Se manifiestan otra vez ejidatarios de Zihuatanejo para exigir indemnización

Como lo han venido haciendo en los últimos sábados, ayer, por sexta ocasión ejidatarios del núcleo agrario de Zihuatanejo se manifestaron en la zona hotelera y la zona comercial de Ixtapa para exigir al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), los indemnice por la expropiación de 480 hectáreas de sus tierras hace 44 años.
Los ejidatarios fueron encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Jorge Luis Reyes López, quien dijo que quisieron aprovechar el penúltimo día del periodo vacacional, “para hacerle saber a los turistas que están paseando en tierras que nos fueron robadas y que durante todos estos años, el Fonatur se ha negado a pagar por lo que nos quitó”.
Reyes López también comentó que sigue en la espera de la llamada del gobernador, Héctor Astudilllo, para que se reúnan con el director general del Fonatur, Miguel Alonso Reyes, en su próxima visita a Ixtapa; “cuando el gobernador vino a dar el arranque del inicio del periodo vacacional nos dijo que el director del Fonatur vendría en los siguientes días, no ha pasado así”.

Piden indígenas indemnización porque el Ejército les destruyó plantíos de amapola, precisa el alcalde de Tlacoachistlahuaca

 

El presidente municipal de Tlacoacahistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, dijo que son cuatro las personas que encabezan a un grupo de 25 pobladores de Juquila Yucucani que exigen indemnización de un millón y medio de pesos por la amapola destruida por el Ejército.
El alcalde del PT precisó que fue retenido durante una hora en la comunidad el lunes pasado, a donde acudió, porque un día antes había sido retenido el secretario general del Ayuntamiento, Arturo Mejía Cristóbal, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Grandeño López, y dos ingenieros de la Dirección de Obras Públicas del municipio, que fueron liberados el lunes.
Consultado por teléfono dijo que la comunicación con los 25 indígenas que lo encerraron en la cárcel de la Comisaría fue complicada debido a que hablaban en lengua tu’un savi. “Ellos no quieren obras 2017, ellos quieren un millón y medio de pesos, por la destrucción de la siembra de amapola que se realizó” el pasado 16 de marzo y que provocó que el Ejército entrara a tierras triquis del estado de Oaxaca.
Dijo que fue liberado luego de que prometió por presión de los inconformes la intervención del gobierno estatal, pero que reiteró a los habitantes que no está en sus manos negociar.
Indicó que presentó una demanda en el Ministerio Público por el robo de una camioneta y de una pistola que fue decomisada al secretario de Seguridad y que los inconformes se los quedaron como garantía.
“Hay cuatro personas pidiendo dinero en efectivo, Benito y Salvador, con sus esposas, son quienes lideran”, dijo el alcalde, y agregó que el comisario de la localidad no intervino en los hechos.
Precisó que la autoridad del poblado de 308 habitantes indígenas na savi, que colinda con el estado de Oaxaca, fue la única de las 38 comunidades que no fue a la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y esa era otra de las razones por las que los trabajadores del municipio subieron.
El alcalde indicó que sabe que la zona está rodeada de militares y que los inconformes “quieren que yo intervenga con la Zona Militar para que se retiren”, pero reiteró que en ese aspecto no intervendrá, “el acuerdo fue que iba a negociar, pero que no estaba en mis manos y porque no está permitido”.
El alcalde corrigió los datos publicados ayer en este diario, donde se dijo que los indígenas de Jicayán Yucucani exigieron al alcalde una indemnización de 2 millones de pesos por la destrucción que hizo el Ejército de sus siembras de maíz, en labores de erradicación de amapola, el año pasado, cuando se habían quedado sin cosechas.

 

Quitaron vecinos de Nuevo Balsas el bloqueo a la mina Media Luna el lunes, dice el gobierno

 

El gobierno del estado aseguró este martes que el bloqueo de pobladores de Nuevo Balsas en demanda de una indemnización a la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold, fue levantado totalmente desde la tarde del lunes.
El subsecretario para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, quien estaba a cargo de las pláticas con los inconformes, rechazó que se haya quedado un grupo todavía bloqueando, como lo informó el vocero de los inconformes el lunes. Aseguró que a las 4 de la tarde de ese día se quitaron todos los manifestantes que permanecían desde el viernes en el puente que comunica a la comunidad de Nuevo Balsas con el acceso a la mina, y que cerraron uno de los accesos desde el domingo 29 de enero.
Mientras tanto la Secretaría de Seguridad Pública informó este martes mediante un boletín que desde ayer concluyeron los bloqueos a la minera Media Luna, ubicada cerca de la comunidad de Nuevo Balsas, municipio de Cocula.
Pobladores de Nuevo Balsas, Real de Limón y La Fundición habían instalado un bloqueo en el acceso 3 de la mina Los Guajes-El Limón, que explota la minera Media Luna, el 29 de enero en demanda de indemnizaciones ante los daños ambientales que ocasiona la empresa.
Pero el viernes pasado se retiraron los pobladores de Real de Limón y La Fundición, mientras que los de Nuevo Balsas cambiaron su protesta al puente que está a la entrada del ese pueblo.
El lunes, uno de los voceros informó que tras una reunión acordaron levantar el movimiento, pero cuando ya se retiraban, unos 25 de los aproximadamente 90 que bloqueaban decidieron mantener la protesta.
El subsecretario para Asuntos Agrarios, Jaimes Ferrel rechazó ayer que se haya quedado algún grupo y aseguró que el plantón fue retirado en su totalidad, con la promesa de que van a seguir reuniéndose en esta capital y en Nuevo Balsas para recibir el pliego de peticiones de los inconformes.
Dijo que se trata de peticiones del orden social y que la demanda principal, que es la indemnización, esperará hasta que concluyan los estudios de investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Por la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un boletín para informar que los pobladores de Nuevo Balsas retiraron totalmente el bloqueo. “Cabe señalar que lo anterior se logró después de que autoridades estatales y municipales en coordinación con representantes de la minera se reunieron el día de ayer (el lunes) con pobladores inconformes para dialogar y llegar a acuerdos favorables para ambas partes”. Confirmó, “los accesos a la minera quedan libres después de que por 17 días se mantuvieron bloqueados”.
Concluyó que elementos de la Policía del Estado continúan con actividades de apoyo al perímetro garantizando la seguridad.

Indemniza el gobierno a familiares de víctimas de Aguas Blancas tras 21 años de la masacre

 

 
En una reunión privada en el salón de la República de Casa Guerrero el gobernador, Héctor Astudillo Flores firmó el convenio para cumplir con la reparación integral de daños a familiares de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas.
Ante la presencia del director de Atención de Casos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Iván Gutiérrez, así como el presidentes de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, fuera de la agenda de actividades oficiales que Comunicación Social distribuye se hizo la entrega del dinero (cheque) correspondiente a las indemnizaciones para la reparación del daño a que se obliga el gobierno.
La entrega del dinero a los deudos de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas se difundió a través de un tweet de la cuenta oficinal del gobernador cuyo texto anunciaba “Hoy hemos cerrado un ciclo. Después de los 20 años fueron atendidos debidamente los familiares del caso Aguas Blancas”.
En este primer tweet se muestra una fotografía en donde el gobernador se dirige a los familiares que estuvieron presente, así como aparece el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez y el subsecretario de Gobierno de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Sotelo Rosas.
En un segundo mensaje en la misma cuenta de Twitter, el gobernador Astudillo Flores informó que se está ateniendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que se firmó el convenio de reparación integral de daños del caso Aguas Blancas, cuyo monto no se dio a conocer.
Como se recordará, el 28 de junio de 1995 en la sierra de Coyuca de Benítez, cerca del poblado de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos y otros 21 fueron heridos por agentes de la Policía Motorizada y Judicial del Estado que pusieron un retén por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa, para impedir una manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Los campesinos se dirigían a Atoyac a exigir la presentación con vida de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, que estaba desaparecido, además de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas para familias pobres de comunidades de cinco municipios.
Más de 400 policías esperaban para detener a los campesinos en el vado del río de Las Hamacas, a 3 kilómetros de Aguas Blancas, encabezados por los principales funcionarios del área policiaca del gobierno del estado.
Figueroa ordenó la operación policiaca en el vado de Aguas Blancas que tenía como uno de sus objetivos a Benigno Guzmán, a él lo buscaban policías que participaron en la emboscada a los campesinos.
Por otro lado, a las 8:30 de la noche fue publicado en el portal oficial del gobierno del estado el comunicado en el que se detalló que se firmó el acta de cumplimiento y de reparación de daño, con lo que cumple con el informe del fondo 49/97 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la recomendación 104/1995 de la CNDH.
En el comunicado se informó que el gobernador calificó como un paso importante el cumplir con la promesa de apoyar a las familias, “estamos cumpliendo, fue algo que lastimó mucho a Guerrero”.

Sobrevivientes y viudas de Aguas Blancas protestan en Acapulco; exigen indemnización

 

Viudas y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas hicieron una parada en la glorieta de la Diana Cazadora en la costera de Acapulco, para exigir al gobierno del estado la indemnización para 63 familias.
La parada fue de 40 minutos, participaron 10 familiares de las víctimas del 28 de junio de 1995, portaron una lona donde se leía “21 años de impunidad, masacre de Aguas Blancas. Gobierno asesino que mata a campesinos”.
En declaraciones la abogada de las familias, Wendi García Guajardo dijo que hace un mes se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Campa Cifrián, quien se comprometió a interceder ante el gobierno del estado para que las familias de las víctimas fueran atendidas por la autoridades del estado.
La abogada dijo que en tres ocasiones el gobierno del estado ha dado largas a las reuniones y no se han hecho, algunos sobrevivientes están muriendo, otros integrantes de familias de las víctimas están enfermos y la reparación no ha llegado a 21 años de los acontecimientos donde la extinta Policía Motorizada mató a 17 campesinos e hirió a otros 23 cuando se dirigían a una protesta a Atoyac.
La abogada afirmó que el gobierno “no se está haciendo responsable, está dando evasivas para la indemnización”. Al lugar asistió el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Coyuca de Benítez, Jorge Alberto Rosales Díaz.
Los manifestantes se trasladaron a las oficinas de la Promotora Turística en el bulevar de las Naciones donde serían atendidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado.

Para actividades la minera Media Luna por el bloqueo de vecinos de Nuevo Balsas; se reúnen sin acuerdos

Vecinos de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, continuaron ayer el bloqueo a los accesos de la minera Media Luna que se vio obligada a parar sus trabajos de extracción de oro y plata.
La Minera Media Luna (Subsidiaria de Torex Gold Resources) es una compañía canadiense que trabaja en un yacimiento ubicado entre los pueblos Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, los tres del municipio de Cocula.
Aquí desde enero pasado comenzó a extraer los minerales a cielo abierto en un cerro ubicado en las márgenes del río Balsas, aunque empezó los trabajos de exploración en 2013.
Los habitantes de Nuevo Balsas, quienes desde las 6 de la tarde del miércoles mantienen el bloqueo a la minera, piden respuesta a un pliego de demandas, la principal de ellas es el pago de una indemnización por los daños ocasionados al medio ambiente, y concretamente al agua del río.
Este jueves después del mediodía se reanudaron las pláticas que se habían suspendido desde las 6 de la tarde del miércoles, lo que motivó el bloqueo primero a uno de los tres accesos a la mina y a partir de ayer, a otros dos.
La noche del miércoles habitantes de Real de Limón y La Fundición, comunidades vecinas de Nuevo Balsas, pretendieron desalojar a los inconformes con el argumento de que el plantón lo mantienen en tierras que les pertenecen.
En las pláticas participaron representantes de la minera Torex Gold Resources Inc., representantes del gobierno del estado y una comisión de avecindados de Nuevo Balsas.

Las demandas de los pobladores

El comisario municipal Mario Valentín Ramírez informó ayer que antes del bloqueo a los trabajos de la mina, solicitaron reiteradamente a la empresa el cumplimiento de una minuta de acuerdos que firmaron desde octubre del 2014, la que ha sido incumplida.
Las demandas plasmadas en la minuta de acuerdos establece una indemnización a los habitantes para resarcir los daños provocados por la empresa minera al medio ambiente, y que ha afectado sobre todo a los aproximadamente 300 pescadores de Nuevo Balsas, debido a que ha disminuido considerablemente la pesca por el impacto de los trabajos en el río Balsas.
Otra de las demandas es la donación de una ambulancia equipada de la empresa al pueblo, y que el campamento de los trabajadores foráneos se instale en su comunidad para detonar la economía.
También demandan empleos para los habitantes de la localidad, pues el comisario denunció que la minera ha contratado a muy pocas personas de ahí y los empleos son de mano de obra no calificada.
Otra de las peticiones es que la carretera que utiliza para sus servicios la empresa pase por Nuevo Balsas y Cocula, la cabecera municipal, para que se beneficien ambos pueblos.
Los habitantes también piden el mantenimiento y la reparación de las calles del pueblo, así como la concesión de tiendas de abarrotes, papelerías, distribuidoras y purificadoras de agua y otros servicio se concesiones a personas de la comunidad. Que el arrendamiento del transporte, pipas de agua, camiones y equipo pesado sea con gente de la localidad y la apertura de una escuela de nivel medio superior.
El comisario Valentín Ramírez, informó que la minera ha cumplido parcialmente esa minuta de acuerdos.
Entre los puntos que ha cumplido están una línea de agua entubada, la apertura de un centro de salud, becas para los jóvenes estudiantes, un apoyo económico para los adultos mayores y una indemnización de 500 mil pesos anuales para los ejidatarios que arrendan sus tierras a la minera.
Valentín Ramírez informó que la minera argumenta que aún no estaba produciendo, pero desde enero comenzó la producción y se niega a reunirse con el Comité Ciudadano de Gestoría y con él como comisario municipal para volver a revisar el documento.
La minuta con todos los puntos fue sometida a discusión en una reunión la tarde del miércoles en una sala de juntas de la Minera, ubicada cerca del pueblo de Nuevo Balsas.
En la reunión participó el representante de la empresa Joaquín Paniagua y del gobierno del estado estuvo el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, así como una comisión de habitantes del pueblo encabezados por el comisario, Mario Valentín Ramírez.
Sin embargo, la reunión se suspendió a las seis de la tarde sin llegar a acuerdos, y a partir de esa hora los habitantes determinaron instalar el bloqueo en la 3 que es el acceso principal de la minera. Este acceso se encuentra en un punto intermedio entre Atzcala y Nuevo Balsas.
Los inconformes informaron que en este punto entre Atzcala y Nuevo Balsas, a las 11 de la noche del miércoles ocurrió un conato de enfrentamiento entre los plantonistas y ciudadanos de las comunidades de Real de Limón y La Fundición, con el argumento de que la protesta era dentro de terrenos de estas dos localidades.
El incidente sólo quedó en un altercado y el bloqueo se mantuvo.
En la mañana también instalaron un plantón en otro de los accesos ubicado en el punto conocido como La Zavia, a unos 3 kilómetros de Nuevo Balsas, y después del mediodía instalaron el tercer bloqueo en el acceso a la minera cercano a Atzcala.
Después de las 11 de la mañana del jueves los representantes de la minera, del gobierno del estado y del pueblo reanudaron las pláticas, sin embargo en la tarde aún no había resultados y los bloqueos continuaban.

“Se están burlando de nosotros”

El comisario municipal informó que los habitantes de la localidad acordaron mantener los bloqueos por tiempo indefinido y que una de las demandas principales es el pago de una indemnización, para resarcir los daños de los efectos de la mina.
Nuestra inquietud principal es porque la minera nos está perjudicando con la contaminación del agua del río, y en general del medio ambiente, hay muchas familias enfermas y se ha perjudicado principalmente a la actividad pesquera”, dijo Eleví Sabás Palacios, uno de los plantonistas que se encontraban en el acceso número 3.
Agregó que no se trata de un capricho de los habitantes ni que quieran cerrar la mina sólo por cerrarla, y recordó que piden la solución a sus demandas desde finales del año pasado.
Recordó que el 9 de septiembre del año pasado hubo un primer plantón, “precisamente para llamar la atención de la minera y le hiciera caso a nuestras demandas, entonces después de cinco días nos prometió y firmó una minuta con los puntos que iba a cumplir, pero de eso sólo cumplió migajas”.
Informó que en esa reunión la minera Torex Gold Resources Inc., prometió que haría un estudio técnico para demostrarle a los habitantes que no contamina, “pero hasta eso fue mentira, porque todavía no hace esos estudios, a pesar de que en la minuta que firmaron se estableció que ellos tenía que hacerlo inmediatamente”.
Sabás Palacios explicó que por eso surgió la inconformidad de los ciudadanos y determinaron bloquear los trabajos desde las 6 de la tarde del miércoles, “porque vimos que solamente se están burlando de nosotros”.
Añadió que desde mucho antes la empresa venía incumple los compromisos que hace con la gente de su pueblo. Recordó que a mediados del 2013 vino desde Canadá un representante de la minera, Andrés Ricalde, quien anunció al pueblo que en 2016, cuando comenzaran a producir, “se indemnizaría a los ciudadanos, desde entonces los integrantes del Comité Ciudadano y el comisario municipal le pidieron un apoyo para las familias pobres y para las personas de la tercera edad”.
Añadió que el representante de la minera canadiense les insistió en que todos los apoyos los comenzaría a entregar la empresa a partir de este año 2016 cuando, “pero ya llevan más de tres meses produciendo y no vemos nada, a raíz de eso la gente del pueblo está indignada porque no han hecho caso a los acuerdos”.
Denunció que ahora los representantes de la minera han cambiado su postura y piden a los representantes del pueblo “que le probemos que nos están afectando, pero nosotros les hemos dicho en las reuniones que nosotros no tenemos la necesidad ni la responsabilidad de probarles, sino que son ellos los que tienen la responsabilidad de probarnos, pero ellos se niegan rotundamente”.
Informó que proponen una indemnización de 500 mil pesos al año, pero no están cerrados a esa cantidad y están dispuestos a negociar, sin embargo la minera se niega, “nos insisten que hasta que no les probemos que nos están afectando nos van a indemnizar”.
Añadió que en estas circunstancias el movimiento aquí va a continuar por tiempo indefinido, o hasta que haya más apertura de la empresa minera.

Plantón de viudas y deudos de Aguas Blancas para exigir indemnización y becas

Teresa de la Cruz Chilpancingo

Viudas, deudos y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, se plantaron ayer afuera del Palacio de Gobierno, en demanda de que el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo nombre a una comisión de funcionarios para que comience a fijar el monto de la indemnización que ofreció entregar la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para reparar el daño.
Asimismo, pidieron el pago inmediato de las becas para los hijos de los 17 campesinos asesinados y las pensiones que recibían las viudas y sobrevivientes, porque desde hace un año, la actual administración les retuvo ese recurso.
Cerca de las 10 de la mañana de ayer, poco más de medio centenar de viudas, familiares, viudas y sobrevivientes de la matanza del 28 de junio de 1995, llegaron a la sede del Poder Ejecutivo y se plantaron en la entrada principal hasta que una comisión fue atendida por el subsecretario para Asuntos Políticos, Guillermo Ramírez Ramos y por el coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales, Rubén Ponce.
Entrevistado antes de ese encuentro, el abogado, José Sánchez Sánchez dijo que a propuesta del secretario particular de Torreblanca, Julio Ortega, Aguirre Ponce y Ramírez Ramo, debía de dar una respuesta a su petición del pago de becas y pensiones.
Sin embargo, afirmó que decidieron plantarse para que el gobernador nombre a una comisión de funcionarios estatales que se encarguen de determinar el monto que habrán de recibir sus representados, por concepto de indemnización, porque la Femospp dijo que estaba dispuesta a pagar.
Luego de la reunión, dijo que los funcionarios estatal es se comprometieron que entregarán proyectos productivos a los sobrevivientes y viudas; en tanto que la próxima semana les avisarán cuándo los atenderá personalmente el gobernador.

No habrá indemnización, dicen empresas de Punta Diamante a pescadores

  Durante una reunión a la que asistió el secretario de Desarrollo Rural Héctor Manuel popoca Boone, representantes de los empresarios de Punta Diamante dijeron a los integrantes de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de Puerto Marqués que no están dispuestos a otorgar los 12 millones de pesos que exigen como indemnización los 68 agremiados que aducen que son afectados por la construcción de los desarrollos turísticos.

El presidente de la cooperativa Pedro Morales Flores, informó que la postura de sus compañeros es determinante porque están siendo “severamente afectados” en su área de trabajo, y reiteró que las obras han “ahuyentado al ostión y a todos los productos del mar”. Por eso, dijo continuará el plantón que mantienen en las construcciones que se levantan en el rumbo del hotel Quinta Real, y advirtió que podrían tomar otro tipo de medidas.

El dirigente lamentó que en las reuniones de trabajo que hasta el momento han tenido, no haya acuerdos a su favor.

En tanto, la postura de los empresarios fue igualmente clara. “No estamos de acuerdo y no vamos a pagar algo que no hemos hecho”, dijo el representante del Grupo Mexicano                   de Desarrollo, Gerardo García Miranda, y dijo que sólo una instancia competente podría determinar si las constructoras son responsables por las afectaciones que mencionan los pescadores. “En este caso debe ser la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”, precisó durante la reunión celebrada en las instalaciones de Protur.

No obstante adelantó que no asumirán ninguna responsabilidad y reiteró que su propuesta sigue siendo aportar, en un momento dado, recursos propios a través de un                   fideicomiso para proyectos productivos en beneficio de la región de Puerto Marqués, porque “no puede ser que una organización quiera todo y después venga otra y otra”. (Luluani Vega).