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Advierten complicaciones para la elección de 2024: crimen organizado, polarización y efectos por Otis

Consejeros electorales y representantes de partidos políticos, durante la sesión de Instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado dé Guerrero Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Este miércles se instaló el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de Guerrero para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, durante la cual hubo pronunciamientos por no permitir que los grupos delincuenciales incidan en los comicios.
Al inicio de la sesión, los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas por el huracán Otis.
El presidente del Consejo Local del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, destacó que el INE se encuentra listo para afrontar el reto a nivel nacional la renovación de 20 mil 375 cargos de elección popular, la instalación de 170 mil 003 casillas únicas con el apoyo de alrededor de 48 mil supervisores electorales (SE) y capacitadores asistentes electorales (CAE).
En Guerrero, se instalarán alrededor de 5 mil 151 casillas; se capacitarán a más de 46 mil funcionarios de Mesa Directiva de Casilla con el apoyo de más de mil 500 SE y CAE, que atenderán a 2 millones 895 mil 196 de posibles votantes.
En el estado se elegirán a 46 diputados locales, 28 por mayoría relativa, 18 por representación proporcional y se renovarán las 84 presidencias municipales, 604 regidurías y 89 sindicaturas de mayoría relativa.
En su intervención Donaciano Muñoz apuntó “en un contexto muy adverso si agregamos los elementos ancestrales que erosionan nuestro sistema electoral, tales como como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, a los cuales se suma ahora la devastación que dejó el huracán Otis en la entidad y que afectó de manera directa la vida de muchas familias y, por supuesto, la operación del INE, principalmente en las juntas que se ubican en la ciudad y puerto de Acapulco”.
Y destacó que el proceso electoral no solo es responsabilidad de los órganos electorales sino que es una tarea que requiere de la actuación de las diversas instancias e instituciones del país y del estado, por lo que llamó a “coordinar los esfuerzos y lograr que la ciudadanía tenga las condiciones suficientes para informarse de las diferentes propuestas que cada candidata y candidato exponga y de ejercer su voto en libertad y tranquilidad” el próximo 2 de junio.
La consejera Analid Mier Bautista advirtió que este proceso electoral estará “lleno de compicaciones y plagado de señalamientos y descréditos hacia el INE y sus integrantes” por lo que pidió actuar lo más apegado a la ley, porque reiteró que en el país hay “una polarización política donde es blanco o negro y no existe cabida para nigún otro color”, y que no hay “tolerancia a ideas contrarias… hoy el discurso de unos pocos no admite el debate ni se escuchan voces diversas, la manipulación de conciencias y conveniencias, radicaliza a la sociedad en todo sector”.
La consejera Antonia Ramírez Marcelino habló sobre la lucha de las mujeres para acceder a espacios de representación popular, y de la Violencia Política en Razón de Género de la que son víctimas en su participación política.
El representante de Morena, Gregorio Portillo Mendoza, se refirió al trabajo del partido por ganar espacios principalmente en el Congreso de la Unión, y que a pesar de tener una representación importante “los escaños obtenidos no han sido suficientes para los grandes cambios que requieren las instituciones para lograr un estado de bienestar y hacer realidad nuestras propuestas”.
Gregorio Portillo afirmó que Morena sigue luchando “para desterrar los fraudes electorales y evitar que el poder del dinero decida en las urnas, lamentablemente los poderes fácticos siguen vivos, se rehúsan a dejar de intervenir en las contiendas”.
El consejero Alfredo Ramírez García planteó a los partidos políticos que revisen los perfiles de los candidatos que van a postular y así evitar “los compromisos que se han hecho evidentes con las organizaciones delincuenciales”.
También llamó a atender a Acapulco y Coyuca de Benítez y que los partidos lo dejen de ver solo como “un bastión de los partidos políticos, Acapulco es el motor fundamental del desarrollo económico de nuestro estado y por lo tanto merece la atención debida de todos los niveles de gobierno”, finalmente dijo que el mapa político en el país y en Guerrero va a cambiar en el proceso después de la jornada electoral del 2 de junio.
El representante perredista Oscar Ramírez Obando dijo que desde hace cinco años, en México se ha vivido es “una cargada del partido en el poder”.
Estuvieron también en la instalación del Consejo Local las consejeras y consejeros Gady Alelí Dircio Chautla, Hegel Mariano Ramírez, Alfredo Ramírez García; el vocal secretario, Marcelo Pineda Pineda, la vocal de Organización Electoral, Zianya Rosio Calzada Rodríguez; el vocal del Registro Federal de Electores, Ángel Baez Balderas y el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Esteban Rafael González Vargas.
Así como consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) encabezados por la presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Azucena Cayetano Solano, Vicenta Molina Revuelta y Dulce Merary Villalobos Tlatempa, Amadeo Guerrero Onofre y Edmar León García; también la magistrada presidenta del Tribunal Electoral en el Estado, Evelyn Rodríguez Xinol y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes, así como vocales ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas 01, 05 y 06.

Dice líder de Morena que hechos de violencia son mensaje de la delincuencia a la gobernadora

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, sostuvo que los hechos de violencia en la entidad son un mensaje para la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
“Creemos nosotros que es un mensaje claro del crimen organizado a los gobiernos del movimiento que no han cedido a los chantajes y presiones del crimen, es un mensaje para el segundo informe de la gobernadora, que si no le baja al avance en el combate a la delincuencia, en la recuperación de territorios, pues le van a seguir incendiando el estado; sin embargo, el llamado es que se sigan redoblando los esfuerzos contra el crimen organizado y no ceder a estos repuntes de violencia”.
En declaraciones por teléfono, el dirigente estatal de Morena dijo que los grupos delictivos “quieren” acorralar a la gobernadora, pero ella ha demostrado ser “una mujer con determinación, fuerte, con decisiones claras y precisas”.
Rechazó que la cancelación del segundo informe de la gobernadora previsto para este jueves se deba a los hechos de violencia, sino al huracán Otis.
A pregunta sobre si el aumento de la violencia en el estado será usado por los partidos en la contienda electoral para señalar que Morena no puede con el problema de la inseguridad en el estado y en el país, opinó que “sería mezquino de parte de la oposición capitalizar los hechos violentos sin ver que la estrategia de seguridad es el combate a las causas y frontal, estamos combatiendo en ambos lados y creo que la población lo entiende”.
Consideró que con los hechos de violencia se busca generar sicósis en los ciudadanos, “pero es parte del resultado que estamos haciendo como gobierno, son las reacciones del crimen ante estos actos de gobierno del estado y federal”.
Indicó que ya conversó con el alcalde de Coyuca de Benítez, Ossiel Pacheco Salas quien le comentó que “supone que es un mensaje para él, donde tiene que ceder el paso a ciertos actores criminales, cosa que él no lo va a permitir”.
A pregunta expresa de qué acciones van a tomar con el gobierno del estado para proteger a las autoridades municipales de Morena, pues son dos gobiernos los que han sido atacados: la semana pasada la casa de la alcaldesa de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente, el dirigente informó que no ha hablado con el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez sobre ese tema.

“Nadie tiene garantías”

En la red social Facebook, el presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, señaló que “el asesinato del secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez y de policías municipales que realizaban su trabajo, son muestra de que en nuestro estado nadie tiene garantías de regresar sano y salvo a su casa”.
“Demandamos que se entreguen resultados, ante la inseguridad creciente que vivimos en la mayor parte del estado y nos mantiene en incertidumbre a los guerrerenses que tenemos que salir a trabajar, sin saber si regresaremos con vida a nuestros hogares. En Guerrero día a día crece la violencia. Exigimos paz, seriedad en las funciones de las instituciones encargadas de brindar seguridad y resultados ante los tan lamentables hechos que hoy han enlutado a decenas de familias”.

Ausencia de las autoridades

El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, condenó los asesinatos ocurridos el lunes. Opinó que la violencia en el estado ocurre todos los días, pero por el asesinato del secretario de Seguridad pública de un municipio, el caso toma mayor relevancia.
“Lo peor de todo es que no hay una respuesta contundente para tratar de mitigar los efectos de esta violencia. La percepción de inseguridad que se tiene del estado de toda la ciudadanía va creciendo y vemos una ausencia muy notoria por parte de las autoridades locales y federales que son las que deberían estar dando la cara y atendiendo esta situación”.
Criticó que la prioridad del gobierno en Guerrero es “traer shows” en lugar de atender el problema de violencia que se vive de manera cotidiana en la entidad.
Consideró que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el secretario de Seguridad Pública Evelio Méndez Gómez, deben comparecer ante el Congreso, “y se ponga en la mesa la renuncia de la fiscal al no generar resultados”, pero también debe rendir cuentas el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, pues los tres forman parte de las mesas de seguridad que todos los días se realizan en el estado para atender el problema de la inseguridad.

Un infierno

Vía telefónica el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Eloy Salmerón Díaz dijo que el lunes cerró con 28 asesinatos y a nivel nacional fueron mas de 50 las víctimas de la violencia, “son hechos lamentables donde desafortunadamente hay un gobierno que apuesta al silencio y al olvido ante tantos muertos y no solamente el día de ayer sino en lo que va de dos años de este gobierno, que por cierto ya cancelaron el informe de la gobernadora que seguramente nada tiene que informar, y ante el temor de mencionar a los muertos prefiere callar. Hoy se lamenta el tema de la violencia que se vive.
Por separado, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Julián López Galeana opinó que el problema de inseguridad en el estado está rebasado y solicitó que la federación asuma el control absoluto de la seguridad en Guerrero porque no hay condiciones y es una evidencia maás con el sacrificio de estos elementos de la policía municipal de Coyuca de Benítez.

La ejecución del fiscal en Tierra Caliente, reacción a operaciones anticrimen: Segob

Juan Luis Altamirano Uruñuela

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, señaló que el asesinato de mayor del Ejército, Víctor Manuel Salas Cuadras, fiscal regional de Tierra Caliente, corresponde a las reacciones por operativos de aseguramientos y detenciones.
“No vemos como un patrón, tiene que ver con las reacciones porque se viene avanzando en materia de aseguramientos, de detenciones en esta coordinación que se tiene tanto en esta entidad como en el resto del país”.
En sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, a la secretaria se le comentó sobre el asesinato de Salas, a lo que precisó que ya se encuentran realizando las investigaciones del hecho.
“Hoy por la mañana se dio parte al respecto, sucesos del sábado por la noche en Coyuca de Catalán. Por supuesto que ya se abrió toda la investigación al respecto, se trata del fiscal regional de Tierra Caliente. Nos comentaban de esta agresión de cerca de 50 impactos de arma de fuego y por lo que vemos tiene que ver con operativos realizados de aseguramientos en días pasados, se va a abrir la investigación y, por supuesto, cuando se tenga mayor información habremos de comunicarlos”.
Señaló que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la Guardia Nacional, trabajan en conjunto con las autoridades locales y se tienen avances en las acciones de aseguramiento y detenciones.
“Se participa de manera conjunta no solamente la Guardia Nacional, sino la propia Secretaría de Defensa con las autoridades locales. Y se está avanzando en estos aseguramientos y detenciones, y tiene que ver más bien con este tipo de acciones pues la reacción que se ha venido manteniendo. Pero cuando se tenga más información, pues habremos de comunicarla”
De igual forma se le preguntó si existe un plan para brindar mayor seguridad a los integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero debido al asesinato de Salas y el secuestro de la titular del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, Jaquelín González.
“Todos los días en Guerrero se tienen las Mesas de Seguridad, participa la fiscal, participa la Gobernadora, participan los diferentes representantes de las instituciones y entre ellos toman determinaciones. Se ha reforzado, hay presencia y también está habiendo estos resultados, por supuesto lamentamos estos hechos y se habrán de tener resultados para que no exista impunidad”, respondió la Secretaria.
Luisa María Alcalde adelantó que se pedirá mayor información para presentar respecto al asesinato de Salas Cuadras y que la investigación la están llevando a cabo en colaboración tanto autoridades estatales como federales.
El sábado se reportó que el fiscal regional de Tierra Caliente, el mayor de Justicia Militar Víctor Manuel Salas Cuadras fue asesinado, después de ser trasladado y haber sido tirado en un pueblo en la salida rumbo a Zihuatanejo. Salas Cuadras había sido fiscal de la región de La Montaña y tenía tres días en el cargo.

Controla ya la Familia Michoacana 30 municipios, según el gobierno estatal

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado difundieron un mapa del reacomodo de los grupos del crimen organizado, que da seguimiento a la expansión en este año de la Familia Michoacana (FM) en la entidad, y muestra que con sus alianzas mantiene cercado al grupo Los Tlacos.
El mapa realizado por la dependencia se titula: “Presencia de La Familia Michoacana (FM) y su avance con aliados (La Bandera, Los Ardillos, Cártel del Sur, Los Maldonado) en otros municipios del estado de Guerrero, para acorralar a Los Tlacos”, en el que el municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) se marca como el único controlado por Los Tlacos, mientras que los de la FM suman 30.
Según el documento, los municipios que controla la alianza criminal son Petatlán, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Cutzalama, Tlalchapa, Tlapehuala, Ajuchitlán, Arcelia, San Miguel Totolapan, Canuto A Neri, Pedro Ascencio, Tetipac, Pilcaya, Taxco, Ixcateopan, Teloloapan, Cuetzala, Apaxtla, Cocula, Iguala, Buenavista de Cuéllar, Huitzuco, Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Tixtla, Chilpancingo, Mochitlán, Tierra Colorada y Quechultenango.
Si bien la FM aparece constantemente en los medios de comunicación, debido a los ataques, asesinatos, extorsión y cobro de piso en donde opera, y su sello es el ataque con explosivos arrojados con drones, el 5 de octubre del año pasado cobró mayor relevancia en el estado, debido a una masacre que perpetró en San Miguel Totolapan.
Ese día, el presidente municipal Conrado Mendoza se reunió con consejeros del Ayuntamiento, que formaban parte de la autodefensa Movimiento por la Paz, en una casa a cuatro calles del Palacio Municipal, a donde llegaron 40 sicarios y dispararon a los asistentes. Después dispararon al Ayuntamiento, al final el saldo oficial fue de 22 asesinados, entre ellos el alcalde y un niño que pasaba por el lugar del ataque.
Según el mapa que muestra la expansión de esta alianza criminal, además de los 30 municipios bajo su control tiene presencia en la sierra de Atoyac.
Mientras tanto, Los Tlacos sólo tienen el control del municipio de Tlacotepec, pero se marca su presencia en Apaxtla, Cuetzala, Taxco, Cocula, Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco, Atenango del Río, Copalillo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Chilpancingo.
El mapa muestra las rutas que toma la alianza para cercar el municipio de Heliodoro Castillo, una de ellas va desde Coyuca de Catalán, cruza Petatlán y llega a esa demarcación desde la sierra de Atoyac.
Una más es desde la sierra de Chilpancingo, otra por la de Leonardo Bravo, una más por Cocula, otra por Cuetzala, otra por Apaxtla y una última por San Miguel Totolapan, cercando así Tlacotepec.
Antes de la masacre de San Miguel Totolapan la Familia Michoacana ocupaba los municipios de Pungarabato, Arcelia, Tlapehuaha, parte de San Miguel Totolapan, Tlachapa, y parte de Coyuca Catalán, según se ha documentado en estas páginas, mediante denuncias de organizaciones de derechos humanos y visitas a las zonas en conflicto. Ahora, según el mapa del gobierno estatal, controla 30 con sus alianzas y tiene presencia en uno más.
La FM, además, ha mantenido su actividad criminal constante. El 31 de agosto atacó la comunidad Linda Vista, en la sierra de San Miguel Totolapan, y provocó el desplazamiento forzado de cientos de campesinos, mezcaleros, beneficiarios del programa Sembrando Vida, mujeres, niños y adultos mayores. Los pueblos Petlacala, Las Máquinas y Plan Verde se quedaron completamente vacíos porque la gente huyó de la violencia.
Además, este sábado fue asesinado el fiscal regional en Tierra Caliente, mayor del Ejército Víctor Manuel Salas Cuadras, en Coyuca de Catalán, en un municipio considerdo bajo el control de la Familia Michoacana, liderado por los hermanos Hurtado Olascoaga.

El Estado debe recuperar los núcleos agrarios tomados por el crimen, dice Arturo García

Ramón Gracida Gómez

El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, dijo que el Estado debe usar todo su poder para recuperar los núcleos agrarios controlados por el crimen organizado, lo que dio a conocer en entrevista con El Sur el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón.
Vía telefónica, expuso que es importante que las comunidades se empoderen poco a poco con los programas sociales y sus integrantes participen en las decisiones, pero también que las autoridades garanticen el libre tránsito con la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército.
Dijo que “es interesante que un funcionario de alto nivel haga declaraciones de lo que ha sido un secreto a voces. Quizás se quedó corto en los datos”, pero coincidió en que hay núcleos agrarios donde las asambleas no funcionan, los comisariados son impuestos o simplemente no existe tal figura, todo esto por el “abandono de los territorios por parte de los tres órdenes de gobierno. Entonces, los habitantes no tienen otro referente, no tienen otros interlocutores”.
Indicó que es en la Montaña, en los municipios Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo y Chilapa; la parte alta de Costa Grande, como en Petatlán y gran parte de Tierra Caliente, donde no se puede transitar y las personas no pueden salir de sus comunidades, ni para recoger su fertilizante.
Señaló que los gobiernos estatal y municipales no quieren entrarle al tema de recuperación del territorio, que apenas el gobierno federal le está poniendo atención, porque antes, al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no le llegaba la información como tenía que ser”.
Para el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, el gobierno federal tendría que usar “todo el poder del Estado, que no es sólo Guardia Nacional y Ejército, sino recargar los diversos programas de gobierno, pero empoderando a las comunidades”.
Además, dijo que la Guardia Nacional, que “no la vemos activa”, y el Ejército deben garantizar el libre tránsito en esos territorios, “no estoy hablando de represión, de guerra, de enfrentamiento, estoy hablando de empoderamiento de las comunidades”, puntualizó.
Entonces, expuso: “Si nosotros vamos logrando que poco a poco las comunidades se empoderen, que la asamblea se convierta en el mecanismo de gobernanza permanente, que las comunidades tomen decisiones, que las comunidades programen sus obras para el corto, mediano y largo plazo, yo considero que es la manera de cómo ir logrando una cultura de paz, pacificando las regiones hoy controladas por la delincuencia organizada”.
Sin embargo, señaló que los cuatro grandes programas, que son Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes y Precios de Garantía, presentan problemas, por lo que se deben de replantear. Por ejemplo, el fertilizante consiste en miles de “toneladas de productos químicos tóxicos”, por lo que hay que disminuir su uso.
De Sembrando Vida dijo que en Guerrero son menos de 50 mil los beneficiarios, cuando hay un promedio de 350 mil familias del campo, o sea, el 10 por ciento de la población rural; además, no hubo una planificación de la comercialización, entonces necesitan asesoría para colocar sus productos en los mercados.
La Producción para el Bienestar es un programa que da en promedio 6 mil pesos al año a cada productor que siembra maíz, café, miel, arroz y frijol, cantidad que “no se desprecia, pero no puede ser sólo eso el apoyo para reactivar el campo”, que mejor sería un esquema de crédito blando para garantizar la producción.
Del programa Precios de Garantía dijo que “ya vimos que no garantiza el incremento de los precios como se pensó, porque ese pacto no llega ni al 3 por ciento del maíz del estado y, además, no se paga a tiempo y se abren los centros de acopio tarde”.
García Jiménez aseveró que en el campo no existe rentabilidad, “la gente siembra maíz porque no tiene liquidez para comprar, pero sí tiene un pedazo de tierra y tiene manos”, por eso cuestionó la reducción de la pobreza dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la semana pasada.
Un nuevo agrarismo, expuso, debe reconstruir las instituciones en las que “ha predominado el burocratismo y la corrupción, la falta de presupuesto ”, además de crear una nueva ley agraria y promoveer un ejido integral y de un segundo piso, es decir, “crear cooperativas, asociatividad de los campesinos productores, para que concurran a proyectos de otro nivel”, y habló de maquinaria para el maíz y el café.

No sabe de núcleos agrarios bajo control del crimen, dice Daniel Cahua

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Asuntos Agrarios, Daniel Cahua López, aseguró este lunes que esa dependencia no tiene conocimiento de que algún núcleo agrario esté controlado por el crimen organizado, que impida entrar a esos territorios a funcionarios gubernamentales.
El viernes, el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón, informó en Xochistlahuaca que 100 de mil 250 núcleos agrarios de Guerrero están controlados por el crimen organizado, que en éstos, la institución que dirige no puede entrar.
A pregunta por teléfono, Cahua López declaró: “Nosotros no hemos tenido mayor problema, hemos podido transitar en los diversos núcleos agrarios y no tenemos ningún tipo de recomendación o restricción. Hemos realizado nuestro trabajo”.
Según el funcionario, han estado en las regiones Montaña, Costa Grande y Centro “y no hemos tenido ningún problema, en el que haya intervenido particularmente el crimen organizado”.
Aseguró que la atención que se ha dado a los ejidatarios y comuneros ha sido tanto en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno como en el territorio, que quienes participan son los ejidatarios o comuneros sin restricciones de ningún tipo.
“De modo que desconozco si él (el funcionario federal) tenga alguna otra información, pero lo cierto es que hay constancia de que hemos transitado y estado desde Atlixtac hasta Metlatónoc, Alcozauca y Alacatlatzala de donde hemos dado la vuelta hasta San Luis Acatlán y Marquelia, y por toda esa zona no hemos tenido ningún problema”.
En su declaración del viernes, el titular de la PA, Palacios Mirón, dijo que los grupos criminales tienen el control territorial de núcleos ubicados en Costa Grande y la Montaña, en donde eligen a sus comisariados y que otra de sus actividades es extorsionar a los beneficiarios de los programas federales.
El subsecretario declaró que también en Costa Grande han acudido a reuniones, que apenas estuvieron en Tecpan y el sábado pasado en Coyuca de Benítez, donde estuvieron entregando títulos agrarios, concretamente en la localidad Ocotillo.
Agregó que es esa reunión estuvo precisamente el director general del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco García Jiménez. “Hemos tenido reuniones con los diversos órganos de representación y las únicas controversias son por límites de tierras, pero no de otro tipo de problemas”.
Informó que, incluso, han transitado por todo el territorio guerrerense con diversos representantes del gobierno federal que atienden los problemas agrarios, “no hemos tenido conocimiento de que algunos de ellos ha tenido problemas”.
Aseguró que, en su caso, se traslada sin seguridad “porque asistimos a las reuniones para atender problemas de los campesinos, de los sectores agrarios, no de otro tipo”.
“La verdad es que en materia agraria, por lo menos yo, en los lugares donde he asistido no me he encontrado a alguien que me haya impedido el acceso a algún núcleo agrario, y no hemos visto otra cosa más que conflictos agrarios”, insistió.
Acotó que, sin embargo, “tal vez el procurador, al hacer esa declaración, tenga datos distintos”, lo cual dijo que es extraño porque por lo regular los temas agrarios son atendidos de manera coordinada, por autoridades tanto federales como estatales.
“De manera conjunta, se atienden en la Mesa Agraria, en donde participamos todas las autoridades del ramo”, explicó.

Ya no hablará más Norma Otilia de los señalamientos en su contra

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y el síndico Andrei Marmolejo Valle, decidieron ya no hablar más sobre los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En la conferencia de prensa de los lunes, argumentaron que el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), que serán éstas las que den a conocer los resultados de las investigaciones.
La misma Hernández Martínez ha venido informando que hay dos procesos abiertos en su contra, uno por el caso de la cartulina con un mensaje, que le dejaron junto con siete cuerpos desmembrados la madrugada del 27 de junio, frente a la plazuela del barrio San Mateo; y el segundo, por los videos en los que aparece desayunando con un jefe del grupo delictivo Los Ardillos, quien ha sido identificado como Celso Ortega.
El mensaje que le dejaron en la cartulina dice: “Saludos, presidenta Norma Otilia. Sigo esperando el segundo desayuno, que me prometiste después de venirme a buscar. Con cariño”.
En el mismo lugar fue dejado otro para el síndico Marmolejo Valle, con el siguiente texto: “Síndico Andrei Marmolejo, sigue amenazando a la gente con las licencias comerciales, hijo de tu puta madre, para llevarles las cuotas a Los Tlacos”.
Este lunes, cuando se le preguntó sobre el proceso que se le sigue, la presidenta respondió: “Todo esto, que se ha suscitado en los últimos días, en este momento tratamos de salvaguardar nuestra opinión, derivado de que ya estamos en un proceso de investigación que yo solicité. Yo fui y me puse a disposición, con toda la responsabilidad que me toca, por ser presidenta”.
Añadió que también se guarda su opinión para no caer en alguna controversia, “sin embargo, yo estoy muy confiada de este proceso. Vamos a esperar. Espero que concluya pronto, por lo menos, que sea en los tiempos en que debe ser”.
Con respecto al tiempo que duró su plática con el jefe del grupo delictivo, que fue de unos 40 minutos, según declaró el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza en una entrevista a Quadratin, dijo que de ello ya habló, que “hay muchos opinólogos, pero será la autoridad la que tenga que dar a conocer los resultados”.
Informó que no ha tenido comunicación con la dirigencia nacional de su partido, Morena, porque no le compete atender el caso.
“Este es un proceso de investigación. No está dentro de nuestros estatutos y cuando ya haya un delito comprobado, entonces se emprende un proceso interno. Por eso soy respetuosa, soy consejera y nos queda claro que debemos mantenernos prudentes en estos temas”.
Luego opinó: “Morena no come Morena, eso se sanciona. Si yo llego y hablo mal del compañero, primero hay que arreglar la ropa sucia en casa, porque estamos en un proceso de transformación, como partido, y necesitamos la solidaridad y la sororidad de las mujeres”, dijo, probablemente en alusión a quienes desde su mismo partido le han sugerido que analice pedir licencia al cargo.
La presidenta, quien en sus recientes actividades públicas se la ha visto fuertemente resguardada por militares o por agentes de la Guardia Nacional, como ocurrió el domingo durante el recorrido del pendón de Petaquillas, reconoció que el caso, sin duda, “fue un levantamiento de olas gigantes”, pero presumió que demostró cual “es el carácter que tiene esta servidora. Tomar decisiones no es fácil”.
Dijo que los señalamientos en su contra tienen que ver “con el cambio en la forma de gobernar, por la toma de decisiones, por dar pasos firmes” en su administración.
Un reportero le preguntó por la fotografía en la que aparece con el ex gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, que circuló en las redes sociales la semana pasada.
La presidenta aseguró que la imagen fue del año pasado y que en su trayectoria ha conocido a varios políticos, algunos con los que ha coincidido, pero que eso no la involucra para hacer alianzas, “es un amigo, hasta cierta circunstancias, y al que yo respeto”.
El síndico Marmolejo Valle fue más parco en cuanto al proceso que le sigue la FGR. Declaró que ya hay una investigación, “hay que esperar los resultados y ellos serán los que den los pormenores de lo que suceda. Hay que ser prudentes respecto a la situación”.

Dejan una manta en Taxco donde denuncian nexos del alcalde con el crimen organizado

Redacción

Chilpancingo

En una manta con un mensaje escrito, que fue dejada la mañana de este miércoles en la barda de un kínder en el barrio Los Jales, de Taxco, presuntos miembros del crimen organizado denunciaron nexos del alcalde Mario Figueroa Mundo con una célula de La Familia Michoacana.
En el texto advirtieron de una “guerra” por el control del municipio y lanzaron amenazas contra un regidor, funcionarios municipales y policías municipales.
El hallazgo de la manta se hizo alrededor de las 8 de la mañana, en el jardín de niños 20-30, del barrio Los Jales, al sur de la cabecera municipal, cerca del libramiento de la carretera federal México-Acapulco. Fuentes policiacas informaron que fueron agentes de la Policía Municipal quienes realizaron el aseguramiento.
En el mensaje, firmado por El Comandante Fantasma y El Chikilin, presuntos miembros de la Federación Guerrerense, denuncian que los acuerdos del alcalde Figueroa Mundo con el jefe de plaza, de La Familia Michoacana, Roberto Carlos Zagal, El Pelón, ya lo habrían rebasado.
Señalan que se le dio un plazo y no ha cumplido, “ahora viene la verdadera guerra”, advierten. Piden a la población que no salga de noche si no tienen nada que hacer en las calles.
Denuncian que la Policía Municipal supuestamente está operando para el grupo criminal de El Pelón, a pesar de que fue quien los privó de la libertad durante una semana.
Asimismo, advierten que irán contra miembros del Ayuntamiento “que están al servicio de El Pelón”, y mencionan al regidor Edgar Reyna y al secretario de Gobierno, José Luis Ortega Fuentes, “tienen los días contados”, les dicen.
También mencionan a otras cinco personas, al parecer funcionarios del gobierno municipal, así como a otras personas, que presuntamente operan para el mismo grupo delictivo.
Al hacer referencia a reporteros de medios locales de comunicación, les indican que son libres de dar a conocer sus noticias, pero también amenazan a quienes no difundan los hechos, “ya no quieras tapar el sol con un dedo Mario Figueroa. La prensa es libre de dar su noticia, no le tengan miedo. A todo aquel que no haga su trabajo lo tomaremos como que están al servicio de El Pelón. La limpia sigue”, amagan en el mensaje, en el que al final se lee “puro tamarindo”, en aparente alusión al grupo que opera en Iguala.

Pide el activista contra el crimen organizado, Bryan LeBarón, la renuncia de Norma Otilia

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El mormón activista en contra del crimen organizado, Bryan LeBarón pidió a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández que renuncie mientras se aclarara su relación con Celso Ortega, líder criminal de Los Ardillos.
En su cuenta personal de Twitter publicó una carta dirigida a la alcaldesa, además de compartir un mensaje en el que le exige su renuncia, calificando de inmoral que sea representante de la ciudadanía y se relacione con con grupos criminales.
“Debería renunciar hasta no aclarar los videos publicados, es inmoral representar a los Guerrerenses y sentarse a desayunar con quien los mata, extorsiona, desaparece y ocupa su dolor para enviar mensajes TERRORISTAS”, publicó LeBarón.
“Alcaldesa, consideramos que es muy oportuno que pida a las autoridades que investiguen, pero dé el siguiente paso, solicite licencia a su cargo hasta que todo esto se esclarezca, sin ninguna atadura institucional”, demandó.
Agregó que comprende que haya tenido “pocas opciones” y que no es sencillo negarse a una reunión con líderes de grupos criminales, particularmente en una zona con altos índices de violencia y criminalidad.
“Debe ser difícil también levantarse de ese tipo de mesas sin acuerdos”, escribió, y reitero que podría haber sido obligada porque llegan a ser situaciones en las que la vida también está sobre la mesa, “lo más reprobable es que ese tipo de acuerdos perjudican a mucha gente”, puntualizó.
Afirmó que solamente las autoridades saben si llegan a tener acuerdos con los distintos grupos criminales, y reiteró su petición a Norma Otilia Hernández de que renuncie al cargo de presidenta municipal, señalando que los chilpancingueños no pueden ser representados por alguien que comparta con los líderes criminales.
“Sólo las autoridades y los criminales saben sus acuerdos o desacuerdos, los que guían sus relaciones, pero a diferencia de ellos, que viven entre el miedo y la impunidad, usted debería renunciar hasta que se aclare el punto, porque los chilpancingueños no pueden estar representados por quien se sienta a desayunar con quien los mata, extorsiona, les arrebata sus hogares, los desaparece y abandona sus cuerpos desmembrados para mandar mensajes, que cabe señalar, en alguna ocasión usted fue remitente”, expuso.
Dijo que la presidenta municipal de Chilpancingo tiene la oportunidad de ser un ejemplo sobre cómo debe de ser el actuar correcto de un funcionario en una situación de esta magnitud.
“Finalmente me atrevo a levantar la voz porque ya hemos sido víctimas de autoridades que son cómplices de criminales, a nombre de muchas otras personas que han padecido lo mismo, por ellos que no pueden, es esta solicitud. Conviértase en un caso ejemplar, no deje dudas sobre su ejercicio, de lo contrario, la omisión también es uno de los males de nuestro país”, puntualizó.
Bryan LeBarón es integrante de la familia LeBarón que el 4 de noviembre de 2019, presuntos miembros del crimen organizado en el municipio de Bavispe en Sonora, atacaron a 17 integrantes y asesinaron a nueve.

Morena pacta con intereses ocultos: MC

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Julián López Galeana, acusó que “Morena está pactando con intereses ocultos que atentan contra el país”, al comentar la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
En conferencia de prensa, donde presentó como nuevas adhesiones al ex presidente municipal de San Marcos, el priísta Armando Bibiano García, y al secretario general de la sección 42 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a los trabajadores del DIF Guerrero, Miguel Ángel Cejudo Blanco, el dirigente subrayó que es claro que Morena le falló a México y a Guerrero. “Cómo es posible que la primera autoridad de la capital esté inmersa en situaciones que laceran, que de verdad generan un sentir de vergüenza de la comunidad política, porque están dando fe y constancia de que hemos venido señalando, de que Morena está pactando con intereses ocultos que atentan contra el país” (Con información de Karina Contreras)

Pide la alcaldesa de la capital a la FGR atraer investigación sobre los siete crímenes

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya le pidió a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, “que esté pendiente”, por si en algún momento se requiere que vaya a declarar respecto a los siete cuerpos mutilados que fueron hallados la madrugada del 24 de junio frente a la parroquia del barrio de San Mateo con los que le dejaron un mensaje a ella y al síndico Andrey Marmolejo.
A su vez, la alcaldesa solicitó mediante oficio de fecha 27 de junio a la Fiscalía General de la República (FGR), que intervenga en las investigaciones “de tan lamentables hechos”.
En la conferencia de prensa del lunes de la semana pasada, Hernández Martínez expresó sus sospechas de que personal de la FGE haya manipulado y alterado las cartulinas en la que el grupo delictivo dejó mensajes para las autoridades.
Uno de los, mensajes decía: “Saludos presidenta Normal Otilia sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme con cariño”.
En el otro se leía: “Síndico Andrey Marmolejo sigue amenazando a la gente con las licencias comerciales para llevarle las cuotas a los Tlacos”.
Derivado de ello en la conferencia de prensa del lunes pasado la alcaldesa declaró que estaba dispuesta a una investigación de parte de la FGE y anunció que pediría que la FGR atrajera las investigaciones pues externó sus sospechas de la FGE por irregularidades durante el hallazgo de los cuerpos y las cartulinas con los mensajes.
En declaraciones después de la conferencia de prensa de ayer, en la que se informó del problema de la escasez de agua potable, Hernández Martínez informó que el mismo lunes de la semana pasada fue personal de la FGE a platicar con ella y le dijo que si en algún momento se requiere que vaya “a atender alguna declaración que estuviera pendiente”.
Según la presidenta su respuesta fue que sí, “vamos a esperar que hagan sus investigaciones, que nos manden llamar, si es que se requiere, nosotros lo hemos dicho, estamos con toda la disposición de poder estar en manos de las instituciones, y estamos de acuerdo en que nos hagan los llamados que se requieran”.
Informó que en el transcurso de la misma semana envió un oficio a la FGR, mediante el cual también se pone a su disposición de la dependencia federal y le solicita que intervenga para que se realice la investigación por esa dependencia federal.
El oficio PM/342/2023 de fecha 27 de junio, está dirigido al Fiscal General de la FGR Alejandro Gertz Manero, a quien le informa las circunstancias en que se dio el hallazgo de los cuerpos, la madrugada del 24 de junio.
“En tal virtud, me permito solicitar su valiosa y puntual intervención, para realizar las labores de investigación de estos lamentables hechos”, dice el escrito.
La alcaldesa explica que con respecto al contenido de una de las cartulinas, “donde se hace alusión al nombre de la suscrita, y que presuntamente un grupo de la delincuencia organizada dejó en el lugar de los hechos, desde este momento niego rotundamente el contenido de las mismas y ratifico mi absoluta disposición para declarar en caso de ser necesario sobre los hechos que se mencionan”.
Hernández Martínez agrega: “En mi calidad de titular del Poder Ejecutivo Municipal me sumo al clamor de la ciudadanía, de mis homólogos de otros municipios, e incluso de diputados y diputadas locales, para que se haga justicia y se realicen las inmediatas investigaciones de manera transparente y objetiva y se aplique todo el peso de la ley en este y en todos los acontecimientos delictivos que se han suscitado no sólo en esta ciudad, sino en todo el estado de Guerrero”.
Sostiene en el documento que como primera autoridad municipal siempre ha tenido la voluntad y disposición para colaborar y coadyuvar con las demás instancias de gobierno, en las estrategias de seguridad. “De nuestra parte hacemos lo que nos corresponde en cuanto a la prevención social del delito”.
La alcaldesa informó que se reunió con los familiares de las personas que fueron asesinadas a quienes les proporcionó apoyos para los funerales.
Aseguró que los apoyó para agilizar los trámites del terreno donde fueron sepultados y les entregó despensas a través del DIF municipal.
De los siete cuerpos hallados a las 4:30 de la madrugada del 24 de junio, cuatro correspondían a una familia que estaba desaparecida desde el 10 de junio; eran los de Eloy Peralta García, su esposa Elizabeth Catalán Olalde, el hijo de ambos, uno adolescente de 17 años de edad y la novia de éste de 16.