Entre las iniciativas que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso local están el rescatar del déficit financiero al lnstituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), catalogando como falta administrativa grave no enterar el retener o destinar para otros fines las cuotas y aportaciones de los trabajadores del Estado,
En la propuesta, se refiere al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 que en su Eje tres habla del Estado de Derecho Gobernabilidad y Gobernanza Democrática, y posteriormente señala que en el diagnóstico general, en el caso específico de la administración estatal, refiere literalmente: “El lnstituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) presenta condiciones financieras de vulnerabilidad; infortunadamente, las cuotas aportadas por los trabajadores y los pasivos que considera el Instituto genera una problemática sensible que ponen en riesgo a la estructura financiera del ente y retrasa, en el mejor de los casos, el pago de las obligaciones sociales”.
Con estas condiciones, se apunta que es complicado garantizar los derechos en materia de seguridad social como jubilaciones, pensiones e indemnizaciones, por lo que debe ser fortalecido financieramente.
En la propuesta de la gobernadora, se señala que el déficit financiero del ISSSPEG es por la “omisión sistemática del entero de cuotas y aportaciones, por parte de los entes públicos incorporados a este régimen de Seguridad Social, principalmente por parte de los Ayuntamientos”.
Para terminar con esta morosidad, considera que es necesario “imponer sanciones más rigurosas y eficaces a las personas titulares de los entes públicos incorporados a este régimen de seguridad social que incumplen con sus obligaciones de entero; el objeto es que el instituto cuente con mayores instrumentos jurídicos, para exigir el cumplimiento de las obligaciones que la ley le impone a los entes públicos incorporados a este régimen, pero principalmente inhibir esta conducta generada por omisión”.
Incrementar gradualmente la licencia de paternidad
Otra de las propuestas es la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan disposiciones de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, para incrementar los días de descanso de los trabajadores por paternidad.
En su argumentación, la gobernadora señala que “las mujeres han sido víctimas de conductas patriarcales que asigna a los hombres a ser proveedores de materiales que den sustento al hogar, mientras que las mujeres atienden las labores estrictamente del hogar, incluida la crianza”.
Por lo que considera que “al apoyar una crianza equitativa se tendrá un paso que apoye a la lucha por la igualdad de género, que rompa los paradigmas patriarcales y se asuman nuevos roles de género”, y que “los hombres asuman una paternidad efectiva y ocupando plena participación en el cuidado de las hijas e hijos y en las tareas domésticas”.
Su propuesta es para ampliar la licencia de paternidad que para los trabajadores del estado es de solo diez días inmediatos tras el nacimiento.
La iniciativa de reforma al artículo 24 BIS de dicha ley, propuesta por Evelyn Salgado plantea que los padres trabajadores tendrán derecho a tres días de descanso en los casos de que su esposa o concubina tenga un aborto legal o clínico.
Y en la fracción segunda de este artículo dice que “la licencia de paternidad por nacimiento de sus hijas e hijos, para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades en el hogar, así como a la protección tanto de la maternidad como de la patemidad corresponsables y en cumplimiento de la igualdad sustantiva, con goce de sueldo”.
Para garantizar este derecho, se plantea una tabla en la que se propone un incremento gradual para los días de licencia por paternidad, para que a partir de 2023 sea de 15 días naturales, a partir de 2025 veinte días, a partir de 2027 veinticinco, y después de 2029 serán 30 días.
Del mismo derecho y en los mismos términos gozará el padre por adopción de una niña o niño.
Los presidentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, Victoriano Sánchez Carvajal, Ismael Alderete, María de la Luz Reyes Ríos, Tomás Gerardo García y Eter Miranda en la conferencia de prensa de ayer Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Dirigentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, rechazaron en conferencia de prensa una iniciativa de decreto en el que se adicionan los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado.
La iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el 7 de marzo al Congreso local las personas y sanciona con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
El artículo 177 que se adiciona, relacionado con las “terapias de conversión”, establece: “A la persona que, contra la voluntad de la víctima o mediante engaño, imparta o aplique cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de ésta, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Añade: “Se aplicarán las mismas sanciones a la madre, padre, tutora o tutor que ejerza cualquier tipo de violencia contra la víctima para que se someta a las conductas señaladas”.
Refiere, asimismo: “Se aumentará hasta en una mitad la sanción prevista en el párrafo anterior, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo”.
Se promueve el odio contra padres y turores, dicen
Los representantes de al menos cinco agrupaciones del Frente Nacional por la Familia, de orientación conservadora y con vínculos con la Iglesia católica, consideran que esa iniciativa viola los derechos humanos, la libertad de expresión, la laicidad de la educación, y atenta contra la unidad de la familia como base de la sociedad.
En conferencia de prensa ayer, alertaron que de aprobarse esa iniciativa “propiciaría una serie de delitos en contra de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. Además, creen que acrecentará la impunidad, favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la ley.
Asistieron a la conferencia de prensa el presidente de la Red Guerrero por la Vida, Eter Miranda y la integrante de la misma agrupación Natividad Longino; la presidenta de la Asociación Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos; el representante de la Red por la Vida Familia Guerrero Ismael Alderete; el presidente de la Asociación a Favor de la Familia y la Niñez, Victoriano Sánchez Carvajal, quien en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
También asistió el coordinador en Guerrero del Frente Nacional por la Familia, Tomás Gerardo García Sánchez.
En un oficio de fecha 22 de marzo, las organizaciones de ese Frente advierten que en caso de aprobarse esa iniciativa causaría un daño “terrible e irreversible”, porque se pretende sancionar con pena de prisión hasta por seis años y multa de hasta 300 veces el valor diario de la UMA, a toda persona que “no esté a favor de la ideología de género” que se propone en esa reforma y que se oponga al “adoctrinamiento” de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, “agravando esa conducta penal a la madre, padre, tutora, tutor o cualquier persona”.
El documento de rechazo a la iniciativa fue leído ayer en la conferencia de prensa por María de la Luz Reyes Ríos.
Los inconformes indican que con dicha iniciativa se pretende promover el odio y el desprecio contra la figura del padre, la madre de familia, tutor o tutora, y contra toda persona que se oponga al adoctrinamiento de sus hijos en la ideología de género, al imputarlos, como incitadores de este delito.
“Pretenden castigarnos si nos atrevemos a estar en desacuerdo y, en consecuencia, considerarnos delincuentes, es decir, seriamos perseguidos, amordazados y encarcelarnos”, refiere el escrito.
Para los representantes de las agrupaciones inconformes, con la aprobación de la iniciativa se acrecentaría la impunidad, “favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la Ley, dejando en un estado de indefensión a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a las personas que no tengan la capacidad para comprender o resistir el significado del hecho o la acción sexual sobre sus cuerpos”.
Consideran que se pretende legitimar las posibles acciones delictivas de adultos del mismo sexo, sobre los menores en delitos sexuales impidiendo a los padres o tutores cualquier tipo de orientación para que no puedan seguir siendo víctimas de estos ilícitos.
“Beneficia a pedófilos”
El escrito enviado al Congreso, en el que manifiestan su oposición a la reforma, añaden que esta es violatoria de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, y del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas.
Consideran que se violentan libertades fundamentales, como la de expresión, de conciencia, de creencias religiosas y de culto. Así como la convención sobre los derechos de los niños, el interés superior del niño, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y atenta contra la patria potestad de los padres y ocasiona el deterioro y daño a la institución familiar.
“Esta iniciativa pretende arrebatarnos a nuestros hijos dejándolos vulnerables y en total estado de indefensión ante cualquier acción efectuada por persona determinada que atente contra la integridad sexual de nuestros hijos, lo que resulta inadmisible”, destaca el escrito.
Las organizaciones reprochan en su oficio: “Ante tanta violencia e inseguridad que se vive en el estado, ¿qué nos ofrecen ustedes como legisladores?, y cuestionan que, mientras tanto, los temas importantes y prioritarios “se están dejando de lado, para destruir a la familia y arrebatarnos lo más vital, a nuestros hijos e hijas, nuestros jóvenes y eso es un acto reprobable; dejándolos en completo estado de indefensión, pero, además, de aprobarse esta iniciativa nos criminalizará a todos los guerrerenses”.
Victoriano Sánchez Carvajal, abundó que esa iniciativa viola el Artículo Tercero Constitucional, respecto al principio de la laicidad que protege cualquier forma de pensamiento o creencia, no solamente religiosa, al impedir en determinado momento que los padres quieran educar a sus hijos conforme a sus creencias.
“La imposición de cualquier forma de pensamiento o creencia iría en contra de cualquier forma de pensamiento o creencias de las personas, esto está protegido en la Constitución y la adición al Código Penal es clara: pretende incluir una ideología de género mediante la ley a la sociedad guerrerense y eso es inadmisible porque viola el principio de laicidad y el Artículo Tercero que establece el derecho a la educación que señala que debe ser laica, obligatoria, integral, inclusiva, gratuita y de calidad”.
El abogado, argumentó que no puede someterse a la sociedad en general al pensamiento dogmático de una sola fracción porque todos somos iguales ante la ley, y añadió que el hecho de que el Estado pretenda imponer una ideología de género mediante la tipificación de un delito, sin duda violenta el Artículo Tercero Constitucional.
“Por estas razones nos manifestamos en contra de esta iniciativa y levantamos la voz en protesta, pidiendo a los diputados que analicen exhaustivamente esta iniciativa a la luz de los derechos humanos y de los tratados internacionales”.
Ismael Alderete, dijo por su parte que la propuesta es “preocupante y riesgosa”, y puso ejemplos:
“Supongamos que un padre de familia tiene un hijo de 15 años y un día llega un adulto mayor de 30 a tocar la puerta de su casa y le dice: ‘vengo a buscar a mi amante’, y resulta que éste es su hijo pero no estaba enterado de esa relación.
Explicó que si la iniciativa se aprueba, el padre no podrá reconvenir a su hijo, ni lo podrá reeducar de acuerdo a sus ideas, criterios, valores o religión, porque lo pueden acusar del delito de terapias de conversión, “y tendrá que quedarse callado para no irse a la cárcel seis años, por eso decimos que también es una ley mordaza”.
En otro ejemplo, explicó que si un sacerdote o pastor de cualquier religión predica en el pulpito que Dios creó (sólo) al hombre y a la mujer, y alguna persona que es de la ideología de género lo escucha, lo puede acusar del delito de Terapias de Conversión “y tanto el sacerdote como el pastor se van a la cárcel”.
Consideró que la iniciativa lleva dedicatoria para los pedófilos, “y quieren garantizar que nos callemos, en pocas palabras, que guardemos silencio para darle entrada a los pedófilos, y esto es grave, por eso rechazamos contundentemente esta iniciativa”.
María de la Luz Reyes Ríos, criticó que la iniciativa es copia fiel de la que se elaboró para la Ciudad de México “lo asesores de la gobernadora ni si quiera la leyeron, copiaron y pegaron; no hay ninguna motivación, fundamentación, no hay un estudio socioeconómico que establezca datos y cifras de cuantos casos en Guerrero se han suscitado”.
Expresó que el contexto de la Ciudad de México no es el mismo con el de Guerrero.
Acusó a la gobernadora y a sus asesores de imponer en Guerrero un “estado totalitario”, e insistió que no existe un estudio que sustente esa iniciativa.
“Con esta iniciativa están trastocando los derechos de la familia, que es el núcleo y base de la sociedad, trasmisora de valores y de enseñanza, y ante la ola de violencia e inseguridad en nuestro país y en nuestro estado, la familia es la contención a tanta violencia”.
En el documento que entregaron a los diputados, los representantes de las agrupaciones les pidieron que no aprueben esa iniciativa de decreto, “que mejor construyan junto con la sociedad civil, políticas públicas con perspectiva de familia que realmente fortalezcan la institución familiar y así se construya una mejor sociedad y un futuro mejor para nuestros hijos”.
El diputado local morenista Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Ley de Educación del Estado de Guerrero, para incorporar a las Preparatorias Populares en el Subsistema Estatal de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Recordó que estas preparatorias imparten educación desde hace 35 años y que tienen una matrícula de más 14 mil estudiantes en 103 escuelas, y que los recursos públicos que les son asignados son mínimos.
“Sin duda que esto es una injusticia tanto para el alumnado como para los docentes, pero también para la sociedad de Guerrero, que todos aspiramos sea una sociedad del conocimiento, gracias a una educación de calidad”, y planteó regularizar y dar certeza jurídica al sistema de educación de bachillerato ejercido y realizado por medio de las denominadas Preparatorias Populares.
En la sesión ordinaria del Congreso local, el pleno exhortó a los titulares de dependencias y entes públicos de Guerrero para que implementen acciones necesarias para la instalación de salas de lactancia materna, así como difundir entre su personal los beneficios de esta práctica.
La diputada perredista Susana Paola Juárez Gómez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para que los integrantes de los ayuntamientos (presidentes, síndicos y regidores), rindan protesta constitucional al cargo el día primero de enero del año inmediato posterior al de la elección, cesando de responsabilidad al ayuntamiento saliente el 31 de diciembre.
El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado para que se extienda por un mes más el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, que inicia el 01 de marzo y culminaría el 15 de julio de cada año; esto con el objetivo de poder desahogar más asuntos legislativos.
La Oficial Nacional en Programas de Género y Derechos Humanos del Fondo de Población de Naciones Unidas, Dosia Calderón Maydon en entrevista al término del primer congreso de Unidades de Género, llevado acabo en el Museo Regional del Estado en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, planteó sentar las bases para elaborar un proyecto de iniciativa de ley sobre Unidades de Género para Guerrero, con las conclusiones del Congreso Estatal de Unidades de Género que se realizó ayer en el Museo Regional, y donde las participantes denunciaron que operan sin presupuestos ni reconocimiento en las dependencias y ayuntamientos.
Además de señalar las carencias, reconocer que todo el personal de las unidades debe estar capacitado con perspectiva de género, advirtieron de las complicaciones de acompañar la denuncia del acoso y hostigamiento sexual en las instituciones cuando los agresores suelen ser los mismos titulares, superiores jerárquicos, personas importantes en los municipios o familiares de autoridades municipales.
En el resumen de los trabajos de las mesas de trabajo, en voz de la consejera electoral, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, como relatora general, enfatizaron la importancia de fomentar la denuncia, con actuaciones objetivas y con seguridad.
Reconocen que nada se puede hacer de manera aislada, y proponen la construcción de una red estatal de unidades de género para fortalecerse y empujar sus acciones, sobre todo para cuidarse entre sí mismas en los seguimientos de casos de hostigamiento y de violencias.
Confirman que no se puede llegar a la tan anhelada igualdad sustantiva, y a la vida libre de violencia si las unidades de género no asumen el compromiso de que hace falta mucho por hacer.
“Ya llegamos, no están neófitas en el tema, hoy estamos preparadas en la defensa de los derechos y no nos van a mover para darle sentido a este enunciado: si nos tocan a una, nos tocan a todas y a todos”, declaró como parte de los resultados.
El Congreso de Unidades de Género fue convocado por la Codehum en el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, y tiene como base un informe especial de Unidades de Género elaborado por el organismo en 2021, antes del cambio de las administraciones estatal y municipales, recordó Narciso Gaytán.
La presidenta confirmó que la situación no ha cambiado mucho respecto al diagnóstico de 2021, por ello llamaron a funcionarios públicos de las unidades de género, que por mandato de ley están obligados a la no discriminación y a fomentar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Asimismo, invitaron a organizaciones y colectivos de la diversidad sexual, para plantear el reconocimiento de todas las personas de diferentes sectores.
Estimó que llegaron alrededor de 14 o 16 representantes de unidades de género de diferentes dependencias del gobierno del estado, del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, además de personal de áreas de atención de la Mujer o de regidurías de distintos ayuntamientos, que aún no tienen Unidad de Género.
Confió en que el Congreso les permitirá arribar a una política pública, nutrida con las buenas prácticas, además de sentar las bases para la elaboración de un proyecto de iniciativa de Ley sobre las Unidades de Género para el Estado de Guerrero.
Como relatora de una mesa de trabajo, la académica feminista, Rosa María Gómez Saavedra, indicó que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es la instancia rectora de a aplicación de las políticas publicas de igualdad. No lo mencionó, pero el equivalente en Guerrero es la Secretaría de la Mujer, cuya titular, Violeta Pino Girón, inauguró los trabajos en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Gómez Saavedra destacó el esfuerzo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “de ser vigilante de lo que se ha dejado de hacer” respecto a las Unidades de Género.
Destacó que el proceso de armonización permitirá regularizar el nombre de las Unidades de Género, sus funciones y competencias, incorporándose a la estructura orgánica.
“Una unidad administrativa que no está en la estructura orgánica, no existe, es una sola y mera voluntad, por lo cual se tienen que incorporar la estructura orgánica de los poderes con infraestructura, presupuesto, recursos humanos y materiales”.
En las mesas constataron lo que dice el diagnóstico, que en algunas dependencias las unidades de género se constituyen por una sola persona, sobre quien recae la importancia de la institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género.
Planteó que las unidades de género se señalen en las leyes orgánicas de los poderes, derivados directamente del poder ejecutivo, no de la síndica, regidores ni secretarías, para poder desarrollar el trabajo queda al pie de su jefe inmediato.
Advirtió que, mientras no se visibilicen las Unidades de Género en la Ley Orgánica, seguirán siendo cuotas de los grupos políticos; espacios dados a personas sin reconocimiento, profesionalización ni mérito.
“Las unidades de género son invisibles, sí existe un decreto de creación todavía no están en organigramas como unidades administrativas, con presupuesto, con vida jurídica para fortalecer sus acciones”, ratificó en el resumen general de conclusiones Díaz Fuentes.
Aclaró que con poco personal o una persona, las jornadas son extenuantes, no se respetan las horas de la jornada, el trabajo es sumamente exigente, que las lleva a dejar de lado el autocuidado.
También son las áreas más cuestionadas cuando buscan emprender una actividad, distinto a los departamentos jurídicos y de administración. Coincidieron en que se necesita estar preparados y comprometidos con la agenda de las mujeres para dar resultados.
Las Unidades de Género sólo aparecen en un decreto del ejecutivo estatal para su creación como unidades administrativas de las dependencias, entidades, y demás organismos de la administración pública estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de octubre de 2015.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), iniciará la muestra aleatoria de los ciudadanos seleccionados para la verificación de autenticidad de firmas o huellas que suscribieron la Iniciativa Popular Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado de Guerrero, promovida por el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos.
Abel Bruno Arriaga, uno de los representantes comunes de la iniciativa popular, informó que la noche de este jueves le notificaron a través del oficio número 0144 que se convocara a comparecencia de autenticidad de firmas o huellas a los promoventes de la iniciativa popular y que será del próximo sábado al martes.
En el oficio mencionan que si no asisten a los lugares mencionados el IEPC tiene facultades para realizar visitas domiciliarias y que el personal habilitado estará acompañado de traductores con apego a sus derechos para que lo hagan en lengua o castellano.
La muestra será de 600 de integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de Malinaltepec, Iliatenco, Copanatoyac, Tlapa y Metlatónoc y se realiza en función a la solicitud presentada en el Congreso y remitida el IEPC con fundamente al artículo 238 de la ley orgánica del poder Legislativo 231 y en materia a los criterios de verificación de ciudadanos dela iniciativa popular.
Dijo que este viernes a las 4:00 de la tarde estará del IEPC, Betsabé López López en la comunidad de La Ciénega del municipio de Malinatepec para trazar la ruta de verificación de firmas y huellas, porque “ya traen una, pero la revisaremos para ver que sea más eficiente”, dijo.
El Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos entregaron la iniciativa popular de la Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos al Congreso como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena sea derogada.
Hace unos días dijeron que se movilizaran primera semana de marzo si el Congreso no la toma en cuenta.
En una reunión en la comunidad de Tapayoltepec del municipio de Malinaltepec, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos acordaron movilizarse la primera semana de marzo para defender la iniciativa popular de la ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos entregada en el Congreso como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena sea derogada.
La iniciativa tiene agregados y modificaciones a los artículos de la Ley 701 que tiene que ser ratificada y modificada antes de la primera quincena de marzo ante la adecuación de la Constitución de Guerrero.
Los ajustes son sobre los derechos de los pueblos indígenas a educación, vivienda, salud y alimentación, derechos que han sido ignorados por los gobernantes de los tres niveles de gobierno, se quejaron miembros del comité promotor.
Los miembros del comité entregarán citatorios en las comunidades para la movilización cuya fecha se informará en una conferencia de prensa, ya que falta menos de un mes para que venza el plazo que los propios diputados se plantearon para autorizar las leyes secundarias al nuevo texto constitucional.
En la reunión se dio a conocer que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) hará visitas de verificación y ratificación de firmas de las personas que suscribieron la iniciativa y los miembros recomendaron a los participantes estar pendientes en sus comunidades de las visitas que se programen.
El integrante de la comisión promotora de la iniciativa, Abel Bruno Arriaga dijo que la iniciativa que presentaron dichas organizaciones se ampara con más de 6 mil firmas de ciudadanos.
Agregó que son las primeras organizaciones que presentaron una propuesta emanada de las necesidades de las comunidades y como resultado de asambleas regionales, foros y reuniones comunitarias para definir el contenido de la Ley 701 con propuestas de nuevos derechos colectivos e individuales.
Detalló que en una plática por Whatsapp con la directora técnica de área del IEPC, Betsabé López López, le comentó que en esta semana se verificará en las comunidades y contarán con apoyo de la Universidad Intercultural para los peritos traductores en un revisión de muestras y que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya está verificando que los firmantes estén en la lista nominal y padrón acorde al porcentaje que se requiere.
A la reunión realizada en la cancha deportiva de la escuela primaria de dicha comunidad que fue convocada por los integrantes del comité promotor llegaron 87 representantes de comunidades de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Atlamajalcingo del Monte y Copanatoyac, y hubo más de 200 asistentes de los cuatros municipios, en su mayoría de Malinaltepec.
El objetivo fue informar a los asistentes que la propuesta fue presentada al Congreso del Estado y se dio a conocer que el que se entregó es un documento enriquecido con propuestas que tienen como pueblos indígenas de La Montaña de Guerrero como son los naa savi, me’phaa y nahuas.
Sobre los granos básicos
En la reunión se informó el resultado de la negociación en Chilpancingo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, sobre la entrega de granos básicos faltantes a los damnificados por la tormenta Manuel en el 2013, se dijo que existe una negativa del gobierno estatal de dar respuesta a las demandas que exigieron en el bloqueo carretero el pasado 7 de febrero.
En 15 días se resolvería la entrega de las tres remesas faltantes de arroz, maíz, frijol, arroz y sal, así como las viviendas faltantes que la Sedatu no quiere concluir y se dio a conocer que las constructoras defraudaron al gobierno en la construcción de las casas ya que hay muchas sin terminar.
El senador perredista Armando Ríos Piter presentó una iniciativa para regular la siembra y el uso médico de la amapola en México, la cual prevé responsabilidades a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en cuanto a licencias para la producción y el procesamiento; y en cuanto a su cultivo y cosecha.
Durante la discusión del dictamen por la regulación de la marihuana, el senador Ríos Piter señaló que se debía revisar también lo relativo a la regulación de la amapola, ya que el país compite con lugares como Afganistán, en materia de producción de goma de opio.
Entre los argumentos del senador está que Guerrero, se produce el 50 por ciento de la amapola del país, y hay lugares como Chilapa que por la violencia generada, se encuentra en condición de crisis humanitaria.
La iniciativa del senador prevé que el Ejército coadyuve con la Secretaría de Salud y la Cofepris en la supervisión y control de los cultivos de la amapola.
La Cofepris, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), serían responsables en establecer los requerimientos para el cultivo de la amapola.
La Cofepris pondrá el límite de licencias y de hectáreas a cultivar “ajustándose a los criterios internacionales”, también vigilará la cosecha de la amapola, realizará auditorias a los cultivos y los laboratorios que procesen y comercialicen los derivados de los opiáceos.
En la iniciativa del perredista, se incluye que cuando las autoridades descubran productos derivados de la amapola, como opio en polvo, la pasta, sales, aceites, extractos y cultivo de flor de opio, procesados de manera ilegal, no se destruyan sino que se dé aviso a la Secretaría de Salud, para que disponga del producto en los laboratorios aprobados.
La Secretaría de Salud será la responsable de vigilar el uso debido de los medicamentos derivados del opio, para los pacientes con dolores moderados a fuertes; y del control sanitario, la fiscalización y la vigilancia de los cultivos, así como la inspección del procesamiento, producción y comercialización de medicamentos derivados del opio.
En fechas recientes las comisiones de Salud y Justicia del Congreso local rechazaron la iniciativa para la legalización del cultivo de la amapola para fines medicinales, que impulso el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja.
Desde abril de este año el gobernador Héctor Astudillo Flores ha planteado la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales, como una alternativa de solución para el problema de violencia que vive el estado.
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que propondrá al Congreso local una iniciativa para la igualdad política, con que la se reformaría la Ley Electoral para dar más espacios a las mujeres.
El gobernador adelantó esa iniciativa este jueves en la Sala de la República de Casa Guerrero, durante el coloquio Paridad de género y legislación electoral en el estado de Guerrero, la agenda pendiente.
Detalló que esta iniciativa tiene el objetivo de que las leyes en materia de electoral de equidad de género, tengan claridad de la situación política de las mujeres, y que los partidos políticos postulen como sus representantes 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.
Actualmente la ley garantiza la paridad solo en las candidaturas a diputaciones locales, pero no así en las de ayuntamientos. Por esa razón en la pasada elección local tres mujeres perredistas recurrieron al Tribunal Electoral del Estado (TEE) que, mediante una resolución, obligó a todos los partidos políticos a registrar por lo menos a 40 mujeres en las 81 alcaldías como candidatas a presidentas municipales.
Si bien el TEE intervino para garantizar la paridad en las candidaturas a ayuntamientos en las elecciones de 2015, de no reformarse la ley podría repetirse ese problema.
El encuentro fue organizado por la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y Equipos Feministas, con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres a través del Programa Proequidad, Décimo Quinta Emisión, del gobierno estatal y el Congreso local.
En el coloquio participaron la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figuero;, la senadora por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez; la directora de Participación
Política del Instituto Nacional de las Mujeres, Paula Soto Maldonado, y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, entre otros, quienes abordaron la situación de las mujeres en la política, así como la violencia de cual son víctimas en el estado.
Durante el coloquio se desarrollaron cinco paneles de discusión, que concluyeron que es importante apoyar a las mujeres que cuentan con cargos públicos en los tres niveles de gobierno, así como luchar porque se respeten sus derechos.
La inauguración estuvo a cargo de Astudillo Flores, quien llegó al final del coloquio, y en su intervención dijo que en los últimos dos meses se han hecho eventos sobre mujeres. Además, señaló que es importante la participación de presidentas municipales, regidoras y síndicas en estos actos, así como de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.
Declaró que “el gobernador se ha comprometido en presentar al Congreso una iniciativa para la igualdad política, quiere ahorrarle trabajo a los tribunales, quiere que las resoluciones de los tribunales se resuelvan desde la ley”.
Manifestó que “es importante tener claridad de los datos y de los números que podamos propiciar, que todo lo que tiene que verse con los feminicidios me ayuden para que tenga mayor precisión en el estado”.
Expresó que cada vez que haya un asesinato de una mujer, se vea como feminicidio, “el gobierno quiere proteger a los guerrerenses, principalmente a las mujeres”.
Dijo que la agenda pendiente del coloquio se trabajará antes del 1 de septiembre. Su participación fue aplaudida por las mujeres presentes en el acto, a quienes Astudillo Flores pidió que lo acompañen a entregar la iniciativa al Congreso local una vez que esté lista y para ellos se comprometió a estar en contacto con las organizaciones que asistieron al acto.
“Tiempos complicados”
Por otra parte, puntualizó que estos “son tiempos complicados no para Astudillo, sino para quien hubiera sido gobernador”, ya que “la tragedia” del estado comenzó en el 2013 con las contingencias que provocaron la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y “la otra tragedia” ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala con los ataques a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Expresó que su deseo es que los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos “no estuvieran marchando sino en sus casas, en su campo, trabajando, que los maestros en Tixtla estuvieran en las aulas, es mi deseo”, pero que los problemas no se pueden resolver tan rápido porque para ello se requiere de muchas voluntades.
El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una iniciativa ante el pleno para que la Cámara de Diputados federal legalice la siembra de amapola en Guerrero con fines medicinales, y llamó al gobernador Héctor Astudillo a que asuma, junto al Legislativo, el liderazgo de ese tema.
En la primera sesión de las dos que se celebraron este jueves en el Congreso, Mejía subió a la tribuna para presentar esta iniciativa de decreto que propone reformar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, en lo que él calificó como una ruta “con enfoque sanitario”.
La propuesta, que surgió tras una declaración que hizo el gobernador el jueves de la semana pasada, en la que planteó la legalización de la siembra de amapola con fines medicinales como una alternativa para contrarrestar la violencia, fue turnada a la Comisión de Salud, que preside el perredista Raymundo García Gutiérrez, y de Justicia, que encabeza el priista Héctor Vicario Castrejón.
En su argumentación, Mejía explicó que las legislaturas locales pueden presentar iniciativas al Congreso federal en términos del artículo 7 de la Constitución, por lo que llamó a hacer uso de esa facultad para presentar esta iniciativa directamente a los diputados federales, con el Congreso local como cámara de origen.
Aseguró que la prohibición “extrema” de un enervante como la amapola, que en otros países como la India y Francia es aprovechada en la industria farmacéutica, solamente genera más violencia y como ejemplo recordó que Guerrero es uno de los estados con mayor índice de desplazados producto de la presencia de grupos de la delincuencia organizada que explotan esta planta.
“Esto es factible. Existe la posibilidad para que nuestro país legisle en la materia, la regulación presupone beneficios económicos para Guerrero y otros estados productores, las condiciones económicas y geográficas de la entidad la convierten en el mejor productor, pero por el enfoque prohibicionista extremo hay muertes, violencia criminal y más grupos delictivos, también más desplazados y desapariciones forzadas”, expuso.
Dijo que en Guerrero están seis de los municipios que son los mayores productores de la goma de opio: Heliodoro Castillo, Coyuca de Catalán, Chilpancingo, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo y Acatepec.
Mejía Berdeja indicó que hay quienes sostienen que la desaparición forzada los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 “tiene que ver con este tráfico escandaloso de heroína que tiene como epicentro a la ciudad de Iguala”.
Comentó que los decomisos de droga y las detenciones de integrantes de grupos delictivos no afectan las finanzas de los cárteles, por lo que consideró prudente cambiar la estrategia y legalizar la siembra de amapola, a fin de que esta planta ya no sea rentable para la delincuencia y se generen oportunidades de desarrollo para los campesinos guerrerenses.
“Creemos que esta regulación impactaría en los ingresos de los grupos delincuenciales y a la alteración de los precios de la goma de opio, lo que permitirá que los campesinos tengan otras opciones para colocar sus productos y dejen estar sometidos al crimen organizado”, planteó.
Además recordó que la llamada guerra contra el narcotráfico, que inició durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, dejó un saldo de 60 mil muertos entre 2006 y 2012, cifra que se incrementó a cien mil en el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto y un registro de 281 mil personas desplazadas.
Mejía explicó que está científicamente comprobado que las propiedades de la amapola podrían ser más efectivas que analgésicos como el paracetamol o los fármacos anti inflamatorios, situación que ha sido aprovechada en países como Tur-quía para los tratamientos del dolor.
Durante su intervención el coordinador de Movimiento Ciudadano llamó al gobernador a que, junto con la legislatura, asuma el liderazgo de esta iniciativa, pues consideró que “Guerrero debe convertir esta amenaza en una oportunidad y ya no debe seguir pagando una cuota de sangre altísima cuando el prohibicionismo extremo ha fracasado”.
Mejía fue el único que habló del tema y no hubo debate al respecto.
Transportistas del sector liviano (taxis), coincidieron que se apruebe la iniciativa del programa Hoy no circula, similar al de la ciudad de México, antes de que entre en función el sistema de transporte Acabús para evitar saturación del transporte público sobre todo en la avenida Cuauhtémoc, y bulevar Vicente Guerrero donde circulará el nuevo transporte.
Durante un recorrido por ambas vialidades se observó congestionamiento vial en las horas pico, además los automovilistas no respetaron los semáforos ni separadores viales del nuevo transporte.
Por separado vía telefónica, los líderes aceptaron la medida de detener un día a la semana sus vehículos tras que entre en funcionamiento el Acabús, para contrarrestar la “desmedida e irresponsable” entrega de concesiones en Acapulco.
De acuerdo con la información recabada, las concesiones de los nuevos automóviles del transporte público fueron autorizadas por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, mientras que antes el padrón del transporte liviano era de 2 mil 100 concesiones y con las nuevas 2 mil placas se duplicó.
El presidente de taxistas de LATAR, Marcelino Morales, avaló la propuesta del Hoy no circula para contrarrestar la forma “desmedida e irresponsable” que dieron las últimas concesiones taxis en todas sus modalidades.
“La situación de agravó más, pero si no se puede solucionar lo que ya está ocasionado (saturación), tenemos que buscar una opción, una alternativa”, puntualizó.
El líder de taxistas ejemplificó que la ciudad de México encontró la solución con el Hoy no circular, “por qué no implementarlo aquí, empezaríamos con el transporte público y después con el transporte particular”.
Comentó que la iniciativa bajaría el flujo vehicular, y los transportistas tendrían incremento en sus ganancias, porque manifestó que el alto costo de la gasolina afecta a los choferes, “si antes gastábamos de gasolina 50 pesos, nos quedan 100 pesos, pero ahora es al revés”.
Dijo que se le propondrán al próximo director de Transporte para que envíe la iniciativa al Congreso del Estado para que entre en discusión en el pleno, y “en caso positivo sea ley el Hoy no circula en Acapulco”.
El presidente de la Federación de Taxistas y Transporte liviano en el estado de Guerrero, Francisco Javier Vargas Salinas aceptó la propuesta del Hoy no circula en Acapulco antes de que entre en función el Acabús.
Mencionó que la propuesta del transporte público es buena estrategia, porque habrá mayor ganancia en los transportistas y menos competencia, “el día de descanso servirá para dar mantenimiento a los automóviles”.
Consultado por reporteros tras culminar el viernes la sesión el Consejo Municipal de Protección Civil, el síndico Ilich Lozano Herrera dijo que hay modificaciones en el reglamento de tránsito municipal para el transporte Acabús, donde habrá infracciones sobre todo para aquellos automovilistas que invadan el carril confinado del Acabús.
Estimó que las multas por invadir el carril confinado del nuevo transporte oscilarán entre los mil 400 a mil 700 pesos, cuando entre en función el Acabús.
Sin embargo, dijo que propuso al coordinador general de Movilidad y Transportes, Israel González Nava, hacer pruebas en ambas vialidades donde circulará el Acabús, “hay que convivir primero algunos días de la semana con un carril menos, para conocer las adecuaciones”.
