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Provocan soldados y bomberos daños en un terreno en la sierra de Chilpancingo, denuncia la APPG

Autoridades de la comunidad de San Vicente, de la sierra de Chilpancingo, pertenecientes a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), se reunieron en el Ayuntamiento con el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, para informarle que el Ejército, Bomberos y Protección Civil (PC) provocaron daños en el predio Los Amates, adonde acudieron a preparar el terreno que planean reforestar.
Al término de la reunión, se consultó al dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, quien señaló que al predio denominado Los Amates, de la comunidad de San Vicente, acudieron Bomberos, rescatistas de Protección Civil y soldados a adaptar el terreno que planean reforestar, en coordinación con el gobierno del estado.
Dijo que, además de los daños al predio, la presencia del Ejército fue intimidatoria para los pobladores, que anteriormente han tenido malas experiencias con los cuerpos de seguridad federales, “los pueblos y la organización se constituyeron en brigadas ecológicas y estuvimos más de cuatro meses ahí… porque la Gendarmería agrede a un compañero, un muchacho que corretearon, cae y se golpea la cabeza, lo que queremos decir es que el muchacho ya falleció, apenas”, relató.
Chávez Adame dijo que los soldados, policías y rescatistas de Protección Civil dañaron cosechas y cercas que vecinos ya habían construido en ese predio.
Explicó que el terreno Los Amates fue cedido a la comunidad en la administración pasada, presidida por el también priista Mario Moreno Arcos, porque de ahí se iba a extraer agua para la cabecera municipal.
Contó que autoridades de San Vicente pidieron reunirse con el alcalde para hacer el recuento de daños en el predio.
El dirigente informó que solicitaron al alcalde que el Ejército no vaya a la comunidad a hacer acciones que le competen al municipio, que se garanticen los derechos humanos de los habitantes, se respete el acuerdo que hicieron con Moreno Arcos y que la reforestación se haga en el predio Las Terraza, ubicado también en la comunidad de San Vicente.
Chávez Adame contó que el alcalde les dijo que este viernes acudirá una comisión del Ayuntamiento a San Vicente, para reunirse con autoridades de la comunidad y hacer el recuento de daños que subsanará el municipio.

Acuerda la sección 14 del SUSPEG unirse al paro contra la reforma educativa de la CNTE

El secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio informó que en una reunión los maestros estatales acordaron unirse al paro indefinido nacional que convoca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para el 15 de mayo, como parte de las acciones de rechazo a la reforma educativa.
El dirigente informó que otro de los acuerdos en la asamblea general extraordinaria, que fue el viernes en la escuela Club de Leones, es que el 1 de mayo, Día del Trabajo, marcharán en Acapulco, saliendo en el Asta Bandera a las 10 de la mañana.
Moreno Benicio informó que los maestros estatales están de acuerdo con una evaluación formativa y de diagnóstico, pero la que marca la reforma educativa no lo es.
Señaló que los docentes estatales manifestaron su desacuerdo con el despido de maestros que anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guerrero, porque eso conlleva a que se pierda la plaza base, y por eso acordaron unirse al paro indefinido a nivel nacional, desde el 15 de mayo; dijo que el 13 de mayo se van a reunir para informar a las autoridades la decisión.
Moreno Benicio informó que entre los muchos problemas que enfrentan sus agremiados, está la quiebra del Instituto de Seguridad Social de los Servicios Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), que ha afectado a los jubilados y pensionados.
Añadió que las autoridades han incumplido la ley, pues desde 2011 se autorizó un aumento del 5 por ciento al bono de la permanencia, pero no se ha aplicado, los maestros exigen a la autoridad que se cumpla y les han dado de plazo hasta el 20 de mayo, cuando tomarán acciones en todo el estado, pues son a más de 200 maestros a los que les debe, incluyendo a los que ya se jubilaron y quieren que se les vaya abonando a través del ISSSPEG.
Otro problemas que se ha resuelto es el de infraestructura para las escuelas, donde hay muchas deficiencias; asimismo, sobre la inseguridad indicó que algunas escuelas están siendo vigiladas, las de la zona urbana por el Ejército y la Marina, mientras en la zona rural son policías comunitarios.

Reanudarán clases en primaria de Acapulco; la SEG prometió enviar un maestro, informan

El director de la Escuela Primaria Justicia Social, ubicada en la colonia La Quebradora, Ruperto Rodríguez Mendoza informó que las autoridades de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) se comprometieron a enviarles el maestro de sexto año que solicitan, y que este lunes reanudarán clases.
En declaraciones telefónicas, el director dijo que las autoridades educativas se comprometieron a enviar el maestro de sexto año, de los cuatro que piden, este lunes, y uno para segundo en el transcurso de la semana. Sobre el envío del maestro para primero y quinto año, pues necesitan dividir los grupos porque tienen 40 alumnos, lo verán en las próximas semanas.
Indicó que una vez acordada la vigilancia que solicitaban del Ejército, que les dieron el jueves, y con el envío del maestro para sexto, los padres de familia acordaron reanudar clases, pues una de las preocupaciones era el maestro que dará clases a los niños que están por terminar la escuela.
Desde el 15 de abril, los padres de familia suspendieron clases para exigir seguridad y maestros; también el lunes 18 de abril, los maestros y padres de familia protestaron en las oficinas alternas de la delegación de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez para insistir en sus demandas, las cuales fueron atendidas el viernes.
Las clases ya se reanudarán este lunes, luego de seis días de paro.

Bloquean vecinos de la capital la entrada a la Capach; exigen agua y recolección de basura

 

Unos 25 vecinos de las colonias Margarita Viguri y Loma Bonita bloquearon la entrada de los depósitos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), y la calle Francisco Valdés Medrano, también de la colonia Margarita Viguri, para reclamar que se normalice la dotación de agua, que no tienen desde hace un mes, y tampoco pasa el camión recolector de la basura.
Alrededor de las 7:30 de la mañana, los vecinos bloquearon la entrada a las instalaciones de la Capach en la colonia Margarita Viguri para exigir los servicios públicos. Cerraron el depósito de agua, colocaron un cerco con una cuerda en la que amarraron listones de colores y pancartas.
En las pancartas se leía: “Col. Margarita Viguri exige el servicio de calidad con agua tratada ¿dónde quedó el funcionamiento de la planta tratadora de agua, no más sarro en tuberías”, “Cansados de seguir escuchando promesas falsas: no hay niveles en los tanques, no funcionan los sistemas de bombeo, gente impreparada que pusieron al frente de esta dirección de Capach. ¡Solución al problema!”, “Organización en el tandeo de agua. Queremos agua. No más promesas mentirosas” y “La colonia Loma Bonita requiere el servicio de agua potable (Capach) no ha cumplido con dicho servicio… solución al desabasto de agua”.
Los colonos manifestaron que hace más de un mes no reciben el servicio, y que hace 15 días sólo les llegó durante 15 minutos el agua, pero que a las casas ubicados en una parte alta no les llegó.
Durante el bloqueo estuvieron llegando pipas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Policía Estatal y pipas sin logotipo que los vecinos creen que son particulares que venden el agua.
También reprocharon que ellos no tienen agua, pero que soldados del Ejército acuden unas 10 veces diariamente a acarrear agua con una pipa, lo mismo que la Policía Estatal, mientras que ellos carecen del servicio.
Algunos compran el agua en pipas que cobran 450 pesos; también acusaron que la Capach vende pipas de agua a 250 pesos.
Además los vecinos se enteraron que al ex presidente del Congreso del Estado, Bernardo Ortega, le llega su recibo de 70 pesos, mientras que al 5 por ciento de los colonos el último recibo les llegó con costos de servicio industrial.
Una vecina detalló que acostumbraba pagar 95 pesos, pero que su recibo más reciente fue de 445 pesos; para otra vecina, el cobro fue de 680 pesos; dijo que han acudido al Ayuntamiento para aclararlo, pero siempre les dicen que no está la persona que puede arreglar su problema.
Acordaron que no pagarán el recibo mientras no los doten de agua y les hagan un descuento.
A las 10 de la mañana, llegó el jefe de distribución y mantenimiento de la Capach, Arturo Carranza Martínez, y les pidió a los colonos que se retiraran, con la promesa de que por la noche el servicio de agua se restablecería.
Finalmente acordaron que hoy miércoles les restablecerán el servicio por la mañana, y Carranza Martínez acudirá a algunas casa para verificar que les esté llegando el agua. Sin embargo, los vecinos no levantaron el bloqueo, y en cambio también bloquearon la calle Francisco Valdés Medrano, que cerraron con una cuerda y dos mantas de colores y en el piso colocaron bolsas de basura.
Explicaron que la basura en sus hogares ya se descompuso, y enfatizaron que no pueden costear el pago de servicios de carros de basura particulares, porque les cobran al menos 20 pesos.
Unos 35 minutos después llegó el representante de Servicios Públicos municipales, Vidal Salmerón Hernández, que también les aseguró que este miércoles por la mañana tendrían en sus colonias el carro de la basura.
Justificó que el carro no ha pasado porque está descompuesto. Los colonos fueron a sus casas y llevaron al lugar la basura, que pusieron en la camioneta de Salmerón Hernández para que se la llevara.
En ese momento levantaron el bloqueo, pero el que instalaron para exigir el servicio de agua potable permaneció hasta casi las 6 de la tarde.
El lunes, vecinos del barrio de San Mateo también bloquearon dos calles porque hace mes y medio no tienen el servicio de agua potable; a ellos, funcionarios de la Capach les pidió que quitaran el bloqueo con el compromiso de que entre las 2 y las 3 de la tarde les restablecerían el servicio; lo que ocurrió hasta la mañana martes.

Detienen al ex comandante de la Policía Municipal de Totolapan acusado de homicidio

 

 

Un ex comandante de la Policía Municipal de San Miguel Totolapan fue detenido por la Policía Estatal, acusado del delito de homicidio, y a quien relacionan como uno de los jefes de célula de la banda de Los Tequileros.
Según reportes policíacos, Arnulfo Pineda Pérez El Boinas fue detenido por policías estatales y encarcelado formalmente en Arcelia, por el delito de homicidio calificado en agravio de José Antonio Ceferino Gil. Presuntamente fue detenido en un retén bajo la orden CUAU/SC/02/00050/2015.
Arnulfo Pineda es el último comandante que tuvo la policía municipal de San Miguel Totolapan, en el periodo de Saúl Beltrán Orozco. La policía fue desarmada en diciembre del 2014, y todos los agentes quedaron bajo investigación federal, pero ninguno fue detenido ni quedaron bajo proceso alguno.
Desde esa fecha, los policías quedaron inactivos. La Policía Federal y el Ejército asumieron el control de la seguridad municipal. Sin embargo, Arnulfo Pineda quedó como mando policíaco, sin funciones, según el registro de la Policía Estatal.
En su mismo reporte, lo ponen como uno de los probables participantes de otros hechos violentos en el municipio, y lo relacionan con la banda de Los Tequileros.
En enero de 2015, se reportó el secuestro de José Antonio Ceferino Gil, en la comunidad de La Gavia. Dos meses después, el 17 de marzo, reportaron el hallazgo de su osamenta, que fue identificada por su familia, basándose en las características de la ropa hallada con los restos.

La Federal y el Ejército sólo decoran carreteras, pues han sido rebasados, señala el obispo Rangel

 

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dijo que en Guerrero los grupos de la delincuencia organizada han rebasado el orden y a la autoridad del estado, y señaló que los efectivos de la Policía Federal, estatal y del Ejército sólo sirven para “decorar” las carreteras.
Al término de la misa con el nuncio apostólico Christophe Pierre, al obispo se le preguntó sobre la inseguridad en el estado y si las corporaciones y el gobierno han sido rebasados por los grupos de la delincuencia, ante la ola de ejecuciones diarias a pesar de los operativos estatales y federales.
“Yo lo que he visto en siete meses que llevo en la diócesis y la he visitado de extremo a extremo, y como saben esta zona la tienen dividida cuatro grupos delincuenciales, y desgraciadamente esos grupos han superado el orden y la autoridad del estado, y al final, al final, yo veo muchas veces que la Policía Federal, la estatal y el mismo Ejército, sirven para decorar las carreteras, han quedado rebasados”.
Insistió en que una de las formas de frenar la violencia y la inseguridad en el estado es mediante el diálogo con los grupos delincuenciales, “sin que esto signifique llegar a acuerdos”.
En el diálogo, dijo, se les pediría “que no maten, que no asesinen y que no secuestren, llegar a algunos arreglos, porque ustedes saben que desde antes ya hay ciertos arreglos”.
Habló de luchar por la paz, el diálogo, la concordia, la tolerancia y el respeto a la vida, lo cual, dijo, se haría a través de la educación desde los padres, la iglesia, el Estado y la sociedad, “porque sólo teniendo una familia dispuesta y educada, podemos sacar adelante este problema de violencia que estamos viviendo”.
Una reportera le preguntó sobre la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales.
Dijo que “en lugar de que se satanice la amapola y la mariguana, se pueden aprovechar para fines medicinales o industrializarla”, y agregó que otra salida es que el gobierno y las asociaciones creen fuentes de empleo para todas esas familias que viven en la montaña del cultivo de esos enervantes.
Sostuvo que la iglesia católica está a favor de que se legalice el cultivo de estos enervantes con fines medicinales.

Exigen maestros de Apaxtla al gobernador bases militares o policiacas permanentes ante la inseguridad

Maestros de diferentes niveles educativos en Apaxtla solicitaron ayer al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, bases militares permanentes en las comunidades de Liberaltepec, San Felipe del Ocote y Xochitepec, ante la presencia de grupos armados de la organización delictiva La Familia Michoacana.
Los vecinos responsabilizan a esta organización, de los secuestros, extorsiones, levantones y asesinatos en Apaxtla, que también han afectado a varios profesores.
El viernes, maestros e integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) se reunieron con el alcalde de Nueva Alianza, Salvador Martínez Villalobos, y mandos del Ejército y de la Policía Federal; ayer se hizo el pliego de peticiones y se envió al gobernador, Héctor Astudillo, con copia para el titular de la SEG, José Luis González de la Vega.
Exigen la instalación permanente de tres bases militares o policiacas en las comunidades de Liberaltepec, San Felipe del Ocote y Xochitepec, donde mantienen suspendidas las clases ante la inseguridad, y “para garantizar que los grupos delictivos (…) se mantengan alejados de la zona”, para garantizar, real y permanentemente, la seguridad de los habitantes del municipio de Apaxtla; realizar recorridos permanentes para detener a los delincuentes y evitar que sigan cometiendo ilícitos; y realizar reuniones periódicas para evaluar y atender las diversas amenazas que se presenten, y así evitar los delitos que afectan a los profesores.
Los maestros de las zonas escolares 110 y 024 de educación preescolar transferidos y estatales, 123 y 017 de educación primaria federales transferidas y estatales, 060 de Telesecundarias, la escuela secundaria General Adrián Castrejón, la Técnica 127 Vicente Guerrero, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 176, la preparatoria 19 de la UAG y otras instituciones educativas de la cabecera municipal de Apaxtla y sus comunidades que firman el oficio, relatan los hechos de violencia ocurridos desde 2010 en ese municipio en manos de esa fracción de La Familia Michoacana, a la que denominan Los Pintos, según un coordinador del MAAC.

En el documento que entregaron al gobierno hacen un recuento de los hechos de violencia en el municipio

Narran que el 31 de mayo de 2010 fueron asesinados por miembros de la delincuencia organizada los profesores Carlos Áureo Salgado Román y Ebino Reyes Ortiz en un camino de terracería entre las comunidades de Liberaltpec y San Felipe del Ocote, y a partir de ese año otros profesores fueron secuestrados, levantados y extorsionados, hasta en dos ocasiones por miembros de la delincuencia, “ante el olvido y pasividad de las autoridades federales y estatales anteriores”.
En julio de 2011 fue desaparecido el entonces regidor de educación de Apaxtla, el profesor Daniel Lagunas Figueroa, de quien se desconoce su paradero.
Recuerdan que en 2012, nueve policías estatales fueron emboscados por miembros de la delincuencia organizada en la comunidad de Tepoxtepec, y que en enero de 2014 las amenazas y la presencia de grupos de la delincuencia que mataron a hombres y mujeres, provocó el éxodo hacia la cabecera municipal de Apaxtla de los más de 300 habitantes de la comunidad de Xochitepec.
El 27 de abril de 2014 murió a manos de los sicarios en la comunidad de Liberaltepec, el teniente de Corbeta, Arturo Uriel Acosta Martínez, quien iba al mando de un grupo de marinos.
En septiembre de 2015 dos profesores de Liberaltepec y San Felipe, de los que se omiten sus nombres, fueron secuestrados durante una semana y liberados tras el pago de un rescate en Arcelia.
También refieren que, en diciembre pasado el grupo delincuencial secuestró a 17 vecinos de Apaxtla y Heliodoro Castillo –que el alcalde Salvador Martínez manejó que fueron siete–que fueron liberados casi un mes después tras el pago de rescate.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el oficio con la petición de la instalación de las bases militares o policiacas permanentes, fue enviado ayer al mandatario estatal con copia para su titular de la SEG.

Hoy les darán información, dicen vecinos de Iguala a padres de los 43 en otro día de búsqueda

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y organizaciones que los acompañan recorrieron ayer 13 colonias al oriente y sur de Iguala, cerca del Palacio de Justicia, como parte de la primera jornada de búsqueda y de información, donde vecinos les confirmaron que vieron pasar a los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De los asentamientos recorridos ayer por los padres de los 43, algunos de ellos como la colonia Morelos, Acatempan y 24 de febrero, son de alta incidencia delictiva, al igual que el sector dos que visitarán hoy en un perímetro de unas 20 colonias asentadas en la zona de la colonia y la calle Juan Álvarez y periférico norte, donde los normalistas fueron atacados y desaparecidos hace más de 17 meses.
En la parroquia de San Gerardo, donde los padres y los normalistas pernoctaron, se organizaron 19 brigadas encabezadas por los padres de los 43 desaparecidos, normalistas, integrantes del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala e integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, estos últimos que desistieron de su participación, porque esperaban una búsqueda de fosas clandestinas en los cerros.
Las brigadas empezaron a salir de la parroquia a las 9:30 de la mañana, y la última, encabezada por el vocero de los padres y el abogado, Melitón Ortega y Vidulfo Rosales, salió de la iglesia minutos después de las 10:00 de la mañana.
Antes de salir, el abogado Vidulfo Rosales indicó que el plan de búsqueda y de información se distribuyó en dos sectores, el primero, el que se recorrió ayer entre las 9:30 y las 12:30, se desplegó en 13 colonias y unidades habitacionales ubicadas frente al Palacio de Justicia, al oriente y al sur de la ciudad, donde según las investigaciones fue uno de los ataques a los normalistas que iban en el quinto autobús y donde estudiantes huyeron hacia esos asentamientos.
Las brigadas se distribuyeron entre las colonias Morelos, Acatempan, Nacim Kuri y 24 de febrero, estas consideradas de alta incidencia delictiva en las que se han registrado ejecuciones en los últimos meses.
También recorrieron La Floresta, las unidades habitacionales Las Tres Iguanas, Guacamayas, Loma Pajaritos, Los Ángeles, Barrio de las Flores y Los Naranjos, así como las asentadas en las faldas del cerro del Tehuehue, al sur de la ciudad, entre el periférico y la lateral de la carrera federal México-Acapulco, como la CNOP, Burócrata, 24 de febrero, Capire, Génesis y Getsemaní. Además, dos brigadas se extendieron hacia la zona del mercado Adrián Castrejón, el barrio de San Gerardo y parte del centro.
En el recorrido, los padres y normalistas, entregaron volantes informativos a vecinos y pegaron algunos carteles en los que se veía la imagen del presidente Enrique Peña partida a la mitad con el fondo de una de las marchas encabezadas por los padres de los desaparecidos y en medio la leyenda, “43 Unión, dignidad, organización; ¿te vas a quedar de espectador o lucharás por un mejor país”, y abajo los números y correos electrónicos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para dar información de los ataque.
En las casas cerradas dejaban los volantes en las rejas y abajo de las puertas, y donde había alguien les informaban de su búsqueda y les solicitaban información de los 43 normalistas.
“Somos padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa, buscamos a nuestros hijos, si tiene alguna información nos puede ayudar dándola a conocer”, le dijo Melitón Ortega a una mujer que encontró a fuera de su casa en la colonia Los Naranjos, a la que le entregó un volante.
Pasaron por una finca en la colonia Los Naranjos, se supo que es propiedad de la diputada local del PRD y ex titular de la SEG, Silvia Romero Suárez; dejaron volantes abajo de la puerta principal y en un poste de madera de la línea de teléfono colocaron un cartel.
La brigada cinco, en la que iban normalistas, mineros de Taxco e integrantes del Bloque Democrático, colocaron carteles en la fachada del edificio del Palacio de Justicia, ubicado en la orilla de la carretera federal México-Acapulco.
El grupo pidió acceso al edificio del poder Judicial, donde la delegada administrativa del Palacio de Justicia, Bertha Medrano atendió en la puerta principal a la comisión.
Pidieron que les dijera a los trabajadores que conocen información o vieron algo del ataque a los normalistas, “la puedan dar a conocer de manera anónima”, le dijeron.
El integrante del Bloque Democrático, Isaac Miranda pidió que les informen de los vídeos grabados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, a lo que la funcionaria les dijo que hasta donde tenía conocimiento el presidente del Poder Judicial, entregaría toda la información que tiene de la noche del ataque en una reunión programada para el 9 de marzo.
Tras el breve diálogo, colocaron carteles y repartieron volantes entre los trabajadores, además de que la administradora se comprometió a sacar copias del volante y repartirlas entre los empleados.
Frente al Palacio de Justicia un grupo de alumnos quitó una lona de unos cuatro metros cuadrados con el retrato del presidente Peña Nieto de su visita a Iguala el 24 de febrero, y en ese espacio pegaron carteles.
Cerca de las 12:30 concluyó la actividad y todas las brigadas se encontraron en la explanada de las Tres Garantías, donde se hizo un balance de coordinadores de brigadas para conocer incidencias. Casi a las 3:30 de la tarde, se ofreció una conferencia de prensa.

Hubo quienes dijeron que sí
vieron a los normalistas y los autobuses

En la conferencia de prensa, el abogado Vidulfo Rosales declaró que ayer hubo vecinos que confirmaron que sí vieron a los normalistas y los autobuses.
En términos generales, dijo, la jornada de búsqueda fue positiva, con un cambio en la actitud de la gente hacia ellos, y señaló que algunas de las colonias visitadas ayer son complicadas, “sabemos que esas colonias son complicadas en el tema de inseguridad, sin embargo, se dio sin ningún incidente y la población estuvo abierta al dialogo”.
“Vemos positiva la búsqueda y tenemos una convicción fuerte de que va a haber información en lo inmediato, ahorita son muy pocos datos, pero la percepción que tenemos es que sí hay una mayor disposición de la población, mayor apertura y menos hermetismo de las dos veces pasadas que se ha venido a buscar, donde hallamos un ambiente más hostil y hermético”.
Dijo que una información recurrente que obtuvieron diferentes brigadas es que “vieron a los estudiantes recorrer esos lugares, vieron los autobuses, vieron a los estudiantes bajar de los autobuses y se comprometieron a que de manera más discreta aportarán la información”.
Contó que también hubo muchas familias que mostraron su solidaridad a los padres, al dar a conocer que también tienen familiares desaparecidos, en las colonias Acatempan, Génesis y Getsemaní.
Declaró que sólo en la colonia 24 de febrero, en dos viviendas les pidieron que “no estén molestando”, sin que la incidencia pasara a mayores.
Informó que obtuvieron elementos mínimos, pero que sí hubo información de algunas personas, las cuales se comprometieron a entregar información hoy en los módulos que se instalarán.
Dio a conocer que en el fraccionamiento San Ángel, donde vive al alcalde Esteban Albarrán Mendoza custodiado por policías estatales, el guardia de seguridad privada no les permitió la entrega, por lo que sólo entregaron algunos volantes a transeúntes.
Rosales Sierra anunció una segunda jornada de búsqueda de información los días 25 y 26 de este mes, e incluirían otras zonas de Iguala como Pueblo Viejo y las Parotas, así como Cocula y Taxco.
En ronda de preguntas y respuestas, Rosales Sierra informó que la reunión programada para el jueves con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles, se pospuso para el 9 de marzo a las 12:00 del día.
Por su parte, el vocero de los padres, Melitón Ortega confió en que la gente de Iguala va a colaborar y brindará mayor información, “se están dando las condiciones y próximamente vamos a obtener lo que estamos buscando”.
Reiteró que los padres no son enemigos de Iguala, sino “víctimas de esta agresión y por lo tanto, no somos los responsables de que los negocios se hayan perjudicado y sus ventas se hayan bajado, aquí el responsable es el gobierno, el Ejército y las corporaciones, y mientras no se esclarezcan los hechos vamos a seguir viniendo”.

Desalojará el Ejército a quienes invadieron casas en el Mirador en la capital, advierte la Sedatu

Vecinos de la colonia Amate señalaron que en una reunión con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la comisión que los atendió les informó que acudirá el Ejército a desalojar a más de 100 familias que “invadieron” sus casas en el fraccionamiento El Mirador.
Asimismo, denunciaron que al llegar a las oficinas de la Sedatu, en el barrio de Tequicorral, los policías que resguardan el edificio les negaron el acceso en la entrada principal colocando una cadena, pese a que tenían programada la reunión con el delegado José Manuel Armenta Tello, a las 10 de la mañana.
El martes, unos 50 damnificados de la tormenta Manuel en Chilpancingo tomaron las oficinas de la Sedatu, para exigir al delegado José Manuel Armenta Tello esclarecer porqué las 130 casas que les fueron asignadas en el fraccionamiento El Mirador se encuentran “invadidas”.
Luego de una hora de protesta, los inconformes firmaron una minuta de acuerdo con el delegado Armenta Tello para reunirse el viernes a fin de resolver los problemas que prevalecen en El Mirador.
Consultados al término de la reunión que duró alrededor de una hora, colonos del comité vecinal de la Colonia Amate dijeron que no acudió a la reunión Armenta Tello, y en su lugar estuvo un representante de la subdelegada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez Sales, quien aseguró que interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) contra las personas que habitaron las casas en El Mirador de manera ilícita.
Una vecina, quien omitió su nombre, expresó que el representante de Jiménez Sales mostró las demandas interpuestas, a la vez que anunció que las familias irregulares que habitan en El Mirador serán desalojadas por el Ejército, a fin de que los damnificados que cuentan con un folio sean reubicados en el fraccionamiento.
Para el proceso de escrituración, comentó que a partir de la siguiente semana intervendrá la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), mientras que el próximo lunes acudirán nuevamente a la dependencia a las 4 de la tarde para reunirse con el delegado Armenta Tello.
Anunciaron que, de no atenderlos Armenta Tello, convocarán a más familias damnificadas de otras colonias para movilizarse en las oficinas de Sedatu.
Por último, el comité vecinal denunció que los policías que resguardan el acceso de la dependencia cerraron las puertas con cadenas cuando pretendían ingresar a la reunión.
Explicaron que, durante 20 minutos permanecieron afuera del inmueble, mientras que los policías señalaron que “únicamente recibían órdenes”.

Ofrece Badillo Escamilla a la Coparmex capacitar a 35 trabajadores capitalinos que ya pueden portar armas

El presidente de Jobamex, ex candidato a alcalde de Acapulco y consejero nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Joaquín Badillo Escamilla ofreció a empresarios de Chilpancingo capacitar en seguridad a 35 trabajadores que ya cuentan con su permiso de portación de armas, reveló el dirigente en Chilpancingo de esa organización, Adrián Alarcón Ríos.
El líder empresarial dijo que Badillo Escamilla planteó a los empresarios diseñar el proyecto de capacitación para los 35 trabajadores que pueden ya portar armas en sus áreas de trabajo, y darles las herramientas necesarias para capacitar a sus trabajadores.
Por otro lado, entrevistado en sus oficinas, Alarcón Ríos informó que en 10 días el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia vendrá a Chilpancingo para atender las peticiones presentadas por los empresarios, después de que los dejó plantados el jueves en la Ciudad de México.
El jueves, integrantes de Coparmex, acompañados por líderes de la Masa y la Tortilla, transportistas, médicos, joyeros, padres de familia y comerciantes del Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla asistieron a una reunión programada con Sales Heredia, pero éste no llegó.
“No fui yo quien lo buscó, él me habló hace 10 días y me dijo: Adrián, quiero platicar contigo, y le dije que pusiera la fecha y la hora, y vamos temerosos y el señor no está”, agregó el líder de los empresarios.
A pesar del desplante, los empresarios decidieron quedarse a la reunión en la que participó el jefe de la Gendarmería, Manelich Castilla Craviotto, el titular de vinculación con organizaciones sociales a nivel nacional, Mireya Barbosa Betancourt, y el jefe de la oficina del comisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Chanes Ortiz.
Con estos funcionarios se acordó que, a más tardar en 10 días, el comisionado Renato Sales Heredia estará en la capital del estado para sostener un encuentro con los empresarios.

Las demandas de los empresarios

En la reunión, informó Alarcón Ríos, se planteó que el sistema de cámaras de vigilancia que opera en la capital sea monitoreado y administrado por el Ejército, es decir que el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) ya no las administre.
También que se instalen en la capital del estado cuerpos de inteligencia, ya que ni la Fiscalía General del Estado cuenta con un área especifica de ese tipo, “no hay trabajo de inteligencia”, lamentó.
Resaltó que en la reunión se solicitó que se instale en Chilpancingo una unidad antisecuestro de la Policía Federal, ya que la que hay en Acapulco no es suficiente para atender la inseguridad en la capital.
El empresario comentó que en la reunión de trabajo se logró establecer una vinculación directa y permanente con la comisión, por lo que se definieron medidas de seguridad para los comerciantes, principalmente para los que asistieron a la reunión; una de las medidas fue la intervención de sus celulares.
Alarcón Ríos dijo que en la reunión cada uno de los empresarios externaron sus quejas y demandas, la mayoría coincidían en las extorsiones, secuestro y cobros de cuotas.
En la reunión, no se habló de la portación de armas en los negocios capitalinos, ni tampoco de la posibilidad de capacitar a los trabajadores que las porten.

La Conagua les respondió que no hay dinero para pagar a proveedores de la reconstrucción tras Manuel: empresarios

Sobre el pago a los proveedores de materiales para la reconstrucción tras la tormenta tropical Manuel, dijo que sólo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha respondido la solicitud de pago a los empresarios.
La Conagua les debe 500 millones de pesos a 120 empresarios, pero respondió que no pueden pagar, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene dinero para cubrir la deuda.
El miércoles por la tarde, los empresarios aglutinados en la Coparmex comieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien sólo les habló de la llegada de 3 mil policías, lo cual celebraron.