Trabajadores del Congreso del estado ingresan a las instalaciones tras retirar el campamento que mantuvieron seis días en la entrada principal Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Tras seis días de paro laboral y toma de la sede del Poder Legislativo por parte del sindicato Sentimientos de la Nación, los trabajadores liberaron el Congreso local, que fue la condición de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Yoloczin Domínguez Serna para establecer una mesa de diálogo para atender sus demandas.
El miércoles pasado, trabajadores del recién creado sindicato de trabajadores tomaron el Congreso local, y a pesar de que los candados se pusieron desde adentro de las rejas por trabajadores de seguridad y no por los paristas, estos se colocaron en la entrada del estacionamiento que desde hace dos años funciona como la principal.
Antes de las 8 de la mañana trabajadores del Congreso local retiraban el plantón que duró seis días, quienes posteriormente ingresaron a sus áreas de trabajo y permanecen a la espera de ser convocados por Yoloczin Domínguez.
Antes de las 9 de la mañana a la sede del Poder Legislativo llegaron el secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Rosendo Orozco Pintos; la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Avilés Rodríguez y el encargado del Órgano Interno de Control, Ederht Oyorzábal Díaz, quienes abrieron las instalaciones del Congreso e hicieron un recorrido sin informar de irregularidades al interior.
A pesar de que el lunes el líder sindical Fernando Martínez Román afirmara que no se retirarían y esperarían a Yoloczin Domínguez en el plantón y que no aceptarían un diálogo “condicionado”, finalmente ayer comentó que decidieron confiar en la palabra de la diputada de que se iniciaría una mesa de diálogo.
Martínez Román dijo que confían en la disposición de diálogo que mostró la diputada Yoloczin Domínguez, y en el compromiso que hizo con ellos la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de intervenir en el conflicto y solucionar sus demandas.
Hasta ayer por la noche, el sindicato no tenía notificación de cuándo se instalaría esta mesa de diálogo y confiaron en que esta se realice a más tardar este miércoles.
Fernando Martínez comentó que plantearán que no haya hostigamiento laboral, entre otras demandas de su pliego petitorio como seguridad laboral y entrega de útiles escolares para hijos de trabajadores.
De acuerdo al orden del día de la sesión de la Comisión permanente que se conoció ayer, la plenaria que en periodo de receso se realiza regularmente los miércoles, en esta ocasión se pasará para mañana jueves, sin que se conocieran los motivos.
La sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), con sede en el Congreso local, se deslindó del paro de labores del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Legislativo de Guerrero Sentimientos de la Nación, y denunció que sus líderes buscan negociar con amenazas sus conquistas laborales.
Con un posicionamiento sobre la toma del Congreso, desde el miércoles 8 de febrero, la sección del SUSPEG indicó que el poder Ejecutivo está “secuestrado” por una organización sindical “que se constituyó de manera ilegal”.
Incluso, señaló que siendo minoría, la organización independiente pretende los mismos derechos y prerrogativas del SUSPEG.
“Dejamos muy clara la posición de que es bienvenida la libertad sindical, pero no para beneficio personal o de unos cuantos. Sí a la mejora continua de derechos, sí a la concertación de ideas y acuerdos en beneficio de todos”.
Pero dijo que no aceptan que el sindicato independiente “negocie con nuestras conquistas, a través de las amenazas de alguna otra organización sindical, que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores del poder Legislativo”.
Aclaró que la sección 55 revisa anualmente, de manera bilateral, el pliego petitorio y lo comunica al tribunal, para la correspondiente toma de nota.
Mientras que el origen del sindicato independiente es ilegal, aseguró, porque la mayoría de sus integrantes son trabajadores de confianza.
Dijo que esa condición vulnera los principios básicos de la libre sindicalización, “es una prohibición legal y constitucional, que trabajadores de confianza no pueden constituir un sindicato”.
Adelantó que se reservan el derecho de ejercer las acciones legales en contra de la toma de nota, que habría sido integrada de forma indebida.
Desconoció al sindicato independiente, así como sus demandas y exigencias, que obligaron este paro de labores con la toma de instalaciones y de las calles aledañas al Congreso.
Aseguró que la sección 55 siempre privilegió el diálogo y el respeto, a fin de que se mantengan los beneficios de la base trabajadora que representa, sin mencionar que en el anterior trienio también tomaron el recinto oficial durante meses. (Redacción / Chilpancingo).
El secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso, Andrés Orozco Pintos y la subdirectora de Recursos Humanos Avilés Rodríguez, en conferencia de prensa la tarde de ayer para responder a señalamientos del sindicato que cerró las instalaciones Foto: Lenin Ocampo Torres
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La Comisión Permanente del Congreso realizó su sesión ordinaria en el hotel Holiday Inn, tras que la sede fue tomada por trabajadores. Ésta fue de trámite y no fue transmitida por ninguno de los medios institucionales, a pesar de que las sesiones deben ser públicas, por lo que la información que se conoce es solamente por boletines.
En la sesión se habló de las irregularidades en el zoológico de Chilpancingo Zoochilpan. La Mesa Directiva dio lectura a un documento del diputado del PVEM Manuel Quiñónez Cortés, en el que pidió garantizar el respeto a la vida de las especies animales que están bajo el resguardo de este parque.
El Zoochilpan, dijo en su escrito, debería ser un santuario para la protección, el buen cuidado, manejo, conservación y reproducción de las especies animales, pero “por crudo que se escuche”, resultó ser un “matadero y negocio de personas sin ética profesional y sin conciencia”.
Finalmente exigió a las autoridades ambientales que el resultado de las investigaciones concluya con las denuncias “y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”.
El diputado priista Rafael Navarrete Quezada intervino respecto al manejo inadecuado de animales, lo que constituye “no solamente faltas administrativas, sino también inobservancia y violaciones a las disposiciones del derecho positivo vigente y a las Leyes General de Vida Silvestre y de Bienestar Animal del Estado de Guerrero”.
El priista también exigió una investigación a fondo que permita saber qué pasó y qué está pasando en el Zoochilpan “emplazándolas a cumplir su responsabilidad de proteger a los animales y sancionar de manera ejemplar a quienes vulneren sus derechos”.
La diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz propuso incorporar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito de la administración pública, para el libre ejercicio de la función, la toma de decisiones y el acceso a los recursos y prerrogativas de ley, en pie de igualdad con los hombres, estableciendo medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia política en la administración pública del estado y sus municipios.
Y la morenista Jessica Alejo Rayo propuso una adición al artículo 170 Bis del Código Penal del estado para sancionar la elaboración y posesión de medicamentos clonados, alterados o caducados con fines de venta, comercialización y distribución de manera directa o en establecimientos no autorizados, con penas de 3 a 8 años de prisión.
De Morena, Angélica Espinoza García propuso reformas y adiciones al artículo 35 Bis de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado para incorporar a las artesanías guerrerenses dentro de los programas prioritarios de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo, que propicie la atención integral de toda la cadena de producción que integra la difusión, promoción y salvaguarda de esta actividad representativa de Guerrero.
Otro morenista, Osbaldo Ríos Manrique, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para incorporar entre los Premios Estatales a la Juventud una categoría referente a género y diversidad sexual, dirigida a personas jóvenes con liderazgo que promuevan la igualdad de derechos y combatan la discriminación de forma activa, las desigualdades y estigmatización de grupos vulnerables.
La Permanente desechó la iniciativa de ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Coyuca de Benítez, por no estar debidamente justificada ni existir un diagnóstico que fundamente su creación.
El diputado local Alfredo Sánchez Esquivel afirmó que la denuncia que se presentaron 353 mujeres militantes de Morena ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de este partido, por violencia política de género contra de la actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, es una persecución política por parte de “algunos actores” que están buscando la manera de afectarlo.
En breves declaraciones telefónicas, se le preguntó sobre la queja intrapartidaria. Comentó que ya le notificaron por parte de la CNHJ respecto a ésta pero que no se menciona que esta se haya presentado por 353 mujeres morenistas, y que de acuerdo a lo que conoce se trata de una queja de la diputada Yoloczin Domínguez Serna en su contra.
“Yo he señalado desde hace muchos meses que hay una persecución política, que muchos actores o algunos actores iban a buscar algunos mecanismos para poder cristalizar esta persecución política, pero como esto ya es un tema que se tiene que resolver en instancias intrapartidistas pues es un tema que se lo deje a mi equipo de abogados para que ellos atiendan”.
De si además de ésta hay algún otro procedimiento en su contra por violencia política de género o relacionada a su paso por la Jucopo, respondió que “al ser esto una persecución política, te puedo garantizar que hay esta y muchas más”, pero no quiso precisar cuáles eran.
Lo que sí aseguró es que hay otros, además de la diputada Yoloczin Domínguez que tienen la intención de afectarlo “estoy seguir que sí los hay, ya en su momento daremos los nombres y haremos los señalamientos ya, de manera directa”, por lo pronto dijo que serán sus abogados los que se encargarán de atender las quejas o denuncias en su contra.
A la pregunta de si se trate de un tema político en su contra, se limitó a ejemplificar que a pesar de los señalamientos por las presuntas irregularidades en la demolición de la biblioteca del Congreso local, hasta ayer no se había presentado una denuncia en su contra por ese tema y únicamente se han realizado señalamientos públicos.
De lo declarado por el auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta, respecto a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya entregó el informe con observaciones sobre la demolición de la biblioteca del Congreso local al poder Legislativo y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo estatal, respondió “es un dato muy práctico, yo no ejecuté recurso, no administré recurso y yo no licité obra, fue recurso manejado por Finanzas del Estado, y obra licitada, supervisada por Obras Públicas del estado, desconozco qué observaciones haya encontrado” la ASF a ambas dependencias.
Señaló que estas observaciones no serían a él, sino a alguna de las dos dependencias del gobierno estatal, la encargada de administrar el recurso y la que licitó y supervisó “a mí no se me ha notificado y no creo que se me notifique es un tema que si la ASF lo maneja, hay procesos internos que no son del dominio público, a no ser que solamente se busque un tema mediático o de golpeteo político”.
El auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta, informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya entregó el informe con observaciones sobre la demolición de la biblioteca del Congreso local al poder Legislativo y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo estatal.
Consultado en el auditorio Sentimientos de la Nación sobre alguna intervención de la dependencia en este proceso, aclaró que no lo revisó, sólo tuvo la información de que la ASF hizo la Auditoría y ya remitió el informe con recomendaciones.
Con este documento se determinaría si existen responsabilidades de personas o instituciones por la demolición del edificio del Congreso local, que en el presupuesto de egresos del estado hace dos años sólo señalaba una inversión de rehabilitación.
En el tema de las auditorias estatales, informó que le ASE cumplirá en tiempo y forma el 17 de febrero, con la entrega 139 informes individuales y general de las cuentas públicas a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Reconoció que está trabajando a marchas forzadas por el fuerte rezago que dejó la anterior administración; sin embargo, confió en que cumplirán con la obligación de entregar de manera profesional y conforme a la ley.
Recordó que tomó el cargo el 12 de septiembre de 2022, y le tocó entregar el segundo bloque de informes de la cuenta pública de municipios, poderes del estado, organismos públicos descentralizados y auditorías de desempeño. El próximo 17 de febrero es el plazo de entrega del tercer bloque.
Señaló que quedó mucho por hacer con 153 entes fiscalizables en la anterior administración, cubierta por auditores especiales debido al retraso del nombramiento del titular de la ASE, desde julio de 2021 que salió el anterior.
Añadió que hay procedimientos administrativos contra funcionarios que ya se fueron, y que habrá de resolver el Tribunal Administrativo de lo Contencioso.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, en entrevista en el lobby del recinto legislativo al término de la sesión de la Comisión Permanente Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, reconoció que no hay la intención del Poder Legislativo por llamar a comparecer a funcionarios estatales, y que esperan la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la que consulta respecto del proceso de designación de los cabildos instituyentes de los cuatro nuevos municipios para no caer en omisiones que generen la invalidación de estos.
La presidenta de la Jucopo fue consultada al término de la sesión de la Comisión Permanente. Se le preguntó si se ha hablado de la posibilidad de llamar a comparecer a funcionarios estatales, como el caso del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) del gobierno del estado, Ángel Almazán Juárez, por las irregularidades cometidas por el ex director del zoológico Zoochilpan, José Rubén Nava Noriega, así como del secretario de Seguridad Pública (SSP), Evelio Méndez Gómez, por los señalamientos de vínculos con grupos criminales, a partir de hechos como el ocurrido el fin de semana pasado en la comunidad El Parotal, en la sierra oriente del municipio de Petatlán.
Al respecto, Yoloczin Domínguez dijo que ninguno de estos temas se ha tocado en las reuniones del grupo parlamentario de Morena, que es el primer espacio en el que tendrían que acordar la propuesta de llamar a comparecer a funcionarios estatales, para posteriormente llevar el planteamiento ante la Jucopo.
“Somos muy respetuosos para evitar entorpecer las investigaciones que se lleven a cabo, tratamos de ser mesurados en nuestras declaraciones”, dijo la morenista.
En el caso específico del zoológico de Chilpancingo, calificó como “preocupante” lo sucedido e insistió en que será hasta que lo hablen con el grupo parlamentario de Morena cuando podrá fijar una postura al respecto.
A Yoloczin Domínguez se le preguntó si el Poder Legislativo no está renunciando a una de sus facultades que es el llamar a comparecer a funcionarios estatales, pero aseguró que no están renunciando a esta facultad, pero “estamos siendo muy responsables” para no entorpecer investigaciones que realizan las diferentes instituciones, aunque volvió a reconocer que el tema no se ha tocado al interior del grupo parlamentario de Morena.
“Hay temas importantes, que realmente laceran, que preocupan como el tema de la seguridad que se está viviendo en Petatlán, pero también yo no puedo hablar a título personal y decir que se llamará a comparecer a los titulares… me queda claro que no podemos ser omisos ante situaciones que pasan en el estado, menos cuando son situaciones que realmente vulneran como el tema de la seguridad que es un tema grave”, comentó Domínguez Sena.
Consultaron a la Corte sobre nuevos
ayuntamientos
De la designación de los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios: Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, Yoloczin Domínguez explicó que este proceso se está demorando porque se envió la información a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que pidieron una opinión o revisión del proceso, debido a un antecedente ocurrido en Morelos donde se invalidó el proceso de creación de un municipio por parte de este máximo órgano.
En ese caso explicó que “una vez que la SCJN nos responda relativo a la información que se mandó, nosotros encausaremos o daremos el seguimiento correcto”, porque dijo que están cuidando el “no caer en las inconsistencias que se encuentra el estado de Morelos donde el Congreso instituye un municipio y la Corte tumba”, lo que puede “afectar y violentar y pasar a situaciones más extremas lejos del tema político o jurídico”.
Nueva convocatoria para órganos de control
A la presidenta de la Jucopo también se le preguntó sobre pendientes que dejó la pasada legislatura y que la actual que inició hace más de un año y cuatro meses no ha logrado desahogar, como los nombramientos de los órganos internos de control.
Se trata del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), del Tribunal de Justicia Administrativa (TSJA), y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAIGro), Yoloczin Domínguez recordó que en la pasada legislatura estuvo a punto de concluir el proceso de designación porque incluso ya había dictamen.
“Esta es una nueva legislatura, se está poniendo a consideración la posibilidad de que sea una nueva convocatoria para que todos puedan nuevamente postularse y seguir el proceso que se siguió en la legislatura pasada” explicó la presidenta de la Jucopo.
Comentó que la Jucopo realizó una calendarización en la que se establecieron los temas a los que se les dará prioridad y entre los cuales están precisamente la designación de los cabildos instituyentes, la designación de los titulares de órganos internos de control.
La secretaria de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso local, Leticia Castro Ortiz, informó que aún no hay convocatoria para que el colegiado se reúna para dictaminar el tema de los cabildos instituyentes de los cuatro nuevos municipios: Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, además de que deben atender observaciones de sustentar las delimitaciones territoriales y coordenadas de dos de las nuevas demarcaciones.
En breves declaraciones telefónicas, la morenista comentó que la comisión se declaró en sesión permanente para atender en específico el caso de los cuatro nuevos municipios que fueron aprobados para su creación e integrados sus nombres a la Constitución del estado, pero aún no se ha designado a los cabildos instituyentes.
Sin embargo, confirmó que no hay avances y no hay aún una convocatoria para que la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación aborde el tema.
La comisión es presidida por la priista Alicia Zamora Villalva, Leticia Castro como secretaria y los vocales son los morenistas Andrés Guevara Cárdenas y Alfredo Sánchez Esquivel, así como la perredista Elzy Camacho Pineda.
A Leticia Castro se le preguntó sobre lo señalado por el presidente del comité gestor del nuevo municipio de Santa Cruz del Rincón, Francisco Rodríguez Flores, quien adelantó que presentarían ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) una queja contra el Congreso local por violar sus derechos a elegir a sus autoridades, luego de que los diputados retrasan el nombramiento de los cabildos instituyentes de los cuatro nuevos municipios, a pesar de que ya se hicieron asambleas y entregaron sus planillas, además de que el comité de Ñuu Savi, había recurrido también al órgano jurisdiccional por la prórroga que el Legislativo se autorizó sin notificarles de manera oficial.
Al respecto, Castro Ortiz señaló que estarán atentos a recibir las notificaciones del TEE, para atender lo que sea necesario.
Señaló que los integrantes de la comisión están a la espera de ser convocados por la presidenta Alicia Zamora para sesionar para avanzar en la dictaminación para la designación y toma de protesta de los cabildos instituyentes, pero también tienen que atender “unos comunicados” que recibieron del Poder Ejecutivo.
La diputada señaló que no tiene más detalles pero que se trata de “las coordenadas, el aspecto territorial de dos municipios, eso lo envió el Ejecutivo para que se sustentara bien ese dictamen porque el INEGI y el Instituto Electoral habían hecho algunas observaciones”.
Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres entrega a la presidenta de la comisión Para la Igualdad de Género, Gabriela Bernal Reséndiz y la presidenta de la Junta de Coordinación Política de Congreso, Yoloczin Domínguez Serna, una propuesta de reformas en materia de violencia política contra las mujeres en la sala Bajos Valverde del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Guerrero es el único estado que no legisla para armonizar la materia de violencia política de género, y la propuesta de reforma a la Ley 553 de Acceso a una Vida Libre de violencia en Guerrero que ya trabajan diputadas sólo permitiría desplegar el catálogo de 22 conductas señaladas en la ley federal, que además se deben trasladar a la legislación electoral local, señaló la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres, Muriel Salinas Díaz.
Informó lo anterior durante una reunión con la diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Gabriela Bernal Reséndiz, a quien entregaron una iniciativa para incluir la violencia política contra las mujeres como falta grave en la Ley de Responsa-bilidades Administrativas, para aplicar sanciones que ya establece la norma contra servidores públicos.
Tras la reunión, acompañada por las activistas, Bernal Reséndiz entregó la propuesta a la Oficialía de Partes para iniciar el trámite legal.
Antes, la activista advirtió que queda poco tiempo para garantizar a las ciudadanas de Guerrero un piso de protección jurídico de sus derechos político electorales, sobre todo en armonía con lo que ya se conquistó a nivel federal, considerando que la legislación debe estar aprobada 90 días antes de septiembre, cuando arrancan los trabajos de los comicios de 2024.
Salinas destacó la importancia de incorporar estas 22 conductas sobre todo en la ley de delitos electorales porque 14 ya tienen penas de cárcel y multas a nivel federal; también hay faltas administrativas en la Ley General de Instituciones y Pro-cedimientos Electorales y en la de Responsabilidades Administrativas.
“Todo eso se tienen que armonizar en Guerrero. Una parte muy importante que se está impulsando principalmente por la diputada Gabriela Bernal, es a la Ley 553, y nosotras estamos contribuyendo a la labor que ellas están realizando hoy, para que se armonice la Ley de Responsabilidades Administrativas, y estaremos acompañandolas para armonizar también la legislación electoral”.
Denunció que en Guerrero el pleno no ha querido aprobar la armonización de la Ley 553, “ha habido múltiples obstáculos dentro de esta Legislatura para aprobar las reformas en materia de paridad, pero sobre todo en materia de violencia política en razón de género”.
Subrayó que la resistencia a reformar algo tan digno “es síntoma del enorme déficit de la vida democrática” local y “muestra una clase política patriarcal que no ha entendido la importancia de la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder y toma de decisiones, como pilar fundamental de la democracia”.
Apoyo a judicializar denuncia de Domínguez Serna
Al inicio de la reunión, participó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada de Morena Yoloczin Dominguez Serna, a quien Bernal describió como “una gran aliada desde que llegó a la presidencia”, y quien ha vivido violencia política.
Salinas confirmó que lo vivido por Yoloczin “es claramente violencia política en razón de género” y ofreció el apoyo legal de la Red si es que decide proceder jurídicamente.
Recordó que en este momento, la Red tiene un proyecto de acompañamiento a la víctimas de violencia política, y sería la primera vez que una diputada local hace frente legal a una situación de esta naturaleza, en alusión a las controversias con el anterior presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel.
Asmismo, señaló que está pendiente de legislar los criterios 3 de 3 contra la violencia política hacia las mujeres, aprobados por el INE para que los partidos prevengan sanciones y erradiquen la violencia política, y que en este momento tampoco son ley a nivel federal, “porque es una oportunidad de articular esfuerzos para que no volvamos a ver a ningun misógino violentando en el Congreso del estado a una mujer legisladora, eso significa ningún agresor en el poder”.
La Red también podría acompañar la modificacion del reglamento interno del Congreso para garantizar la integración paritaria de las Comisiones, aún pendiente, indicó.
En su intervención, Domínguez Serna reconoció en Gabriela Bernal a una mujer comprometida con la causa, sin distinción de partidos, “cuando se trata de abrazarnos como mujeres, cuando se trata de blindarnos como mujeres, el tema político deja de existir, nos vemos como mujeres, amigas y aliadas”.
Añadió que sigue padeciendo violencia política, pero cuando el problema fue más fuerte, “en este paso tan grande a la Jucopo, tuvo el cobijo y de compañeras diputadas. Señaló que Bernal fue un “ángel” en ese momento “gris de vida”, que la golpeó primeramente en lo personal.
Preocupa que llamado de Jacinto Gonzalez sea mediático
Sobre el riesgo que trae para los derechos de las mujeres la reforma electoral conocida como Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en que el INE y los Organos Públicos Locales Electo-rales (Oples) no tendrá facultades para regular la vida interna de los partidos.
Entre estos lineamientos se encuentra la 3 de 3 contra violencia política de género y la paridad en candidaturas y cargos.
Solicitó a las diputadas una mesa de diálogo con distintos grupos parlamentarios, también con representantes de partido para poder poner en la mesa este análisis desde la perspectiva de las mujeres.
“El privilegio patriarcal que comparten todos los partidos, incluido Morena, es la exclusión de las mujeres del poder político, y ahí todos están de acuerdo, lamentablemente, por eso no han mencionado una palabra de este tema en el debate nacional”.
Recordó que recibieron una invitación al diálogo del presidente de Morena, Jacinto González Varo-na, y aunque se comunicó con él, no ha tenido respuesta. Expresó preocupación de que la respuesta del dirigente a la advertencia de los riesgos del Plan B haya sido solamente un asunto mediático.
Participantes del diplomado Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que se clausuró el sábado, solicitaron al Consejo Universitario y al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Alfredo Romero Olea, la creación de la licenciatura sobre este tema.
El escrito lo entregó, durante la clausura de ese diplomado, un grupo de más de 20 estudiantes indígenas, encabezados por Gilberto Moctezuma Estrada y Ulises Domínguez Villarreal, en el Congreso local.
El dirigente indígena nahua, Marcos Matías Alonso, informó que el diplomado indígena y afromexicano en Guerrero, “fue un esfuerzo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, UAG y Congreso local”.
Explicó que el diplomado tuvo una matrícula de 131 estudiantes de origen me’phaa (tlapaneco), na savi (mixteco), ñomndaa (amuzgo) y afromexicano.
Informó que el diplomado fue clausurado el sábado por el rector Romero Olea y con la presencia de Arturo Pacheco Bedolla, en representación de la diputada Yoloczin Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
Estuvieron presentes también Hugo Aguilar, en representación del INPI Nacional, y el delegado de la dependencia federal en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero.
Matías Alonso dijo en la clausura, que los diplomantes plantearon dos solicitudes al rector de la UAG: crear una materia transversal sobre derechos indígenas y afromexicanos en la facultad de Derecho y una licenciatura sobre derechos indígenas.
Informó que el rector recibió la propuesta e hizo el compromiso de turnar la petición al Consejo Universitario.
En el escrito, que firmaron más de 20 participantes del diplomado, se argumenta que “estos temas son de suma importancia, pues son la base de nuestra historia como estado y un elemento fundamental en el desarrollo del mismo”.
Consideran que es necesaria la implementación de la asignatura en derechos indígenas y afromexicanos dentro de las ciencias sociales y humanidades de la UAG, para que, de manera paralela, se fomente la difusión de estos derechos a través de espacios abiertos y colectivos, como conversatorios, cursos, congresos, talleres y cátedras permanentes.
Refieren en su escrito que la intención es visualizar los avances y alcances en la materia, con el fin de fortalecer la pluralidad de sistemas jurídicos y acciones interinstitucionales en favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas “así como resarcir la deuda histórica”.
El hermano del joven desaparecido Alberto Fonseca Leyva muestra la carta que le escribió a los Reyes Magos; en la que les pide la búsqueda y la aparición de su familiar Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, organizaciones de familiares de personas desaparecidas de Guerrero promoverán un amparo por omisión legislativa contra la titular del poder Ejecutivo, Evelyn Salgado Pineda, y el Congreso local, por no haber armonizado la legislación estatal con la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, informó el presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez.
En el festejo del Día de Reyes para hijos de personas desaparecidas, en un domicilio de la colonia Galeana, que organiza año con año la asociación, recordó en el artículo transitorio de la ley señaló un plazo de seis meses para que gobernadores y jefatura de gobierno de Ciudad de México adecuaran los ordenamientos jurídicos y reglamentarios que correspondan, a fin de cumplir y armonizarlos con las disposiciones contenidas en la ley. Ese plazo venció hace cuatro años, en enero de 2019, precisó.
Recordó que la declaración especial de ausencia permite a familiares de personas desaparecidas disponer de propiedades, potestades, plazas y acceso a la salud, que no tendrán mientras no se establezca un paradero.
Informó que las desapariciones en Guerrero no paran, que hasta el día de viernes en la madrugada el Registro Nacional de personas desaparecidas y no localizadas, de la Secretaría de Gobernación, llevaba mil 873 casos sólo en Guerrero, sin contar el universo de personas que no denuncia. El dato fue proporcionado en una reunión en la Cdmx, por funcionarios federales con la asociación nacional Ni Una Menos México, de la que Lupita Rodríguez fue cofundadora, indicó.
“Es difícil en este ambiente que la gente se anime a hacer su denuncia, tienen miedo. Llevamos casos de personas que hace cinco años perdieron a sus familiares y apenas están haciendo los trámites. Ya nomás quieren, como la mayoría de nosotros, saber cuál fue la suerte, no pedimos justicia, solo que nos dejen buscar en paz”.
Señaló que el año pasado, en el país asesinaron a siete activistas que buscaban a sus familiares, la última fue la señora María Carmela, en Abasolo, Guanajuato, de Personas Desaparecidas de Pénjamo.
Ahora, que está en revisión el proyecto de Ley de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, señaló que los colectivos exigen autonomía para las comisiones estatales de Atención a Víctimas y de Búsqueda de desaparecidos. Cuestionó que la CEAV sigue metiendo documentos para trámites personales en la Secretaría General de Gobierno, que paga con retraso, después de un mes de cada fecha de pago.
“No puedo hablar bien de ninguna institución. Hay muchas carencias, por ejemplo, en los operativos de búsqueda de personas en fosas clandestinas con el fuero común que depende del estado. Apenas les entregaron algunos vehículos, pero no creo que sea lo que ellos solicitaron”.
Señaló que en otras comisiones, como en el Estado de México, hay suficientes vehículos, maquinaria pesada, hasta lanchas, “sin tener mar, cuando aquí hay un programa tan grande de desaparición forzada en la laguna de Tres Palos, en el mar desde 1974”.
Asimismo, plantea autonomía para los servicios médico forenses y un centro nacional de idenficación humana, con el modelo de Coahuila.
