Participaron más de 100 civiles armados en las balaceras en El Cundancito, informan

 

En las balaceras de la noche del sábado y la madrugada del domingo en la comunidad del Cundancito, municipio de Coyuca de Catalán, donde fallecieron nueve asistente a una fiesta y una turista que atacaron en la carretera, participaron más de 100 civiles armados, de acuerdon con informes policiacos.
Versiones policíacas confirmaron que el primer convoy que acudió a conocer la versión de los hechos a El Cundancito, primero se topó con la camioneta de la pareja de turistas, lo que los hizo detenerse, y desde ahí, sólo policías del estado avanzaron a pie, intentando ingresar al pueblo, y fueron recibidos a balazos desde los cerros.
Una vez que terminaron los disparos, la policía recibió la versión, en la primera casa, de que en el pueblo había más de 100 personas con armas de grueso calibre apostadas para “enfrentar una guerra, de ser necesario”, lo que hizo que regresaran, pues, ni el Ejército ni la Policía Federal tenían órdenes de ingresar al pueblo, hasta reforzar el grupo.
En ese momento, según el informe, eran cerca de 60 federales, estatales, ministeriales y soldados, y los civiles armados se ubicaron en puntos estratégicos para emboscar a quien intentara ingresar.
Por la mañana del domingo, ingresaron a El Cundancito más de 150 efectivos de las diferentes corporaciones, acompañados del Ministerio Público.
Los mismos vecinos dijeron que durante la fiesta de 15 años en la que se dio la balacera, se habría pactado una reunión entre grupos contrarios de la delincuencia que operan en el lugar, “sin armas”, para pactar un acuerdo, pero no lo respetaron.
No se ubica cual de los dos grupos arribó con más gente, pero sumaban más de 100 hombres armados en la fiesta donde, hasta las 8 de la noche, hubo militares que se fueron antes del enfrentamiento entre delincuentes.
Asimismo, vecinos dijeron que desde hace al menos seis meses, los Salamanca controlaban todo en la localidad, fuentes de empleo, comercio y trasiego de droga, con el cobro de cuota para los productores de amapola.
En tanto que otro de los grupos instalado en el Cundan Grande, muy cerca de El Cundancito, pretendían un acuerdo que les permitiera trabajar la producción de amapola sin presiones ni conflictos.
El acuerdo no se llevó a cabo. La reunión no logró su objetivo, y terminaron por enfrentarse a balazos.

Visita Leyva el plantón de la CETEG en el Zócalo capitalino; no tienen nada que dialogar, dice Antonia

 

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena informó que se reunió con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), para liberar el acceso principal del Palacio municipal que permanece cerrado ante el plantón del magisterio en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Sin embargo, sobre la visita del alcalde al plantón de los maestros, la líder Antonia Morales Vélez dijo que el presidente municipal fue a “saludar” a los representantes de la CETEG opositora que sostenían una reunión en una de las carpas del campamento; sin embargo, no abundó en los detalles del encuentro y aseguró que la organización “no tienen nada” que dialogar con el presidente municipal.
En cuanto a la violencia suscitada en Chilpancingo, Leyva Mena refirió que es a causa de la disputa que mantienen grupos del crimen organizado por el control de los territorios que producen amapola cercanos a la capital del estado, “y estos efectos nos están llegando”.
El alcalde acudió al mediodía de este sábado a la clausura de la Expo Jornada de Emprendedores 2016, a cabo a un costado del kiosco central de Chilpancingo, y a la que también asistieron el secretario de Desarrollo Social (Sedesol) municipal, Guillermo Reyes Videla, y el director de Gobernación municipal, José Luis Sagahon Figueroa.
Consultado al término del acto protocolario, el alcalde expuso que tuvo un acercamiento con una comisión de la CETEG, con la que avanzó en el diálogo sobre asuntos “de cohabitación general entre todos”.
Leyva Mena explicó que en la reunión en el plantón que encabeza la dirigente magisterial Antonia Morales, la comisión de maestros fue receptiva, “ellos consultarán nuestra petición y otros temas”, dijo sin especificar cuáles temas, lo que luego fue desmentido por la líder de la CETEG.
El pasado domingo durante la conmemoración del 90 aniversario del natalicio de Alejandro Cervantes Delgado, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que “urgía” recuperar la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, que desde el 8 de octubre de 2014 está ocupada por la CETEG y otras organizaciones que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
A pregunta expresa sobre el avance en la negociación para liberar la plaza cívica, Leyva Mena expuso que las exigencias de las organizaciones son temas de agenda nacional, que incluye la abrogación de la reforma educativa y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Subrayó que estos asuntos no le competen al municipio, “y (en) los temas que nos corresponden seguramente vamos a avanzar”, dijo.

La inseguridad se debe a la cercanía con las zonas productoras de amapola, dice

A Leyva Mena se le consultó sobre el informe del Gabinete de Comunicación Estratégica, Las ciudades más habitables de México, 2015, que por segundo año consecutivo pone a Chilpancingo, de acuerdo con sus habitantes, como la peor ciudad del país para vivir de entre 55 centro urbanos, principalmente a causa de la inseguridad.
“Yo quiero decir que el asunto de la seguridad Pública no es un asunto fácil; coincido con el gobernador cuando de pronto solicitamos protección en diversas ciudades y en esas ciudades se calma (la violencia), pero se salta para otro municipio; yo lo que creo es que el trabajo de fondo lo debemos hacer junto con la sociedad”, expuso.
Añadió que por la coyuntura no puede mover la estrategia de seguridad en Chilpancingo, ya que el objetivo principal es crear un gobierno municipal con participación ciudadana en asuntos de seguridad, “todo el asunto de inversión pública debe de estar sustentada y dirigida para disminuir la delincuencia”, subrayó.
Aunque reconoció que Chilpancingo continúa siendo una ciudad insegura, “el nivel de inseguridad no es para que armemos a toda la ciudad y los ciudadanos estemos en un proceso de pánico; la sociedad en su conjunto debe acercarse a la autoridad y juntos emprender programas encaminados para reducir los delitos”.
“México produce el 60 por ciento de la amapola en el mundo, y del 45 por ciento estamos a una hora… Estados Unidos en materia de la amapola y sus derivados contrae una gran demanda, y ésta es también para los territorios que producen este producto”, dijo.
Y siguió, “las organizaciones criminales están peleando esa zona de producción y los efectos están siendo aquí, en Chilpancingo”.
Sobre la declaración del fiscal general Xavier Olea Peláez durante la reunión del gabinete federal en Chilapa, donde aseguró que al menos 50 grupos criminales son los que operan en el estado, Leyva Mena detalló que desconoce el número de las bandas que operan en Chilpancingo.
Y reconoció que sí hay bandas establecidas en la capital, “aunque la liberación de secuestrados y la llegada de 3 mil elementos del Ejército es un símbolo de que la autoridad está viendo este tema, y también con la colocación de las 25 alarmas vecinales sobre toda la ciudad”.

Irrumpen soldados en una casa en Riva Palacio en busca del esposo secuestrado de la síndica de Pungarabato

Soldados cayeron por aire y sitiaron por tierra una vivienda de Riva Palacio, Michoacán, en busca del empresario Gustavo Borja García, esposo de la síndica de Pungarabato, Rosalba Rendón Andrade, quien fue secuestrado la mañana de este jueves en el centro de Altamirano por hombres armados que lo sacaron de su negocio.
El secuestro fue a 30 metros de la avenida Lázaro Cárdenas y a una cuadra y media del hotel Aries, donde tienen su base los policías de la Gendarmería Nacional que participan en el Operativo Tierra Caliente.
La vivienda que fue sitiada está junto a Altamirano justo al otro lado del río Cutzamala, del lado de Michoacán, al lugar llegaron el Ejército y la Policía Estatal de Guerrero, aseguraron dos vehículos y retuvieron a una pareja dentro de la casa desde la 11 de la mañana, en la noche continuaban sin dejarlos salir.
Alrededor de las 11 de la mañana un helicóptero sobrevoló muy bajo sobre el centro de Altamirano y se colocó sobre una vivienda.
La casa cerca del zócalo de Altamirano que colinda con el río Cutzamala, y la casa está en la orilla del río pero del lado de Michoacán. Es una casa de tabique en obra negra donde vive una familia. Hay una cancha deportiva de futbol rápido a un lado y un espacio que en las noches lo usan para cancha de volibol. Hay varias viviendas en los costados.
El helicóptero se mantuvo 5 minutos ahí, llegaron los soldados y una patrulla de policías estatales. Ahí había una camioneta Ford pickup verde, un coche gris Astra y un Tsuru blanco, al parecer los coches tienen reporte de robo según informaron a la familia.
La familia González Sánchez que viven en ese lugar informó que el Ejército no los dejó salir de la vivienda desde las 11 de la mañana.
En redes sociales la familia dijo a medios de comunicación que desconocía el motivo por el cual llegó el Ejército, sólo que checaron sus carros. La camioneta verde parecida a la que usaron en el secuestro aseguraron que es de su propiedad y que además casi no la sacan porque no avanza por una falla mecánica, mientras que los otros dos carros no son de ellos.
Las demás familias alrededor tienen acceso y salida libre del lugar y a los retenidos sólo les permitían usar sus teléfonos.
Al acudir al lugar un soldado informó que esperarían al agente del Ministerio Público federal, que por eso no permitían el acceso al sitio y se negaron a dar más información. En la noche seguían en el mismo punto y no llegaba el Ministerio Público.
El resto del día se vieron recorridos en el centro de Altamirano y una patrulla cerca del centro ferretero Borja

Deja un presunto delincuente muerto y dos policías federales heridos un enfrentamiento en Chilapa

Como resultado de un enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos, un delincuente murió, dos fueron detenidos y dos federale resultaron heridos, reportaron ayer fuentes policiacas.

El enfrentamiento fue reportado a la 1:15 de la tarde de ayer en el barrio de San Juan, cercano al de San José, sólo un día después de que arrancó la Operación Chilapa en la que participan 3 mil 500 militares y 200 miembros de otras corporaciones de seguridad.
De acuerdo con reportes policiacos, los presuntos delincuentes se replegaron en la pozolería El Grano de Oro, ubicada en el Andador 16 Sur.
Según la fuente policiaca, mientras sucedía el enfrentamiento las fuerzas federales tenían rodeado al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, señalado como responsable de las desapariciones de personas en el municipio, que logró escapar. El fiscal Xavier Olea Peláez dio a conocer que Zenén Nava estaba rodeado por fuerzas federales, en entrevista con el noticiero de Radio Fórmula Atando Cabos.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, policías federales se enfrentaron a balazos con hombres armados que estaban en una pozolería que se halla a cinco cuadras del Centro.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que, tras el enfrentamiento los policías federales solicitaron refuerzos al Ejército, Policía Estatal y Policía Ministerial.
Asimismo, los reportes indican que luego del enfrentamiento la Policía Federal detuvo a dos presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron un arma larga y dos pistolas, sin especificar el calibre; tampoco se informó de la identidad de los detenidos.
Dos policías federales resultaron lesionados, lo mismo que un delincuente que, según fuentes de la Policía Ministerial, fue trasladado al Hospital General de Chilapa, pero perdió la vida en el camino.
Soldados del Ejército y policías federales sitiaron la zona, desde la avenida Insurgentes y la calle 7 Oriente, hasta la avenida Municipio Libre y todas las cuadras del barrio de San José y la entrada al barrio de San Juan, donde sucedió la balacera.
De acuerdo con testimonios de vecinos, policías federales y soldados catearon varias casas, y por la tarde aprehendieron a otros dos presuntos integrantes de la célula delictiva, hecho no confirmado por las autoridades.
Un uniformado explicó que se declaró “código rojo” en todo el barrio, es decir zona de riesgo ante la posibilidad de que se registrara un nuevo enfrentamiento derivado de alguna reacción de la delincuencia organizada.
Hasta la noche de ayer, militares mantenían la zona cerrada a la circulación vehicular, mientras que policías federales patrullaban y detenía a automovilistas para revisarlos. Asimismo, en las entradas a la ciudad soldados instalaron filtros de revisión.
Horas después del hecho, y cuando la información circulaba en portales de internet y redes sociales, el gobierno municipal publicó un breve comunicado según el cual, los sucesos son parte de los “firmes resultados” de la Operación Chilapa, “a cargo del Ejército, Fuerzas Federales y Estatales, donde participan 3,500 soldados y 200 policías”.
A los vecinos que intentaban ingresar al barrio y que decían vivir en esa zona, los uniformados les explicaban que no podían impedirles el paso, pero su ingreso era “bajo su propio riesgo”.
Todos los negocios que rodean el barrio estaban cerrados y muy pocas personas caminaban en las calles, se trataba de quienes intentaban llegar a sus domicilios que se encuentran justamente en esa zona.
“La neta, carnal, yo sí escuché y vi muchas cosas, pero no te voy a decir nada porque no quiero que me pase algo malo, me vayan a matar”, expresó un comerciante que cuando vio la llegada de este reporteros de inmediato cerró su negocio.
Pese a que en el barrio de San José había una intensa movilización de las diferentes corporaciones de seguridad y que las calles estaban prácticamente vacías, en el centro de Chilapa todo trascurría con normalidad, pues los negocios estaban abiertos, había afluencia de vehículos particulares y del transporte público, y los vendedores ambulantes se mantenían en el Zócalo ofertando sus productos.
Ayer, hasta las 9:30 de la noche ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía General habían fijado una postura sobre lo acontecido en este municipio, tampoco se informó la identidad de los detenidos ni del presunto delincuente que perdió la vida.
En Chilapa, la organización Siempre Vivos tiene un registro de 57 personas desaparecidas entre 2014 y 2015, de las cuales, 16 ocurrieron del 9 al 14 de mayo del año pasado cuando unos 300 comisarios y civiles armados de comunidades del sur del municipio tomaron las calles de Chilapa para exigir que las autoridades detuvieran a Zenén Nava.
En el municipio también han ocurrido constantes ejecuciones que, de acuerdo con las autoridades, son el resultado de la disputa de la plaza entre Los Rojos y el grupo criminal Los Ardillos.
Dos días antes de esta balacera, y en la víspera del despliegue militar contra la delincuencia fue aprehendido Yovani Anastasio Parra El Chivo, identificado por autoridades federales como segundo al mando en la organización delictiva Los Rojos.

Tiene intención mediática la llegada de más de 3 mil 500 militares a Chilapa, dice Tlchinollan

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que la llegada de más de 3 mil 500 militares a Chilapa trata de generar un efecto mediático para que la población crea que se está combatiendo el crimen; sin embargo, el Ejército sólo llegó para seguir cometiendo violaciones “graves” a los derechos humanos y para proteger a las instituciones, porque hay un descontento social.
Consultado vía telefónica, Abel Barrera dijo que los más de 3 mil 500 militares enviados a Guerrero son una respuesta que busca generar un efecto mediático, para que la sociedad crea que el gobierno está tomando decisiones duras y fuertes para abatir el crimen.
Dijo que los operativos no sirven si no son parte de una estrategia integral para abatir los altos índices de inseguridad, las acciones impunes que prevalecen entre las autoridades y corporaciones policíacas, en el mismo órgano investigador de delitos, de acciones preventivas y de atención a víctimas, si no son para combatir a fondo a la impunidad.
“Lamentablemente, todo queda en apostarle al uso de la fuerza, a que se sigan consumando violaciones graves a los derechos humanos con la presencia del Ejército, que no tiene ningún control civil”, precisó Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan consideró que las autoridades no están atacando las causas de la inseguridad, que tienen que ver con la corrupción de las corporaciones policíacas, y que protegen a quienes violentan los derechos humanos, y que todo esto pasa porque hay desconfianza en el órgano investigador.
Además, expresó que se deberá tomar en cuenta la perspectiva de los derechos humanos en estos operativos y acciones que utilizan solamente al Ejército para inhibir a los grupos del crimen, porque son insuficientes y cuestionables en un contexto donde no hay control civil sobre las fuerzas armadas, y donde se han consumado violaciones a los derechos humanos, y principalmente que no se está aportando a que sean las policías comunitarias, que surgen de la misma sociedad, las que se preparen para las tareas de seguridad.
“Sabemos que estas acciones van en contracorriente a las recomendaciones de los organismos internacionales de los derechos humanos; en la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a México, una de las recomendaciones al gobierno mexicano fue que se pensara en el actuar de las fuerzas armadas, porque hay un alto grado de violaciones graves cometidas”, explicó.
De acuerdo con Barrera Hernández, pese a que ya hay cuarteles militares, no han abatido la impunidad ni la corrupción. Las políticas de seguridad en Guerrero contradicen las recomendaciones de las tendencias de los organismos internacionales de los derechos humanos, porque se ha documentado que la presencia militar va aparejada a graves violaciones, con un mayor grado de impunidad.
También, Abel Barrera consideró que los soldados están en la calle ante la crisis de gobernabilidad, la crisis y el desorden que hay de las policías, la desconfianza de la población en las instituciones encargadas de velar la seguridad de las personas.
Asimismo, señaló que es evidente que la militarización también sirve para contener la inconformidad social, para inhibir la organización ciudadana, para reprimir y generar miedo y terror.
Aseguró que la militarización en las calles es para resguardar a las instituciones, para desmovilizar a la población, es decir, es una estrategia más mediática, “para tener sometida a una población que está molesta, y exigiendo resultados, porque no hay verdad donde, a 16 meses que llevan los 43 normalistas desparecidos, no hay ningún indicio de que se ataque a los grupos de la delincuencia y que se investigue a las autoridades responsables de estas desapariciones”, indicó.

Los levantados en Chilpancingo serían cinco, no seis, pero sólo hay dos denuncias, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que no fueron seis levantados en Chilpancingo sino dos, ya que su dependencia cuenta con dos denuncias presentadas por desaparición, pero según sus investigaciones podrían ser cinco; mientras que uno de los tres estudiantes levantados ayer en Tixtla ya fue liberado.
“Pueden ser cinco los de Chilpancingo del taller levantado, pero sólo hay dos denuncias”, agregó.
También detalló que la banda de secuestradores desarticulada el jueves pasado, tras un enfrentamiento con policías ministeriales y el Ejército en la colonia Salubridad, pertenecía a El Tequilero, y señaló que hasta este jueves en la capital del estado también operaba una escisión de La Familia Michoacana.
Ayer en El Sur se publico que la tarde de este martes, sicarios irrumpieron en el taller Moto Servicios Ayala, donde levantaron a seis jóvenes, entre ellos a una mujer, cerca del Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) No. 136 en la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que sólo se han presentado dos denuncias de personas desaparecidas, pero que las investigaciones de la dependencia daban cuenta de la posibilidad de cinco personas levantadas.
Consultado al término del acto protocolario de arranque de la Operación Chilapa, el fiscal explicó que, mediante una llamada al número de emergencia 066 se informó del levantón de cinco personas, pero “realmente son dos del taller”.
Agregó que se presentaron denuncias de desaparición de dos personas, pero investigarán para saber si fueron o no levantados los otros cinco jóvenes que estaban en el taller.
Durante la mañana de este miércoles, se le preguntó en tres ocasiones al fiscal acerca de los secuestros y levantones en la capital, la primera cuando bajó del helicóptero en el que llegó a la unidad deportiva de Chilapa, donde informó que el reporte proporcionado por el comándate de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), era de tres levantados en Chilpancingo y tres en Tixtla.
Este martes, tres estudiantes fueron privados de su libertad por hombres armados en la colonia La Villita, en el municipio de Tixtla, a unos 100 metros de la comandancia de la Policía Municipal, informó la FGE.
En la segunda ocasión se le preguntó sobre el estatus de los seis, a lo que respondió que en Chilpancingo y Tixtla eran levantados; se le reiteró la pregunta sobre cuál era el reporte, pero ante la falta de datos le pidió al comandante de la PIM, Ricardo Zamora Guevara que respondiera a las preguntas de tres medios de comunicación.
Zamora Guevara reiteró que tenían información sobre dos levantados, ya que las familias presentaron la denuncia, además de que no hay testigos que confirmen si se llevaron o no a más personas.
Sobre los jóvenes privados de su libertad en Tixtla dijo que se consideran también levantados, pero que ahí ninguna familia ha presentado una denuncia formal.

Eran tres bandas de secuestradores en la capital; ya fue desarticulada la de El Tequilero, comenta

El jueves de la semana pasada, se enfrentaron hombres armados y policías ministeriales más de una hora, resultando un policía y un sicario heridos, siete detenidos, y dos hombres y una mujer que estaban secuestrados fueron liberados al sur de Chilpancingo.
Tras los hechos, el fiscal dijo que los detenidos fueron consignados, pero no dio más detalles ni los nombres de los detenidos, sólo informó que se desarticuló la banda de secuestradores.
Se le preguntó entonces cuántas bandas delincuenciales operan en la capital del estado, a lo que respondió que no tenía el número exacto, y luego corrigió que son tres, Los Ardillos, Los Rojos y una escisión de La Familia Michoacana que el jueves pasado fue desarticulada.
Enfatizó que la banda de El Tequilero estaba operando en Chilpancingo hasta el jueves pasado, antes de la intervención de la policía ministerial y del Ejército.
Dijo que tenía ya identificado a El Tequilero, y reiteró que probablemente fue policía municipal, aunque no dio a conocer el nombre del delincuente.
Al final de la consulta, confirmó que ayer fue detenido por la Policía Federal en Chilapa el segundo de Los Rojos, Yiovani Anastasio Parra.

Es mentira que policías y militares busquen al desaparecido de Zotoltitlán, responden vecinos

 

Vecinos de Zotoltitlán del municipio de Mártir de Cuilapan (Apango) mantienen por tercer día los retenes que instalaron en los caminos a la comunidad nahua, en donde el 20 de enero desapareció el campesino Antelmo García, quien no ha sido localizado.
Los vecinos de esa localidad desmintieron ayer a la alcaldesa del partido Movimiento Ciudadano, Felicitas Muñiz Gómez, quien el lunes declaró que ya habían intervenido las policías Estatal y Ministerial, además del Ejército para localizar al campesino desaparecido.
Los vecinos armados dijeron que hasta ayer ninguna corporación policiaca ni militar había llegado al pueblo, y los vecinos seguían buscando al campesino desaparecido y continuaban los tres retenes en las entradas y salidas de Zotoltitlán.
El desaparecido pertenece al Frente de Defensa Popular (FDP), y vía telefónica su dirigente Efraín Torres Fierro dijo que en el pueblo había consternación y desesperación por la desaparición del campesino, pero que las autoridades federales y estatales no habían intervenido.
Añadió que la presidenta municipal se reunió con los vecinos de esa comunidad el domingo y les prometió que este lunes acudiría el Ejército, la Marina y las policías Federal y Estatal para iniciar la búsqueda de Antelmo García.
Añadió que la promesa de Muñiz Gómez calmó los ánimos de los vecinos de Zotoltilán, pero como ayer no llegó ninguna corporación harán acciones de protesta no sólo para buscar a su compañero, también para atender el problema de la violencia e inseguridad que prevalece en la zona.
“La gente se ha organizado para continuar con la búsqueda del compañero porque no se ha visto ningún resultado ni acciones del gobierno para encontrarlo”, dijo Torres Fierro.
Agregó que la presidenta municipal se comprometió que este lunes llegarían militares, marinos, perros amaestrados y helicópteros para la búsqueda de Antelmo García, “pero hasta el momento no se ha visto nada”.
Añadió que por eso los vecinos continúan en los retenes y son ellos los que siguen buscando a su compañero, sin el apoyo gubernamental.
Dijo que ayer organizaron brigadas para buscar en los cerros, mientras tanto la Policía Municipal “sólo ha ido a darse la vuelta a los retenes pero no ha hecho recorridos, los que han buscado son los campesinos”, aseguró Torres Fierro.
Dijo que los campesinos participan “porque es una obligación para todo el pueblo”, y agregó “nosotros hablamos con todos para seguir la búsqueda y exigir al gobierno del estado que se haga cargo del problema, le pedimos que entren el Ejército, Marina y Policía Federal, y que no sólo anden en Acapulco en la playa”.

Hallan dos cuerpos desmembrados en bolsas de plástico en una calle céntrica de Chilapa

Los cuerpos desmembrados de dos hombres fueron hallados la mañana de este domingo en una calle céntrica de la ciudad de Chilapa.
Según reportes policiacos, antes de las 6 de la mañana fueron halladas al menos seis bolsas negras de plástico con pedazos de cuerpos mutilados y una bolsa pequeña azul con ropa en la calle 7 Poniente, cerca de la avenida Revolución. Además cuatro partes de los cuerpos estaban sobre el pavimento.
El lugar fue resguardado por la Policía Municipal y Ministerial, que después de 30 minutos del hallazgo trasladaron los cuerpos al velatorio del panteón municipal habilitado como Servicio Médico Forense (Semefo) de la agencia del Ministerio Público de Chilapa, para después trasladarlos al Semefo de la capital del estado.
Hasta la tarde de ayer, se desconocía la identidad de las víctimas y según fuentes ministeriales uno de los cuerpos tendría 35 años y el otro unos 25; los dos con el cabello rapado.
El lugar de los hechos está a una cuadra de la catedral sobre la avenida Revolución; a dos cuadras de la casa del ex alcalde priista Francisco Javier García González, y a cuatro cuadras de la del actual alcalde priista Jesús Parra García.
Cuatro días antes, en los primeros minutos del miércoles 20 de enero, fueron hallados dos cuerpos, uno quemado y otro calcinado en la cajuela de un Tsuru blanco sin placas en la calle 24 Sur del barrio de San Juan, cerca del panteón viejo.
Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Rodríguez Alcocer de 58 años, de profesión ingeniero, y Justino Jaimes Hernández de 42, de oficio transportista.
El jueves 21 de enero, la cabecera municipal estuvo blindada por soldados del Ejército, Marina, policías federales, estatales, ministeriales y municipales por la visita de los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional que sesionaron en un  local del centro de la ciudad, sobre la avenida Revolución, a tres cuadras de donde ayer fueron tirados los cuerpos.
En esa reunión el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la militarización de la región y la instalación de un cuartel del Ejército cerca de Chilapa, ante la imparable ola de violencia; además del envío inmediato de soldados a Zitlala, Teloloapan y Chilapa, en este último municipio se han registrado 57 desaparecidos en 2014 y 2015.
En 2016 según un recuento de El Sur, nueve personas han sido asesinadas en distintos hechos de violencia en Chilapa y sus alrededores.
Entre los homicidios registrados está el hallazgo de un cuerpo semienterrado en una fosa clandestina en la comunidad de Ajacayán, un policía estatal calcinado en su vehículo en el pueblo de Lodo Grande, un taxista calcinado dentro de su unidad en la comunidad de Tepehuixco, un taxista asesinado a balazos en un sitio de Urvan en Chilapa y un joven muerto con un arma blanca dentro de su casa en la avenida Municipio Libre.
Además fueron hallados dos cuerpos calcinados y quemados el 21 enero en el barrio de San Juan y dos cuerpos mutilados encontrados ayer.
Hasta ayer, el gobierno municipal priista de Jesús Parra García no había fijado una postura ante los hechos de violencia.
Sin referirse a qué hecho, el Ayuntamiento difundió un texto de 17 palabras: “En torno a los hechos ocurridos hoy por la mañana, las autoridades correspondientes están atendiendo la situación”.
Sin información de las autoridades, los vecinos de Chilapa se enteraron del hecho en portales informativos y redes sociales como Facebook, Twitter y la aplicación Whats App.

Marchan en Oaxaca padres de Ayotzinapa en la tercera caravana por la presentación de sus hijos

En Oaxaca, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, denunciaron que no hay pruebas científicas que indique que sus hijos están muertos, por lo tanto, van insistir en que el Estado los devuelva con vida, en las acciones de la tercera caravana por la presentación de los estudiantes en 14 estados del país.
La primera actividad fue una conferencia en la sección 75 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que comenzó el padre del normalista desaparecido originario de Oaxaca, Cristián Tomás Colón Garnica, el señor Juan Colón Juárez, demandó la presentación con vida de los estudiantes detenidos desparecidos por policías municipales en Iguala.
Por la tarde, tras una marcha en el primer cuadro de la ciudad, la señora Hilda Legideño, mamá de Jorge Antonio Legideño Vargas, pidió el apoyo de las organizaciones y ciudadanos de la capital oaxaqueña para que las autoridades regresen a sus hijos, “porque ellos se los llevaron y sabemos que ellos los tienen”, aseveró.
En un mitin en el Zócalo frente al Palacio de gobierno, explicó que desde el 26 de septiembre de 2014, madres y padres salieron a buscar a los estudiantes desaparecidos y siguen dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperarlos, “por eso salimos, a pedir que nos acompañen en las acciones globales por Ayotzinapa, para que el gobierno sienta la presión de la sociedad”.
Aseguró que sólo con la solidaridad de la población que se une a las marchas han podido obtener algunos resultados.
Asimismo, María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez Guerrero, denunció que los jóvenes que quieren superarse son blanco del gobierno, y la población no puede permitir que siga desapareciendo a jóvenes y estudiantes.
El papá de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Maximino Hernández señaló que el gobierno “no puede salir del problema en que se metió”, cuando se llevó a 43 estudiantes detenidos, pero se niega a asumir la responsabilidad y decirles con certeza dónde están.
Antes, a las 12 del mediodía, Colón Garnica, vecino del municipio de Tlacolula de Matamoros, a menos de una hora de recorrido de la ciudad de Oaxaca, informó en conferencia de prensa que no hay pruebas científicas que indiquen que sus hijos están muertos, como han dicho las autoridades federales que les piden resignación.
Insistió en que los estudiantes fueron detenidos por policías –agentes del Estado–, y ellos deben decirles dónde están.

Insistirán en que la investigación incluya al Ejército pese a la resistencia de funcionarios, dice Vidulfo

Ante reporteros locales, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló de los avances en la investigación, por la lucha de los padres de familia y el respaldo que recibieron; la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la unidad especial de investigación para que lleve este caso, y la apertura de cuatro líneas de investigación: la búsqueda con vida, la búsqueda sin vida, el quinto camión, y el crimen organizado y su relación con los funcionarios locales.
Aclaró que van a insistir en que se incluya el Ejército pese a la resistencia de autoridades y de la red de funcionarios y políticos de la región Norte que, aunque no lo mencionó, han sido señalados de vínculos con narcotraficantes.
El sobreviviente de los ataques del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero recordó que aquella noche vieron como los policías municipales se llevaron a sus compañeros.
También se pronunciaron contra la reforma educativa, que incluye en un apartado por la desaparición de las normales rurales, incluso las públicas estatales y federales, cuya implementación comienza este año con un programa piloto de dos únicas licenciaturas y maestrías de especialización.
A las 5 de la tarde, de la calle Libres, frente al Sindicato de Telefonistas, salió la marcha de protesta encabezada por los padres con unas 700 personas, rumbo al Zócalo, para insistir en sus demanda, y en la solidaridad de la población, bajo la consigna, “no fue el narco, fue el Estado”.
Caminaron 10 cuadras hacia el oeste, una de las madres se santiguó cuando pasaron frente a la catedral y un parque, donde han participado antes en mítines; recordaron que han viajado por el todo el país, incluso al extranjero porque en México recibieron mentiras de las autoridades.
El vocero Felipe de la Cruz denunció que la verdad histórica que daba por muertos e incinerados a los normalistas, “quedó en la historia”, estimó que pronto se sabrá la verdad científica, y por eso continúa el hostigamiento y el acoso, incluso a los expertos extranjeros, mediante una campaña de calumnias.

Difunden padres de Ayotzinapa el mensaje de la tercera caravana en la radio de Oxchuc, Chiapas

 

El desconcierto se reflejó en algunas madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa al bajar del autobús en medio de la carretera que va de Oxchuc a Ocosingo, en Chiapas, cuando llegaron este domingo a donde visitarían una estación de radio comunitaria para difundir su mensaje de la tercera caravana por la presentación de sus hijos entre al pueblo tzeltal.
No había nada a la vista, salvo dos puestos de comida a un lado de la carretera. La sorpresa fue mayor cuando los guías señalaron del otro lado de la carretera, una vereda angosta en medio de la vegetación, con piedras acomodadas como escaleras para subir un cerro de unos 70 grados de inclinación. Algunas piedras se notaban sueltas.
Nicanora García, mamá del normalista desaparecido Saúl Bruno García, una mujer adulta de andar trabajoso, no pensó mucho antes de decir en voz alta “ni modo que no suba si me dicen que mi hijo está allá arriba”, y emprendió la cuesta arriba del accidentado camino.
La señora Macedonia Torres, mamá de José Luis Luna Torres, lo dudó al principio, pero no se quedó atrás.
El frío del municipio de Oxchuc aumentó en lo alto, y en la parte plana hallaron una cabina muy básica, en una pequeña casa de madera y techo de lámina calentada con un fogón prendido para el café. La radio cultural también dio voz al movimiento zapatista, mencionó una de las activistas, pero no precisó cuándo.
Adentro había tres jóvenes: operador, locutor y traductor esperando a los padres que antes estuvieron en un mitin masivo en el Zócalo de la cabecera municipal. Los acompañaba integrantes del Movimiento por la Paz y la Justicia para Oxchuc, que pugnan por la destitución de la alcaldesa y su esposo, luego de un conflicto poselectoral que viene desde octubre y que ha representado muchas acciones de fuerte protesta, como la quema del Ayuntamiento, oficinas y camionetas de gobierno. La última protesta, que pretendieron controlar con la fuerza pública, el 8 de enero, terminó en un agresión de policías federales contra el pueblo desarmado.
Son las 4:20 de la tarde, anunció el locutor durante la presentación de los invitados. Parecía más tarde por lo frío y lo nublado. Les preguntó a los visitantes sobre las versiones que han permeado en el estado, de los normalista de Ayotzinapa “vándalos” por quemar edificios, y que fueron atacados en Iguala por vínculos con un grupo de narcotraficantes.
De Ayutla, Guerrero, Nicanora García aclaró que ella llegó de muy lejos a Chiapas, “soy otra mamá que busca a su hijo. Dicen que son delincuentes, pero si fuera un narcotraficante no habría ido a esta escuela (dijo sobre Ayotzinapa, que privilegia el acceso de los más pobres). No es verdad, no son delincuentes. Siempre digo, me quitaron a mi hijo y busco a 43, y mi lucha es por los miles de desaparecidos que hay fosas y que tienen familia que llora por ellos”.
Sin prisa, añadió que “el único delito de ellos es de venir a estudiar, a prepararse para tener un futuro… mi hijo me dijo un día, ‘mami, yo me voy a estudiar para compartir mis estudios con los pobres, porque los maestros de familias ricas no suben a los pueblos más lejanos’”.
Insistió, “mi hijo nunca me llegó con algo de otra persona, por eso les pido que me ayuden a pedir que me lo regresen, nosotros los queremos con vida; con vida se los llevaron, vivos los queremos”.
También de hablar sencillo, Macedonia Torres aseguró que los policías federales y el Ejército saben dónde están sus hijos, “hay pruebas de que sí los agarró el Ejercito, la Policía Federal, los estatales, los municipales”, dijo sobre la coordinación que hubo de todos los cuerpos policíacos y del Ejército la noche de los ataques a estudiantes y civiles en Iguala.
Recordó que, “siempre dijeron que estaban quemados, muertos. Nunca jamás imaginé que a mi hijo lo iban a agarrar. Nos quieren callar, nos quieren comprar, mandan gente a nuestras casas, pero no nos vamos a cansar”, aseguró.
El señor Mario González, padre de César Manuel, también desaparecido, denunció que la Procuraduría General de la República siempre quiso incriminar a los normalistas desaparecidos con la banda de narcotraficantes Los Rojos, “pero nuestros niños tenían 15 días en la escuela, algunos ni siquiera son de Guerrero, ¡y (de repente) me lo vuelven un sicario!, por ahí se iba la justicia, pero lo revertimos y logramos que ya no se les relacione con criminales.
Precisó que el primer golpe emocional contra los padres fue el descubrimiento de fosas en Iguala; el segundo, cuando les informaron de la tesis de Cocula, de que todos estaban muertos e incinerados, “fue impresionante, insoportable”, pero cuando estuvieron en el basurero, donde presuntamente ocurrieron los hechos, no vieron indicios del incendio del que hablaban las autoridades. No lo creyeron.
Sin embargo, fue necesaria la intervención de extranjeros para desacredita esa versión.
Recriminó la crueldad con la que los ha tratado el Estado mexicano, la facilidad que ha tenido de mentir, de ofrecer y comprometerse a darles respuestas “y no hace nada”.
Aclaró que los pequeños avances son producto de la lucha de los padres, “por querer mandarlos a estudiar ahora estamos detrás de un micrófono pidiendo que los devuelvan con vida”.