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El rescate financiero solicitado a Hacienda es para no ir a la quiebra, advierte Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que la secretaría de Hacienda descontó este año casi 200 millones de pesos por deudas de administraciones pasadas, y alertó que “si nos aplicaran todos los descuentos que pretende Hacienda, sencillamente nos iríamos a la quiebra absoluta”.
Sobre a qué rubros van afectar esas retenciones, Astudillo Flores aseguró que no será la obra pública porque está colocada con dinero federal, “y ahí el gobernador será muy cuidadoso, como lo he hecho en mi vida, de ser muy atento y escrupuloso con el manejo de los recursos federales”.
Pero esos recortes ocasionarán que “tengamos que disminuir personal, tengamos que gastar menos, que los medios tengan menos, todo en general, todo el gasto habrá que disminuirlo de manera drástica, más de lo que ya lo hicimos después del gasolinazo, que yo creo que después del gasolinazo más o menos ahí la llevamos”.
Astudillo Flores subrayó que el “problema de Guerrero no es del presente, es del pasado, pero que trae problemas al futuro. Esa es mi respuesta”.
Recordó que desde hace tiempo se ha venido planteando un rescate financiero a la Secretaría de Hacienda y que todo se deriva de una serie de circunstancias que se encontraron y del que se enteró cuando llegó como gobernador y desde entonces se ha ido “pateando el balón, ese es el tema, se ha ido pateando el balón, pero hay que encontrarle una solución de fondo porque de lo contrario a la actual administración ya le empezaron descontar dinero del que nosotros no generamos esa deuda”.
Manifestó aunque el primer año no les descontaron, ahora sí ya empezaron los descuentos y “lo hemos tratado con Hacienda porque si nos aplicaran todos los descuentos que pretende Hacienda hacer, sencillamente nos iríamos a la quiebra absoluta”.
Sobre el tema de transparencia, el gobernador recordó que en Guerrero ya se aprobaron las modificaciones y que ahora es importante difundirlas para que se sepa que hay una nueva disposición.
Indicó que instruyó para que primero se hagan reuniones con los funcionarios que tengan que ver de alguna manera con las modificaciones para que se enteren y no solo el gobernador o el Congreso estém enterados de en qué consisten estas nueve leyes que se modificaron.
También se va involucrar a los ayuntamientos para que conozcan exactamente en qué consisten estas nueve modificaciones a las leyes, lo cual se cumplió en tiempo.
Dijo que ahora es importante el nombramiento del fiscal anticorrupción donde se tienen que tener “mucho cuidado en su nombramiento, es un tema que he platicado de manera respetuosa pero también con una idea de compartir objetivos con el fiscal”.
Agregó que quien sea el fiscal debe ser una persona que pueda ser consensada y no alguien quien lo nombremos para que ahí esté, “si no que tenga también peso moral”.

Ejecutan a balazos al promotor de la frustrada Policía Comunitaria de Buenavista de Cuéllar

 

Con armas de grueso calibre, la tarde de ayer fue ejecutado un hombre de 36 años identificado por autoridades locales como el promotor de la Policía Comunitaria que se pretendió instalar en Buenavista de Cuéllar en junio pasado, y su cuerpo fue hallado adentro de una camioneta en el camino de terracería que lleva hacia el basurero a cielo abierto de esa cabecera municipal; en el ataque, su esposa resultó lesionada.
En lo que va del año, suman nueve personas ejecutadas con violencia en el municipio de Buenavista Cuéllar, en hechos en los que presuntamente estuvo relacionada la delincuencia organizada, de acuerdo con el recuento de notas periodísticas publicadas en El Sur.
Reportes policiacos indican que después de las 2 de la tarde de ayer, cerca de la gasolinería ubicada en la carretera de cuota Iguala-Cuernavaca, en la cabecera municipal de Buenavista, se reportó que una mujer ensangrentada había salido de una brecha de terracería.
Al lugar llegaron policías estatales y municipales, así como paramédicos de Protección Civil del municipio, quienes auxiliaron a la mujer que tenía heridas de balas en distintas partes del cuerpo. La mujer fue trasladada a un hospital de Iguala para su atención, y por la tarde se dio a conocer que su estado de salud era estable.
Informes de fuentes policiacas indican que a unos 200 metros de donde fue localizada la mujer, hallaron a su esposo ejecutado a balazos, con parte del cráneo despedazado por las balas.
Su cuerpo estaba en el asiento del chofer de una camioneta Ford 150 cabina y media, color rojo, con placas de Guerrero. En la carrocería de la camioneta también había impactos de bala.
Autoridades locales identificaron el cuerpo de la víctima como Eusebio Aguilar Catalán, de 36 años, quien es vecino del Centro de Buenavista de Cuéllar y originario de la región de Tierra Caliente. Autoridades locales identificaron también y a su esposa, Míriam, de unos 35 años, como los promotores de la Policía Comunitaria que se intentó instalar en ese municipio el mes pasado.
Se dio a conocer del despliegue de una operación para intentar detener a los agresores, sin que se hayan tenido resultados positivos.
Según reportes de la Policía Estatal, cerca de la zona de la agresión entre la hierba fue hallado y decomisado un rifle calibre .22 con un cargador para 10 balas, sin que se haya dado a conocer si el arma estaba relacionada con este hecho.
Peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público para hacerse cargo de las diligencias, y el cuerpo fue trasladado a la morgue de Iguala.
El 12 de junio pasado, policías estatales desalojaron y desarmaron a promotores en la entrada a Buenavista de Cuéllar, y les decomisaron cinco escopetas, municiones y dos vehículos.

Suspenden careo de Gonzalo Molina con ex funcionarios de Tixtla porque no se presentan

El Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo penal, suspendió este jueves una audiencia en la que el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, se carearía con la diputada local perredista, Erika Alcaraz Sosa, y con el profesor Edilberto Vega Cantor, que no asistieron.
La diputada y el profesor se desempeñaban como regidora y secretario general del Ayuntamiento en la pasada administración municipal de Tixtla, cuando Molina González fue acusado por la diputada y el profesor de los delitos de terrorismo, lesiones, privación de la libertad y robo específico en la causa penal 7/2017.
Los supuestos delitos se derivaron de una protesta afuera del Palacio municipal de Tixtla el 26 de agosto de 2013 de policías comunitarios que demandaban la libertad de Nestora Salgado García, promotora de la Policía Comunitaria de Olinalá.
El abogado de Molina González, Hegel Mariano Ramírez informó que la audiencia significaba agilizar el proceso y aportar elementos que fortalecieran la legalidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como institución.
Añadió que con la comparecencia de la diputada y el profesor existe la posibilidad de que se desvanezcan todos los elementos incriminatorios contra Gonzalo Molina y, al mismo tiempo, aporten elementos que tienen que ver con la relación que existía entre el cabildo y la CRAC.
Informó que la actual diputada participó en mesas de diálogo después de la acusación contra Gonzalo Molina en las que el cabildo se comprometió a aportar toda la información para que el promotor de la CRAC en Tixtla recuperara su libertad y se suspendieran las órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la Policía Comunitaria.
“Nosotros consideramos que, de acuerdo con la investidura que actualmente tiene como diputada, debería de comparecer de manera voluntaria y facilitar el desahogo de pruebas en lugar de complicarnos, porque esto a nosotros nos mete en una dinámica nueva de seguir un procedimiento para hacerla comparecer”.
Por ello el abogado la llamó a que su comparecencia sea inmediata para agilizar el proceso en contra de su defendido.
Informó que el proceso se encuentra en la etapa del desahogo de pruebas, precisamente porque se ha dificultado la localización de algunos denunciantes y la comparecencia de otros.
Informó que también se ha complicado por la falta de recursos económicos de Gonzalo para ofrecer algunas pruebas o acceder a algunas documentales.
Aparte de la causa penal 7/2017, Molina González enfrenta otros dos procesos; uno en el Juzgado Séptimo de Distrito (federal) también por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia y contra agentes de autoridad. Otro más está radicado en el juzgado de Tlapa, por el delito de secuestro agravado, aunque en este proceso lo defiende otro abogado.
Minutos antes de las 11 de la mañana, Molina González apareció en la rejilla de prácticas y firmó el acta en la que se asentó que no asistieron los denunciantes.
Molina dijo que la inasistencia de quienes lo denuncian es una forma de eludir su compromiso, “sin embargo, vamos a esperar, a veces tienen asuntos que arreglar y esperemos que la próxima vez si estén aquí, el profesor Edilberto y la diputada Erika, ellos saben bien como ocurrieron los hechos y saben perfectamente que yo era promotor de la Policía Comunitaria, y que la CRAC es una institución”.
Dijo que cuando ella era regidora y él secretario del Ayuntamiento, le entregaron su nombramiento como promotor de la Policía Comunitaria, y que él les informó que trabajaría en la organización de algunas comunidades.
Apareció en la rejilla con un cuadro en las manos con la imagen de Jesucristo, que pintó al óleo para ofrecerlo en venta, “porque necesito recursos no sólo para sacar adelante la defensa de Gonzalo, sino también la de Samuel” (Ramírez Gálvez), quien es policía comunitario de Zitlaltepec.

 

Acuerdan la CRAC y diputados presentar una sola propuesta de reformas en materia indígena


Durante la asamblea general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), las autoridades comunitarias acordaron con diputados del PRD, MC y Morena ir en un solo frente para presentar una propuesta conjunta a las reformas en materia indígena, y la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
A la reunión, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, asistieron unas 400 autoridades comunitarias, así como los diputados del PRD el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Ociel García Trujillo; de Movimiento Ciudadano y vocal de la Comisión de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Mejía Berdeja, y la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros. También diputados de los partidos que han presentado propuestas de reforma al artículo 14 y la Ley 701.
También fueron invitados pero no asistieron los diputados del PRI y PVEM, el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Cuauhtémoc Salgado Romero, y el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón. Además del gobierno del estado, que de acuerdo con los integrantes de la CRAC será en otro momento cuando acudan.
En su intervención, el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, llamó a los diputados de izquierda a unificar las iniciativas en beneficio de los pueblos y la policía comunitaria, en un “gran frente de izquierda”. Sostuvo que él seguirá respaldando a la organización que ha garantizado la seguridad en el municipio e incluso llamó a que las adecuaciones se extiendan a otras partes del estado.
El consejero de la CRAC, Valentín Hernández, reconoció el valor de los diputados de acudir a comparecer a la asamblea general de la CRAC, que integra 180 comunidades indígenas de 22 municipios del estado, y dijo que habrá una relación de trabajo y coordinación, más no de subordinación.
Después dio lectura a seis propuestas que fueron respaldadas por la Policía Comunitaria, el Consejo de Damnificados de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, donde convocaron a construir “con nosotros” una reforma constitucional local, así como una ley reglamentaria en materia de derechos indígenas y afromexicanos.
Que sean integradas en una sola redacción y propuesta las iniciativas de reforma en materia indígena que ya fueron hechas por los diputados, que los legisladores “la promuevan en todo el proceso legislativo, hasta su publicación, sin distingo partidista”, y después construir una propuesta común para la Ley 701.
Que en 15 días la CRAC y las organizaciones interesadas presentarán una propuesta en 15 días, que será la base para que se integren todas las demás ya presentadas en materia indígena, y de ahí sacar un solo documento.
Las organizaciones llamaron a los diputados a que se “mantengan consecuentes con esta propuesta y no se vendan para aprobar una reforma constitucional, donde la ley secundaria en materia indígena sea contraria a los intereses legítimos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Además sostienen que la propuesta es asegurar la vigencia de los derechos de los pueblos en la Constitución, “no queremos construir banderas electorales para los partidos”, donde plantean que el dictamen de la reforma constitucional y la ley secundaria en materia indígena sea en el menor término posible y en la actual legislatura.
Por último, las organizaciones señalaron que las propuestas estarán acompañadas por la movilización y la protesta social “necesarias”, para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Una vez que la asamblea respaldó el documento, los diputados se manifestaron a favor y firmaron el acuerdo.

Una sola propuesta, piden autoridades comunitarias

Durante las intervenciones, las autoridades comunitarias y agrarias demandaron un solo frente y una sola propuesta a favor de la CRAC y la Policía Comunitaria, así también que antes de que se propongan se deben de consultar a las comunidades, que no se hagan sólo “desde el escritorio”, dijo Taurino Reyes, de Xalpatláhuac, y el comisario de Totepec, Tlapa, Honorio Morales.
Ambos manifestaron que se debe de presentar una iniciativa en defensa del territorio comunitario y no a favor del estado, porque la Policía Comunitaria sí estaba dando resultados en las comunidades, contrario a lo que ocurre en Chilpancingo y Acapulco, donde a diario hay muertos pese a la seguridad de las corporaciones del municipio, estado, federales y Ejército.
El secretario municipal de la comunidad de Colombia de Guadalupe, Marcelo Gómez, urgió también a regular a las autodefensas, quienes han entrado a zonas donde opera la CRAC, lo que fue retomado por el integrante de la Casa de Enlace de la CRAC de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez quien recordó las palabras del gobernador, que tanto la UPOEG y el FUSDEG son grupos que están al margen de la ley y que son ilegales, “que no tienen reconocimiento, entonces que los saque de los bienes comunales”.
La representante de los pueblos amuzgos de Cochoapa, Kenia Hernández, llamó a no permitir que el gobierno corrupto someta a las comunidades indígenas, porque recordó que el poder reside en el pueblo y que el gobierno se le olvidó el artículo 39, donde se instituye.
Además, llamó al diputado del PRD, García Trujillo, a que sus compañeros “demuestren que son democráticos” y que no traicionaran a las comunidades en votar a favor de las iniciativas del gobernador y no las que se propongan por parte de la CRAC.
Mientras el integrante de la CRAC de Cochoapa, Guillermo Rosendo, denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) está a favor de los delincuentes, y señaló el caso de un joven detenido y en proceso de reeducación, que trató de asesinar a su mamá, y que ahora está siendo defendido por la institución.

Se debe de fortalecer a la CRAC: diputados

En sus intervenciones, los tres diputados asistentes presentaron sus iniciativas y se manifestaron a favor de fortalecer los derechos de los pueblos originarios y su Policía Comunitaria, a la que le reconocieron su labor en los bajos índices delictivos en la región donde opera, en comparación con el resto del estado.
Los diputados del PRD y MC coincidieron en que se deben de regularizar de forma independiente a los nuevos grupos armados que han surgido en Guerrero, ante la incapacidad del gobierno y falta de gobernabilidad.
El diputado de MC, Mejía Berdeja, expresó que gracias a la Policía Comunitaria “las cosas” no estaban como en otras partes del estado. “Así que se tiene que mantener, porque ha sido un sistema eficaz que está dando resultados” y que está mandatado por las comunidades.
Abundó que se debe fortalecer a las autenticas policías comunitarias, porque hay quienes se disfrazan de policías comunitarios, en referencia a las autodefensas, e incluso algunos tienen injerencia de grupos delincuenciales o defienden intereses de grupos, y utilizan armas no permitidas, “entiendo que detrás de los grupos hay causas legítimas” a las que se les tienen que crear un figura jurídica.
Dijo que dentro del Congreso local son necesarios 31 votos para que las reformas en materia indígena sean aprobadas en la Constitución, que entre los tres bloques del PRD, MC y Morena, juntan 20; mientras que el PRI, PVEM y PAN tienen 25.
La diputada de Morena, De Jesús Cisneros, afirmó que era una “aliada” de las comunidades indígenas y del sistema comunitario, que su partido ha impulsado reformas para mantener los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Informó que presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para que sea elevada a rango constitucional a la CRAC, al considerar que “por los derechos declarativos que establece la Constitución en materia indígena no gozarán de autonomía, ni libre determinación, mientras no se reconozca a rango constitucional a la autoridad indígena que los haga valer, para garantizar que los derechos indígenas como la autonomía, la libre determinación, los usos y costumbres que consagra el artículo segundo de la Constitución sean una realidad”.
Pero que no se trataba de que la CRAC pasara a ser parte de los órganos autónomos del Estado, sino de conferirles reconocimiento y autoridad comunitaria, al ejercer no una autonomía declarativa sino una autonomía constitucional, que ya se reconoce en la Constitución.
El diputado del PRD, García Trujillo, dijo que la fracción presentó una contra reforma a la propuesta enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, para una modificación al artículo 14, y así evitar que fuera aprobada.
“Tenemos que hacer un frente, porque no podemos dejar pasar lo que tiene contemplado el gobierno del estado en cuanto a la reforma constitucional al artículo 14”, y que es contrario a lo que el pueblo considera correcto y a sus derechos.
Después pasó el representante del Consejo de Damnificados de la Montaña, Abel Bruno, quien llamó a los diputados que no sea un show lo que prometieron y que realmente se tomará en cuenta al pueblo en el acuerdo, porque de las iniciativas presentadas fue la única que contó con más de 6 mil firmas y consultada a las comunidades.
Indicó que la iniciativa que proponen es integral y que va más allá de sólo el sistema de seguridad, sino que incluye educación, salud y el campo. Además de que proponen que las comunidades elijan a sus autoridades municipales y distritales en asambleas por usos y costumbres, que existan cuatro curules, una para cada lengua originaria del estado.
A la reunión también acudió el director general del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, quien no participó. Además estuvieron presentes las autoridades de las casas de justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Espino Blanco y los comités de enlace de Chilixtlahuaca, Huamuxtitlán-Olinalá, Cacahuatepec, y representantes de la zona amuzga.

Asesinan al fundador y dirigente del PRD en Tixtla, Victorino Iglesias Alarcón, en Atliaca

 

El activista, fundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Tixtla, Victorino Iglesias Alarcón fue asesinado a balazos la tarde de ayer cerca de la comunidad de Atliaca, de donde era originario.
Fuentes policiacas informaron que Iglesias Alarcón fue atacado a balazos antes de las 6 de la tarde cuando estaba trabajando en su tierra de labor en la zona conocida como Los Amates o Las Tabiqueras, cerca de Atliaca.
Hasta las 11 de la noche, autoridades y fuentes policiacas que fueron consultadas desconocían el móvil del crimen y la identidad de los atacantes de quien fuera un activista indígena nahua en el municipio de Tixtla.
Iglesias Alarcón fue promotor de la Universidad Autónoma Latinoamérica y Caribeña de Ciencias y Artes (UALCA), así como de la Policía Comunitaria en Atliaca, en donde el proyecto no prosperó.
El líder perredista asesinado fue dos veces comisariado de Bienes Comunales de Atliaca, además de fundador y regidor por el PRD en el trienio 1996-1999, que encabezó el priista, Jesús Pasteles Hernández.
Además, fungió como director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Tixtla durante el periodo 1999-2002.
Es padre de Gabriel Iglesias Flores, regidor por el PRD en el gobierno municipal de Gustavo Alcaraz Abarca.

Acuerda el gobierno con comisarios que tolerará a la nueva autodefensa si ya no bloquea carreteras

Los comisarios de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco se reunieron con el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, con quien acordaron buscar mecanismos para que la autodefensa que crearon el domingo opere sin violar la ley.
La reunión fue a puerta cerrada en una oficina de la Secretaría General de Gobierno, comenzó a las 11 de la mañana y terminó casi a las 2 de la tarde.
Estuvieron además mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Federal.
Los comisarios encabezados por el de Mezcala, Leonardo Ávalos Ferrer, presentaron un diagnóstico de la inseguridad en esas comunidades que son entrada a las minas Los Filos, cerca de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri y que explota la minera Leagold, que en enero pasado la compró a Gold Corp, aunque ésta sigue teniendo activos pues el 30 por ciento de la venta total lo pagó Leagold en acciones.
También se encuentra en la zona la mina Los Guajes/El Limón, municipio de Cocula, cerca de Nuevo Balsas que explota la minera Media Luna, filial de la también canadiense Torex Gold.
A cambio de la “tolerancia” del gobierno a la policía comunitaria que se conformó en esos pueblos, los comisarios se comprometieron a no hacer más bloqueos a la carretera federal, como el del domingo pasado durante casi una hora en el entronque a Mezcala.
El lunes los comisarios informaron que la reunión la tendrían con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sin embargo ayer fueron atendidos por el subsecretario Maldonado del Moral.
Al salir de la reunión el comisario Ávalos Ferrer, quien fue el único que declaró el domingo durante la marcha y el bloqueo a la carretera federal, fue evasivo con los reporteros.
–¿Cuáles fueron los acuerdos de la reunión?
–Todo está bien–, respondió.
–¿Seguirá funcionando su policía comunitaria?
–Sí, por supuesto.
–¿Que les dijo el subsecretario?
–Vamos a esperar hasta el próximo martes.
–¿Se van a volver a reunir?
–Sí.
El comisario fue consultado cuando salía de la explanada del Palacio de Gobierno, iba acompañado de otros comisarios de comunidades de la zona, quienes siguieron caminando a prisa sin esperarlo.

La violencia se agravó en la zona en los últimos tres años

Otro de los comisarios que pidió el anonimato informó que en la reunión presentaron un diagnóstico de la situación de violencia que viven las comunidades de Carrizalillo, Tenantitlán, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel, Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Liebres, municipio de Eduardo Neri, así como la colonia Valerio Trujano de Tepecoacuilco.
Dijo que justificaron la formación de la policía comunitaria porque a pesar de la presencia de militares y policías estatales han ocurrido hechos de violencia, y el problema se agravó en los últimos tres años.
Aseguró que el subsecretario de Gobierno les ofreció buscar juntos los mecanismos para que los civiles armados no actúen fuera de la ley, y por lo pronto se comprometió a que los gobiernos federal y estatal no los desarmarán pero que eviten actuar fuera de sus comunidades.
“La reunión fue de carácter informativo, explicamos el por qué se crea la policía comunitaria, le dijimos que fue por la ola de violencia que ha prevalecido en Carrizalillo y Mezcala”, informó.
Relató que otros comisarios denunciaron que en sus comunidades se han incrementado las extorsiones, el robo de autos, que también hay homicidios, y que la violencia en esa zona se está convirtiendo en una “crisis social”.
Agregó que por ello las nueve comunidades “apoyaron” a Mezcala en la formación de la policía comunitaria, pero que ayer les dijeron a las autoridades estatales y federales que “siempre van a actuar coordinados con las instituciones de gobierno, tanto federal y como del estado”.
Dijo que aceptaron que se van a regir bajo una normatividad de la Secretaría de Gobierno, aunque no definieron si se incorporarán a la Policía Rural u operarán bajo otra figura.

Ponen retenes policías comunitarios de Mezcala; buscan combatir delitos del crimen organizado

Policías comunitarios de Mezcala, armados con escopetas y rifles de bajo calibre, algunos con el rostro cubierto y radios de comunicación, instalaron a partir de ayer puestos de vigilancia y revisión en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala a unos 100 metros de la entrada principal a esta comunidad del municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
De acuerdo con información de uno de los comunitarios, estos puestos de vigilancia estarán a “prueba” dos semanas y su permanencia dependerá de los resultados que den en el combate a delitos que se cometen en la zona como el robo de vehículos, asaltos y extorsiones por presuntos miembros de la delincuencia organizada.
La instalación de los puestos de vigilancia de los comunitarios de Mezcala en la carretera federal se da a dos días del surgimiento de la autodefensa en nueve pueblos de Eduardo Neri en contra de grupos de la delincuencia organizada que operan en esta zona en la que se ubican las minas Los Filos/El Bermejal en Carrizalillo y Mezcala que explota una empresa minera canadiense, así como la de Los Guajes/El Limón cerca de Nuevo Balsas, que trabaja la minera, también canadiense, Media Luna.
En la conformación de la comunitaria participan habitantes de los pueblos de Carrizalillo, Tenantitlán, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel, Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Liebres, del municipio de Eduardo Neri, así como Colonia Valerio Trujano de Tepecoacuilco, quienes el domingo realizaron la Marcha por la Paz del Zócalo de Mezcala a la carretera federal México-Acapulco para dar a conocer su conformación.
Ayer después de las 5:00 de la tarde se confirmó la instalación de dos puestos de vigilancia por un grupo de unos 30 comunitarios de Mezcala, según se identificaron con las playeras blancas con el estampado en su espalda que los identifica como tal. En su mayoría son jóvenes, de entre 18 y 25 o 30 años, pocos ya son mayores.
A los dos costados de la carretera federal, a unos 100 metros de la entrada principal de Mezcala, colocaron dos barricadas con costales de arena en las que se protege la mayoría de los comunitarios y a los que se les vio portando rifles al parecer calibre 22 y algunas escopetas.
En su mayoría traen el rostro cubierto con pedazos de tela, algunos con pañuelos con un estampado de calavera. La mayoría usa gorras y pocos sombreros, y se vio que algunos portan radios de comunicación colgados al pecho o a la cintura.
Separados a unos 200 metros y en ambos sentidos de la vía federal, a mitad de la carretera se instalan dos grupos de unos cinco comunitarios armados, los cuales obligan a los automovilistas a detener totalmente su marcha, allí les piden una cooperación voluntaria y desde afuera de los carros hacen una revisión hacia adentro. En el momento que se estuvo en el lugar no pidieron a ningún automovilista que se orillara para hacer alguna revisión más minuciosa y ponían mayor atención a los carros sin placas.
En el lugar se pudo platicar con el comunitario que coordinaba la operación, un joven de unos 25 o 30 años que era de los pocos que no tenía la cara cubierta, y al dar a conocer la presencia como reportero, accedió a que se tomaran gráficas en el lugar, dar información sobre su acción y hasta coordinar mejor a sus compañeros como testimonio de su trabajo, “muestren las armas, van a tomar fotos”, les indicaba.
Informó que su colocación fue parte de los acuerdos de ayer tras la reunión con autoridades estatales, y afirmó que la instalación de los puestos de vigilancia está a “prueba” por dos semanas “para ver si damos resultados en disminuir la inseguridad”.
Dio a conocer que su instalación en la carretera federal será por las 24 horas del día y se irán rotando con otros comunitarios, y según los resultados que den, se podrían quedar de forma permanente.
Miguel, como dijo llamarse el comunitario, indicó que en esa zona lo que más les preocupa combatir es el constante robo de vehículos, los asaltos y extorsiones que se dan a pesar de la presencia de militares y policías federales del sector caminos.
Sobre la cooperación que piden a los automovilistas indicó que es para comprar más armas, combustible para prender fogatas en la carretera por las noches, conos de señalización y más equipo para seguir desempeñando su función.

 

Pide el clúster minero un marco legal que dé certeza a la autodefensa de Mezcala

El representante del clúster minero de Guerrero, Alfredo Philips Greene dijo que el sector económico al que representa se manifestó por el respeto a las 10 comunidades que formaron su autodefensa en los alrededores de Mezcala, pues a ellas se deben, pero también por el respeto al Estado de derecho, ante lo que pidió un marco legal que le dé certeza.
“El sector (minero) se debe a sus comunidades y a la estabilidad que hay en sus comunidades. Nosotros respetamos plenamente el derecho de las comunidades de auto organizarse como mejor les convenga, y preferimos que eso esté avalado por el Estado de derecho que en este caso, entendemos que es un caso complejo porque no están reconocidos (como policías comunitarias), pero son una expresión de las comunidades que nosotros tenemos que respetar”, dijo por teléfono.
Pobladores de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco integraron su autodefensa con el propósito de frenar la delincuencia organizada de esas localidades, ubicadas en terrenos donde hay explotación de oro por empresas canadienses.
Anoche Philips Greene llamó a encontrar comunicación y que converjan las propuestas de los habitantes de las comunidades y las autoridades, para que las policías comunitarias sean avaladas.
“Hay que buscar un canal para que todo ese tipo de expresiones, que son importantes, puedan mantenerse en un marco legal que dé certeza porque eso se necesita”, dijo.
Se le preguntó si las empresas mineras asentadas en Guerrero apoyan a la naciente autodefensa y lo negó.
Los vecinos de los nueve pueblos marcharon por la paz del Zócalo de Mezcala a la Carretera Federal México-Acapulco este domingo, donde los policías comunitarios bloquearon, recibieron agua y comida de trabajadores de las empresas.
Consultado al respecto Alfredo Phillips aseguró que ninguna minera está participando en la movilización, “apoyamos a las comunidades en su libre organización y como mejor les convenga, pero ninguna de las dos empresas (Media Luna y Gold Corp), ni como clúster minero, han apoyado estos movimientos. Los empleados que pudiesen haber participado lo hicieron en el ejercicio de sus derechos y lo que nosotros manifestamos es el derecho de la comunidad de organizarse porque se siente amenazada”, indicó.
“Lo que nosotros proponemos es que se les busque un marco legal, que les dé certeza, porque en la medida que se carece de un contexto legal siguen siendo inciertas (las policías comunitarias). Necesitamos encontrar soluciones con la colaboración de todos, con la colaboración del estado, los municipios y la federación, las propias comunidades y las empresas que participamos para resolver el tema de la seguridad, para que las comunidades se sientan tranquilas y no tomen estos temas en sus propias manos”, declaró.
Reiteró que las mineras están enfocadas en generar empleos.

Integran nueve pueblos de Eduardo Neri su Policía Comunitaria con apoyo de las mineras

Casi 2 mil pobladores de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y uno de Tepecoacuilco marcharon ayer en esta población después de que integraron su Policía Comunitaria con el propósito de frenar a la delincuencia organizada en estas localidades que rodean las minas Los Filos/El Bermejal en Carrizalillo y Mezcala que explota la minera canadiense Gold Corp, así como la de Los Guajes/El Limón cerca de Nuevo Balsas, que trabaja la minera, también canadiense, Media Luna.
Habitantes de los pueblos de Carrizalillo, Tenantitlán, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel, Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Liebres, del municipio de Eduardo Neri, así como Colonia Valerio Trujano de Tepecoacuilco, realizaron la Marcha por la Paz del Zócalo de Mezcala a la carretera federal México-Acapulco y en el entronque a este poblado bloquearon de las 12 a la una de la tarde ese tramo carretero.
Allí el comisario municipal de Mezcala, Leonardo Ávalos Ferrer, presentó a los integrantes de la Policía Comunitaria conformada por habitantes de los nueve pueblos del municipio de Eduardo Neri y el de Tepecoacuilco.
Dijo que a partir de este domingo instalarían retenes en la entrada de Mezcala, que es paso obligado a Carrizalillo, en donde se explota la mina Los Filos/El Bermejal, por parte de la minera Gold Corp. Un kilómetro más adelante, hacia Iguala, está la desviación hacia la mina Los Guajes/El Limón que explota la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold.
El comisario justificó la formación de la Policía Comunitaria ante las constantes irrupciones de “gente extraña” a esos pueblos. También denunció que es muy frecuente que irrumpan a Mezcala delincuentes que son perseguidos por el robo de vehículo, además de que dijo que “gente extraña” protagoniza balaceras y que los habitantes del pueblo están cansados de esa situación.
En la movilización participaron personas armadas con playeras blancas con la leyenda “Policía Comunitaria” y abajo del escudo nacional el nombre de la comunidad a la que pertenecen.
También fueron llevados trabajadores uniformados de la minera Gold Corp y de Media Luna, en camionetas de las empresas a participar en la marcha.
Los aproximadamente 2 mil manifestantes que se concentraron desde las 8 de la mañana en el Zócalo de Mezcala marcharon a partir de las 11 y media de la mañana hacia la carretera federal México-Acapulco y a partir de las 12 del día la comenzaron a bloquear la carretera federal México-Acapulco, en el entronque hacia Mezcala.
Los policías comunitarios armados atravesaron un tráiler y también colocaron camionetas Urvan de transportistas de las rutas Mezcala-Chilpancingo y Mezcala-Iguala. Asimismo, utilizaron para el bloqueo vehículos del transporte local.
Durante el cierre de la carretera los manifestantes recibieron el respaldo de los policías comunitarios del municipio de Heliodoro Castillo que apenas se constituyeron en grupo de autodefensa hace dos semanas.
Asimismo, los manifestantes de los 10 pueblos recibieron el apoyo de las mineras, que repartieron comida y agua por medio de trabajadores de las empresas que participaron en la marcha.
El bloqueo a la carretera federal México-Acapulco terminó a la una de la tarde cuando pobladores de las 10 localidades y los policías comunitarios armados se regresaron en marcha a Mezcala.
Al término de la protesta a todos los manifestantes les repartieron en abundancia platos de barbacoa de res y de chivo. También hubo pozole, refrescos y agua. Asimismo, muchos de los manifestantes abarrotaron las tiendas del centro de la población y a lo largo de la calle principal, donde consumieron cervezas, refrescos y botanas.
Mientras tanto, a pesar de que durante la protesta y el bloqueo ningún funcionario de los gobiernos federal y estatal acudieron para dialogar con los manifestantes, después de que terminó la protesta los comisarios de las localidades que participaron en la marcha se reunieron en privado en la comisaría municipal con el delegado de gobierno en la zona, Ignacio Ocampo y el delegado de gobernación Felipe Adame.
Consultado durante la marcha, el comisario municipal de Mezcala, Leonardo Ávalos Ferrer, dijo que “si nos manifestamos es porque últimamente se ha estado metiendo gente de los que roban carros en la carretera y el pueblo teme que en las balaceras alcancen a algún individuo y resulte muerto algún inocente”.
Aseguró que son constantes las persecuciones desde la carretera federal, “los vienen correteando y la gente tiene miedo de que se vaya a soltar alguna balacera fuerte y vaya a morir alguien, a eso le tememos”, dijo.
Agregó que antes de que ocurra eso, es mejor cerrar las entradas al pueblo para que haya más vigilancia y no se vaya a presentar algún suceso que tengamos que lamentar”.
Declaró que decidieron que es necesaria la instalación de retenes con los elementos de la Policía Comunitaria de los pueblos.
“Todos los pueblos de la zona lo están haciendo, el único que estaba quedando es Mezcala, porque es un pueblo pacífico e importante porque es entrada y salida de las demás comunidades”, explicó.
El comisario también argumentó que ya no quieren cansarse en trámites ante los gobiernos federal y estatal pidiendo seguridad, “ya no queremos ir a pedir más seguridad porque resulta cansado estar yendo y yendo, yo creo que no va a haber respuesta. Tenemos muchos años de que esto ha sido así y no creemos que esto cambie con ir a ver a las autoridades”.
Avalos Ferrer informó que la marcha de ayer fue el primer paso que dieron los pueblos de la zona para conformar a su Policía Comunitaria en defensa de los habitantes.
“Sentimos que ésta es la mejor manera de que el gobierno vea que Mezcala y sus pueblos vecinos quieren paz”.
Durante la marcha el resto de los comisarios municipales y comisariados agrarios evitaron encabezar la protesta y evadieron hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Cuando la marcha llegó a la carretera federal, un grupo de policías comunitarios armados, ya habían atravesado un tráiler en la carretera y con Urvan del servicio de transporte foráneo a Iguala y a Chilpancingo cerraron el paso en la carretera.
Los hombres armados, algunos con el rostro cubierto, portaban playeras blancas y en la espalda decía “Policía Comunitaria” rodeando el escudo nacional y en la parte inferior el nombre de la comunidad a la que pertenecen.
Cuando bloqueaban la carretera llegaron cinco camionetas con policías comunitarios del municipio de Heliodoro Castillo, que apenas se constituyeron el 7 de mayo pasado y reforzaron el bloqueo.
Durante un breve mitin en la carretera, el comisario Avalos Ferrer insistió en que es necesaria la existencia de la Policía Comunitaria “porque estamos sabidos de que por aquí es un paso importante y tenemos que evitar que se sigan metiendo por aquí gente extraña, ya ven, por aquí entran y salen y nadie hace nada”.
Añadió que Mezcala va a aprovechar el apoyo que a partir de ayer le dieron los pueblos vecinos para realizar la marcha pacífica y posteriormente levantarse en armas, “eso creemos que es necesario, no se está haciendo por gusto, no podemos permitir que se siga metiendo gente que van correteando a los que roban carros, extorsionan y se afecte a los habitantes que no tienen culpa”.
Después añadió: “no sé cómo le vaya a caer esto al gobierno, pero yo creo que debe ser un alivio porque nosotros seremos los que vamos a cuidar a nuestras familias. Esto no se está haciendo con otra intención más que proteger a nuestros familiares, a nosotros mismos”.
Posteriormente se retiró el bloqueo y los manifestantes regresaron en marcha al centro del poblado, en donde el delegado de la Secretaría de Gobierno, Ignacio Ocampo y el delegado de Gobernación en la zona, Felipe Adame, pidieron dialogar con los comisarios de las comunidades que participaron en la protesta.
La zona donde se encuentran las 10 comunidades que ayer se manifestaron es territorio de disputa entre las bandas criminales de Guerreros Unidos y Los Rojos.
El 17 de enero, un grupo de sicarios atacó a un grupo de policías ministeriales que transitaban por la calle principal y se reportó la existencia de dos personas muertas pero no se localizaron los cuerpos.
El grupo de civiles armados atacó a los ministeriales quienes respondieron a la agresión desatándose un enfrentamiento que se prolongó varios minutos.
Según los vecinos, el resultado de la balacera fue de dos muertos, una patrulla de la ministerial baleada y una motocicleta asegurada, aunque los dos cadáveres no fueron encontrados.

Revocan un auto de formal prisión contra Arturo Campos

Redacción

La Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en cumplimiento al amparo otorgado por el Juzgado Sexto de Distrito con número 746/2016 revocó el auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado de la causa penal 031/2013 contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera, sin embargo aún no quedará en libertad puesto que se le sigue un proceso en Tlapa.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Teliz García indicó que con la resolución demuestra como la Fiscalía General del Estado (FGE) y el defenestrado gobernador, Ángel Aguirre Rivero fabricaron delitos contra las autoridades comunitarias.
Además reprochó que “es una vergüenza que las autoridades de la Cuarta Sala Penal revoquen el auto de formal prisión (únicamente) cuando lo ordena un juez federal”.
Los agraviados, Pedro Gil Apreza Salmerón y Karla Espinoza Bolaños fueron acusados en el Sistema de Justicia Comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, Karla Espinoza le entregó el arma de fuego a Pedro Gil y ambos fueron detenidos por la Policía Comunitaria.