El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña informó que se reunirá este lunes en Chilpancingo con representantes del gobierno estatal y federal para tratar la entrega de los granos básicos como maíz, frijol, arroz y sal, que requieren los campesinos para su alimentación tras las afectaciones que dejó en esa región la tormenta Manuel en 2013.
En una reunión el pasado sábado, los integrantes del consejo entregaron las listas depuradas de los beneficiarios de sus comunidades y otra comisión entregará hoy esa lista a los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) y a los representantes del gobierno federal.
La pasada reunión fue en la explanada de la Unidad de Servicios Integrales, donde estuvieron representantes de las 185 comunidades de 13 municipios de la Montaña a quienes les informaron los acuerdos con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
Ahí se les informó a los pobladores que se autorizaron 122 millones de pesos, y que la sal ya no se dará a las 16 mil familias afectadas.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que se autorizó la segunda etapa del programa Que llueva maíz en la Montaña, para seis meses.
Mencionó que el programa lo obtuvieron los pueblos por luchar y hacer valer su derecho a la alimentación, el cual dijo no está garantizado en la región de la Montaña, en donde hay un déficit alimentario más allá del programa gubernamental de la Cruzada contra el hambre, y que no se está atendiendo el problema de la falta de frijol, maíz y arroz, que son alimentos básicos y al no tenerlos la gente a comienza a migrar para solucionar el problema o les surge la tentación de sembrar cultivos ilícitos.
Dijo que los niños y las mujeres tienen índices de desnutrición que están confirmados por las instituciones y que es un logró que el programa esté siendo respaldado por el gobierno estatal y federal, sobre la reparación de las viviendas afectadas por la tormenta dijo que el tema sigue pendiente.
Comunicó que los pobladores de la Montaña se reunirán con funcionarios estatales y federales este lunes a las 11 de la mañana en Casa Guerrero, en Chilpancingo, y se entregará el padrón de beneficiarios y se planteará la programación de entrega de los granos.
Mencionó que el gobernador Héctor Astudillo Flores estará en la reunión y que se comprometió a dar una parte proporcional de los 122 millones en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y el gobierno federal.
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Entre diciembre y abril hubo 791 detenidos por secuestro y homicidio: FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que según los reportes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), de diciembre de 2015 al 30 de abril de este año se han ejecutado 791 órdenes de aprehensión en Guerrero por secuestro, homicidio y violación.
Señaló en un boletín que Acapulco encabeza la lista de aprehensiones cumplidas, con un total de 419 en las colonias urbanas y suburbanas, y los detenidos que fueron puestos a disposición del juez correspondiente.
El segundo lugar lo ocupa la región Centro con 156 detenciones, después la región Costa Chica con 78, Costa Grande con 67 y La Montaña con 27 órdenes de aprehensión.
La FGE informó que la coordinación de la PIM en la región Norte reportó 26 detenciones y la región de Tierra Caliente registró 18 mandatos judiciales girados por los jueces de distrito de cada zona.
Las detenciones fueron por los delitos de secuestro, homicidio, violación, extorsión, robo de vehículo, posesión de enervantes y portación de armas.
Descarta el Consejo Agrario Permanente una ruptura; tres grupos salieron por desacuerdos
El coordinador ejecutivo del Congreso Agrario Permanente (CAP), Maclovio Avilés Ruiz descartó una ruptura en el organismo y dijo que la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), la Confederación Agrarista Mexicana (CAM) y los Pueblos Unidos por el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero (Puedess), salieron de la organización, “porque no estaban de acuerdo en ayudar a organizaciones pequeñas de la Montaña”.
El viernes pasado, el dirigente de la Alcano, Honorio Muñoz García, y el dirigente de la CAM, Isidro Díaz Gatica, anunciaron la “ruptura” con el CAP, ya que algunas organizaciones afiliadas, como la Unión Nacional de Trabajadores Agricolas (UNTA), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Central Campesina Independiente (CCI), pretendían impulsar al Frente Auténtico del Campo (FAC) para recibir bonos y programas federales.
Los dirigentes señalaron que con el acuerdo de las tres organizaciones agrarias, pretendían “debilitar” y desvirtuar al CAP para potenciar al FAC a nivel nacional.
Consultado vía telefónica, el coordinador y dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI) Maclovio Avilés, descartó la ruptura y debilitamiento del organismo, pues dijo que además de él, permanecen como coordinadores del CAP, Ventura Reyes Uriostegui, de la UNTA, y Edel Chona Morales, de la CNC.
Abundó que, la Alcano, Puedess y la CAM, decidieron salir del organismo tras no estar de acuerdo en que el organismo ayudara a “cuatro o cinco” organizaciones pequeñas de la Montaña.
Ante el señalamiento del apoyo hacia el FAC, Avilés García indicó que en Guerrero “ni siquiera existe”, y por ello siguen laborando con normalidad en el CAP, “y ellos están en el derecho de irse adonde mejor les parezca”.
Reiteró que es falso que las organizaciones agrarias hayan impulsado al FAC, y a pregunta expresa, el dirigente indicó, “no sé lo que pretendan, pero es completamente falso, somos 31 organizaciones y el CAP sigue intacto”.
Argumentó que hace 15 días las tres organizaciones denunciantes se retiraron de la CAP, y reiteró que de haber sido cierta la intervención en beneficio de la FAC, no lo negaría, “pues cualquier organización que apueste para bajar proyectos al campo es bueno y noble, y no le veo mal estar en FAC, pero aquí no existe”.
El coordinador señaló que continúa en la dirigencia CAP, que permanece íntegro, “pues si faltan dos o tres organizaciones con nosotros, no nos afecta en gran cosa”.
Pide Asuntos Agrarios a comuneros de Alpoyeca “hacer las paces” con los que invadieron sus tierras
Comuneros legalmente constituidos de Alpoyeca informaron que el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, les pidió que deben hacer alianzas con las personas que invadieron sus tierras para que no haya más problemas.
Vía telefónica, uno de los comuneros, Florentino González Ayala dijo que este lunes se llevó a cabo una reunión privada en una de las oficinas de Palacio de Gobierno donde estuvo el subsecretario de Asuntos Agrarios, quien determinó que “se deberían hacer las paces” con los invasores de los terrenos.
González Ayala dijo que, “estamos decepcionados con la respuesta porque cómo vamos hacer una alianza con las personas que nos quitaron nuestros terrenos, nos quedamos en duda porque la parte contraria ya habló con el subsecretario y no sé qué le hayan propuesto”.
Dijo que todos los comuneros están en desacuerdo con la propuesta porque los terrenos invadidos son comunales, y también porque hay personas que compraron más de un lote, y que no los ocuparán para vivir sino para negocios.
Señaló que el subsecretario les propuso que hicieran una depuración de las personas que tienen más de dos terrenos, lo que el comunero consideró imposible de hacer porque quienes compraron más de dos lotes no van a querer que les den sólo uno.
Ante tal situación, González Ayala informó que demandarán a las personas invasoras ante Tribunal Unitario Agrario para la restitución de las tierras.
El 19 de enero, los comuneros denunciaron que el alcalde del PT de Alpoyeca, Osiel Humberto González Almazán, la síndica Rosaura Moreno Ríos, y el ex representante de bienes comunales de Alpoyeca, Rigoberto Almazo González vendieron de manera ilegal sus tierras, y a pesar de que los comuneros han denunciado el problema, las autoridades estatales han hecho caso omiso.
La SEG no ha da fecha de reunión para resolver falta de maestros en La Montaña: CETEG
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero, indicó que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha confirmado la mesa de trabajo regional del 16 de marzo con padres de familia y profesores de la organización en la región de La Montaña donde hacen falta alrededor de 200 maestros indígenas en las escuelas na savi, me’phaa, nahuas y mestizas.
Indicó que la situación de las escuelas donde hacen falta los maestros es crítica porque en algunos centros hay docentes que atienden hasta tres grupos y se encargan de la dirección.
Consultado por teléfono, Reyes Guerrero informó que en la Asamblea Nacional Ampliada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hecha el sábado en la Ciudad de México, se acordó recopilar los casos de los maestros que no se presentaron al examen docente hecho a finales del año pasado y que han sido despedidos por la SEP, para que el 20 de marzo se den a conocer.
Reyes Guerrero informó que en esa misma fecha se definirá cuando iniciará el paro nacional contra la reforma educativa y contra el despido de los maestros.
El martes pasado, padres de familias y profesores de la CETEG bloquearon por cuatro días la carretera federal Tlapa-Puebla para exigir la presencia maestros na savi, me´phaa y nahuas, además solicitaron su incorporación al Fondo Nacional de Operaciones de la Nómina Nacional.
No respeta el gobierno estatal proyectos indígenas, dice gestor de una comunidad de Metlatónoc
El gestor de la comunidad de Chilixtlahuaca, del municipio de Metlatónoc, Francisco Mendoza de los Santos denunció que el gobierno de Héctor Astudillo Flores no respeta los proyectos que presentan las comunidades indígenas para mejorar su calidad de vida.
Por la mañana de este miércoles, funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Políticos recibieron a una comisión de 15 vecinos de Chilixtlahuaca, municipio de Metlatónoc, para atender su petición de crear un nuevo municipio, así como la pavimentación de la carretera y de calles de la comunidad.
La reunión duró más de tres horas, pero no se llegó a ningún acuerdo ni hubo avance en el proyecto de creación del nuevo municipio de la región de la Montaña, ya que no estuvo presente el subsecretario, José Martín Maldonado del Moral.
Al concluir la reunión, Mendoza de los Santos explicó que llevan 20 años tratando de crear el municipio que incluiría a 30 comunidades na savi que viven de la producción de café.
Detalló que el 29 de enero presentaron un oficio para una audiencia con el subsecretario Maldonado del Moral, y el 2 de febrero se les notificó que serian recibidos el día 10, a las 10 de la mañana, pero el funcionario no se presentó.
“La verdad, se ve mal, se ve que el gobierno no tiene voluntad de atender al pueblo indígena”, agregó el gestor.
Mendoza de los Santos sostenía en la mano derecha su carpeta llena de documentos y apretaba con la izquierda la correa de su morral de ixtle, mientras relataba las carencias a las que se enfrentan diariamente en sus comunidades.
“Desde lejos se ve que se trata de golpear al pueblo, por eso no nos quiere recibir, para que no haya avance con los indígenas”, señaló.
Para asistir a la reunión, los vecinos de Chilixtlahuaca viajaron más de ocho horas, y hasta las 2 de la tarde no habían almorzado, ya que estaban esperando que los recibiera el subsecretario.
Hasta la fecha, contando a Chilixtlahuaca, hay seis pueblos que buscan crear sus propios municipios, para obtener un presupuesto directo para obras públicas, de salud y de educación.
Entre estos municipios está Temalacatzingo, de Olinalá; San Nicolás, de Cuajinicuilapa; Santa Cruz del Rincón, de Malinaltepec; Las Vigas, San Marcos, y San Pedro Cuitlapan, de Tlacoachistlahuaca.
Durante la reunión hablaron de la construcción de una carretera de 105 kilómetros que uniría a la región de la Montaña con la Costa Chica; según Mendoza de los Santos, los recursos ya habías sido otorgado, pero no se avanzó en la construcción.
Explicó que en la reunión sólo se les informó que se enviarían máquinas para darle mantenimiento a la carretera, pero dijo que no se trata de darle mantenimiento, sino de pavimentarla para que sea segura en caso de emergencia.
Recibió una queja la Codehum desde que inició la Operación Chilapa, dice el ombudsman
El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que desde que inició la Operación Chilapa, en la que participan 3 mil 500 soldados y 200 policías federales, estatales y ministeriales, la dependencia que él encabeza sólo ha recibido una queja en contra de la Policía Federal.
Consultado vía telefónica, el Ómbudsman estatal dijo que recibió una queja en contra de policías federales, de la mamá de uno de los detenidos en la búsqueda del líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro.
En Chilapa, el 28 de enero en un enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos, un delincuente murió, dos fueron detenidos y dos federales resultaron heridos.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, estas acciones tuvieron como objetivo detener al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro. Tras el enfrentamiento, la Policía Federal detuvo a dos presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron un arma larga y dos pistolas, sin especificar el calibre; tampoco se informó de la identidad de los detenidos.
Sin dar detalles, el presidente de la Codehum dijo que una madre de familia interpuso una queja en contra de los Policías Federales porque detuvieron a su hijo que, aseguró, es inocente. “Es la única queja que he tenido desde que inició el operativo, la cual será analizada”, indicó Naverrete.
Dijo que, “quisiéramos que el Ejército estuviera en sus cuarteles, que es para lo que fueron creados, para la defensa de la soberanía, pero hay una disposición de las autoridades que los faculta para estar en la calles, y mientras sea así que sus acciones se sujeten en el marco de la ley”.
En la zona de Chilapa y La Montaña, funcionarios de la Codehum hacen recorridos para vigilar que los militares no violen derechos humanos; Navarrete Magdaleno dijo que no ha recibido ninguna denuncia ante la presencia del Ejército, sin embargo aseveró que se mantiene expectante.
Explicó que en la zona de La Montaña hay trabajadores de la Codehum, “pero no tenemos suficiente equipo para estar en todos los lugares donde están haciendo operativos los policías federales y militares”; sin embargo, explicó que sus funcionarios se presentan con la gente para que, si tienen algo que denunciar contra cualquier autoridad lo hagan.
Navarrete Magdaleno indicó que, pese a que la comisión quiere que el Ejército esté en sus cuarteles y no en las calles, la ciudadanía quiere seguridad, “está enfadada de estos actos criminales”, y que una de las instituciones que generan más confianza es el Ejército, opinó.
Llega el frío en La Montaña a 10 grados centígrados
La región de la Montaña es donde el frío es más intenso en esta temporada, con 10 centígrados, y la comunidad de Cochoapa el Grande es la más afectada, según el secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador.
Consultado por teléfono, Mayares Salvador dijo que después del 24 de diciembre se registrarán bajas temperaturas en los municipios de esa región y en la sierra.
Agregó que la dependencia lleva a cabo el Programa de Invierno para apoyar con cobertores y abrigos a los municipios de las regiones Montaña, Centro y en la sierra.
Mayares Salvador fue director de Protección Civil del municipio en la administración del entonces alcalde de Chilpancingo Héctor Astudillo Flores actual gobernador del estado.
Toma la OPIG “simbólicamente” la Cdi en Tlapa; se reunirá con autoridades federales, anuncia
Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero, que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (OPIG CNPA-MN), tomaron de “manera simbólica” las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Tlapa, donde acordaron mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales para atender sus peticiones.
La toma de la Cdi duró de las 8 a las 10 de la mañana, y después los inconformes se quedaron en el lugar hasta las 2 de la tarde, cuando se reunieron con funcionarios federales y con el secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado, Gilberto Arriaga Solano. En la reunión acordaron iniciar las mesas de trabajo la próxima semana, pero no especificaron hora ni fecha.
El integrante de la OPIG, Israel Jiménez informó que en su jornada nacional del 9 de noviembre, en la que participaron más de 20 organizaciones del país integrantes de #ElCampoEsDeTodos para apoyar al movimiento campesino-indígena, acordaron tales mesas de trabajo.
El representante comentó que entregaron sus peticiones al titular de la SAI, Gilberto Arriaga Solano para hablar sobre asuntos locales, como apoyo para la infraestructura de la OPIG en la región, proyectos productivos de hongos Z, equipamiento e infraestructura de un laboratorio agrícola que funcione como centro de investigación y práctica, infraestructura carretera y plantas frutales, y para impulsar el cultivo y procesamiento del café.
“Por el momento, aceptamos las pláticas, las mesas y las promesas de apoyo a nuestras peticiones; esperemos que las cumplan y no se quede en el discurso, o regresaremos con otras acciones; y pedimos interlocución con el gobernador”, dijo.
Agregó que las peticiones, en su mayoría eran para las dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la intervención del estado era buena porque también tenían cosas específicas para este nivel de gobierno.
Fueron atendidos por el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona; de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello, y del gobierno estatal, el secretario de la SAI y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado.
Recordó que la OPIG exige que no haya recorte presupuestal para el campo mexicano, solución inmediata a las demandas de las organizaciones aglutinadas en la CNPA-MN, recursos para los programas de vivienda rural y vivienda digna, proyectos productivos, y la liberación inmediata de los recursos retenidos por la SHCP, entre otras peticiones.
Mantienen la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, libertad a los presos políticos y justicia para Antonio Vivar, no a la política de criminalización del movimiento social y no a la militarización.
También se pronunciaron por la defensa del territorio, la cancelación inmediata de las concesiones mineras en La Montaña, y la consulta previa e informada a los pueblos originarios sobre las formas de autogobierno que decidan aplicar.
Sienten indígenas de La Montaña el frío en este enero más que en otros años
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