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“Ni me retracto ni ofrezco disculpas” a Nestora; estoy con las víctimas: Meade

“Ni me retracto ni ofrezco disculpas” a Nestora Salgado; estoy con las víctimas: Meade

Lejos de arredrarse, José Antonio Meade reanudó hoy sus ataques a Nestora Salgado al afirmar que no se retractará ni ofrecerá disculpas a la candidata a snadora de Morena.
A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-Panal, afirmó que la amnistía que ofrece su contrincante Andrés Manuel López Obrador va en serio, y reiteró que él está del lado de “las víctimas y de la legalidad”.
“Ni me retracto ni ofrezco disculpas. ¡Faltaba más! Por si fuera poco, le obsequian a la señora una senaduría plurinominal. La amnistía de Andrés Manuel va en serio. Yo estoy del lado de las víctimas y de la legalidad. Es tiempo de definiciones”, escribió.
El martes Nestora Salgado ofreció una conferencia de prensa para anunciar que demandará penalmente a Meade por difamarla.
Incluso reveló que después de que el candidato del PRI utilizó su participación en el segundo debate presidencial para acusarla públicamente de ser una secuestradora, balearon la casa de su hija. (Agencia Proceso / Ciudad de México).

Pese al llamado de la CRAC, Meade hará campaña en la Montaña, dice Armando Soto

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El coordinador en Guerrero de la campaña a la presidencia del candidato del PRI José Antonio Meade, Armando Soto, afirmó que pese al anunció que hizo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de que no permitirá actos de campaña del candidato en municipios donde tiene presencia, éste visitará la región de la Montaña.
Lo anterior luego de que el candidato presidencial de la coalición Juntos por México, señalara durante el segundo debate que la candidata de Morena a senadora es una secuestradora.
En la conferencia que ofreció junto al coordinador nacional juvenil de la campaña presidencial, José Manuel Romero Coello, quien visitó el estado, afirmó que la advertencia de la organización es “anticonstitucional, yo no creo que exista un grupo o personas que puedan impedir el libre paso, no sólo político sino del ciudadano”.
A pregunta expresa, dijo que hasta ayer no había ningún problema con la promoción de la campaña presidencial en la Montaña ni en Costa Chica, y que cuando se tenga que ir lo harán, y anunció que Meade visitará la Montaña y la zona Norte pero aún no está definido el municipio ni el día.
Agregó que el tema de Nestora Salgado no se debe de politizar, pero se le recordó que fue el candidato a la presidencia quien lo dijo durante el debate, “pero no tiene porque a extenderse a lo político”.
Afirmó que en la Montaña hay una gran red promocionando el voto en las comunidades indígenas y es una bastión priista.
De las acusaciones del dirigente estatal del PRD, Ricardo Barrientos, y del coordinador de los diputados del PRD Jesús Zambrano de que los candidatos del PVEM y el PRI a las alcaldías de Coahuayutla, Eleazar Rodríguez Mercado, y Acapulco Ricardo Taja, están ligados al narco, respondió: “si existe algo, que lo prueben”.
Romero Coello defendió que el PRI está dando oportunidad a los jóvenes a participar y ser postulados y destacó el caso de la candidata a senadora Gabriela Bernal, quien tiene 32 años.

Nestora está libre por insuficiencias en el procedimiento penal, dice René Juárez Cisneros

Redacción

El dirigente nacional del PRI y ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros “se mantuvo en la denuncia que realizó el candidato presidencial José Antonio Meade, sobre la responsabilidad de secuestro de la aspirante al Senado por Morena, Nestora Salgado”, informó ayer el periódico El Universal en su página de Internet.
La nota firmada por Dinorath Mota y fechada en Pachuca, bajo el titular René Juárez respalda dichos de Meade sobre caso Nestora, dice que él declaró que vivió de cerca la situación, y si la dirigente de la comunidad de Olinalá está en libertad, “es porque hubo ausencias o insuficiencias en el procedimiento”.
“Yo no puedo imaginar que alguien en su sano juicio, que alguien que tenga conciencia, que tenga sentimientos pueda negar que es absurdo, que es inaceptable que alguien arropado, que alguien resguardado en una policía comunitaria prive de la libertad a un menor, y no fue uno, fueron varios”, se lee.
“Alguien que se llama luchador social, defensor de los derechos humanos o representa una policía comunitaria, yo pregunto, ¿tiene derecho a secuestrar una persona, un niño, tiene derecho a quitarle 5 mil pesos a una familia?”, agregó.

Defiende AMLO a Nestora, dice que fue calumniada y que Meade está mal asesorado

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Andrés Manuel López Obrador defendió a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado, quien fue señalada de secuestro por el abanderado de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal), José Antonio Meade.
De gira en Jalisco el político tabasqueño sostuvo que Salgado, candidata plurinominal al Senado por Morena, fue calumniada por el aspirante del tricolor a quien recomendó cambiar de asesores.
“Ella fue calumniada, es una dirigente social que está luchando porque haya paz y tranquilidad y fue acusada de manera infame, eso no se hace, no actuó bien Meade”, dijo.
“Es que tienen muy malos asesores, los contratan en el extranjero, les pagan muchísimo pero son muy malos asesores, ya les voy a prestar un poco de asesores, de los que están aquí en el pueblo”.
La postulación de Salgado ha sido cuestionada por Meade desde hace meses, pero durante el debate presidencial el candidato la señaló como secuestradora, tras leer un supuesto testimonio de una carpeta de investigación.
La ex integrante de la Policía Comunitaria de la comunidad guerrerense de Olinalá exigió a Meade una disculpa pública, tras advertir que lo demandará formalmente. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Pide Morena al INE protocolo de violencia política de género contra Meade por Nestora

El candidato del PRI pone en riesgo la vida e integridad de la candidata a senadora y de su familia, señala. Demanda medidas cautelares y preventivas y la protección de los derechos a no ser humillada, degradada, envilecida o criminalizada

Agencia Proceso

Ciudad de México

La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), presentó ayer una solicitud de activación del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres a favor de Nestora Salgado García, candidata al Senado en el estado de Guerrero.
Dicho instituto político consideró que el candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade Kuribreña, ha ejercido violencia política de género poniendo en riesgo la vida e integridad, tanto de ella como de su familia.
Desde el segundo debate presidencial, Meade Kuribreña abordó el caso de Nestora Salgado quien fue acusada de secuestro y delincuencia organizada, y de los que quedó exonerada excepto por dos expedientes archivados. No obstante, Meade ha insistido en mensajes en redes sociales y declaraciones en señalarla como responsable de secuestro, imputación por la que Salgado anunció que demandará al candidato del PRI.
Tras la queja y solicitud del mencionado protocolo de género, Morena pidió que cesen los ataques contra la candidata, quien fue comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y en cuyas funciones fue encausada en 2013.
Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, informó que tras las declaraciones “falsas e irresponsables” de Meade, un grupo de personas perpetró un ataque sobre la casa de la hija de la candidata, lugar al que acudieron algunas personas a tirar balazos.
Duarte, consideró que la gravedad de los dichos de Meade representan una amenaza para la dignidad de la candidata y de otras mujeres, al exponer argumentos difamatorios sin considerar sus consecuencias.
Inclusive, recordó que en diciembre de 2015, en el 74 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se concluyó que la detención de Nestora Salgado fue arbitraria e ilegal, ya que tuvo como origen sus actividades en la Policía Comunitaria, amparadas en las leyes mexicanas. En la opinión 56/2015 pidió su liberación inmediata.
Horacio Duarte calificó como una alevosía de Meade hacer uso de los medios masivos de comunicación para difamar a la candidata con lo que dijo, ha creado una estigmatización por su condición de mujer, que violenta el derecho humano a la dignidad y constituye además violencia política en contra de las mujeres.
Así, Morena demanda medidas cautelares y preventivas, así como la protección de los derechos de Salgado a no ser humillada, degradada, envilecida o criminalizada y exigió que cese el ataque y denostaciones por parte del candidato del PRI, en contra de las mujeres candidatas y específicamente en contra de Salgado.

Busca el PRI desprestigiar a alguien de Morena para levantarse del tercer lugar: Amílcar Sandoval

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, denunció que “hay un interés del gobierno del estado de criminalizar la lucha social y de imputarle a Nestora Salgado delitos que no existen. Sabemos de toda esta campaña que viene desde el PRI, y que intenta desprestigiar a nuestra candidata al Senado”.
La mañana de ayer Amílcar Sandoval acompañado del enlace nacional de ese partido, César Núñez, la candidata a diputada federal del distrito 02, Esther Araceli Ocampo Manzanares, a diputado local por el distrito 22 Antonio Helguera Jiménez, y a la alcaldía de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, ofreció una conferencia de prensa en el salón Los Mandarinos del centro de la ciudad para informar y convocar a la población a la actividad de campaña que el candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador hará el viernes a las 11 de la mañana en la plaza de Las Tres Garantías de Iguala.
Anticipó que López Obrador estará acompañado sólo de los candidatos de Morena, y en el caso de la alcaldía de Iguala solo dará su apoyo a Antonio Jaimes Herrera.
Del caso de Nestora Salgado, Sandoval Ballesteros informó que la noche del martes en la Ciudad de México Morena interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la queja contra José Antonio Meade por la violencia política de género que está ejerciendo en contra de ella “por estas calumnias”.
Dijo que la representación de Morena hizo llegar al presidente del INE, Lorenzo Córdova, la queja correspondiente para que haya medidas cautelares en contra de José Antonio Meade y le impidan este tipo de acusaciones –de ser secuestradora– sin fundamento alguno.
Exigió que pare el acoso del PRI y de su candidato presidencial a la candidata, y advirtió que defenderán su prestigio y su derecho a no sufrir de calumnias.
Denunció que hay un interés del gobierno del estado de criminalizar la lucha social y de imputarle a Nestora delitos que no existen, “sabemos de toda esta campaña que viene desde el PRI, y que intenta desprestigiar a nuestra candidata al Senado, pero les decimos que no hay ninguna entidad de Guerrero ni de instancias federales que esté persiguiendo a Nestora Salgado y le esté haciendo ninguna imputación de cualquier tipo, sino por el contrario, se ha demostrado su inocencia”.
Exigió que prueben sus dichos y advirtió que no tolerarán que el priista quiera levantarse del tercer lugar con calumnias.
“Vamos a emprender una demanda contra José Antonio Meade para resarcir estos daños y en contra de estas calumnias. Vamos a denunciar en la Fepade esta actitud que está teniendo Meade”, expuso.
Agregó que el desprestigio en contra de Nestora es porque no puede hablar nada en contra de López Obrador, porque es un hombre íntegro, “está buscando a alguien a quién poder desprestigiar de Morena, pero se va a topar con pared en el caso de Nestora Salgado”.
Adjudicó los ataques a la llegada a la dirigencia nacional del PRI del ex gobernador de Guerrero René Juárez Cisneros, “una línea de golpeo y de intentar desprestigiar a los demás, ya que ellos no pueden crecer ni posicionarse y deciden empezar a aventar lodo en la contienda electoral”.
Del caso Ayotzinapa Sandoval Ballesteros reiteró que Morena sigue exigiendo justicia, que haya verdad en el caso y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos hace casi cuatro años en Iguala.
Convocó a las organizaciones que apoyan el movimiento por Ayotzinapa, y a las familias de todos los desaparecidos de Guerrero a participar en esta gran concentración del viernes y el movimiento que encabeza López Obrador.

Defiende AMLO a Nestora, dice que fue calumniada y que Meade está mal asesorado

Entran hombres armados a pueblos nahuas, denuncian; proponen crear Policía Comunitaria

Habitantes de tres pueblos nahuas asentados en la ribera del Balsas propusieron conformar una Policía Comunitaria para la seguridad de esas localidades que se encuentran al oriente del puente Mezcala Solidaridad de la Autopista del Sol debido a que se han presentado casos de inseguridad y violencia y han visto a personas armadas que han entrado a los pueblos.
La propuesta es de los representantes de los pueblos de Tula del Río, San Agustín Oxtotipan y San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan, en una reunión que tuvieron autoridades agrarias y municipales de la zona del Alto Balsas este domingo en San Juan Totolcintla en donde trataron el problema de la contaminación del agua del río Balsas.
El punto fue propuesto en el orden del día de la reunión por el presidente del Consejo para el Desarrollo Auto Sustentable del Alto Balsas, Victórico Ríos Mundo, quien informó que de hecho dos de esos pueblos, San Miguel Oxtotipan y San Juan Totolcintla, han venido ya coordinando acciones en materia de seguridad con civiles armados.
La conformación de la Policía Comunitaria no fue todavía un acuerdo de la reunión de ayer, pero los representantes de los pueblos, incluso de otros que se encuentran en la parte poniente del puente Mezcala Solidaridad, acordaron reunirse después para tratar el caso como único punto.
El comisariado de Bienes Comunales de Totolcintla, García Ríos informó que con sus vecinos de Oxtotipan se han coordinado en cuanto a seguridad sobre todo en las fiestas de los pueblos, “ellos vienen a auxiliarnos y nosotros también vamos cuando tienen sus fiestas”, dijo el dirigente agrario.
Sin embargo dijo que existe la necesidad de integrar una Policía Comunitaria más formal porque en los últimos días han sido frecuentes los asaltos a los camiones distribuidores de productos, sobre todo cerca de Tula del Río.
Además, informó que hace aproximadamente dos meses vieron a hombres armados desconocidos cerca de su pueblo, San Juan Totolcintla, y que la policía de la Comisaría Municipal los ahuyentó de la comunidad. Informó que los pistoleros salieron por un camino que va a dar al pueblo de la Esperanza, que es también del municipio de Mártir de Cuilapan.
La Esperanza tiene salida rumbo a Zitlala, una de las zonas que está en disputa entre los grupos criminales de Los Ardillos y Los Rojos.
Sin embargo en estos pueblos nahuas del Balsas desconocen a qué grupo pertenecen los hombres armados que han pasado y que entran por la Autopista cerca del puente Mezcala Solidaridad.
Consultado con respecto a las características de la Policía Comunitaria, García Ríos informó que aún no han definido y que apenas es una propuesta pero que por lo pronto no estaría incorporada ni a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ni a la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), adelantó que funcionaría de manera independiente de estas agrupaciones.
Sin embargo, adelantó que están revisando la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, para ajustarse a ella como pueblos indígenas, además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dice Gonzalo Molina que las acusaciones se han ido desvaneciendo; espera su libertad en dos meses

El promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla preso en el penal de Chilpancingo, Gonzalo Molina González dijo que podría recobrar su libertad en breve, porque solamente le quedan pendientes dos causas penales y las acusaciones en su contra se han ido desvaneciendo.
Vía telefónica desde una caseta telefónica pública del interior del penal, Molina González informó que las causas penales son la 47/2014 radicada en el juzgado Segundo de Primera Instancia de Chilpancingo y la 59/2013 en el Séptimo de Distrito.
Informó que este fin de mes se va a cerrar su caso y que en días el juez podría dictar el auto que, dijo está seguro, será de libertad porque ha presentado las pruebas suficientes “y yo creo que voy a salir absuelto”.
Agregó que hay documentación y declaraciones que ha presentado a su favor, incluso dijo que quienes lo acusaban ya están declarando que fueron obligados, otros dicen que les falsificaron sus firmas, como la diputada local Erika Alcaraz Sosa, quien fungía como regidora del PRD en el municipio de Tixtla cuando el Ayuntamiento presentó la denuncia en su contra.
Aseguró que también los policías municipales que habían presentado la denuncia comparecieron y reconocieron su firma, pero no el contenido del documento.
“Yo siento que máximo en dos meses estaré saliendo libre, porque ya no hay más señalamientos”, declaró.
Las acusaciones en contra de Molina González están relacionadas con las protestas del 26 de agosto del 2013, cuando policías comunitarios llegaron a manifestarse frente el Palacio Municipal de Tixtla en demanda de la libertad de Nestora Salgado García, promotora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá.
Los delitos por los que se le acusan son terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones.
Molina González aseguró que “ya se demostró que no hubo tales delitos, entonces automáticamente voy a salir absuelto”, vaticinó.
En otro tema dijo que le preocupa que algunos integrantes de la CRAC se estén promoviendo a cargos de elección popular.
Según el promotor de la Policía Comunitaria, uno de los que aspiran es el ex asesor de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Valentín Hernández Chapa, quien ha argumentado que fue la CRAC la que lo propuso a Morena como candidato a síndico para el municipio de San Luis Acatlán.
Dijo que la CRAC es una institución que se sustenta en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que establece la autodeterminación de los pueblos y que pueden participar en la elección de sus autoridades pero bajo el principio de usos y costumbres, no a través de las urnas ni de los partidos.
Sin embargo en este caso, “parece que hay intereses personales al estar buscando candidaturas en los partidos y eso no puede ser”.
Añadió que en todo caso quienes sean de la CRAC y quieran participar en el proceso electoral deben salirse de la organización para buscar esos puestos de elección popular a través de los partidos, “pero no como propuesta de la CRAC, eso sería aberrante”.

Cancelan otra vez la audiencia de Samuel Ramírez; no se presentó el perito de química forense

La penúltima audiencia que se tenía programada en el juzgado Séptimo de Distrito del preso de la Coordinadora Regional de autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez, se canceló por segunda vez, ahora porque el perito de química forense no se presentó.
Mientras que el también preso de la CRAC de El Fortín, Gonzalo Molina González exigió a las autoridades se agilice el proceso de su compañero del sistema comunitario para que salga con “libertad absolutoria”.
En un comunicado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero informó de las audiencias programadas para el policía comunitario y la cancelación de la de ayer.
Expone que se suspendió debido a que el perito de química forense no se presentó en el juzgado, que son cuatro peritajes los que se van a efectuar durante su proceso, de los cuales ya se hicieron dos, el primero que se llevó acabo fue el de Tecnología y el segundo de Grafoscopía.
Agrega que el jueves 18 de enero se espera el cuarto de los peritajes, el de Dactiloscopía, y que por lo tanto como se suspendió el de ayer se tendrá que solicitar la nueva fecha este miércoles.
“Cabe señalar que el juez está obligado a presentar a dichos peritos incluso por medio de la fuerza pública. Así es como lo marca la ley, del debido proceso… Esta es la segunda ocasión que estos profesionales judiciales no se presentan a desahogar los puntos litigiosos que son materia de su dictamen, y retrasan en tiempo de esta manera el juicio de Samuel Ramírez”, señala.
Por su parte Molina González dijo “en este momento urge que el compañero salga, pero no queremos que salga por salir sino absuelto, como debe de ser porque no hay delito que perseguir, hay pruebas suficientes que echan abajo todo porque sí se reconoce a la CRAC como institución, entonces todo eso más los jueces que han liberado a nuestros compañeros, pues ya es justo que Samuel salga”, expresó.
Recalcó que con su encarcelamiento y el de Ramírez Gálvez y los ataques en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, a la Policía Comunitaria, está demostrado que hay un gobierno fallido y autoritario, que trata de implementar a través de la fuerza militar los proyectos que van a beneficiar a las grandes empresas, no al pueblo de Guerrero ni a México.

Libre, Arturo Campos de la CRAC tras 4 años preso; no se acreditó que cometió secuestro

Después de 4 años y 13 días preso fue liberado la tarde de ayer el promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, que los últimos dos años los pasó en el penal de esta cabecera municipal.
El promotor de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso de este municipio salió libre a las 4:15 de la tarde, luego de que el juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa le dictó auto de libertad absolutoria al no poder acreditarle el delito de secuestro del que lo acusaban las autoridades.
Al pisar la calle Campos Herrera declaró que seguirá luchando por la libertad de sus compañeros presos, Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla y del policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez, ambos en el penal de Chilpancingo.
Asimismo dijo que continuará en la lucha por la defensa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y en contra de la Ley de Seguridad Interior y de la militarización del estado.
Afuera del penal lo esperaban su esposa Agustina García y la más pequeña de sus hijas, Amayeli de 4 años, a quien el promotor comunitario abrazó y la conmovida menor irrumpió en llanto junto a su hermana mayor y su madre.
También lo esperaban el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el sobreviviente de la masacre de El Charco ex coordinador de la CRAC de este municiplo y también ex preso, Bernardino García Francisco, y los policías comunitarios que estuvieron presos Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos.
Asistieron don Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el asesor de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán Valentín Hernández Chapa, el consejero Sabás Aburto, así como una veintena de seguidores de Campos Herrera que al verlo salir estallaron en consignas como: “Libertad, libertad, a los presos por luchar”.
Campos Herrera salió de la cárcel acompañado por los abogados de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron la defensa de Arturo Campos.
Desde el umbral de la puerta del penal Campos agradeció a los organismos civiles, organizaciones sociales, a su familia y las personalidades que estuvieron con él y en la lucha por su libertad. También agradeció a los medios de comunicación, “y a las orejas (informantes del gobierno) que posiblemente se metan a escuchar, les pido que lleven el mensaje que nosotros somos inocentes y por eso logramos nuestra libertad”.
Aclaró que su libertad no se logró bajo ninguna negociación con el gobierno, “se logró porque demostramos con pruebas contundentes que nunca existieron los delitos por los que nos acusaron”.

La Ley de Seguridad Interior viola la Constitución

Después respiró hondo y exclamó, “ya estoy libre y ahorita lo que sigue es luchar por los compañeros que siguen presos. Vamos a seguir defendiendo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, a la Ley 701. Estamos en contra de la Ley de Seguridad Interior que está en la Cámara de Senadores. Estamos en contra de la militarización del país y vamos a unir fuerzas para exigir al gobierno que esa ley se tiene que echar para abajo, y si no de todos modos vamos a organizarnos para defendernos en contra de la militarización”, advirtió.
Denunció que la gente de las comunidades indígenas ha sido atropellada y que se han violado los derechos humanos de las mujeres y hombres por el Ejército, “y ahorita el gobierno federal está impulsando una ley en contra de la Constitución porque el Ejército ni la Marina deben andar en las calles, ellos deben estar encuartelados y eso lo dice la Constitución”, expresó.
Insistió que es violatoria a la Constitución “y por eso nosotros como luchadores sociales es nuestra obligación estar en contra, y organizar a la gente para defendernos como pueblos indígenas”.
El abogado Rosales Sierra informó que Campos salió en libertad absoluta porque en el procedimiento no se acreditó uno de los elementos fundamentales del secuestro.
Explicó que el secuestro se compone de dos elementos, la privación de la libertad y la finalidad con que se priva de la libertad a las personas, y que no se acreditó el segundo elemento, “porque la finalidad con la que estaban detenidas las personas en la Casa de Justicia de El Paraíso era para procesarlos en el Sistema de Justicia indígena debido a que habían cometido delitos”, aclaró.
Dijo que con esto los jueces federales han reconocido plenamente a la CRAC como autoridad plenamente establecida, que puede ejercer actividades de seguridad y justicia, ese criterio se logró a pulso con varios amparos de varios procesos que Arturo Campos enfrentaba, igual que en el caso de los seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso que fueron liberados anteriormente.
“Hay un caudal de resoluciones y de precedentes jurídicos que hoy tienen los tribunales, y que sirvieron de base para dictar la libertad a favor de Arturo Campos”, informó.
Añadió que quedó evidenciado que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero utilizó el sistema de justicia y los penales federales para criminalizar a la CRAC.
Antes, Abel Barrera denunció que el caso de Campos muestra el patrón de criminalidad que ha impuesto el gobierno del estado a través de la Fiscalía General, “se han fabricado pruebas y sobre todo, se han usado de manera desproporcionada las penas y los penales”.
Lamentó que Arturo Campos haya tenido que pagar más de cuatro años de encierro y uno de ellos en un penal de máxima seguridad, “esto habla de cómo las autoridades se empeñan en acallar voces críticas como la de Arturo Campos”.
Denunció que en esta situación están los casos de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez que igual que Arturo, lo que hicieron fue dar todo de sí para que hubiera seguridad y justicia en el estado.
Aprovechó para llamar a que los diputados locales aprueben la propuesta de Ley 701 que están impulsando la CRAC y organizaciones sociales, a fin de que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas.
En la noche en un boletín, Tlachinollan dijo que “para el movimiento de derechos humanos en Guerrero la libertad de Arturo Campos es el triunfo de una lucha histórica de los pueblos y, sobre todo, de los defensores que se ponen en la línea de fuego tratando de construir un nuevo escenario de respeto a los derechos humanos”.
Añadió que Arturo está libre gracias a la lucha de las comunidades indígenas, pero sobre todo “gracias a su trayectoria impecable, porque es una persona que siempre ha trabajado para construir justicia desde abajo”.

Pasó Campos Herrera 4 años en prisión por una interpretación desviada de la ley: abogados

El promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera fue detenido por agentes ministeriales el 1 de diciembre de 2013 después de un mitin por la exigencia de libertad de la comandanta de la organización comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García y policías comunitarios de Ayutla.
Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de dos secuestros.
Las acusaciones por los supuestos secuestros son en esencia señalamientos que hacen varias personas que estaban procesadas en el sistema de justicia de la CRAC-PC, por cometer delitos en sus comunidades, que van desde homicidio, violaciones, narcomenudeo y otros delitos contra la salud.
Estando en prisión se le instruyeron las siguientes causas penales:
Secuestro derivado en la causa penal 59-1/2015 (antes causa penal 191/2013-II que se encontraba radicada en el juzgado Cuarto Penal de Acapulco) radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende, en Ayutla de los Libres, Secuestro en la causa penal 196/2013-I radicada en el juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, en la ciudad de Tlapa.
Además obtuvo su libertad en los procesos penales por robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, derivado de la causa penal 007-I/2014 radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende de Ayutla. Se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Asimismo delincuencia organizada derivado de la causa penal 76/2014 radicada en el juzgado Séptimo de Distrito, se interpuso apelación 47/2014 ante el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, obteniendo su libertad.
Para los abogados de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron el caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) hizo una interpretación “desviada” de la ley, y forzó el encuadramiento de secuestro, “estableciendo que un grupo de personas que se dicen policías comunitarias detuvieron a los supuestos agraviados, les pidieron dinero a cambio de su libertad y los maltrataron en los centros de detención”.
Sin embargo consideran que la dependencia soslayó que Arturo pertenece a un pueblo indígena y al sistema de justicia de la CRAC-PC, y que los detenidos habían cometido delitos en sus comunidades y estaban enfrentando un proceso en el Sistema de Justicia indígena de la referencia.
Los abogados de Campos Herrera expusieron que en las causas penales que se le instruyeron por los delitos de delincuencia organizada y robo calificado, los jueces le otorgaron su libertad absoluta, pues quedó acreditado que no pertenece a un grupo delincuencial ni que haya robado, por el contrario es integrante de un pueblo indígena que en el marco de la pluriculturalidad de nuestro país, poseen su propia forma de organizarse para cuidar su seguridad y sancionar las conductas ilegales en su territorio, derecho reconocido a los pueblos indígenas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Detienen policías a 49 comunitarios en Zumpango y les decomisan 54 armas largas y cuatro cortas

Policías estatales desarmaron y detuvieron a 49 civiles armados por separado, quienes integraban tres grupos de guardias comunitarios del municipio de Eduardo Neri en la cabecera municipal, Zumpango, y que desde hace un mes hacían recorridos de seguridad e instalaban retenes de vigilancia en la zona.
A la 1:30 de la tarde los comunitarios recorrieron las calles de la cabecera municipal para inhibir y prevenir delitos. Su presencia causó temor entre los pobladores, aunque se informó que llevan un mes patrullando el lugar.
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal a la 1:30 de la tarde recibieron un reporte de que presuntos comunitarios intentaron sacar a un estudiante de una secundaria, y policías estatales hicieron una operación para atender el reporte.
Después de una hora al cerro Tepetlayo, donde se encontraban unos 20 comunitarios a bordo de tres camionetas vigilando el acceso de la carretera federal México-Acapulco hacia la ciudad, llegaron agentes en cuatro patrullas de la Policía Estatal para vigilarlos.
Después de media hora en el lugar llegó un helicóptero de la Policía Estatal y un oficial a bordo de la nave dio indicaciones para detener a los civiles armados.
En esa hora llegaron otras tres patrullas de la Policía Estatal y sus agentes desarmaron a los comunitarios, a quienes trasladaron a la Fiscalía General de Estado (FGE) y a la delegación de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

La segunda y la tercera detención

A las 3:40 de la tarde comunitarios a bordo de dos camionetas y un vehículo llegaron a un retén de la Policía Federal en las afueras de Zumpango.
Minutos antes de las 4 de la tarde llegaron al lugar cinco patrullas de la Policía Estatal y detuvieron entre 30 y 35 civiles armados.
En esta detención hubo golpes, jaloneos y gritos, y tanto los civiles armados como los policías estatales cortaron cartucho y se encañonaron.
Los comunitarios y sus armas fueros trasladados a la PGR.
Después pobladores de la comunidad de Plan de Liebres bloquearon unas seis horas como forma de presión para que se liberara a los comunitarios, pero liberaron la vialidad ante una operación de policías estatales y federales. En este hecho hubo más detenidos pero las autoridades no dieron detalles.
En este hecho los comunitarios detuvieron una patrulla de la Policía Estatal en la que iban cuatro policías estatales, dos municipales y una trabajadora de Bansefi, como forma de presión para que liberaran a sus compañeros, a quienes entregaron en la Comisaría de Mezcala.
En la noche el vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia en un comunicado informó que fueron liberados cinco policías estatales, dos policías municipales y una pagadora del programa Prpspera, además se decomisaron cinco armas largas y una patrulla de la Policía Estatal.
“A la zona llegaron autoridades competentes para rendir su declaración ministerial y denunciar la privación de su libertad”, indicó Álvarez Heredia.

Portaban armas de uso exclusivo del Ejército, dice el vocero

En otro comunicado de prensa el vocero de seguridad, Álvarez Heredia informó que a las 2 de la tarde recibieron una denuncia anónima de que hombres armados y embozados irrumpieron en la cabecera municipal de Eduardo Neri.
La Policía Estatal se trasladó y detuvo “cerca del cerro del Tepetlayo a 17 integrantes de ese grupo armado, entre ellos dos menores de edad y tres camionetas”.
Agrega que en la carretera federal en la localidad de Plan de Liebres, los policías estatales “lograron el aseguramiento de un segundo grupo de supuestos comunitarios que minutos antes, en protesta por el aseguramiento de sus compañeros en Zumpango, bloquearon la carretera federal y detuvieran a una patrulla de la Policía Estatal, que aisladamente proporcionaba seguridad a quienes efectuaban pagos del programa social Prospera y lo trasladaron en Mezcala”.
“Este segundo grupo de civiles armados, asegurados por la Policía Estatal estaba integrado por 28 individuos armados que se transportaban a bordo de cinco camionetas”, afirma.
Informa que son 49 policías comunitarios detenidos, entre ellos dos menores de edad, que portaban 54 armas largas, cuatro armas cortas y seis vehículos, y “entre las armas hay varias de uso exclusivo de las fuerzas armadas”.
Dice que “el gobierno del estado y las instituciones federales de seguridad expresan que no permitirán actos de impunidad que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía, y hará valer el Estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos”.
El 28 de mayo 2 mil vecinos de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri y una de Tepecoacuilco marcharon en Mezcala, para presentar a su policía comunitaria en las localidades con influencia de las mineras Gold Corp y Media Luna, que explotan Los Filos / El Bermejal en Carrizalillo y Mezcala y Los Guajes / El Limón, cerca de Nuevo Balsas, y desde entonces operan en la zona, sin entrar a Zumpango.
El 26 de septiembre hubo una marcha de casi 2 mil vecinos de distintos pueblos en Zumpango, para exigir seguridad y la instalación de la policía comunitaria en la cabecera municipal, lo que desencadenó distintos hechos de violencia que dejaron cuatro muertos y dos heridos en una emboscada.

Se desiste diputada del PRD de acusaciones contra Gonzalo Molina; falsificaron su firma, dice

La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, la diputada Érika Alcaraz Sosa se desistió de la denuncia por terrorismo, lesiones, privación de la libertad y robo específico que presentó cuando era regidora de Tixtla en contra del promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina González, quien por esas acusaciones enfrenta la causa penal 7/2017 y está preso en la cárcel de Chilpancingo.
La diputada acudió este miércoles ante el juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo penal para sostener un careo con Molina González, quien salió a la rejilla de prácticas a las 11 de la mañana.
Sin mayores protocolos en la audiencia la ahora diputada local declaró que no reconoce como suya la firma de la denuncia, y se desistió de las acusaciones en contra de Molina González.
Para el desahogo del proceso judicial que se le sigue, específicamente en esta causa penal, falta que acuda al careo el ex síndico de Tixtla, David Martínez Valdez y dos policías que se dijeron agredidos por policías comunitarios el día en que tomaron el Palacio Municipal, el 26 de agosto de 2013, en demanda de la liberación de la promotora de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado García.
La diputada Alcaraz Sosa declaró que el secretario de acuerdos del juzgado le dijo que no han podido localizar ni al ex síndico ni a los dos policías, y que con el afán de contribuir va a tratar de localizarlos ella “para que ellos vengan a exponer de su propia voz los hechos que sucedieron, y si es el caso, puedan otorgarle el perdón a nuestro paisano Gonzalo Molina”.
Molina González dijo a los reporteros que con la declaración de la diputada se confirma que “alguien está interesado en mantenerlo preso”, porque ella no reconoce la firma de la denuncia, “y asegura que esa declaración no la hizo”.
Añadió que otras personas que han acudido a careos anteriores han denunciado que fueron obligados a presentar la denuncia por el entonces presidente municipal, el perredista Gustavo Alcaraz Abarca.
Informó que las declaraciones están asentadas en el expediente que se lleva en el juzgado y que con la declaración que hizo este miércoles la diputada, “queda demostrado que el caso es netamente político”.
Al respecto llamó a las autoridades de gobierno para que intervengan en su liberación, “ya es justo, llevo cuatro años en la cárcel, se tiene que destrabar esta situación. La libertad de Gonzalo implica ir a trabajar más por los pueblos, no estoy buscando el beneficio personal, de grupos ni de personas, es el beneficio de los pueblos y comunidades originarias de Tixtla”.
Informó que tiene otra causa penal en el juzgado Séptimo de Distrito, pero que también los que supuestamente lo acusan dicen que ellos no lo denunciaron o que fueron presionados y que se han ido desistiendo.
Insistió que con ello queda demostrado que no hubo el terrorismo del que lo acusan, porque incluso el día de los hechos, “la gente estuvo allí y hasta tomó fotografías y que a él lo vieron dando entrevistas, con eso prácticamente se echa abajo todo”.
Añadió que si la diputada le quiere ayudar que no negocie su libertad, sino que concrete una reunión entre su familia y los integrantes del Comité de Presos Políticos y las autoridades, que se explique la función de la Policía Comunitaria y se pida respeto a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, con lo que quedaría en libertad incondicionalmente.
“Sería bueno abrir esa puerta, mi libertad no está en negociación, sólo hay que abrir la puerta para que mi familia y el Comité de Presos Políticos tengan esa reunión”, declaró.
En cuanto a su salud dijo que “es difícil” y que se sigue agravando ante la falta de medicamentos. Contó que además del antiguo padecimiento del riñón sufre de gastritis aguda que se le ha ido agravando por falta de medicamentos. Informó que desde la semana pasada le recetaron medicinas pero que no se las han dado, “yo no tengo dinero para comprarlas, además es el Estado el que me tiene aquí y me las tiene que dar”.