La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que se entregará un certificado de reconstrucción, a las personas que fueron censadas y reciban apoyo económico por parte del gobierno federal para la reconstrucción de viviendas por el impacto del huracán Otis.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes, Montiel Reyes señaló la fecha límite es el 29 de febrero de 2024 para la entrega de los certificados que también agilicen el proceso de escrituración de la propiedad.
“Se va a entregar antes del 29 de febrero el certificado de que la vivienda ha sido reconstruida, pero más que eso que garantice y avale la propiedad. En la realización del censo nos damos cuenta que hay un atraso en la certeza jurídica de la propiedad de muchas familias”.
Señaló que en cuanto vayan concluyendo las reconstrucciones, se entregarán los certificados para quienes necesiten escrituras. Explicó que si una persona termina la reconstrucción correspondiente en los primeros días de enero, se les entregará su certificado en esas mismas fechas.
Añadió que este 9 de diciembre iniciará el pago de los apoyos correspondientes a la reconstrucción de viviendas. La mitad de inicia este sábado y concluye el 18 de diciembre, mientras que la segunda parte comenzará el 20 de diciembre y finalizará el 31. El orden dependerá de la primera letra del primer apellido de la persona censada.
“El operativo de pago de limpieza fluye de manera regular, la gente ha sido muy colaborativa, ha mantenido mucho el orden, cosa que les agradecemos porque nos permite poderlos apoyar de la mejor manera”.
Señaló que se han entregado 234 mil 587 apoyos por el concepto de limpieza a las personas que fueron censadas y que en Acapulco se encuentran trabajando tres mil 500 servidores de la nación.
Este jueves el presidente López Obrador dio a conocer que con el censo se apreció una problemática con la escrituración de las viviendas, pues la mayoría de las personas no las tienen, por la que en su carácter de jefe del Ejecutivo entregará un certificado de posesión para agilizar el proceso de escrituración.
“Si terminan sus casas pronto, ahí va su certificado. Estoy buscando legalmente como hacerle, pero si ya llevan 20, 30, 40 años viviendo, tienen ya derecho de posesión, es una cosa de trámite y si a eso le sumamos que el presidente les va a entregar un certificado, pues ya les va a dar tiempo para que les den su escritura, que no los molesten”.
La información de la Secretaría de Bienestar indica que en la primera etapa de apoyos comenzará el sábado 9 para los apellidos con letras A y B, el domingo 10 para la letra C, el lunes 11 para las letras D,E y F, el martes 12 corresponde letra G, las letras H,I,J,K,L el miércoles 13, la letra M el jueves 14, las letras N,Ñ,O,P,Q el viernes 15, sábado 16 la letra R, domingo 17 la letra S y finaliza el lunes 18 con las letras T,U,V,W,X, Y, Z.
El secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, informó que de enero a junio de 2023, la federación ha disminuido la entrega de participaciones proyectadas para Guerrero, por mil 160 millones de pesos, derivado de la disminución en la recaudación de impuestos federales participables.
En breve consulta telefónica, señaló que esa es la razón del retraso en la entrega del presupuesto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que reclamaron representantes de partidos políticos el jueves.
Sin embargo, añadió que esperan poder entregar la próxima semana los recursos al organismo, para evitar dificultades en el proceso electoral.
En sesión pública, representantes del PRD, PVEM, PRI, PAN y Morena ante el Consejo general del IEPC denunciaron que estaban a una semana del comienzo formal del proceso electoral 2023-2024, de ayuntamientos y diputados, y el gobierno estatal no había enviado los recursos correspondientes a junio, julio y agosto, del presupuesto aprobado para este año fiscal.
El representante del PRD, Mariano Hansel Patricio Abarca, pidió al IEPC implementar “una cadena de responsabilidades”, para determinar qué persona o funcionario, por omisión o acción, ha colocado al instituto ante una posible “parálisis financiera”.
La presidenta del organismo, Luz Fabiola Matildes Gama, accedió a plantear por escrito sus requerimientos al gobierno del estado.
En breve declaración, el funcionario estatal confirmó el retraso de las entregas al IEPC debido a la reducción de las participaciones federales, que esperan resolver la próxima semana.
A principios de año, se mencionaba en prensa nacional la reducción de los recursos federales provenientes del Ramo 28, los que se transfieren a estados y municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos.
De acuerdo con el decreto del presupuesto de Egresos para el Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2023, el estado esperaba recibir por este concepto, 27 mil 69.4 millones de pesos.
Pero el documento también precisa que estas asignaciones “están en función de la recaudación federal, además de que son susceptibles de sufrir modificaciones durante el Ejercicio Fiscal concurrente”.
La disminución de las participaciones que informó el titular de la Sefina, representa 4.2 por ciento de la estimación anual, y de 8.5 por ciento de medio año.
No son recursos etiquetados para obra, programas o servicios. Son fondos para gasto no programable, que incluye operación, nómina e Inversión Estatal Directa. Ahora se sabe que también afecta el presupuesto del IEPC.
Alcaldes de los nueve municipios de Tierra Caliente solicitaron que se avance con la entrega del fertilizante en las comunidades que faltan, porque reciben las exigencias de los campesinos ante la llegada de las lluvias.
A través de la mesa de coordinación, y las reuniones regionales que sostienen, los alcaldes de los nueve municipios expresaron su solicitud porque a varias comunidades no les han entregado el insumo.
A esta reunión llegó el delegado regional de los programas sociales, Andrés Nieto Cuevas, quien aseguró que ya se avanza con la entrega, y que a los municipios en donde no se había dado esta misma semana estarán arribando los trailers.
Se informó que San Miguel Totolapan es de los que tienen la mayor cantidad de avance en la entrega del fertilizante y prácticamente están concluyendo. De igual forma en Coyuca de Catalán. Sin embargo ahí hay varias poblaciones de la sierra a las que no les han entregado el producto .
En Cutzamala también se detuvo la entrega, pero se confirmó que este viernes llegó un tráiler y habrá más en los siguientes días.
Faltan los municipios de Ajuchitlan y Zirándaro para que concluya el repato.
Las autoridades se comprometieron que en estos 15 días se logre avanzar con más del 90% para toda Tierra Caliente. Les habían prometido que a finales de junio se iba a concluir con la distribución del insumo.
El temporal de lluvias ha sido constante en los últimos 15 días y con suficiente agua para que los campos se encuentren listos para la siembra y también sin que se exceda; es decir, las tormentas no han sido cuantiosas como para dañar los campos y el ingreso de las maquinarias y los tractores que se utilizan en este tiempo, lo cual ha gustado a la gente del campo y por eso están trabajando en la siembra.
El delegado del gobierno federal Iván Hernández responde a preguntas de reporteros ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A diferencia de años anteriores, el Programa Nacional de Fertilizantes va retrasado en Guerrero y hay bodegas a las que todavía no ha llegado el insumo, reconoció el delegado de los programas sociales del gobierno federal, Iván Hernández Díaz.
El funcionario federal justificó el retraso porque ahora el programa es nacional y la demanda mayor.
Sin embargo, aseguró que cumplirán con la entrega del insumo en el tiempo que demanda el periodo de siembra.
El funcionario federal fue entrevistado después de la asamblea en la que se constituyó y se presentó a los integrantes del Comité los Programas Sociales con la presencia del subsecretario del Bienestar, Hugo Raúl Paulín Hernández.
“En general está avanzando bien el programa nacional de fertilizante; estamos priorizando las zonas más altas del estado por el próximo inicio de las lluvias”.
Explicó que, por ejemplo, en la sierra, los caminos se ponen más difíciles después de que inicia el periodo de lluvias y ya no es posible transportar el insumo y que por ello le están dando prioridad.
No obstante, Hernández Díaz aseguró que la entrega del insumo “va a buen ritmo, quizás un poco más lento que el año pasado derivado de que este año ya es de cobertura nacional y hay una gran demanda, no sólo del fertilizante, sino en lo que implica el transporte para que llegue a Guerrero y abastecer las 119 bodegas que tenemos”.
De acuerdo al funcionario federal, la región más avanzada en cuanto a la entrega del insumo es la Montaña, “porque es donde iniciamos, también la sierra se está atendiendo bien. Nosotros creemos que vamos a ir cumpliendo en tiempo y forma con el programa en el resto de las regiones”, prometió.
Hernández Díaz reconoció que hay bodegas que todavía no se abastecen, como la de Chilpancingo, pero argumentó que se debe a que no es de las zonas que tienen consideradas como de prioridad para abastecer antes de que arranquen las lluvias, “pero si se va a abastecer”.
Explicó que el calendario está en función del ciclo agrícola, y que “se van a atender todas las bodegas, pero iniciamos primero con las zonas más altas”,.
Con respecto a las denuncias de irregularidades en el padrón y de los beneficiarios que fueron excluidos del programa, aseguró que se están atendiendo todas las quejas.
Pero aclaró que estas se atienden de manera individual, “porque ocurre que hay dirigentes o personajes que estaban acostumbrados a usar a los campesinos y mantienen un discurso catastrófico del proceso de fallas en la entrega del fertilizante e integración del padrón”.
Hernández Díaz informó que los planteamientos de los dirigentes de las organizaciones no las atienden.
Dijo: “Lo que si atendemos de manera directa es a los productores que se encuentran en alguna situación, por ejemplo algún productor que no aparece en el padrón y que viene y nos pregunta: ‘oiga por qué’, y con todo gusto lo atendemos y revisamos su caso”.
Según el delegado no tienen un gran número de denuncias por irregularidades en la aplicación del programa. “Las que se presentan las hemos estado desahogando de manera coordinada con Sader, Bienestar y Segalmex”.
Sin embargo el funcionario dijo que no tenía a la mano la cantidad de irregularidades que han atendido en lo que va de este año.
“No tenemos a la mano el dato de cuantos casos se han revisado porque se hace de manera constante, planteamos hacer un corte, pero sí, es un ejercicio constante”.
Informó que hay casos de productores que cuando se incorporaron al programa, lo hicieron acreditando el uso de la tierra con un contrato de arrendamiento o de comodato de dos años, y que ahora si esa persona se incorporó en el 2020 y ese contrato ya no está vigente, “en automático ya no continua vigente y lo que hacemos es informarle que tiene que actualizar su documentación y nos presenten el contrato vigente para que puedan seguir recibiendo el fertilizante”.
El funcionario federal encabezó la mañana de ayer junto con el subsecretario del Bienestar, Hugo Raúl Paulin Hernández, la asamblea en la que se constituyó el Comité de Programas para el Bienestar que dará orientación en cada uno de los bancos del Bienestar a los beneficiarios de los programas sociales.
Locales de venta de carne en el Mercado Central de Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Acapulco no cuenta con un rastro oficial desde hace 20 años, por lo que la venta de carne se disgrega entre los rastros tolerados, los clandestinos y la importación del producto de otros estados. Los puestos de los mercados son aún puntos de encuentro para la compra y venta de estos productos, que son exhibidos de la forma tradicional, al aire libre y colgados en ganchos, frente a otros establecimientos que expenden la carne importada de manera empaquetada.
Existe un consenso entre los actores involucrados, autoridades, ganaderos y especialistas, que el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) de El Salto debe ser concesionado, pero aún sigue la discusión en los aspectos de la licitación, lo que ha retrasado por años su inicio de operaciones. La falta de un matadero oficial también ocasiona desafíos en el control de la calidad y la salubridad de la carne que se consume en el municipio.
La venta de carne en Acapulco
Durante un recorrido en el Mercado Central se localizan los diferentes puntos de venta, en donde los trabajadores ofrecen las diferentes partes del cuerpo de una res o un cerdo, colgados en ganchos o recostados sobre planchas. Aunque los puestos dedicados a la venta de carne se encuentran dispersos alrededor del mercado, una parte importante se encuentra dentro de éste y están pegados a otros puestos de venta de pescado.
El kilo de chuleta de res se encontró en 180 pesos, la cual fue mostrada y en un puesto hasta la ofrecieron de manera refrigerada. La mayoría de los carniceros usan un mandil y tienen en sus pequeños puestos de dos por tres metros sus congeladores horizontales. También cuentan con sus troncos de madera donde destazan la carne al gusto de los clientes.
En otros puestos, más pegados a la calle, la carne de cerdo es exhibida de la misma forma que la de res, pero algunos de ellos tienen los grandes trozos del animal casi al ras del suelo, por donde pasan perros y gatos. Resaltan las grandes cabezas de cerdo que también son vendidas.
La imagen de los puestos de este mercado contrasta con el establecimiento Carnemart, que se encuentra en la misma zona, pero en la calle Vallarta. La carne se encuentra empaquetada y guardada en refrigeradores. Algunas personas preguntaban por los diferentes productos, mientras que otros clientes esperaban el corte que demandaban a los encargados de la sección destinada a ello.
A las 11 de la mañana de este 10 de mayo eran pocas las personas dentro de esta tienda y mucho menos en comparación a las que compraban dentro del mercado. El paquete de chuleta de res costaba 189 pesos, 9 pesos más que el promedio de las otras carnicerías. Un trabajador comentó que este producto proviene del estado de Chihuahua.
Los proveedores y los rastros clandestinos
Una carnicera de un mercado de la zona suburbana comentó que trabaja por medio de un proveedor de carne, que le lleva el producto por semana. También le ha comprado a una carnicería del Mercado Central. Sin estar segura, la comerciante mencionó que la carne que le provee el establecimiento del centro “viene de afuera” de Acapulco, pero su proveedor actual sí le suministra del municipio.
Por cuestiones personales, se le complica acudir a un rastro “a checar un marrano, yo por eso compro por kiliada, se le dice”. Son decenas de kilos de carne que adquiere semanalmente con su proveedor, quien “me da un precio y yo lo doy a otro para ganarle un poquito nada más”. Consideró que trabajar con un proveedor cuesta más que ir directamente a un matadero.
La vendedora de carne de puerco y de res, quién prefirió omitir su nombre, dijo que desconoce el asunto del rastro de El Salto, pero resaltó que por falta de un matadero oficial “la gente en su casa tiene lugares donde matar. Por ejemplo, yo acá donde vivo está un vecino, tiene su rastro en su casa donde llegan todos los marranos y él mata y él vende”. Señaló que es “muy sucio porque huele muy feo porque la sangre, la tripa, pues no mata un marrano o dos, mata muchos, entonces por el tiempo huele más y más”.
Contó que ha visto un tráiler y “luego se lleva los marranos muertos, les saca las tripas y él los vende. Eso ya es algo bien malo”. Por ejemplo, a veces la carne de puerco “tiene un virus, un gusanito, se te va al cerebro y ya con eso está peor”, en referencia a los cisticercos.
Se le preguntó si por la zona donde trabaja existen otros rastros clandestinos, a lo que respondió que “sí, se maneja mucho eso” porque no hay un rastro “bien”. Además, en un rastro tolerado, agregó sin muchos detalles, “tienes que pagar por tenerlos ahí por día y yo pienso que prefieren pagar y tenerlos en su casa y matar acá”.
“Por eso yo prefiero ganar po-quito, pero no perjudicar a terceros”, dijo la carnicera. Indicó que la carne que vende está “certificada” porque “el señor que me provee trabaja con el rastro porque ellos tienen notas y todo. El otro día vinieron los del rastro aquí, preguntándome por la carne y todo y mi sobrina le enseñó la nota y de hecho los conocen ellos” y a la señora que le suministra la carne de res.
Consideró que los establecimientos que venden la carne empaquetada no le han quitado clientes e indicó que tampoco ha comprado en esos lugares. Agregó que la carnicería del centro, con la que sí se ha surtido, “es empacadora también, trabaja lo mismo que Carnemart, dicen”.
La licitación del rastro TIF
En las últimas semanas el tema del inicio de operaciones del rastro de El Salto ha vuelto a ser discutido entre las autoridades y los sectores involucrados, y El Sur le ha dado seguimiento.
Durante la inauguración de un centro de acopio bovino en la comunidad de Texca el 25 de abril, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, Atalo Niño Ramírez, pidió a los gobiernos municipal y estatal poner en función las instalaciones del rastro TIF porque “han pasado años y no se ha matado ninguna vaca”.
Contó que la Asociación Ganadera de Acapulco fue la que puso el terreno para la construcción del rastro y el gobierno le dio una concesión, sin embargo, las carnes que se consumen vienen de otros estados de la República, por lo que es necesario el rastro oficial.
La presidenta, Abelina López Rodríguez, afirmó que el rastro debe ser concesionado porque el municipio no tiene “experiencia” y necesita profesionales que entiendan el problema.
En la edición del 28 de abril, El Sur publicó una entrevista al diputado priista Rafael Navarrete, quien opinó que el rastro TIF puede ser detonante de la economía estatal porque convertiría a los ganaderos en proveedores de animales y a los campesinos en abastecedores de alimentos.
El también ex secretario de Obras Públicas en el gobierno de Héctor Astudillo (2015-2021) ponderó la necesidad de hacer funcionar las instalaciones porque tienen una inversión de 170 millones de pesos y por las condiciones sanitarias que no cumplen los mataderos actuales.
Al día siguiente este periódico también dio a conocer la postura de los ganaderos de Texca, quienes ahondaron en lo dicho por su representante del estado, Atalo Niño Ramírez, con respecto a la necesidad de un rastro TIF.
El presidente de la Asociación Ganadera con sede en Texca, Santos Ramos Catarino, y su tesorero, Gerardo Ramos, aseguraron que el inicio de operaciones del matadero de El Salto va a permitir que puedan vender carne de calidad aquí y sin intermediarios, lo que contribuirá a la sanidad del producto. Indicaron que la falta de un rastro oficial ocasiona que no haya un control de los animales que entran al municipio, que luego destazan en los rastros clandestinos y venden su carne en los mercados.
El Sur publicó el 3 de mayo la posición de los trabajadores del rastro tolerado de La Sabana, quienes dijeron que no han sido informados de la postura del Ayuntamiento de Acapulco encaminada a abrir las instalaciones de El Salto. Ante ello, algunos mencionaron que su labor continuaría en el nuevo rastro, mientras que otros previeron perder su empleo porque los mataderos, como en el que laboran actualmente, serían cerrados.
El rastro visitado es de los tolerados, que se diferencian de los clandestinos porque pagan licencia de funcionamiento y son inspeccio-nados por empleados de Salud de manera periódica, de acuerdo con los trabajadores consultados.
Un rastro TIF requiere matar de 200 a 300 reses diarias, advierten
El terreno, que se encuentra en la calle Alejandro Cervantes Delgado, en la colonia El Rastro, es amplio y preponderadamente de terracería. En la orilla están los corrales donde destazan unas cuatro reses e igual número de cerdos diariamente. Parte de la carne es vendida ahí mismo. Algunos de los trabajadores consultados también fueron escépticos del inicio de operaciones de un rastro TIF porque se tendrían que matar entre 200 y 300 reses diarias, cifras muy por encima de lo que se sacrifica en Acapulco por jornada de trabajo.
El Sur también consultó al secretario de Ganadería, Agricultura, Pesca y Desarrollo rural del gobierno del estado (Sagadegro), Alejandro Zepeda Castorena, quien en enero pasado indicó que una licitación pública del rastro podría ser lanzada durante el primer trimestre.
El 5 de mayo se publicaron las declaraciones del funcionario estatal, quien esta vez no se aventuró a fijar otro plazo, pero que sería lo antes posible. Zepeda Castorena informó que junto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas siguen en mesas de trabajo con abogados del Ayuntamiento de Acapulco para resolver los aspectos de la licitación.
Reconoció que en el tema se han encontrado “diferentes aristas, se debe de tener mucha claridad, plancharlo muy bien, porque se pretende que sea una licitación nacional”.
Este jueves 11 de mayo Atalo Niño Ramírez rindió el informe de actividades de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, donde le pidió al secretario Zepeda Castorena, presente en el acto en San Marcos, que detuviera el ingreso del “ganado de desecho” que entra a la entidad.
En respuesta a reporteros, el titular de la Sagadegro reconoció que “está fuera de control” la carne que ingresa a Guerrero porque no operan algunas casetas de inspección. Es un problema de “autoridad” que se está resolviendo con la Guardia Nacional, comentó.
Maestros estatales jubilados y pensionados exigieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para hablar del pago del seguro de indemnización por jubilación, que equivale a 30 mil pesos, el cual les tienen que entregar cuando se van y ya tiene dos años de eso; pero nada más les dicen que no hay dinero, así como la demanda del 2 por ciento que tiene que ver con el SAT-Fovissste.
En conferencia de prensa los maestros jubilados, encabezados por Ricardo Jimón Campos, anunciaron que este jueves 28 a las 9 de la mañana, estarán protestando en Palacio de Gobierno para exigir una solución a sus demandas, pues ese dinero lo necesitan.
Jimón Campos informó que están demandando el pago del seguro de indemnización por jubilación a casi 3 mil jubilados.
Aseguró que es institucional y que se los tienen que entregar cuando se retiren, “es lo que nos deben”. Jimón Campos manifestó que en el caso de los presentes, se jubilaron desde el 2016. “Lo único que nos han dicho es que no hay dinero, pero nosotros como trabajadores no tenemos la culpa si ellos tienen o no dinero. Es un derecho que a nosotros nos avala y lo único que estamos exigiendo es que no los paguen”, dijo el maestro jubilado.
Jimón Campos informó que los jubilados han hablado con diversos funcionarios, como el responsable de Finanzas del estado, Jaime Ramírez Solís; el contralor de la SEG, Ramón Apreza Patrón, y el responsable del Plan de Prevención Social (PPS), Alfredo Arias, pero “nada más nos dan largas y no resuelven, por lo que creemos que la última instancia es el gobernador del estado Héctor Astudillo”.
Indicó que el SAT-Fovissste se los adeudan desde 2001 hasta el momento que se dieron de baja de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). El jubilado también denunció que han descubierto que el ISSSTE está recortando las pensiones de algunos maestros, es decir, no las está dando completas y que en febrero de 2017 recibieron un aumento, el cual tampoco se lo dieron y que asciende mil 533 pesos mensuales.
En el fraccionamiento El Mirador, donde se reubicó a damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid de 2013, iniciaron los trabajos de protección de los edificios que habitan unas 40 familias en la manzana 1B, mientras que la demolición de las 32 viviendas declaradas inhabitables será el próximo lunes.
En un recorrido en el fraccionamiento se observó que los vecinos despegaron y se llevaron el metal de las escaleras, de las ventanas, coladeras y algunos lavaderos de las 32 casas que serán demolidas; aseguraron que las autoridades, sin especificar cuales, les dieron permiso de llevarse todo el metal y algunas cosas que pudieran rescatar, porque la maquinaria destruirá todo.
La zona donde están las 32 casas no está resguardada para evitar accidentes, pese a que en el lugar hay vidrios rotos, grietas y algunos cimientos a punto de colapsar. Niños, mujeres y hombres, sin importar el riesgo entraron para llevarse las cosas que podrían servirles.
De acuerdo con autoridades estatales y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), el martes pasado iniciarían los trabajos de demolición de 32 viviendas inservibles en el fraccionamiento El Mirador, sin embargo no se hicieron, y este viernes sólo comenzaron a colocar paneles de madera y lonas para evitar que cuando se demuelan las viviendas se dañen las 40 casas de la manzana 1B, que están habitadas.
El director de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; el titular de la Sedesol estatal, Mario Moreno Arcos; y la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez, se comprometieron a que las familias estarían en un refugio temporal que se habilitaría en el fraccionamiento y aún no está preparado.
Trabajadores informaron que la demolición podría iniciar el lunes, y que en los próximos días sólo llegará la maquinaria.
Habitantes de la manzana 1B que estarán en el albergue temporal que se habilitará en la zona, dijeron que aún no llegan las carpas de plástico, y que probablemente construyan el albergue cuando inicie la demolición.
El fraccionamiento El Mirador está al sur de la capital, al lado de la Autopista del Sol hacia Acapulco.
Maestros de preparatorias populares adheridas a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y comisarios bloquearon por una hora la Autopista del Sol, en la salida al sur de la capital, para exigir a las autoridades un presupuesto de 5 millones de pesos.
Desde las 11:40 de la mañana, unos 300 docentes y comisarios bloquearon los dos sentidos de la Autopista del Sol, como medida de presión para que las autoridades estatales y educativas les brindarán una mesa de negociación.
Los manifestantes informaron que desde diciembre de 2017 se debieron entregar los 5 millones de pesos, pero desde esa fecha los maestros no perciben su sueldo.
También exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que destine más dinero, ya que se requiere una asignación de 130 millones de pesos para atender las necesidades, principalmente de infraestructura, para el beneficio de unos mil 200 alumnos de todo el estado.
En el lugar, los maestros informaron que bloquearían media hora la Autopista del Sol y luego marcharían al Palacio de Gobierno, sin embargo, permanecieron por una y no realizaron la otra acción.
El presidente del Comité Ejecutivo General de las Preparatorias Populares de Guerrero, Emiliano Carreto Moreno, informó que desde diciembre de 2017 las autoridades no han liberado un recurso de 5 millones de pesos.
Indicó que debido a que no se entrega el dinero, maestros y algunos comisarios bloquearon la Autopista del Sol para exigirlo, ya que los 700 docentes no perciben salario.
Además, pidió que se le dé seguimiento a la mesa de trabajo que tuvieron en febrero en Casa Guerrero, donde Héctor Astudillo Flores se comprometió apoyar a las preparatorias de todas las regiones, con construcción de aulas, equipamiento, cursos de actualización y seguro médico.
Emiliano Carreto manifestó que las preparatorias populares están reconocidas académicamente por la UAG, sin embargo, no reciben ningún presupuesto de la institución, ni un salario fijo por parte de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Los maestros advirtieron que de no haber solución en los próximos días, se tendrían que movilizar los padres de familia y alumnos.
En el bloqueo
Por el bloqueo total de los dos carriles, se hicieron largas filas de automóviles particulares y del servicio público. Algunas personas tuvieron que caminar para llegar a su destino.
El tiempo de media hora que habían propuesto los manifestantes se prolongó a una, por lo que al lugar llegaron policías federales y autoridades de educación, entre ellas, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Uriostegui, para dialogar.
Las autoridades propusieron una mesa de negociación en el Palacio de Gobierno, por lo que a las 12:40 del día los manifestantes liberaron la vialidad, pero permanecieron en las laterales de la autopista, en espera de una respuesta de la comisión.
A las 6:40 de la tarde, vía telefónica, Carreto Moreno informó que llegaron a acuerdos “favorables” con las autoridades estatales y educativas, quienes se comprometieron a otorgar los 5 millones de pesos de manera igualitaria, es decir 50 y 50 para las dos asociaciones de las preparatorias.
Detalló que dentro de las preparatorias populares hay dos asociaciones y una de ellas ingreso el doble de matrícula, por lo que las autoridades pretendían darles más presupuesto, pero después de la reunión se acordó que serán partes iguales.
Aseguró que si las autoridades no cumplen con los acuerdos, continuarán con las movilizaciones y bloqueos en todas las regiones del estado. A las 7 de la noche, los manifestantes se retiraron de las laterales de la autopista.
El presidente del comisariado ejidal de Iguala, Marco Antonio Bustamante Nájera denunció que faltan de entregar 352 toneladas de fertilizante para 180 agricultores, retraso del que responsabilizó al gobierno municipal, ante el inicio de la temporada de lluvias y que algunos ya empezaron a sembrar.
En su gira de trabajo del sábado por esta ciudad, el gobernador, Héctor Astudillo Flores dijo que iba bien la entrega de fertilizante a campesinos de la zona Norte.
Sin embargo, en declaraciones a reporteros en la comisaría ejidal, el presidente del comisariado, Marco Antonio Bustamante denunció ayer un retraso en la entrega del químico. Ahí se deslindó de los reclamos de algunos productores y responsabilizó al gobierno municipal del atraso.
Puntualizó que faltan de entregar 224 toneladas del fertilizante conocido como DAP o granulado, y 118 toneladas de sulfato de amonio para 180 agricultores, de los 296 que hay en el padrón de beneficiarios y que cultivan unas 2 mil 500 hectáreas de terreno en el ejido de Iguala.
Declaró que, tanto el secretario de Desarrollo Rural, Jesús Salgado Marchán, como el director de Fertilizante, Israel Rodríguez Noyola, justifican el retraso con el incumplimiento del proveedor.
Por otro lado, afirmó que el gobierno estatal ya cumplió con su parte, y sólo falta la aportación del municipio.
Pidió al alcalde, Herón Delgado Castañeda que haga llegar el fertilizante que falta a los agricultores del ejido de Iguala, “todos los días estoy hablando por teléfono y sólo me dicen que mañana, los productores están muy molestos y me culpan a mí, pero no es culpa mía, sino de las autoridades municipales”.
Reclamó que, “dejen de invertir dinero en campañas, porque para eso sí tienen dinero, que utilicen el recurso para lo que es, en este caso para la compra del fertilizante”.
Antes de las elecciones pasadas, el comisariado ejidal había denunciado durante una protesta afuera del Palacio, el condicionamiento del gobierno municipal priista para la entrega de obra pública, a cambio de que apoyaran al candidato del PRI a la alcaldía de Iguala, David Gama Pérez, sin embargo después de una plática con el alcalde el problema se solucionó y no presentaron denuncias.
Bustamante Nájera, quien también es dirigente de la colonia Fermín Rabadán, apoya actualmente al candidato a la presidencia municipal de la coalición Juntos Haremos Historia, Antonio Jaimes Herrera, aunque en este caso no señaló que el retraso en la entrega de fertilizante tenga que ver con las preferencias políticas.
Alumnos de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el centro de Tixtla, toman clases en una de las tres sedes alternas; algunos sin bancas se sientan en el piso Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Padres de familia de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el centro de Tixtla, denunciaron que la reconstrucción del plantel, que albergará a 21 grupos, es lenta porque sólo hay seis albañiles; mientras, se paga la renta de dos casas para que los 530 alumnos no pierdan clases.
Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, la primaria fue evaluada por Protección Civil del estado y el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), como parte de la revisión estatal que se hizo en las zonas afectadas por el movimiento telúrico, concluyendo que debería reconstruirse en su totalidad, ya que el edificio tenía 80 años de antigüedad.
Este martes en la mañana, los padres de familia organizados en los comités de grupos, ofrecieron una conferencia de prensa en el zócalo de Tixtla, en la que denunciaron que el proyecto de reconstrucción no fue presentado, por lo que no hay claridad en la fecha de culminación.
En declaraciones, el miembro del consejo estatal de participación social y presidente del grupo de sexto A, Ramiro Zamudio Lara, señaló que exigen al gobernador Héctor Astudillo Flores una audiencia, de lo contrario estarían movilizándose.
“Cuando nos avisaron que se iniciaría el trabajo no nos dijeron que esta obra se realizaría por etapas. Nosotros, como representes de los padres de familia, creímos que esta obra no se pararía hasta su culminación, se nos hizo pensar que para el próximo ciclo escolar la obra estaría completa”, agregó.
Explicó que desde el inició del proyecto no se les informó para cuándo se concluiría con la construcción del plantel, ni se les detalló que sería construido por etapas.
“No nos dijeron que se haría por etapas, nos dijeron que se iniciaba la obra y que en seis meses estaría terminada la obra, no tuvimos la información precisa y completa”, agregó.
Mencionó que buscaron al director del IGIFE, Jorge Alcocer Navarrete, para que se les informara, así como se le solicitó su intervención para que fueran recibidos por el gobernador, pero no les dio solución alguna.
“No sabemos cuánto tiempo va durar la construcción de la escuela y nos preocupa, porque el director del IGIFE, Jorge Alcocer Navarrete, nos ha advertido que el recurso destinado a la obra ya se agotó”, refirió.
Los padres de familia se quejaron de que debido a que la construcción se ha realizado por etapas, no estará concluida para iniciar ahí el próximo ciclo escolar, lo que implicaría seguir gastando en las sedes alternas, donde se están impartiendo clases a los niños.
Añadió que desconocen el monto de inversión en esa obra y a pesar de que las autoridades municipales han ofrecido algún apoyo económico, éste no será suficiente para concluir la escuela.
“La primera etapa consistió en la construcción de nueve aulas y dos sanitarios, nada más, sin que se cubran las necesidades de la escuela. Porque en la escuela toman clases 21 grupos, que están asistiendo, y con nueve no se cubre. En la segunda etapa se habla de seis y que tampoco cubren la necesidad”, agregó.
La incertidumbre de los padres de familia es que la obra se pueda tardar más de dos años, lo que dificulta que los niños tomen clases en un lugar adecuado, con las condiciones necesarias.
El presidente de la asociación de padres, Ofelio Pablo de la Cruz, explicó que ante la falta de espacios para las clases, se organizaron para rentar dos casas particulares y habilitar una iglesia, para que los alumnos continuaran con sus clases.
Destacó que se pagan mensualmente, tan solo de renta, 4 mil 500 y mil 500 pesos por las viviendas y aunque no se paga renta a la iglesia, porque es presbiteriana, sí se cubren los servicios de luz y agua.
