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Se reúnen padres y maestros de la Montaña con el gobernador; dará la SEG 40 plazas, se informa

Una comisión de maestros y padres de familia de siete municipios de la Montaña alta y de la región Costa Chica, se reunió este miércoles con el gobernador Héctor Astudillo Flores y autoridades educativas, donde se les informó de 40 nombramientos de maestros faltantes, en los municipios de habla na’savi y nahuas.
En declaraciones telefónicas, el comisionado político de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Gerardo Parra Gerónimo, indicó que en el encuentro en Casa Guerrero hubo buenos resultados, de hasta un 95 por ciento de sus planteamientos.
El maestro recordó que para que el gobierno del estado lograra atenderlos, los padres de familia y maestros tuvieron que movilizarse en Tlapa, desde el 6 de febrero, para lograr una mesa el 14 de ese mismo mes; sin embargo, no hubo avances y por eso mantuvieron una protesta por tres día, del 12 al 14 de marzo, en Tlapa.
Indicó que en la reunión, el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, les informó del nombramiento de 40 maestros en los municipios Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Tlapa, Atlamajalcingo del Monte, San Luis Acatlán y Xalpatláhuac, así como la entrega de horas para escuelas secundarias.
Pese al avance, el cetegista dijo que en la región de la Montaña alta aún faltan otros 80 maestros, por las jubilaciones que se están dando, y por esta situación indicó que se mantendrán en la exigencia, junto con los padres de familia para que las autoridades cumplan y garanticen la educación a los niños indígenas na’savi.
El maestro informó también que en las comunidades de los municipios indígenas hace falta obra social, así como la construcción de aulas; por ello en la reunión estuvo presente el secretario de Obras Públicas, Rafael Navarrete Quesada; de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja, así como el representante de la Cdi, Lenin Carbajal Cabrera.
Las protestas realizadas por los pobladores na’savi y nahuas fueron desde el bloqueo a la carretera Tlapa-Chilapa, en el puente de Ahuatepec Ejido, al cierre de bancos y tiendas de autoservicio.

 

Exigen pobladores de Mixtecapa, San Luis Acatlán, que la SEG envíe una maestra a un kínder

Autoridades municipales de Tierra Colorada, anexo de Mixtecapa del municipio de San Luis Acatlán, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reposición de una maestra del preescolar Xolonantli, porque desde que inició el ciclo escolar no tienen clases.
Mencionaron que son más de 35 niños los que no reciben educación preescolar.
El comisario Lorenzo Portillo Cristino y el presidente del Comité de Padres, Yovani Marcelino Candia, hicieron la denuncia en esta ciudad, ante la espera de la maestra que les dijeron sería en septiembre, luego en noviembre y ahora hasta enero, según les dijeron diversas autoridades que visitaron.
Contó que en septiembre llegó la maestra a anotar a los niños para iniciar el ciclo escolar, pero el supervisor suspendió las inscripciones, diciéndole a la maestra que ya había pedido su jubilación, que ya no debía hacer eso y a ellos les aseguró que llegaría otra maestra, sin que sea cierto hasta la fecha.
Los representantes entregaron oficios a la jefa de sector de preescolar, Guadalupe Vivar, para su intervención; a Gobernación estatal; a la delegación regional de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y a la delegación de los Servicios Educativos de la SEG, para exigir la reposición de la maestra.
Mencionaron que tras dejar los oficios y solicitar la intervención de la delegación regional de derechos humanos, para que intervenga ante el delegado de la SEG, Marciano Anastacio Cano, platicarán con sus vecinos para que tomen acciones “ya que en todos lados nos dijeron que esperemos, y ya se va acabar el año y no hay respuesta”, se quejaron. (Carmen González Benicio / Tlapa).

Rechaza candidato de la planilla sin registro del STAUAG señalamientos de David Molina

El integrante de la planilla sin registro, Independencia Sindical, Cándido Cruz Vargas, aclaró que para trabajar en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) concursó en un examen de oposición, de la convocatoria emitida por la comisión mixta del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) y la administración central en 2005.
Esto, en respuesta al secretario de Conflictos con licencia del STAUAG, integrante de la planilla única con registro en el proceso para renovar el Comité Ejecutivo Central de la organización sindical, David Molina Francisco, quien lo acusó de haber entrado como trabajador de confianza a la UAG en el área de Servicio Social, una práctica que ahora critica desde la oposición.
En una llamada a la Redacción de El Sur, aclaró que tampoco labora en Servicio Social, sino en la Defensoría de Derechos Humanos de la Universidad, un espacio por el que concursó el 30 de agosto de 2005, en el periodo del ex rector Nelson Valle.
Insistió en que son los dirigentes del sindicato y los funcionarios de la administración central, quienes entregan horas de clase y plazas de manera discrecional a sus amigos y familiares. Aseguró que siendo secretario del CEE, David Molina metió a su hijo, del mismo nombre, en una plaza del sindicato, como auxiliar de la Secretaría de Conflictos.
Añadió que del hijo del secretario con licencia, a la fecha se encarga de recibir la documentación de los trabajadores que denuncian violaciones al contrato colectivo de trabajo.
Rechazó también que haya sido expulsado de alguna delegación sindical, como aseguró el dirigente, o que haya pedido un favor para que su esposa entrara a laborar en la institución. Precisó que su esposa no trabaja en la Universidad, distinto al secretario de Conflictos, con licencia. Incluso, aseguró que no lo conoce, “si me viera en la calle no me reconocería, habla por hablar”.
De su proceso de ingreso a la UAG, recordó que uno de los sinodales del examen de oposición fue el maestro Ángel Miguel Sebastián Ríos. En cambio, el hijo de David Molina no tiene trayectoria académica, ni participó en proceso de selección.
También acusó a Molina Francisco de dar un trato déspota a los sindicalizados cuando acuden a presentan sus demandas de recategorizaciones, con base en los lineamientos del contrato colectivo de trabajo.
Por otro lado, informó que los integrantes de la planilla Independencia continúan los recorridos por las delegaciones sindicales, promoviendo el voto de abstención y recabando las irregularidades laborales en cada unidad académica, para llevar su demanda a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, junto con las irregularidades del proceso electoral.

Faltan 40 maestros bilingües en 25 comunidades de la Montaña y Costa Chica, se quejan padres

El jefe de zona de la supervisión del sector 13 de Ometepec, Alfredo González Nicolás, se quejó porque no fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para solicitar 40 maestros bilingües y beneficiar a 25 comunidades de seis municipios de la región Montaña y Costa Chica.
En una llamada a la redacción de El Sur, González Nicolás comentó que en la mañana de este lunes tenían una reunión padres de familia y funcionarios de la SEG en Chilpancingo, pero hasta las 8 de la noche los atendieron representantes de la Dirección General de Servicios Regionales de la SEG, en la que no hubo respuesta a sus peticiones y sólo entregaron documentación de cuántos maestros necesitan, “el acuerdo era que nos iban atender los titulares, pero no fue así”.
“Es la duda que queda de los padres de familia de la reunión, que no fue seria, no era como se esperaba para atender nuestra demanda de los maestros faltantes”, declaró.
Dijo que desde varios años han solicitado 40 maestros bilingües de primaria y preescolar, además del director y maestro de inglés de la secundaria técnica de la comunidad El Carmen, en Xochistlahuaca, pero a la fecha no han tenido respuesta.
Explicó que la falta de maestros afecta a 25 comunidades marginadas de los municipios de Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Tlacohistlahuaca, Xochistlahuaca, San Luis Acatlán e Igualapa, que corresponden al sector Ometepec de Costa Chica.
González Nicolás dijo que la mañana de este lunes llegó una comisión de 25 padres de familia a Chilpancingo, para ser atendidos por funcionarios de la SEG, pero hasta las 8 de la noche los atendieron trabajadores de Servicio Regionales, “pero no hubo una respuesta de cuando nos enviarán los maestros faltantes”.
Por último, pidió al gobierno estatal y a la SEG que atienda las demandas educativas de las comunidades marginadas de estos municipios.

Redefinirá el Grupo Coordinación Acapulco la estrategia de seguridad, adelanta Meza

El secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, adelantó que hoy se reúne el Grupo Coordinación Acapulco para redefinir la estrategia de seguridad en el municipio, y dar respuesta a las nuevas formas de operación de los grupos criminales.
“Hay una reunión exclusivamente operativa para evaluar la forma, las operaciones y si hay que cambiar alguna estrategia de acuerdo con los datos que tenemos y como va cambiando la forma de operar del lado de la delincuencia”, explicó.
La reunión del Grupo Coordinación Acapulco se dará luego de que los homicidios se han focalizado en la céntrica colonia Progreso. El lunes, dos mujeres fueron asesinadas en la calle Plan de Ayala y el domingo un comerciante en la Nave de Flores, del Mercado Central; el viernes fueron asesinados dos comerciantes, uno de ellos en la Nave de Venta de Hierbas Medicinales, Veladoras e Imágenes del centro de abasto.
Meza Loeza reiteró que los grupos delictivos han cambiado sus operaciones producto del trabajo que hacen las dependencias de gobierno en el ataque frontal a la delincuencia.
A pregunta expresa sobre si las fuerzas de seguridad diseñan una nueva estrategia de seguridad, Meza Loeza respondió que “no sólo los tiempos cambian sino también la forma de operar de los delincuentes, por lo tanto también hay que ir revisando, cambiando constantemente para atacar lo más que se pueda”.
Insistió en que la información que se conoce sobre los grupos delictivos que operan en la ciudad es que “antes atacaban en ciertas zonas, en ciertos horarios y ahí es donde enfocábamos todas las baterías, pero hoy tenemos que repartirnos en todas las áreas en todos horarios, no podemos bajar la guardia”.
Sobre el uso de los drones como parte de la estrategia de seguridad, el vocero del Grupo Coordinación Acapulco indicó que se presentarán formalmente en un plazo de 10 a 15 días.
Por separado, el alcalde Evodio Velázquez confirmó que la información sobre el uso de drones para la estrategia de seguridad se dará a conocer “en su momento, serán parte de una estrategia integral para que pueda ayudar a fortalecer la seguridad en Acapulco”.
Desde finales de abril, el Ejército opera tres drones en la zona suburbana de la ciudad y está pendiente la compra de otros tres aparatos para labores de seguridad.
Los drones son dispositivos manejados a control remoto que tienen hélices que les permiten volar, y equipados con cámaras de video o fotográficas que les permiten captar imágenes desde las alturas.

Pide el PRD al gobierno federal respuesta integral para la protección a los alcaldes


La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se reunirá el martes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para solicitar un programa integral de seguridad para los alcaldes amenazados por el crimen organizado.
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, informó que acudirá a Bucareli la próxima semana.
“Nuestra exigencia va más allá de un tema de escoltas para los presidentes municipales; nos interesa que haya una respuesta integral de parte del Estado, en la que se den garantías a todos los alcaldes, y eso pasa por el principio de la recuperación del espacio público”, dijo Barrales en conferencia de prensa.
La lideresa perredista rechazó una vez más la respuesta reciente del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien, ante el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, justificó con que se había metido a una zona peligrosa.
“Nos interesa que la salida fácil (para resolver el asesinato de los alcaldes) no sea vincularlos de inmediato con el narco”, dijo.
En el edificio del PRD, Barrales consideró que la respuesta debe incluir no sólo seguridad sino, por ejemplo, mejoras económicas y garantías de todos los servicios públicos en los municipios.
“No queremos más policías ni Ejército, sino el entendimiento de que necesitamos medidas integrales”, sostuvo.
Por la tarde de ayer, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, arribó a la sede de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se reunió en privado con el titular de la dependencia, Renato Sales.
De acuerdo con un boletín del PRD, en dicha reunión este instituto político pidió que se revise la estrategia de seguridad para brindar mayor protección a los alcaldes del estado de Guerrero.
Asimismo, se exigió la colaboración de la CNS para que se llegue a fondo en las investigaciones para esclarecer el homicidio del Alcalde de Pungarabato.
La CNS explicó cómo se encuentra el despliegue y la presencia de elementos de la Policía Federal en municipios de la entidad en la que las autoridades locales han solicitado el apoyo del gobierno federal para garantizar la seguridad.
“Exigimos a Renato Sales garantizar la seguridad de las autoridades municipales de todos los partidos políticos”, informó Mojica mediante su cuenta de Twitter.
En la reunión también participaron el alcalde de Acapulco y coordinador nacional de Autoridades Locales del PRD, Evodio Velázquez; el secretario de Asuntos Municipales, Carlos Sotelo, además del presidente del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo.
El pasado sábado en la noche fue asesinado el alcalde perredista de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto, el cual, desde noviembre de 2015, había denunciado amenazas de un grupo que formó parte de Los Caballeros Templarios.

Esperan respuesta sobre depuración de asesores jurídicos en el Ayuntamiento

Hay personal que no tiene la capacidad necesaria, afirma director de Asuntos Jurídicos, García Murguía. La medida, para evitar pérdidas legales y económicas, dice

El director general de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Juan Pablo García Murguía, informó que aún no ha recibido respuesta de las dependencias sobre el número de personas que trabajan como asesores jurídicos, para comenzar la depuración del personal que no tiene la capacidad necesaria para desempeñar su trabajo.

Indicó que luego de la aprobación en Cabildo para elevar de rango la dirección, se pretende mayor coordinación entre las diversas áreas para evitar que se pierdan juicios ante tribunales que representen pérdidas económicas para el gobierno municipal y distribuir al personal en las dependencias para su mayor eficiencia.

En declaraciones en su oficina, García Murguía, contó que el lunes 3 de mayo envió un documento a las diferentes dependencias para pedirles el número de asesores jurídicos con los que cuentan para hacer un padrón y revisar el personal “que tenga la capacidad para estar en el área y después haremos una depuración porque algunos no están cumpliendo sobre esto”.

Sobre esto, comentó que algunos trabajadores están registrados en la dirección de Recursos Humanos como inspectores y llevan a cabo funciones de asesores jurídicos, o mientras en algunas áreas como Saneamiento Básico donde hay cuatro asesores, Mercados uno, Reglamentos y Espectáculos ocho, la coordinación de Servicios Públicos Municipales tiene sólo a uno, cuando todos los abogados deberían estar registrados en esa dependencia.

García Murguía precisó que el padrón servirá para tener el número total de abogados, cuántos tienen título y cédula de profesión, o si realizan su trabajo con capacidad, de lo contrario serán removidos.

Actualmente, tienen calculado que en el Ayuntamiento hay registrados unos 20 o 28 asesores jurídicos, pero dijo que hay más empleados haciendo estas funciones, y que tan sólo la Secretaría de Protección y Vialidad tiene “mínimo unos 10 abogados y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas unos ocho, se necesita hacer una revisión”, reiteró.

Al respecto de las pérdidas económicas que sufre el Ayuntamiento cuando un área tiene varios abogados y no existe un órgano administrativo que los dirija, García Murguía respondió que por eso es necesario “menguar las deficiencias de cada puesto jurídico para tener el resultado; por ejemplo, en la Secretaría de protección y Vialidad, cuando se pone a un trabajador en la comisión de Honor y Justicia sin los elementos, repercute que se tenga que pagar salarios caídos. No tenemos el dato formal, pero sí ha habido un daño económico”.

Finalmente informó que todos los abogados del Ayuntamiento estarán supeditados a la dirección General de Asuntos Jurídicos, a excepción de los asesores de los síndicos y regidores.