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Acuerdan padres de los 43 marchas en 12 estados con activistas y exigen resultados a la PGR

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y activistas se reunieron en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para discutir las acciones en el país con marchas en 12 estados, en una jornada de lucha que comenzó hace una semana y concluirá el 26 de septiembre al cumplirse tres años de la desaparición de los estudiantes.
La reunión en el auditorio comenzó a las 2:15 de la tarde con la participación de integrantes de organizaciones sociales, estudiantiles, magisteriales y sindicalizados, quienes emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a que en agosto dé resultados de la investigación del caso.
Entre las demandas de la jornada de lucha se encuentran el cumplimiento de avances en las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre la posible participación del Ejército, la telefonía celular de los desaparecidos, el trasiego de droga de Iguala a Chicago, y la intervención de policías municipales de Iguala y Huitzuco en los ataques.
Consultado en el lugar el vocero de los padres, Melitón Ortega informó que este sábado en la reunión el planteamiento general es la jornada de lucha que inició el 15 de julio.
Indicó que la reunión es para generar condiciones de lucha y que haya compromisos de las organizaciones sociales para hacer diversas manifestaciones.
El vocero manifestó que este sábado la reunión fue con organizaciones de Guerrero para plantearles que participen todos los sectores rumbo al tercer año de la desaparición de los normalistas.
Melitón Ortega dijo que los padres exigen al Estado el cumplimiento con el avance en la investigación, por lo que hay un emplazamiento a la PGR para que en agosto responda sobre las mencionadas líneas de investigación.
Recriminó que los padres no tienen avances, no saben qué es lo que está haciendo la PGR y la demanda central es la presentación con vida de los 43 normalistas.
En el encuentro de ayer estuvieron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), integrantes del Frente Popular Francisco Villa, familiares de presos políticos, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero.
“Los padres pedimos mantener viva la lucha, mientras no haya respuesta por parte de las autoridades la lucha debe de seguir”, resaltó Melitón Ortega.
Los padres agradecieron que a lo largo de más de 2 años y medio las organizaciones sociales participan y los apoyan.
El vocero de los padres dijo que en la semana harán jornadas que se irán programando, y Guerrero está considerado como uno de los estados en donde habrá movilizaciones y estarán los padres de los 43.
Además se comisionaron a padres y alumnos de Ayotzinapa para que el 26 de julio haya marchas en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Melitón Ortega enfatizó que la lucha de los padres es pedir la presentación con vida de sus hijos, “no hay intereses políticos, sólo tener de regreso en nuestras casas a nuestros hijos”.
En la reunión llamaron a las organizaciones para que sigan apoyando no sólo por los normalistas desaparecidos, sino por todos los problemas que hay en Guerrero y en país.

No reciben su beca desde abril más de 500 estudiantes de nivel superior en Tierra Caliente, denuncian

 

Más de 500 becarios en Tierra Caliente del programa de Manutención y Transporte, no han recibido ningún depósito desde abril, cuando deberían de tenerlo cada mes, y ya comienzan a inquietarse y a reunirse en las escuelas para ver algunas medidas que podrían tomar.
El director del Instituto Tecnológico de Altamirano, Miguel Ángel Lee Rodríguez, dijo que tiene conocimiento de que varios estudiantes no han recibido el pago, pero que una vez que se comunicó a Chilpancingo recibió la promesa de que desde este viernes, a las 10 de la mañana, comenzarían a pagar.
En el Tecnológico de Altamirano son 250 los alumnos que tienen esa beca, más 130 de la unidad de Enfermería, 30 más de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, 120 de la facultad de Veterinaria y 30 de la facultad de Matemáticas.
Se trata de una beca por la que los alumnos reciben de 700 a mil pesos, dependiendo del grado que cursen, cada mes. Este dinero se les deposita en una cuenta. Pero desde abril, los alumnos de Tierra Caliente no reciben nada.
Esta beca es para estudiantes universitarios de escasos recursos, y pretende apoyar su economía para que no dejen sus estudios, y tienen que comprobar no sólo que son estudiantes y que no deben materias, sino también que la economía familiar es menor a 4 salarios mínimos, y que vienen principalmente de localidades de alta marginación.
Los alumnos confirmaron que a través de grupos en redes sociales, se han comunicado con otros estudiantes en Guerrero que sufren el mismo problema con los depósitos y que tampoco les habían dado alguna respuesta, pero que algunos estaban convocando a protestar en Chilpancingo.
Los alumnos salieron de vacaciones y esperaban que al cierre del ciclo escolar tuvieran algún pago. Están en espera de que este viernes les cumplan la promesa de recibir algún depósito.

 

Protestan organizaciones en el antimonumento de la capital a mil días de los ataques en Iguala

 

A mil días de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado se reunieron en el antimonumento en esta ciudad.
A las 12:30 del día integrantes de la Coordinara Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), damnificados de El Mirador, integrantes del Frente Democrático de Trabajadores de Salud hicieron un mitin en el monumento a las banderas.
Las organizaciones sociales y estudiantiles se sumaron a la Acción Global por Ayotzinapa, y exigieron la presentación con vida de los normalistas y castigo a los culpables a 33 meses de la desaparición.
Dijeron que no hay información fidedigna de la desaparición de los normalistas a mil días, y exigieron a los tres órdenes de gobierno que investiguen para dar con los responsables.
Resaltaron que se debe de seguir revindicando la lucha y exigir la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, y de todos los demás desaparecidos de Guerrero y del país.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame nombró a cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos y los presentes respondieron gritando “presentación con vida”.
Resaltó que “los cuerpos policiacos fueron los autores intelectuales y materiales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y de la ejecución de vidas de civiles que pasaron ese día trágico, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala”.
Manifestó que ahora le recriminan al gobierno federal que encabeza “el nefasto” Enrique Peña Nieto, y a los tres niveles de gobierno el hostigamiento y persecución de varios luchadores sociales.
Condenó la represión que sufrió la caravana que encabezan las madres y los padres de los 43 normalistas cuando iban a Cancún, “donde los policías les cortaron cartucho y los bajaron como si fueran delincuentes”, y la que sufrieron los estudiantes de la escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, en Michoacán.
“¿Por qué el gobierno federal, estatal y municipal reprime al movimiento social y no detiene a los delincuentes de cuello blanco que se roban el erario público, y tampoco detienen a los delincuentes que cometen asesinatos?”, recriminó.
Dijo que todos los días se siguen cometiendo asesinatos a plena luz de día, y responsabilizó a Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los presidentes municipales que han permitido que sigan las muertes y desapariciones en Guerrero.
“Refrendamos el apoyo incondicional a los padres de los 43 normalistas, pero también nos solidarizamos con el gremio periodista porque han sido reprimidos y por los múltiples asesinatos”, agregó.
Nicolás Chávez también condenó que todos los teléfonos de los luchadores sociales y de la prensa están intervenidos por el gobierno, “parece que no tenemos libertad”.

 

Desalojan tras los ataques a estudiantes de la Unidad Académica de Psicología de la UAG

Estudiantes de la Unidad Académica de Psicología, turno matutino, fueron evacuados tras una balacera que sucedió frente al plantel, y que fue parte de los hechos violentos de ayer en esa zona de la avenida Ruiz Cortinez.
Por su parte, la directora de la unidad académica, Marisol Salado, suspendió las clases en el turno vespertino.
Se informó también que fue cancelado el tercer informe de la directora Marisol Salado, que estaba previsto para este viernes a las 5 de la tarde en la explanada de la escuela y las clases serán reanudadas hasta el lunes.
De acuerdo con versiones de estudiantes de Psicología al escuchar los balazos les ordenaron tirarse al suelo tanto a los que estaban en el patio como a quienes estaban en los salones, pues “estaban en zona de foco rojo”.
En las demás escuelas de la zona las clases siguieron de manera normal, pero en el turno vespertino se suspendieron. Los estudiantes de Psicología fueron evacuados a las 12 del día por el personal y militares que resguardan la escuela.
Los jóvenes comentaron que al escuchar los disparos la directora Marisol Salado, mediante un megáfono, les pidió guardar la calma y la mayoría se tiró al piso para resguardarse, y posteriormente policías federales ingresaron al plantel para supervisar que todo estuviera bien.
Ante los hechos de violencia que se dieron en diferentes puntos de la Ruiz Cortínes, en los que hubo tres muertos y una camioneta de pasajeros incendiada, las clases en esa escuela se suspendieron en el turno vespertino.
Mientras que en la Preparatoria 17 las clases siguieron de manera normal, y el director Luciano Hernández Ávila comentó que escucharon los balazos pero que “no pasó a mayores”.
Dijo que a los estudiantes los mantuvieron en la escuela y que ante los hechos se suspendieron las clases del turno de la tarde.
En su página oficial, la Dirección de la Facultad de Economía anunció a sus estudiantes que las clases en el turno vespertino se suspendían, “debido a los sucesos que acontecieron esta mañana (ayer) y procurando la integridad de nuestra comunidad universitaria”.
Precisa que las clases se reanudarán hoy de manera normal. Otra de las escuelas que suspendió clases en el turno de la tarde fue la Unidad Académica de Derecho y Sociología. Donde no se suspendieron labores fue Contaduría y Administración.

Es necesario tener escuelas de medio superior en la periferia de la capital, dicen estudiantes

La delegación estatal de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) dijo que es necesario que se construyan escuelas de nivel medio superior en la periferia de la capital, para así evitar que la inseguridad sea un motivo de deserción.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el vocero de la FNERRR, Filemón Hernández Grande, dijo que ante la necesidad de cobertura académica, la organización se propuso como objetivo fundar una escuela de nivel medio superior, para lo que moradores de la casa mixta de estudiantes indígenas Ignacio Manuel Altamirano hicieron estudios de factibilidad.
Según los resultados de los estudios, vecinos de colonias como Plan de Ayala y Alborada apoyarán la fundación de la escuela en la periferia de Chilpancingo, ya que consideran que la falta de recursos e inseguridad son los factores principales por lo que los jóvenes desertan.
En el caso de la inseguridad, los vecinos señalaron que es complicado que los jóvenes que viven en la periferia de la ciudad se trasladen a las escuelas y de vuelta a su casa en horarios vespertinos.
Por su parte, la integrante de la delegación estatal de la FNERRR, María del Rubio Hernández Melchor, dijo que la organización continuará con las gestiones pertinentes para lograr sus objetivos, como la fundación de la escuela de nivel medio superior y conseguir recursos para que los estudiantes indígenas puedan participar en concursos estatales y nacionales.
Dijo que la FNERRR realizará un concurso de ortografía el 4 de junio, para conmemorar el aniversario de la organización, así como actividades culturales.

Toman trabajadores y estudiantes la Prepa 33; piden la salida de una maestra por agresiones

Académicos, trabajadores administrativos y estudiantes de la Preparatoria 33 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en la capital, tomaron las instalaciones para exigir la destitución de la profesora Mónica Ortiz Díaz, por violar los derechos de los jóvenes y agredir físicamente a una maestra.
Desde las 6 de la mañana, unos 120 manifestantes cerraron las instalaciones ubicadas en el barrio de San Mateo y colocaron pancartas en las que se leyó: “Solicitamos la salida de la ciudadana Mónica Ortiz Díaz de esta escuela”, “repudiamos las prácticas de la ciudadana Mónica Ortiz Díaz, que perjudican nuestro proceso de evaluación al nivel II del Sistema Nacional de Bachillerato” y “no a la impunidad”.
Los integrantes del Consejo de Unidad de la Preparatoria 33, Fausto Peralta Balcazar e Hilda Álvarez Nava, dijeron que Ortiz Díaz presiona a los estudiantes dejándoles tareas como resumir cinco libros en una semana, para que de esta forma estén “bien preparados” cuando ingresen al nivel superior.
De acuerdo con Peralta Balcazar, Ortiz Díaz cuenta con 30 años de antigüedad, pertenece a la corriente política Compromiso Guerrerense Universitario (CGU), que dirige el ex rector Florentino Cruz Ramírez, e imparte las materias de sociología, psicología e investigación a los estudiantes de tercer año, a quienes amenaza y denigra durante las clases.
Dijo que los estudiantes, de manera recurrente, solicitan cambio de maestro para evitar que Ortiz Díaz les imparta las clases, pero la profesora se niega a dejar los grupos y acusa de “usurpadores” a los docentes que son asignados para sustituirla, lo que provocó que 15 alumnos optaran por darse de baja e inscribirse en otras escuelas.
Señaló que desde hace cuatro años la relación de maestros y estudiantes con Ortiz Díaz se tensó, por lo que se llegó a un acuerdo para que aceptara estar en una comisión en su grupo político.
Álvarez Nava denunció que fue agredida física y verbalmente por Ortiz Díaz el 26 de abril, enfrente de los estudiantes, mientras estaba en clase, con lo que la profesora faltó al acuerdo y violó la cláusula 41 del contrato colectivo de trabajo, el cual establece que la sanción por este tipo de agresiones es la recisión del contrato, es decir, el despido.
Precisó que ya hizo la denuncia correspondiente ante el Tribunal Universitario y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), aunque aún no se emite una resolución al caso.
Peralta Balcazar expresó que la agresión que sufrió Álvarez Nava fue “la gota que derramó el vaso” y el motivo por el que tanto maestros, administrativos y estudiantes de tercer año decidieron tomar las instalaciones para exigir que Ortiz Díaz sea destituida y reubicada en otro centro de trabajo.
Los directores de Personal, Adán Zamora Olea, y de Asuntos Jurídicos, Pablo Valdez Guerrero, de la UAG; el secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), David Molina Francisco, y otros representantes de la organización, acudieron para dialogar con los manifestantes, con quienes acordaron que se analizará la situación de Ortiz Díaz, así como la denuncia que presentó Álvarez Nava, para emitir una solución lo antes posible.
Los manifestantes exigieron que la solución sea favorable y de manera particular, los estudiantes exigieron que se respeten sus derechos. Luego del diálogo, se liberaron las instalaciones a las 2 de la tarde y hoy habrá labores de manera normal.

No les informan sobre 30 becas que obtuvieron, acusan estudiantes indígenas de nivel superior

 

Integrantes en el estado de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), denunciaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) no dio respuesta sobre las 30 becas que concedería a estudiantes de nivel superior que pertenecen a la organización y que habitan en la casa mixta de alumnos indígenas Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en la capital.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el vocero de la FNERRR en el estado, Filemón Hernández Grande, y la integrante de la organización, Yesenia Cano Reyes, informaron que la SAICA otorga becas para estudiantes de bajos recursos y que la FNERRR estatal solicitó el apoyo para 80 alumnos que habitan la casa mixta, de los cuales sólo fueron aceptados 30, pero no les informó si ya forman parte del padrón de beneficiarios ni cuándo recibirán los recursos.
Cano Reyes dijo que la beca es de 12 mil pesos que se entregan en dos pagos a estudiantes de nivel superior, pero que las autoridades correspondientes no han informado cuándo recibirán los recursos y tampoco explicaron por qué no se aceptaron las 80 solicitudes, pese a que cumplían con todos los requisitos.
Hernández Grande precisó que los moradores de la casa mixta de estudiantes indígenas Ignacio Manuel Altamirano firmaron un acuerdo con la SAICA, para que los alumnos que la habitan pudieran ser beneficiados con la beca, en febrero de este año y a principios de abril se les dijo que sólo 30 jóvenes cumplían con los requisitos, a la fecha siguen en espera de información sobre los pagos.
También dijo que 15 integrantes de la FNERRR participarán en la Espartaqueada Nacional de Matemáticas, un concurso anual que realiza la organización y que se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo en Tecomatlán, Puebla, por lo que solicitaron apoyo a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), a la Secretaría de la Juventud y a la SAICA, para el traslado de sus compañeros pero las dependencias no respondieron a su petición.
Expresó que es lamentable que las dependencias del gobierno estatal se nieguen a aportar recursos para los estudiantes que representarán a Guerrero en el concurso nacional y que tampoco les informen al respecto de las becas de solicitaron.
Por otra parte, los representantes de la delegación estatal de la FNERRR se pronunciaron a favor de la lucha de la delegación de Tlaxcala, donde desde hace más de 80 días estudiantes indígenas instalaron un plantón en el Palacio de Gobierno para exigirle al gobernador priísta, Marco Antonio Mena Rodríguez, que solucione sus demandas, las cuales son la entrega de claves para tres escuelas de nivel medio superior y la construcción de un albergue estudiantil para más de 150 alumnos.

Sigue la investigación y no se busca cerrar el caso Ayotzinapa, dice Campa Cifrián

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa continúan y que se busca dar con todos los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva indicó que aunque existe la preocupación de los padres de que pudiera haber la intención de cerrar el caso, “yo puedo reiterar porque estuve presente en la reunión con el procurador la semana pasada, y también con el mecanismo de la Comisión Interamericana, que hay la mayor decisión de concluir este proceso cuando se haya dado con todos los responsables, se les haya puesto a disposición de la justicia”.
Destacó la detención, este martes, de uno de los líderes en Huitzuco del grupo criminal Guerreros Unidos, lo cual era una de las peticiones que tienen los padres, de profundizar la investigación.
Señaló que los caminos están abiertos para los padres de los normalistas puedan hablar con algún funcionario de la Segob, y que siempre ha habido apertura y plena disposición para ello.
Agregó que la noche de ayer habló con Vidulfo Rosales, uno de los representantes legales de los padres, a quien le indicó que las investigaciones continúan hasta dar con todos los responsables y someterlos a la justicia.
Roberto Campa agregó que con Rosales sostuvo una conversación en términos cordiales, de plena comunicación, “y reiteramos por este medio, cualquier interés en un encuentro con la Secretaría de Gobernación, con el titular o con quienes trabajamos ahí y tenemos relación con el caso, pues se puede resolver simplemente con una llamada telefónica, estamos siempre a la disposición”.
El funcionario reiteró que siempre que sea solicitada una reunión con el secretario de Gobernación estará atento a la petición que hagan para conciliar agendas, porque existe plena disposición con el titular de Segob siempre para reunirse con los padres de Ayotzinapa, pero no mencionó que el martes cuando fueron a pedir una audiencia con Osorio Chong, los padres de los estudiantes fueron atacados con gases lacrimógenos por policías federales, lo que dejó a cinco familiares lesionados, justo en las puertas de la Segob.

Se discute hoy en comisiones la Ley de Desaparición Forzada

De la Ley de Desaparición Forzada, Campa declaró que existen todas las condiciones para que se apruebe, que por ahora está en manos de Senado y las cuatro comisiones dictaminadoras se han puesto de acuerdo, se ha trabajado intensamente con ellos y con las organizaciones de la sociedad, con expertos.
Agregó que está programado que se discuta hoy en comisiones y se lleve al Pleno del Senado. Se espera que suceda porque hay muchas familias en México que están esperando que salga la ley.
La ley consta de dos partes, una es la penal y las sanciones, “de lo que se trata es de que tenga el mismo manejo en todo el país, y la segunda parte de la ley es todo el diseño de la política pública, de búsqueda y de investigación”.
“Si somos capaces de romper las cadenas de impunidad seremos capaces de revertir esta realidad que tenemos en materia de desapariciones”, dijo.
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La investigación del caso Ayotzinapa está plagada de irregularidades, denuncia WOLA

A un año de la partida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) reprochó que el gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”, pero sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes.
El organismo se dio a la tarea de hacer un resumen del estado en que se encuentra la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa.
En el documento difundido este viernes, escrito por Maureen Meyer y Hannah Smith, se menciona que el 20 y 21 de abril, este jueves y viernes, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la coordinadora del mecanismo y también relatora para México, y el secretario ejecutivo de la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente.
Al concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.
“El fin de abril marca un año desde la salida del GIEI de México. El GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano, la CIDH, los representantes legales de las víctimas y sus familias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y atención a víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades mexicanas en su investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el año transcurrido desde la salida del GIEI, ha habido pocos avances en la investigación y el gobierno mexicano no ha descartado su hipótesis original sobre el paradero de los estudiantes”, relatan.
Destaca que el trabajo del GIEI fue esencial para desmentir la llamada “verdad histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados y arrojados al río de Cocula, para contrarrestar la prisa del gobierno mexicano para cerrar el caso.
El grupo descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles para indagar. Además, consideró que un motivo para explicar la magnitud de los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los estudiantes tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y recomendaron perseguir esta línea de investigación. También reveló evidencia que implica a varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia.
Durante su tiempo en México, el GIEI publicó dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo continuar la investigación, el último fue presentado el 24 de abril de 2016.
En julio de 2016 la CIDH estableció el Mecanismo de Seguimiento para el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con el gobierno mexicano, las familias de los estudiantes y sus representantes.
El organismos de defensa de los derechos humanos reprocha que el gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o perdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener declaraciones.
“El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones en el país”, advierte.
Expone que una de las principales recomendaciones del GIEI fue realizar una investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en un video presentado por el Grupo de Expertos, el entonces jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón de Lucio es observado en el río San Juan, donde las bolsas de plástico que contenían restos quemados fueron descubiertas y donde se identificó un fragmento de hueso de uno de los estudiantes, la única identificación positiva en el caso.
Los registros oficiales del gobierno muestran que las bolsas fueron descubiertas el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, este video muestra a Zerón en el río con bolsas de plástico y uno de los acusados clave quien fue removido de la custodia, el 28 de octubre, un día antes de que las autoridades anunciaran oficialmente el hallazgo de esta evidencia.
“Hasta agosto de 2016, César Chávez, titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación del actuar de los funcionarios en el caso. Antes de que sus resultados fueran oficialmente presentados y compartidos con las familias y abogados de los estudiantes, Chávez dejó repentinamente su cargo en septiembre de 2016. Los medios mexicanos y The New York Times obtuvieron el borrador de la investigación de Chávez que encontró 13 graves irregularidades en las actuaciones realizadas por personal de la PGR, incluido a Tomás Zerón. El entonces Visitador había incluso recomendado una investigación más profunda para determinar si la conducta de ciertos funcionarios podría conllevar sanciones penales. Lejos de ser sancionado, Tomás Zerón salió de la PGR y fue nombrado como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad”, relata.
Expone que la revista Proceso obtuvo una resolución judicial en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, un líder del grupo criminal Guerreros Unidos detenido en octubre de 2014, que describe varias evidencias, incluyendo una libreta que tiene números de contacto para funcionarios del estado, entre ellos el actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch, y esta información no fue compartida con el Grupo de Expertos durante su estancia en México.
“Esta libreta también se hace referencia a una persona identificada con el alias El Uruguayo. Los abogados de las víctimas investigaron este alias y descubrieron que El Uruguayo es Gonzalo Martín Souza Neves, un presunto líder de Guerreros Unidos. Souza fue detenido en julio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los estudiantes, en una operación militar conjunta con la PGR en la que se descubrió que estaba en posesión de grandes sumas de dinero en efectivo y drogas ilegales que supuestamente tenía planes de transportar usando compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros”.
“Esta evidencia es clave porque durante su investigación el GIEI concluyó que un posible motivo para el ataque masivo y sostenido de las autoridades contra los estudiantes en los autobuses fue la intervención involuntaria de los estudiantes en una operación de Guerreros Unidos que usaba autobuses comerciales para traficar la heroína a los Estados Unidos, específicamente Chicago, Illinois, como fue evidenciado en un caso que lleva el Departamento de Justicia de este país (Estados Unidos)”.

Recomienda investigar los vínculos de funcionarios con la delincuencia organizada

El organismo dice que las autoridades mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, y sobre todo debe de respetar los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda.
“Dadas las diferencias significativas en el informe interno final presentado por la Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las autoridades mexicanas deben realizar una nueva investigación interna sobre las autoridades que pudieran haber participado en la obstrucción de la justicia. Además debe indagar sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que ocultaron al GIEI información clave sobre los antecedentes de casos que involucran a grupos criminales con presencia en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades también deben investigar los posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia organizada”.
Dado que se ha descubierto evidencia adicional de la práctica del uso de autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las autoridades mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad de que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su participación no intencional en una operación de narcotráfico, pide.
“Aunque se ha identificado la participación de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques contra los estudiantes, el gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de la Policía Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de los hechos, y tampoco las responsabilidades de otras fuerzas de seguridad de estatal y federal que estuvieron presentes durante los hechos”.

Llama a resolver con seriedad el grave problema con las desapariciones en el país

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos dice que gobierno mexicano aún no ha adoptado suficientes medidas para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como desaparecidas, ni para facilitar la identificación de restos y la localización de fosas.
“El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30 mil casos de desaparición registrados oficialmente en México. La principal obligación del gobierno es evitar que las personas en México sigan desapareciendo a manos de grupos criminales o de funcionarios públicos y, cuando ello pase, buscarlas inmediatamente y con vida e investigar a los responsables.
“Como parte de su trabajo en el caso de Ayotzinapa, el Grupo de Expertos abordó la cuestión más amplia de las desapariciones en México y el GIEI recomendó que el gobierno adoptara un marco legal adecuado para investigar los casos de desapariciones”, menciona.
“El plazo para emitir la ley general de desapariciones en México venció el 6 de enero de 2016. No obstante, la ley sigue atorada en el Senado mexicano y los comentarios sobre el proyecto de dictamen actual enviados por el poder Ejecutivo representan un retroceso a las propuestas de las familias de personas desaparecidas, organizaciones civiles y expertos”, expone.

La investigación a Tomás Zerón sigue en la PGR, dice la ex procuradora Arely Gómez

 

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González informó que las investigaciones sobre Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal están en manos del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR).
Luego de la inauguración del Primer Encuentro Internacional Anticorrupción en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la funcionaria federal aseguró que ese órgano tiene autonomía para emitir su posicionamiento, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) respetará la determinación que se tome.
El pasado 9 de febrero el subprocurador de Control Regional de la PGR, Alfredo Higuera Bernal dijo que en el caso de Zerón, señalado de irregularidades y sembrar pruebas en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, sería la SFP quien determinaría las responsabilidades respectivas, con base en una investigación.
Sin embargo la responsable de esa dependencia dijo que el caso se investiga dentro de la PGR.
De la investigación sobre los presuntos hechos de corrupción relativos a la empresa brasileña Odebrecht, Gómez recordó que desde diciembre de 2016 cuando se conoció que se realiza una investigación internacional sobre presuntos actos de corrupción de esa empresa, en México se revisa el tema.
La SFP inició desde entonces la búsqueda y localización de contratos que Odebrecht ha realizado, tanto de manera directa como a través de subsidiarias, con lo cual se está haciendo una auditoría transversal, dijo la exprocuradora.
De igual manera reconoció que de momento no tiene un número específico sobre los contratos que forman parte de esta revisión, porque no se limitan sólo a los que tiene celebrados la empresa brasileña, sino también sus subsidiarias.