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Discriminan en el Hospital General de Tlapa a una joven indígena, denuncian familiares

Familiares de una joven na savi se quejaron de la falta de atención oportuna y de discriminarla porque no habla español en el Hospital General de Tlapa.
La familiar de la afectada, Viviana Herrera explicó por teléfono que la joven Reynalda De la cruz Herrera de 20 años ingresó al hospital el domingo luego de un accidente automovilístico en San Marcos, municipio de Metlatónoc.
La joven tiene fractura en la pierna izquierda y otra en el brazo derecho; Viviana Herrera dijo que, por ser indígenas no han recibido una buena atención de los médicos y enfermeras, pero sobre todo de la trabajadora social, quien les gritó que, “no entienden el español, sólo hablan dialecto, consigan un traductor para que me entiendan”.
Viviana Herrera lamentó que en el hospital no haya traumatólogo, ortopedista y cirujano plástico.
Explico que ayer les dijeron que su estado se agravó, que este hospital no tiene especialistas y que mejor la trasladaran a Acapulco o Chilpancingo; sin embargo, les advirtieron que allá no hay camas disponibles y que sería mejor llevarla a un hospital privado.
Comentó que está a la espera de trasladar a su familiar, pero que tampoco hay ambulancia.
Añadió que están esperando que envíen a su familiar a un hospital a la Ciudad de México para que no rechacen a la paciente, pero que les han condicionado que tienen que firmar una carta responsiva para hacerse responsables en caso de que llegara a ocurrirle algo a la paciente.
Pidió la intervención del gobierno del estado y de Salud para que su familia sea atendida sin discriminación. Dijo que ya solicitaron la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para que documente la falta de acceso a la salud de los indígenas.

 

Ven incomprensión y hasta desinterés de autoridades en aplicar la alerta de género

No avanza la alerta de género por incomprensión e incluso desinterés de autoridades, advierten

Feministas de Guerrero y de la Ciudad de México que dan seguimiento a las recomendaciones de la Conavim señalan que la violencia contra las mujeres no es prioridad del gobierno y que en el estado no hay ni lo mínimo para enfrentar el problema de los feminicidios

Tatiana Maillard

El Sur / Ciudad de México

Hace poco más de ocho meses, el 22 de junio del año pasado, se decretó la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de Guerrero: Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa. El 30 de enero pasado se incluyó a uno más: Chilapa. Pero eso no significa que se haya avanzado en la disminución de la violencia que padecen las mujeres en la entidad.
Desarticulación entre instituciones, falta de presupuesto y de capacitación, incomprensión e incluso desinterés de las autoridades encargadas de investigar y de impartir justicia, son algunos obstáculos que perciben integrantes del Grupo In-terinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la Comisión Nacional pa-ra Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que dan seguimiento a las acciones del gobierno del estado.
La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia a las Mujeres, Marina Reyna, atribuye la falta de resultados a una sola cosa: “La violencia de género no es prioridad para el gobierno”. En declaraciones por teléfono la semana pasada, la activista incluso señala que, además, el gobernador Héctor Astudillo Flores “está enojado de que se haya decretado la alerta”.
En enero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional para la Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, identificó a Guerrero como el segundo estado más violento del país, después de Baja California. En cuanto a homicidios dolosos en contra de mujeres, Guerrero obtuvo el primer lugar, con 29 víctimas tan sólo en el primer mes de 2018.
La actitud de las autoridades “ha sido negar el problema”, dice Marina Reyna, cuya asociación solicitó en 2016, la declaración de la Alerta de Género en el estado. “Existe una total resistencia de tomar acciones efectivas”.

Con ganas, pero desorientados

Cuando se le pregunta a María Guadalupe Díaz Estrada, directora general de Transversalización del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y del Grupo de Trabajo que realizó el Informe Para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en Guerrero, responde sin pensarlo demasiado: “Inacción”.
Luego matiza: “Le echan ganas, pero están desorientados”.
La falta de brújula de las autoridades estatales va de lo surreal a lo preocupante.
Después de que el Grupo de Trabajo entregara su informe al gobierno estatal, le dio seis meses para cumplir 10 propuestas para erradicar la violencia de género.
Una sola fue cumplida: la de capacitar al personal de Salud en derechos humanos con enfoque de género. El resto fue parcialmente cumplido o, simplemente, las acciones emprendidas ni siquiera tenían relación con lo recomendado.
Por ejemplo, como respuesta a la solicitud de evidencia de asignación de presupuesto para capacitar en materia de género al personal de procuración e impartición de justicia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero entregó comprobantes de una transferencia bancaria por 450 mil pesos para un curso en derechos humanos.
No obstante, el curso fue impartido por la Fundación Pinar del Bosque, una clínica especializada en adicciones, no en derechos humanos ni en cuestiones de género. Además, quien lo dio fue una psicóloga que no laboraba en la fundación.

“Maestro, abre mi mente, no mis piernas”

Otra muestra: la respuesta del gobierno a la propuesta de efectuar una campaña permanente con perspectiva de género consistió, entre otras acciones, en una campaña en escuelas con el slogan: “Maestro, abre mi mente, no mis piernas”, lo cual fue calificado por el Grupo de Trabajo como revictimizante.
“Con el dictamen, notamos que hay un problema de comunicación”, dice Anel Liliana Ortega Moreno, representante de la Universidad Iberoamericana en el Grupo de Trabajo y el GIM. “O las autoridades no estaban entendiendo, o nosotros no nos estábamos explicando”.
Ortega Moreno precisa que el problema con Guerrero es la carencia estructural, la falta de planeación y la ausencia de recursos para realizar acciones de verdadero impacto. “Hacen falta cosas tan básicas, que a veces cuesta trabajo imaginar que no existen: tan sencillas como un organigrama, un reglamento actualizado o las facultades de cada Fiscalía. No hay competencia a nivel humano y eso obedece a que toda la estructura no está planeada”.
El problema no es sólo de Guerrero, es nacional. Con voz tensa, María Guadalupe Díaz Estrada recuerda que 23 de los 32 estados del país han solicitado la alerta de género. “Somos poca gente para atender esa demanda”. Y en todos esos estados, el Grupo de Trabajo ha encontrado más o menos lo mismo: una completa ausencia de trabajo articulado entre autoridades.

Hay agencias del MP?sin nada

Pero en Guerrero la situación es crítica. Peor, si es posible: “En las visitas al estado vimos una total carencia estructural”, destaca la ex directora adjunta de Conavim y ex integrante del Grupo de Trabajo Jimena Vilchis Cordero. “Hay ministerios públicos donde no tienen ni hojas de papel, ni siquiera hablemos de cosas como software o bases de datos: hablamos de aire acondicionado o luz. Ni lo mínimo se tiene”.
De acuerdo con información recabada por el Grupo de Trabajo, la responsabilidad de investigar todos los feminicidios del estado recae sobre tres personas, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y Demás Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, ubicada en Chilpancingo.
“Tres personas, para todo un estado tan grande. Es difícil creer que va a funcionar”, expresa Anel Ortega.
A eso, hay que agregar la falta de cooperación de las instituciones encargadas de atender la violencia de género en la entidad.
En un principio, la Alerta de Violencia de Género (AVG) se solicitó para ocho municipios: Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa. El grupo realizó visitas a todos los municipios, pero en Coyuca de Catalán y en Tlapa las autoridades no aceptaron entrevistas, según se consigna en el informe.
“Guerrero no ha sido un estado que haya mostrado disposición a tener intercambio con el Grupo de Trabajo”, expone Anel Liliana Ortega. “Hay otros estados donde hay interés, y con esto me refiero a que los funcionarios de las instituciones se sienten a dialogar sobre las propuestas que les hacemos. Guerrero jamás ha hecho eso”.

El caos de los datos oficiales

Consultar cifras sobre feminicidio en Guerrero es incursionar en un laberinto con hoyos negros. Por una parte, los datos que proporcionó el gobierno de Guerrero al Grupo de Trabajo indican que, de 2009 a 2016, se registraron 744 homicidios dolosos en contra de mujeres y 142 casos de feminicidio. Más adelante, en el mismo informe se dice que, durante ese periodo de tiempo, se registraron 743 homicidios dolosos de mujeres y 53 feminicidios.
Lo mismo ocurre al hablar de todo tipo de violencia contra la mujer: primero, la Fiscalía General del Estado informa que de 2009 a 2016 se registraron 30 mil 711 casos. En contraste, la Dirección General de Víctimas y Ofendidos de la misma fiscalía indica que se atendieron 2 mil 261 casos.
Nada coincide. A veces los errores forman parte de la ecuación.
“Los datos no se registran bien”, confirma Guadalupe Díaz Estrada. Incluso “hemos encontrado casos donde confunden a la víctima: asumen que es una mujer porque se llama Guadalupe, cuando en realidad es un hombre”.

Los datos que brindó la Fiscalía del periodo 2009-2016 muestran diversas carencias, por ejemplo: si nos atenemos a la cifra de 142 feminicidios, resulta que en 47 casos no hay datos de la causa de muerte y en 19 no se registró la edad de la víctima. En un estado cuya población indígena supera los 3 millones, en ninguna ocasión se identificó si las víctimas de feminicidio pertenecían a pueblos originarios.
Otros datos sí se registran: en la mayoría de las muertes la causa fue uso de arma de fuego (34 casos) y arma blanca (25). Sin embargo, el informe del Grupo de Trabajo exhorta a reclasificar los expedientes de homicidios dolosos de mujeres como feminicidios, ya que, además, “en algunos de los casos se indicó que previamente las mujeres fueron privadas de su libertad, privadas de la vida por celos, golpeadas o heridas, agredidas sexualmente y torturadas previo a la muerte, estranguladas, asfixiadas, calcinadas o quemadas, decapitadas, desmembradas, semi o enterradas, encerradas en cajuela amordazadas o localizadas desnudas o en fosas”.
Contrario a la información de la FGE, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres registra números más altos: 901 homicidios dolosos en cinco años, con una incidencia mayor en el municipio de Acapulco (47.84 por ciento). En contraste, la Fiscalía Regional de Acapulco consignó únicamente tres de los 310 casos que registró en ocho años ante autoridades judiciales.

Simula, que algo queda

El Tribunal Superior de Justicia del Estado informó al Grupo de Trabajo que únicamente 9 por ciento de los casos de feminicidios llevados a los juzgados de la primera instancia obtuvieron reparación del daño.
El gobierno ha incumplido con su labor de investigar, esclarecer, reparar el daño y erradicar el feminicidio en la región, subraya Marina Reyna Aguilar. Y más: la directora de la Asociación Guerrerense de Violencia contra las Mujeres denuncia de plano una simulación en el estado respecto al tema.
Lo distingue en dos hechos: el 21 de junio de 2017, un día antes de que el Grupo de Trabajo de Conavim hubiera decretado la alerta, el gobierno estatal se adelantó en declararla. “Ahora, en todos los documentos que hacen referencia a la alerta, se afirma que fue el propio gobierno quien la declaró. Por supuesto, tiene facultad para hacerlo, pero resulta cínico que previamente hubiera incumplido con las recomendaciones de este mecanismo”.
Mientras tanto, en el estado se siguen acumulando las muertes violentas de mujeres. Anel Ortega, integrante del GIM, dice que no basta con firmar acuerdos, se requiere de un cambio estructural complejo. “A veces toman soluciones rápidas, en vez de planear. Con o sin la alerta, el Estado está obligado a proteger. Pero la realidad es que a las mujeres las desaparecen. Las violan. Las matan”.

“Ni una más, exigimos justicia”, dicen en el funeral de la activista asesinada

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

“Ya no queremos ni una más, exigimos justicia”, expresó María del Socorro consuegra de la activista por los derechos de la mujer María Luisa Ortiz Arenas, quien fue hallada asesinada el lunes por la noche cerca de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco, durante su funeral.
Familiares y amigos de Ortiz Arenas acudieron ayer por la tarde a una misa que se celebró en la casa de María del Socorro, ubicada en el barrio de San Mateo a unos metros de la alameda de Chilpancingo.
Por decisión de su familia el cuerpo de Ortiz Arenas fue cremado, sus cenizas fueron depositadas en una caja negra al centro del altar que fue decorado con varias flores blancas, telas de color blanco y azul simulando un cielo claro, así como cruces y figurillas de ángeles.
Las cenizas fueron veladas el martes y este miércoles se dio fin al funeral con la misa que ofició el sacerdote de la Iglesia de La Villita, en la que participaba de manera constante Ortiz Arenas junto con su hija adolescente. El padre transmitió a los presentes un mensaje para que encuentren la paz y la resignación en sus corazones ante el asesinato de la mujer de 42 años que también promovía actividades feministas en el estado.
Al concluir la misa, los presentes caminaron hasta el departamento que Ortiz Arenas rentaba en la ciudad ubicado en la colonia Vicente Guerrero, a unas cinco cuadras de distancia de la casa de su consuegra quien fue la primera en agradecer las muestras de solidaridad hacia la familia. Ahí, en la que fuera su última morada, sus familiares la despidieron con oraciones, llantos y la promesa de que cuidarán de su hija y su nieto.
En declaraciones, María del Socorro informó que hasta ayer por la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) no se había comunicado con la familia para informarle sobre la investigación por el asesinato de María Luisa Ortiz Arenas, cuya vida habría terminado por un golpe certero en la cabeza, aunque no fue violada de manera sexual.
“Exigimos que se aclare esta muerte porque no se vale la forma en que a ella le arrebataron la vida, exigimos justicia porque han dejado a una hija desamparada, exigimos justicia, ya no queremos ni una más”, expresó María del Socorro quien llamó al gobierno estatal a esclarecer el caso.
María del Socorro recordó a María Luisa Ortiz Arena como una mujer dedicada a su trabajo, a la iglesia y activista que defendía los derechos de las mujeres en el estado; por último, anunció que los familiares marcharán para exigir el esclarecimiento de su asesinato, sin precisar la fecha y el lugar donde se llevará a cabo la acción; sólo aseguró que se convocará a la sociedad a participar en la protesta mediante redes sociales.

El modo en que las matan muestra la visión de
las mujeres como un objeto, señalan feministas

En Guerrero fueron asesinadas 46 mujeres en los dos primeros meses del año. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia sexual que incluye violación, hostigamiento, pornografía y abuso físico, plantea Rosa Icela Ojeda. Dice que ante el panorama desolador, lo primero es reducir la impunidad. A largo plazo la apuesta es a la educación con perspectiva de género, considera Marina Reyna Aguilar

Ramón Gracida Gómez

Las escenas de los feminicidios en los que las mujeres son desmembradas, degolladas, expuestas en la calle o carreteras, arrojadas a un barranco o a un basurero, están relacionadas con la visión de que el cuerpo de una mujer es un objeto, coincidieron dos feministas guerrerenses.
En Guerrero 46 mujeres fueron asesinadas en los primeros dos meses del año, indica el recuento de El Sur, 26 en enero y 20 en febrero; el 56%, 26 mujeres, fue por arma de fuego, las demás víctimas fueron degolladas, violadas, desmembradas, incineradas, apedreadas o asesinadas a machetazos y sus cuerpos fueron encontrados en la vía pública o en barrancos.
Una de estas víctimas fue Magdalena Aguilar, nutrióloga desaparecida, desmembrada, y hallada el 22 de enero en Taxco dentro de una olla, crimen presuntamente cometido por su ex marido que más conmocionó a Guerrero y atrajo una vez más la atención nacional al estado.
Diana E. Russell, a quien se le atribuye la creación del uso político del concepto, señala en el libro Feminicidio: La política del asesinato de las mujeres que el vocablo nace “como una alternativa al homicidio que es neutral en un sentido de género” en el contexto de la lucha feminista en la década de 1970.
Las cifras en México muestran que el asesinato de una mujer no sigue necesariamente la lógica del asesinato de un hombre.
En el estudio “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias” realizado por Inmujeres, ONU-Mujeres y Segob y del cual El Sur informó en su edición del 14 de diciembre pasado se señala que hay una diferencia entre las series masculina y femenina de homicidios dolosos en México de 1985 a 2016.
Se nota una persistencia de la violencia hacia las mujeres y una mayor resistencia al descenso. “Cuando hay una disminución de los homicidios totales, aumenta el porcentaje de homicidios a las mujeres. Cuando aumentan los homicidios totales, baja el de las mujeres”, señala el reporte.
El estudio muestra un aumento de homicidios, sobre todo por arma de fuego, a partir de 2007, primer año de la guerra contra el narcotráfico. Quince mil 535 fueron asesinadas en los últimos 6 años, 29.8% del total de 52 mil 210 en 32 años.
Sin embargo, las formas son distintas para hombres y mujeres. En el documento se muestra, por ejemplo, que en 2016 el 67.4% de hombres asesinados fue por armas de fuego, mientras que para las mujeres asesinadas fue de 48.4%.
En la edición de El Sur del 3 de enero se publicó que, de acuerdo con el recuento de este periódico sobre los homicidios de mujeres en Guerrero en 2017, se encontró que éstos fueron más variados que el de los hombres. Fueron degolladas, asfixiadas y sus cuerpos dejados en basureros.
En otras palabras, fue más recurrente otros medios además de un arma de fuego para matar a una mexicana como objetos cortantes, estrangulamiento y similares y los cuerpos fueron expuestos de manera denigrante.
Son homicidios que también dan un mensaje: el cuerpo de una mujer es un “objeto usable”, dice en entrevista Rosa Icela Ojeda Rivera, investigadora de la UAG que le ha dado seguimiento a los homicidios de mujeres en Guerrero en los últimos 20 años.
Si el cuerpo de una mujer aparece en un basurero es porque el homicida piensa que “es basura”, señala Marina Reyna Aguilar, la representante de la Asociación contra la Violencia hacia las mujeres que solicitó la alerta de género para Guerrero, en entrevista con este periódico en la oficina de la organización en Chilpancingo.
Sus palabras parecen describir al cadáver de una mujer cubierto con basura que fue hallado el 5 de enero pasado en un barranca en la colonia Cumbres de Llano Largo en Acapulco. Son “mensajes de terror”, agrega.
La especialista Jill Radford, quien coedita el libro mencionado, señala que el feminicidio “es una forma central para mantener el patriarcado”, en el que las mujeres son “objetos heterosexuales”, dice Marianne Hester en otra parte del libro.
Por eso se dan tantos embarazos adolescentes, tantas muertes maternas, menciona Ojeda Rivera; a las mujeres se les ve como un “instrumento de procreación”. Guerrero ocupó en 2017 el segundo lugar a nivel nacional en muertes de este tipo como se publicó en la edición del 4 de enero pasado de El Sur; son 32 muertes maternas por cada 100 mil habitantes en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
Las mujeres rompen con estos “roles de género” y los hombres agreden, señala la docente de la UAG.
Enero pasado fue el mes del feminicidio de Magdalena y también de otros como el hallazgo de una mujer semidesnuda y asesinada con una piedra y un tabique el 7 de enero en la carretera Acapulco-Zihuatanejo a la altura de un motel en Atoyac.
También fue degollada Azucena, cuyo cuerpo fue hallado en Chilapa el 25 de enero dentro de una camioneta, a lado de su bebé que estaba viva dentro de una hielera.
Mientras se escribe esta nota, los feminicidios no paran en esa ciudad. En la edición de El Sur del 4 de febrero se informó que fue encontrada a la joven Jessica de 18 años violada, torturada y estrangulada.
Ante esta realidad, se solicitó desde diciembre pasado que la alerta de género en Guerrero incluyera este municipio, menciona Reyna Aguilar.
Dicho mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres se emitió el 22 de junio pasado debido a las cifras de Guerrero que lo ubican entre los primeros lugares nacionales en asesinato de mujeres. El informe de la ONU-Mujeres señala que en Guerrero hubo 243 asesinadas en 2016, por lo que fue segundo lugar en tasa por cada cien mil habitantes con 13.1. Por encima sólo se ubicó Colima con 16.3. El promedio nacional fue de 4.4.
Además Guerrero ocupó el primer lugar en tasa en 2006 y 2007, el tercero en 2008 y 2009, el segundo lugar en 2011 y 2012, y en 2013 subió nuevamente al primer lugar, donde se mantuvo en 2014 y 2015.
Mientras que a nivel municipal, Acapulco fue el municipio del país donde ocurrieron más asesinatos de mujeres en 2016, con 107, como informó este periódico en su edición del 14 de diciembre pasado, lo que representó 3.9 por ciento del total ocurridos en el país. La tasa fue de 24.22 decesos por cada 100 mil mujeres, equivalente a 5.5 veces el promedio nacional, que fue de 4.4.
En 2011 Acapulco ocupó el cuarto lugar con 83, en 2012 subió al primer lugar con 117 casos, en 2013 continuó en el mismo lugar con 97 casos, en 2014 Acapulco descendió al tercer lugar con 54 asesinatos y para 2015 regresó al primer lugar con 87 casos.
Reyna Aguilar denuncia que el gobierno estatal no ha cumplido con la alerta de género; los funcionarios tienen “estructuras mentales machistas”.
Se le recuerda la declaración del Fiscal general del estado Javier Olea Peláez del 26 de enero pasado, quien en conferencia de prensa señaló que “lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio” y por eso son asesinadas.
Reyna Aguilar califica al fiscal de “insensible” e “incapaz”. En un ambiente de impunidad como el que se vive actualmente en Guerrero, el fiscal “alienta a cualquier tipo de delincuente” con esas palabras, dice Ojeda Rivera.
Además de demostrar una visión machista, sus palabras minimizan el problema de violencia, dice Reyna Aguilar, en el cual el feminicidio es su expresión “más extrema”, pero no la única, menciona Ojeda Rivera; es parte del continuo de violencia sexual que sufren las mujeres en el que se incluye la violación, hostigamiento sexual, pornografía y abuso físico.
Las cifras de estas categorías también son alarmantes. De acuerdo con el INEGI, el 33% de las mujeres guerrerenses entre 18 y 29 años ha sido agredida sexualmente. Once mil violaciones se denuncian al año en México de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); tan sólo en 2017, 44 abusos sexuales y 4.5 casos de acoso sexual fueron cometidos diariamente, informó la misma dependencia d la Secretaría de Gobernación.
Ante este panorama desolador, lo primero que hay que hacer es reducir la impunidad en los feminicidios y en general, dice Ojeda Rivera.
En una perspectiva a largo plazo, Aguilar Reyna le apuesta a la educación con perspectiva de género, entre otras políticas públicas, como una forma de cambiar esta “cultura machista patriarcal”, que se traduce cotidianamente en que el hombre es “quien toma las decisiones” y tiene “privilegios en la casa”.
Hay que enseñar, agrega, los derechos humanos, el respeto entre hombres y mujeres, pero no de forma aislada como se hace actualmente, sino de “forma transversal en todas las materias”. Es un proceso lento, reflexiona.
“Ni una más, ni una más, ni una asesinada más” corearon las mujeres que marcharon en Iguala el 24 de enero a raíz del feminicidio de Magdalena.
Guerrero comienza el 2018 pidiendo que paren el asesinato de mujeres, año que será recordado por las elecciones más grandes en la historia de México y también por nombres como el de Magdalena Aguilar y el de otras mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.

Hablan mujeres en un foro en la UAG del acoso, marginación, abuso y desigualdad que padecen

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

En hora y media de charla entre investigadoras, docentes y trabajadoras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se expusieron las complejidades a las que se enfrentan diariamente las mujeres, entre acosos, marginación, abuso de poder y la desigualdad.
En el foro El reto de la mujer mexicana ante la toma de decisiones, la empresaria de habla ñomndaa, Viridiana Nicolás Severiano señaló que las mujeres indígenas en Guerrero son las que luchan más contra una cultura machista que las veja y las limita en la búsqueda de sus metas profesionales.
Este miércoles al mediodía, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, entregó una flor a cada mujer que asistió al foro, para “felicitarlas” por el Día Internacional de la Mujer; en su intervención dijo que, ahora las mujeres son el 60 por ciento de la población estudiantil.
“Perdemos a muchos jóvenes por el problema de la delincuencia, se les hace fácil caer en ese tipo de vida”, señaló el rector.
En su discurso improvisado, también reconoció que es un hombre al que le cuesta dejar atrás su educación machista, y que trabaja diariamente en ello.
El rector sólo permaneció unos minutos en el foro, y se retiró después de ver un breve video en el que se mostraba a mujeres universitarias con él durante su campaña a la rectoría.
Nicolás Severiano detalló que es originaria de una zona rural indígena, en la que día a día batallan para obtener derechos como trabajo, educación y salud.
“De donde nosotros venimos, los hombres son machistas, muchas mujeres de nuestra región son violentadas, no tienen derecho a salir a las calles porque tienen que estar encerradas en sus casas”, agregó.
Detalló que, en su caso particular, sus padres apostaron por la educación, por lo que ahora cuenta con una licenciatura, y actualmente encabeza una empresa en la que colabora con mujeres indígenas para la confección de huipiles.
Por su parte, la directora del museo José Juárez, Anabela Latabán señaló que, como mujer universitaria hace un trabajo de investigación para mejorar las condiciones laborales dentro de cada sector.
Insistió en que se debe trabajar para cambiar la ideología de la sociedad, porque cuando una mujer es violada, en lugar de apoyarla sigue siendo señalada con comentarios como “por algo le pasó, se lo buscó”.
También enfatizó que cada día hay cinco mujeres muertas en el país, lo que lanza un llamado a trabajar día a día por la igualdad y para evitar que se continúe reproduciendo este hecho.
“En este momento, me quiero referir a las mujeres guerrerenses que a lo largo de la historia marcaron la diferencia, como Benita Galeana, una política, una luchadora social por la igualdad”, agregó.
Indico que las mujeres deben romper una serie de tabúes, patrones culturales que con frecuencia nos limitan, y a partir de ahí entender y tratarnos como aliadas, amigas y mujeres que luchan para cambiar el mundo.
Por su parte, la panelista Yunel Castellano Lucero invitó a las asistentes a hacer un voto de conciencia para estas elecciones, porque “hay candidatos que siguen sin incluir la labor de la mujer activa en la política”.

Lamentan promotoras feministas de la Montaña el asesinato de María Luisa Ortiz y exigen justicia

Activistas y promotoras de los derechos de la mujer en los municipios de la Montaña baja lamentaron el asesinato de su colega María Luisa Ortiz Arenas y exigieron que este caso no quede impune como todos los registrados en Guerrero.
Ayer Brígida Chautla, Luisa Aurora Reyes, Libni Iracema Dircio e Iris Flores de la organización promotora de los derechos de las mujeres nahuas en Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, Zihuame Xotlametzin (Mujer luciérnaga), y de la Casa de la Mujer Indígena (Cihuachicahuac) ofrecieron una conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Sobre los 9 homicidios en el municipio en 2018, Brígida Chautla lamentó los hechos y pidió a los tres niveles de gobierno hacer cumplir los convenios internacionales para garantizar los derechos humanos y la integridad de las mujeres.
“Lamentamos mucho que pasen estos hechos, no deberían de pasar aquí ni en otro lugar, nosotros esperamos que haya armonía, se debe respetar la integridad física y en este caso a las mujeres.
Además exhortó a las autoridades a que se investigue el asesinato de María Luisa Ortiz Arenas y que se actúe de manera imparcial y que se cumpla la ley.
“Todos los casos (de feminicidios) han quedado impunes, que se investigue hasta esclarecer los hechos”, expresó.
Las integrantes de Zihuame Xotlametzin revelaron que su trabajo ha mermado a causa de la inseguridad. “En verdad eso sí nos está afectando, en Zitlala por ejemplo hay dos comunidades donde dos compañeras son parteras y promotoras de salud que se les ha complicado para venir apoyar”.
“Incluso ellas acudían a realizar guardias para recibir a las embarazadas que llegan y se les ha dificultado salir”, mencionó.
Añadió que la crisis de violencia en la región ha afectado el horario de sus talleres de capacitación para la salud materna de la mujer y han reducido sus horarios.
“A raíz de esta situación (de violencia) tenemos que agilizar (los talleres) y las compañeras tienen que irse temprano o algunas de ellas se les complica ir”.
Las activistas también denunciaron que las mujeres de la zona rural viven una discriminación laboral en sus comunidades donde trabajan el campo, cuidan sus animales y elaboran artesanías.
Señalaron además que las mujeres que emigran encuentran trabajos en casas o empresas donde las hacen trabajar al menos 10 horas con un sueldo de 100 a 140 pesos, sin prestaciones y a voluntad de sus empleadores. (Luis Daniel Nava / Chilapa).

Nueve de cada 10 mujeres en Acapulco con
ansiedad o depresión, reporta especialista

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es importante hablar de la salud mental de las trabajadoras, y de las que tienen dobles jornadas laborales al desempeñarse como madres, esposas y amas de casa, señala la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana capitulo Guerrero, Amelia de la Paz García Ríos. Preocupa también el incremento de enfermedades mentales en menores de edad en etapa escolar o preescolar que viven estrés post traumático a consecuencia de la violencia e inseguridad en el municipio, agrega

Mariana Labastida

En Acapulco 9 de cada 10 mujeres trabajadoras pueden estar padeciendo de ansiedad o depresión, precisa la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana capitulo Guerrero, Amelia de la Paz García Ríos.
La doctora explicó que en los últimos años se ha dado un incremento de este padecimiento por el entorno social, y ante la violencia e inseguridad que se vive diariamente en el municipio.
La especialista también manifestó su preocupación por el incremento de enfermedades mentales en menores de edad, en niños en etapa escolar o preescolar que viven estrés post traumático por las situaciones que se viven en la ciudad.
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, García Ríos consideró importante hablar de la salud mental de las mujeres trabajadoras, y de las que tienen dobles jornadas laborales al ser también madres, esposas y amas de casa.
Expuso que se habla de que el 70 por ciento de la población en Acapulco y Guerrero puede padecer ansiedad por las situaciones socioculturales y la dinámica social que se vive actualmente por la violencia e inseguridad.
En el caso de las mujeres, se estima que entre el 87 y el 90 por ciento de las fémina tengan un trastorno ansioso depresivo y que el cien por ciento alguna vez a tenido ansiedad o depresión. Este puede ser heredado y también generado por ejemplo por la culta que se tiene al dejar a los hijos a cuidados de otras personas , o cual provoca sentimientos de minusvalía que termina siendo depresión.
Algunos de los síntomas que presentan las mujeres con este padecimiento son dolor de cabeza, mareo, falta de aire, entumecimiento, palpitaciones, colitis, gastritis, estreñimiento, dolor de pecho, inquietud, insomnio y ansiedad anticipada.
Explicó que tener por más de quince días estos síntomas es señal de que se tiene un trastorno ansioso depresivo, que en la mayoría de las ocasiones no es identificado y cuando se diagnostica han pasado por lo menos cinco años desde que se comenzó a tener.
García Ríos enfatizó que las mujeres trabajadoras “no tenemos porque estar viviendo constantemente en ansiedad ni depresión”. Porque además también son más propensas a tener esterilidad, abortos y enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad.
La psiquiatra expuso que las mujeres que trabajan tiene una doble carga laboral, y que contrario a lo que pudiera pensarse donde el empoderamiento de la mujer se debiera manifestar en una buena función de la familia, el incremento de la disfunción familiar es alto.  También dijo hay una mayor índice de mujeres trabajadoras que sufren violencia y no es reportada.
La especialista consideró importante que se eliminen los estigmas y se tenga más información de que son las enfermedades mentales para que la población acuda por atención médica adecuada. Manifestó que hay médicos de primer contacto que recomiendan acudir con un psicólogo o psiquiatra sin embargo el 80 por ciento de quienes lo hacen suspenden el tratamiento.
“Falta mucho que se conozca las enfermedades, estigma es muy alto y el retardo de la atención lo sea oportuna, la depresión es un trastorno incapacitante que a nivel mundial va a la alza, las enfermedades mentales hay que atenderlas para no padecer complicaciones”.
Convocó a no tener miedo al consumo de fármacos por generar dependencia, aunque precisó que no todos los que tiene trastorno ansioso depresivo requieren medicamentos. “Es importante que la población conozca que existen este tipo de trastornos, que tienen tratamiento y se vuelven crónicas sino se atienden, que sepan que la prevalencia esta en incremento”.

Denuncian en el Parlamento de Mujeres que con asesinatos se inhibe su participación política

Urgen al fiscal Javier Olea Peláez que investigue y haya detenidos en los casos de feminicidios que ocurren en el estado, porque dejarlos en la impunidad es una invitación a seguirlos cometiendo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Las participantes en el Parlamento de Mujeres organizado por el Congreso local, exigieron que cesen los asesinatos de mujeres. Sin embargo durante la instalación del Parlamento en el Congreso local, la secretaria de la Mujer, Mayra Martínez Pineda, y la presidenta del Congreso, Flor Añorve Ocmpo, omitieron hablar de los homicidios de mujeres.
“¿De que forma las mujeres vamos a poder participar activamente en el sistema democrático de nuestro estado, si estamos muertas?”, preguntó al gobernador, al fiscal y a los legisladores, Maribel Simón Nicolás, una de las participantes, donde la exigencia reiterada fue que cesen los asesinatos de mujeres.
Las parlamentaristas exigieron al fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, que investigue y haya detenidos en los casos de feminicidios que ocurren en el estado, porque dejarlos en la impunidad es una invitación a seguirlos cometiendo.
Maribel Simón lanzó la pregunta al gobernador, al fiscal y a los diputados de la 61 legislatura y exigió que haya justicia para cada una de las víctimas de feminicidio.
Durante el parlamento, las asistentes guardaron tres minutos de silencio tomadas de las manos “como símbolo de unidad” por las mujeres asesinadas que de acuerdo a las cifras que mencionaron en tribuna, van de 53 a 59 en lo que va del año.
Los tres minutos fueron para la bloguera Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, conocida por su personaje Nana Pelucas, quien fue asesinada el lunes 5 de febrero; el segundo fue para la ex precandidata del PRD a la diputación local por el distrito 25 de Chilpa, Antonia Jaimes Moctezuma, y por la activista María Luisa Ortiz Arenas, encontrada asesinada cerca de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco, quien estaba reportada como desaparecida por sus familiares el viernes pasado.
Por lo menos cuatro de las participantes lloraron en la tribuna del Congreso cuando pidieron “vivir en paz”, “salir a la calle sin temor”, por no querer “ser parte de la estadística de feminicidios”, porque “no quiero que me acusen por ser asesinada”. Y una de las más jóvenes de 19 años dijo que “no quiero ser la próxima asesinada en la nota de los medios”.
Sin embargo durante la instalación del Parlamento, la secretaria de la Mujer, Mayra Martínez Pineda, y la presidenta del Congreso, Flor Añorve, omitieron hablar de los asesinatos de mujeres.
Martínez Pineda se limitó a invitar a las asistentes a trabajar a favor de los derechos de las mujeres, y Añorve Ocampo dedicó parte de su intervención a destacar que es la primera presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
Una de las parlamentaristas, Emperatriz Basilio Goitia, afirmó en tribuna que “nunca cae tan profundo una mujer asesinada como cuando cae en un vacío de ley”.
Y calificó como penoso el tratamiento que se le está dando a la declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, “el sometimiento y la violencia no se eliminan por decreto, pero la ley sin voluntad es letra muerta”.
La también militante de MC preguntó en tribuna: “¿Qué pieza falta en el tablero llamado Poder Legislativo?”, y recordó que los diputados se han resistido a tipificar la violencia política contra las mujeres y el reconocimiento del derecho a decidir “sobre nuestros cuerpos”, en referencia a la despenalización del aborto.
Pidió crear las condiciones jurídicas para aplicar la perspectiva de género y de derechos humanos desde la Ley Orgánica 286 y la creación e institucionalización de un reglamento interno, que la regule.
La integrante de la Colectiva Camina Violeta, Yolitzin Jaimes, inició su participación en tribuna afirmando: “no estamos todas, nos faltan las asesinadas y desaparecidas”.
Urgió plantear la corresponsabilidad entre el estado y sus instituciones, “las colectivas feministas y los medios de comunicación para erradicar la violencia de género hacia las mujeres y eliminar la discriminación, sexismo, desigualdad y caminar hacia la empatía por la causa de las mujeres”.
Consideró “urgente y vital, exhortar al titular de la Fiscalía General del Estado para que se implemente una sanción al personal que revictimice y no emita una orden de protección en tiempo y forma, toda vez que la violencia institucional es un impedimento para el ejercicio pleno de nuestros derechos y acceso a la justicia”.
En tribuna, las participantes también afirmaron que consecuencia de la violencia política y de género en el estado tuvo recientemente a dos víctimas que fueron asesinadas por sus aspiracione a cargos de elección popular, en referencia a las precandidatas por el distrito 25 de Chilapa, Dulce Rebaja Pedro y Antonia Jaimes Moctezuma.
Greta Ventura Lemus, llamó a legislar y tipificar la violencia política y de género, porque en el estado como en el país es un tema que se mantiene en la congeladora, por falta de voluntad de los legisladores.

Protesta de mujeres indígenas

Durante el parlamento, mujeres indígenas del municipio de Cochoapa El Grande protestaron en silencio y con pancartas para exigir la construcción de una Casa de la Mujer en el municipio.
Fueron unas cuatro mujeres las que protestaron para exigir la construcción de la Casa de la Mujer Indígena para la atención de mujeres violentadas además de servicio medico con el que pretenden evitar muertes maternas.
En declaraciones después de la protesta que realizaron en silencio durante el Parlamento, Angélica Flores Vázquez, quien es miembro de la organización Mixtecas Construyendo Equidad en la Montaña de Guerrero, lamentó la falta de interés de las diputadas y la secretaria de la Mujer que estaba en el pleno.
Denunció que ante la falta de atención médica el año pasado ocurrieron unos 60 casos de muertes maternas, además de mujeres asesinadas, a las que no se les dio atención para prevenir su homicidio.

 

 

Hablan mujeres en un foro en la UAG del acoso, marginación, abuso y desigualdad que padecen

En hora y media de charla entre investigadoras, docentes y trabajadoras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se expusieron las complejidades a las que se enfrentan diariamente las mujeres, entre acosos, marginación, abuso de poder y la desigualdad.
En el foro El reto de la mujer mexicana ante la toma de decisiones, la empresaria de habla ñomndaa, Viridiana Nicolás Severiano señaló que las mujeres indígenas en Guerrero son las que luchan más contra una cultura machista que las veja y las limita en la búsqueda de sus metas profesionales.
Este miércoles al mediodía, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, entregó una flor a cada mujer que asistió al foro, para “felicitarlas” por el Día Internacional de la Mujer; en su intervención dijo que, ahora las mujeres son el 60 por ciento de la población estudiantil.
“Perdemos a muchos jóvenes por el problema de la delincuencia, se les hace fácil caer en ese tipo de vida”, señaló el rector.
En su discurso improvisado, también reconoció que es un hombre al que le cuesta dejar atrás su educación machista, y que trabaja diariamente en ello.
El rector sólo permaneció unos minutos en el foro, y se retiró después de ver un breve video en el que se mostraba a mujeres universitarias con él durante su campaña a la rectoría.
Nicolás Severiano detalló que es originaria de una zona rural indígena, en la que día a día batallan para obtener derechos como trabajo, educación y salud.
“De donde nosotros venimos, los hombres son machistas, muchas mujeres de nuestra región son violentadas, no tienen derecho a salir a las calles porque tienen que estar encerradas en sus casas”, agregó.
Detalló que, en su caso particular, sus padres apostaron por la educación, por lo que ahora cuenta con una licenciatura, y actualmente encabeza una empresa en la que colabora con mujeres indígenas para la confección de huipiles.
Por su parte, la directora del museo José Juárez, Anabela Latabán señaló que, como mujer universitaria hace un trabajo de investigación para mejorar las condiciones laborales dentro de cada sector.
Insistió en que se debe trabajar para cambiar la ideología de la sociedad, porque cuando una mujer es violada, en lugar de apoyarla sigue siendo señalada con comentarios como “por algo le pasó, se lo buscó”.
También enfatizó que cada día hay cinco mujeres muertas en el país, lo que lanza un llamado a trabajar día a día por la igualdad y para evitar que se continúe reproduciendo este hecho.
“En este momento, me quiero referir a las mujeres guerrerenses que a lo largo de la historia marcaron la diferencia, como Benita Galeana, una política, una luchadora social por la igualdad”, agregó.
Indico que las mujeres deben romper una serie de tabúes, patrones culturales que con frecuencia nos limitan, y a partir de ahí entender y tratarnos como aliadas, amigas y mujeres que luchan para cambiar el mundo.
Por su parte, la panelista Yunel Castellano Lucero invitó a las asistentes a hacer un voto de conciencia para estas elecciones, porque “hay candidatos que siguen sin incluir la labor de la mujer activa en la política”.

 

No envía la SEG once maestros de educación indígena a la zona de cuatro municipios, informa el supervisor

El supervisor de la zona escolar 85 de educación indígena región Acapulco, Zihuatanejo, Marquelia y Chilpancingo, Rogelio Solano Lorenzo, dijo que en las escuelas de ese sector faltan once maestros desde el año pasado, diez se jubilaron y uno falleció, y todavía la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no los ha repuesto.
Añadió que los padres de familia, quienes son de muy bajos recursos, tienen que pagar diez pesos a la semana para que un maestro atienda a sus hijos. Indicó que en la zona escolar tienen un problema muy fuerte por la falta de maestros, pues “desde el ciclo escolar pasado y ese ciclo se nos jubilaron diez maestros, uno falleció en julio pasado, por lo que tenemos la necesidad de once docentes”.
El supervisor indicó que han acudido con el director de Educación Indígena de la SEG, Silvio Joel Molina Ruiz, para solicitar los maestros y “en lugar de apoyarnos nos está quitando un maestro, como no estamos aceptando liberar ese maestro, pues ese es el castigo de no mandarnos más a la zona y simplemente está apoyando a un maestro, sabiendo que hay once necesidades en la zona escolar”.
En declaraciones al concluir su participación en el foro Retos para medir la desigualdad étnico-racial indígena y afrodescendiente en México, que se llevó a cabo en el hotel Emporio, el supervisor indicó que han acudido a la delegación también solicitando el apoyo y “dijeron que si teníamos jóvenes que hablen una lengua para que los contraten, le hiciéramos llegar la información; ya entregamos los expedientes de los jóvenes el día 15 de octubre del año pasado y hoy en la actualidad no hemos obtenido una respuesta. Están los jóvenes apoyando y los padres de familia, que son de escasos recursos, pero ellos quieren que sus hijos sean atendidos y desembolsan 10 pesos a la semana, para apoyar a esos maestros con sus pasajes y su comida”.
Señaló que los padres de familia apenas alcanzan a juntar de 80 a cien pesos para pagar a los maestros que están atendiendo a los alumnos, lo que no es justo.
Indicó que en las escuelas indígenas ubicadas en las colonias Ampliación Unidos por Guerrero y Alborada 19, en Acapulco, por esta situación están siendo afectados alrededor de 400 de mil 800 alumnos que se tienen en la zona.
Subrayó Solano Lorenzo que la forma en que está actuando las autoridades educativas es una discriminación y es algo que siempre han sufrido como indígenas, ejemplificó con que “el director de Educación Indígena, en lugar de apoyarnos nos está quitando maestros, eso es una discriminación hacía nosotros que estamos en Acapulco. No vamos a dejar el tema y vamos a seguir exigiendo que se cumpla con estos contratos para los maestros que atienden a los niños”.

 

Exigen pobladores de Ahuixtla, Chilapa, que la SEG destituya a maestros porque no laboran regularmente

Pobladores de la comunidad Ahuixtla, municipio de Chilapa, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que envíe maestros a la primaria Benito Juárez, debido a que los que están no laboran de manera regular y esto afecta a los 143 alumnos.
Ahuixtla está ubicada en la salida a Tlapa, la desviación para llegar a la comunidad se encuentra unos metros delante del punto conocido como Las Antenas, de la carretera federal. Los accesos carreteros están pavimentados, por lo que no es difícil llegar, según los pobladores que dieron una conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en la capital.
16 hombres y mujeres, vestidas con los trajes típicos de la región Montaña, representados por la presidenta del comité de padres de familia, Ruth Modesto Mardoniano, Margarito Cruz Nava, Victorino de la Cruz Nava y el comisario Daniel García de la Cruz, se quejaron de que desde septiembre del año pasado cuatro maestros de la primaria dejaron de asistir a dar clases de manera regular, por lo que acordaron exigir su cambio definitivo.
De la Cruz Nava dijo que los padres de familia se reunieron con los maestros y les pidieron en reiteradas ocasiones que no abandonaran la escuela; sin embargo, comenzaron a ir a la comunidad de dos a tres días a la semana, en un horario de 8 a 11 de la mañana, tiempo insuficiente para garantizar que los alumnos reciban la educación adecuada.
Modesto Mardoniano dijo que los padres acudieron a las autoridades de la SEG en la región, pero no han hecho nada para regular las clases en la comunidad y les preocupa que sus hijos puedan perder el año escolar, así como que no estén en el nivel necesario para continuar con sus estudios.
Cruz Nava dijo que el problema de ausentismo no es el único con los maestros, sino que estos también “les jalan las orejas” a los alumnos cuando no comprenden las lecciones o incumplen con tareas, lo cual es un trato inaceptable, además de discriminatorio, pues todos los pobladores de la comunidad son nahuas y respetan sus tradiciones.
Ante la situación, los pobladores y padres de familia llamaron al jefe del Departamento de Educación Bilingüe, Ernesto Antonio Hernández Villareal, a que solucione sus demandas y cambie a los cuatro maestros, así como se reponga a dos que se jubilaron en 2012 y no fueron reemplazados, por lo que los alumnos de tercer y cuarto año sufren al doble las consecuencias por las faltas de los docentes.
Según el último censo, en Ahuixtla hay una población de 873 habitantes que se dedican principalmente a la agricultura y emigran por temporadas a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, por la falta de empleos en Guerrero; según los padres de familia, algunos se ven en la necesidad de llevarse a sus hijos a trabajar, mientras que otros los dejan en sus casas con sus abuelos, por lo que desean es que los menores tengan el acceso a la educación para que puedan continuar con sus estudios y mejorar su calidad de vida.

Impiden vigilantes la entrada al Palacio de Gobierno a comisarios indígenas que exigen una carretera

Personal de seguridad de Palacio de Gobierno impidió el paso a comisarios indígenas de Tlacoapa y Tlacoachistlahuaca que demandan la reparación de una carretera que resultó dañada por las lluvias del huracán Max.
Después, en conferencia de prensa denunciaron que fueron citados este martes para dar seguimiento a una minuta de acuerdos que firmaron funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Denunciaron que las autoridades estatales y federales no han cumplido losacuerdos, y que los trabajos de la reconstrucción de su carretera sólo comenzaron, pero que la obra fue abandonada. También denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han apoyado a las familias afectadas por las lluvias del huracán Max en varias comunidades de esos dos municipios.
La comisión de autoridades indígenas estuvo integrada por el comisario municipal de Terrero Venado, municipio de Cochoapa, José Cirilo Gallardo; el comisariado de la misma localidad, José Vázquez Pérez; el comisario municipal de Jiquimilla, municipio de Tlacoachixtlahuaca, Jaime López Gallardo; el comisariado de la misma localidad, Ignacio Martínez; el representante de la comunidad de El Ciruelo, municipio de Cochochoapa, Maurilio Librado Martínez; el delegado de Joya de Oro, municipio de Cochoapa, Palemón Primo Liborio; el representante de Guadalupe la Joya, municipio de Cochoapa, Ignacio Martínez Tiburcio; y el representante de Dos Arroyos, municipio de Cochoapa, Juan González Ruíz.
Las autoridades municipales y agrarias fueron acompañadas por la vocera de la “instancia de gestoría”, Petra Martínez Vásquez, vecina de la comunidad de Joya Real, y por el presidente de la Federación Nacional de Núcleos Agrarios (Fenagro), Jesús Basilio Goitia.
Las autoridades comunitarias llegaron a las 9 de la mañana a la entrada del Palacio de Gobierno, donde, sin ninguna explicación, el personal de seguridad les impidió la entrada. Dos horas después llegó Basilio Goitia, a quien sí le permitieron pasar, “seguramente porque me vieron vestido distinto”, dijo, porque a la comisión de indígenas no la dejaron pasar debido a su aspecto, y denunció que evidentemente no los dejaron pasar por discriminación.
Basilio Goitia informó que esta misma comisión de indígenas se reunió el 20 de octubre en la secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado con Gustavo Mendoza Justo, auxiliar del secretario Rafael Navarrete Quezada. También estuvieron representantes de la CICAEG, la SCT, y los presidentes municipales de Cochoapa el Grande, la perredista Rosa Lorenzo de la Cruz; el de Tlachoachistlahuaca, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio; y de Ometepec, el perredista Omar Estrada Bustos.
Martínez Vásquez, informó que, en esta reunión acordaron que Obras Públicas del gobierno del estado, la CICAEG y la SCT aportarían la maquinaria pesada, y los tres ayuntamientos el combustible para que se rastreara el camino que pasa por las comunidades de Tierra Blanca, Terrero Venado, San Pedro el Viejo, Dos Ríos y Joya Real, y que comunica a Cochoapa el Grande y Tlacoachistlahuaca.
Explicó que con este tramo carretero se beneficiarían cuando menos otras 45 comunidades que se encuentran en la parte baja del municipio de Cochoapa el Grande.
Dijo que la gestión se viene realizando desde los primeros días de septiembre, cuando la carretera se dañó por las lluvias del huracán Max.
Denunció que desde un principio les dijeron que no hay recursos para Cochoapa el Grande, porque no fue considerado entre los municipios dañados, “nos parece imposible que no se hayan destinado recursos para un municipio que es el más pobre y marginado de Guerrero. Yo creo que hemos sido discriminados por ser indígenas”, se quejó.
Reprochó que las autoridades, “no escogen a los indígenas, mestizos y colores cuando quieren los votos, nosotros como militantes también les damos nuestro voto igual para que ellos ocupen el poder y el gobierno”, reclamó la indígena.
Basilio Goitia denunció que el 20 de octubre, en la primera reunión, los representantes de las autoridades declararon un receso y les pidieron que regresaran a las 4 de la tarde de ese día, pero a esa hora ya no les permitieron entrar al Palacio de Gobierno, solamente salió el auxiliar del secretario de Obras, Rafael Navarrete, quien les firmó una improvisada minuta de acuerdos, en la que se estableció que la reunión continuaría este 7 de noviembre.
Pero ayer, cuando llegaron al Palacio de Gobierno no les permitieron la entrada, “cuando llegué yo, me dijeron ‘usted si puede pasar’”, recordó Basilio Goitia. Agregó que en la secretaría de Obras le dijeron que el secretario estaba en una reunión y que era difícil que los pudiera atender, que regresaran después, “lo que demuestra que no solamente no tienen la voluntad de cumplir la minuta, sino que ni siquiera de atenderlos y platicar con ellos”.
Dijo que es injusto, “porque los integrantes de la comisión de indígenas tuvieron que destinar más de 12 horas para llegar a la capital desde sus comunidades, gastando un dinero que no tienen, sin almorzar y sin comer, sólo para que, al llegar a Palacio de Gobierno, les dieran un portazo y no los dejaran entrar”.
Petra Martínez dijo por su parte que le dio mucha tristeza lo que les hicieron, porque fue ella la que invitó a los comisarios para que vinieran a esta segunda reunión en la que esperaban que se resolviera la reconstrucción de su carretera.
Dijo que en la primera reunión, el 20 de octubre, mejor les hubieran dicho que no los iban a ayudar para que no vinieran, “pero no nos dijeron eso, nos dijeron que sí que Obras Públicas, la CICAEG y la SCT pondrían la maquinaria, y los ayuntamientos el combustible, pero nos engañaron”.
Contó que en la minuta improvisada que firmó el auxiliar del secretario de Obras Públicas, se estableció que el 23 de octubre llegaría la maquinaria, y que los habitantes de las comunidades se reunieron en el tramo en donde iban a comenzar los trabajos, pero que no llegó nadie, continuaron esperando el 24, y llegaron hasta la 1 de la tarde del 25, comenzaron a trabajar a las 2 de la tarde y a las 5 detuvieron los trabajos, al día siguiente se descompuso la máquina y se suspendió la obra. Dijo que el 30 de octubre se llevaron las máquinas y ya no regresaron.
Informó que trabajaron en el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, en donde solamente rehabilitaron unos 10 de kilómetros de ese tramo. Además dijo que hace falta que rehabiliten de todo el tramo de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa.
Informó que los trabajadores que fueron a trabajar los dos días les dijeron que ellos llevaban la instrucción de que rehabilitaran sólo el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, que es del municipio de Tlacoachistlahuaca, pero no de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa, “lo cual nos parece injusto porque no fue lo que quedamos en la reunión”, se quejó.
Denunció que también fueron discriminados en ese municipio con los paquetes de apoyo para los damnificados del huracán Max. Denunció que muchas familias perdieron sus casas y cosechas, pero ninguno ha sido apoyado.
“Sabemos que en otros lugares les están dando apoyos, pero a nosotros no nos han apoyado”, denunció y aseguró que entregaron el reporte de los daños al Ayuntamiento y al gobierno del estado.

Se plantan padres de la Montaña en la CETEG para exigir a la SEG 57 maestros y trabajadores


Padres de familia de distintas comunidades de Acatepec, Zapotitlán, Tlapa, Xalpatláhuac y Copanatoyac, denunciaron que hacen falta 57 maestros, trabajadores administrativos e intendentes en distintas escuelas de educación básica, que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se comprometió a enviar en septiembre pasado.
Unos 150 padres de familia, algunos con sus hijos, acudieron al edificio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), ubicado en la colonia Burócratas, donde se instalaron en plantón a la espera de una llamada de las autoridades para resolver sus demandas.
En conferencia de prensa, los padres Félix Cruz Díaz, Gregorio Salgado Flores, Moisés Vázquez Villanueva y Albino Ortega Cantú, declararon que los gobiernos municipal y estatal los obligaron a trasladarse a la capital para exigir solución a sus demandas, porque las autoridades no respetaron los acuerdos firmados.
Cruz Díaz mostró la copia de una minuta que el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado; el director de Educación Indígena, Silvio Joel Molina Cruz, y el jefe del departamento de Selección y Contratación de Personal, Aurelio Luna Tepeyac, firmaron el 12 de septiembre pasado, en la que se comprometieron a enviar 57 maestros y trabajadores administrativos a los municipios.
En la minuta se precisó que hacen falta 13 maestros de preescolar indígena, 19 de primaria indígena y 25 administrativos, intendentes, directores y docentes de educación especial para dos zonas escolares que pertenecen a distintos municipios.
Sin embargo, casi dos meses después del compromiso de que los maestros serían enviados de manera inmediata, la SEG no se ha comunicado con los padres de familia ni con los comisarios, además los funcionarios ignoran sus llamadas telefónicas.
La preocupación de los padres es que los pocos maestros que están en las comunidades tienen que atender grupos de más de 36 alumnos y algunas escuelas son multigrado, por lo que no hay suficientes docentes para atender sus necesidades.
Se quejaron de que por ser indígenas las autoridades les niegan un trato igualitario, como en otros municipios del estado, en los que se ha resuelto la falta de maestros luego de protestas en la capital o con bloqueos carreteros, por lo que están dispuestos a manifestarse de esa manera si no se cumplen los acuerdos.
Cruz Díaz dijo que los presidentes municipales no han intervenido para solucionar la situación, al igual que la SEG, por lo que los padres permanecerán en el edificio de la CETEG y si es necesario llamarán al resto de las familias para protestar en la capital.

Piden que la Semarnat destituya a funcionarios que discriminaron a sindicalizados para sus Juegos

Agremiados del Sindicato Democrático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exigieron al titular de esa dependencia, Rafael Pacchiano Alemán, que destituya a funcionarios que los discriminaron para los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del Medio Ambiente 2017, por ser “minoritarios”.
En conferencia de prensa, el representante sindical, Adrián Ramírez Gutiérrez dijo que uno de esos funcionarios es el director de Política Laboral de la dependencia, José Alberto Pérez Córdova, pues lo que hicieron fomenta la división entre los trabajadores. Dijo que también fueron afectados con esta actitud los agremiados que tienen en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El pasado 30 de marzo se informó que los trabajadores sindicalizados protestaron porque los organizadores no les permitieron participar en las actividades deportivas y culturales. Ramírez Gutiérrez indicó que sigue la discriminación a un sector de los trabajadores, ahora para los Juegos regionales.
Insistió en que los Juegos son para que los agremiados de los tres sindicatos participen, pero sólo se les permitió participar a los del sindicato oficial.
Comentó que, quizás para muchos un partido en los juegos deportivos nacionales “no sea de mucha relevancia, pero para nosotros es crucial este momento porque, de acuerdo a como hemos percibido toda esa discriminación que viene orquestándose de manera programada y coordinada desde el centro, donde las autoridades no quieren ni tienen la más mínima intención de abrir los espacios para todos los trabajadores en general, quieren que sea un solo sindicato”.
Indicó que ellos piden la participación de todos, como se publicó en la convocatoria, pero siguen quedando fuera ahora en la etapa regional; dijo que el comité tardó mucho tiempo en emitir su fallo para saber qué equipos pasaban a la etapa regional, y que los equipos que fueron discriminados presentaron sus quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la que están esperando el fallo.
El dirigente añadió que también exigen que se les permita participar en los juegos, o “definitivamente la Secretaría va a tener que repartir los recursos para que cada sindicato tenga sus propios juegos, porque la autoridad no puede discriminar a nadie; aquí no hay trabajadores de primera o de segunda”, recriminó.
Los trabajadores llevaron a la conferencia pancartas en las que se leía, “Bienvenido Sr. Secretario de la Semarnat a los 22 Juegos Nacional de la Discriminación”, “No a la discriminación en la Semarnat” y “Los juegos deportivos son para todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción”. Este martes, a las 7 de la noche fueron inaugurados los Juegos en su etapa regional.

Tarde o temprano la situación de los migrantes se estabilizará, dice Astudillo en California

En su segundo día de gira por Estados Unidos, el gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con migrantes de Guerrero radicados en el condado de Orange a quien les pidió no tener temor y no entrar en la desesperación porque no están solos y dijo: “Yo estoy convencido que temprano que tarde esto será estabilizado”.
Añadió que se vive en un mundo globalizado: “todos somos parte de él, estoy convencido que todo lo que sube baja según la ley de la física, estamos frente a un espectáculo que no puede tardar toda la vida, porque no se puede pelear (Trump) con todo el mundo al mismo tiempo, somos vecinos y como vecinos estamos siempre vistos como si fuéramos los responsables de lo más grave de este país”.
Además, en su visita el gobernador inauguró la Casa México –antes Casa Guerrero–, con lo que cumplió el acuerdo de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) que todas las casas de los gobiernos en estados del país vecinos sean nombradas así en apoyo a los mexicanos radicados allá. Informó que ahí se ofrecerá defensa jurídica y contra el posible gravamen del 20 por ciento de las remesas.
En su tuiter el gobernador escribió que el 20 por ciento de los pasaportes expedidos por el consulado de Santa Ana son para guerrerenses y uno de cada cinco mexicanos en el condado de Orange son de Guerrero.
En un boletín de prensa se informó que el gobernador Astudillo Flores se reunió con migrantes guerrerenses a quienes les refrendó su apoyo y solidaridad por la incertidumbre que se tiene ante las políticas aplicadas por el presidente Donald Trump. Se informó que la reunión se llevó a cabo en el consulado de Los Ángeles y estuvieron líderes de clubes y federaciones de migrantes guerrerenses a quienes les pidió no tener temor y no entrar en la desesperación porque no están solos.
Astudillo Flores estuvo acompañado en la reunión por el cónsul general de México en Santa Anna, Mario Cuevas Zamora y a los migrantes les aseguró que su gobierno está atento, preocupado y ocupado de lo que “acontezca con nuestros paisanos, que vienen de Guerrero a buscar oportunidades que en nuestro estado no hemos tenido”. Astudillo Flores refirió que en la relación entre el gobierno mexicano y el estadunidense, la sensatez debe reinar para encontrar el equilibrio comercial y migratorio dentro de un mundo globalizado.
Ahí –agrega el boletín– Astudillo Flores informó de las 12 acciones que su administración tiene en caso de que se dé la deportación de guerrerenses con el objetivo de lograr la estabilidad laboral, educativa y de servicios de salud de las familias que regresen.
Por su parte el cónsul en Santa Anna, Mario Cuevas, manifestó que el apoyo era muy importante en momentos como este, pues permite dar tranquilidad a quienes por alguna razón se vieron en la necesidad de migrar.
Acompañaron al gobernador el secretario de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán y el delegado federal de Sedesol, Armando Soto.

No toma en cuenta sus pruebas la jueza al condenar a una mujer nahua en Tlapa; apela la sentencia

 

El 6 de diciembre de 2016, Juana Ramírez Marcos fue declarada culpable del delito de lesiones agravadas contra la concubina de su ex esposo, pese a que presentó testimonios de que, cuando ocurrió la supuesta agresión ella estaba trabajando como jornalera en Sinaloa.
Por ello, su sentencia fue apelada el 14 de diciembre, “porque su caso no se juzgó con perspectiva de género ni cultural”, de acuerdo con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que la acompañan, Neil Arias y Maribel González. La indígena nahua de 47 años y sus asesoras coinciden en que la decisión de su sentencia fue porque la secretaria de Acuerdos, Rosa María Rosas Torres, y la jueza, María Celia Fernández Suárez, la estigmatizaron como “peleonera” en la causa penal 113/2013-III.
A Juana Ramírez Marcos le dictaron un año y tres meses de prisión y un pago de 40 días de salario mínimo.
Juana dice que habló de su caso porque, “ya no tengo miedo y hay gente que me ayuda; eso que dicen no es verdad, al contrario, la concubina Natalia Reyes Méndez y mi ex esposo, Ambrosio Ramírez Martínez me despojaron de mi casa, me han golpeado, insultado y amenazado”, explicó.
Contó que la fecha en la que Natalia Reyes aseguró que fue golpeada, ella estaba trabajando en labores de limpieza en Sinaloa, y presentó como pruebas, credenciales, una hoja de nómina, el seguro social, y los testimonios de una trabajadora social y dos compañeras, pero la jueza no las tomó en cuenta y le dictó sentencia condenatoria para que sea recluida, ya que ella está enfrentando el proceso en libertad porque pago una fianza de 4 mil 700 pesos.
Dijo que, al enterarse de la sentencia la obligaron a quedarse en el municipio para enfrentar la pelea jurídica, “ya no pude salir a trabajar; pensaba regresar a Sinaloa en esta temporada y no me puedo ir. Yo voy porque aquí no hay trabajo, no hay dinero, sólo sembramos para comer”.
Agregó que ahora se le dificultará mantener a sus dos hijas, porque tampoco encuentra en Tlapa quien quiera que le laven su ropa o haga labores de limpieza, y sus ingresos importantes son como jornalera entre diciembre y abril.
Las acusaciones por lesiones agravadas fueron en 2013, cuando su matrimonio cambió, y luego fue violada por su ex marido, Ambrosio Ramírez, dentro de su casa. Ella denunció la agresión en 2015, ahora él está detenido, y “las autoridades no me creen que sea cierto, dicen que lo hice por mis problemas anteriores, y creo que por eso me quieren encerrar y culpar”, contó.
Agregó que cuando fue acusada en 2013 no supo qué hacer, en el juzgado no entendía todas las palabras en español porque no es su lengua materna, y no sabe leer ni escribir, pero pudo salir para enfrentar en libertad las acusaciones, sin pensar lo que vendría después, que ahora ella es la agraviada y su caso sería juzgado por la misma secretaria de Acuerdos y la jueza penal que se han caracterizado por juzgar los casos sin perspectiva de género ni pertenencia cultural.

“No sé en qué momento se volvió tan malo”

A Juana se le quebró la voz, y aunque intentó esconder sus lágrimas, éstas resbalaron por sus mejillas; dice que antes lloraba más porque le dolía recordar que se casó por la Iglesia con Ambrosio, y que vivió con él 27 años, cuando la quería, no la maltrataba como les ocurría a otras mujeres de su pueblo, y de repente, “se volvió muy malo”.
Narró, “como no pudimos tener hijos, adoptamos dos, una niña y un niño, y ahora los tenemos separados, yo tengo a la niña y el niño vive con él, pero no me habla, no me saluda, hasta me pide que mejor yo vaya a la cárcel y que regrese su papá, y eso me duele”.
Dijo que los malos tratos empezaron cuando Natalia Reyes de 26 años llegaba a la tienda de abarrotes que abrieron, ella no lo vio mal hasta que meses después Ambrosio le dijo que Natalia viviría con ellos, “no me fui, no me quise salir porque era mi casa, la que construí con mi trabajo de jornalera de muchos años, era para mis hijos”.
Dijo que Ambrosio dejó de darle dinero para mantener a sus hijos y, de un momento a otro, se fue con Natalia del pueblo, sin decirle nada, eso la alivió un poco porque ya no tenía que aguantar las groserías, pero tampoco tenía dinero para sus hijos, que siguen en la escuela.
La tienda ya no daba, la cerró y volvió a los campos de cultivo en Sinaloa, a seguir trabajando como jornalera como lo había hecho en otros años.
Ya habían pasado años desde que la relación había terminado entre ellos cuando supo que Ambrosio se había casado con Natalia, “ya no tenía nada que hacer ni esperar; allá me encontré a una persona que me quiere, que me dice que me va a esperar, así que tuve relaciones, y cuando volví al pueblo venía embarazada”, explicó.
Recordó que, al regresar se encontró a Natalia, quien le dijo que se iba a quedar en esa casa porque también había trabajado para construirla y que él había aceptado; no dijo nada sobre su estado, la dejó quedarse y hasta vieron la posibilidad de dividir la vivienda.
Sin embargo, Natalia no cedió en sus insultos ni agresiones, “aguante hasta que nació mi hija; un día fui a ver a mi mamá, y cuando volví, mi ropa, mis cositas estaban en la calle, les dije que no me podían hacer eso, porque habíamos trabajado para la casa y que era para nuestros hijos, pero no dijo nada, Ambrosio aceptó eso”, de quejó.
“Recogí mis cosas, entre gritos y burlas y me fui a la casa de mi mamá, donde sigo viviendo, lo considero injusto porque yo trabajé para esa casa”, insistió.
Luego vino la acusación de lesiones que llevó a que se liberara una orden de aprehensión para encarcelar a Juana Ramírez Marcos, pero pudo pagar la fianza para enfrentar desde hace tres años el proceso penal, lo que le ha significado gastos, porque tenía que acudir semanalmente a firmar al juzgado en Tlapa, y luego cada 15 días, pero sólo así puede cuidar a sus dos hijas.

No pudo ser violada porque era su esposo, dicen las autoridades

En 2015, ya enfrentando la acusación por lesiones y la pérdida de su matrimonio, su casa y su hijo, Juana fue violada por Ambrosio, adentro de su casa, cuando acudió a pedirle que le entregara el acta de nacimiento de su hija y la de ella que él tenía, lo único que recibió fueron gritos, y escobazos de Natalia.
Dijo que se negó a irse e insistió en que le dieran los documentos; Ambrosio le pidió a Natalia que fuera por policías. Cuando se quedaron solos, Ambrosio la sujetó de las manos y a empujones la metió a la casa, cerró la puerta, la golpeó y violó mientras le decía que él podía hacerle lo que quisiera porque era su esposa.
“Grité, le decía que se detuviera, no lo hizo”. Nadie llegó hasta que él abrió la puerta y pudo salir. “Mi hijo se dio cuenta, eso me dolió, más porque dijo que yo no debía volver”, recordó.
“Fue por eso que tomé la decisión de denunciarlo, porque me lastimó, me violó, pero no me creen las autoridades, y aunque ahora está en la cárcel, me manda llamar, y la última vez fue para pedirme que retire la denuncia para que lo dejen en libertad y (prometió) que ya no me iba a lastimar”, sin embargo, desde el penal de Atlamajac la hostiga llamándola y le envía recados de amenazas con sus familiares.
La última amenaza la recibió en los juzgados, de la hermana de Ambrosio, Simona Ramírez Hernández, quien la esperaba cuando acudió a firmar.
Aunque su ex esposo se encuentra recluido bajo la causa penal 37/2015-III, porque en la indagatoria hubo elementos para aprehenderlo, ella no está segura de que lo condenen, y hasta cree que lo dejarán en libertad porque sus familiares dicen, “tenemos dinero para pagar y comprar a los médicos o autoridades”, además de que él se jacta de que su tío es Victorino Martínez Rosendo, un abogado y ex regidor perredista en Tlapa.
A eso agrega que la jueza María Celia Fernández y la secretaria de Acuerdos, Rosa María Torres, le han dicho que no creen que haya sido violada, que ella lo permitió, que sí sintió cuando eyaculó su marido y que seguramente lo acusó para quitarle la casa, porque “eso es lo que peleabas”, haciendo referencia a la causa penal de 2013, cuando ella fue acusada de golpear a la concubina.
Contó que cuando acude a firmar, la secretaria se burla, “no vas a visitar a tu ex”, y que desconfía de las autoridades, que por un lado la encuentran culpable, y por otro pretenden hacerla ver como una mentirosa.

El peso de no tener hijos en su comunidad

A Juana le pesó durante años no embarazarse cuando se casó. En su comunidad le preguntaban con frecuencia cuándo tendría hijos, recuerda que Ambrosio sólo la miraba y no decía nada, pero también quería hijos.
Recordó que, en una ocasión en la Ciudad de México ambos se hicieron estudios para saber si tenían problemas; cuando les dieron los resultados, el doctor dijo que sólo hablaría con Ambrosio y luego con los dos.
Al salir de la consulta, Ambrosio le dijo que ella era infértil, y ella se quedó con el pesar de no poder darle familia, ese pesar hizo que olvidara otra parte de la conversación con el médico, quien les dijo que podían ser padres porque había tratamientos eficaces y sólo bastaba que fueran a ver a los militares y ahí les dieran espermas para inseminarla.
Juana, ahora se explica que Ambrosio le contó a su manera los resultados, porque “una noche estábamos acostados, el muy triste. De repente comentó, ‘no importa que no podamos tener hijos, podemos adoptar, pero no vas a tener uno de otra persona adentro”.
“Ahora creo que es él quien no puede tener hijos, después de que me dejó y me fui a Sinaloa encontré a una persona con la que me relacione y cuando me vine en julio llegué embarazada, él se sorprendió porque, según, yo no podía, creo que me mintió, fue más fácil culparme de no tener hijos que él aceptara que no podía, en el pueblo eso se ve mal”.
Juana es acompañada en su proceso legal por dos abogadas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias y Maribel González, quienes explican que el caso no fue revisado con perspectiva de género, que está influenciado por actitudes machistas, pues las acusaciones contra las mujeres prosperan y a los hombres les dictan libertad, según han documentado.
Dijeron que continúa una discriminación estructural contra las mujeres en las instituciones de procuración y administración de justicia porque no hay intérpretes, los funcionarios no están capacitados con perspectiva de género, faltan médicas legistas para las revisiones y el trato es revictimizante.