modificaciones a los dos últimos párrafos del artículo 351, pero sí aparecen en el texto publicado en el Periódico Oficial, en el que se cambian algunas palabras. Se apunta que el acta de matrimonio será firmada por “la persona oficial del Registro Civil” en lugar de “por el oficial del Registro Civil”; en lugar de “los contrayentes” se escribió “las personas contrayentes”.
También en el texto original que no fue reformado por el Congreso local y que, sin embargo, aparece reformado se establecía “los testigos y las demás personas que hubieren intervenido si supieren y quisieren hacerlo” se cambió por “las personas que testifiquen y las demás que hayan intervenido si supieran y quisieran hacerlo”.
También las reformas al artículo 378 aprobadas por el Congreso local sufrieron cambios al ser modificadas al publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Lo aprobado por el pleno se puede constatar en la transmisión en vivo que queda registrada en YouTube y en el dictamen firmado por la Comisión de Justicia. La reforma dice: “Afinidad es el parentesco que se contrae por el matrimonio, entre las pensonas casadas y los parientes de sus respectivas parejas”, pero en lo publicado se agregan palabras que hacen que el texto sea más claro “… que se contrae por dos personas a través del matrimonio”.
De la misma manera en el artículo 430 hay un cambio entre lo aprobado por el pleno del Congreso local el 25 de octubre y lo publicado el 30 de diciembre, nuevamente se sustituye “Las personas casadas” por “Las personas cónyuges”.
Y en el 435 se cambia “Los consortes” por “Las personas cóyuges”. En el artículo 436 el Congreso aprobó: “Las personas en relación de pareja no pdrán cobrase la una a la otra…” lo que se cambió en lo publicado “Las personas casadas o en concubinato no podrán cobrarse la una a la otra…”.
También los artículos 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, y sus fracciones reformados fueron modificados en su publicación, y consisten en algunas palabras como “personas casadas” por “cónyuge” o “personas cónyuges”, o “hubieran” por “haya”.
El Congreso realizó reformas a los artículos 521, 526 y 528 del Código Procesal Civil del Estado Número 364, en los cuales también fueron cambiadas algunas palabras como “personas casadas” por “personas unidas en matrimonio”.
En lo publicado en el Periódico Oficial se agregó una octava fracción al tercer apartado de la metodología “consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, que no está en el dictamen firmado y leído en el pleno.
Esta octava fracción establece: “Que la Comisión Dictami-nadora coincide en que los menores de edad que ya hubieren formado un matrimonio o vivieren en concubinato no se les podrá aplicar esta normatividad si les fuese perjudicial; lo anterior, con fundamento en el Principio de Irrectroactividad de la Ley”, contenido en el Artículo 14 de la Constitución mexicana.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local se reunió con la Unidad de Procesos de Consulta y revisaron los avances de los trabajos que se reanudarán la próxima semana.
A través de fotografías difundidas por la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez Serna, se conoció de esta reunión en la que además participaron el secretario técnico de este órgano, Arturo Pacheco Bedolla, el secretario de Servicios Parlamentarios José Enrique Solís Ríos y el coordinador de la Unidad de Procesos de Consulta Juan Salvador Susunaga Flores.
Las consultas sobre las que se trabaja en el Congreso local son en materia de Educación Indígena y Educación Inclusiva para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en los derechos de las comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad.
Se busca de ese modo cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la acción de inconstitucionalidad 299/2020.
El Congreso local debe cumplir con realizar una consulta de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con relación al Capítulo sexto denominado Educación indígena, conformado por los artículos 39, 40 y 41, y el Capítulo octavo denominado Educación inclusiva, conformado por los artículos 44, 45, 46, 47 y 48, de la Ley de Educación del Estado de Guerrero.
Otra de las consultas en materia electoral con la que buscan conocer la opinión respecto a la última reforma en la materia en la que los diputados locales establecieron que cuando la población indígena o afromexicana sea del 40 por ciento o más, en al menos la mitad de los distritos y municipios, los partidos políticos están obligados a registrar al menos la mitad de candidatas y candidatos indígenas y afromexicanas, en las elecciones de diputadas y diputados, y el 50 por ciento de Ayuntamientos incluyendo el registro de la mitad de sus integrantes a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, respetando que la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres.
Y finalmente la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Materia de Consultas, para generar una ley y que este ordenamiento sea la base bajo el que se rijan las fututas consultas. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
El diputado local por el PRD, Ociel Hugar García Trujillo en entrevista en el lobby del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Ociel Hugar García Trujillo, afirmó que están en “los últimos análisis” de la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 y que en la revisión buscan que “haya equilibrios” en la distribución equitativa de los recursos con todos los municipios y se atienda a la Sierra, la nueva región.
A pesar de que el diputado perredista señaló que esperan que el presupuesto sea aprobado “antes de Navidad”, se supo que hay aparentemente un acuerdo ya entre las fracciones para sea presentada al pleno y aprobado este viernes o sábado, pero hay quienes afirman que se puede aplazar hasta la próxima semana.
En declaraciones en el Congreso local, Ociel Hugar García precisó también que en el presupuesto 2023 no se etiquetaran recursos a las nuevas demarcaciones Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás, y Santa Cruz del Rincón porque estos tendrían que contar con sus Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun); el dinero será aprobado para los municipios de origen.
Comentó que han tenido diferentes reuniones con la secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, dependencia con la que “hemos generamos algunos comentarios con los que se busca generar los equilibrios en las diferentes regiones y áreas del propigobierno del estado en las que consideramos que se deberían tomar algunas secretarías en las que creemos que se deben de tomar algunas acciones para eficientarlas y se debe poner atención”.
García Trujillo dijo que se plantearon al gobierno estatal reconsideraciones presupuestales para atender a las preparatorias populares y en la nueva región Sierra.
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública señaló que “casi todos” los órganos autónomos han buscado a ese colegiado para plantear incrementos presupuestales para el 2023, sin embargo no todas las peticiones se podrán atender.
Señaló que “el presupuesto está en los últimos análisis para que el paquete que la gobernadora con esas apreciaciones genere modificaciones, atenciones” a las solicitudes de modificación que han planteado diferentes sectores, principalmente los presidentes municipales.
Y destacó que lo que buscan en esta revisión es que “haya equilibrios con todos los municipios, que veamos el tema de la nueva zona”.
La coordinadora parlamentaria de los diputados locales de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, platica con el coordinador parlamentario de la fracción de los diputados del PRI, Héctor Apreza Patrón, durante la sesión de ayer del pleno del Congrso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En dos sesiones ordinarias, el pleno del Congreso local aprobó este jueves la Ley de Ingresos para los municipios y para el gobierno estatal, así como el proyecto de Código Fiscal y reformas a las leyes del Sistema de Coordinación Hacendaria y de Hacienda.
Al cierre de la jornada legislativa, después de las 8 de la noche se instaló la tercera sesión en la que el único punto del orden del día registrado era la primera lectura del proyecto de decreto de Ley de Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2023.
Tras la aprobación del orden del día por los 33 diputados presentes, la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, la morenista Leticia Castro Ortiz declaró un receso sin mencionar de cuánto tiempo o a razón de qué. Sólo hizo alusión al artículo 53 de la ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado, en el que se establece que el Congreso debe aprobar el presupuesto de egresos “a más tardar el 15 de diciembre de cada año”.
Esta práctica en el argot legislativo se conoce como el “poner en pausa el reloj legislativo”, por lo que, al cumplirse ayer el plazo establecido en la ley, se instaló la sesión que se espera continúe hoy.
El secretario de la Comisión de Hacienda Alfredo Sánchez Esquivel, dijo que el ordenamiento dota a municipales de herramientas legales vinculadas con sus atribuciones fiscales y recaudatorias. Explicó que será aplicable para aquellos que no cumplieron con el requisito y las formalidades técnicas y normativas vigentes en la presentación de sus iniciativas de Ley de Ingresos.
Mientras que el vocal de la Comisión de Hacienda José Efrén López Cortés, dijo que el Código Fiscal tiene como objetivos principales el simplificar el sistema recaudatorio, “fomentar la cultura de cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales entre los contribuyentes, y terminar con la corrupción tributaria”.
Mientras que de la Ley de Ingresos del gobierno del estado, destacó que esta contribuirá a lograr mayor eficiencia y transparencia en la integración de los ingresos del estado por el cobro de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y que esto podría elevará el grado de cumplimiento de los contribuyentes.
En esta ley plantea un incremento en ingresos de gestión del 11 por ciento en comparación con el 2022: en los conceptos de impuestos el incremento es del 12 por ciento; en derechos el 10.4 por ciento; en productos 5 por ciento; aprovechamientos 8.6 por ciento; en las participaciones federales un incremento del 18.2 por ciento; en aportaciones federales del ramo 33 un 10.9 por ciento, y por convenios un 5.6 por ciento.
La morenista Beatriz Mojica Morga fundamentó el dictamen de reformas a la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria, y que con esas modificaciones se atiende la observación derivada de la auditoría 942 emitida por la Auditoría Superior de la Federación sobre la deficiencia en la redacción de la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal, en la cual no precisaba las partes de cómo se divide el Fondo, y se clarifica la forma en cómo se distribuye el excedente del 30 por ciento que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Y es aplicable exclusivamente en beneficio de los municipios que hayan suscrito con el estado el Convenio de Recaudación.
La delegada de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Erika Valencia Cardona, murió este domingo a los 46 años de edad, a causa de un cáncer que pacedía hace varios años, de acuerdo con mensajes que han difundido en redes sociales distintos actores de Morena.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el Congreso local también publicaron, en medios digitales oficiales, sus condolencias a sus familiares.
La mandataria se refirió a Erika Valencia como su compañera, “ejemplo de mujer comprometida con el pueblo, que luchó siempre para hacer realidad la Cuarta Transformación de nuestro país. Se desempeñó como diputada por la Montaña y se mantuvo hasta los últimos días laborando en nuestro gobierno ciudadano, en la SEP”.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido, Jacinto Gonzalez Varona, recordó que fue consejera y presidente del Consejo Estatal de Morena; diputada local en la anterior legislatura y participante activa del Instituto de Formación Política de Morena.
Su hermana, Denice Valencia Cardona, informó que la arquitecta por la Universidad Iberoamericana de Puebla, como militante fue siempre muy solidaria con los movimientos sociales de orden estatal, nacional y regional.
En Guerrero impulsó el movimiento estudiantil “#Yosoy132” en 2012, así como la lucha magisterial por mejoras salariales y contra las mal llamadas reformas estructurales en materia educativa, indicó.
Fue notoria su participación y colaboración en la fallida campaña para la gubernatura del senador Félix Salgado Macedonio, y luego en la promoción de la gobernadora actual.
A la morenista le sobrevive un hijo y su papá, Horacio Valencia Méndez. Fuentes cercanas a la familia, indicaron que el sepelio será en la comunidad de Xalatzala, de donde es originaria su familia partena. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
El diputado del PRI Rafael Navarrete cuestiona a la secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos Reyna Mejía por la falta del nombramiento del Subsecretarío de Asuntos Afromexicanos Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Durante la comparecencia de la secretaria para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, los diputados locales le preguntaron por qué no ha propuesto nuevos programas que permitan ampliar la atención y la asignación de un mayor presupuesto, y por qué se cumplió un año de gobierno sin nombrar titular de la subsecretaría de Asuntos Afromexicanos.
También, a la titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales, la expusieron que para el ejercicio fiscal 2023 de 36 millones que se le destinarán sólo operará sus programas con 4 millones, lo demás es para burocracia.
La tarde del jueves, en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local, comparecieron ante comisiones las titulares de la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, y de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales.
La diputada local por el PRI, Julieta Fernández Márquez, preguntó a Reyna Mejía por qué no ha propuesto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, nuevos programas que permitan ampliar la atención y la asignación de mayor presupuesto, y por qué reportó un subejercicio del 30 por ciento a pesar de los pocos recursos que cuenta su dependencia.
Reyna Mejía respondió que el 30 por ciento del presupuesto lo ejercerá en lo que resta de este año, y precisó que está trabajando en un programa especial para la atención de los pueblos indígenas y afromexicanos a través del Subcomité Especial alineado a los planes nacional y estatal del desarrollo y a la agenda 2030, del que no detalló más.
La morenista Marben de la Cruz Santiago, le preguntó cuántas veces se ha reunido el Subcomité Especial, y qué acciones han surgido o qué agenda se ha construido en él, además, cuánta población indígena y afromexicana hay en las cárceles del estado.
Reyna Mejía expuso que se han reunido en seis ocasiones, tres sesiones ordinarias y tres extraordinarias. Dijo que de acuerdo a sus estadísticas al corte de octubre de este año, hay una población de 444 personas indígenas y 42 afromexicanas en los penales del estado.
El priista Rafael Navarrete Quezada, le reprochó que a un año de gobierno aún no se ha nombrado un subsecretario de Asuntos Afromexicanos como sí lo hubo en los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y de Héctor Astudillo Flores.
“No sé cuál es la explicación y no sé si tenga una ruta de solución porque claramente no se está haciendo nada de los afros, pero si empezamos porque ni siquiera tenemos una subsecretaría… me queda muy claro que aspirar a otras cosas es más complicado”, expuso.
La secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos sostuvo que está en proceso la actualización del nuevo organigrama, en el que se pretende crear una subsecretaría, una dirección general y una jefatura de departamento para la atención del pueblo afromexicano, la cual no existía como tal, y aseguró que en 2023 ya estarán en función.
Navarrete Quezada replicó que le resultaba triste que por el organigrama no se haya nombrado esa subsecretaría, cuando existía el antecedente en dos administraciones anteriores, y señaló que ella “debió haber nombrado a quién encabezará la subsecretaría”, agregó que la vería dentro de un año para ver si era cierto que ya había un subsecretario afro.
El diputado por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, preguntó cómo atendió a los 25 mil guerrerenses de la Montaña que cada año salen a trabajar a los campos agrícolas y qué se hace para apoyar el rescate de las lenguas indígenas.
Mejía Morales expresó que a los jornaleros agrícolas se les ha brindado una atención integral a través de una comisión intersectorial que les ha dotado insumos alimenticios, que los han apoyado con intérpretes en las cuatro lenguas indígenas, con asesorías jurídicas, atención médica, traslado de fallecidos, y talleres para el fortalecimiento de la medicina indígena y tradicional.
Comentó que han implementado talleres para promover la preservación de las lenguas maternas en diferentes municipios como Xochihuehuetlán, Huamuxtitlán, Alpoyeca, Copanatoyac, Tixtla, Copalillo y Chilpancingo.
La secretaria para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, destacó en la síntesis de su informe que en Guerrero según el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 515 mil 487 hablantes de lengua indígena: náhualt, ñuu savi, me’phaa y nn’anncue ñonmdaa.
Aunque dijo un millón 198 mil 362 se reconocen como indígenas, que representa el 33.84 por ciento de la población del estado; y 303 mil 923 personas que se consideran como afromexicanos, que representa el 8.55 por ciento, concentrados en Acapulco, Chilpancingo, Cuajinicuilapa, Ometepec, Florencio Villarreal y Tecoanapa.
Sostuvo que integró un Subcomité Especial de Pueblos Indígenas y Afromexicano, conformado por veinticuatro dependencias estatales y federales que implementaron programas; impartieron talleres de capacitación y sensibilización a servidores públicos municipales y autoridades comunitarias, para erradicar los matrimonios forzados entre menores de edad, justificados bajo los usos y costumbres.
Mencionó que en el ejercicio presupuestal se invirtieron 6 millones 520 mil 97 pesos, de los cuales, para el Programa Defensa y Acompañamiento Jurídico para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicano se invirtió 2 millones 163 mil 247 pesos en asesorías jurídicas y representaciones legales; se invirtió 2 millones 992 mil 300 pesos en el Programa Transformando el Desarrollo de las Culturas e Identidades de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, que promovió y difundió la cultura indígena y afromexicana en todas sus expresiones.
Además, dijo que para el Programa para Impulsar la Participación y la Representación de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, se ejerció una inversión de 380 mil 250 pesos, para celebrar dos foros de consulta y análisis para el diseño del Programa de Desarrollo Integral para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Por su parte, la diputada local perredista, Jennifer García Lucena, preguntó a la titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, por qué para el presupuesto del 2023 se destinarán 36 millones a su dependencia, de los cuales, 32 millones están destinados para gastos de la secretaría, y sólo 4 millones para la inversión en sus programas.
También le preguntó qué ha hecho para atender a los jóvenes que están en el contexto de violencia, cuando muchos caen en las filas de la delincuencia organizada y cuáles son las medidas preventivas que brinda su secretaría.
Jessica Maldonado reconoció que sí trabajará el próximo año sólo con 4 millones de pesos para la operatividad de su dependencia. Mencionó que ante el contexto de violencia que sufre Guerrero, implementaron una estrategia de prevención para el consumo de drogas y alcoholismo con conferencias y una escuela para padres en la región Montaña y Costa Chica.
Aseveró que atendió con servicios de salud mental y en apoyo con fundaciones a jóvenes en situaciones de drogadicción y alcoholismo, destacó que contribuyó de manera directa al vincularlos con la Secretaría de Educación si los jóvenes deciden seguir estudiando y le dan el acompañamiento directo para el ingreso a la escuela, y si la o el joven decide trabajar lo vinculan con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para darle un empleo formal.
Secretaría de la Juventud apoya emprendimiento
La secretaria de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales, manifestó en la síntesis de su informe que con los 2 millones de pesos presupuestados este año, invirtió un millón correspondiente al remanente del ejercicio fiscal 2021 y otro millón más que gestionó de inversión estatal directa para beneficiar a mil 112 jóvenes con el Programa de Equipamiento a cinco Casas de Estudiantes, y la reactivación de la casa del Estudiante Guerrerense en la Ciudad de México. Enfatizó que fortaleció la cultura emprendedora, al poner en marcha el programa “Foros de fomento al empleo y emprendimiento juvenil” a través de la convocatoria “Juventud que emprende”, contando con una inversión de 480 mil pesos, teniendo una cobertura estatal que benefició a 20 hombres y 26 mujeres.
Añadió que invirtió un millón cuarenta mil pesos, con la activación del programa Eventos Regionales para el Desarrollo de la Juventud y la Niñez, mismos que se integra por diversos componentes: entregaron a mil 517 jóvenes métodos anticonceptivos, información preventiva y aplicando 240 pruebas gratuitas de detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
Además, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vinculó a 3 mil jóvenes en puestos de trabajo formal y a 6 mil 256 jóvenes con las Ferias de Empleo, consolidando 800 nuevos ingresos en vacantes ofertadas por el sector privado.
