La ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García reconoció que no ocupa ningún cargo dentro de esta organización de seguridad y justicia, pero sigue colaborando con la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán desde el extranjero.
En consulta telefónica desde Washington, Estados Unidos, la comandanta que dirigió en 2013 un movimiento de seguridad en Olinalá aseguró que sigue denunciando las violaciones a los derechos humanos, el abandono en que viven los pueblos y que está tratando de abrir espacios para apoyar a los campesinos y artesanos de La Montaña.
Adelantó que en diálogos con la comunidad latina han hablado de vender artesanías de Guerrero y de Oaxaca en Estados Unidos, Canadá y España, incluso de ayudar a reconstruir escuelas, “hay mucho que hacer aparte de denunciar todos los crímenes en el estado, estamos buscando la manera de incitar, invitar a la gente para que nos apoye”.
Anunció que traerán al país a algunos técnicos que capaciten a los campesinos para producir su propio gas, sus sistemas de riego, de purificación de agua, “estamos pidiendo que donen un tiempecito, hay mucha gente con muchos conocimientos que puede ayudar invitando a que regresen, que ayuden a las comunidades, que los cambios puedan empezar de abajo”.
Dijo que esta labor es en colaboración con la Policía Comunitaria de Olinalá y con la CRAC. Informó que el mes pasado en Estados Unidos la acompañó la consejera de la CRAC, Felícitas Martínez Solano y posiblemente se incorpore al siguiente viaje previsto para octubre en EU, Canadá y Europa.
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No hay voluntad del gobierno para liberar a otros presos de la CRAC, dice el abogado de Gonzalo
El abogado del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González, Hegel Mariano Ramírez, declaró ayer que los gobiernos estatal y federal no muestran la misma voluntad política que tuvieron con Nestora Salgado a los otros ocho presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Aseguró que hay una intención de los gobiernos federal y estatal de mantener en prisión a los otros miembros de la CRAC que fueron detenidos después de Nestora Salgado, que tienen acusaciones por los mismos delitos que ella pero que se los han reclasificado, en otros casos han retrasado la resolución de amparos o han dilatado la resolución de la sentencia más allá del plazo establecido legalmente.
A Gonzalo Molina le han acumulado 12 delitos en cuatro causas penales, dos de ellas del fuero federal y dos del fuero común, lo que dificulta su defensa, y el procesado carece de recursos hasta para sacar copias de su expediente.
El abogado que lleva el caso de dos de las cuatro causas penales de Molina González informó que una de ellas, la 76/2013 por delincuencia organizada es por la que fue absuelta la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, por el Segundo Tribunal Unitario del 21 Circuito, con sede en Chilpancingo.
Informó que otra causa penal es la 196/2013 que lleva el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tlapa por secuestro agravado, por el que también fue absuelta Nestora.
La otra causa es la 157/2013 que lleva el Juzgado Cuarto Penal de Chilpancingo por terrorismo, robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas, por acusaciones del síndico de Tixtla, el director de la Policía Municipal, el secretario general del Ayuntamiento y cinco policías municipales.
Otro proceso penal en contra de Gonzalo Molina es el 59/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito federal por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, y delitos contra servidores públicos.
Asimismo existe en su contra la 678/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito por portación de arma de fuego sin licencia.
Derivado de todos estos procesos penales que enfrenta en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina, otros 14 integrantes de la CRAC tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque algunos de ellos enfrentan los procesos en libertad.
La mayoría de estas causas penales se integraron contra los policías comunitarios luego de que el 26 de agosto del 2013 protestaron frente al Ayuntamiento de Tixtla, para exigir que el gobierno diera a conocer la detención de Nestora Salgado.
Hegel Mariano señaló que tras la resolución que la semana pasada dictaron los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, que absuelven a Nestora Salgado de secuestro y por lo cual sale en libertad, se espera que en los próximos días el resto de los comunitarios presos también sean beneficiados con esta resolución.
Dijo que también se prevé que cuando menos ocho miembros de la CRAC, entre ellos Arturo Campos Herrera (quien está preso en el penal de Ayutla) y Gonzalo Molina, salgan en libertad aunque el 29 de diciembre se les reclasificó el delito de secuestro agravado por privación ilegal de la libertad personal.
Reconoció que el caso de Gonzalo Molina es más complicado jurídicamente porque enfrenta causas penales del fuero común y otra por el fuero federal.
Aunque Hegel Mariano consideró que si las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta la resolución que dictó en el 2014 el Juez 6 de Distrito de Acapulco que dejó en libertad a varios comunitarios de Ayutla, estableciendo que la Policía Comunitaria es una institución protegida por la Ley 701 de usos y costumbres de los pueblos originarios en Guerrero, Gonzalo tiene que abandonar la cárcel.
En opinión del abogado la detención de los policías comunitarios durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue una estrategia para desaparecer a este sistema de justicia de los pueblos originarios.
No descartó que en Tixtla, Ayutla y Olinalá la delincuencia organizada haya presionado al gobierno para detener el avance de las policías comunitarias, porque afectaba sus intereses económicos.
El abogado declaró que esta hipótesis de complicidad es porque durante la administración de Aguirre Rivero los procesos judiciales de los comunitarios presos eran demasiado lentos.
“Como que veíamos que había mala fe de los jueces para una serie de trámites, e incluso era muy complicado realizar audiencias porque los presos estaban en cárceles de máxima seguridad en distintos estados del país”, recordó.
Indicó que si bien durante el mandato interino de Rogelio Ortega a los comunitarios se les trasladó a penales de Guerrero (en el caso de Nestora Salgado a la cárcel femenil de Tepepan, en la Ciudad de México desde Nayarit) de todos modos los procesos penales van en forma lenta.
Agregó que desde hace más de dos años la Primera Sala Penal del Poder Judicial que es integrada por los magistrados Vicente Rodríguez, Miguel Barreto Sedeño y Julio Jáuregui siguen sin dictar una resolución sobre una apelación sobre el auto de formal prisión que dictó el juez penal de esta ciudad, Abimael Rodríguez en contra de Gonzalo Molina acusado de diversos delitos del fuero común.
Anuncian que este martes en la mañana saldría hacia EU Nestora Salgado
Hoy, alrededor de las 7 de la mañana, la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García, partirá rumbo a Estados Unidos del aeropuerto de la Ciudad de México. Hasta tarde, con su equipo de apoyo, aún valoraba si daría un mensaje final.
La luchadora social declaró con anticipación que iría al país vecino –cuenta con la nacionalidad estadounidense–, para atender su salud física y emocional, tras dos años y siete meses de prisión. Incluso, dijo que llegaría a su residencia en Seattle, en el estado de Washington.
Desde allá, acompañaría y empujaría las acciones para lanzar una campaña internacional por los presos políticos, en alianza con organizaciones nacionales, el próximo 10 de abril. En encuentro cerrado el sábado, con organizaciones sociales, también acordaron promover el Tercer Encuentro Nacional de presos políticos en su natal Olinalá, en La Montaña alta de Guerrero, y ofreció hacer lo posible por estar presente.
Hace cuatro días, el 18 de marzo, la luchadora social abandonó la torre médica del penal femenil de Tepepan en la Ciudad de México, luego que tres jueces de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla decretaron su libertad, porque las acciones por las que la acusaron de secuestro, estaban bajo el amparo de la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura Indígena, y ella actuó como autoridad comunitaria.
Sin embargo, el caso aún no está cerrado, siguen en proceso tres apelaciones de presuntas víctimas contra los autos de libertad, en primeras tres causas penales, de seis demandas en total.
El día de su libertad, Salgado García tuvo un encuentro con los grupos de policías comunitarios de Huamuxtitlán y Olinalá –en los que participó en su conformación antes de su aprehensión por militares el 21 de agosto de 2013–, y ofreció una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En lo particular, concedió una entrevista a la periodista Carmen Aristegui, y vía telefónica, la noche de ayer a Milenio televisión.
Decretan tres jueces la libertad de Nestora porque actuó como Policía Comunitaria; sale hoy de prisión
Tres jueces –de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla– decretaron anoche la libertad absolutoria para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que pasó dos años y siete meses en prision.
Se espera que este viernes a las 9:30 la dirigente comunitaria salga de la prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida luego de haber sido trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Los jueces de Tlapa y de Ayutla consideraron que no se acreditó el cuerpo de delito en la acusación de secuestro, ni el de privación de la libertad y robo específico que se atribuyeron a Nestora Salgado García, porque actuó como autoridad de la Policía Comunitaria, al amparo de la Ley 701.
Tampoco se acreditó la probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado de Huamuxtitlán, porque se presentaron pruebas de que cuando ocurrieron los hechos ella se encontraba a kilómetros de distancia del lugar.
Ayer a las 9 de noche, el juzgado 67 del reclusorio de Santa Martha Acatitla, le notificó los auto de libertad en las tres causas penales que la mantenían en prisión.
Este viernes, entre 9 y 10 de la mañana, la luchadora social saldrá de la torre médica del penal de Tepepan al sur de la Ciudad de México, donde la esperan representantes de organizaciones nacionales y de Guerrero, para trasladarse al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde habrá una conferencia de prensa conjunta.
Seguida de una comida con los policías comunitarios de Guerrero y representantes de distintas Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Confirmó su asistencia, el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, que también fue preso político, Bertoldo Martínez Cruz, y se mencionaba entre los asistentes al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, también preso con motivo de la lucha en defensa de sus tierras, y a las esposas de los presos de la CRAC de Ayutla y Chilpancingo.
Salgado García aclaró que ella solicitó que acudieran todos los que pudieran acompañarla, sin distinción.
En el lugar, la menor de sus hijas, Grisela Rodríguez Salgado, adelantó que con sus hermanas van a llevarse a su mamá a Estados Unidos, para atender su salud, deteriorada por las condiciones de reclusión. Consideró que ha empeorado mucho por el encierro.
En tanto, la luchadora social habló de las iniciativas que desea emprender en esta nueva etapa de su vida, y dejar atrás dos años y medio en prisión, de los cuales, un año ocho meses fue en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Mientras esperaban la resolución final de los jueces que se esperaba a favor, habló de las cartas que recibió de todo el país donde le contaron de las injusticias que padecen los más pobres en las prisiones de México, y su anhelo de trabajar por los presos políticos.
Pero Grisel se negaba a echar las campañas al vuelo, hasta que su mamá tuviera las constancias de libertad en las manos, aún tenía desconfianza, “sabemos que es inocente, pero nos han jugado tan chueco tantas veces, hasta que la vea (libre), han sido casi tres años y de cierta manera como que te preparas mentalmente para lo peor”.
Una, tras la rejilla de los acusados, la otra viéndola desde afuera del edificio, a través de un cristal, estallaron en risa cuando se confirmó la noticia.
El abogado Leonel Rivero Rodríguez, explicó que los jueces de Guerrero determinaron que en la acusación de secuestro no se acreditó el cuerpo del delito, porque Nestora Salgado estaba en funciones en la Policía Comunitaria de Olinalá cuando sometió a un proceso de reeducación a la presunta víctima.
Tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de privación de la libertad de policías municipales, y robo específico, porque es una autoridad comunitaria y se devolvió el equipo retenido a la autoridad civil.
Nestora Salgado destacó en este largo proceso, el reconocimiento pleno a la Policía Comunitaria de Olinalá como autoridad, porque inicialmente, el gobierno de Guerrero y los juzgados cuestionaron su integración a la CRAC, ya que entonces eran de los grupos de más reciente creación.
Notifican a Nestora tres órdenes de aprehensión y seguirá el proceso que terminaría en una semana
La comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, fue notificada de tres órdenes de aprehensión en su contra, pendientes de ejecutar desde agosto, luego de que recibió tres autos de libertad porque su actuación como autoridad comunitaria está avalada por la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena.
Las nuevas denuncias son por el homicidio de dos ganaderos implicados en abigeato, cuyas muertes derivaron en la detención del entonces síndico de Olinalá, Armando Patrón, llevado a proceso de reeducación en el sistema de justicia comunitario, cuando se le encontró en el Ministerio Público de Huamuxtitlán, reclamando una vaca que iba en la camioneta de las víctimas, identificada como robada.
Nestora Salgado también fue acusada de privación ilegal de la libertad y robo de equipo y armas de un grupo de policías municipales y el director de seguridad pública, detenidos por los comunitarios por encontrarse en estado de ebriedad durante su servicio, informó el sobrino de la luchadora social Giovanni Torres Salgado.
La tercera es una ampliación de las acusaciones de secuestro, por las cuales la coordinadora de la Policía Comunitaria recibió tres autos de libertad este lunes, informó la abogada defensora, Amanda Rivero Espinoza.
De las notificaciones de aprehensión, Rivero Espinoza indicó que al regresar a la prisión de Tepepan, de los juzgados de la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde recibió las notificaciones de libertad de tres causas penales por el delito de secuestro, le dijeron que vía fax llegaron los escritos de las órdenes de aprehensión, que le notificaron oficialmente ayer.
Los nuevos procesos penales que enfrenta, corresponden a la causa penal 050/2014-II por los delitos de robo específico y privación de la libertad personal ante el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa, la causa penal 67/2014 por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza y la causa penal 59-1/2015 por el delito de secuestro ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla.
Indicó que esperan que salga en libertad tras definirse su situación legal porque han reunido pruebas de descargo para un juicio de amparo en un Juzgado de Distrito. En el caso del delito homicidio, indicó que tienen evidencia de que Salgado García se encontraba en una conferencia de prensa en Tixtla cuando ocurrieron los hechos.
Sobre el robo y privación de la libertad de funcionarios públicos (de los policías municipales y el robo de su equipo y armamento), informó que hay convenios de coordinación con autoridades estatales en materia se seguridad, así como de la entrega donación de equipo y armas de armas, por lo tanto la posesión de las armas no fue ilegal.
En cuanto al delito de secuestro, indicó que van a llevar las mismas pruebas que llevaron a los procesos anteriores, incluidos los autos de libertad, porque corresponden al mismo tema de detenciones en el marco del sistema de seguridad y justicia comunitaria, amparado en la Ley 701.
Por la tarde, en un comunicado, el equipo de abogados explicó que el 5 de marzo de 2016, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, puso a disposición de los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlan y Ayutla de los Libres, a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, en cumplimiento de tres órdenes de aprehensión.
Por lo anterior, esperan que los juzgados de Guerrero soliciten mediante exhorto, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el efecto de que un juez penal recabe las declaraciones preparatorias y posteriormente sean devueltas a los jueces de Guerrero para que éstos puedan resolver su situación jurídica, lo cual podría acontecer entre los días 14 o 15 de marzo, martes o miércoles de la próxima semana.
De las órdenes de aprehensión, Giovanni Torres recordó que los homicidios de los ganaderos y de la detención de Armando Patrón, llevó a la incursión de policías federales, estatales y militares a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a los detenidos que tenía la CRAC, y detener al coordinador, consejeros, policías comunitarios y a los líderes más visibles de ese momento: Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos Herrera, que siguen detenidos en prisiones de la Ciudad e México, Chilpancingo y Ayutla, respectivamente.
El caso de Nestora está en manos de los jueces, responde al fiscal el abogado de la dirigente comunitaria
El abogado de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Leonel Rivero Rodríguez, declaró ayer que el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, “es institucional” al afirmar que su cliente es culpable y que si sale en libertad la volvería a detener por las órdenes de aprehensión que tiene en su contra, pero que quien resolverá finalmente, serán los jueces que tienen el caso en sus manos.
“Yo lo veo institucional en términos de que él es el representante de la Fiscalía y como tal es el órgano que encabeza la acusación en el proceso, y creo que en ese sentido es congruente en sus palabras, ya que la Fiscalía es quien ejercitó la acción penal”, pero insistió en que resolver el caso ya no está en sus manos sino en el Tribunal Superior de Justicia.
El miércoles, Olea Peláez dijo que para él Nestora Salgado es culpable de los delitos que se le acusan, pero “pueden existir cuestiones políticas que a ella en su momento le puedan beneficiar”, y advirtió que “si la señora tiene órdenes de aprehensión y sale en libertad, tendrá que ser detenida nuevamente”.
Consultado en el restaurante Los Portales de esta capital, en donde fue encontrado causalmente, el abogado Rivero Rodríguez declaró que, sin embargo, “decir que (Nestora) es culpable, en este momento el único que puede determinarlo es un juez, y creo que la posición del fiscal es institucional en términos de que fue la Fiscalía que él encabeza la que ejercitó la acción penal y consignó a nuestra cliente”.
El abogado aclaró que en cuanto a las órdenes de aprehensión, él ha reiterado que hay tres pendientes por ejecutar, “y hace referencia el fiscal a que la defensa tiene los medios para impugnarlas y no lo ha hecho; yo creo que en eso le falta un poco de información al fiscal porque desde hace varios meses las órdenes de aprehensión fueron impugnadas por medio de un juicio de amparo que está pendiente por resolverse”, informó.
Explicó que en unas semanas más el juicio de amparo será resuelto, si es que antes no se llevan a cabo las órdenes de aprehensión.
Rivero Rodríguez expresó que no ve falta de voluntad política para liberar a su cliente por parte del fiscal, puesto que, finalmente, al que le toca decidir es al Poder Judicial del estado “y tendrá que decidir con base en los elementos que hay en los procesos”.
Reconoció que existe la “posibilidad real” de que puedan ejecutar las órdenes de aprehensión en este momento, o posteriormente, en caso de que se emita el auto de libertad.
Subrayó que la defensa “no puede obligarlos a que las ejecuten hoy o después, porque es una decisión que corresponde a la Fiscalía”.
En cuanto al proceso que se reinició, recordó que el martes fueron entregados por los abogados los exhortos con los documentos ante los juzgados primero y segundo del ramo penal de Tlapa, después de un atraso “lamentable” por parte del Juzgado 67 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pero dijo que a partir del martes que se entregaron los expedientes está corriendo el plazo de las 144 horas, mismo que fenece en las primeras horas del lunes 7 de marzo y que a partir de ese día se estará en posibilidad de saber qué resolución emiten los jueces.
Aclaró que los jueces pueden emitir su resolución antes de que venza el plazo, “puede ser hoy, puede ser mañana, o el domingo, no necesariamente tienen que pasar las 144 horas que establece la ley”, dijo.
Entregan los abogados de Nestora los exhortos de reposición de procedimiento a los jueces de Tlapa
Los abogados de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado García, Sandino Rivero y Amanda Rivero presentaron los exhortos en los juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con las declaraciones preparatorias de la procesada, tras ordenarse la reposición del procedimiento que solicitaron hace semanas.
Los abogados dijeron que desde la perspectiva legal y jurídica hay elementos para que se le dicte un auto de libertad, pero serán los jueces quienes lo determinen.
Se espera que lleven a la libertad de Nestora Salgado estos nuevos procedimientos, que se siguen tras la anulación de los anteriores el pasado 23 de febrero con el argumento de que no se respetó su derecho a la asistencia consular, dada su nacionalidad doble, mexicana y estadunidense.
Sandino Rivero dijo que entregaron las declaraciones de Salgado García de la noche del jueves 25 y la madrugada del viernes 26 de febrero en el Juzgado Penal 67 de la Ciudad de México, y que acudieron a entregarlas porque no se habían remitido directamente.
Su intención al dejarlos es agilizar el proceso al reponerse el procedimiento penal que se le sigue por secuestro.
Agregó que una vez entregados los documentos corre el término de 144 horas para que se defina la situación de Nestora Salgado, y se le dicte auto de libertad o de formal prisión, por lo que acudirán para saber lo que se dictamine de las tres causas penales que se le siguen en los dos juzgados.
Dijo que es un avance que se hayan regularizado las tres causas penales y ordenado la reposición del procedimiento, porque le dio a Nestora una oportunidad que le habían negado desde que le dictaron el auto de formal prisión.
Mencionó que hay tres causas penales y órdenes de aprehensión que no le han notificado, y que espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo haga y al hacerlo a ella le tomarán su declaración nuevamente, habrá un desahogo de pruebas y careos.
Consideró que en la semana será notificada para que inicie el término constitucional, porque no hacerlo los mantiene en la incertidumbre. Pidió legalidad y que les notifiquen, o que la Fiscalía se desista por falta de pruebas.
Dijo que lo que retrasaba los procedimientos es que se pedía ampliación de los supuestos ofendidos y los careos, sin embargo desde que Nestora llegó a la Ciudad de México en ningún momento se presentaron los ofendidos a carearse con ella y ni ellos como defensores podían ampliar las declaraciones, eso retrasaba los procedimientos y no se respetaba el derecho a la igualdad y la contradicción.
Aclaró que lo que el Ministerio Público en su momento desahogó en la etapa de averiguación previa nunca fue de conocimiento de Nestora, “hasta ahorita seguían siendo pruebas todas las acusaciones sin que ella tuviera la oportunidad hasta el momento de contradecir lo que decían los ofendidos, y eso retrasaba las causas penales”.
Comentó que como defensores de Salgado García y ella, saben que es un asunto creado en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, que no pudo resolver Rogelio Ortega y es un problema heredado a Héctor Astudillo Flores, pero “es algo que puede resolver si así lo quiere, claro cada quien apegado a su ámbito de competencia y dictar auto de libertad”.
La entrega de los documentos
Los abogados llegaron a los juzgados a las 12 del día, buscaron al primer secretario de acuerdos del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Morelos, Bartolo Guevara, y le entregaron la documentación.
Después se trasladaron a la Oficialía de Partes con el titular Javier Escamilla Ortega, quien recibió los escritos. Aquí está la causa penal 05/2014.
Luego fueron al juzgado Segundo Penal a la Oficialía de Partes, pero antes fueron a su vehículo y sacaron un gran legajo de documentos, alrededor de 11 tomos que entregaron a la Oficialía con Antolín Leyva Rivero, que contienen las declaraciones de Salgado García que serán analizadas por la jueza María Celia Fernández Suárez. En este juzgado se lleva la causa penal 196/2013-I y 48/2014.
La entrega de documentos concluyó cuando les firmaron y sellaron los oficios que llevaban y preguntaron en cuántos días se emitirá el auto de formal prisión o libertad, y les dijeron que podría ser entre del sábado 5 al lunes 7 de marzo.
Los abogados mencionaron que estarán el próximo lunes en esta ciudad para conocer los resultados.
Solicita el FDP a la ONU un pronunciamiento de medidas cautelares para ocho activistas
El Frente de Defensa Popular (FDP) solicitó en la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pronunciamiento para que el gobierno de México otorgue medidas cautelares a ocho activistas nahuas incriminados en delitos graves, de los municipios de Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango).
La dirigente Clemencia Guevara Tejedor dijo que este jueves los integrantes de esa organización presentaron el escrito en la sede de la Ciudad de México porque en Guerrero no han encontrado eco a su petición, y temen que los activistas sean asesinatos en el clima de violencia que existe en la zona de la Montaña baja, o terminen en prisión como la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González.
Consultada en el mitin de la Jornada Nacional de Lucha que convocaron dos organizaciones y sindicatos en la Ciudad de México, la líder social aseguró que los militantes del FDP no son delincuentes, sin embargo cuatro integrantes de la comunidad de Rincón de Chautla fueron detenidos y ocho de San Jerónimo Palantla tienen órdenes de aprehensión por homicidio.
Se trata de cuatro de los cinco detenidos por la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como sospechosos del ataque armado a una Urvan en Chilapa, donde fueron asesinados un comisario, un consejero de la Casa de Justicia y tres mujeres.
Clemencia Tejedor indicó que buscaron atención en el gobierno del estado y se entrevistaron con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero las autoridades no prestaron atención a su preocupación.
Este jueves a las 8 de la mañana se manifestaron frente a la oficina de la ONU en la colonia Polanco, entregaron un oficio y esperan una respuesta.
Dijo que ella también tiene una orden de aprehensión por despojo de un terreno en un lugar conocido como Campo de Aviación en el municipio de Chilapa, que ocuparon comerciantes y artesanos hace 12 años y es propiedad del gobierno del estado. Los comerciantes fueron desalojados y la propiedad ahora está en manos de un grupo de narcotraficantes, aseguró.
Por otra parte dijo que la Ley 701 da facultades a los pueblos originarios para organizarse pero cuando luchan por sus derechos las autoridades los llaman delincuentes.
Pidió que se revise la situación de todos los involucrados y se dicten medidas de protección a los representantes del FDP en Guerrero.
El Frente de Defensa Popular participó en el
plantón del Zócalo de Chilpancingo por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y en la Ciudad de México pidió a la ONU que se pronuncie por la seguridad de los activistas que están haciendo labor social en Guerrero.
Dijo que el FDP es parte del Frente Popular Francisco Villa siglo XXI, que se manifestó contra las reformas laborales y educativas, la caída del poder adquisitivo, en apoyo a los presos políticos y por la presentación con vida de los normalista de Ayotzinapa.
Del hostigamiento al FDP recordó que hace dos años la Policía Federal entró a su casa en Chilapa y el año pasado les quitaron una camioneta.
Marcha la Comunitaria de Olinalá; cumple 3 años y pide la libertad de Nestora Salgado
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá marchó al cumplir tres años de que el pueblo se armó contra la delincuencia organizada que secuestraba y mataba a vecinos, y exigió la libertad de la coordinadora Nestora Salgado García.
Asimismo, exigieron justicia para el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Antonio Vivar, asesinado por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral; exigieron libertad para todos los presos políticos y la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos desaparecidos hace más de trece meses.
La CRAC-PC de Olinalá, Huamuxtitlán, Cualac, Alpoyeca, Atlixtac, Tixtla y Ahuacuotzingo, en su recorrido por las principales calles de Olinalá recordaron que el 27 de octubre, como ciudadanos inconformes por los secuestros, robos, abigeato y homicidios, decidieron garantizar su propia seguridad, ya que “estábamos enterrando a uno y se escuchó que habían secuestrado a otro, y venían por más, por eso se tocaron las campanas”.
El tesorero del Consejo Social Olinalteco, Carlos Patrón recordó que se conformaron en esta figura para brindarse seguridad, porque el municipio no lo hizo; luego llegaron marinos y militares que tampoco lo hicieron, y por eso se incorporaron a la CRAC-PC.
Mientras pasaban por las calles, los vecinos los observaban, en algunos momentos les gritaron “traidores, cuéntennos bien”, las consigna de libertad para Nestora y el llamado a que se unieran a ellos.
Los participantes en el mitin en la explanada municipal coincidieron en la exigencia de libertad para Nestora y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La hermana de Nestora, Cleotilde Salgado leyó la carta que envió a los medios la coordinadora hace unos días para invitar a que se sumaran a la actividad de este 27 por la libertad de los presos; su sobrino Giovani leyó la carta del Cecop, firmada por Marco Antonio Suástegui, quien le da su respaldo, y mencionó que su tía llamó a que no se olviden de lo que pasó.
Del MPG región Montaña, Arnulfo Cerón llamó a los asistentes a que no se doblen ni se rajen, y dijo que es cierto lo que dijo Nestora, “el enemigo es el gobierno”.
También estuvo el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) Reyes Ramos Guerrero, quien dijo que es preocupante que a 13 meses no se sepa nada de los 43 estudiantes y pidió la libertad de Nestora Salgado.
Una acompañante del plantón permanente por los 43 en la ciudad de México, Cristina Bautista pidió libertad para Nestora, llamó a la unidad y solidaridad, porque “los que perdimos un familiar sabemos qué se siente”, y recordó que su hermano murió a causa de la tortura, después de ser detenido por policías.
Integrantes del Partido Obrero Socialista dijeron que la lucha de las policías comunitarias es heroica, ya que las comunidades no confían en las autoridades y por eso toman la seguridad en sus manos.
El representante de la Policía Comunitaria de Pochutla, Miguel Crespo, del municipio de Ahuacuotzingo dijo que se integró a la Policía Comunitaria el 18 de marzo de 2015, y que el 4 de julio tuvo un enfrentamiento con delincuentes que detuvieron y enviaron a Espino Blanco. Dijo que los policías comunitarios han sido amenazados por el grupo delincuencial Los Rojos de cortarles la cabeza.
El representante de Huamuxtitlán lamentó el encarcelamiento de Nestora, a quien le fabricaron delitos por defender a su pueblo. Recordó que se armaron por el secuestro de 17 vecinos en Huamuxtitlán y la colusión de las autoridades municipales con la delincuencia, y que desde entonces tienen amenazas de muerte.
Una policía comunitaria de Cuateconcingo, municipio de Cualac, pidió la libertad de todos los presos políticos, a tres años de que los vecinos, encabezados por Nestora Salgado, iniciaron su defensa contra los robos y secuestros.
La mayoría de los participantes fueron policías comunitarios de distintos municipios, la familia de Nestora Salgado y vecinos, además de representantes del MPG de la Montaña. De la CETEG, sólo Ramos Reyes y otras cinco maestros; del Frente Democrático Unitario de Lucha (Fredul) y del Comité Nacional por los Presos Políticos.
Insistirá “hasta el último momento” en la liberación de Nestora Salgado y los demás presos, dice Rogelio Ortega
Carlos Navarrete Romero / Chilpancingo
El gobernador Rogelio Ortega Martínez aseguró que seguirá insistiendo “hasta el último momento” de su administración en la liberación de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Herrera Campos, e incluso adelantó que si esto no se consigue continuará impulsando esa petición aunque ya no esté en el cargo.
Aunque dijo que es respetuoso del plan de trabajo del gobernador electo Héctor Astudillo Flores, confió en que “por su sensibilidad”, el priista retomará este asunto cuando asuma el cargo, en coordinación con la actual legislatura del Congreso local.
Ortega Martínez asistió ayer al Complejo Cultural Guerrero (antes Casa Guerrero), para la clausura de Las Caravanas Culturales por la Paz que encabezó su hija, la presidenta del DIF-Guerrero, Marxitania Ortega, y en donde estuvo presente el secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Al concluir la actividad, a Ortega Martínez se le preguntó sobre la negativa del fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, de desistirse de la acción penal en contra de Nestora Salgado, y la negativa del Congreso local de aprobar la iniciativa de Ley de Amnistía que su administración ha impulsado, sin éxito, desde la legislatura pasada.
“Hasta el último momento, hasta las 12 de la noche del lunes 26 de octubre vamos a seguir insistiendo en que se pueda liberar a la ciudadana Nestora Salgado, a Gonzalo Molina, a Arturo Campos, a Máximo Mojica, a los muchachos de la Policía Comunitaria de la casa del Paraíso en Ayutla, y a las luchadoras y luchadores sociales que están en prisión”, respondió.
Aunque no precisó cuándo lo hará, dijo que enviará de nueva cuenta una petición al fiscal para que reconsidere su postura respecto a la petición que le ha hecho para que se desista de la acción penal en contra de Nestora Salgado.
Dijo que para el 27 de octubre, cuando entre en funciones el gobernador electo Héctor Astudillo Flores y él ya no sea gobernador, en su carácter de ciudadano y universitario seguirá insistiendo en la liberación de los presos políticos.
Dijo estar convencido de que la libertad de los presos políticos en Guerrero sería una acción justa que abonaría a la armonía y a la paz de Guerrero.
-¿Ha hablado usted con Héctor Astudillo de esto? ¿Le ha pedido que impulse la liberación de los presos? -preguntó este reportero.
-Hemos hablado de este y muchos otros temas, yo le he expresado al licenciado Héctor Astudillo mi convicción de que esto ayuda a la armonía, a la paz y a la gobernabilidad democrática. Si contribuimos para que, a través del debido proceso, que no se obstruya, que no se obstaculice la justicia, hay casos que se pueden desahogar y poder alcanzar la libertad a través de lo que proceda.
-¿Debería Héctor Astudillo impulsar esas iniciativas? -se le insistió.
-Yo solamente sugiero, ya el licenciado tendrá oportunidad de revisar y analizar estos casos, y espero, porque creo que es un hombre sensible, un hombre justo, que habremos de coincidir, y yo como simple ciudadano tenga la satisfacción de ver un acto de solidaridad y de justicia de parte del gobernador electo Héctor Astudillo para que atienda estos casos.
De las finanzas del gobierno estatal, recordó que recibió la administración con un déficit de 3 mil millones de pesos, y él dejará menos de 200 millones, “yo funcioné con mil 500 millones menos que como funcionaban otros gobiernos”.
Dijo que Guerrero ocupó el primer lugar a nivel nacional en captación de ingresos, gracias a una estrategia en la que condonaron las deudas que enfrentaban los contribuyentes, pero con la condición de que estuvieran al corriente con el pago de sus impuestos en la actual administración, entre otras medidas que merecieron el reconocimiento del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
De la reunión con diputados locales de la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones del caso Ayotzinapa, en la que el fiscal general del Estado (FGE), Miguel Ángel Godínez Muñoz, confirmó que el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, compareció ante el entonces procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, horas después de los ataques a los estudiantes de la Normal Rural en Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, lo que deja entrever la posibilidad de que lo dejaron escapar, Rogelio Ortega dijo que es respetuoso “de lo que al respecto se diga”, ya que no es un asunto de su competencia.
-¿No abonaría la comparecencia de Iñaky Blanco para que explicara por qué no se detuvo al secretario de seguridad de Iguala? -se le preguntó.
-Yo soy de la idea de que todas las personas que estuvieron involucradas o cercanas por responsabilidades gubernamentales y que puedan aportar a la investigación y encontrar la ruta de la verdad y la justicia, deben tener la voluntad de comparecer y decir lo que les consta.