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Detienen al ex comandante de la Policía Municipal de Totolapan acusado de homicidio

 

 

Un ex comandante de la Policía Municipal de San Miguel Totolapan fue detenido por la Policía Estatal, acusado del delito de homicidio, y a quien relacionan como uno de los jefes de célula de la banda de Los Tequileros.
Según reportes policíacos, Arnulfo Pineda Pérez El Boinas fue detenido por policías estatales y encarcelado formalmente en Arcelia, por el delito de homicidio calificado en agravio de José Antonio Ceferino Gil. Presuntamente fue detenido en un retén bajo la orden CUAU/SC/02/00050/2015.
Arnulfo Pineda es el último comandante que tuvo la policía municipal de San Miguel Totolapan, en el periodo de Saúl Beltrán Orozco. La policía fue desarmada en diciembre del 2014, y todos los agentes quedaron bajo investigación federal, pero ninguno fue detenido ni quedaron bajo proceso alguno.
Desde esa fecha, los policías quedaron inactivos. La Policía Federal y el Ejército asumieron el control de la seguridad municipal. Sin embargo, Arnulfo Pineda quedó como mando policíaco, sin funciones, según el registro de la Policía Estatal.
En su mismo reporte, lo ponen como uno de los probables participantes de otros hechos violentos en el municipio, y lo relacionan con la banda de Los Tequileros.
En enero de 2015, se reportó el secuestro de José Antonio Ceferino Gil, en la comunidad de La Gavia. Dos meses después, el 17 de marzo, reportaron el hallazgo de su osamenta, que fue identificada por su familia, basándose en las características de la ropa hallada con los restos.

La Federal y el Ejército sólo decoran carreteras, pues han sido rebasados, señala el obispo Rangel

 

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dijo que en Guerrero los grupos de la delincuencia organizada han rebasado el orden y a la autoridad del estado, y señaló que los efectivos de la Policía Federal, estatal y del Ejército sólo sirven para “decorar” las carreteras.
Al término de la misa con el nuncio apostólico Christophe Pierre, al obispo se le preguntó sobre la inseguridad en el estado y si las corporaciones y el gobierno han sido rebasados por los grupos de la delincuencia, ante la ola de ejecuciones diarias a pesar de los operativos estatales y federales.
“Yo lo que he visto en siete meses que llevo en la diócesis y la he visitado de extremo a extremo, y como saben esta zona la tienen dividida cuatro grupos delincuenciales, y desgraciadamente esos grupos han superado el orden y la autoridad del estado, y al final, al final, yo veo muchas veces que la Policía Federal, la estatal y el mismo Ejército, sirven para decorar las carreteras, han quedado rebasados”.
Insistió en que una de las formas de frenar la violencia y la inseguridad en el estado es mediante el diálogo con los grupos delincuenciales, “sin que esto signifique llegar a acuerdos”.
En el diálogo, dijo, se les pediría “que no maten, que no asesinen y que no secuestren, llegar a algunos arreglos, porque ustedes saben que desde antes ya hay ciertos arreglos”.
Habló de luchar por la paz, el diálogo, la concordia, la tolerancia y el respeto a la vida, lo cual, dijo, se haría a través de la educación desde los padres, la iglesia, el Estado y la sociedad, “porque sólo teniendo una familia dispuesta y educada, podemos sacar adelante este problema de violencia que estamos viviendo”.
Una reportera le preguntó sobre la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales.
Dijo que “en lugar de que se satanice la amapola y la mariguana, se pueden aprovechar para fines medicinales o industrializarla”, y agregó que otra salida es que el gobierno y las asociaciones creen fuentes de empleo para todas esas familias que viven en la montaña del cultivo de esos enervantes.
Sostuvo que la iglesia católica está a favor de que se legalice el cultivo de estos enervantes con fines medicinales.

Exigen maestros de Apaxtla al gobernador bases militares o policiacas permanentes ante la inseguridad

Maestros de diferentes niveles educativos en Apaxtla solicitaron ayer al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, bases militares permanentes en las comunidades de Liberaltepec, San Felipe del Ocote y Xochitepec, ante la presencia de grupos armados de la organización delictiva La Familia Michoacana.
Los vecinos responsabilizan a esta organización, de los secuestros, extorsiones, levantones y asesinatos en Apaxtla, que también han afectado a varios profesores.
El viernes, maestros e integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) se reunieron con el alcalde de Nueva Alianza, Salvador Martínez Villalobos, y mandos del Ejército y de la Policía Federal; ayer se hizo el pliego de peticiones y se envió al gobernador, Héctor Astudillo, con copia para el titular de la SEG, José Luis González de la Vega.
Exigen la instalación permanente de tres bases militares o policiacas en las comunidades de Liberaltepec, San Felipe del Ocote y Xochitepec, donde mantienen suspendidas las clases ante la inseguridad, y “para garantizar que los grupos delictivos (…) se mantengan alejados de la zona”, para garantizar, real y permanentemente, la seguridad de los habitantes del municipio de Apaxtla; realizar recorridos permanentes para detener a los delincuentes y evitar que sigan cometiendo ilícitos; y realizar reuniones periódicas para evaluar y atender las diversas amenazas que se presenten, y así evitar los delitos que afectan a los profesores.
Los maestros de las zonas escolares 110 y 024 de educación preescolar transferidos y estatales, 123 y 017 de educación primaria federales transferidas y estatales, 060 de Telesecundarias, la escuela secundaria General Adrián Castrejón, la Técnica 127 Vicente Guerrero, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 176, la preparatoria 19 de la UAG y otras instituciones educativas de la cabecera municipal de Apaxtla y sus comunidades que firman el oficio, relatan los hechos de violencia ocurridos desde 2010 en ese municipio en manos de esa fracción de La Familia Michoacana, a la que denominan Los Pintos, según un coordinador del MAAC.

En el documento que entregaron al gobierno hacen un recuento de los hechos de violencia en el municipio

Narran que el 31 de mayo de 2010 fueron asesinados por miembros de la delincuencia organizada los profesores Carlos Áureo Salgado Román y Ebino Reyes Ortiz en un camino de terracería entre las comunidades de Liberaltpec y San Felipe del Ocote, y a partir de ese año otros profesores fueron secuestrados, levantados y extorsionados, hasta en dos ocasiones por miembros de la delincuencia, “ante el olvido y pasividad de las autoridades federales y estatales anteriores”.
En julio de 2011 fue desaparecido el entonces regidor de educación de Apaxtla, el profesor Daniel Lagunas Figueroa, de quien se desconoce su paradero.
Recuerdan que en 2012, nueve policías estatales fueron emboscados por miembros de la delincuencia organizada en la comunidad de Tepoxtepec, y que en enero de 2014 las amenazas y la presencia de grupos de la delincuencia que mataron a hombres y mujeres, provocó el éxodo hacia la cabecera municipal de Apaxtla de los más de 300 habitantes de la comunidad de Xochitepec.
El 27 de abril de 2014 murió a manos de los sicarios en la comunidad de Liberaltepec, el teniente de Corbeta, Arturo Uriel Acosta Martínez, quien iba al mando de un grupo de marinos.
En septiembre de 2015 dos profesores de Liberaltepec y San Felipe, de los que se omiten sus nombres, fueron secuestrados durante una semana y liberados tras el pago de un rescate en Arcelia.
También refieren que, en diciembre pasado el grupo delincuencial secuestró a 17 vecinos de Apaxtla y Heliodoro Castillo –que el alcalde Salvador Martínez manejó que fueron siete–que fueron liberados casi un mes después tras el pago de rescate.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el oficio con la petición de la instalación de las bases militares o policiacas permanentes, fue enviado ayer al mandatario estatal con copia para su titular de la SEG.

Hoy les darán información, dicen vecinos de Iguala a padres de los 43 en otro día de búsqueda

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y organizaciones que los acompañan recorrieron ayer 13 colonias al oriente y sur de Iguala, cerca del Palacio de Justicia, como parte de la primera jornada de búsqueda y de información, donde vecinos les confirmaron que vieron pasar a los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De los asentamientos recorridos ayer por los padres de los 43, algunos de ellos como la colonia Morelos, Acatempan y 24 de febrero, son de alta incidencia delictiva, al igual que el sector dos que visitarán hoy en un perímetro de unas 20 colonias asentadas en la zona de la colonia y la calle Juan Álvarez y periférico norte, donde los normalistas fueron atacados y desaparecidos hace más de 17 meses.
En la parroquia de San Gerardo, donde los padres y los normalistas pernoctaron, se organizaron 19 brigadas encabezadas por los padres de los 43 desaparecidos, normalistas, integrantes del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala e integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, estos últimos que desistieron de su participación, porque esperaban una búsqueda de fosas clandestinas en los cerros.
Las brigadas empezaron a salir de la parroquia a las 9:30 de la mañana, y la última, encabezada por el vocero de los padres y el abogado, Melitón Ortega y Vidulfo Rosales, salió de la iglesia minutos después de las 10:00 de la mañana.
Antes de salir, el abogado Vidulfo Rosales indicó que el plan de búsqueda y de información se distribuyó en dos sectores, el primero, el que se recorrió ayer entre las 9:30 y las 12:30, se desplegó en 13 colonias y unidades habitacionales ubicadas frente al Palacio de Justicia, al oriente y al sur de la ciudad, donde según las investigaciones fue uno de los ataques a los normalistas que iban en el quinto autobús y donde estudiantes huyeron hacia esos asentamientos.
Las brigadas se distribuyeron entre las colonias Morelos, Acatempan, Nacim Kuri y 24 de febrero, estas consideradas de alta incidencia delictiva en las que se han registrado ejecuciones en los últimos meses.
También recorrieron La Floresta, las unidades habitacionales Las Tres Iguanas, Guacamayas, Loma Pajaritos, Los Ángeles, Barrio de las Flores y Los Naranjos, así como las asentadas en las faldas del cerro del Tehuehue, al sur de la ciudad, entre el periférico y la lateral de la carrera federal México-Acapulco, como la CNOP, Burócrata, 24 de febrero, Capire, Génesis y Getsemaní. Además, dos brigadas se extendieron hacia la zona del mercado Adrián Castrejón, el barrio de San Gerardo y parte del centro.
En el recorrido, los padres y normalistas, entregaron volantes informativos a vecinos y pegaron algunos carteles en los que se veía la imagen del presidente Enrique Peña partida a la mitad con el fondo de una de las marchas encabezadas por los padres de los desaparecidos y en medio la leyenda, “43 Unión, dignidad, organización; ¿te vas a quedar de espectador o lucharás por un mejor país”, y abajo los números y correos electrónicos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para dar información de los ataque.
En las casas cerradas dejaban los volantes en las rejas y abajo de las puertas, y donde había alguien les informaban de su búsqueda y les solicitaban información de los 43 normalistas.
“Somos padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa, buscamos a nuestros hijos, si tiene alguna información nos puede ayudar dándola a conocer”, le dijo Melitón Ortega a una mujer que encontró a fuera de su casa en la colonia Los Naranjos, a la que le entregó un volante.
Pasaron por una finca en la colonia Los Naranjos, se supo que es propiedad de la diputada local del PRD y ex titular de la SEG, Silvia Romero Suárez; dejaron volantes abajo de la puerta principal y en un poste de madera de la línea de teléfono colocaron un cartel.
La brigada cinco, en la que iban normalistas, mineros de Taxco e integrantes del Bloque Democrático, colocaron carteles en la fachada del edificio del Palacio de Justicia, ubicado en la orilla de la carretera federal México-Acapulco.
El grupo pidió acceso al edificio del poder Judicial, donde la delegada administrativa del Palacio de Justicia, Bertha Medrano atendió en la puerta principal a la comisión.
Pidieron que les dijera a los trabajadores que conocen información o vieron algo del ataque a los normalistas, “la puedan dar a conocer de manera anónima”, le dijeron.
El integrante del Bloque Democrático, Isaac Miranda pidió que les informen de los vídeos grabados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, a lo que la funcionaria les dijo que hasta donde tenía conocimiento el presidente del Poder Judicial, entregaría toda la información que tiene de la noche del ataque en una reunión programada para el 9 de marzo.
Tras el breve diálogo, colocaron carteles y repartieron volantes entre los trabajadores, además de que la administradora se comprometió a sacar copias del volante y repartirlas entre los empleados.
Frente al Palacio de Justicia un grupo de alumnos quitó una lona de unos cuatro metros cuadrados con el retrato del presidente Peña Nieto de su visita a Iguala el 24 de febrero, y en ese espacio pegaron carteles.
Cerca de las 12:30 concluyó la actividad y todas las brigadas se encontraron en la explanada de las Tres Garantías, donde se hizo un balance de coordinadores de brigadas para conocer incidencias. Casi a las 3:30 de la tarde, se ofreció una conferencia de prensa.

Hubo quienes dijeron que sí
vieron a los normalistas y los autobuses

En la conferencia de prensa, el abogado Vidulfo Rosales declaró que ayer hubo vecinos que confirmaron que sí vieron a los normalistas y los autobuses.
En términos generales, dijo, la jornada de búsqueda fue positiva, con un cambio en la actitud de la gente hacia ellos, y señaló que algunas de las colonias visitadas ayer son complicadas, “sabemos que esas colonias son complicadas en el tema de inseguridad, sin embargo, se dio sin ningún incidente y la población estuvo abierta al dialogo”.
“Vemos positiva la búsqueda y tenemos una convicción fuerte de que va a haber información en lo inmediato, ahorita son muy pocos datos, pero la percepción que tenemos es que sí hay una mayor disposición de la población, mayor apertura y menos hermetismo de las dos veces pasadas que se ha venido a buscar, donde hallamos un ambiente más hostil y hermético”.
Dijo que una información recurrente que obtuvieron diferentes brigadas es que “vieron a los estudiantes recorrer esos lugares, vieron los autobuses, vieron a los estudiantes bajar de los autobuses y se comprometieron a que de manera más discreta aportarán la información”.
Contó que también hubo muchas familias que mostraron su solidaridad a los padres, al dar a conocer que también tienen familiares desaparecidos, en las colonias Acatempan, Génesis y Getsemaní.
Declaró que sólo en la colonia 24 de febrero, en dos viviendas les pidieron que “no estén molestando”, sin que la incidencia pasara a mayores.
Informó que obtuvieron elementos mínimos, pero que sí hubo información de algunas personas, las cuales se comprometieron a entregar información hoy en los módulos que se instalarán.
Dio a conocer que en el fraccionamiento San Ángel, donde vive al alcalde Esteban Albarrán Mendoza custodiado por policías estatales, el guardia de seguridad privada no les permitió la entrega, por lo que sólo entregaron algunos volantes a transeúntes.
Rosales Sierra anunció una segunda jornada de búsqueda de información los días 25 y 26 de este mes, e incluirían otras zonas de Iguala como Pueblo Viejo y las Parotas, así como Cocula y Taxco.
En ronda de preguntas y respuestas, Rosales Sierra informó que la reunión programada para el jueves con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles, se pospuso para el 9 de marzo a las 12:00 del día.
Por su parte, el vocero de los padres, Melitón Ortega confió en que la gente de Iguala va a colaborar y brindará mayor información, “se están dando las condiciones y próximamente vamos a obtener lo que estamos buscando”.
Reiteró que los padres no son enemigos de Iguala, sino “víctimas de esta agresión y por lo tanto, no somos los responsables de que los negocios se hayan perjudicado y sus ventas se hayan bajado, aquí el responsable es el gobierno, el Ejército y las corporaciones, y mientras no se esclarezcan los hechos vamos a seguir viniendo”.

Desalojará el Ejército a quienes invadieron casas en el Mirador en la capital, advierte la Sedatu

Vecinos de la colonia Amate señalaron que en una reunión con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la comisión que los atendió les informó que acudirá el Ejército a desalojar a más de 100 familias que “invadieron” sus casas en el fraccionamiento El Mirador.
Asimismo, denunciaron que al llegar a las oficinas de la Sedatu, en el barrio de Tequicorral, los policías que resguardan el edificio les negaron el acceso en la entrada principal colocando una cadena, pese a que tenían programada la reunión con el delegado José Manuel Armenta Tello, a las 10 de la mañana.
El martes, unos 50 damnificados de la tormenta Manuel en Chilpancingo tomaron las oficinas de la Sedatu, para exigir al delegado José Manuel Armenta Tello esclarecer porqué las 130 casas que les fueron asignadas en el fraccionamiento El Mirador se encuentran “invadidas”.
Luego de una hora de protesta, los inconformes firmaron una minuta de acuerdo con el delegado Armenta Tello para reunirse el viernes a fin de resolver los problemas que prevalecen en El Mirador.
Consultados al término de la reunión que duró alrededor de una hora, colonos del comité vecinal de la Colonia Amate dijeron que no acudió a la reunión Armenta Tello, y en su lugar estuvo un representante de la subdelegada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez Sales, quien aseguró que interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) contra las personas que habitaron las casas en El Mirador de manera ilícita.
Una vecina, quien omitió su nombre, expresó que el representante de Jiménez Sales mostró las demandas interpuestas, a la vez que anunció que las familias irregulares que habitan en El Mirador serán desalojadas por el Ejército, a fin de que los damnificados que cuentan con un folio sean reubicados en el fraccionamiento.
Para el proceso de escrituración, comentó que a partir de la siguiente semana intervendrá la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), mientras que el próximo lunes acudirán nuevamente a la dependencia a las 4 de la tarde para reunirse con el delegado Armenta Tello.
Anunciaron que, de no atenderlos Armenta Tello, convocarán a más familias damnificadas de otras colonias para movilizarse en las oficinas de Sedatu.
Por último, el comité vecinal denunció que los policías que resguardan el acceso de la dependencia cerraron las puertas con cadenas cuando pretendían ingresar a la reunión.
Explicaron que, durante 20 minutos permanecieron afuera del inmueble, mientras que los policías señalaron que “únicamente recibían órdenes”.

Ofrece Badillo Escamilla a la Coparmex capacitar a 35 trabajadores capitalinos que ya pueden portar armas

El presidente de Jobamex, ex candidato a alcalde de Acapulco y consejero nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Joaquín Badillo Escamilla ofreció a empresarios de Chilpancingo capacitar en seguridad a 35 trabajadores que ya cuentan con su permiso de portación de armas, reveló el dirigente en Chilpancingo de esa organización, Adrián Alarcón Ríos.
El líder empresarial dijo que Badillo Escamilla planteó a los empresarios diseñar el proyecto de capacitación para los 35 trabajadores que pueden ya portar armas en sus áreas de trabajo, y darles las herramientas necesarias para capacitar a sus trabajadores.
Por otro lado, entrevistado en sus oficinas, Alarcón Ríos informó que en 10 días el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia vendrá a Chilpancingo para atender las peticiones presentadas por los empresarios, después de que los dejó plantados el jueves en la Ciudad de México.
El jueves, integrantes de Coparmex, acompañados por líderes de la Masa y la Tortilla, transportistas, médicos, joyeros, padres de familia y comerciantes del Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla asistieron a una reunión programada con Sales Heredia, pero éste no llegó.
“No fui yo quien lo buscó, él me habló hace 10 días y me dijo: Adrián, quiero platicar contigo, y le dije que pusiera la fecha y la hora, y vamos temerosos y el señor no está”, agregó el líder de los empresarios.
A pesar del desplante, los empresarios decidieron quedarse a la reunión en la que participó el jefe de la Gendarmería, Manelich Castilla Craviotto, el titular de vinculación con organizaciones sociales a nivel nacional, Mireya Barbosa Betancourt, y el jefe de la oficina del comisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Chanes Ortiz.
Con estos funcionarios se acordó que, a más tardar en 10 días, el comisionado Renato Sales Heredia estará en la capital del estado para sostener un encuentro con los empresarios.

Las demandas de los empresarios

En la reunión, informó Alarcón Ríos, se planteó que el sistema de cámaras de vigilancia que opera en la capital sea monitoreado y administrado por el Ejército, es decir que el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) ya no las administre.
También que se instalen en la capital del estado cuerpos de inteligencia, ya que ni la Fiscalía General del Estado cuenta con un área especifica de ese tipo, “no hay trabajo de inteligencia”, lamentó.
Resaltó que en la reunión se solicitó que se instale en Chilpancingo una unidad antisecuestro de la Policía Federal, ya que la que hay en Acapulco no es suficiente para atender la inseguridad en la capital.
El empresario comentó que en la reunión de trabajo se logró establecer una vinculación directa y permanente con la comisión, por lo que se definieron medidas de seguridad para los comerciantes, principalmente para los que asistieron a la reunión; una de las medidas fue la intervención de sus celulares.
Alarcón Ríos dijo que en la reunión cada uno de los empresarios externaron sus quejas y demandas, la mayoría coincidían en las extorsiones, secuestro y cobros de cuotas.
En la reunión, no se habló de la portación de armas en los negocios capitalinos, ni tampoco de la posibilidad de capacitar a los trabajadores que las porten.

La Conagua les respondió que no hay dinero para pagar a proveedores de la reconstrucción tras Manuel: empresarios

Sobre el pago a los proveedores de materiales para la reconstrucción tras la tormenta tropical Manuel, dijo que sólo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha respondido la solicitud de pago a los empresarios.
La Conagua les debe 500 millones de pesos a 120 empresarios, pero respondió que no pueden pagar, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene dinero para cubrir la deuda.
El miércoles por la tarde, los empresarios aglutinados en la Coparmex comieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien sólo les habló de la llegada de 3 mil policías, lo cual celebraron.

Participaron más de 100 civiles armados en las balaceras en El Cundancito, informan

 

En las balaceras de la noche del sábado y la madrugada del domingo en la comunidad del Cundancito, municipio de Coyuca de Catalán, donde fallecieron nueve asistente a una fiesta y una turista que atacaron en la carretera, participaron más de 100 civiles armados, de acuerdon con informes policiacos.
Versiones policíacas confirmaron que el primer convoy que acudió a conocer la versión de los hechos a El Cundancito, primero se topó con la camioneta de la pareja de turistas, lo que los hizo detenerse, y desde ahí, sólo policías del estado avanzaron a pie, intentando ingresar al pueblo, y fueron recibidos a balazos desde los cerros.
Una vez que terminaron los disparos, la policía recibió la versión, en la primera casa, de que en el pueblo había más de 100 personas con armas de grueso calibre apostadas para “enfrentar una guerra, de ser necesario”, lo que hizo que regresaran, pues, ni el Ejército ni la Policía Federal tenían órdenes de ingresar al pueblo, hasta reforzar el grupo.
En ese momento, según el informe, eran cerca de 60 federales, estatales, ministeriales y soldados, y los civiles armados se ubicaron en puntos estratégicos para emboscar a quien intentara ingresar.
Por la mañana del domingo, ingresaron a El Cundancito más de 150 efectivos de las diferentes corporaciones, acompañados del Ministerio Público.
Los mismos vecinos dijeron que durante la fiesta de 15 años en la que se dio la balacera, se habría pactado una reunión entre grupos contrarios de la delincuencia que operan en el lugar, “sin armas”, para pactar un acuerdo, pero no lo respetaron.
No se ubica cual de los dos grupos arribó con más gente, pero sumaban más de 100 hombres armados en la fiesta donde, hasta las 8 de la noche, hubo militares que se fueron antes del enfrentamiento entre delincuentes.
Asimismo, vecinos dijeron que desde hace al menos seis meses, los Salamanca controlaban todo en la localidad, fuentes de empleo, comercio y trasiego de droga, con el cobro de cuota para los productores de amapola.
En tanto que otro de los grupos instalado en el Cundan Grande, muy cerca de El Cundancito, pretendían un acuerdo que les permitiera trabajar la producción de amapola sin presiones ni conflictos.
El acuerdo no se llevó a cabo. La reunión no logró su objetivo, y terminaron por enfrentarse a balazos.

Visita Leyva el plantón de la CETEG en el Zócalo capitalino; no tienen nada que dialogar, dice Antonia

 

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena informó que se reunió con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), para liberar el acceso principal del Palacio municipal que permanece cerrado ante el plantón del magisterio en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Sin embargo, sobre la visita del alcalde al plantón de los maestros, la líder Antonia Morales Vélez dijo que el presidente municipal fue a “saludar” a los representantes de la CETEG opositora que sostenían una reunión en una de las carpas del campamento; sin embargo, no abundó en los detalles del encuentro y aseguró que la organización “no tienen nada” que dialogar con el presidente municipal.
En cuanto a la violencia suscitada en Chilpancingo, Leyva Mena refirió que es a causa de la disputa que mantienen grupos del crimen organizado por el control de los territorios que producen amapola cercanos a la capital del estado, “y estos efectos nos están llegando”.
El alcalde acudió al mediodía de este sábado a la clausura de la Expo Jornada de Emprendedores 2016, a cabo a un costado del kiosco central de Chilpancingo, y a la que también asistieron el secretario de Desarrollo Social (Sedesol) municipal, Guillermo Reyes Videla, y el director de Gobernación municipal, José Luis Sagahon Figueroa.
Consultado al término del acto protocolario, el alcalde expuso que tuvo un acercamiento con una comisión de la CETEG, con la que avanzó en el diálogo sobre asuntos “de cohabitación general entre todos”.
Leyva Mena explicó que en la reunión en el plantón que encabeza la dirigente magisterial Antonia Morales, la comisión de maestros fue receptiva, “ellos consultarán nuestra petición y otros temas”, dijo sin especificar cuáles temas, lo que luego fue desmentido por la líder de la CETEG.
El pasado domingo durante la conmemoración del 90 aniversario del natalicio de Alejandro Cervantes Delgado, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que “urgía” recuperar la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, que desde el 8 de octubre de 2014 está ocupada por la CETEG y otras organizaciones que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
A pregunta expresa sobre el avance en la negociación para liberar la plaza cívica, Leyva Mena expuso que las exigencias de las organizaciones son temas de agenda nacional, que incluye la abrogación de la reforma educativa y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Subrayó que estos asuntos no le competen al municipio, “y (en) los temas que nos corresponden seguramente vamos a avanzar”, dijo.

La inseguridad se debe a la cercanía con las zonas productoras de amapola, dice

A Leyva Mena se le consultó sobre el informe del Gabinete de Comunicación Estratégica, Las ciudades más habitables de México, 2015, que por segundo año consecutivo pone a Chilpancingo, de acuerdo con sus habitantes, como la peor ciudad del país para vivir de entre 55 centro urbanos, principalmente a causa de la inseguridad.
“Yo quiero decir que el asunto de la seguridad Pública no es un asunto fácil; coincido con el gobernador cuando de pronto solicitamos protección en diversas ciudades y en esas ciudades se calma (la violencia), pero se salta para otro municipio; yo lo que creo es que el trabajo de fondo lo debemos hacer junto con la sociedad”, expuso.
Añadió que por la coyuntura no puede mover la estrategia de seguridad en Chilpancingo, ya que el objetivo principal es crear un gobierno municipal con participación ciudadana en asuntos de seguridad, “todo el asunto de inversión pública debe de estar sustentada y dirigida para disminuir la delincuencia”, subrayó.
Aunque reconoció que Chilpancingo continúa siendo una ciudad insegura, “el nivel de inseguridad no es para que armemos a toda la ciudad y los ciudadanos estemos en un proceso de pánico; la sociedad en su conjunto debe acercarse a la autoridad y juntos emprender programas encaminados para reducir los delitos”.
“México produce el 60 por ciento de la amapola en el mundo, y del 45 por ciento estamos a una hora… Estados Unidos en materia de la amapola y sus derivados contrae una gran demanda, y ésta es también para los territorios que producen este producto”, dijo.
Y siguió, “las organizaciones criminales están peleando esa zona de producción y los efectos están siendo aquí, en Chilpancingo”.
Sobre la declaración del fiscal general Xavier Olea Peláez durante la reunión del gabinete federal en Chilapa, donde aseguró que al menos 50 grupos criminales son los que operan en el estado, Leyva Mena detalló que desconoce el número de las bandas que operan en Chilpancingo.
Y reconoció que sí hay bandas establecidas en la capital, “aunque la liberación de secuestrados y la llegada de 3 mil elementos del Ejército es un símbolo de que la autoridad está viendo este tema, y también con la colocación de las 25 alarmas vecinales sobre toda la ciudad”.

Irrumpen soldados en una casa en Riva Palacio en busca del esposo secuestrado de la síndica de Pungarabato

Soldados cayeron por aire y sitiaron por tierra una vivienda de Riva Palacio, Michoacán, en busca del empresario Gustavo Borja García, esposo de la síndica de Pungarabato, Rosalba Rendón Andrade, quien fue secuestrado la mañana de este jueves en el centro de Altamirano por hombres armados que lo sacaron de su negocio.
El secuestro fue a 30 metros de la avenida Lázaro Cárdenas y a una cuadra y media del hotel Aries, donde tienen su base los policías de la Gendarmería Nacional que participan en el Operativo Tierra Caliente.
La vivienda que fue sitiada está junto a Altamirano justo al otro lado del río Cutzamala, del lado de Michoacán, al lugar llegaron el Ejército y la Policía Estatal de Guerrero, aseguraron dos vehículos y retuvieron a una pareja dentro de la casa desde la 11 de la mañana, en la noche continuaban sin dejarlos salir.
Alrededor de las 11 de la mañana un helicóptero sobrevoló muy bajo sobre el centro de Altamirano y se colocó sobre una vivienda.
La casa cerca del zócalo de Altamirano que colinda con el río Cutzamala, y la casa está en la orilla del río pero del lado de Michoacán. Es una casa de tabique en obra negra donde vive una familia. Hay una cancha deportiva de futbol rápido a un lado y un espacio que en las noches lo usan para cancha de volibol. Hay varias viviendas en los costados.
El helicóptero se mantuvo 5 minutos ahí, llegaron los soldados y una patrulla de policías estatales. Ahí había una camioneta Ford pickup verde, un coche gris Astra y un Tsuru blanco, al parecer los coches tienen reporte de robo según informaron a la familia.
La familia González Sánchez que viven en ese lugar informó que el Ejército no los dejó salir de la vivienda desde las 11 de la mañana.
En redes sociales la familia dijo a medios de comunicación que desconocía el motivo por el cual llegó el Ejército, sólo que checaron sus carros. La camioneta verde parecida a la que usaron en el secuestro aseguraron que es de su propiedad y que además casi no la sacan porque no avanza por una falla mecánica, mientras que los otros dos carros no son de ellos.
Las demás familias alrededor tienen acceso y salida libre del lugar y a los retenidos sólo les permitían usar sus teléfonos.
Al acudir al lugar un soldado informó que esperarían al agente del Ministerio Público federal, que por eso no permitían el acceso al sitio y se negaron a dar más información. En la noche seguían en el mismo punto y no llegaba el Ministerio Público.
El resto del día se vieron recorridos en el centro de Altamirano y una patrulla cerca del centro ferretero Borja

Deja un presunto delincuente muerto y dos policías federales heridos un enfrentamiento en Chilapa

Como resultado de un enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos, un delincuente murió, dos fueron detenidos y dos federale resultaron heridos, reportaron ayer fuentes policiacas.

El enfrentamiento fue reportado a la 1:15 de la tarde de ayer en el barrio de San Juan, cercano al de San José, sólo un día después de que arrancó la Operación Chilapa en la que participan 3 mil 500 militares y 200 miembros de otras corporaciones de seguridad.
De acuerdo con reportes policiacos, los presuntos delincuentes se replegaron en la pozolería El Grano de Oro, ubicada en el Andador 16 Sur.
Según la fuente policiaca, mientras sucedía el enfrentamiento las fuerzas federales tenían rodeado al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, señalado como responsable de las desapariciones de personas en el municipio, que logró escapar. El fiscal Xavier Olea Peláez dio a conocer que Zenén Nava estaba rodeado por fuerzas federales, en entrevista con el noticiero de Radio Fórmula Atando Cabos.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, policías federales se enfrentaron a balazos con hombres armados que estaban en una pozolería que se halla a cinco cuadras del Centro.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que, tras el enfrentamiento los policías federales solicitaron refuerzos al Ejército, Policía Estatal y Policía Ministerial.
Asimismo, los reportes indican que luego del enfrentamiento la Policía Federal detuvo a dos presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron un arma larga y dos pistolas, sin especificar el calibre; tampoco se informó de la identidad de los detenidos.
Dos policías federales resultaron lesionados, lo mismo que un delincuente que, según fuentes de la Policía Ministerial, fue trasladado al Hospital General de Chilapa, pero perdió la vida en el camino.
Soldados del Ejército y policías federales sitiaron la zona, desde la avenida Insurgentes y la calle 7 Oriente, hasta la avenida Municipio Libre y todas las cuadras del barrio de San José y la entrada al barrio de San Juan, donde sucedió la balacera.
De acuerdo con testimonios de vecinos, policías federales y soldados catearon varias casas, y por la tarde aprehendieron a otros dos presuntos integrantes de la célula delictiva, hecho no confirmado por las autoridades.
Un uniformado explicó que se declaró “código rojo” en todo el barrio, es decir zona de riesgo ante la posibilidad de que se registrara un nuevo enfrentamiento derivado de alguna reacción de la delincuencia organizada.
Hasta la noche de ayer, militares mantenían la zona cerrada a la circulación vehicular, mientras que policías federales patrullaban y detenía a automovilistas para revisarlos. Asimismo, en las entradas a la ciudad soldados instalaron filtros de revisión.
Horas después del hecho, y cuando la información circulaba en portales de internet y redes sociales, el gobierno municipal publicó un breve comunicado según el cual, los sucesos son parte de los “firmes resultados” de la Operación Chilapa, “a cargo del Ejército, Fuerzas Federales y Estatales, donde participan 3,500 soldados y 200 policías”.
A los vecinos que intentaban ingresar al barrio y que decían vivir en esa zona, los uniformados les explicaban que no podían impedirles el paso, pero su ingreso era “bajo su propio riesgo”.
Todos los negocios que rodean el barrio estaban cerrados y muy pocas personas caminaban en las calles, se trataba de quienes intentaban llegar a sus domicilios que se encuentran justamente en esa zona.
“La neta, carnal, yo sí escuché y vi muchas cosas, pero no te voy a decir nada porque no quiero que me pase algo malo, me vayan a matar”, expresó un comerciante que cuando vio la llegada de este reporteros de inmediato cerró su negocio.
Pese a que en el barrio de San José había una intensa movilización de las diferentes corporaciones de seguridad y que las calles estaban prácticamente vacías, en el centro de Chilapa todo trascurría con normalidad, pues los negocios estaban abiertos, había afluencia de vehículos particulares y del transporte público, y los vendedores ambulantes se mantenían en el Zócalo ofertando sus productos.
Ayer, hasta las 9:30 de la noche ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía General habían fijado una postura sobre lo acontecido en este municipio, tampoco se informó la identidad de los detenidos ni del presunto delincuente que perdió la vida.
En Chilapa, la organización Siempre Vivos tiene un registro de 57 personas desaparecidas entre 2014 y 2015, de las cuales, 16 ocurrieron del 9 al 14 de mayo del año pasado cuando unos 300 comisarios y civiles armados de comunidades del sur del municipio tomaron las calles de Chilapa para exigir que las autoridades detuvieran a Zenén Nava.
En el municipio también han ocurrido constantes ejecuciones que, de acuerdo con las autoridades, son el resultado de la disputa de la plaza entre Los Rojos y el grupo criminal Los Ardillos.
Dos días antes de esta balacera, y en la víspera del despliegue militar contra la delincuencia fue aprehendido Yovani Anastasio Parra El Chivo, identificado por autoridades federales como segundo al mando en la organización delictiva Los Rojos.