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Hay dos cuerpos en la fosa de Chilpancingo, dice el vocero; serían tres, según fuente de la FGE

Por segundo día la Fiscalía General del Estado (FGE), el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y la Policía Estatal excavaron en un terreno de Chilpancingo, en donde encontraron dos fosas clandestinas que según el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, podrían tener dos cuerpos.
En el transcurso de la noche personal especializado de Fiscalía General del Estado informó que en un área a campo abierto en la colonia PRD parte alta y PPS, hay varias construcciones rústicas de madera y techo de lámina, al pie de una de estas construcciones se descubrió una fosa, donde se hallaron restos óseos humanos, así mismo a 25 metros al oriente de esta fosa de halló otra de 50 centímetros de profundidad donde se encontraron más osamentas.
Precisaron que podrían tratarse de 2 cuerpos, se confirmará hasta tener los resultados de genética y antropología forense, así mismo ninguna osamenta está completa se estima un tiempo de 6 a 8 meses el estado de conservación de los restos.
Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública informó que en la primera fosa localizaron este sábado tres huesos que corresponden a dos piernas y un brazo del cuerpo localizado el viernes.
En la segunda fosa fueron localizados restos óseos de diferentes partes de un cuerpo que al parecer corresponde al cráneo localizado el viernes. Por lo que podrían ser dos cuerpos localizados en las fosas, pero continuarán las investigaciones.
En una casa deshabitada de madera que se encuentra entre las dos fosas fueron localizadas unas esposas y un machete que fueron levantados como indicio.
Se informó que por la magnitud del problema los trabajos podrían seguir hasta el próximo miércoles.
Este viernes se comunicó que fueron encontrados restos óseos humanos en dos fosas clandestinas en ese asentamiento, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para las pruebas de ADN para su identificación.
Ayer en el transcurso de la tarde los trabajos de investigación continuaron, al lugar acudió la FGE, el Semefo y la Policía Estatal para seguir las excavaciones y exhumaciones de los restos.
Los agentes acordonaron un perímetro de 400 metros y dijeron que podrían encontrar más de dos fosas clandestinas, en el lugar se observaron cuatro viviendas de madera y lámina de fierro, que según los peritos una era usada para actividades criminales.
Los investigadores no permitieron el acceso a la prensa, pero a unos 100 metros de distancia se podían observar las excavacionesde los agentes.
Una casa estaba habitada, dos policías estatales le pidieron a una señora que los acompañara a otra vivienda, la mujer salió y llevaba de la mano a dos niños, posteriormente le pidieron que sólo ella entrara.
La mujer tardó unos 10 minutos dentro de la vivienda mientras los niños de unos siete y cuatro años de edad lloraban al no ver a la mujer, que al parecer era su madre, salió y regresó a su hogar.
A las 6 de la tarde los peritos de la FGE suspendieron labores debido a que ya estaba obscureciendo, indicaron que las labores eran complicadas “porque había muchos alacranes”.
Dijeron que podría haber más cuerpos, sin especificar la cantidad, “no me quiero adelantar pero podríamos hablar de varios”, dijo uno.
La fuente agregó que entre los restos que encontraron este sábado observaron que podría haber hombres y mujeres, y que podrían ser las partes de los que encontraron este viernes, posiblemente dando un total de tres cuerpos, y que probablemente hay más de dos fosas, pero que hoy reiniciaran los trabajos.
El lugar en donde están las fosas en un carro particular se encuentra a unos 15 minutos del centro de la ciudad, es una zona transitable en donde se observó a familias con sus hijos.
Los vecinos se asomaban por las ventanas y los transeúntes observaban el lugar.
También entre los murmullos de los trabajadores se escuchó que la casa de los criminales estaba deshabitada, y que tenía una fosa séptica donde encontraron algunos restos óseos tapados con piedras.
Los trabajadores de la FGE informaron que habían acudido familiares de organizaciones sociales que tienen algún familiar desaparecidos para contribuir con la búsqueda, pero les negaron el acceso.
En la tarde en un comunicado el vocero de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que se reportó que en un terreno irregular entre las colonias PRD y PPS de Chilpancingo se habían encontrado restos óseos.
Peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado iniciaron el procesamiento del terreno con el resguardo de la Policía del Estado.
Álvarez Heredia dijo que se han encontrado cuatro fragmentos óseos, y negó la existencia de 15 cuerpos, como se difundió en algunos medios de comunicación.

 

No se investiga la desaparición de dos detenidos en Chilpancingo, denuncian

Dos de siete jóvenes desaparecidos entre el 23 y 31 de diciembre en Chilpancingo y que según testimonios fueron detenidos por policías municipales, no han aparecido, sus familiares denunciaron que no cuentan con indicios de que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue su paradero.
Este jueves seguía sin conocerse el paradero del joven de 18 años y estudiante de la Preparatoria número 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Abel Aguilar García, ni de Efraín Patrón Ramos de 25 años y trabajador administrativo de la Secretaría de Salud del estado.
Consultado ayer, el hermano de Abel, Daniel dijo que “estamos como si ayer hubiera desaparecido, en ceros, no sabemos nada de él, no contamos con ninguna pista de donde pudiera estar”.
Informó que antes de que recibiera la llamada del reportero había acudido a la Fiscalía General del Estado con la esperanza de que le informaran de algún dato nuevo o avances de las investigaciones, pero no le informaron nada, “ni siquiera me encontré con indicios de que estén investigando para localizar a mi hermano”.
Daniel llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores a que realmente se investigue en dónde está su hermano, “no es posible que haya desparecido así nomás, sin que nadie sepa nada”.
Abel Aguilar García es originario de Llano Perdido, municipio de Cochoapa el Grande, y está desaparecido desde la mañana del sábado 23 de diciembre, después de que salió de la casa del estudiante Héctor Astudillo Flores, ubicada en la calle Leona Vicario del barrio de San Mateo en Chilpancingo.
Según sus familiares ese 23 de diciembre salió a las 7 de la mañana rumbo a su trabajo, una frutería entre las colonias El Tomatal y Almolonga, al oriente de la ciudad, lugar al que no llegó, y según su patrón aproximadamente a las 10 le mandó un mensaje de texto en el que le avisó que no iría a trabajar porque se sentía mal, y fue la última comunicación del ahora desaparecido.
Abel, como sus padres, es un indígena na’ saavi y en pobreza extrema, por eso se refugió en una casa de estudiante y estudia y trabaja a la vez, para sostener sus estudios.
Otro de los jóvenes desaparecidos es Efraín Patrón Ramos, a quien sus familiares le perdieron la pista a las 4 de la maña del 29 de diciembre cerca de la alameda Granados Maldonado, cuando fue detenido por policías municipales.
Sus familiares denunciaron este jueves que tampoco han sabido nada de él y que la FGE no les ha dado ningún tipo de información. Se quejaron que han sido tratados con frialdad e insensibilidad como para desalentarlos y ya no sigan yendo a pedir informes, “nos tratan como si fuéramos nosotros los delincuentes”, denunció un familiar de la víctima.
Paralelamente han recibido amenazas de distintas vías “de gente extraña y desconocida” para que ya no sigan buscando a Efraín ni exigiendo su presentación a las autoridades.
El 2 de enero el político y empresario, ex dirigente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato se reunió en privado con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, a quien denunció la desaparición de siete jóvenes y entregó seis videos que comprueban la participación de los policías municipales en la desaparición de algunos de ellos.
El 3 de enero fueron encontrados cerca del punto conocido como Tierra Prietas, en el entronque del libramiento de cuota que lleva a Tixtla, los cuerpos de dos de los siete desaparecidos, fueron Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34.

Confirma video que policías de la capital participan en la desaparición de un joven

Están involucrados cinco policías de Chilpancingo en la desaparición de un joven, se ve en un video

Se observa a tres agentes salir de la patrulla que siguió al joven tras ir en una caravana encabezada por un automóvil color arena, en la cual van dos agentes en motocicleta

 

Redacción y Anarsis Pacheco

Chilpancingo

En la desaparición del estudiante de Enfermería y trabajador de la Secretaría de Salud estatal, Efraín Patrón Ramos de 24 años, estuvieron involucrados al menos cinco policías municipales de Chilpancingo.
En un video del viernes 29 de diciembre difundido ayer en el noticiero En Punto que conduce la periodista Denise Maerker, se ve que una patrulla de la corporación sigue al joven que manejaba un Peugeot verte a la alameda Granados Maldonado, donde el desaparecido se comunicó con una amiga y le informó que estaba siendo detenido por los uniformados.
“Las autoridades creen que en ese punto los policías perpetraron la desaparición forzada de Efraín, lo atribuyen a que no hay cámaras en este cuadrante, y porque el auto y la patrulla tardan aproximadamente 25 minutos en reaparecer en el centro de monitoreo”, relata el reportero Marco Antonio Coronel.
Después, se observa a tres agentes salir de la patrulla que siguió al joven, tras ir en una caravana encabezada por un automóvil color arena, en la cual van dos agentes en motocicleta.
Sin embargo, sólo un agente municipal ha sido detenido por las autoridades luego de que todos fueron desarmados el jueves 4 de enero, momento en el que la seguridad quedó a cargo del Ejército y de la Policía del Estado.
Efraín es una de las siete víctimas de policías de Chilpancingo desaparecidos entre el 23 y el 30 de diciembre del año pasado, de los cuales dos aparecieron asesinados, tres vivos y torturados y de dos más no se sabe de su paradero.
Consultado al respecto el alcalde Jesús Tejeda Vargas pidió que se certifique a los 120 policías municipales, “para lo cual estaremos muy pendientes de que en la Policía Municipal estén certificados”.
Dijo desconocer la información difundida de que los policías no están certificados, y anticipó que en cuanto se concluya la investigación en contra de los agentes, tras su desarme tras la detención, desaparición y asesinato de jóvenes en diciembre, se lleve a cabo la certificación de todos.
De los policías dijo que no están en funciones y permanecen acuartelados y a disposición para que la investigación siga su curso.
De la seguridad en el municipio Tejeda Vargas dijo que la situación no es como ellos quisieran, “pero vamos avanzando y estamos haciendo nuestro trabajo, lo que nos corresponde”.
Mencionó que percibe “un mejor ambiente en la ciudad” en materia de seguridad, luego de que la Policía Municipal está acuartelada y fuera de funciones.
Dio a conocer que no ha visto los videos de las cámaras de seguridad de la comandancia de la Policía Municipal, y esos son parte de las evidencias que están en manos de la Fiscalía del Estado para hacer las investigaciones, y no entró en detalles en relación al contenido de esos videos “para no entorpecer las investigaciones”.
Insistió en que la investigación está en proceso y que pidió al secretario de seguridad estatal que tenga toda la disposición para coadyuvar con la investigación, luego de que se le insistió del contenido de los videos de las cámaras de seguridad y si estos ya habían sido entregados a la Fiscalía como parte de la indagatoria.

No se investiga la desaparición de dos detenidos en Chilpancingo, denuncian

Han recibido amenazas para que no sigan buscando a Efraín ni exigiendo su presentación a las autoridades, informan familiares

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dos de siete jóvenes desaparecidos entre el 23 y 31 de diciembre en Chilpancingo y que según testimonios fueron detenidos por policías municipales, no han aparecido, sus familiares denunciaron que no cuentan con indicios de que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue su paradero.
Este jueves seguía sin conocerse el paradero del joven de 18 años y estudiante de la Preparatoria número 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Abel Aguilar García, ni de Efraín Patrón Ramos de 25 años y trabajador administrativo de la Secretaría de Salud del estado.
Consultado ayer, el hermano de Abel, Daniel dijo que “estamos como si ayer hubiera desaparecido, en ceros, no sabemos nada de él, no contamos con ninguna pista de donde pudiera estar”.
Informó que antes de que recibiera la llamada del reportero había acudido a la Fiscalía General del Estado con la esperanza de que le informaran de algún dato nuevo o avances de las investigaciones, pero no le informaron nada, “ni siquiera me encontré con indicios de que estén investigando para localizar a mi hermano”.
Daniel llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores a que realmente se investigue en dónde está su hermano, “no es posible que haya desparecido así nomás, sin que nadie sepa nada”.
Abel Aguilar García es originario de Llano Perdido, municipio de Cochoapa el Grande, y está desaparecido desde la mañana del sábado 23 de diciembre, después de que salió de la casa del estudiante Héctor Astudillo Flores, ubicada en la calle Leona Vicario del barrio de San Mateo en Chilpancingo.
Según sus familiares ese 23 de diciembre salió a las 7 de la mañana rumbo a su trabajo, una frutería entre las colonias El Tomatal y Almolonga, al oriente de la ciudad, lugar al que no llegó, y según su patrón aproximadamente a las 10 le mandó un mensaje de texto en el que le avisó que no iría a trabajar porque se sentía mal, y fue la última comunicación del ahora desaparecido.
Abel, como sus padres, es un indígena na’ saavi y en pobreza extrema, por eso se refugió en una casa de estudiante y estudia y trabaja a la vez, para sostener sus estudios.
Otro de los jóvenes desaparecidos es Efraín Patrón Ramos, a quien sus familiares le perdieron la pista a las 4 de la maña del 29 de diciembre cerca de la alameda Granados Maldonado, cuando fue detenido por policías municipales.
Sus familiares denunciaron este jueves que tampoco han sabido nada de él y que la FGE no les ha dado ningún tipo de información. Se quejaron que han sido tratados con frialdad e insensibilidad como para desalentarlos y ya no sigan yendo a pedir informes, “nos tratan como si fuéramos nosotros los delincuentes”, denunció un familiar de la víctima.
Paralelamente han recibido amenazas de distintas vías “de gente extraña y desconocida” para que ya no sigan buscando a Efraín ni exigiendo su presentación a las autoridades.
El 2 de enero el político y empresario, ex dirigente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato se reunió en privado con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, a quien denunció la desaparición de siete jóvenes y entregó seis videos que comprueban la participación de los policías municipales en la desaparición de algunos de ellos.
El 3 de enero fueron encontrados cerca del punto conocido como Tierra Prietas, en el entronque del libramiento de cuota que lleva a Tixtla, los cuerpos de dos de los siete desaparecidos, fueron Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34.

Se matan 2 familiares de ex regidor y éste queda herido, informa el alcalde de Tlacoachistlahuaca

El ex regidor perredista de Tlacoachistlahuaca, Margarito López Leal, fue atacado a causa de problemas familiares y la disputa de tierras por su primo, quien murió, igual que un hermano del ex regidor, informó el alcalde, Javier Carmona Villavicencio.
De acuerdo con fuentes del municipio, en un primer momento se dijo que se trató de una emboscada, a las 6 de la tarde del jueves, cuando el regidor en el periodo de 2009 a 2012 llegó a la comunidad de San Jerónimo, en la zona na savi de ese municipio de habla ñomndaa, luego de participar en el aniversario de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en Cuautepec.
Pero la versión que recopilaron los policías municipales, dada a conocer por el alcalde Carmona Villavicencio, señala que fue el primo del ex regidor, de nombre Ricardo, quien le disparó y lo hirió en la cabeza y la espalda. Pese a las heridas fue reportado estable en el hospital regional de Ometepec.
Consultado por teléfono, el alcalde indicó que el agresor salió recientemente de la cárcel, donde pasó unos seis años por una demanda del ex regidor de 46 años por la disputa de un predio.
Fue a buscar al ex regidor a su casa la tarde del jueves y cuando llegó, lo siguió y le disparó, el hermano del ex regidor, de nombre Julián, tomó una escopeta y le disparó al agresor, quien murió. El hijo del agresor, en venganza, asesinó a tiros al hermano del ex regidor.

Exige la UPOEG a la Fiscalía que esclarezca el atentado

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE), una investigación pronta para esclarecer el atentado que sufrió el promotor de esa organización y ex regidor de Tlacoachistlahuaca, Margarito López Leal, en el que resultó herido y su hermano Juan López fue asesinado.
El abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero informó que cuando llegaba a su casa de la comunidad de San Jerónimo, aproximadamente a las 7 de la noche, al menos tres hombres que portaban armas de grueso calibre lo atacaron a balazos.
Margarito recibió un disparo en la mejilla y otro en el hombro derecho, mientras que su hermano recibió varios en diferentes partes del cuerpo.
Ayer en la plenaria aprobaron un pronunciamiento dirigido a la Fiscalía par que se agilicen las investigaciones del caso.
Asimismo, organizaron una colecta para apoyar a la familia López Leal, a la vez de que le ofrecieron un minuto de aplausos de pie en su honor, luego de que el abogado explicó que es uno de los activos promotores de la organización en los cinco años que lleva.
Agregó que según sus familiares desconocen los móviles del atentado en su contra y que por eso exigieron al fiscal Javier Olea Peláez que se agilicen las investigaciones.

Declaran los policías de la capital ante la PGR y la Fiscalía por la desaparición de los 7 jóvenes

Al medio día de ayer policías ministeriales trasladaron a los municipales y tres patrullas a la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar las investigaciones de la desaparición de siete jóvenes en la capital, entre ellos dos que fueron hallados ejecutados.
Fuentes de la Policía Municipal informaron que a las 5 de la mañana reanudaron las declaraciones ante agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), en las instalaciones de la Policía Municipal que fueron ocupadas por policías estatales, federales y soldados del Ejército.
Ahí ayer se observó vigilancia de la Policía Estatal y de militares, luego que la tarde del jueves agentes estatales, militares y federales tomaran el control de la seguridad de la ciudad tras el desarme de los policías municipales señalados de la desaparición de siete jóvenes, entre ellos dos que fueron hallados muertos.
Al medio día de ayer grupos de entre 10 y 12 agentes municipales y tres patrullas fueron trasladados a la Fiscalía.
Fuentes de la Policía Ministerial precisaron que en la tarde y en la noche del jueves declararon los trabajadores administrativos del cuartel de la Policía Municipal, y ayer los agentes municipales.
Consultado por teléfono el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia dijo que los policías municipales están en calidad de presentados y no detenidos, que están sometidos a una investigación, entrevistas ministeriales para que se determine si intervinieron en la desaparición de los siete jóvenes, dos de ellos que fueron encontrados asesinados.
Álvarez Heredia agregó que hoy se esperan que se den los resultados de las investigaciones a los agentes municipales y trabajadores administrativos de la corporación.
Mientras los uniformados continúan acuartelados la Policía Estatal y el Ejército están a cargo de la seguridad de Chilpancingo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal en la dependencia trabajan 123 policías.
El jueves el empresario de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato señaló a la Policía Municipal de planear con premeditación, alevosía y ventaja el asesinato de los dos jóvenes desaparecidos el sábado 30 de diciembre en la Feria de San Mateo, y afirmó que los agentes entregaron a los jóvenes a un miembro de la delincuencia organizada de nombre Milton.
La noche del miércoles, los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34 fueron hallados embolsados en un basurero en Tierras Prietas, en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la ciudad.
Ese miércoles integrantes de la Cámara Nacional de Comercio se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para denunciar la desaparición de siete jóvenes a manos de policías municipales.

Emite la CNDH recomendación a la Ssa y a la Fiscalía por muertes de bebés en hospital de Tlapa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que reparen el daño a los padres de ocho recién nacidos prematuros que fallecieron en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, por falta de medidas sanitarias, infraestructura y equipos adecuados para brindar atención médica.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan registró que en julio y agosto de 2015, ocho neonatos fallecieron a consecuencia de infecciones por las bacterias escherichia coli y acinetobacter baumanni. Los hechos trascendieron y la CNDH atrajo la investigación.
Ayer, la CNDH emitió la recomendación 71/2017 dirigida a Astudillo Flores y al fiscal Javier Olea Peláez debido a la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos en el hospital, que provocaron la muerte de los bebés, así como por la inactividad de la investigación penal correspondiente durante 18 meses.
El expediente de la CNDH indica que en julio y agosto de 2015 hubo un proceso de Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS), en el que se vieron involucrados 20 pacientes recién nacidos en estado crítico, ocho de ellos se infectaron con bacterias y debieron ser atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; sin embargo, ingresaron en otras áreas no especializadas, como la Unidad de Cuidados Obstétricos, la Unidad de Urgencias Pediátricas y la Unidad de Urgencias para Adultos.
Lo anterior, debido a que en el hospital se hacía una ampliación de 12 a 24 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que por falta de presupuesto no se concluyó de manera oportuna, por lo que se improvisaron otras áreas para la atención.
El 28 de septiembre, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) radicó de oficio el Expediente de Queja, que “por su gravedad y naturaleza trasciende el interés de la entidad federativa e incide en la opinión pública nacional”, por ello, la CNDH atrajo el caso.
Para la investigación, la CNDH pidió a las secretarías de Salud, de la Mujer, de la Juventud, a la Contraloría y al Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, en su calidad de integrantes de la junta directiva del hospital, así como al director general del mismo, copia de los expedientes clínicos de los menores afectados y sus madres, e información de las condiciones del hospital, la región Montaña y el municipio de Tlapa.
Al respecto de las condiciones del hospital, la subsecretaría de Salud hizo una visita el 4 de septiembre de 2015, cuando constató que había un área en ampliación y remodelación, sin el permiso sanitario de construcción; no había suficientes medicamentos ni área de curaciones, la sala de urgencias era multifuncional, los procesos de higiene no se hacían de la manera adecuada y tampoco había personal suficiente.
Por los hechos y las omisiones de las autoridades en la investigación, la CNDH recomendó al gobernador que en un máximo de 12 meses se repara el daño a las víctimas, debido a la responsabilidad del personal del hospital, conforme a la Ley de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero (450), con base en las consideraciones planteadas en el expediente.
Que se inscriba a las madres de los menores que fallecieron en el Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; que por el tiempo necesario, de acuerdo con los requerimientos de las propias víctimas, se les otorgue atención psicológica de seguimiento, con oportunidad, calidad y calidez, en algún centro cercano de atención médica perteneciente a la Secretaría de Salud.
En un plazo que no exceda seis meses se giren las instrucciones necesarias para que se establezca un programa y la previsión presupuestaria, conforme al que se tomen medidas para dotar al hospital de los instrumentos, equipo, medicamentos, infraestructura, personal médico y todo aquello que garantice los estándares de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad en los servicios de salud que brinde.
Que el gobernador dé instrucciones para que el hospital acredite la conclusión de las obras de ampliación de la unidad de cuidados intensivos neonatales, en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la aceptación de la Recomendación; que colabore ampliamente con la CNDH en la queja administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la instancia que corresponda.
Además, en un plazo máximo de 12 meses, debe diseñar e impartir un curso integral y un taller de capacitación en materia del derecho a la protección a la salud en el hospital; específicamente sobre principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad, y conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas en materia de salud, con el objetivo de evitar que vuelvan a originarse actos como el que dieron lugar a este pronunciamiento.
Dichos cursos deberán se impartidos por personal especializado, con perspectiva de género, enfoque intercultural y considerando el principio del interés superior de la niñez.
También deberá dar instrucciones a quien corresponda para que se entregue una copia de la recomendación a las víctimas. En un plazo máximo de seis meses, deben hacer los estudios necesarios que permitan advertir cuál es la relación de causalidad que existe en el alto índice de partos pretérmino que se da específicamente en Tlapa, para que se adopten las medidas que se estimen pertinentes.
Por último, el gobernador deberá designar a un funcionario “de alto nivel” para que sirva como enlace en el cumplimiento y seguimiento de la recomendación. Se debe notificar a la CNDH con copias de los documentos correspondientes que se cumplió con lo dispuesto en la recomendación.
Mientras que el fiscal deberá hacer lo propio para concluir la investigación y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas; capacitar al personal para que estos casos se indaguen de la manera adecuada, mediante cursos que deben dar especialistas en la materia.

“Está dentro de los parámetros normales y dentro de las normas adecuadas, y todo lo que corresponde a evitar las infecciones nosocomiales”, dice el secretario

El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos aseguró que ya se cumplió la recomendación de la CNDH, y que se rehabilitó el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, ubicado en Tlapa.
Esto en respuesta a la recomendación que emitió ayer la CNDH a la Ssa y a la FGE ante la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos prematuros en ese nosocomio.
Contra la FGE, la recomendación es porque mantuvo inactiva 18 meses la investigación sobre la muerte de los recién nacidos, lo que violentó el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de las víctimas.
En declaraciones ayer después de una visita al nuevo hospital general de Acapulco, el secretario de Salud informó que ya se atendió esa recomendación, pues ya se remodeló el hospital, se capacitó a los trabajadores, y tienen una sala de terapia intensiva neonatal.
“Está dentro de los parámetros normales y dentro de las normas adecuadas, y todo lo que corresponde a evitar las infecciones nosocomiales”, indicó el secretario.
Abundó que las causas del fallecimiento de los recién nacidos fueron individuales y no masivas.
Más tarde, la Ssa emitió un comunicado para aclarar la información publicada en diversos medios sobre las muertes de los recién nacidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa.
En el comunicado se numeran seis puntos; el primero, que las muertes de los ocho recién nacidos, “se registraron los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2015; es decir, antes de que la actual administración estatal entrara en funciones”.
En el segundo asegura que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, “realizó una exhaustiva revisión de los casos en la que se concluyó que ‘existe evidencia para determinar que dichas defunciones fueron secundarias a proceso natural de la prematurez que presentaban los recién nacidos, lo cual implica desde enfermedades e infecciones propias de la edad’”.
El tercero es sobre la insuficiencia de medidas sanitarias por falta de infraestructura y personal capacitado, que pese a que el Hospital de la Madre y el Niño Indígena es un Organismo Público Descentralizado, “en todo momento se han brindado las facilidades para la conclusión de obras, por lo que actualmente, se encuentra en total funcionamiento”.
Luego afirma que la Secretaría cuenta “con el personal necesario y capacitado para la atención de los servicios médicos en todos los hospitales de Guerrero”.
En el punto número cinco dice que la Ssa se ha mantenido atenta a las necesidades de las unidades de salud en el Estado y advierte que esperan los dictámenes de la Contraloría del estado, para fincar responsabilidades.
Finalmente, en el punto seis, se hace referencia a la Recomendación de la CNDH, y asegura que “se atenderán”.

Toman defraudados la caseta de Palo Blanco y bloquean las tres carreteras de Tlapa

Luis Blancas, Antonia Ramírez

Chilpancingo, Tlapa

Integrantes de la Alianza en Defensa de Afectados por Financieras en Guerrero (Adafig), tomaron más de dos horas la caseta de cobro Palo Blanco de la Autopista del Sol y dieron paso a los automovilistas para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que intervenga en la solución del fraude que en 2006 les hizo el grupo corporativo Teo’s, conocido como Productos Amor.
Mientras, otros grupos de defraudados bloquearon cinco horas las carreteras en Tlapa, Marquelia y Chilapa.
A las 11 de la mañana, unos 80 defraudados tomaron la caseta de cobro Palo Blanco para presionar a las autoridades, pedir que atiendan su indemnización y que les informen del avance de las investigaciones del caso.
El líder de los afectados, Miguel Rodríguez Arteaga informó que en 2006 el grupo corporativo Teo’s, conocido como Productos Amor, inició operaciones como cajas de ahorro, en las que unos 16 mil 500 ahorradores de las regiones Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente empezaron a invertir, pero en 2010 los beneficiarios no recibieron dinero de la financiera y hoy el adeudo asciende a mil 380 millones de pesos.
Dijo que ya interpusieron denuncias ante la FGE, “pero nos dan largas las dependencias, hasta la fecha no hemos recibido ningún avance de las investigaciones, o recuperado el dinero invertido de lo que nos corresponde… La Fiscalía no nos ha atendido, hemos tenido reuniones pero no recibimos respuesta positivas por eso estamos haciendo estas movilizaciones, ya tenemos desde hace cuatro años las querellas formuladas, pero la Fiscalía no ha soltado las órdenes de aprehensión”, se quejó.
A las 12:30 del mediodía, funcionario del gobierno del estado llegaron a la caseta Palo Blanco a hablar con los inconformes, a quienes propusieron una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Auditoría y representantes del gobierno del estado ante el Fideicomiso Pago (Fipago).
Los inconformes aceptaron la propuesta, y una comisión se trasladó a Palacio de Gobierno. Después de media hora, unos 60 policías estatales con equipo antimotines llegaron a la caseta de cobro Palo Blanco.
A la 1:15 de la tarde los inconformes se retiraron del lugar.
Consultado por teléfono, el líder de los afectados, Miguel Rodríguez Arteaga informó que en Palacio de Gobierno fueron atendidos por el subsecretario de Auditoría y representante del gobierno del estado ante el Fipago, Arturo Latabán López, con quien acordaron que el lunes se reunirán con el fiscal general, Javier Olea Peláez para que atienda la denuncia del fraude de Productos Amor.
Mientras tanto, indígenas defraudados de la región Montaña bloquearon las carreteras federales de Tlapa a Puebla, Marquelia y Chilapa unas cinco horas, para exigir la devolución de sus ahorros.
El representante del grupo que bloqueó la carretera Tlapa-Puebla, en el crucero de Tlatzala, Octavio Cantú Villanueva informó que iniciaron su bloqueo para presionar para conseguir una solución en la reunión que se llevaba a cabo en la Ciudad de México, para el acuerdo del Fipago entre los gobiernos federal y estatal.
En los bloqueos estuvieron indígenas na savi, me’phaa y nahuas de Atlamajalcingo del Monte, Xalpatláhuac, Copanatoyac, Huamuxtitlán y Malinaltepec.
Cantú Villanueva contó que se distribuyeron en varios grupos en el puente de Ahuatepec Ejido, en la colonia Constitución, en la salida a Marquelia, y que en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, estaban los defraudados de Zapotitlan Tablas y Tlacoapa.
Dijo que su representante es Jaime Alvarado y el fraude de Productos Amor fue en 2009, y desde entonces empezaron su gestión para que el gobierno del estado cubra el 30 por ciento, y del gobierno federal el 70 por ciento de los fondos defraudados. Recordó que en Tlapa hay unos 3 mil, y en todo el estado 13 mil defraudados.

Sigue la investigación del crematorio Del Pacífico; 13 cuerpos no pueden ser identificados

El ex coordinador general de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Manuel Martínez Hernández informó que de los 60 cadáveres hallados el 5 de febrero de 2015 en el crematorio Del Pacífico, 13 no pudieron ser identificados por ningún método debido al daño que ocasionó el formol.
En su ponencia Caso crematorio de Acapulco en el hotel Emporio en el Congreso Mundial de Ciencias Forenses, Derecho y Seguridad Pública, el también director general del Centro de Investigación y Capacitación en Ciencias Forenses afirmó que la investigación continúa, y el propietario del establecimiento de nacionalidad española, Guillermo Estua Zardain es buscado por la Interpol.
Contó que el 5 de febrero de 2015 mediante una llamada anónima se reportaron malos olores adentro del crematorio Del Pacífico, en la colonia Llano Largo, y a las 11 de la noche se localizaron 60 cadáveres que no fueron cremados.
Dijo que los 60 cuerpos repletos de formol y cal estuvieron dispersos en todas las instalaciones del crematorio como el área de cremación, la mayoría, pero también en oficinas e incluso en los sanitarios.
Mencionó que los cuerpos fueron entregados por funerarias privadas de Acapulco que contrataron los servicios de cremación.
Indicó que según la investigación ministerial el crematorio tenía meses cerrado, y el dueño echó formol y cal a los cadáveres.
Agregó que el propietario tenía una vida de “lujo” en Acapulco iba a los mejores antros, viajaba en yates y “es adicto a las drogas”, según las investigaciones de la Policía Ministerial.
Aseguró que después de la noticia en los medios de comunicación 250 familiares fueron a reclamar a sus familiares, pero solamente tenía 60 cadáveres en estado de momificación y disecación.
Para descartar familiares informó que los cadáveres tenían de 3 meses a dos años embalsamados y en proceso de cremación, y los cuerpos tenían de 35 a 75 años, en su mayoría por muerte de alguna enfermedad, accidente de tránsito y arma de fuego.
Informó que en los 60 cadáveres utilizaron los métodos de dactiloscopia, odontología, genética y antropología, aunque solamente dos cuerpos fueron identificados por el proceso odontológico y de antropología.
Aseveró que el formol vertido en el cuerpo destruyó el ADN de las víctimas, lo que dificultó el estudio para su identificación, y solicitaron el apoyo del laboratorio de la Policía Federal para establecer el reconocimiento del hueso con el nicho de la víctima.
Manifestó que por la noticia del crematorio que fue un problema social aunado a la violencia imparable en Acapulco, acudieron varias familias del país, incluso una de Los Ángeles, Estados Unidos, para la identificación de los cadáveres.
Indicó que después de los estudios y bajo las carencias dieron los resultados de los estudios que consistieron en 22 cadáveres identificados por medio de genética, dos de ellos por estudio antropológico y uno odontológico.
Añadió que 22 permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) con sus estudios o perfil genético sin ser reclamados, y de 13 cuerpos que no se obtuvo un perfil genético por el daño que ocasionó el formol, que es un líquido que se emplea en la conservación de cuerpos orgánicos muertos para impedir su descomposición.Sin embargo la autoridad no puede proceder penalmente porque es solamente una falta administrativa, aunque se puede proceder penalmente contra los funcionarios del Ayuntamiento y de la Secretaría de Salud del estado, que expidieron los permisos al crematorio Del Pacífico.
Como se informó en estas páginas la Fiscalía General del Estado informó que 28 cadáveres fueron identificados por sus familiares, y otros 32 no han sido reclamados y fueron inhumados en el Cementerio Forense Estatal.

Suspenden labores en la FGE para evitar enfermarse ante el olor de cuerpos apilados en el Semefo

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) no laboraron ayer en sus oficinas, mientras que los trabajadores de Servicio Médico Forense (Semefo) cumplieron sus actividades de manera normal.
El martes, trabajadores de la FGE pararon labores, cerraron las oficinas y denunciaron el mal olor que desde hace más de un mes desprenden más de 600 cadáveres que están en las instalaciones contiguas del Semefo.
Los inconformes acordaron con el fiscal, Javier Olea Peláez, que el miércoles no iban a laborar, para prevenir posibles afectaciones a la salud de los 500 trabajadores de la institución.
En un recorrido en la Fiscalía, un policía ministerial de guardia dijo que no hubo labores a causa del problema del Semefo, y que sólo laboraron los trabajadores de guardia.
Sin embargo, en el Semefo los trabajadores laboraron de manera normal, mientras que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) suspendió los trabajos de identificación de cadáveres.
Un trabajador de Semefo, quien se reservó su nombre, contó que en la entrada de las camionetas, donde bajan los cuerpos para trasladarlos a las planchas y a las cámaras de refrigeración, los peritos del EAAF hacían los trabajos de identificación de los cuerpos de Chilapa.
Comentó que cuatro peritos de la organización sacaban los cuerpos al acceso de entrada de las camionetas, que está al aire libre, “y esto genera mal olor, por eso la inconformidad de los trabajadores, pero el problema aquí es que en Semefo no hay espacio para hacer esos trabajos”.
Confirmó que los peritos argentinos suspendieron los trabajos de identificación de cuerpos para evitar problemas con los trabajadores de la FGE, y esperan que se reanuden los trabajos los sábados y domingo, “esto afectará los avances para la identificación de los cuerpos”, dijo el trabajador.
Señaló que adentro de Semefo se hizo una limpieza de la que no dio detalles, y agregó que esperan las indicaciones para saber que días trabajarán en la identificación de los cadáveres.

No reclaman familiares los cadáveres y por eso de satura el Semefo, justifica De la Peña

El titular de la Secretaría de Salud estatal, Carlos de la Peña Pitos justificó la saturación de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Guerrero, que es porque los familiares no han reclamado los cuerpos, “¿por qué no han reclamado, por qué tantos años, tanto tiempo están los cadáveres, dónde están las familias?, es una interrogante que nos debemos de hacer”, dijo.
El secretario había informado que la saturación se debía a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no agiliza los trabajos, y al recordarle su declaración respondió que, “más que irse por ese lado, que obviamente se requiere la agilización, el problema es el no reclamo, hay que hacerse una pregunta, ¿por qué la gente no reclama los cadáveres?, y la otra es que en esta administración se recibieron 400 cadáveres, no son todos de esta administración, recibimos la saturación”.
Consultado vía telefónica sobre si los olores que expiden más de 600 cuerpos que están apilados en el Semefo de Chilpancingo pueden provocar enfermedades, luego de que el martes trabajadores de la FGE pararon labores porque no aguantaron más la peste, el funcionario dijo que no, y que el martes se presentó el problema porque el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para la identificación de algunos cadáveres, movió los cuerpos del refrigerador.
Dijo que ante la inconformidad, dio la indicación de que no se trabaje en los horarios de oficina, además de que se reforzó el proceso de limpieza y desinfección del Semefo.
También indicó que se invirtieron 250 mil pesos para comprar equipo para los trabajadores de los semefos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, como máscaras especiales y uniformes.
Carlos de la Peña Pintos expresó que el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores ordenó empezar los trabajos para la colocación de nuevos refrigeradores, “en un refrigerador caben 150 cuerpos” y serán instalados en los tres Semefos, y además se le dará mantenimiento a los actuales”, agregó.
El funcionario indicó que el equipo de uniforme y máscaras se compró el lunes, es decir que los trabajadores de los Semefos tenían cubre bocas, “pero de acuerdo por las circunstancias, se tomó la decisión de hacer la compra de los equipos”.
De la Peña reconoció que los trabajadores habían estado laborando con cubre bocas simples, pero aseguró que no afecta la salud, y que los problemas se dan cuando de toca el cadáver con la mano y no se lava.
Dijo que el gobernador determinó comprar los refrigeradores, pero “a futuro se hará otra planeación e inversión”; precisó que se pretende que en cada región del estado haya un Semefo y establecer todo lo que corresponde la investigación forense.
En cuanto al centro de salud de la colonia Vallarta, en Acapulco, minimizó el problema y dijo que es una circunstancia que se dio por una obra que se construye, se cortó el agua y eso ocasionó las molestias pero ya se ha resuelto.