Los alcaldes de Tierra Caliente se mantienen atentos y a la expectativa de lo que ocurra con la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra y luego de los bloqueos que encabezaron a finales de abril y principios de mayo.
Ninguno de los presidentes municipales de Tierra Caliente quiso dar declaraciones acerca de la solicitud de información enviada al Congreso por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, con fecha 7 de julio.
Sin embargo, algunos de ellos se reunieron en privado durante la mañana y la tarde de este lunes, para dialogar al respecto.
De los nueve alcaldes de la Tierra Caliente, ocho estuvieron involucrados en el bloqueo de carreteras contra acciones de la FGE luego de que agentes ministeriales entraron a una bodega y decomisaron automóviles de marcas premium cuya propiedad se atribuyó a los presuntos líderes de La Familia Michoacana.
En El Sur se informó que la FGE solicito copia certificada de las actas de protesta o, en su caso, de las constancias documentales que los acrediten como servidores públicos y su cargo.
Entre los funcionarios que se mencionan está el presidente municipal César Ortiz Torres, de militancia perredista, de Acapetlahuaya; la presidenta municipal priista Mayté Lucero Arce Jaimes, de Cutzamala; también los priístas Bulmaro Torres Berrum, de Arcelia; Cuauhtémoc Mastachi Aguario, de Pungarabato; José Luis Antúnez Goicochea, de Tlapehuala; Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlán, y el perredista Eusebio Echeverría Tavares, de Coyuca de Catalán; además de la morenista Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa, y la diputada local del distrito 17, Elzy Camacho Pineda, de militancia perredista.
El documento señala que la solicitud de las constancias es “en virtud de que puede ser información necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se indagan, dentro de la respectiva carpeta de investigación, misma que se mantiene en reserva en atención a los artículos 15, 105, 106, y 218 del código nacional de procedimientos penales”.
Los alcaldes de Tierra caliente se manifestaron el 28 de abril, luego de los cateos de agentes de la Fiscalía estatal en Ciudad Altamirano, señalando que se trataba de acciones arbitrarias en represalia por los señalamientos que los mismos alcaldes hicieron en contra de agentes de la Policía Ministerial por su relación con la delincuencia organizada que opera en la sierra.
Luego, hubo una reunión donde estuvieron presentes la gobernadora Evelyn Salgado Pineday la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón, de la cual luego se pudo conocer que ahí también ésta habría señalado a los alcaldes como personas con posibles relaciones con la delincuencia, lo que provocó tensión entre los asistentes, que días después terminó con los bloqueos, por cuatro días, de las carreteras en Tierra Caliente como una protesta en contra de las acciones de la Fiscalía.
Estas protestas concluyeron luego de que la gobernadora se presentó en la región, el 1 de mayo, para dialogar con los alcaldes. Al finalizar el encuentro, los alcaldes señalaron que habían llegado a un buen acuerdo y que no sufrirían represalias, es decir, que no se iniciaría ningún procedimiento en contra de ellos ni de las personas que estuvieron manifestándose en el cierre de carreteras.
Mientras que el presidente municipal de Pungarabato, luego del diálogo con la gobernadora, se desistió de presentar una denuncia en contra de la Policía Ministerial, por un acto que él consideraba una amenaza, cuando elementos de la corporación llegaron afuera de su casa, cerraron la calle con patrullas y agentes algunos incluso vestidos de civil se pararon con armas en la puerta de su casa por varios minutos y luego se retiraron.
En la solicitud de la FGE al Congreso local no aparece el nombre del presidente municipal de San Miguel Totolapan, Freddy Vázquez Palacios, de militancia perredista, al cual le anunciaron que iniciarían por separado una investigación, por las protestas que encabezó después, a finales de mayo, luego de la detención de dos campesinos.
A los campesinos les aseguraron un vehículo con reporte de robo, pero de acuerdo con la opinión del alcalde, se debió considerar la pobreza de las personas y el uso que le daban a esta unidad, para transportar su fertilizante, y los diversos apoyos para el campo que se estaban entregando. Señaló que había quejas de que los agentes estaban abusando de la población, vigilando su llegada a la entrega de apoyos para el campo, pero debido a que en esa manifestación los encerraron en su oficina y pintaron el edificio y patrullas, la FGE informó en su momento que abriría una carpeta de investigación en contra del alcalde.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, lamentó el asesinato del director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña, la tarde del sábado en Acapulco, en declaraciones a reporteros en la inauguración del Refugio Perritos Felices, en la capital del estado.
Señaló que ya solicitó informes a la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de acelerar las investigaciones y dar con los responsables del homicidio del comunicador.
Acerca de la investigación sobre la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, a cargo de la FGE, dijo que está marchando el tiempo del proceso y de la posibilidad de que la presidente solicite licencia, y subrayó que es una decisión que sólo puede tomar ella.
Sin embargo, opinó que “es necesario darle certidumbre a la gente, de que las autoridades tengan y ejerzan el poder de manera correcta”, en referencia al video de la reunión de Hernández Martínez con el presunto jefe de un grupo criminal de la región Centro, que trascendió a redes sociales y motivó críticas contra la servidora pública.
Agregó que en el Congreso local también se ha estado analizando la situación, a fin de establecer alguna ruta en el caso.
Del señalamiento contra la alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalva, de estar implicada en el asesinato del coordinador municipal del PVEM, Jesús González Ríos, a través de un video grabado por él mismo, confirmó que siguen las investigaciones y habrá que esperar a ver qué dicen las autoridades competentes.
Asimismo, indicó que siguen las mesas de trabajo para el seguimiento de las demandas sociales de pobladores de municipios de la región Centro y Montaña que bloquearon dos días seguidos la Autopista del Sol y tomaron la sede del Poder Ejecutivo los días lunes y martes de la semana pasada, en Chilpancingo, protesta que el gobierno federal dijo que estuvo orquestada por el grupo delictivo Los Ardillos. (Redacción / Chilpancingo).
La Fiscalía General del Estado (FGE) por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de De-saparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, llevó a cabo operaciones en la colonia Garita y el fraccionamiento Costa Azul, en seguimiento a la carpeta de investigación para la búsqueda y localización del policía del estado Miguel Ángel del Carmen Flores, visto por última vez el 27 de junio.
En un comunicado, la FGE explicó que también colaboran en la búsqueda soldados, policías del estado y agentes de la Policía Ministerial.
Indicó que el 28 de junio cuando la familia presentó formal denuncia activándose la ficha de búsqueda correspondiente, procediendo la Policía Investigadora Ministerial a hacer las primeras indagatorias.
Indicó que la FGE desde que tuvo conocimiento del hecho, se ha reunido con los familiares de la víctima para darles a conocer los avances en las investigaciones, así como las diligencias hechas; la última reunión se llevó a cabo ayer en la mañana antes de las operaciones de búsqueda.
La FGE pidió a la ciudadanía su colaboración con cualquier información que contribuya a dar con el paradero del desaparecido.
Dio a conocer que si la población tiene algún dato que pueda ser de ayuda, por favor llame al número de Atención Ciudadana: 747 494 2999 ó al 911.
El sábado y lunes pasados, los familiares y amigos del policía estatal Miguel Ángel, bloquearon los dos sentidos de la avenida
Costera, cerca de la glorieta de La Diana para exigir a la FGE su aparición con vida. (Argenis Salmerón).
En distintos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE), reportó las desapariciones de tres hombres en Tetipac, Atenango del Río e Iguala, de esta última ciudad informó además la localización de un adolescente de 14 años que estaba desaparecido desde el miércoles.
Mediante boletines de la alerta ¿Has visto a…?, la FGE reportó la desaparición de Guillermo Álvarez Sánchez, de 43 años, en Iguala el 10 de julio de 2013, hace diez años, pero la denuncia fue presentada el viernes pasado.
Como señas particulares se indica que Guillermo tiene un tatuaje en el hombro izquierdo de una cara “tipo emoji” con un sombrero, lentes y bigote. Mide 1.78 metros de estatura, es moreno y de cabello negro.
En esta misma ciudad, a las 10:52 de la noche del sábado, se informó la localización del adolescente de 14 años, Raymundo Gómez Rumbo, quien estaba desaparecido desde el miércoles. De acuerdo con el boletín de la Alerta Amber, la denuncia de este caso fue presentada al día siguiente de que fue visto por última vez.
Otro caso reportado fue el de Pedro Vargas Barrera, de 36 años, desaparecido el 8 de junio en el municipio de Tetipac, y la denuncia fue presentada por sus familiares el viernes pasado. Como seña particular se indica que Pedro no tiene la mano izquierda. Mide 1.80 metros de estatura, es de tez clara, cabello castaño claro, corto y ondulado.
Asimismo, se informó la desaparición de Taurino Mendoza Inés, de 40 años, quien fue visto por última vez el pasado 6 de mayo en el municipio de Atenango del Río. De acuerdo con el boletín de búsqueda difundido en la página oficial de la FGE, la denuncia por su desaparición también fue presentada el viernes.
Como señas particulares, se indica que tiene una cicatriz al lado izquierdo de la frente, un tatuaje en el pecho con el nombre Leo en letras mayúsculas, otro en el brazo izquierdo con el nombre Britany y uno más en el brazo derecho con el nombre de Erika. Mide 1.65 metros de estatura, es moreno claro, de cabello negro, corto y lacio. (Alejandro Guerrero / Iguala).
La Fiscalía General del Estado informó que inició la carpeta de investigación por el homicidio del dirigente pevemista Jesús Gonzále Ríos, aunque situó en un lugar diferente el hallazgo del cuerpo: en la comunidad de Santa Clara, Cuautepec.
La FGR informó que inició una carpeta investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de “Jesús N”, por los hechos ocurridos en el lugar conocido como Las Marías, en un punto cercano a la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la localidad de Santa Clara, municipio de Cuautepec.
Aunque de acuerdo con los familiares, el cuerpo del líder del PVEM fue hallado en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, municipio de Florencio Villarreal.
La FGE informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo actos de investigación.
“En ese sentido se logró la plena identificación del cuerpo con base en los protocolos correspondientes”, informó la dependencia.
Indicó que el 28 de junio recibió la denuncia por el delito de privación de la libertad personal, “por lo que se procedió a brindar atención directa y asesoría a los familiares de la víctima.
Hallan muerto al dirigente del PVEM en Copala un día después de ser secuestrado
Encuentran a Jesús González Ríos en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, en Florencio Villarreal. Había grabado un video donde denunciaba amenazas de muerte, a través de un grupo armado, de la alcaldesa Guadalupe García Villalva, y la responsabilizaba de lo que le pasara
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Jesús González Ríos en una marcha del PVEM en Copala, Fue candidato a alcalde en las elecciones de 2021 Foto: Tomada de Facebook
El coordinador municipal del PVEM en Copala, Jesús González Ríos, quien estaba desaparecido desde las 11 de la mañana del miércoles, fue hallado muerto la mañana de ayer en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, en el municipio vecino de Florencio Villarreal.
El hallazgo fue confirmado por fuentes de la la Fiscalía General del Estado (FGE), y por familiares cercanos del político costachiquense.
“Cualquier situación que suceda mala, que algo le hagan a mi familia, a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos y a mi persona, será total y absoluta responsabilidad de la presidenta municipa (la perredista) Guadalupe García Villalva, dado que ella me mandó amenazar a través de un grupo armado, en donde me dicen que tengo que quitarme del camino, que ya no participe”, había advertido González Ríos en un mensaje videograbado.
Después de que se confirmó el hallazgo de su cuerpo, familiares y amigos levantaron el bloqueo que mantenían desde las 12 del día de miércoles en la entrada de la ciudad en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
Familiares informaron que a las 8 de la mañana recibieron la noticia de que su cuerpo fue hallado en medio de un ramal cerca de la carretera en una brecha que comunica con la Laguna de Chautengo.
El cadáver fue encontrado desollado del rostro y cabeza, con un short negro y playera azul y blanca, en medio de un camellón.
González Ríos fue privado de su libertad por hombres armados en la esquina de la calle Miguel Alemán y Leona Vicario, de la colonia La Loma, en la cabecera.
Desde entonces no supieron nada de él hasta la mañana de ayer, y su esposa acudió a realizar el reconocimiento del cadáver.
Después de la identificación del cuerpo por sus familiares, y la confirmación por parte del fiscal regional de la Región Costa Chica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jiménez Romero, los familiares retiraron el bloqueo “para guardar el duelo”.
Pero uno de ellos advirtió que después del sepelio realizarán las acciones “que sean necesarias” para exigir a las autoridades la investigación, el esclarecimiento del caso y castigo a los culpables.
González Ríos fue candidato a la alcaldía por el PVEM en las elecciones del 2021, pero perdió ante la actual alcaldesa Guadalupe García Villalva, del PRD, y se promovía nuevamente como aspirante del mismo partido.
La noche del miércoles circuló un video en las redes sociales en el que denunció que desde el 1 de mayo había sido amenazado de muerte por la presidenta municipal García Villalva, a través de un grupo armado, como consecuencia de su activismo político.
El video tiene una duración de 2 minutos con 50 segundos: “Muy buenas tardes amigas y amigos, a través de este video quiero comentarles algo muy delicado y grave a la vez de lo que me está pasando en estos últimos días”, dijo el político copalteco.
Agrega: “Para ser exactos, desde el día 1 de mayo, ya hace más de un mes y medio, a través de un grupo armado, la presidenta municipal de Copala, la química Guadalupe García Villalva, me manda amenazar, diciéndome a través de estas personas que yo tengo que quitarme de la política, que ya no participe, que me tengo que quitar del camino para que deje libre y puedan ganar cualquiera de sus candidatos que ella anda postulando”.
González Ríos, expone: “Les soy sincero, tengo mucho miedo, mucho temor, porque a partir del 1 de mayo se ha tornado un ambiente complicado para mí y para mi familia, estoy muy preocupado de que algo les pueda pasar a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos, sobre todo a mí, a mi persona, porque obviamente estamos en el proyecto político con miras al 2024 y la alcaldesa municipal de Copala me manda amenazar a través de un grupo armado”.
Y entonces plantea: “La verdad yo quiero externar que cualquier situación que suceda mala, que algo le hagan a mi familia, a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos y a mi persona, será total y absoluta responsabilidad de la presidenta municipal Guadalupe García Villalva, dado que ella me mandó amenazar a través de un grupo armado, en donde mi dicen que tengo que quitarme del camino, que ya no participe”.
El aspirante a la alcaldía, concluye: “Por tal motivo quiero dejar este video, y si es necesario utilizarlo, la verdad tengo mucho miedo de seguir haciendo actividades, si se dan cuenta ya no subo nada a las redes sociales, debido a esas amenazas que me hicieron, estamos y no nada más yo estoy vulnerable, mi familia, somos nosotros gente pacífica de bien”.
Durante el bloqueo del miércoles, la madre del dirigente, Valentina Ríos, informó a los medios que a raíz de esa amenaza “como le dijeron que se hiciera a un lado mi hijo ya no iba a participar, él habló conmigo y me dijo que se iba a hacer un lado”.
Condenas de Carabias y Velasco
Mediante un comunicado de prensa, el dirigente del PVEM en el estado, Alejandro Carabias Icaza, condenó el crimen del González Ríos, y exigió a las autoridades estatales y federales que se investigue a fondo ese caso” para que no quede impune como muchos otros.
Asimismo, exigió garantías para todos quienes realizan actividades políticas.
El ex gobernador de Chiapas y uno de los seis aspirantes de la candidatura presidencial de Morena, Manuel Velasco Coello condenó el asesinato y exigió castigo para los responsables.
“Condenamos enérgicamente el crimen perpetrado en contra de nuestro compañero Jesús Gon-zález Ríos, líder del PVEM en Copala, Guerrero. Exigimos a las autoridades castigo a los responsables para que su muerte no quede impune. Nuestro pésame y solidaridad con sus seres queridos”, escribió en Twitter antes de mediodía.
Se deslinda del asesinato la alcaldesa de Copala y se pone a disposición de la FGE
En conferencia que difunde por Faceboook, la perredista Guadalupe García Villalva, dice que condena y repudia los hechos y que es “la primera interesada” en que se investiguen
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal de Copala, la perredista Guadalupe García Villalva, se deslindó ayer de la privación de la libertad y el asesinato del coordinador municipal del PVEM, Jesús González Ríos y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), para coadyuvar en las investigaciones.
En conferencia de prensa que se difundió por Facebook, la alcaldesa “condenó” y “repudió” los hechos y pidió la colaboración de las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones y se llegue al esclarecimiento de la privación de la libertad y el homicidio del dirigente del PVEM.
“Guadalupe García Villalva es la primera interesada en que se realicen las investigaciones y va a coadyuvar en lo que realicen y decidan las dependencias. En Copala podemos tener diferentes formas de pensar, diferentes ideologías religiosas y militar en diferentes partidos políticos pero nunca hemos sido enemigos”, dijo.
La alcaldesa rechazó las acusaciones en su contra, y dijo: “a estas personas que se han empeñado en seguir difamando a mi persona los invito para que presenten las pruebas ante las instancias correspondientes”, en referencia a quienes la han responsabilizado del homicidio en las redes sociales, derivado del video que dejó el ahora occiso en el que la acusa de haberlo mandado a amenazar de muerte a través de un grupo armado.
La alcaldesa envió sus condolencias a los familiares de la víctima y les dijo que el Ayuntamiento está dispuesto a coadyuvar para que se realicen las investigaciones necesarias.
“Yo, Guadalupe García Villalva, estoy abierta a cualquier investigación. Soy una madre de familia y con estas cosas que han pasado en México, en Guerrero y en la Costa Chica, también somos vulnerables y tememos por nuestra vida”.
Pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayuden para concretar la paz en Costa Chica.
Expresó que va a seguir trabajando en su oficina del Palacio Municipal hasta el último día de su gobierno, “porque el que nada debe nada teme y vamos a seguir luchando para que juntas y juntos evitemos que pasen estas tragedias tan lamentables”.
Dijo que la violencia no está solamente en Copala, sino en toda la región, en el estado y en el país y pidió a sus paisanos a organizarse para ayudar a la gobernadora y al presidente de la Republica para que ya no sigan pasando estas “terribles tragedias”.
“Desde el día de hoy me pongo a la disposición de las autoridades para que juntos hagamos una investigación y que se castiguen a todos los responsables”, ofreció.
Respecto al video que circuló en las redes sociales, en el que el dirigente del PVEM denuncia que lo mandó a amenazar a través de un grupo armado y la responsabilizo de cualquier cosa que le llegara pasar a él o a su familia, respondió que desconoce “los motivos que hayan orillado al ingeniero a publicar esos videos, pero están las instancias correspondientes para que investiguen que hay de fondo, que hay atrás de eso y yo estoy aquí para coadyuvar como gobierno y como ciudadana”.
El director de Seguridad Pública, Martín Aparicio Mora, habló de la coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en la búsqueda de Jesús González Ríos, sin resultados hasta ayer en la mañana que se dieron los hechos “tristes y lamentables”.
También se dijo en la mayor disposición para apoyar en la investigación.
Un reportero le preguntó a la alcaldesa si está dispuesta a pedir licencia mientras se hacen las investigaciones y respondió: “lo que me indiquen la ley y las instancias, yo estoy dispuesta”. Y reiteró: “yo soy la más interesada de que esto se aclare porque el que nada debe nada teme” y dijo que confía en la justicia y en las leyes.
Informó que también está desaparecido desde hace 15 días el policía municipal, Mario Alberto Medina Parra, de quien hasta ayer no se sabía nada de su paradero.
“Es un elemento de los mejores, muy calmado, humilde, imagínense cómo me siento yo que me levanten a un policía, pónganse de este lado, estamos muy consternados de todo lo que está pasando, pero todo se lo pongo en manos de las autoridades”.
Informó que lo siguen buscando pero que no han encontrado indicios de su paradero pero tienen fe en que lo encontrarán.
El director de la Policía Municipal Aparicio Mora informó que ese caso ya está en manos de la FGE y son ellos los que están investigando el caso, “ya nosotros hemos hecho lo que nos corresponde coordinados con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno”.
Inicia la FGE investigación por el asesinato de Jesús González
Redacción
La Fiscalía General del Estado informó que inició la carpeta de investigación por el homicidio del dirigente pevemista Jesús Gonzále Ríos, aunque situó en un lugar diferente el hallazgo del cuerpo: en la comunidad de Santa Clara, Cuautepec.
La FGR informó que inició una carpeta investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de “Jesús N”, por los hechos ocurridos en el lugar conocido como Las Marías, en un punto cercano a la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la localidad de Santa Clara, municipio de Cuautepec.
Aunque de acuerdo con los familiares, el cuerpo del líder del PVEM fue hallado en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, municipio de Florencio Villarreal.
La FGE informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo actos de investigación.
“En ese sentido se logró la plena identificación del cuerpo con base en los protocolos correspondientes”, informó la dependencia.
Indicó que el 28 de junio recibió la denuncia por el delito de privación de la libertad personal, “por lo que se procedió a brindar atención directa y asesoría a los familiares de la víctima.
Piden en el IEPC garantías para candidatos tras el asesinato del pevemista de Copala
Tras la condena de los partidos al hecho, la presidenta Fabiola Matildes responde que al organismo sólo le corresponde ser enlace en las solicitudes
Lourdes Chávez
Chilpancingo
En la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los representantes de partidos condenaron el asesinato del dirigente del PVEM en Copala, Jesús Gon-zález Ríos, y los consejeros pugnaron por condiciones para un proceso electoral con tranquilidad.
El representante del PVEM en el Consejo General, Juan Manuel Maciel Moyorido, condenó la privación de la libertad de González Ríos, conocido como Chucho Ríos, el miércoles, y el hallazgo de su cuerpo este jueves.
Exigió a las autoridades estatales que no haya impunidad, y al IEPC que tome las medidas necesarias para que los aspirantes en general, y los actores políticos, tengan seguridad, porque a dos meses del arranque formal del proceso electoral hay temor de que amenazas coarten el derecho legítimo de participar, “si eso le sucede a personas destacadas, la democracia se irá acabando”.
La presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, aclaró que el organismo sólo está facultado para ser enlace en la solicitud de medidas de protección a candidatos registrados, a petición de parte.
Se sumaron a las condolencias y la demanda de justicia por la paz en las elecciones, los representantes del PRD, Mariano Hansel Patricio; del PRI, Manuel Saavedra Chávez; Esther Araceli Gómez Ramírez, de Morena; Isaías Rojas Ramírez, del PT y Lorenzo González, del PAN.
La presidenta compartió que las autoridades resuelvan este cas que ocurre “a unas semanas de inicio del proceso electoral, entonces estaremos pendiente. Mi más sentido pésame, licenciado, por este fallecimiento de Jesús González Ríos”.
La consejera Vicenta Molina Revuelta compartió las condolencias y “por velar que en el estado y en todo el país contemos con la paz y la tranquilidad que todas la ciudadanas y ciudadanos necesitamos”.
La consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, expresó preocupación por las condiciones que se estarán generando para el inicio del proceso electoral.
Señaló que en otros hubo situaciones de violencia hacia quienes participaban e hizo votos porque las instituciones “tengamos la responsabilidad de generar las condiciones para que el proceso electoral se lleve a cabalidad y con la certeza de que se respetará la integridad de las personas que participan en política”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes hizo votos “para que pronto regrese la paz, y se puedan desarrollar el proceso electoral en las mejores condiciones y garantías de seguridad a la ciudadanía”.
Consultada por separado, Ma-tildes Gama recordó que en cada proceso electoral se forma un grupo con instituciones de seguridad pública, las fuerzas armadas y la Fiscalía, donde invitan a los órganos electorales para que informen sus necesidades de seguridad pública.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) informar si se investigan los hechos de violencia que ocurren en el estado.
En declaraciones telefónicas sobre los hechos violentos y de inseguridad en diferentes partes del estado y los recientemente ocurridos en Chilpancingo, el dirigente perredista dijo que “se preveía” que ocurriera algo como lo que pasó el sábado, cuando un grupo criminal dejó siete cuerpos desmembrados frente a la iglesia de San Mateo en Chilpancingo: “la escalada de violencia desgraciadamente va en aumento… las personas que aparecieron desmembradas, eran las personas que habían aparecido en algunos videos que se hicieron públicos”.
Dijo que es necesario conocer la postura de la FGE y que ésta informe.
Contó también que la violencia e inseguridad “ha ido en aumento en la Tierra Caliente, zona Norte, ahora en Chilpancingo, hoy también se dan algunas situaciones violentas en Juan R. Escudero, en Heliodoro Castillo”, por lo que el gobierno del estado y la Fiscalía deberían investigar e informar “qué es lo que está pasando, porque se está recrudeciendo la violencia de esta manera y si la estrategia de seguridad que están empleando les va a funcionar. No sabemos si son hechos aislados o tienen alguna conexión entre todas estas situaciones que se dan, pero lo que sí es que se ve la descomposición respecto al tema de seguridad”.
Catalán Bastida insistió en que el recrudecimiento de la violencia en el estado “es resultado de una fallida estrategia de seguridad. Ojalá que esto se controle y ya no suceda”.
Pidió que la FGE informe lo que se está haciendo, quiénes son los responsables y si hay o no detenidos por los hechos de violencia que ocurren y son ampliamente conocidos. También criticó que no haya un posicionamiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por todos estos hechos “que dejan en duda el actuar de las instancias de seguridad”.
Del caso de las amenazas al presidente municipal de Iguala, el priista David Gama, y el síndico Oscar Díaz, dijo que sí ha hablado con él, pero no a detalle sobre su situación y que solo le preguntó si estaba bien.
La Fiscalía General del Estado (FGE), no ha informado de los avances con respecto a los robos del material de trabajo que sufrieron en sus respectivos domicilios este año dos reporteros de Chilpancingo. Y por el contrario, cuando menos en uno de los dos casos, le advirtieron que deje de insistir en la investigación, denunciaron las víctimas.
Yener de los Santos, reportero de Quadratín Guerrero, denunció que ya pasó más del mes de plazo que se dio la Fiscalía estatal para que le informara los resultados de la investigación y no ha sido notificado.
Informó que su abogado le informó la semana pasada que ha acudido a la Fiscalía pero que no le han informado nada.
Dijo que solamente han hecho un peritaje del departamento donde vive y también le pidieron las características de los artículos que le robaron.
Informó que fue la misma Fiscalía la que se dio un plazo de un mes para investigar y realizar rondines cerca de su departamento.
Contó que igual el Mecanismo de Protección para Periodistas se comprometió a proporcionarle terapias sicológicas y estar en contacto permanente con él “por si había alguna incidencia”, pero aseguró que han pasado más de 30 días a partir de que presentó la denuncia y los de la Fiscalía sólo se comunicaron dos veces, tres días después de que presentó la denuncia sólo para preguntarle “si algo estaba pasando en mi casa”.
Yener de los santos sofrió el robo la noche del 18 de abril y el 19 ofreció una conferencia de prensa para denunciar públicamente el caso, en tanto que el 20 se presentó para hacer la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público.
Con respecto a la actuación del Mecanismo de Protección a Periodistas, dijo que “se están echando la bolita el del ámbito estatal con el del federal”.
A más de un mes ve “un poquito complicado su caso porque es claro que las autoridades no le dan importancia, la verdad no veo resultados, no se ve que realmente estén investigando, yo cuando menos quiero que la Fiscalía determine y me diga si el caso que me pasó tiene que ver con mi trabajo o no, para saber a qué atenerme”.
Por su parte Juan Aponte sufrió el robo el 15 de enero y el mismo día presentó la denuncia por allanamiento de morada y robo a casa habitación.
Ambos reporteros lamentaron que por un lado las autoridades hablen de respeto y de que se protege la libertad de expresión, pero en los hechos ni si quiera hacen investigaciones para esclarecer casos como los suyos en los que queda la duda si son parte de los riesgos por su trabajo o robos comunes.
La Fiscalía General del Estado (FGE), difundió este martes la alerta del Protocolo Alba por la desaparición de la comerciante Martha Gabriela Hernández Nava, de 42 años, ocurrida el 30 de mayo de 2018 en Iguala.
El mediodía de este miércoles la Fiscalía estatal y la secretaría de Seguridad Pública estatal difundieron el boletín del Protocolo Alba que fue activado con número de reporte PAGRO/16/2023, aunque de acuerdo con la misma información se indica que Martha Gabriela desapareció hace casi cinco años, y el 30 de junio de 2018 se presentó la denuncia de los hechos.
En el comunicado las dependencias detallan que la última vez que se le vio Martha Gabriela fue en la calle Rivapalacio de la colonia Centro, y vestía una blusa azul, huaraches de piel de talla 24.
Como señas particulares abundaron que tiene un lunar en la parte media de la espalda; tenía el cabello teñido de castaño, lacio de largo hasta los hombros, es morena clara, robusta y mide 1.52 centímetros de altura. (Redacción).
