Al medio día de ayer policías ministeriales trasladaron a los municipales y tres patrullas a la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar las investigaciones de la desaparición de siete jóvenes en la capital, entre ellos dos que fueron hallados ejecutados.
Fuentes de la Policía Municipal informaron que a las 5 de la mañana reanudaron las declaraciones ante agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), en las instalaciones de la Policía Municipal que fueron ocupadas por policías estatales, federales y soldados del Ejército.
Ahí ayer se observó vigilancia de la Policía Estatal y de militares, luego que la tarde del jueves agentes estatales, militares y federales tomaran el control de la seguridad de la ciudad tras el desarme de los policías municipales señalados de la desaparición de siete jóvenes, entre ellos dos que fueron hallados muertos.
Al medio día de ayer grupos de entre 10 y 12 agentes municipales y tres patrullas fueron trasladados a la Fiscalía.
Fuentes de la Policía Ministerial precisaron que en la tarde y en la noche del jueves declararon los trabajadores administrativos del cuartel de la Policía Municipal, y ayer los agentes municipales.
Consultado por teléfono el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia dijo que los policías municipales están en calidad de presentados y no detenidos, que están sometidos a una investigación, entrevistas ministeriales para que se determine si intervinieron en la desaparición de los siete jóvenes, dos de ellos que fueron encontrados asesinados.
Álvarez Heredia agregó que hoy se esperan que se den los resultados de las investigaciones a los agentes municipales y trabajadores administrativos de la corporación.
Mientras los uniformados continúan acuartelados la Policía Estatal y el Ejército están a cargo de la seguridad de Chilpancingo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal en la dependencia trabajan 123 policías.
El jueves el empresario de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato señaló a la Policía Municipal de planear con premeditación, alevosía y ventaja el asesinato de los dos jóvenes desaparecidos el sábado 30 de diciembre en la Feria de San Mateo, y afirmó que los agentes entregaron a los jóvenes a un miembro de la delincuencia organizada de nombre Milton.
La noche del miércoles, los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34 fueron hallados embolsados en un basurero en Tierras Prietas, en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la ciudad.
Ese miércoles integrantes de la Cámara Nacional de Comercio se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para denunciar la desaparición de siete jóvenes a manos de policías municipales.
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Emite la CNDH recomendación a la Ssa y a la Fiscalía por muertes de bebés en hospital de Tlapa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que reparen el daño a los padres de ocho recién nacidos prematuros que fallecieron en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, por falta de medidas sanitarias, infraestructura y equipos adecuados para brindar atención médica.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan registró que en julio y agosto de 2015, ocho neonatos fallecieron a consecuencia de infecciones por las bacterias escherichia coli y acinetobacter baumanni. Los hechos trascendieron y la CNDH atrajo la investigación.
Ayer, la CNDH emitió la recomendación 71/2017 dirigida a Astudillo Flores y al fiscal Javier Olea Peláez debido a la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos en el hospital, que provocaron la muerte de los bebés, así como por la inactividad de la investigación penal correspondiente durante 18 meses.
El expediente de la CNDH indica que en julio y agosto de 2015 hubo un proceso de Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS), en el que se vieron involucrados 20 pacientes recién nacidos en estado crítico, ocho de ellos se infectaron con bacterias y debieron ser atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; sin embargo, ingresaron en otras áreas no especializadas, como la Unidad de Cuidados Obstétricos, la Unidad de Urgencias Pediátricas y la Unidad de Urgencias para Adultos.
Lo anterior, debido a que en el hospital se hacía una ampliación de 12 a 24 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que por falta de presupuesto no se concluyó de manera oportuna, por lo que se improvisaron otras áreas para la atención.
El 28 de septiembre, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) radicó de oficio el Expediente de Queja, que “por su gravedad y naturaleza trasciende el interés de la entidad federativa e incide en la opinión pública nacional”, por ello, la CNDH atrajo el caso.
Para la investigación, la CNDH pidió a las secretarías de Salud, de la Mujer, de la Juventud, a la Contraloría y al Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, en su calidad de integrantes de la junta directiva del hospital, así como al director general del mismo, copia de los expedientes clínicos de los menores afectados y sus madres, e información de las condiciones del hospital, la región Montaña y el municipio de Tlapa.
Al respecto de las condiciones del hospital, la subsecretaría de Salud hizo una visita el 4 de septiembre de 2015, cuando constató que había un área en ampliación y remodelación, sin el permiso sanitario de construcción; no había suficientes medicamentos ni área de curaciones, la sala de urgencias era multifuncional, los procesos de higiene no se hacían de la manera adecuada y tampoco había personal suficiente.
Por los hechos y las omisiones de las autoridades en la investigación, la CNDH recomendó al gobernador que en un máximo de 12 meses se repara el daño a las víctimas, debido a la responsabilidad del personal del hospital, conforme a la Ley de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero (450), con base en las consideraciones planteadas en el expediente.
Que se inscriba a las madres de los menores que fallecieron en el Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; que por el tiempo necesario, de acuerdo con los requerimientos de las propias víctimas, se les otorgue atención psicológica de seguimiento, con oportunidad, calidad y calidez, en algún centro cercano de atención médica perteneciente a la Secretaría de Salud.
En un plazo que no exceda seis meses se giren las instrucciones necesarias para que se establezca un programa y la previsión presupuestaria, conforme al que se tomen medidas para dotar al hospital de los instrumentos, equipo, medicamentos, infraestructura, personal médico y todo aquello que garantice los estándares de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad en los servicios de salud que brinde.
Que el gobernador dé instrucciones para que el hospital acredite la conclusión de las obras de ampliación de la unidad de cuidados intensivos neonatales, en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la aceptación de la Recomendación; que colabore ampliamente con la CNDH en la queja administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la instancia que corresponda.
Además, en un plazo máximo de 12 meses, debe diseñar e impartir un curso integral y un taller de capacitación en materia del derecho a la protección a la salud en el hospital; específicamente sobre principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad, y conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas en materia de salud, con el objetivo de evitar que vuelvan a originarse actos como el que dieron lugar a este pronunciamiento.
Dichos cursos deberán se impartidos por personal especializado, con perspectiva de género, enfoque intercultural y considerando el principio del interés superior de la niñez.
También deberá dar instrucciones a quien corresponda para que se entregue una copia de la recomendación a las víctimas. En un plazo máximo de seis meses, deben hacer los estudios necesarios que permitan advertir cuál es la relación de causalidad que existe en el alto índice de partos pretérmino que se da específicamente en Tlapa, para que se adopten las medidas que se estimen pertinentes.
Por último, el gobernador deberá designar a un funcionario “de alto nivel” para que sirva como enlace en el cumplimiento y seguimiento de la recomendación. Se debe notificar a la CNDH con copias de los documentos correspondientes que se cumplió con lo dispuesto en la recomendación.
Mientras que el fiscal deberá hacer lo propio para concluir la investigación y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas; capacitar al personal para que estos casos se indaguen de la manera adecuada, mediante cursos que deben dar especialistas en la materia.
“Está dentro de los parámetros normales y dentro de las normas adecuadas, y todo lo que corresponde a evitar las infecciones nosocomiales”, dice el secretario
El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos aseguró que ya se cumplió la recomendación de la CNDH, y que se rehabilitó el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, ubicado en Tlapa.
Esto en respuesta a la recomendación que emitió ayer la CNDH a la Ssa y a la FGE ante la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos prematuros en ese nosocomio.
Contra la FGE, la recomendación es porque mantuvo inactiva 18 meses la investigación sobre la muerte de los recién nacidos, lo que violentó el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de las víctimas.
En declaraciones ayer después de una visita al nuevo hospital general de Acapulco, el secretario de Salud informó que ya se atendió esa recomendación, pues ya se remodeló el hospital, se capacitó a los trabajadores, y tienen una sala de terapia intensiva neonatal.
“Está dentro de los parámetros normales y dentro de las normas adecuadas, y todo lo que corresponde a evitar las infecciones nosocomiales”, indicó el secretario.
Abundó que las causas del fallecimiento de los recién nacidos fueron individuales y no masivas.
Más tarde, la Ssa emitió un comunicado para aclarar la información publicada en diversos medios sobre las muertes de los recién nacidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa.
En el comunicado se numeran seis puntos; el primero, que las muertes de los ocho recién nacidos, “se registraron los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2015; es decir, antes de que la actual administración estatal entrara en funciones”.
En el segundo asegura que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, “realizó una exhaustiva revisión de los casos en la que se concluyó que ‘existe evidencia para determinar que dichas defunciones fueron secundarias a proceso natural de la prematurez que presentaban los recién nacidos, lo cual implica desde enfermedades e infecciones propias de la edad’”.
El tercero es sobre la insuficiencia de medidas sanitarias por falta de infraestructura y personal capacitado, que pese a que el Hospital de la Madre y el Niño Indígena es un Organismo Público Descentralizado, “en todo momento se han brindado las facilidades para la conclusión de obras, por lo que actualmente, se encuentra en total funcionamiento”.
Luego afirma que la Secretaría cuenta “con el personal necesario y capacitado para la atención de los servicios médicos en todos los hospitales de Guerrero”.
En el punto número cinco dice que la Ssa se ha mantenido atenta a las necesidades de las unidades de salud en el Estado y advierte que esperan los dictámenes de la Contraloría del estado, para fincar responsabilidades.
Finalmente, en el punto seis, se hace referencia a la Recomendación de la CNDH, y asegura que “se atenderán”.
Un año de notas malas: 15 maestros y estudiantes de la UAG fueron asesinados en seis municipios
En este año, 15 maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) fueron asesinados en el estado, mientras que dos alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de Acapulco permanecen desaparecidos, y el ex director de la Preparatoria 2, Evaristo Zaragoza Patricio, fue secuestrado.
De acuerdo con información publicada en El Sur, desde enero y al 20 de diciembre de 2017 se registraron 15 asesinatos en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Coyuca de Benítez, Iguala y Cuajinicuilapa.
El 21 de octubre pasado, durante la conmemoración del inicio de la lucha por la autonomía, el rector Javier Saldaña Almazán pidió justicia para los 27 universitarios que han sido asesinados en los últimos cuatro años; sin embargo, la UAG no proporcionó información actual de los crímenes que El Sur solicitó.
La tarde del 8 de enero, el cuerpo de la integrante del Comité Ejecutivo Central (CEC) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, fue hallado a un costado de la Autopista del Sol, en el tramo entre Chilpancingo y Tierra Colorada; mientras que su ex esposo, el médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Altamirano, Nicéforo Cabrera Rojas, y su hijo de 13 años de edad, Isaac Daniel Cabrera Rosado, fueron asesinados a balazos en su casa ubicada en la colonia Recursos Humanos, atrás del Palacio de Gobierno, en la capital.
El asesinato de Rosado Peña y su familia conmocionó a los universitarios, quienes no sólo la despidieron con un homenaje en las oficinas centrales del STAUAG en la capital, también marcharon y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva con resultados. Aunque más tarde se informó que tres vehículos, presuntamente robados de la casa de Rosado Peña el día de los homicidios, fueron localizados, uno en Cuernavaca, Morelos, no se detuvo a ningún presunto responsable de los hechos.
El 29 de enero la estudiante de la Preparatoria 16, Cinthia Pamela Quiroz, de 18 años, fue asesinada a balazos en el centro de Coyuca de Benítez. El 31 de marzo, el maestro de la Unidad Académica de Enfermería 2, José Luis Cruz Hernández, fue ahorcado junto con su esposa en una casa ubicada en la colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco.
Mayo fue el mes en que los asesinatos de los universitarios impactaron a la sociedad y motivaron distintas manifestaciones en la capital, para exigir el cese la violencia en el estado, así como el esclarecimiento de los crímenes.
El 8 de mayo, el cuerpo decapitado del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Jahaziel Gálvez Ayatle, de 22 años, fue hallado en Chilapa. El 13 de mayo, el estudiante de la facultad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, Cristian Santiago Navarrete, de 22 años, fue asesinado durante el enfrentamiento entre el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
El 17 de mayo, el estudiante de la Preparatoria 32, Samuel González Saavedra, fue asesinado y su cuerpo desmembrado se encontró en la colonia Adolfo López Mateos, de Iguala. El 24 de mayo, el estudiante de la Escuela Superior de Artes, Darwin Raymundo Barrientos Miranda, fue asesinado a balazos en el bulevar Vicente Guerrero en la capital.
Según consta en un video que se difundió en redes sociales, Barrientos Miranda no murió al instante tras recibir los impactos de bala; el joven trató de incorporarse, pero no recibió ningún tipo de asistencia médica por parte de los policías estatales y agentes ministeriales que llegaron para acordonar la zona. Las imágenes trascendieron, y a pesar de que los universitarios salieron a las calles a exigir justicia, no se informó de ningún detenido por los hechos o avances en la investigación.
El 23 de agosto, el estudiante de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT), que imparte la Facultad de Ingeniería de la Universidad en Chilpancingo, Engelbert Martínez de la Cruz, fue asesinado a balazos cerca de la alameda Granados Maldonado, en la capital.
El 30 de septiembre, el director de la Preparatoria 2, José Villanueva Arce, fue asesinado a balazos mientras circulaba en su automóvil en la avenida Ruiz Cortines en Acapulco; su asesinato motivó que Saldaña Almazán emplazara a la FGE a resolver el crimen en tres días, y a exigir seguridad en el estado, antes su administración se limitaba a condenar los homicidios mediante esquelas.
Ante el llamado de justicia de Saldaña Almazán, la FGE investigó el crimen de Villanueva Arce y determinó que no fue premeditado, sino que se trató de un hecho circunstancial por el que tampoco se informó de algún detenido.
El 6 de octubre fue hallado el cuerpo desmembrado de un estudiante de la Preparatoria 26, quien fue identificado como Alberto, de 19 años de edad, hallado en la calle Poniente 10 en Chilapa. Mientras que el 12 de octubre un estudiante de quinto semestre del turno vespertino de la Facultad de Psicología, fue encontrado ensabanado y con un torniquete a un lado del hospital privado Magallanes, a una cuadra de la avenida Costera, en Acapulco.
A consecuencia del crimen, el Consejo de Unidad, académicos y directivos de la Facultad de Psicología suspendieron clases, por tratarse de “una situación delicada”, así como por temor ante los constantes crímenes en Acapulco.
El 16 de noviembre el cuerpo del estudiante de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública, Ángel Iván Argüelles, fue hallado en el viejo libramiento a Tixtla, con huellas de tortura. El joven era militante activo del PRI.
Durante lo que va de diciembre ocurrieron dos asesinatos en Acapulco, el 2 de diciembre una estudiante de Enfermería 2 fue hallada decapitada, envuelta en una lona, cerca del contenedor de basura de la colonia Carabalí; mientras que el 5 de diciembre, una estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración fue asesinada a balazos en el conjunto habitacional Infonavit, en la colonia Alta Progreso.
Por otra parte, el 7 de diciembre fue hallado el cuerpo del estudiante de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de 24 años, Jorge Cortés Carmona, en Cuajinicuilapa, luego de haber desaparecido el 28 de octubre. Su tío, sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Efrén Cortés Chávez, exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso, ante la incapacidad que demostró la FGE para resolverlo.
Los desaparecidos
Saldaña Almazán informó que Zaragoza Patricio fue privado de su libertad el 10 de diciembre. A la fecha se desconoce el paradero del académico, que es originario del municipio de Azoyú, cuenta con dos licenciaturas, Físico-Químico y Licenciatura en Ciencias Biológicas, ambas las cursó en la máxima casa de estudios, donde ingresó para trabajar como académico en 1987; ha sido dos veces director de la Preparatoria 2, con sede en Acapulco, así como subdirector académico.
Mientras que dos estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, del mismo grupo de la joven asesinada a balazos el 5 de diciembre, están desaparecidos. Aunque el rector no abundó en detalles de los casos, dijo que se trata de una situación “compleja” y “muy delicada”, por la que solicitó vigilancia militar en las escuelas de la UAG.
Comisiones que no dan informes
El 13 de enero de este año, antes de contender por la Rectoría por segunda ocasión consecutiva, Saldaña Almazán manifestó ante el Consejo Universitario su preocupación por la violencia y la inseguridad en el estado, por lo que propuso la creación de una comisión que se encargaría de hacer un análisis de la situación en la materia, escuela por escuela.
La conformación de la comisión y la publicación de un pronunciamiento para condenar los crímenes en Guerrero se aprobaron por unanimidad. Dicha comisión fue integrada por los ex rectores Florentino Cruz Ramírez y Ramón Reyes Carreto; el investigador Sergio Paredes, quien es especialista en encuestas; y los secretarios generales del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González.
A la fecha no se informó del avance en la investigación, que se realizaría para revisar los protocolos de seguridad, pues según Saldaña Almazán los establecidos por la Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) “obviamente se quedan cortos”.
Mientras que una sesión extraordinaria, el 2 de junio de este año, el Consejo Universitario volvió a aprobar la creación de una Comisión Especializada para conocer los problemas en materia de seguridad de cada escuela y así, implementar los protocolos de seguridad necesarios. Tampoco se dieron a conocer los avances o resultados del trabajo que haría la comisión.
De manera constante Saldaña Almazán solicita seguridad de los tres órdenes de gobierno, no sólo para las escuelas de la UAG, sino para la sociedad guerrerense.
Toman defraudados la caseta de Palo Blanco y bloquean las tres carreteras de Tlapa
Luis Blancas, Antonia Ramírez
Chilpancingo, Tlapa
Integrantes de la Alianza en Defensa de Afectados por Financieras en Guerrero (Adafig), tomaron más de dos horas la caseta de cobro Palo Blanco de la Autopista del Sol y dieron paso a los automovilistas para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que intervenga en la solución del fraude que en 2006 les hizo el grupo corporativo Teo’s, conocido como Productos Amor.
Mientras, otros grupos de defraudados bloquearon cinco horas las carreteras en Tlapa, Marquelia y Chilapa.
A las 11 de la mañana, unos 80 defraudados tomaron la caseta de cobro Palo Blanco para presionar a las autoridades, pedir que atiendan su indemnización y que les informen del avance de las investigaciones del caso.
El líder de los afectados, Miguel Rodríguez Arteaga informó que en 2006 el grupo corporativo Teo’s, conocido como Productos Amor, inició operaciones como cajas de ahorro, en las que unos 16 mil 500 ahorradores de las regiones Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente empezaron a invertir, pero en 2010 los beneficiarios no recibieron dinero de la financiera y hoy el adeudo asciende a mil 380 millones de pesos.
Dijo que ya interpusieron denuncias ante la FGE, “pero nos dan largas las dependencias, hasta la fecha no hemos recibido ningún avance de las investigaciones, o recuperado el dinero invertido de lo que nos corresponde… La Fiscalía no nos ha atendido, hemos tenido reuniones pero no recibimos respuesta positivas por eso estamos haciendo estas movilizaciones, ya tenemos desde hace cuatro años las querellas formuladas, pero la Fiscalía no ha soltado las órdenes de aprehensión”, se quejó.
A las 12:30 del mediodía, funcionario del gobierno del estado llegaron a la caseta Palo Blanco a hablar con los inconformes, a quienes propusieron una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Auditoría y representantes del gobierno del estado ante el Fideicomiso Pago (Fipago).
Los inconformes aceptaron la propuesta, y una comisión se trasladó a Palacio de Gobierno. Después de media hora, unos 60 policías estatales con equipo antimotines llegaron a la caseta de cobro Palo Blanco.
A la 1:15 de la tarde los inconformes se retiraron del lugar.
Consultado por teléfono, el líder de los afectados, Miguel Rodríguez Arteaga informó que en Palacio de Gobierno fueron atendidos por el subsecretario de Auditoría y representante del gobierno del estado ante el Fipago, Arturo Latabán López, con quien acordaron que el lunes se reunirán con el fiscal general, Javier Olea Peláez para que atienda la denuncia del fraude de Productos Amor.
Mientras tanto, indígenas defraudados de la región Montaña bloquearon las carreteras federales de Tlapa a Puebla, Marquelia y Chilapa unas cinco horas, para exigir la devolución de sus ahorros.
El representante del grupo que bloqueó la carretera Tlapa-Puebla, en el crucero de Tlatzala, Octavio Cantú Villanueva informó que iniciaron su bloqueo para presionar para conseguir una solución en la reunión que se llevaba a cabo en la Ciudad de México, para el acuerdo del Fipago entre los gobiernos federal y estatal.
En los bloqueos estuvieron indígenas na savi, me’phaa y nahuas de Atlamajalcingo del Monte, Xalpatláhuac, Copanatoyac, Huamuxtitlán y Malinaltepec.
Cantú Villanueva contó que se distribuyeron en varios grupos en el puente de Ahuatepec Ejido, en la colonia Constitución, en la salida a Marquelia, y que en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, estaban los defraudados de Zapotitlan Tablas y Tlacoapa.
Dijo que su representante es Jaime Alvarado y el fraude de Productos Amor fue en 2009, y desde entonces empezaron su gestión para que el gobierno del estado cubra el 30 por ciento, y del gobierno federal el 70 por ciento de los fondos defraudados. Recordó que en Tlapa hay unos 3 mil, y en todo el estado 13 mil defraudados.
Es prioridad del Frente la seguridad, dice Walton en la reunión de la dirigencia estatal de MC
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto encabezó el sábado una reunión de la Coordinadora Ciudadana Estatal en la que informó que un día antes las dirigencias nacionales de su partido, del PRD y del PAN registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la coalición electoral, que ahora se denomina Por México al Frente.
De acuerdo con un boletín de prensa, el ex alcalde de Acapulco dijo en la sesión que la coalición Por México al Frente tiene como ejes centrales “el desarrollo humano, la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible”.
Walton destacó que el partido ya “tiene presencia política en 61 municipios, que concentran el 90 por ciento de la lista nominal de electores, y contamos con casi 3 mil 200 círculos ciudadanos”.
En la misma reunión se acordó exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que esclarezca los homicidios de los dirigentes regionales del partido: Ángel Vergara Chamú y Armando Arturo López Solano.
El coordinador regional de Movimiento Ciudadano en Tierra Caliente, Ángel Vergara Chamú, fue asesinado el 26 de septiembre, ejecutado a balazos dentro de su vehículo en Chilpancingo; mientras que Armando Arturo López Solano, quien era dirigente de Movimiento Ciudadano en Quechultenango y ex candidato a alcalde, fue asesinado la noche del 23 de noviembre en la cabecera de dicho municipio.
Este sábado sesionó en privado la Coordinadora Ciudadana Estatal de Movimiento Ciudadano, en las oficinas del partido en Acapulco.
En declaraciones por teléfono, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco, informó que fue la última sesión del año de la Coordinadora, que en ella se aprobó el informé del coordinador de los diputados locales del partido, Ricardo Mejía Berdeja; el informe de la tesorería del partido y el informe del presidente de la Coordinadora, Gilberto Cueva.
En su informe, el diputado Ricardo Mejía habló sobre la actividad legislativa del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. “Hemos presentado iniciativas en temas fundamentales como seguridad ciudadana, violencia de género, transparencia, derechos humanos y combate a la impunidad”, también se quejó de la falta de interés del Congreso local por aprobar leyes como la de “no más fuero” y las que conciernen a seguridad.
Demanda ante la Fiscalía un defraudado por la caja de ahorro del STTAISUAG
El trabajador de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en Iguala, Pedro Salazar Trinidad, interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la Comisión Profesionalizada de Caja de Ahorro, la caja de ahorro, Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), la institución y “quien resulte responsable”, por el fraude de 2016.
Salazar Trinidad, quien encabezó las protestas en Rectoría para exigir el pago de la caja de ahorro 2016, acudió a la FGE acompañado de universitarios y sus representantes legales, para presentar la denuncia, en la que no señala directamente a ningún funcionario o trabajador de la UAG como responsables del desfalco, pero sí a la institución y al STTAISUAG, sindicato que administra los ahorros.
La denuncia relata que de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, a Salazar Trinidad se le hicieron descuentos quincenales que corresponden al ahorro que invirtió en la caja. El 7 de diciembre del año pasado recibió el cheque número 13279, de la cuenta 192191563 de Bancomer, para cobrar la cantidad de 28 mil pesos; sin embargo, no lo pudo cobrar “por falta de fondos” y se le informó que la cuenta bancaria había sido bloqueada.
Luego de un año sin recibir los recursos Salazar Trinidad decidió interponer la denuncia en la FGE, la cual estará abierta hasta hoy en caso de que algún otro universitario se sume. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Sigue la investigación del crematorio Del Pacífico; 13 cuerpos no pueden ser identificados
El ex coordinador general de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Manuel Martínez Hernández informó que de los 60 cadáveres hallados el 5 de febrero de 2015 en el crematorio Del Pacífico, 13 no pudieron ser identificados por ningún método debido al daño que ocasionó el formol.
En su ponencia Caso crematorio de Acapulco en el hotel Emporio en el Congreso Mundial de Ciencias Forenses, Derecho y Seguridad Pública, el también director general del Centro de Investigación y Capacitación en Ciencias Forenses afirmó que la investigación continúa, y el propietario del establecimiento de nacionalidad española, Guillermo Estua Zardain es buscado por la Interpol.
Contó que el 5 de febrero de 2015 mediante una llamada anónima se reportaron malos olores adentro del crematorio Del Pacífico, en la colonia Llano Largo, y a las 11 de la noche se localizaron 60 cadáveres que no fueron cremados.
Dijo que los 60 cuerpos repletos de formol y cal estuvieron dispersos en todas las instalaciones del crematorio como el área de cremación, la mayoría, pero también en oficinas e incluso en los sanitarios.
Mencionó que los cuerpos fueron entregados por funerarias privadas de Acapulco que contrataron los servicios de cremación.
Indicó que según la investigación ministerial el crematorio tenía meses cerrado, y el dueño echó formol y cal a los cadáveres.
Agregó que el propietario tenía una vida de “lujo” en Acapulco iba a los mejores antros, viajaba en yates y “es adicto a las drogas”, según las investigaciones de la Policía Ministerial.
Aseguró que después de la noticia en los medios de comunicación 250 familiares fueron a reclamar a sus familiares, pero solamente tenía 60 cadáveres en estado de momificación y disecación.
Para descartar familiares informó que los cadáveres tenían de 3 meses a dos años embalsamados y en proceso de cremación, y los cuerpos tenían de 35 a 75 años, en su mayoría por muerte de alguna enfermedad, accidente de tránsito y arma de fuego.
Informó que en los 60 cadáveres utilizaron los métodos de dactiloscopia, odontología, genética y antropología, aunque solamente dos cuerpos fueron identificados por el proceso odontológico y de antropología.
Aseveró que el formol vertido en el cuerpo destruyó el ADN de las víctimas, lo que dificultó el estudio para su identificación, y solicitaron el apoyo del laboratorio de la Policía Federal para establecer el reconocimiento del hueso con el nicho de la víctima.
Manifestó que por la noticia del crematorio que fue un problema social aunado a la violencia imparable en Acapulco, acudieron varias familias del país, incluso una de Los Ángeles, Estados Unidos, para la identificación de los cadáveres.
Indicó que después de los estudios y bajo las carencias dieron los resultados de los estudios que consistieron en 22 cadáveres identificados por medio de genética, dos de ellos por estudio antropológico y uno odontológico.
Añadió que 22 permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) con sus estudios o perfil genético sin ser reclamados, y de 13 cuerpos que no se obtuvo un perfil genético por el daño que ocasionó el formol, que es un líquido que se emplea en la conservación de cuerpos orgánicos muertos para impedir su descomposición.Sin embargo la autoridad no puede proceder penalmente porque es solamente una falta administrativa, aunque se puede proceder penalmente contra los funcionarios del Ayuntamiento y de la Secretaría de Salud del estado, que expidieron los permisos al crematorio Del Pacífico.
Como se informó en estas páginas la Fiscalía General del Estado informó que 28 cadáveres fueron identificados por sus familiares, y otros 32 no han sido reclamados y fueron inhumados en el Cementerio Forense Estatal.
Suspenden labores en la FGE para evitar enfermarse ante el olor de cuerpos apilados en el Semefo
Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) no laboraron ayer en sus oficinas, mientras que los trabajadores de Servicio Médico Forense (Semefo) cumplieron sus actividades de manera normal.
El martes, trabajadores de la FGE pararon labores, cerraron las oficinas y denunciaron el mal olor que desde hace más de un mes desprenden más de 600 cadáveres que están en las instalaciones contiguas del Semefo.
Los inconformes acordaron con el fiscal, Javier Olea Peláez, que el miércoles no iban a laborar, para prevenir posibles afectaciones a la salud de los 500 trabajadores de la institución.
En un recorrido en la Fiscalía, un policía ministerial de guardia dijo que no hubo labores a causa del problema del Semefo, y que sólo laboraron los trabajadores de guardia.
Sin embargo, en el Semefo los trabajadores laboraron de manera normal, mientras que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) suspendió los trabajos de identificación de cadáveres.
Un trabajador de Semefo, quien se reservó su nombre, contó que en la entrada de las camionetas, donde bajan los cuerpos para trasladarlos a las planchas y a las cámaras de refrigeración, los peritos del EAAF hacían los trabajos de identificación de los cuerpos de Chilapa.
Comentó que cuatro peritos de la organización sacaban los cuerpos al acceso de entrada de las camionetas, que está al aire libre, “y esto genera mal olor, por eso la inconformidad de los trabajadores, pero el problema aquí es que en Semefo no hay espacio para hacer esos trabajos”.
Confirmó que los peritos argentinos suspendieron los trabajos de identificación de cuerpos para evitar problemas con los trabajadores de la FGE, y esperan que se reanuden los trabajos los sábados y domingo, “esto afectará los avances para la identificación de los cuerpos”, dijo el trabajador.
Señaló que adentro de Semefo se hizo una limpieza de la que no dio detalles, y agregó que esperan las indicaciones para saber que días trabajarán en la identificación de los cadáveres.
No reclaman familiares los cadáveres y por eso de satura el Semefo, justifica De la Peña
El titular de la Secretaría de Salud estatal, Carlos de la Peña Pitos justificó la saturación de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Guerrero, que es porque los familiares no han reclamado los cuerpos, “¿por qué no han reclamado, por qué tantos años, tanto tiempo están los cadáveres, dónde están las familias?, es una interrogante que nos debemos de hacer”, dijo.
El secretario había informado que la saturación se debía a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no agiliza los trabajos, y al recordarle su declaración respondió que, “más que irse por ese lado, que obviamente se requiere la agilización, el problema es el no reclamo, hay que hacerse una pregunta, ¿por qué la gente no reclama los cadáveres?, y la otra es que en esta administración se recibieron 400 cadáveres, no son todos de esta administración, recibimos la saturación”.
Consultado vía telefónica sobre si los olores que expiden más de 600 cuerpos que están apilados en el Semefo de Chilpancingo pueden provocar enfermedades, luego de que el martes trabajadores de la FGE pararon labores porque no aguantaron más la peste, el funcionario dijo que no, y que el martes se presentó el problema porque el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para la identificación de algunos cadáveres, movió los cuerpos del refrigerador.
Dijo que ante la inconformidad, dio la indicación de que no se trabaje en los horarios de oficina, además de que se reforzó el proceso de limpieza y desinfección del Semefo.
También indicó que se invirtieron 250 mil pesos para comprar equipo para los trabajadores de los semefos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, como máscaras especiales y uniformes.
Carlos de la Peña Pintos expresó que el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores ordenó empezar los trabajos para la colocación de nuevos refrigeradores, “en un refrigerador caben 150 cuerpos” y serán instalados en los tres Semefos, y además se le dará mantenimiento a los actuales”, agregó.
El funcionario indicó que el equipo de uniforme y máscaras se compró el lunes, es decir que los trabajadores de los Semefos tenían cubre bocas, “pero de acuerdo por las circunstancias, se tomó la decisión de hacer la compra de los equipos”.
De la Peña reconoció que los trabajadores habían estado laborando con cubre bocas simples, pero aseguró que no afecta la salud, y que los problemas se dan cuando de toca el cadáver con la mano y no se lava.
Dijo que el gobernador determinó comprar los refrigeradores, pero “a futuro se hará otra planeación e inversión”; precisó que se pretende que en cada región del estado haya un Semefo y establecer todo lo que corresponde la investigación forense.
En cuanto al centro de salud de la colonia Vallarta, en Acapulco, minimizó el problema y dijo que es una circunstancia que se dio por una obra que se construye, se cortó el agua y eso ocasionó las molestias pero ya se ha resuelto.
Salen del Semefo de Chilpancingo olores insoportables
Paran en la Fiscalía ante los olores que salen del Semefo; está saturado con 600 cuerpos, informan
Una cámara de refrigeración de la morgue de Chilpancingo está inservible, y la otra es para 180 cadáveres pero tiene 250, además otros están en el suelo, informan
Luis Blancas
Chilpancingo
Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) pararon labores, cerraron las oficinas y denunciaron el mal olor que desde hace más de un mes desprenden más de 600 cuerpos que están en las instalaciones contiguas del Servicio Médico Forense (Semefo), y que afecta su salud.
El delegado sindical de la sección Séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), José Luis Nava Delgado informó que están saturadas las morgues, que tienen más de 600 cuerpos, una de las dos cámaras de refrigeración está inservible y cada uno de los depósitos tiene capacidad sólo para 180.
A las 12 del día los trabajadores administrativos abandonaron las oficinas donde laboran debido al mal olor que desprenden los cuerpos, y exigieron que intervenga el fiscal general, Javier Olea Peláez.
Algunos de los trabajadores que salían de sus oficinas con sus manos se tapaban las narices y boca, otros se cubrían con su suéter, playera y cubrebocas.
El delegado sindical del SUSPEG, José Luis Nava Delgado se quejó de que desde hace más de un mes han solicitado a las autoridades el cambio del Semefo, para evitar focos de infección que afectan a los 500 trabajadores administrativos, debido a que las instalaciones están saturadas con más de 600 cadáveres sin identificar.
Comentó que el mal olor del Semefo es debido que está inservible una cámara de refrigeración donde se encuentran los cuerpos de las víctimas sin identificar.
“Pedimos el cambio de Semefo, la verdad afecta la salud de los 500 trabajadores, porque esta saturado con 600 cuerpos, una cámara de refrigeración se encuentra inservible y la capacidad tiene de cada cámara de 180 cuerpos, pero tiene 250 cadáveres, más los que se encuentran en el suelo”, indicó.
Nava Delgado dijo que peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense llegaron al Semefo hace 15 días, y con peritos de la Fiscalía trabajan para la identificación de las víctimas en el acceso, y eso provoca el mal olor que llega a las oficinas de la FGE.
Señaló que han solicitado la intervención desde hace más de dos meses al fiscal general Olea Peláez y los vicefiscales, pero no han tenido respuesta para atender sus peticiones y “como presión abandonamos las oficinas, suspendimos labores y tomamos la entrada de las oficinas de la Fiscalía”.
“Por ejemplo en el caso de nuestro jefe y el mismo fiscal tiene sus oficinas acondicionadas, con aires acondicionados y nosotros como trabajadores las áreas de trabajo están en pésima condiciones y entra el mal olor del Semefo, esto ha causado que mis compañeros sufran dolores de cabeza y náuseas”, declaró.
Otra trabajadora exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Secretaría de Salud estatal que trasladen a otro lugar las instalaciones, y a los trabajadores les otorguen un receso laboral cuando los peritos hagan los trabajos de identificación de los cuerpos, “con el fin de no afectar nuestra salud y respetar nuestro trabajo, porque con el mal olor no podemos realizar nuestra chamba”.
A la fiscalía llegó el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz quien dio la autorización para que los trabajadores se retiraran de la institución, pero no atendió las demandas.
Hacen las pruebas a los cadáveres en el área de descarga ante la falta de espacio
Después un grupo de fotógrafos y reporteros entraron al Semefo, en el acceso donde las camionetas descargan los cuerpos de las víctimas para depositarlos en las planchas y cámaras de refrigeración se constató que había unos seis peritos y trabajadores vestidos de blanco, haciendo las pruebas de identificación de los cadáveres a la intemperie.
Al notar presencia de los comunicadores los empleados metieron las bolsas de los cadáveres que se encontraban en el suelo de este acceso ubicado al aire libre, y uno tomó fotos a los reporteros y fotógrafos.
Consultado por teléfono el delegado sindical de la sección Séptima del SUSPEG, José Luis Nava informó que fueron atendidos por el fiscal general Javier Olea Peláez, y acordaron la suspensión de labores para hoy porque peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del institución continuarán sus trabajos.
Señaló que los funcionarios de la FGE les informarán cuándo regresarán a trabajar a sus oficinas, y Olea Peláez les informó que la institución comprará una cámara frigorífica para que “no haya mal olor” y los cuerpos estén conservados.
Del cambio del lugar de las instalaciones de Semefo tendrán una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, agregó.
Pasadas las 3 de la tarde los trabajadores se retiraron de las oficinas de la Fiscalía.
Se compraron cámaras frigoríficas para las morgues de Acapulco, Iguala y la capital: Olea
El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez afirmó que el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó la compra de más cámaras frigoríficas para las morgues, luego de que en la mañana trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo cerraron las oficinas en protesta contra el mal olor de los cuerpos.
Ayer en conferencia de prensa a las 8 de la noche en Acapulco, el funcionario aseguró que ya hubo acuerdos “satisfactorios”, incluso dio a conocer que ya se compraron las cámaras frigoríficas, “hay que instalarlas y va a seguir”.
Reconoció que los malos olores que desprenden los cadáveres del Servicio Médico Forense (Semefo) van seguir, “hay que tomar en cuenta que cuando la Fiscalía necesita un cuerpo o varios cuerpos pues se tiene que abrir los frigoríficos, y de ahí es donde salen los olores”.
Aseveró que las nuevas cámaras frigoríficas son “bastante amplias y grandes”, destinados para Chilpancingo, Acapulco e Iguala, “es evidente que cuando empecemos a cambiar en su momento oportuno los cadáveres a los nuevos para darles mantenimiento a los viejos habrá olores fétidos”.
“Quiero decirles que no nada más ellos sufren, el fiscal general también sufre de esos olores y somos todos, por qué, porque son muy fuertes, muy, muy fuertes”, concluyó.
Cuatro detenidos por un secuestro en la Costa Chica
En otro tema, Olea Peláez informó que la Policía de Investigación Ministerial cumplimentó la orden de aprehensión en contra de cuatro hombres por un secuestro, en la región Costa Chica.
Añadió que el juez de Control determinó a los cuatro hombres prisión preventiva y cinco meses de investigación complementaria.
Contó que la víctima salió de San Luis Potosí donde residía, dirigiéndose a Coyuca de Benítez donde fue interceptado y privado de la libertad siendo trasladado a Chochoapa, municipio de Ometepec, donde fue privado de la vida.
Añadió que un familiar recibió una llamada telefónica en la que le pedían 600 mil pesos a cambio de su libertad. (Argenis Salmerón).
La saturación de cadáveres en los Semefos, un problema cada vez mayor
El problema de la saturación de cadáveres en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) no es nuevo, desde hace varios meses trabajadores han denunciado la acumulación de cuerpos y los malos olores que se desprenden de ese lugar.
Apenas el pasado 27 de octubre El Sur publicó que trabajadores del Semefo de Acapulco denunciaron que el mal olor se extendía afuera de las instalaciones, porque había más de 300 cadáveres en las cámaras frigoríficas.
El mal olor de los cuerpos alcanzó desde el almacén hasta la avenida Vicente Guerrero, una distancia de 80 metros. Las instalaciones del Semefo de Acapulco están adentro de la Fiscalía Regional en la céntrica colonia Progreso.
En mayo el director general del Semefo, Ben Yenuda Martínez informó que había una saturación de 569 cadáveres en las tres instalaciones en Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
La Fiscalía hizo un proyecto del Cementerio Estatal Forense ubicado en Chilpancingo, para que no hubiera saturación en las tres morgues que hay en la entidad.
En diciembre del año pasado hasta esta fecha han sido depositados en este cementerio 145 cadáveres. (Luis Blancas / Chilpancingo).