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Aumentan 10 pesos a las tarifas de taxis colectivos de Acapulco a municipios de la Costa Chica

 

Viajar de Acapulco a algún municipio de la Costa Chica en los taxis colectivos que hacen sitio en Las Cruces cuesta 10 pesos más, luego de que transportistas de las rutas a San Marcos, Cruz Grande, Marquelia, Ometepec, y Cuajinicuilapa aumentaron el costo de las tarifas ante el aumento a la gasolina.
Los taxistas rechazaron el aumento y reprocharon que el presidente Enrique Peña Nieto prometió que no habría más aumentos a los combustibles.
Indicaron que, de forma paulatina, desde el 1 de enero todas las rutas que van a los municipios de la Costa Chica aumentaron 10 pesos al pasaje. Así, viajar de Acapulco a San Marcos cuesta 60 pesos con la nueva tarifa, de Acapulco a Ometepec pasó de 170 a 180, a Cruz Grande de 100 a 110 pesos. De Acapulco a Cuajinicuilapa aumentó de 180 a 190 pesos.
Asimismo, viajar de Acapulco a San Luis Acatlán pasó de 170 a 180 pesos y de Acapulco a Las Vigas de 80 a 90 pesos.
Sólo la ruta de Acapulco a Ayutla se mantuvo sin aumento de la tarifa hasta ayer, en 130 pesos.
Por otro lado, viajar de San Luis Acatlán a Tlapa cuesta 20 pesos más por pasajero en los colectivos, de 150 a 170 pesos, y de San Luis Acatlán a Marquelia pasó de 50 a 60 pesos. En tanto que viajar de Cruz Grande a Ayutla pasó de 50 a 60 pesos.
Las combis que circulan en Cruz Grande aumentaron el pasaje de 5 a 7 pesos.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

Marchan estudiantes en la capital; exigen la libertad de un preso que encarceló Florencio Salazar

Estudiantes de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en la capital a Casa Guerrero, para exigir la liberación de Patricio Margarito Rivera quien fue detenido de manera irregular, acusado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio en la colonia Temixco II.
A las 12:30 del día 20 universitarios se congregaron en Ciudad Universitaria (CU) y partieron a Casa Guerrero, con pancartas en las que se leía, “Liberen a Patricio es inocente”.
La hija de Patricio Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo exigió al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame que desista de la denuncia en contra de su padre por invasión de un terreno, a pesar de que cuenta con las escrituras de que adquirieron el predio.
Dijo que los avances que han tenido es que se le fijó una fianza de 124 mil 900 pesos pero se les redujo a 104 mil 900 pesos al presentar una constancia de pobreza, sin embargo no cuentan con recursos económicos para pagar.
Señaló que en el juzgado han presentados pruebas de que llevan 24 años viviendo en un predio en la calle Moisés Parra en la colonia Temixco II, “los testigos de Salazar Adame dicen que llegamos al terreno el año pasado y construyeron la casa en la noche, eso es mentira, hay tráfico de influencias en el caso de mi padre”.
Agregó que su papá es carpintero y tiene un sueldo de 400 pesos al mes, no cuenta con dinero para pagar la fianza y pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga en el caso.

La CRAC es un proyecto inacabado y hay que mejorarlo, dicen dos consejeros

A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.

Mueren cuatro campesinos en una emboscada en San José Guatemala, San Marcos

Tres campesinos y un hombre murieron luego de una emboscada en la comunidad de San José Guatemala en el municipio de San Marcos, en la Costa Chica.
El hecho fue reportado a las autoridades poco antes de las 10 de la noche del sábado, los agentes de la Policía Ministerial se trasladaron a la huerta de un vecino y observaron entre el monte a un hombre asesinado a balazos, tenía un disparo en el tórax, otro en el abdomen, en el cuello del lado derecho y en el pie. En ese lugar se localizaron tres casquillos percutidos calibre .12 (escopeta).
A unos 20 metros del cuerpo fue hallado un rifle AR-15 con ocho cartuchos útiles, a unos 150 metros los agentes encontraron una vivienda y dentro encontraron el cuerpo de otro hombre quien tenía disparos en el rostro.
A otros 80 metros los agentes encontraron una segunda casa y adentro fueron hallados dos hombres más, padre e hijo, tenían disparos en el tórax, en el abdomen y el brazo izquierdo.
Los hombres que estaban adentro de las casas fueron identificados como José Manuel de 25 años, Romualdo de 67 años y Abel de 48, los dos últimos eran padre e hijo. El primer hombre hallado no fue identificado.
Se informó que los tres hombres identificados eran campesinos y originarios de San José Guatemala, pero llevaban varios años viviendo en la comunidad de Muédano.
Según versiones de familiares, el sábado entre las 6 y 7 de la tarde los tres hombres venían del campo y fueron emboscados, los campesinos se defendieron con sus escopetas.
Se informó que los familiares no permitieron que los cuerpos fueran trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo). Sólo el cadáver que no fue identificado fue trasladado al Semefo. (Carlos Moreno A.).

Hallan la osamenta de un hombre en Ometepec y se ahogan dos niños el jueves en Xochistlahuaca

Habitantes de la comunidad de La Libertad, Ometepec, encontraron una osamenta que por las características de la ropa es de un hombre.
El jueves por la noche los pobladores avisaron por teléfono a la comandancia de la Policía Municipal.
Los animales habían devorado parte del cuerpo.
Peritos en criminalística se trasladaron al lugar para hacer las investigaciones y levantar la osamenta la cual fue trasladada y depositada en la cámara frigorífica del hospital general de Ometepec.
El jueves pasado en Xochistlahuaca dos niños de 6 y 9 años perdieron la vida al ahogarse en una poza del arroyo Lagarto, cerca de la colonia Luis Donaldo Colosio.
Según vecinos, la mamá de Moisés y Jesús acudió a lavar ropa al arroyo mientras sus hijos fueron a jugar y se alejaron.
La señora regresó a su casa pensando que los niños se habían regresado, al no encontrarlos pidió ayuda y un vecino le informó que había encontrado a los niños en la poza del arroyo.

Bloquean maestros la carretera Acapulco-Pinotepa en Ometepec

 

Por segundo día consecutivo, desde las 9 la mañana, maestros del Sector Ometepec bloquean el paso al transporte de carga de empresas nacionales y transnacionales en la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional en el entronque a la ciudad de Ometepec. Unos cien maestros representantes de siete municipios que conforman el Sector Ometepec piden una cooperación voluntaria y entregan volantes informativos de qué es la reforma educativa y cómo afecta a los derechos de los maestros, informó el profesor Juan Pablo de la Cruz. Se espera que los maestros retiren la protesta después de las 4 de la tarde. En el lugar hay paso a automovilistas y transporte público.

Maestros impiden el paso a trailers y camiones de empresas en Costa Chica  

Después de las 10:30 de la mañana maestros del Sector Ometepec iniciaron un bloqueo en la carretera Acapulco – Pinotepa Nacional en el entronque a Ometepec e impiden el paso de trailers de carga de grandes empresas.
En el lugar hay unos cien maestros quienes exigen al gobierno federal dar marcha atrás a la reforma educativa por violar sus derechos laborales; la mayor parte de los manifestantes son integrantes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).
El bloqueo es solo para impedir el paso de trailers y camiones de carga de grandes empresas y hay paso para el resto de los automovilistas, se espera que la protesta se retire a las 5 de la tarde.
Otro grupo de unos 30 maestros de la CETEG protestan y piden cooperación a automovilistas en el Puente de Marquelia en la misma carretera federal a Oaxaca, el dinero recaudado es para apoyar al magisterio de Oaxaca dijo uno de los representantes. 

Pide el alcalde de Cuajinicuilapa al gobierno estatal que termine un puente que se cayó en 2013

Pese a que las lluvias causadas por la onda tropical número cuatro no han sido muy intensas, dejaron árboles y postes de luz caídos en los municipios de Cuajinicuilapa, Ometepec, Marquelia y San Luis Acatlán, según reportes de Protección Civil de los municipios de la región.
Por su parte, el alcalde de Cuajinicuilapa, Constantino García Cisneros, llamó al gobierno del estado a apresurar la construcción del puente de la comunidad de Agua Fría, que colapsó hace casi tres años ante las lluvias de la tormenta Manuel de septiembre de 2013, pues 17 de las 27 comunidades de ese municipio quedarían incomunicadas con las lluvias.
El alcalde priista dijo que si hay una creciente del arroyo, 17 de las 27 comunidades que hay podrían quedar incomunicadas, entre ellas San Nicolás, y que solicitó la reparación del puente al gobierno del estado, a través de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), pero que no hay avances.
García Cisneros indicó que, “afortunadamente”, las lluvias no han sido fuertes, lo que permite que aún se pueda pasar por donde fue afectado el puente, donde trabajadores del municipio colocaron un empedrado, “que es insuficiente”.
En otro hecho, en Ometepec cayeron tres árboles en las carreteras que comunican con los poblados de Mazapa, San José Ejido y La Soledad.
Por su parte, el presidente municipal de Marquelia, Arturo González reportó “saldo blanco”, y dijo que han caído algunos árboles tras las lluvias, pero sin mayores incidentes.
En San Luis Acatlán, Protección Civil reportó que las lluvias y el viento derribaron dos postes de luz y un árbol en la comunidad de Yoloxochilt, lo que dejó sin electricidad al poblado. Hasta ayer no se había reportado ningún herido.

Entre diciembre y abril hubo 791 detenidos por secuestro y homicidio: FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que según los reportes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), de diciembre de 2015 al 30 de abril de este año se han ejecutado 791 órdenes de aprehensión en Guerrero por secuestro, homicidio y violación.
Señaló en un boletín que Acapulco encabeza la lista de aprehensiones cumplidas, con un total de 419 en las colonias urbanas y suburbanas, y los detenidos que fueron puestos a disposición del juez correspondiente.
El segundo lugar lo ocupa la región Centro con 156 detenciones, después la región Costa Chica con 78, Costa Grande con 67 y La Montaña con 27 órdenes de aprehensión.
La FGE informó que la coordinación de la PIM en la región Norte reportó 26 detenciones y la región de Tierra Caliente registró 18 mandatos judiciales girados por los jueces de distrito de cada zona.
Las detenciones fueron por los delitos de secuestro, homicidio, violación, extorsión, robo de vehículo, posesión de enervantes y portación de armas.

 

Destinará la Sedesol 10 millones de pesos para el empleo temporal de productores afectados por la roya, anuncia

 

El delegado de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Armando Soto Díaz informó que la dependencia federal aportará 10 millones de pesos para el programa del empleo temporal para los cafeticultores afectados por la plaga de la roya.
El funcionario dijo que el incentivo será destinado a los jornaleros para renovar los cafetos afectados en algunas regiones cafetaleras del estado hasta en un 100 por ciento.
El 17 de febrero, el delegado estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Mateo Aguirre Arizmendi señaló que abordarían un programa de replantación del café para combatir la roya.
Este programa incluía la creación de viveros comunitarios, donde los productores serían los responsables del nuevo proceso de cultivo, con asesoría de la dependencia federal.
La propuesta conjunta con la Sedesol, es ofrecer a los productores un empleo temporal que les permitiera mantenerse económicamente activos, ante el temor de permanecer desempleados los tres años que dura el proceso de replantación.
Consultado vía telefónica, el delegado de Sedesol en Guerrero explicó que gracias a la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, con el titular de la dependencia federal, José Antonio Meade, se logró la gestión de 10 millones de pesos que serán destinados a los productores de las zonas que registraron mayores pérdidas de café, principalmente en la Costa Grande, Costa Chica y Montaña.
Dijo que dentro de unos 15 días comenzarán a disponer del dinero, toda vez que esperarán junto a la Sagarpa y el gobierno estatal definir un programa estratégico que permita con éxito la replantación de los cafetales
En cuanto al número de productores que serán beneficiados, el delegado señaló que, a partir de la siguiente semana se reunirá con una comisión de la Sagarpa y de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), para definir el padrón de cafetaleros que serán beneficiados, “ya que nosotros bajamos el recurso, éste se cruza en los padrones y en base a ello observamos la cantidad de productores que obtendrán el beneficio”, indicó.
Abundó que, por el momento desconoce el salario y la cantidad de horas que trabajarán los jornaleros, ya que primero deberán revisar minuciosamente los padrones establecidos y saber hasta donde serán extendidos los 10 millones de pesos, “lo único que puedo afirmar es que ya está (…) y será utilizado para la mano de obra de los jornaleros”, indicó.
Remarcó que, mediante el programa de empleo temporal los cafetaleros obtendrán un doble beneficio, pues además de renovar sus plantíos obtendrán un ingreso económico para sus hogares.