La cuarta reunión de trabajo en la que participarán colectivos, funcionarios y diputados para revisar la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada de personas, será el próximo 19 de mayo, en la que esperan concluir el dictamen que tendría que ser aprobado y firmado por la Comisión de Derechos Humanos para posteriormente presentarla al pleno.
Ayer se buscó a la diputada de Morena Nora Velázquez Martínez, quien es una de las promoventes de la iniciativa y que la presentó al pleno desde el 10 de noviembre pasado, hace seis meses, y que aún no dictamina la Comisión de Derechos Humanos.
A través de una síntesis del estado de la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada de personas en el estado, Nora Velázquez informó que tienen programada una reunión para el próximo viernes 19 de mayo en la que esperan concluir la revisión de esta iniciativa.
La iniciativa la realizaron diputados locales junto a colectivos de familiares de víctimas de este delito y la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y el Comité Internacional de la Cruz Roja delegación regional para México y América Central.
En la síntesis proporcionada por la diputada morenista, informa que la Comisión de Derechos Humanos, que preside otra de las promoventes, la petista Leticia Mosso Hernández, ha realizado “diversas reuniones de carácter técnico para analizar la viabilidad de la propuesta”.
Y que por la importancia de la iniciativa se han realizado tres reuniones para el análisis de esta iniciativa con diversos actores como la Subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno Anacleta López Vega, el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, diputados locales y colectivos de familiares de personas desaparecidas, principalmente de Chilpancingo, Acapulco e Iguala.
En estas tres reuniones ha participado el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Arturo Pacheco Bedolla en representación de la presidenta de este órgano, Yoloczin Domínguez Serna.
Y a pesar de que de que ha pasado medio año desde que se presentó esta iniciativa ante el pleno y se turnó a comisiones, Velázquez Martínez afirmó que en estas reuniones “todos han coincidido en la disposición de sacar la nueva ley” y que por eso se instaló esta mesa técnica para su análisis.
Informó también que los integrantes de esta mesa recibieron “todos los documentos a analizar” en una reunión virtual que tendrían ayer por la tarde para profundizar en las observaciones de cada una de las partes.
Y que finalmente, el próximo viernes 19 de mayo tienen programada una reunión en la que esperan tener concluido el dictamen para “hacerlo llegar a las y los diputados integrantes de la comisión”.
Este dictamen después de ser aprobado por los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos integrada por la presidenta Leticia Mosso Hernández, el secretario Osbaldo Ríos Manrique, y los vocales Esteban Albarrán Mendoza, Patricia Doroteo Calderón, y Ricardo Astudillo Calvo, tendría que ser enviado a la Mesa Directiva para que se enliste en el orden del día de la sesión del pleno para su discusión y votación.
En la iniciativa original se planteó la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica, administrativa, financiera y de gestión, que será la autoridad encargada de la búsqueda de personas en el territorio estatal, incluyendo, además de la búsqueda en vida, la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos; también se planteaba que “de resultar necesario y en los casos en los que así sea procedente, se efectúen las acciones de revisión en los centros de reclusión militar”.
A más de seis meses de la primera lectura al dictamen con proyecto de Ley de Austeridad que propuso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este jueves se intentó llevar a segunda lectura para pasar a la discusión y votación, pero fue retirado del orden del día a solicitud de la Comisión de Justicia, aunque se supo que fue principalmente la fracción priista la que se negó a que el trámite continuara.
Esta propuesta plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública; la obtención de algún privilegio económico adicional; contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables”, sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes, pero diputados del PRI y PRD que plantean que este ordenamiento solamente sea observado por el Ejecutivo estatal y sus organismos y no se aplique al resto de los poderes y por eso se ha detenido.
Después de que se leyó la propuesta de orden del día para la sesión, en la que se incluía la segunda lectura del dictamen de ley de austeridad, para pasar a su discusión, votación y en su caso aprobación, la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, informó que a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia el punto sería retirado.
“Por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Justicia y por considerarlo pertinente, así como de extrema necesidad parlamentaria fundamentándose en el artículo 313 párrafo tercero de la ley orgánica de este Poder Legislativo, solicitan a la Mesa Directiva sea retirado de la propuesta del orden del día el punto relacionado con la segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de austeridad del estado presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, leyó la perredista Yanelly Hernández.
Desde su curul el morenista Joaquín Badillo Escamilla pidió a la presidenta de la Mesa que se leyera el artículo por el que la comisión fundamentó su decisión de retirar ese dictamen. Este tercer párrafo del artículo 313 establece que “el derecho a presentar proposiciones de puntos de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud de sus autores”.
En este artículo ni siquiera se habla de dictámenes de comisiones, que en este caso era un “dictamen de proyecto de ley”, sino que habla del derecho de los diputados, grupos parlamentarios y representaciones a “presentar proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyan Iniciativas de Ley o Decreto”.
Por lo que la fundamentación que la Comisión de Justicia dio, no tenía nada que ver con el retiro de un dictamen, aún así el morenista Joaquín Badillo quedó conforme y se procedió a la votación del orden del día con el retiro de este punto, hubo solo tres abstenciones la de Joaquin Badillo, Alfredo Sánchez Esquivel y Angélica Espinoza García.
Urge el diputado Sánchez Esquivel a instalar los nuevos ayuntamientos
En el punto de intervenciones, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel planteó en tribuna que el Congreso local cumpla con su palabra y los plazos que se establecen en acuerdos, principalmente los aprobados por el pleno. Se refirió a la prórroga de 120 días que solicitó los primeros días de diciembre la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para presentar el dictamen y nombrar a los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás, y Santa Cruz del Rincón.
Alfredo Sánchez Esquivel reprochó que no se hayan nombrado a estos ayuntamientos instituyentes en el plazo establecido que venció en marzo y pidió avanzar en el tema para cumplir con “la palabra empeñada”.
Aprovechó también para pedir que se avance en las solicitudes de creación de nuevos municipios en la Sierra, los cuales en los últimos meses como presidente de la Jucopo promovió personalmente o a través de su equipo cercano.
Antes de concluir su intervención, Sánchez Esquivel señaló desde tribuna al jefe de seguridad del Congreso local, el funcionario de Yoloczin Domínguez, Jonathan Molina Clavel, por haber revisado una lona que unos visitantes al Congreso local llevaban, en la que pedían no entregar a comerciantes el Parque Papagayo y lo acusó de comportarse como policía ministerial.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, Alicia Zamora Villalva pidió la palabra para responder a Alfredo Sánchez: “no quisiera que se utilizara este tema tan delicado para un asunto de un golpeteo innecesario”. a priista señaló que en el estado “las cosas ya son complejas en el estado, hay tantos brotes de violencia, entonces yo quiero ser muy responsable con esto”.
En tribuna Zamora recordó que el 16 de febrero pasado el pleno aprobó por unanimidad un dictamen por el que se determinó que la Jucopo tendrá la facultad para realizar la designación o nombramientos de los cabildos de entre las propuestas recepcionadas por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, así como determinar cuáles ayuntamientos serán encabezados por mujeres, de acuerdo con la paridad requerida.
La priista le repitió en tres ocasiones al morenista que el tema ya está en manos de la Jucopo: “hago un llamado a todos los diputados, para que en cada caso, cada asunto, lo discutamos al interior de las comisiones”.
Alicia Zamora hizo hincapié en que no se quedará la percepción de que se venció el plazo y el Congreso no cumplió, porque se generó un acuerdo del pleno para que el tema quedará en manos de la Jucopo porque con este también se aprobó que el plazo de 120 días pedido en diciembre ya no tendría los efectos bajo los que se aprobó.
“El asunto toma otra ruta jurídica porque está en una comisión distinta. No quisiera que se desinformara y se interpretara de una manera distinta… si se descalifica a una comisión, a una Junta de Coordinación Política, si se descalifica el trabajo que se hace en comisiones, invariablemente se descalifica a un Poder, en eso seamos respetuosos y sobre todo cuidadosos”, dijo Alicia Zamora.
Señaló que ha tratado de ser responsable porque la creación de estos cuatro municipios “para que no se alborote la gente, porque alguien decía con mucha sabiduría, el prender la lumbre es fácil, el problema es cómo la vas a apagar” por eso, señalo que busca que ese tema no se trate de manera política.
Después para hablar sobre el mismo tema, el perredista Bernardo Ortega le dijo a Sánchez Esquivel que es “una irresponsabilidad ir a los pueblos, ir a los municipios a decir que si no quieren ser municipios de nueva creación, eso trae muchas consecuencias”.
El perredista criticó que Alfredo Sánchez trate de “incendiar diciendo que no se ha hecho nada” y se refirió a todos los asuntos pendientes que se venían arrastrando desde la legislatura pasada en los cuales no se avanzó hasta que se realizó el cambio de presidente de la Jucopo y lo sustituyeron por Yoloczin Domínguez Serna.
En tribuna, Bernardo Ortega confirmó la versión de que había un acuerdo entre los integrantes de la Jucopo de la la legislatura pasada para reelegir en el cargo a Alfonso Damián Peralta como titular de la Auditoría Superior del Estado, “no se cumplió la ratificación del ex auditor, se mintió”.
El perredista dijo: “nosotros como PRD hemos tratado de ser prudentes, justos con el gobierno del estado, con la fracción de Morena” porque “sabemos que Guerrero tiene sus complejidades políticas, económicas, y de crimen organizado, hemos sido prudentes y dejado que la gobernadora haga lo suyo y nosotros lo que nos corresponde”.
La sesión
El morenista Sánchez Esquivel propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para crear la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y Personas Desaparecidas. En tribuna señaló que Guerrero carece de instrumentos actualizados para atender el problema. La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
También presentó otra iniciativa que suscribió junto con su compañera de bancada Jessica Alejo Rayo, es de adición a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que los partidos políticos tengan la obligación de postular a personas adultas mayores entre las primeras cinco fórmulas de candidatos a diputaciones de representación proporcional, así como en las listas de regidores de los ayuntamientos.
De Morena el diputado Osbaldo Ríos Manrique presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Atención a los Migrantes del Estado para anexar el lenguaje incluyente, perspectiva de género y el respeto al interés superior del menor, además de permitir la colaboración interinstitucional e internacional, y con ello formalizar la provisión de donativos que beneficien a este sector.
Alejo Rayo presentó una iniciativa de reformas a las leyes de Salud, de Obras Públicas y sus Servicios, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que en todas las instalaciones del servicio público y privado se acondicionen cambiadores de pañales, ya sea en los sanitarios o uno denominado “familiar”, para garantizar la privacidad, seguridad, comodidad e higiene de los usuarios.
La diputada del PRI Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero, que plantea de actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Bienestar.
Asociaciones civiles rechazaron que en la entidad se tipifique como delito las terapias de conversión de género, y piden que no sea aprobada por el Congreso local.
La reforma federal ya fue aprobada en el Senado y el miércoles fue aprobada por comisiones en la Cámara de Diputados, y por norma se deberá homologar con la legislación local.
Las asociaciones considera que la reforma es violatoria a los derechos que tienen los padres para educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias.
El pasado 7 de marzo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió una iniciativa de decreto al Congreso local para adicionar los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado, con lo que se sancionaría con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
Este mismo grupo ya dio una postura en Chilpancingo el último día del mes pasado y esta vez lo hicieron en Acapulco. Plantearon los mismos argumentos para rechazar una reforma legal que por norma se debe homologar en el estado porque parte de una reforma federal que ya fue aprobada en el Senado y el miércoles fue aprobada por comisiones en la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa en un salón del hotel Malibú, el grupo de asociaciones se quejó que con esa iniciativa lo que se busca es imponer en el estado una ideología de género que pone en riesgo a los padres pues por “odio” alguno de sus hijos podría demandarlos y acusarlos de que se le indujo a una terapia de conversión contra su voluntad.
El presidente de la asociación A Favor de la Familia y la Niñez Victoriano Sánchez Carbajal, pidió que la iniciativa sea sometida a un test de derechos humanos y que precise los conceptos que se incluyen en la propuesta porque algunos de estos son ambiguos.
De la Unión Nacional de Padres de Familia, Óscar Hernández Cadena, dijo que la iniciativa atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos. “La familia no puede ser tocada por una ideología que está de moda”.
En la conferencia también estuvieron el vicepresidente de Guerrero Unido con la Familia Benjamín Fuentes Hoyos, el presidente de la Red Guerrero por la Vida y coordinador del Frente Nacional por la Familia en Guerrero, Gerardo García Sánchez, y de la Red Familia Guerrero Ismael Alderete Garay.
Los diputados morenistas Marben de la Cruz, Nora Velázquez, Claudia Sierra, Angélica Espinoza, Joaquin Badillo, Alfredo Sánchez y la del PT, Leticia Mosso gritan “es un honor estar con Obrador” al término de la participación del diputado morenista, Carlos Cruz López, quien en tribuna defendió la reforma electoral del presidente conocida como Plan B y cuya aplicación fue detenida por la Suprema Corte Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En la sesión del pleno del Congreso local, los diputados debatieron por la iniciativa de reforma constitucional que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
A pesar de que priistas, perredistas y morenistas se manifestaron en contra de la propuesta, los ánimos se exacerbaron porque algunos de Morena subieron a tribuna a defender al presidente y a su partido, asumiendo que se trataba de posturas en contra del Andrés Manuel López Obrador.
El tema se discutió en el Congreso local después de que los grupos parlamentarios de Morena, PT y el PVEM, y los opositores PAN, PRI y PRD en conjunto hablaron de la reforma constitucional que limita las facultades del Trife.
La reforma constitucional –que ha encontrado el rechazo de diputadas de los principales partidos– fue propuesta inicialmente por los coordinadores de Morena, PRI, PAN, PRD, PT y PVEM y rechazada solamente por Movimiento Ciduadano, aunque ayer los panistas retiraron su apoyo.
Y ayer, en el Congreso local, la priista Gabriela Bernal dijo que “de nueva cuenta” en México “existe un riesgo de ataque democrático”. Se refirió a la iniciativa “que pretende alterar al Tribunal electoral”.
Dijo que el país ha tenido “que resistir frente al intento de Palacio Nacional de reformar la Constitución para, literalmente, desaparecer al INE como lo conocemos. En eso, la ciudadanía fue vital para que los partidos de oposición mantuvieran el rechazo a lo que fue un Plan A, hoy sepultado”.
Se refirió a la aprobación de la reforma electoral la cual promovieron una acción de inconstitucionalidad, “lo que Morena no sabía, es que la llegada de una ministra íntegra, de carrera y a todas luces garante de la Constitución, pondría a la Suprema Corte en un espacio de verdadera autonomía para cumplir con su función. Así, la época de la ministra Norma Lucía Piña comenzó con el pie derecho y, con el ministro Javier Laynez, se ha logrado la suspensión de este Plan B tramposo y antidemocrático”.
Consideró que es extraño que “otra vez México tenga que estar en otro capítulo de esta novela denominada Amor por el Pasado protagonizada por Morena”, aunque reconoció que también diputados de oposición la promueven.
Gabriela Bernal dijo que entre las reformas al tribunal, la que más preocupa es que “le arrebata facultades para poder garantizar acciones afirmativas”, por lo que llamó a los diputados federales a defender a la democracia y “detener esta aberración constitucional”.
Llamó a defender al INE y al Tribunal y a que “rechacen las ambiciones desenfrenadas de poder y abracen las aspiraciones democráticas de la ciudadanía en movimiento”.
Después Carlos Cruz López subió a tribuna. Recordó a los ahora partidos de oposición “todas las reformas que a modo fueron haciéndole a la constitución para mantenerse por más de 80 años en el poder”, y dijo que los árbitros como el INE y el Tribunal son los que los ayudaron a mantener el poder político, como si la propuesta de reforma fuera del presidente y de Morena.
También reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mejor que ha tenido México y concluyó. En seguida el grupo parlamentario de Morena empezó a corear: “¡Es un honor estar con Obrador!”, por lo que desde su curul la priista Alicia Zamora pidió a la presidenta de la Mesa Directiva una moción de orden.
“No es un evento político, es una sesión del pleno del Congreso del estado” reclamó Alicia Zamora, a lo que la morenista María Flores Maldonado le contestó también desde su curul: “¡hay libertad de expresión!”, pero en un tono más elevado la priista le ordenó, “¡no señora!, ‘¡váyase a la calle! ¡váyase a la calle!”, mientras con su dedo índice señalaba la salida.
Gabriela Bernal pidió la palabra por alusiones personales y reprochó que no hayan entendido su participación y que no conozcan la iniciativa de reforma, y les recordó que no es una propuesta que tenga el respaldo sólo de Morena, sino que la apoyan diputados de oposición.
Dijo que su intervención es en defensa del su género no de un partido político: “las mujeres estamos exigiendo ‘¡no a un retroceso de más de 20 años a nuestros derechos!’”, y destacó que otros sectores que serán afectados son los pueblos indígenas y afromexicanos, las personas con discapacidad, y de la diversidad sexual.
Otra diputada que intervino fue la perredista Patricia Doroteo. Dijo que esa propuesta “rompe todo principio y derecho ganado hasta ahora, lo que representa un retroceso y una violación al principio de progresividad de los derechos humanos que se deben observar”.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, participo también en ese tema para precisar que la postura de Gabriela Bernal es en contra de la reforma que va en contra de los derechos de las mujeres y de las minorías: “es una iniciativa de reforma que a todas luces es inconstitucional” y no es en contra de Morena.
Invitó a los diputados a leer porque en esta se plantean facultades “elevadas al rango constitucional a las dirigencias partidistas para que libremente puedan hacer la designación de candidaturas y prácticamente quedan eliminados de facto los juicios de derechos políticos ciudadanos”.
La morenista Beatriz Mojica Morga subió a hacer precisiones a partir de la postura de Carlos Cruz López que, en el contexto de la intervención de Gabriela Bernal, subió a tribuna a manifestarse contra los partidos de oposición y a favor del presidente y de Morena.
Mojica Morga se pronunció en contra de esta reforma porque atenta contra los derechos de las mujeres y otros sectores vulnerables, pero pidió ser cuidadosos en el debate porque aún es un tema que no está en la discusión de la Cámara de Diputados, además de que las mujeres deben estar unidas ante propuestas como esa.
“Lo podemos lograr sin descalificaciones, porque tenemos que dejar muy claro, esta reforma no tiene nada que ver con el Plan A ni con el Plan B, ni con ninguna propuesta que venga del Ejecutivo, es una propuesta que los coordinadores de las fracciones en lo oscurito se pusieron de acuerdo, todas, para poder hacer esta reforma”. En ese mismo sentido intervino el morenista Antonio Helguera Jiménez.
Después la morenista María Flores intervino. Apuntó que estaba en la tribuna en representación de los ciudadanos que votaron por ella y que nadie la puede mandar a la calle para hablar de diferentes temas entre ellos actos de corrupción de gobiernos pasados, y presuntas irregularidades cometidas por la ministra Norma Piña, lo que generó gritos y reclamos de priistas y perredistas que desde sus curules demandaron que se centrara en el tema.
La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva que estaba a cargo de la sesión, la morenista Leticia Castro Ortiz, pidió respeto a Flores Maldonado y que dejaran de hacer comentarios que alteraran la participación de la oradora. En ese momento, la mayoría de los diputados del PRI y del PRD estaban exigiendo a gritos que se centrara al tema.
La presidenta de la Mesa llamó al orden y aprovechó para recordar a priistas y perredistas que “muchos de ustedes se han estado manifestando en la tribuna y no han hecho llamados a centrarse en el tema”.
Desde su curul, el morenista Alfredo Sánchez dijo que se estaba discriminando a la diputada, mientras Castro Ortiz amenazaba con aplicar “las medidas de apremio”.
La priista Flor Añorve Ocampo subió a tribuna dónde sugirió a la vicepresidenta de la Mesa Directiva Leticia Castro que leyera la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para dirigir correctamente una sesión, porque de acuerdo a lo dicho por la morenista, en tribuna se puede “decir lo que uno quiera”.
Y reiteró que las posturas no son contra Morena sino contra la iniciativa que en conjunto presentaron la mayoría de los partidos.
La sesión
El Pleno del Congreso del Estado exhortó a las secretarías estatales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a los 80 ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que implementen acciones tendientes a la disminución de incendios forestales y la explotación irracional de los recursos naturales, la propuesta fue diputada María Flores Maldonado.
El pleno del Congreso aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de símbolos patrios de las entidades federativas, como son los himnos, escudos y banderas, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad de cada estado de la República Mexicana.
En una sesión de trámite que realizó el pleno del Congreso local, se presentó una iniciativa que plantea que para la designación de magistrados del Poder Judicial del Estado se tomen en cuenta la profesionalización y conocimientos en las propuestas que envía al Poder Legislativo el Ejecutivo estatal.
El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez propuso reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer un mecanismo de designación de los magistrados que garantice la imparcialidad, profesionalización y conocimientos de las personas propuestas para desempeñar los cargos.
La propuesta plantea que la gobernadora o gobernador del Estado remita una terna al Congreso del Estado, tres meses antes de que fenezca el nombramiento de la persona que ostente una magistratura en el Poder Judicial, para que comparezcan y sean aprobados con el voto de dos terceras partes del total de los integrantes del pleno.
Pero también plantea que si el Congreso no resuelve sobre la terna en el término establecido, la persona titular del Poder Ejecutivo nombrará de entre la terna a quien deba asumir el cargo de magistratura, o en caso de ser rechazadas las propuestas o no alcance la votación requerida, se notificará al Ejecutivo.
Y se fija el requisito para obtener el nombramiento, ser jurista “de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional o en activo en la función jurisdiccional o carrera judicial”.
Entre las iniciativas presentadas en la sesión ordinaria estuvo la del morenista Osbaldo Ríos Manrique, planteó una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para que los cabildos puedan autorizar a los integrantes de los ayuntamientos el desempeño paralelo como servidores públicos federales, estatales o municipales, siempre que sea en las áreas de la docencia, salud, investigación o beneficencia pública, sin que esto afecte sus responsabilidades edilicias.
Mientras que la perredista Jennyfer García Lucena presentó una iniciativa a la Ley de Salud del Estado, para establecer que las instituciones de salud particulares presten sus servicios de manera gratuita, en al menos un cinco por ciento de su capacidad, en favor de personas de escasos recursos económicos.
De Morena, Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición y reforma a la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado para que las empresas constructoras establecidas en Guerrero estén debidamente constituidas, “al corriente con sus obligaciones fiscales y tengan capacidad técnica y financiera suficientes para potenciar el desarrollo económico y social de la entidad” para inhibir las prácticas “perniciosas” en este sector.
Helguera Jiménez propuso exhortar al director en jefe del Registro Agrario Nacional para que, a través de su representación en Guerrero, realice en este año una jornada pública e itinerante del servicio de Depósito de Lista de Sucesión o Testamento Agrario en cada una de las regiones del estado, para dar certeza jurídica sobre sus parcelas a campesinas y campesinos.
El priista Héctor Apreza Patrón presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, en la que planteó que la Unidad de Género de cada ente público contribuya a la difusión, promoción y protección de los derechos de la mujer en el ámbito familiar, laboral y comunitario, así como acciones encaminadas al empoderamiento de las servidoras públicas en un contexto de igualdad.
Mientras que el morenista Carlos Cruz López propuso adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para que los diputados que se declaren sin partido tengan la obligación de presentar individualmente su agenda legislativa en un periodo de 30 días después de su renuncia al partido por el que llegaron a una curul.
En tribuna el morenista Joaquín Badillo Escamilla intervino sobre el tema de la basyra en Acapulco. Señaló que las altas cantidades de basura se generan por los centros de producción y las cadenas de comercialización, situación de la cual las empresas no se hacen responsables, ya que son excluidas del pago de impuestos para el mantenimiento de los basureros y rellenos sanitarios, dejando la responsabilidad al Ayuntamiento para que atienda el problema con bajo presupuesto.
El diputado Bernardo Ortega Jiménez, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, reconoció que aún no sabe si su fracción apoyará la iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para sancionar con cárcel o multas a las personas que se dediquen o induzcan a las terapias que corrigen la orientación sexual.
La iniciativa de decreto que plantea la sanción a las terapias de conversión para corregir la orientación sexual e identidad de género, fue rechazada en conferencia de prensa por integrantes del Frente Nacional por la Familia, luego de que se dio a conocer en el Congreso.
En consulta telefónica, Ortega afirmó que están justamente en el análisis de los pros o contras de la iniciativa, a la que van “a ponerle mucho empeño, (pero) no sabría decir si vamos a apoyarla o no”.
Aclaró que se comentó en una reunión y conoció algunas posturas de sus compañeros, pero aún no ha sido tema de trabajo con el área técnica que recibió la encomienda de hacer un estudio de profundo “para tener una idea clara sobre qué tanto puede ayudar a los niños principalmente o a la gente adulta”.
Dijo que supo de la oposición de algunos grupos religiosos, y como vocal de la Comisión de Justicia le interesa que se acuerde una ley de consenso.
Precisó que esta propuesta de la titular del poder Ejecutivo no llegó como asunto preferente al Congreso local, distinto a la iniciativa para sancionar a los entes públicos que no enteren o retengan cuotas del ISSSPEG, y la reforma para regular el hospedaje temporal que se ofrece a través de plataformas digitales.
Sin embargo, estimó que habrá tiempo suficiente para analizarla con calma en el transcurso del periodo ordinario que termina el 15 de junio.
Recordó que el PRD vota de consenso como fracción, y su voto al proyecto en la Comisión de justicia será el que seguirán sus compañeros cuando sean revisados los antecedentes en otros estados.
También dijo que van a comentar el asunto con el presidente del partido, Alberto Catalán Bastida, sobre la posición del PRD en su agenda política,
“Estoy checando antecedentes de este tipo de prácticas de conversión, de dónde viene, cómo surgió, porque es un tema escabroso”, como la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios, aprobados en esta legislatura. (Lourdes Chávez /Chilpancingo).
Entre las iniciativas que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso local están el rescatar del déficit financiero al lnstituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), catalogando como falta administrativa grave no enterar el retener o destinar para otros fines las cuotas y aportaciones de los trabajadores del Estado,
En la propuesta, se refiere al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 que en su Eje tres habla del Estado de Derecho Gobernabilidad y Gobernanza Democrática, y posteriormente señala que en el diagnóstico general, en el caso específico de la administración estatal, refiere literalmente: “El lnstituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) presenta condiciones financieras de vulnerabilidad; infortunadamente, las cuotas aportadas por los trabajadores y los pasivos que considera el Instituto genera una problemática sensible que ponen en riesgo a la estructura financiera del ente y retrasa, en el mejor de los casos, el pago de las obligaciones sociales”.
Con estas condiciones, se apunta que es complicado garantizar los derechos en materia de seguridad social como jubilaciones, pensiones e indemnizaciones, por lo que debe ser fortalecido financieramente.
En la propuesta de la gobernadora, se señala que el déficit financiero del ISSSPEG es por la “omisión sistemática del entero de cuotas y aportaciones, por parte de los entes públicos incorporados a este régimen de Seguridad Social, principalmente por parte de los Ayuntamientos”.
Para terminar con esta morosidad, considera que es necesario “imponer sanciones más rigurosas y eficaces a las personas titulares de los entes públicos incorporados a este régimen de seguridad social que incumplen con sus obligaciones de entero; el objeto es que el instituto cuente con mayores instrumentos jurídicos, para exigir el cumplimiento de las obligaciones que la ley le impone a los entes públicos incorporados a este régimen, pero principalmente inhibir esta conducta generada por omisión”.
Incrementar gradualmente la licencia de paternidad
Otra de las propuestas es la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan disposiciones de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, para incrementar los días de descanso de los trabajadores por paternidad.
En su argumentación, la gobernadora señala que “las mujeres han sido víctimas de conductas patriarcales que asigna a los hombres a ser proveedores de materiales que den sustento al hogar, mientras que las mujeres atienden las labores estrictamente del hogar, incluida la crianza”.
Por lo que considera que “al apoyar una crianza equitativa se tendrá un paso que apoye a la lucha por la igualdad de género, que rompa los paradigmas patriarcales y se asuman nuevos roles de género”, y que “los hombres asuman una paternidad efectiva y ocupando plena participación en el cuidado de las hijas e hijos y en las tareas domésticas”.
Su propuesta es para ampliar la licencia de paternidad que para los trabajadores del estado es de solo diez días inmediatos tras el nacimiento.
La iniciativa de reforma al artículo 24 BIS de dicha ley, propuesta por Evelyn Salgado plantea que los padres trabajadores tendrán derecho a tres días de descanso en los casos de que su esposa o concubina tenga un aborto legal o clínico.
Y en la fracción segunda de este artículo dice que “la licencia de paternidad por nacimiento de sus hijas e hijos, para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades en el hogar, así como a la protección tanto de la maternidad como de la patemidad corresponsables y en cumplimiento de la igualdad sustantiva, con goce de sueldo”.
Para garantizar este derecho, se plantea una tabla en la que se propone un incremento gradual para los días de licencia por paternidad, para que a partir de 2023 sea de 15 días naturales, a partir de 2025 veinte días, a partir de 2027 veinticinco, y después de 2029 serán 30 días.
Del mismo derecho y en los mismos términos gozará el padre por adopción de una niña o niño.
Los presidentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, Victoriano Sánchez Carvajal, Ismael Alderete, María de la Luz Reyes Ríos, Tomás Gerardo García y Eter Miranda en la conferencia de prensa de ayer Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Dirigentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, rechazaron en conferencia de prensa una iniciativa de decreto en el que se adicionan los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado.
La iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el 7 de marzo al Congreso local las personas y sanciona con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
El artículo 177 que se adiciona, relacionado con las “terapias de conversión”, establece: “A la persona que, contra la voluntad de la víctima o mediante engaño, imparta o aplique cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de ésta, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Añade: “Se aplicarán las mismas sanciones a la madre, padre, tutora o tutor que ejerza cualquier tipo de violencia contra la víctima para que se someta a las conductas señaladas”.
Refiere, asimismo: “Se aumentará hasta en una mitad la sanción prevista en el párrafo anterior, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo”.
Se promueve el odio contra padres y turores, dicen
Los representantes de al menos cinco agrupaciones del Frente Nacional por la Familia, de orientación conservadora y con vínculos con la Iglesia católica, consideran que esa iniciativa viola los derechos humanos, la libertad de expresión, la laicidad de la educación, y atenta contra la unidad de la familia como base de la sociedad.
En conferencia de prensa ayer, alertaron que de aprobarse esa iniciativa “propiciaría una serie de delitos en contra de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. Además, creen que acrecentará la impunidad, favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la ley.
Asistieron a la conferencia de prensa el presidente de la Red Guerrero por la Vida, Eter Miranda y la integrante de la misma agrupación Natividad Longino; la presidenta de la Asociación Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos; el representante de la Red por la Vida Familia Guerrero Ismael Alderete; el presidente de la Asociación a Favor de la Familia y la Niñez, Victoriano Sánchez Carvajal, quien en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
También asistió el coordinador en Guerrero del Frente Nacional por la Familia, Tomás Gerardo García Sánchez.
En un oficio de fecha 22 de marzo, las organizaciones de ese Frente advierten que en caso de aprobarse esa iniciativa causaría un daño “terrible e irreversible”, porque se pretende sancionar con pena de prisión hasta por seis años y multa de hasta 300 veces el valor diario de la UMA, a toda persona que “no esté a favor de la ideología de género” que se propone en esa reforma y que se oponga al “adoctrinamiento” de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, “agravando esa conducta penal a la madre, padre, tutora, tutor o cualquier persona”.
El documento de rechazo a la iniciativa fue leído ayer en la conferencia de prensa por María de la Luz Reyes Ríos.
Los inconformes indican que con dicha iniciativa se pretende promover el odio y el desprecio contra la figura del padre, la madre de familia, tutor o tutora, y contra toda persona que se oponga al adoctrinamiento de sus hijos en la ideología de género, al imputarlos, como incitadores de este delito.
“Pretenden castigarnos si nos atrevemos a estar en desacuerdo y, en consecuencia, considerarnos delincuentes, es decir, seriamos perseguidos, amordazados y encarcelarnos”, refiere el escrito.
Para los representantes de las agrupaciones inconformes, con la aprobación de la iniciativa se acrecentaría la impunidad, “favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la Ley, dejando en un estado de indefensión a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a las personas que no tengan la capacidad para comprender o resistir el significado del hecho o la acción sexual sobre sus cuerpos”.
Consideran que se pretende legitimar las posibles acciones delictivas de adultos del mismo sexo, sobre los menores en delitos sexuales impidiendo a los padres o tutores cualquier tipo de orientación para que no puedan seguir siendo víctimas de estos ilícitos.
“Beneficia a pedófilos”
El escrito enviado al Congreso, en el que manifiestan su oposición a la reforma, añaden que esta es violatoria de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, y del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas.
Consideran que se violentan libertades fundamentales, como la de expresión, de conciencia, de creencias religiosas y de culto. Así como la convención sobre los derechos de los niños, el interés superior del niño, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y atenta contra la patria potestad de los padres y ocasiona el deterioro y daño a la institución familiar.
“Esta iniciativa pretende arrebatarnos a nuestros hijos dejándolos vulnerables y en total estado de indefensión ante cualquier acción efectuada por persona determinada que atente contra la integridad sexual de nuestros hijos, lo que resulta inadmisible”, destaca el escrito.
Las organizaciones reprochan en su oficio: “Ante tanta violencia e inseguridad que se vive en el estado, ¿qué nos ofrecen ustedes como legisladores?, y cuestionan que, mientras tanto, los temas importantes y prioritarios “se están dejando de lado, para destruir a la familia y arrebatarnos lo más vital, a nuestros hijos e hijas, nuestros jóvenes y eso es un acto reprobable; dejándolos en completo estado de indefensión, pero, además, de aprobarse esta iniciativa nos criminalizará a todos los guerrerenses”.
Victoriano Sánchez Carvajal, abundó que esa iniciativa viola el Artículo Tercero Constitucional, respecto al principio de la laicidad que protege cualquier forma de pensamiento o creencia, no solamente religiosa, al impedir en determinado momento que los padres quieran educar a sus hijos conforme a sus creencias.
“La imposición de cualquier forma de pensamiento o creencia iría en contra de cualquier forma de pensamiento o creencias de las personas, esto está protegido en la Constitución y la adición al Código Penal es clara: pretende incluir una ideología de género mediante la ley a la sociedad guerrerense y eso es inadmisible porque viola el principio de laicidad y el Artículo Tercero que establece el derecho a la educación que señala que debe ser laica, obligatoria, integral, inclusiva, gratuita y de calidad”.
El abogado, argumentó que no puede someterse a la sociedad en general al pensamiento dogmático de una sola fracción porque todos somos iguales ante la ley, y añadió que el hecho de que el Estado pretenda imponer una ideología de género mediante la tipificación de un delito, sin duda violenta el Artículo Tercero Constitucional.
“Por estas razones nos manifestamos en contra de esta iniciativa y levantamos la voz en protesta, pidiendo a los diputados que analicen exhaustivamente esta iniciativa a la luz de los derechos humanos y de los tratados internacionales”.
Ismael Alderete, dijo por su parte que la propuesta es “preocupante y riesgosa”, y puso ejemplos:
“Supongamos que un padre de familia tiene un hijo de 15 años y un día llega un adulto mayor de 30 a tocar la puerta de su casa y le dice: ‘vengo a buscar a mi amante’, y resulta que éste es su hijo pero no estaba enterado de esa relación.
Explicó que si la iniciativa se aprueba, el padre no podrá reconvenir a su hijo, ni lo podrá reeducar de acuerdo a sus ideas, criterios, valores o religión, porque lo pueden acusar del delito de terapias de conversión, “y tendrá que quedarse callado para no irse a la cárcel seis años, por eso decimos que también es una ley mordaza”.
En otro ejemplo, explicó que si un sacerdote o pastor de cualquier religión predica en el pulpito que Dios creó (sólo) al hombre y a la mujer, y alguna persona que es de la ideología de género lo escucha, lo puede acusar del delito de Terapias de Conversión “y tanto el sacerdote como el pastor se van a la cárcel”.
Consideró que la iniciativa lleva dedicatoria para los pedófilos, “y quieren garantizar que nos callemos, en pocas palabras, que guardemos silencio para darle entrada a los pedófilos, y esto es grave, por eso rechazamos contundentemente esta iniciativa”.
María de la Luz Reyes Ríos, criticó que la iniciativa es copia fiel de la que se elaboró para la Ciudad de México “lo asesores de la gobernadora ni si quiera la leyeron, copiaron y pegaron; no hay ninguna motivación, fundamentación, no hay un estudio socioeconómico que establezca datos y cifras de cuantos casos en Guerrero se han suscitado”.
Expresó que el contexto de la Ciudad de México no es el mismo con el de Guerrero.
Acusó a la gobernadora y a sus asesores de imponer en Guerrero un “estado totalitario”, e insistió que no existe un estudio que sustente esa iniciativa.
“Con esta iniciativa están trastocando los derechos de la familia, que es el núcleo y base de la sociedad, trasmisora de valores y de enseñanza, y ante la ola de violencia e inseguridad en nuestro país y en nuestro estado, la familia es la contención a tanta violencia”.
En el documento que entregaron a los diputados, los representantes de las agrupaciones les pidieron que no aprueben esa iniciativa de decreto, “que mejor construyan junto con la sociedad civil, políticas públicas con perspectiva de familia que realmente fortalezcan la institución familiar y así se construya una mejor sociedad y un futuro mejor para nuestros hijos”.
El diputado local morenista Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Ley de Educación del Estado de Guerrero, para incorporar a las Preparatorias Populares en el Subsistema Estatal de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Recordó que estas preparatorias imparten educación desde hace 35 años y que tienen una matrícula de más 14 mil estudiantes en 103 escuelas, y que los recursos públicos que les son asignados son mínimos.
“Sin duda que esto es una injusticia tanto para el alumnado como para los docentes, pero también para la sociedad de Guerrero, que todos aspiramos sea una sociedad del conocimiento, gracias a una educación de calidad”, y planteó regularizar y dar certeza jurídica al sistema de educación de bachillerato ejercido y realizado por medio de las denominadas Preparatorias Populares.
En la sesión ordinaria del Congreso local, el pleno exhortó a los titulares de dependencias y entes públicos de Guerrero para que implementen acciones necesarias para la instalación de salas de lactancia materna, así como difundir entre su personal los beneficios de esta práctica.
La diputada perredista Susana Paola Juárez Gómez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para que los integrantes de los ayuntamientos (presidentes, síndicos y regidores), rindan protesta constitucional al cargo el día primero de enero del año inmediato posterior al de la elección, cesando de responsabilidad al ayuntamiento saliente el 31 de diciembre.
El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado para que se extienda por un mes más el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, que inicia el 01 de marzo y culminaría el 15 de julio de cada año; esto con el objetivo de poder desahogar más asuntos legislativos.
La Oficial Nacional en Programas de Género y Derechos Humanos del Fondo de Población de Naciones Unidas, Dosia Calderón Maydon en entrevista al término del primer congreso de Unidades de Género, llevado acabo en el Museo Regional del Estado en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, planteó sentar las bases para elaborar un proyecto de iniciativa de ley sobre Unidades de Género para Guerrero, con las conclusiones del Congreso Estatal de Unidades de Género que se realizó ayer en el Museo Regional, y donde las participantes denunciaron que operan sin presupuestos ni reconocimiento en las dependencias y ayuntamientos.
Además de señalar las carencias, reconocer que todo el personal de las unidades debe estar capacitado con perspectiva de género, advirtieron de las complicaciones de acompañar la denuncia del acoso y hostigamiento sexual en las instituciones cuando los agresores suelen ser los mismos titulares, superiores jerárquicos, personas importantes en los municipios o familiares de autoridades municipales.
En el resumen de los trabajos de las mesas de trabajo, en voz de la consejera electoral, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, como relatora general, enfatizaron la importancia de fomentar la denuncia, con actuaciones objetivas y con seguridad.
Reconocen que nada se puede hacer de manera aislada, y proponen la construcción de una red estatal de unidades de género para fortalecerse y empujar sus acciones, sobre todo para cuidarse entre sí mismas en los seguimientos de casos de hostigamiento y de violencias.
Confirman que no se puede llegar a la tan anhelada igualdad sustantiva, y a la vida libre de violencia si las unidades de género no asumen el compromiso de que hace falta mucho por hacer.
“Ya llegamos, no están neófitas en el tema, hoy estamos preparadas en la defensa de los derechos y no nos van a mover para darle sentido a este enunciado: si nos tocan a una, nos tocan a todas y a todos”, declaró como parte de los resultados.
El Congreso de Unidades de Género fue convocado por la Codehum en el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, y tiene como base un informe especial de Unidades de Género elaborado por el organismo en 2021, antes del cambio de las administraciones estatal y municipales, recordó Narciso Gaytán.
La presidenta confirmó que la situación no ha cambiado mucho respecto al diagnóstico de 2021, por ello llamaron a funcionarios públicos de las unidades de género, que por mandato de ley están obligados a la no discriminación y a fomentar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Asimismo, invitaron a organizaciones y colectivos de la diversidad sexual, para plantear el reconocimiento de todas las personas de diferentes sectores.
Estimó que llegaron alrededor de 14 o 16 representantes de unidades de género de diferentes dependencias del gobierno del estado, del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, además de personal de áreas de atención de la Mujer o de regidurías de distintos ayuntamientos, que aún no tienen Unidad de Género.
Confió en que el Congreso les permitirá arribar a una política pública, nutrida con las buenas prácticas, además de sentar las bases para la elaboración de un proyecto de iniciativa de Ley sobre las Unidades de Género para el Estado de Guerrero.
Como relatora de una mesa de trabajo, la académica feminista, Rosa María Gómez Saavedra, indicó que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es la instancia rectora de a aplicación de las políticas publicas de igualdad. No lo mencionó, pero el equivalente en Guerrero es la Secretaría de la Mujer, cuya titular, Violeta Pino Girón, inauguró los trabajos en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Gómez Saavedra destacó el esfuerzo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “de ser vigilante de lo que se ha dejado de hacer” respecto a las Unidades de Género.
Destacó que el proceso de armonización permitirá regularizar el nombre de las Unidades de Género, sus funciones y competencias, incorporándose a la estructura orgánica.
“Una unidad administrativa que no está en la estructura orgánica, no existe, es una sola y mera voluntad, por lo cual se tienen que incorporar la estructura orgánica de los poderes con infraestructura, presupuesto, recursos humanos y materiales”.
En las mesas constataron lo que dice el diagnóstico, que en algunas dependencias las unidades de género se constituyen por una sola persona, sobre quien recae la importancia de la institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género.
Planteó que las unidades de género se señalen en las leyes orgánicas de los poderes, derivados directamente del poder ejecutivo, no de la síndica, regidores ni secretarías, para poder desarrollar el trabajo queda al pie de su jefe inmediato.
Advirtió que, mientras no se visibilicen las Unidades de Género en la Ley Orgánica, seguirán siendo cuotas de los grupos políticos; espacios dados a personas sin reconocimiento, profesionalización ni mérito.
“Las unidades de género son invisibles, sí existe un decreto de creación todavía no están en organigramas como unidades administrativas, con presupuesto, con vida jurídica para fortalecer sus acciones”, ratificó en el resumen general de conclusiones Díaz Fuentes.
Aclaró que con poco personal o una persona, las jornadas son extenuantes, no se respetan las horas de la jornada, el trabajo es sumamente exigente, que las lleva a dejar de lado el autocuidado.
También son las áreas más cuestionadas cuando buscan emprender una actividad, distinto a los departamentos jurídicos y de administración. Coincidieron en que se necesita estar preparados y comprometidos con la agenda de las mujeres para dar resultados.
Las Unidades de Género sólo aparecen en un decreto del ejecutivo estatal para su creación como unidades administrativas de las dependencias, entidades, y demás organismos de la administración pública estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de octubre de 2015.
