El cuerpo de un hombre ejecutado a balazos fue encontrado en un predio cerca de El Resumidero en el barrio San Antonio, en Tixtla. Trascendió que la víctima fue secuestrada el domingo pasado en esa ciudad.
Según fuentes policiacas, a la 1:30 de la tarde de ayer recibieron un reporte de que había un hombre de aproximadamente 40 años tirado en un terreno en el punto conocido como El Resumidero.
Las autoridades policiacas informaron en un primer momento que el hallazgo había ocurrido en el barrio Santuario, pero después indicaron que fue en el de San Antonio.
Según testigos, un campesino que iba a trabajar a sus tierras frente a la presa que está cerca de El Resumidero, se asomó a una barranca y entre el pastizal y la maleza vio el cadáver.
El cuerpo tenía dos impactos de bala en la cabeza, corte de pelo tipo militar, vestía una playera azul, un pants negro y tenis negros.
Al lugar acudieron policías municipales y ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes.
El cuerpo que no fue identificado y fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, para practicarle la necropsia de ley.
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Tiene “muchos datos” de los asesinatos de sus dos compañeros, asegura Bruno Plácido
El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que “hay muchos datos” recabados por el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) sobre los asesinatos de dos integrantes de esa organización, ocurridos el domingo en el municipio de Tecoanapa.
Reiteró que la investigación se hace a la par de la Fiscalía General del Estado (FGE). En declaraciones vía telefónica también informó que el jueves próximo firmará un convenio de “coordinación y colaboración” con el gobernador Héctor Astudillo Flores, pero no quiso precisar si éste incluía a la Policía Ciudadana.
De las investigaciones del doble asesinato dijo que “hay muchos datos pero no queremos dar comentarios, hasta que tengamos todos los elementos”, e indicó que el domingo en una reunión cerrada los integrantes del sistema informarán de sus investigaciones.
El domingo 28 de enero fueron asesinados el promotor de esa organización, Mauro Rosario Ayodoro y su acompañante, el ex comandante de la Policía Ciudadana Gerardo Simón Ramírez en la carretera Cruz Grande- Tierra Colorada, en el punto conocido como Los Postes Cuates o La Laguna, a un kilómetro y medio de Tecoanapa.
Ayer Plácido Valerio informó que el jueves firmó el convenio con el consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Itaig), Joaquín Morales Sánchez, para que las autoridades de las comunidades donde opera la UPOEG en la Costa Chica, Centro y Montaña puedan pedir a las autoridades municipales y del estado cuentas claras del manejo del dinero público.
El acto fue en la ciudad de Ometepec, y asistieron autoridades de 50 comunidades. Ahí el consejero presidente del Itaig comentó que el curso de capacitación para las autoridades será de 40 horas y deberán asistir dos hombres y dos mujeres de cada comunidad.
En Chile también hubo desaparecidos y pasaron 20 años para buscar justicia, dicen en Ayotzinapa
Con la visita de una enviada a la Normal Rural de Ayotzinapa, la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile y sus autoridades Osvaldo Torres y Nubia Becker, refrendaron el apoyo a los padres de los 43 alumnos desaparecidos, “hasta llegar a la verdad y la justicia”.
La representante Patricia Valera dijo que durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, también hubo muchos desaparecidos.
Informó que el grueso de la población de Chile sólo conocía los ataques del 26 de septiembre de 2014 y la desaparición forzada de 43 estudiantes, pero en la visita de dos padres de familia en Chile hace dos meses, fue inédito saber que en los últimos años ha habido miles de desaparecidos en México, y la noticia tuvo un gran impacto social.
Mencionó que los señores Clemente Rodríguez Moreno, papá del estudiante desaparecido Christian Rodríguez Telumbre, y Mario César González Contreras papá de César Manuel González Hernández también desaparecido, acudieron a la invitación de la universidad chilena en el Día Internacional de Derechos Humanos, el 9 de diciembre de 2015.
El decano Osvaldo Torres y su esposa, Nubia Becker encabezan el apoyo de solidaridad a los padres de Ayotzinapa en ese país, quienes son las máximas autoridades de la facultad de Ciencias Sociales, también encarcelados y torturados en la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo régimen militar se entendió de 1973 a 1990.
De la estadía de los padres en Chile, informó que alrededor de 60 medios de comunicación les dieron cobertura y la información sobre las investigaciones del caso y de los miles de desaparecidos en el país se difundió no sólo en Chile, sino en muchos países de América y de Europa.
Los padres también sostuvieron diálogos con estudiantes y activistas de derechos humanos.
Patricia Valera aclaró que llegó a México invitada por un tema distinto al de Ayotzinapa, pero cuando las organizaciones supieron que vendría al país enviaron un mensaje de apoyo y solidaridad a los padres de familia.
“Vamos a continuar con la causa mediante actividades con estudiantes, con los municipios, y a mantener la coordinación con todos los que apoyan la causa y los propios padres, y seguir apoyando para que se mantenga la lucha por la verdad y la justicia”, expuso.
Agregó que en la dictadura de Augusto Pinochet también hubo muchos desaparecidos, asesinados y torturados en Chile, y pasaron más de 20 años para buscar la justicia porque siguen los procesos los familiares del dictador y contra muchos militares que son investigados y no han sido condenados.
Consideró que el caso Ayotzinapa permite sensibilizar a la autoridades chilenas, pues desde la universidad se promovió una reunión con el Congreso, que emitió un acuerdo el 16 de diciembre de 2015 para alentar al gobierno mexicano a tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos del 27 de septiembre de 2014 cuando fueron detenidos 43 alumnos de la escuela Normal, de los que todavía se desconoce su paradero.
Marchan en Tixtla y llevan ofrenda a Guerrero en el tercer aniversario de la Comunitaria
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de seis comunidades y de la cabecera municipal de Tixtla, celebraron ayer en la comunidad de El Troncón y en la cabecera municipal, el tercer aniversario de su creación en este municipio.
Más de 100 integrantes de la CRAC-PC, de las comunidades de El Troncón, Acatempa, El Durazno, Los Amates, El Zapote y La Estacada, así como de colonias y barrios de la cabecera municipal, depositaron una ofrenda floral en el monumento al general Vicente Guerrero Saldaña, para recordar también el 185 aniversario de la muerte del general.
Mientras tanto, en el poblado de El Troncón, los policías comunitarios realizaron una marcha en las calles del pueblo.
Al concluir, Pedro Santos Bartolo, uno de los coordinadores de la CRAC-PC, recordó que el 17 de febrero del 2013 surgieron como organización, pero que este año quisieron celebrarlo ayer porque se conmemora el aniversario luctuoso de la muerte Vicente Guerrero.
Destacó que a tres años del surgimiento de la CRAC y su Policía Comunitaria tienen presencia en los pueblos de El Troncón, Acatempa, El Durazno, Los Amates, El Zapote y La Estacada, y en colonias y barrios de Tixtla.
“La razón por la que surgimos fue por la violencia y la inseguridad, debido a que esta ruta y nuestro pueblo, El Troncón, eran utilizados para venir a tirar cuerpos”, recordó.
Aseguró que tres años después en El Troncón y las comunidades vecinas se ha abatido la inseguridad que prevalecía hasta antes de la constitución de la CRAC-PC.
“Ahora ya no sucede eso, ya no nos vienen a tirar cuerpos como antes, se terminaron los robos y el pueblo es respetado, pese a que persiste la presencia de la delincuencia organizada”, expresó.
El Troncón se encuentra a unos 15 minutos al sureste de Tixtla, y aún cuando es una zona que se diputan las bandas criminales de Los Ardillos y Los Rojos, en los últimos tres años ha bajado la violencia.
Informó que la mayoría de los asesinatos que se cometían antes de la creación de la CRAC-PC, eran de gente de Tixtla, la cabecera municipal o de otros municipios.
Manifestó que a diferencia de lo que sucede en Michoacán, donde el gobierno estatal por decreto terminó con los grupos de autodefensa, “en Tixtla no va suceder esto, a pesar de que cuando surgimos nos querían incorporar a la Policía Rural, no aceptamos”, dijo el dirigente comunitario.
Presentan en Ayotzinapa libro que contradice la versión oficial sobre los desaparecidos
La versión oficial de los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 que difundió la Procuraduría General de la República (PGR) ignora los hechos que ocurrieron antes de que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueran entregados presuntamente al crimen organizado, declaró la periodista e integrante de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), Paula Mónaco Felipe.
El lunes en un encuentro íntimo en el auditorio de la Normal Rural de Ayotzinapa, Paula Mónaco presentó el libro Ayotzinapa: Horas Eternas, acompañada de la comunicóloga e integrante de HIJOS, Ana Valentina López de Cea y el fotógrafo Miguel Ángel Tovar, quienes colaboran en el libro, ante estudiantes y sobrevivientes de los ataques en Iguala.
El libro, que escribió la también corresponsal de El Telégrafo de Ecuador, fue editado por Ediciones B, consta de cinco capítulos, con prólogo de la escritora Elena Poniatowska y un anexo que contiene la información oficial del caso Ayotzinapa, la cual difundieron funcionarios del gobierno federal durante los primeros meses posteriores a la masacre.
El primer capítulo del libro, Cacería, contiene la reconstrucción de los hechos desde el 26 de septiembre en la tarde, cuando los normalistas partieron desde la Normal Rural de Ayotzinapa hacia Iguala, hasta la tarde del 27 cuando volvieron a la escuela tras los ataques; el segundo capítulo, Horas eternas, relata lo que ocurrió durante el primer mes luego de la masacre; el tercero, Buscarte, cuenta la búsqueda que hicieron los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos para encontrar a sus hijos.
El cuarto capítulo, Vidas, contiene 48 biografías de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, 43 de los desaparecidos, los tres asesinados, Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, y los dos que resultaron heridos de gravedad durante los ataques, Aldo Gutiérrez Solano, quien permanece en estado vegetativo, y Édgar Andrés Vargas, a quien los policías le destrozaron la mandíbula.
El quinto capítulo, Seguir, relata los hechos desde el segundo hasta el duodécimo mes después de los ataques en Iguala, la vida de los padres de familia en la Normal de Ayotzinapa, su lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y como contrapunto el actuar de las autoridades.
Consultada luego de la presentación, Mónaco Felipe declaró que el libro, “es un documento de las voces de víctimas y sobrevivientes de los ataques de Iguala y el primer año de lucha en la búsqueda, es un documento de memoria, también es un contrarrelato oficial (de los hechos)”.
Dijo que el contenido del libro está basado en más de 100 entrevistas a 17 normalistas sobrevivientes de los ataques en Iguala, amigos y familiares de las víctimas.
“Hay (en el libro) muchas fotos familiares (de los normalistas) para demostrar una versión más humana y más leal (de la vida de los jóvenes antes de los ataques en Iguala), nos muestra a los muchachos en una reunión de la primaria, con sus hijos recién nacidos, sus novias, son personas que hacen falta y por eso hablamos de ellos en presente”.
Sobre el primer capítulo del libro, Cacería, que se basó en más de 20 horas de entrevistas acerca de lo que ocurrió antes, durante y después de los ataques en Iguala, Mónaco Felipe aseguró que la llamada “versión histórica” de los ataques en Iguala, está construida con base en lo que presuntamente ocurrió cuando los normalistas fueron entregados al crimen organizado, pero “ignora todos los hechos previos, la participación de la Policía Estatal, Municipal (de Iguala), el Ejército, la Policía de Cocula, este es un delito de lesa humanidad que se persigue en todo el país”.
“Aquí (en el libro) se lee todo lo que pasó desde las 5 de la tarde del 26 (de septiembre de 2014) hasta la tarde del 27 cuando volvieron a la normal, hay nombres, situaciones, médicos que se negaron a atender a los normalistas esa noche, es un ladrillo de memoria que construye la verdad sin que esté jalada por el poder”, expresó.
Señaló que tomó la decisión de presentar el libro por primera vez en la Normal Rural de Ayotzinapa, junto con Ana Valentina López y Miguel Ángel Tovar, porque “nuestra responsabilidad era mostrarlo primero a los que colaboraron, los muchachos y después a la prensa”.
Paula Mónaco, cuyos padres fueron desaparecidos el 11 de enero de 1978 por el tercer cuerpo del Ejército en la dictadura militar de Argentina, manifestó que comparte el dolor de la ausencia de los 43 estudiantes, cuyo paradero aún se desconoce a 16 meses de los ataques en Iguala.
Toman la caseta a Tixtla normalistas de Ayotzinapa; piden dinero para apoyar su movimiento
Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaron ayer dos horas la caseta de cobro del nuevo libramiento a Tixtla.
Los normalistas permitieron el paso a los automovilistas, a quienes pedían una cooperación voluntaria para el sustento de la escuela y el movimiento que encabezan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. También sustrajeron diesel del tanque de un camión pesado.
Desde las 11 de la mañana, los normalistas llegaron a la caseta de cobro que se encuentra a unos 4 kilómetros de la escuela, a bordo de dos autobuses de la Estrella de Oro. Todos llevaban el rostro cubierto.
Se supo que, a la llegada de los normalistas los trabajadores de la caseta dejaron sus módulos y no opusieron resistencia.
Ahí, los estudiantes permitieron el paso de todos los automovilistas a quienes les una pedían cooperación voluntaria, además se observó que a un camión pesado le sustrajeron una garrafa de diesel.
Los estudiantes explicaron que, poco antes del mediodía, cuatro patrullas se acercaron a la caseta y un oficial les preguntó si les permitirían el paso, porque más tarde se trasladarían a Chilpancingo; “les dijimos que el paso era libre para todos, no estamos bloqueando, sólo pedimos apoyo voluntario”, explicó uno de los normalistas, y aseguró que los policías estaban en Tixtla para resguardar la toma de protesta del nuevo alcalde Hossein Nabor Guillén, que se celebró en el auditorio del Ayuntamiento.
Aclararon que la actividad era solamente para pedir cooperación destinada al sustento de la Normal y al movimiento, y nada tenía que ver con la toma de posesión de Nabor Guillén.
A 2 kilómetros de la caseta, en el crucero que comunica al municipio de Apango, había un retén de la Fuerza Estatal con unos 15 uniformados armados en cuatro patrullas, pero a decir de los estudiantes no hubo un intento de desalojo.
Después de dos horas, los normalistas se retiraron del lugar.
Los levantados en Chilpancingo serían cinco, no seis, pero sólo hay dos denuncias, dice el fiscal
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que no fueron seis levantados en Chilpancingo sino dos, ya que su dependencia cuenta con dos denuncias presentadas por desaparición, pero según sus investigaciones podrían ser cinco; mientras que uno de los tres estudiantes levantados ayer en Tixtla ya fue liberado.
“Pueden ser cinco los de Chilpancingo del taller levantado, pero sólo hay dos denuncias”, agregó.
También detalló que la banda de secuestradores desarticulada el jueves pasado, tras un enfrentamiento con policías ministeriales y el Ejército en la colonia Salubridad, pertenecía a El Tequilero, y señaló que hasta este jueves en la capital del estado también operaba una escisión de La Familia Michoacana.
Ayer en El Sur se publico que la tarde de este martes, sicarios irrumpieron en el taller Moto Servicios Ayala, donde levantaron a seis jóvenes, entre ellos a una mujer, cerca del Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) No. 136 en la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que sólo se han presentado dos denuncias de personas desaparecidas, pero que las investigaciones de la dependencia daban cuenta de la posibilidad de cinco personas levantadas.
Consultado al término del acto protocolario de arranque de la Operación Chilapa, el fiscal explicó que, mediante una llamada al número de emergencia 066 se informó del levantón de cinco personas, pero “realmente son dos del taller”.
Agregó que se presentaron denuncias de desaparición de dos personas, pero investigarán para saber si fueron o no levantados los otros cinco jóvenes que estaban en el taller.
Durante la mañana de este miércoles, se le preguntó en tres ocasiones al fiscal acerca de los secuestros y levantones en la capital, la primera cuando bajó del helicóptero en el que llegó a la unidad deportiva de Chilapa, donde informó que el reporte proporcionado por el comándate de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), era de tres levantados en Chilpancingo y tres en Tixtla.
Este martes, tres estudiantes fueron privados de su libertad por hombres armados en la colonia La Villita, en el municipio de Tixtla, a unos 100 metros de la comandancia de la Policía Municipal, informó la FGE.
En la segunda ocasión se le preguntó sobre el estatus de los seis, a lo que respondió que en Chilpancingo y Tixtla eran levantados; se le reiteró la pregunta sobre cuál era el reporte, pero ante la falta de datos le pidió al comandante de la PIM, Ricardo Zamora Guevara que respondiera a las preguntas de tres medios de comunicación.
Zamora Guevara reiteró que tenían información sobre dos levantados, ya que las familias presentaron la denuncia, además de que no hay testigos que confirmen si se llevaron o no a más personas.
Sobre los jóvenes privados de su libertad en Tixtla dijo que se consideran también levantados, pero que ahí ninguna familia ha presentado una denuncia formal.
Eran tres bandas de secuestradores en la capital; ya fue desarticulada la de El Tequilero, comenta
El jueves de la semana pasada, se enfrentaron hombres armados y policías ministeriales más de una hora, resultando un policía y un sicario heridos, siete detenidos, y dos hombres y una mujer que estaban secuestrados fueron liberados al sur de Chilpancingo.
Tras los hechos, el fiscal dijo que los detenidos fueron consignados, pero no dio más detalles ni los nombres de los detenidos, sólo informó que se desarticuló la banda de secuestradores.
Se le preguntó entonces cuántas bandas delincuenciales operan en la capital del estado, a lo que respondió que no tenía el número exacto, y luego corrigió que son tres, Los Ardillos, Los Rojos y una escisión de La Familia Michoacana que el jueves pasado fue desarticulada.
Enfatizó que la banda de El Tequilero estaba operando en Chilpancingo hasta el jueves pasado, antes de la intervención de la policía ministerial y del Ejército.
Dijo que tenía ya identificado a El Tequilero, y reiteró que probablemente fue policía municipal, aunque no dio a conocer el nombre del delincuente.
Al final de la consulta, confirmó que ayer fue detenido por la Policía Federal en Chilapa el segundo de Los Rojos, Yiovani Anastasio Parra.
Exige el coordinador de la CRAC de San Luis Acatlán a diputados que respeten la Ley 701
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Abad García García exigió a los diputados locales que respeten la decisión de los pueblos originarios, y que las modificaciones de la Ley 701 no sean regresivas y en contra del sistema comunitario.
Consultado por teléfono luego de que los diputados locales aprobaron (con el voto en contra de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez) una prórroga hasta el 15 de marzo del 2017 para que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y otras leyes secundarias se adecuen a la nueva Constitución del estado.
Dijo que los diputados locales deben respetar la Ley 701 tal y como se encuentra, y si hacen cambios que sean para mejorar y no para restringir los derechos de los pueblos indígenas, que desde hace 20 años mantienen un sistema comunitario que ha funcionado y ha dado resultados en garantizar la seguridad y la paz en las comunidades y municipios donde opera.
Reiteró que la CRAC defenderá la Ley 701, y llamó a los diputados locales a respetar las decisiones de los pueblos originarios que participarán en foros a finales de febrero, porque son ellos quienes tienen la última palabra como comunidades y no los legisladores.
El domingo en la Asamblea Regional de la CRAC en San Luis Acatlán, los representantes acordaron defender la Ley 701 que los reconoce como sistema de seguridad en el estado y llamaron a la unidad con otras organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Suspenden la ampliación de la declaración de Gonzalo Molina; no hubo traductor del náhuatl
El juez Séptimo de Distrito suspendió la audiencia para la ampliación de la declaración del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina González, porque no había un traductor del náhuatl.
El abogado del promotor de la CRAC, Hegel Mariano Ramírez informó que al iniciar la audiencia de Molina González dijo que pertenece al pueblo indígena y es miembro de la Policía Comunitaria, entonces el juez determinó suspender la audiencia para no violentar sus derechos.
Gonzalo Molina aclaró que entiende el español, pero pidió un traductor del náhuatl para rendir su declaración, “no vayan a ordenar una reposición de procedimientos”.
Dijo que la causa penal 59/2013 en la que lo acusan de terrorismo ya se han desahogado las pruebas, sólo quedan pendientes algunos interrogatorios de los policías municipales que no han sido localizados, “a uno ya lo encontramos y está pendiente otro, pero se está haciendo la revisión”. El abogado no precisó cuándo se reanudará la audiencia para la ampliación de la declaración del promotor de la CRAC del barrio de El Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina.
El 27 de agosto de 2013 policías comunitarios de Tixtla tomaron el Palacio Municipal, y cuando llegaron al inmueble se pelearon con policías municipales, al punto de que miembros de ambas corporaciones se apuntaron con sus armas.
Autoriza el gobierno federal extraer agua del acuífero vedado Chilpancingo, informa la Conagua
El gobierno federal autorizó extraer 22.9 millones de metros cúbicos anuales de agua del acuífero Chilpancingo de los municipios de Chilpancingo, Leonardo Bravo (Chichihualco), Tixtla, Mochitlán y Eduardo Neri (Zumpango).
El acuífero Chilpancingo está vedado desde el 13 de febrero de 1975, hace 40 años y 11 meses, pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó este martes un estudio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en donde se recomienda establecer las reglas de operación para otorgar concesiones o asignaciones directas para la extracción de agua.
Este miércoles entró en vigor el acuerdo en donde se da a conocer el resultado del estudio técnico de aguas nacionales subterráneas del acuífero Chilpancingo, clave 1228, en el estado de Guerrero, Región Hidrológico-Administrativa Pacífico Sur, el cual recomienda, “decretar el ordenamiento procedente para el control de la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de las aguas subterráneas en toda la superficie del acuífero Chilpancingo”, y suprimir la veda impuesta desde 1975.
El documento publicado establece que la veda de la extracción de agua del subsuelo sigue vigente, “hasta en tanto se expida el instrumento jurídico que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proponga al titular del Ejecutivo Federal, mismo que permitirá realizar la administración y uso sustentable de las aguas nacionales del subsuelo en el acuífero Chilpancingo”.
El acuerdo también advierte que el acuífero tiene disponibilidad limitada de agua y existe riesgo de sobreexplotación si se permite la extracción desordenada, y sugiere que se haga un aprovechamiento controlado del recurso.
“El acuífero Chilpancingo clave 1228 se localiza en la porción central del estado de Guerrero, cubre una superficie de 543.53 kilómetros cuadrados, comprende parcialmente los municipios de Chilpancingo, Leonardo Bravo, Tixtla, Mochitlán y Eduardo Neri”.
De acuerdo con la información del censo de aprovechamientos de 2008 de la Comisión Nacional del Agua, “se registró la existencia de 150 aprovechamientos de agua subterránea, de los cuales 17 son pozos, 117 norias y 16 manantiales”.
“El volumen de extracción total estimado entre pozos, norias y manantiales es de 9.9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 5.2 millones de metros cúbicos, 52.5 por ciento, se destinan al uso público-urbano, 3.8 millones de metros cúbicos, 38.4 por ciento, se destinan a uso doméstico-pecuario, 0.4 millones de metros cúbicos, 4 por ciento, se destina al uso agrícola y 0.5 millones de metros cúbicos, 5.1 por ciento se utilizan para las actividades de servicios”.
En el documento se explica que, “el máximo volumen que puede extraerse para mantenerlo en condiciones sustentables es de 22.9 millones de metros cúbicos anuales, que corresponde al volumen de recarga media anual, menos la descarga natural comprometida”.
Riesgo de sobreexplotación del acuífero
El acuerdo también advierte que el acuífero tiene una disponibilidad limitada de agua y existe riesgo de sobreexplotación si se permite la extracción desordenada, se sugiere que se haga un aprovechamiento controlado del recurso.
“El acuífero Chilpancingo, clave 1228, actualmente tiene una disponibilidad media anual de agua limitada para impulsar el desarrollo de las actividades productivas, aunado al incremento en la extracción y aprovechamiento del agua subterránea, por consecuencia de alumbramientos que se efectúan de forma desordenada, para satisfacer el incremento de la demanda se podría originar un desequilibrio en la relación recarga-extracción y causar sobrexplotación”, se lee en el documento.
Hay un riesgo de “que se genere efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, tales como la inutilización de pozos, el incremento de los costos de bombeo, la disminución e incluso desaparición de manantiales, así como el deterioro de la calidad del agua subterránea”, por lo que es necesario prevenir la sobreexplotación y proteger al acuífero de un deterioro ambiental en la región, advierte el estudio.