Este lunes, entre las 12 del día y 1 de la tarde, fueron asesinados a balazos dos vecinos de la localidad Huitzapula, del municipio de Atlixtac, militantes del PRD; uno de ellos, Arnulfo Rodríguez Cordero, fue candidato a alcalde en los comicios de 2012 y luego dirigente municipal de su partido hasta 2016.
De acuerdo con fuentes del gobierno estatal, el ex dirigente perredista, activo en su partido, viajaba con un vecino de Huitzalupa, Pedro García, cuando fueron atacados por hombres armados que se instalan en el entronque de Tlatlauquitepec a El Crucerito, un tramo que se evita por las tardes y noches, por la alta inseguridad.
Dentro de un vehículo estaquitas, con cabina gris y blanca, en la carretera Chalma-Xalpitzahuac, cerca del crucero de Mezcaltepec, fueron encontrados los cuerpos de Arnulfo Rodríguez y Pedro García, quienes presentaban orificios en la cabeza por proyectiles de armas de fuego, según se indicó en un reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el lugar había unas 60 personas, entre familiares y vecinos, quienes no permitieron que se tocaran los cuerpos, pese a que se les pidió que permitieran el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Servicio Médico Forense, para la necropsia de ley, pero no accedieron. Las personas sólo permitieron la recolección de los casquillos de alto poder.
Un poblador, en declaraciones telefónicas, afirmó que el ataque pudo ser planeado, porque en un primer filtro de los agresores éstos les dispararon con armas largas, pero las víctimas lograron escapar usando la camioneta en la que viajaban, pero los volvieron a tirarles más adelante, hasta “rematarlos” pasando del poblado Chalma, “donde antes se ponía chapopote”, señaló como referencia.
La fuente indicó que Arnulfo Rodríguez era una persona sencilla, dedicada a la política, “no sé si fue su error”, que se conducía con honestidad y no le hacía daño a nadie.
Demandó a los gobiernos municipal y estatal que hagan recorridos de vigilancia en el tramo de entronque de Tlatlauquitepec a El Crucerito, donde han ocurrido otros ataques. Aseguró que hace pocos meses fue asesinado, en el mismo tramo, otro vecino de Huitzalupa, también perredista, porque la mayor parte de la población milita en el PRD.
Añadió que al ex dirigente municipal del PRD, de 58 años de edad, le sobreviven su esposa e hijos.
Ratificó que en el municipio que no se pueden transitar, porque los caminos son muy peligrosos por la tarde, además de que por la noche no se puede circular lo que es de Tlatlauquitepec a El Crucerito.
El director del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, Salvador Herrera Soriano, llamó a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) a que las quejas de acoso y hostigamiento sexual las dirijan al órgano de control del gobierno estatal o a la Fiscalía.
Este jueves, el director Herrera Soriano firmó un convenio con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, para que los estudiantes de esa carrera puedan hacer sus residencias profesionales en despachos contables de los socios y para realizar actividades de capacitación, investigación, culturales y deportivas entre la asociación y el instituto.
En el acto, realizado en las instalaciones del colegio, el director del tecnológico de Acapulco llamó a los alumnos y padres de familia a buscar la solución, así como a no continuar con el cierre de la institución educativa.
“Lamento mucho que se haya cerrado el tecnológico de la Montaña. Hago un llamado a los estudiantes, que están participando en este cierre, a los padres de familia, a que se busque una solución”, indicó.
El director agregó que “ninguna institución educativa debe de ser cerrada nunca jamás. Cualquier problema que se tenga en una institución educativa, tiene que dirimirse a través de las instancias administrativas y legales”.
Dijo que los estudiantes deben de acudir a interponer las quejas de acoso y hostigamiento ante el Órgano de Control del Gobierno del Estado, “o si son fuertes, también dar parte a la Fiscalía General del Estado, pero no cerrando las instalaciones”.
El directivo llamó a buscar una solución, para regresar pronto a las aulas y señaló que el cierre del plantel de Tlapa perjudica la formación profesional de los estudiantes, pues los temas que se dejan de ver en cada una de las materias difícilmente se recuperan, además de que se afecta la imagen de la escuela.
En el encuentro estuvo la presidente del colegio, Guri Carmen Zuluaga Huerta, y el vicepresidente del sector gubernamental de la región Centro-Istmo Peninsular, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ignacio Rendón Romero, estudiantes y docentes de la carrera de contador público.
El secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, informó que la administración del Congreso local, que encabeza la diputada Yoloczin Domínguez Serna, no ha cumplido con ninguno de los acuerdos que lograron con el senador Félix Salgado Macedonio, quien se comprometió a la reinstalación de los trabajadores despedidos y a reiniciar la mesa de negociación.
Por el contrario, denunció que se agudizó el hostigamiento en contra de los integrantes del sindicato y que los funcionarios de Yoloczin Domínguez los presionan para que firmen el desconocimiento del comité, además de que se ratificó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la toma de la sede del Congreso local.
En declaraciones telefónicas, Fernando Martínez comentó que no habían querido dar declaraciones o hacer la denuncia. porque estaban esperando a que se generarán los espacios para dialogar con la administración del Congreso del Estado y a que se concretaran los acuerdos “que de buena fe” el senador realizó con los trabajadores para ayudarlos, interviniendo ante Yoloczin Domínguez.
Sin embargo, dijo que ya es “insostenible” lo que ocurre en el poder Legislativo, porque desde las diferentes áreas en el Congreso local, como Servicios Parlamentarios, Servicios Financieros y Administrativos; Recursos Humanos, Recursos Materiales, Contraloría, Jurídico, Almacén y Comunicación Social, los funcionarios presionan directamente o a través de sus subordinados a los integrantes del sindicato.
A los agremiados al sindicato Sentimientos de la Nación “los presionan” para que firmen el desconocimiento del comité de esta organización, a quienes incluso les han dicho que ya lograron concretar con la diputada Yoloczin Domínguez “algunas bases”.
Para obtener estas bases, dijo, los condicionan a la firma de este documento, por el que se busca el desconocimiento de este comité del sindicato, en ese sentido, Fernando Martínez no descartó que la intención sea finalmente desaparecer esta organización.
Desde el pasado viernes 3 de marzo, el sindicato se reunió con el senador Félix Salgado, quien se comprometió a intervenir para solucionar el conflicto laboral y uno de los principales compromisos fue el reinstalar a los tres trabajadores despedidos.
Los trabajadores despedidos fueron Alondra Reza Arzola, que estaba en Relaciones Públicas, como edecán, quien de acuerdo con lo hablado con el senador, sería adscrita en la oficina del diputado Jacinto González Varona; Ramón Núñez Campos, quien chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, y el secretario general del sindicato Fernando Martínez, con el diputado Joaquín Badillo Escamilla.
Sin embargo, a pesar de que desde el lunes 6 de marzo se presentaron a laborar en sus nuevas áreas, la administración del Congreso se ha negado a reinstalarlos. En el caso de los trabajadores adscritos con Joaquín Badillo, el diputado morenista informó por oficio a la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Aviléz Rodríguez, sobre que ambos trabajadores estarían en su oficina como nueva área de adscripción, la funcionaria se negó a realizar el cambio.
“Me permito informarle que los compañeros fueron rescindidos de su relación laboral con este Congreso del Estado, con fecha 24 de febrero en el caso de Ramón Núñez Campos y con fecha 28 de febrero en el caso de Fernando Martínez Román. Derivado de la situación, al no ser trabajadores del Congreso, no es posible atender su solicitud”, le respondió Juanita Avilés.
A pesar de que los tres trabajadores se están presentado a trabajar en las oficinas de Jacinto González y Joaquin Badillo, no se les han pagado dos quincenas.
Fernando Martínez informó también que se ratificó la denuncia ante la FGE, por la toma de la sede del Congreso, en su contra y de otros dos trabajadores Fredy Solache Álvarez y Salustio García Dorantes.
El dirigente del sindicato cuestionó si la presidenta de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, como representante legal del poder Legislativo, autorizó al secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Rosendo Orozco Pintos, para presentar y ratificar la denuncia contra los trabajadores.
En ese sentido, reprochó que a pesar de que los trabajadores tuvieron que tomar medidas, como la toma del Congreso por la falta de diálogo y el despido de tres trabajadores, ahora enfrentan también una denuncia penal, por lo que pidió que las fracciones parlamentarias se pronuncien al respecto.
La alcaldesa de Juan R Escudero, Diana Costilla Villanueva, denunció que enfrenta violencia política y está en riesgo su vida.
Expuso lo anterior en la mesa de trabajo del Nodo Región Centro para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Litigio Estratégico, de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses.
La presidenta municipal precisó que no reconoció antes este tipo de violencia. Sólo acudió a la Fiscalía General del Estado por dos atentados y por la reciente agresión a su secretario y jefe de escoltas el domingo pasado.
“Al inicio dije, puede que sean adversarios que quieren el espacio que yo ocupo actualmente, y el problema se fue agravando más, a tal grado que se atente contra mi propia vida”, advirtió.
Llamó a que se apliquen las acciones del protocolo de atención y prevención de la violencia política en razón de género. En su caso, para demostrar resultados en el estado y el país, porque en las instancias de la administración de justicia federal y estatal no ha funcionado.
Reconoció que se siente motivada de trabajar con la Red, y con las autoridades electorales, “pero que realmente tenga el efecto que deba tener”, insistió.
Un ataque contra la alcaldesa ocurrió en diciembre pasado cuando regresaba a Tierra Colorada, la cabecera municipal, de una fiesta patronal de La Palma, en la madrugada.
“Estoy dispuesta a poner todo de mí para hacer la denuncia con valentía, que sepa todo Guerrero, todo México que en Juan R. Escudero hay una alcaldesa (violentada)”.
Recordó que en otro momento recibió el consejo de pedir ayuda a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Pública, y en lugar de ser tratada como la víctima, tuvo que defenderse de señalamientos que la involucraron con un grupo delictivo, por un fotomontaje distribuido en redes sociales durante su campaña.
“Me di cuenta que es muy fácil en redes sociales destrozar la imagen de una persona. A nivel estatal me tienen relacionada como una persona ligada con un grupo delictivo. Los grupos de investigación no vieron que era un montaje: ¿esa es la ciencia en Guerrero y de México, donde autoridades policiales no pueden discernir de la realidad y el fotomontaje? Gracias a eso, han estado atacando contra mi vida”.
Subrayó que sobrevivió a dos intentos de emboscadas, y el domingo atacaron a su particular, con más de 60 balazos. Afortunadamente se encuentra bien, reveló.
De su caso, adelantó que sabe de dónde proviene la violencia, igual que el gobierno del estado, por ello afirma que es política. Cuestionó que la Secretaría de Seguridad no haga nada a pesar de saber quiénes son los agresores y que quieren quitarla del camino de esa forma.
Insistió en que la Red empuje estudie su caso, para decirle al mundo que en Guerrero hay resultados en la atención de la violencia política de género.
Estuvieron en la actividad, autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, del Tribunal Electoral del estado, enlaces Unidades de Género de la Secretaría de la Mujer, y del Tribunal Superior de Justicia.
La coordinadora del Nodo Región Centro de la Red, Sol Cuevas Serrano, indicó que el IEPC se comprometió a iniciar un procedimiento.
Irinea Buendía Cortez madre de Mariana Lima víctima de feminicidio, en la conferencia en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia; la flanquean las magistradas Indalecia Pacheco y Norma Leticia Méndez y la acompañan las feministas Lourdes Juárez, Marina Reyna y Rosa María Gómez Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norma Leticia Méndez Abarca, quien asistió ayer en representación del magistrado presidente Raymundo Casarrubias Vásquez a la conferencia Sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se realizó en el auditorio del TSJ, anunció que esta sentencia será distribuida en todos los distritos judiciales para que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género.
La conferencia que disertó Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, asesinada en junio del 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, por su esposo, el policía ministerial Julio César Hernández, se realizó en el auditorio del TSJ.
Asistieron las magistradas Norma Leticia Méndez, representante del magistrado Casarrubias Vázquez, e Indalecia Pacheco León, integrante de la Comisión de Gé-nero, así como la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la integrante de la Red Estatal de Mujeres Guerreren-ses por una Vida Libre de Violencia, Rosa María Gómez Saavedra, y la coordinadora de Obvio Guerrero, Lourdes Juárez Díaz.
La magistrada Méndez Abarca explicó que la Sentencia Mariana Lima Buendía, como un parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, marca los pasos que los juzgadores deben de seguir en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas.
Dijo que estos casos deben ser atendidos con debida diligencia para prevenir la más grave que es la violencia feminicida y que los parámetros de dicha sentencia estén acordes al marco normativo internacional.
“El reconocimiento de los derechos de las mujeres mandata la obligación del Estado para prevenir, atender y sancionar todas las violencias cometidas en razón de género, priorizando la protección de su libertad, seguridad y vida a través de políticas públicas que nos permitan fortalecer las instituciones para el acceso a la justicia”, dijo.
En función de ello, anunció que la Comisión de Igualdad de Género del TSJ, llevará esta sentencia a todos los distritos judiciales para que sea conocida.
“Esta sentencia sirve como un parámetro y un parteaguas en las investigaciones y averiguaciones previas a efecto de que las carpetas de investigación queden bien integradas”, dijo.
La sentencia Mariana Lima
La Sentencia Mariana Lima Buendía fue emitida el 25 de marzo del 2015 y constituye el primer pronunciamiento de la SCJN relacionado con feminicidio.
Irinea Buendía, madre de la víctima, cuyo nombre se impuso a la sentencia, realiza un recorrido por el país dando a conocer el contenido de la sentencia, y con Guerrero ha visitado siete estados.
Por la mañana, se reunió en privado con magistrados, jueces, proyectistas y personal administrativo del TSJ a quienes dio a conocer el contenido de la sentencia.
Después, en la conferencia explicó que el documento cuenta con todos los pasos que deben seguir los investigadores y jueces en los casos de violencia hacia las mujeres.
Argumentó que cuando no hay perspectiva de género se desconocen las razones y motivos que hay para acreditar un feminicidio.
“Qué bueno que ganamos la sentencia Mariana Lima Buendía porque con ello ganamos que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género y debida diligencia, no solo en el caso de Mariana Lima Buendía sino de todas las muertes violentas de mujeres”, dijo.
Antes, había reseñado la historia de su hija asesinada por su esposo, la negligencia y las trabas por la negligencia de las autoridades judiciales que tuvo que pasar durante cinco años, antes de la sentencia.
“Por eso esta sentencia es histórica y viene a sentar precedentes no solamente en el Estado de México sino en toda la República”, dijo.
Añadió que, ahora, cada estado tiene la obligación de integrar a su Código de Procedimientos Penales lo que se tiene que hacer y que ganamos en la sentencia de la SCJN”.
Por ejemplo, agregó que con ella se ganó que se sancionará a los servidores públicos que intervienen en una carpeta de investigación, y son omisos, negligentes, que cometen falencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia.
“Ganamos, también, la reparación del daño” y que todas las autoridades de los tres niveles y principalmente los que están en las áreas de equidad de género deben conocer qué es la perspectiva de género”.
A su vez la magistrada Indalecia Pacheco, aseguró que el Poder Judicial “está haciendo todo su esfuerzo para que se juzgue con perspectiva de género utilizando no solo esa sentencia, sino la que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) donde se establecen los estándares tanto para investigar como para juzgar.
“Esa sentencia es importante porque de manera técnica da el lineamiento federal para que las agencias del Ministerio Público entiendan que están obligadas a hacer una investigación bajo la perspectiva de género porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se deja mucho que desear porque se siguen arrastrando vicios enormemente malos”, reconoció la magistrada.
Aumenta la violencia digita
Activistas del Frente Amplio Feminista de Guerrero denunciaron que hay omisión en atender el problema de violencia digital en las escuelas de nivel medio superior y superior. El coordinador de comunicación de la organización, Enrique Solano López, indicó que el año pasado registraron 120 casos y en lo que va de este 2023 van 37.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, Solano López indicó que la violencia digital consiste en el uso de los teléfonos celulares como medios para agredir a mujeres. Precisó que se puede manifestar con el envío de mensajes con palabras ofensivas o invitaciones a tener relaciones sexuales o imágenes de penes hacia la víctima.
El Frente informó que como parte de sus actividades realiza un monitoreo sobre el uso de la tecnología y su impacto en la violencia de género, lo que les arrojó que hay un aumento en el problema.
Añadió que las redes sociales son útiles en diferentes sentidos, pero también son la causa de nuevos problemas como robo de identidad y hasta secuestro, siendo las víctimas mujeres adolescentes. “La preocupación es que se recrudezcan este tipo de situaciones ante la omisión de una estrategia adecuada oficial”.
De Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina pidió que la Secretaría de la Mujer dé acompañamiento a las víctimas de violencia y que no las deje solas, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que revise el protocolo violeta.
El Frente llamó al secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña, y a la secretaria de la Mujer Violeta Pino Girón, a que sus campañas no se queden solo en anuncios, lonas o fotografías.
También llamó a la Fiscalía General del Estado, al TSJ y a la Secretaría de Seguridad Pública a que atiendan este problema y den cuenta de las carpetas de investigación que tienen y que avances llevan. (Daniel Velázquez).
Los datos duros de feminicidios y homicidios dolosos en las carpetas de investigación abiertas en 2022, sólo muestran que el problema persiste, y que falta información de la impartición de justicia, denunciaron las feministas Liduvina Gallardo Suástegui y Marina Reyna Aguilar, en consultas por separado sobre el recuento de la incidencia de delitos registrados en 2022.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022 se registraron 13 víctimas de feminicidio y 115 de homicidios dolosos en Guerrero.
La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, añadió que la diferencia con el 2021, cuando se reportaron 18 víctimas de feminicidio y 119 de homicidio doloso, es mínima. La violencia extrema contra las mujeres sigue siendo alta.
En estos delitos incluyó los homicidios culposos que la Fiscalía General del Estado debe investigar con protocolos de feminicidio. Con este rubro sumó 249 muertes violentas de mujeres en la entidad el año pasado, según los datos oficiales.
Aclaró que el monitor de violencia de género y de feminicidio de la Agcvim, nutrido a partir de las notas periodistas, cerró el año en 107 muertes violentas de mujeres, y les permite señalar que Acapulco y Chilpancingo, dos municipios alertados por violencia feminicida, se mantienen cada año en el primero y segundo lugar desde la declaratoria del mecanismo en 2017.
Taxco, que no está alertado, siempre tiene registros de feminicidio todos los años, y los tres niveles de gobierno tendrían que aplicar acciones emergentes, como en los 30 municipios que registran violencia extrema hacia las mujeres.
Advirtió que según la información oficial, Guerrero bajó del lugar 25 de feminicidios al 20 de feminicidios en un año, pero los niveles de violencia se mantienen, aunque las autoridades mantengan el registro de feminicidio muy bajo frente a las muertes dolosas de mujeres.
En primer término, indicó que la fiscalía se resiste a clasificar como feminicidio la mayor parte de los asesinatos de mujeres, que deben investigar bajo protocolos de feminicidio, antes de descartar el delito.
Si no lo hace la fiscalía, aclaró que el Poder Judicial tiene la posibilidad de reclasificar el delito durante el proceso legal, pero la Fiscalía continúa con la clasificación como homicidios dolosos, porque no aplica la perspectiva de género, “aunque en el discurso digan que sí, en la práctica no se ve”.
Insistió, en que toda muerte dolosa de mujer se tiene que investigar bajo el protocolo y la presunción de feminicidios.
¿Qué pasó con los feminicidas: Liduvina Gallardo
De la organización Siempre Vivas del Sur, Liduvina Gallardo, señaló que los datos duros dan una idea de la violencia extrema contra las mujeres, pero se pierde el foco de la impartición de justicia.
“Sería importante que las autoridades reporten cuántos de los delitos en investigación llegaron a la justicia, para saber qué pasó con los feminicidas?”.
Consideró que el punto nodal de los asesinatos de mujeres es el castigo a los criminales, de lo contrario, las muertes sólo quedan como estadística.
Sin información sobre la impartición de la justicia hay desconfianza. “Es el indicador que falta, y es un mensaje muy importante para la sociedad, con el que las instituciones ganarían credibilidad tanto para la denuncia porque de todos esos casos”.
Insistió en que haya información sistematizada sobre detenciones y sentencias de los delitos de feminicidios como de las muertes dolosas, porque la información que difunden es aislada.
“Si hay 18 feminicidios registrados en 2022, ¿cuántos de esos llegaron hasta el final, qué pasó con los feminicidas, y a qué proceso están sometidos? Sabemos que a unos les dan prevención o le conceden arraigo domiciliario, como es el caso del agresor de la saxofonista de Oaxaca, no es justicia para ella”.
En Guerrero no hay información de los agresores, reiteró.
La Fiscalía General del Estado en conjunto con policías, el Ejército y la Guardia Nacional, realiza un operativo de búsqueda y localización del periodista Jesús Pintor, y de los administradores de la plataforma Escenario Calentano, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, “presuntas víctimas de desaparición”.
La Fiscalía explicó en un boletín de prensa que realiza la búsqueda la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada, en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno,.
El operativo de búsqueda y localización está integrado por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el apoyo del Ejército, Guardia Nacional y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Con un binomio canino y un dron, rastrean en diferentes puntos de la región de Tierra Caliente y municipios colindantes, con la finalidad de dar con el paradero de las presuntas víctimas.
El reportero Jesús Pintor y los administradores de la cuenta de facebook Escenario Calentano, Fernando Moreno y Alan García Aguilar, desaparecieron desde el pasado 27 de diciembre en Coyuca de Catalán. Los administradores de la página fueron exhibidos por sus captores en un video el lunes donde aparecen atados de pies y manos con cadenas y mencionan que “es una consecuencia” de sus publicaciones críticas contra “estar personas”, en alusión al grupo delictivo La Familia Michoacana. (Redacción).
Estudiantes de cuarto año de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al edificio Juan N. Álvarez, en la capital, para realizar los trámites pertinentes debido a su próxima clausura.
Los normalistas se preparan para concluir con su formación académica, a la par que siguen comprometidos con la lucha por la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos, quienes estarían en el mismo proceso si no hubieran ocurrido los ataques de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
De los 140 estudiantes con los que inició la generación 2014-2018 de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, unos 80 son los que están al día con los trámites correspondientes para poder obtener sus certificados de estudios al final del ciclo escolar.
La FGE condonó la carta de no antecedentes penales para los normalistas, quienes acudieron en grupo a las instalaciones ubicadas en la capital para concretar la entrega, según se informó, mientras que en el edificio Juan N. Álvarez, que alberga la Secretaría de Finanzas y Administración, el Registro Civil y otras dependencias, los jóvenes acudieron a pagar constancias. .
Estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) y maestros idóneos de Educación Física, pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, ante la apertura de 11 averiguaciones previas por denuncias presentadas contra el mismo número de normalistas.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), los estudiantes responsabilizaron al director general de Operaciones de Servicios de Educación Media Superior y Superior, Edwin Morales, de las denuncias.
La estudiante Virginia Salinas recordó que en diciembre las oficinas del funcionario fueron tomadas de manera pacífica, luego de que quiso imponer a un director en la Escuela Normal Centenaria del Estado.
Mientras, Francisco Javier Cabrera narró que se enteraron de las denuncias hace dos semanas, cuando fueron a la Fiscalía Regional en Acapulco, a tramitar cartas de antecedentes no penales, y por ello les negaron el documento.
El normalista Emanuel Zamora Ferrer indicó que los denunciados pertenecen a los comités de las normales Viguri Viguri, Rafael Ramírez, la Centenaria del Estado y la Escuela Superior de Educación Física, sin embargo, algunos de los inculpados no participaron en las actividades de protesta.
El dirigente de los estudiantes idóneos de Educación Física, Isaí Torres, dijo que estas denuncias les afectan porque al no contar con la carta de antecedentes penales no pueden pedir o participar en algún concurso para obtener un trabajo.
Los normalistas solicitaron la intervención del gobernador y lamentaron que en un estado lleno de violencia se intente criminalizar a los estudiantes, que consideraron como un acto de autodestrucción social. (Jacob Morales / Chilpancingo).
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Coordinación General de Servicios Periciales cuenta con una base de datos de perfiles genéticos que tiene un registro de 2 mil 45 pruebas de ADN de familiares de personas desaparecidas y 993 perfiles genéticos de personas fallecidas sin identificar, de los cuales 325 están identificadas.
La dependencia difundió ayer un boletín de prensa luego de que integrantes de la Tercera Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Desaparecidos denunciaron que sólo les mostraron 20 expedientes de todos los cuerpos, y que reclamaron que el gobernador, Héctor Astudillo Flores prefirió gastar más de 7 millones de pesos en construir el Panteón Estatal Forense en un terreno propiedad de la familia del dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea, en lugar de dar condiciones para la identificación de los cadáveres y para su almacenamiento en los Servicios Médicos Forenses.
En el boletín se dio a conocer que el Panteón Estatal Forense “es el resultado de la búsqueda de acciones que permiten poner un alto a las inhumaciones descontroladas en fosas comunes, se tiene la certeza y trazabilidad del resguardo y ubicación de cada cuerpo, ya que son depositados individualmente, dignificando dicho procedimiento”.
Comentó que tiene los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública que es para las actividades de identificación humana, “sin embargo dichos recursos son insuficientes para abatir el regazo en la materia”.
