Los habitantes de aquí se quejan de que nadie les cree, pero insisten que como en Iguala, el grupo criminal Guerreros Unidos hizo del lugar su guarida y de ellos sus rehenes.
Lo sabían desde antes de los ataques la noche del 26 y la madrugada del 27 a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que dejaron seis personas muertas, tres de ellos estudiantes, más de 25 heridos y 43 normalistas desaparecidos por policías municipales de Iguala y Cocula e integrantes del mencionado grupo criminal.
Sin embargo en Carrizalillo nadie se atrevía a hablar, hasta que perdieron el miedo el jueves 29 de octubre, cuando nueve policías federales y un presunto halcón de Guerreros Unidos llegaron por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Ricardo López García, y los cientos de pobladores convocados a través de las campanas del pueblo, y de voz en voz salieron de sus casas para impedir que se lo llevaran secuestrado.
A partir de entonces, los habitantes no solamente se decidieron a hacer frente a quienes los han asesinado, levantado, extorsionado y amenazado, sino también a hablar de lo que saben, y en cinco días han llevado a los medios de comunicación a lugares en donde hay tres fosas clandestinas con restos humanos.
“Esto es la prueba de que aquí hay algo más, pero los gobiernos federal y estatal no nos quieren escuchar ni hacer caso, posiblemente porque son cómplices o porque sus fuerzas policiacas y militares están involucradas y temen un nuevo escándalo peor que el de Iguala”, dijo uno de los habitantes.
Otro ciudadano afirmó que en los alrededores de la comunidad que pertenece al municipio de Eduardo Neri, y al que se llega en aproximadamente una hora con 20 minutos entrando por Mezcala por la carretera federal México-Acapulco, está llena de cadáveres sepultados en fosas clandestinas.
Cuenta que todo comenzó cuando Modesto Peña Celso (el comunero que fue detenido junto con nueve agentes de la Policía Federal la semana pasada) fue electo comisariado de Bienes Comunales en el periodo del 2009 al 2012, y se hizo concesionario de la minera Goldcorp que explota la mina Los Filos-El Bermejal, “él por la renta de sus tierras recibe 800 mil pesos anuales. Además recibe otros recursos por el servicio de sus camiones de volteo y pipas que hacen trabajos para la minera”, dijo el vecino que es teniente retirado del Ejército.
Agregó que desde entonces Modesto formó un grupo con su hermano Onofre Peña Celso, El Pescado, quien hace 10 días fue asesinado en Iguala junto a su padre Antonio Peña Montiel en Iguala, y con su sobrino Israel Peña López, El Cinsel, radicados en Iguala a donde emigraron tras de la irrupción de la Gendarmería, la Marina y el Ejército el 21 de octubre del 2014 en Carrizalillo, a donde llegaron en busca de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos.
“No sabemos por qué Modesto se metió con los de la maña si él tiene dinero; recibe unos 800 mil pesos anuales por la renta de sus tierras, más los recursos por la renta de sus camiones de volteo y pipas, además en Iguala tiene restaurantes y bares, es el dueño del bar Las Palomas”, dijo otro de los vecinos, y él mismo se responde que tal vez se metió a la delincuencia “porque siempre le gusta ser ostentoso, se luce en buenos carros, carga alhajas y viste bien”.
Dice que tal vez por eso cuando fue comisariado se metió con el grupo de Guerreros Unidos que llegaron de Iguala a éste pueblo en junio del 2014 y con los que primero extorsionaba a la gente del pueblo, con el argumento de que eran policías comunitarios que venían de la Montaña para hacerse cargo de su seguridad.
Con ese argumento cobraban hasta 2 mil pesos mensuales a los trabajadores de la mina Goldcorp por su seguridad, “imagínese y son 600 trabajadores”.
“Primero llegaron unos 30 cabrones y eran respetuosos con nosotros, pero poco a poco se volvieron prepotentes y violentos, a tal grado que a quien se les atravesaba en la calle con su vehículo le gritaban cosas como: hazte a un lado hijo de la chingada si no quieres que rafaguee tu camioneta”, mencionó el militar retirado.
Después colocaron retenes en la entrada del pueblo para controlar el ingreso de la gente y obligaban a participar a los habitantes. A quien se negaba le cobraban 400 pesos de multa. Además cuando sabían que subiría el Ejército obligaban a los habitantes a bloquearles el paso para impedir que entraran al pueblo, “el que se niegue no se la va a acabar después”, advertían blandiendo sus armas largas en las calles y echaban a los civiles por delante para evitar el ingreso de los militares.
Así llegó el 27 de noviembre del 2014, cuando después de la media noche muchos de los vecinos que viven en la calle principal, ahora conocida como “la calle del terror” porque es la que estaba controlada por el grupo delictivo, escucharon y después vieron la llegada de mucha gente en varias camionetas de lujo.
Eran como 100 personas armadas las que llegaron a parte de los 30 que ya estaban en el pueblo, le exigieron al comisariado el camión que recoge la basura en el pueblo y una retroexcavadora con la que se llevaron un escombro que estaba a la orilla de la calle y enfilaron rumbo al punto conocido como Los Mangos, al noroeste de la localidad a unos 4 kilómetros, en donde escucharon que trabajó la máquina casi una hora.
Los habitantes suponen que a ese lugar pudieron haberse llevado a algunos de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que los miembros de Guerreros Unidos recibieron de la policía en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, sin embargo más allá de sus testimonios, no han mostrado más evidencias que confirmen su dicho.
En cambio, sí han mostrado a los medios de comunicación más de 20 casas en donde se alojaban los criminales en la calle principal que ahora conocen como la “calle del terror”, una de ellas provista de un túnel de más de 20 metros que tiene salida a otra calle y que es propiedad de Modesto Peña Celso, el detenido el 29 de septiembre pasado, en donde dicen, en octubre pasado llevaron a refugiarse al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, dicho que tampoco han sustentado con evidencias.
Pero la retención de nueve agentes federales que llegaron con un presunto halcón de Guerreros Unidos la semana pasada, así como el hallazgo de al menos tres fosas clandestinas en los alrededores del pueblo y sus testimonios que han tenido eco en medios de comunicación nacional e internacional, han logrado atraer la atención de las autoridades federales.
Ayer en la tarde unos 30 agentes federales a bordo de 12 patrullas y peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron aquí para comenzar las investigaciones tanto del hallazgo de las fosas como de sus testimonios, contó el comisario Nelson Figueroa Peña.