Autoridades municipales de Tierra Colorada, anexo de Mixtecapa del municipio de San Luis Acatlán, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reposición de una maestra del preescolar Xolonantli, porque desde que inició el ciclo escolar no tienen clases.
Mencionaron que son más de 35 niños los que no reciben educación preescolar.
El comisario Lorenzo Portillo Cristino y el presidente del Comité de Padres, Yovani Marcelino Candia, hicieron la denuncia en esta ciudad, ante la espera de la maestra que les dijeron sería en septiembre, luego en noviembre y ahora hasta enero, según les dijeron diversas autoridades que visitaron.
Contó que en septiembre llegó la maestra a anotar a los niños para iniciar el ciclo escolar, pero el supervisor suspendió las inscripciones, diciéndole a la maestra que ya había pedido su jubilación, que ya no debía hacer eso y a ellos les aseguró que llegaría otra maestra, sin que sea cierto hasta la fecha.
Los representantes entregaron oficios a la jefa de sector de preescolar, Guadalupe Vivar, para su intervención; a Gobernación estatal; a la delegación regional de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y a la delegación de los Servicios Educativos de la SEG, para exigir la reposición de la maestra.
Mencionaron que tras dejar los oficios y solicitar la intervención de la delegación regional de derechos humanos, para que intervenga ante el delegado de la SEG, Marciano Anastacio Cano, platicarán con sus vecinos para que tomen acciones “ya que en todos lados nos dijeron que esperemos, y ya se va acabar el año y no hay respuesta”, se quejaron. (Carmen González Benicio / Tlapa).
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Marchan alumnos de la UPN en Tlapa; exigen a la SEG pago de prácticas de campo de 2010
Estudiantes y maestros de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), marcharon por las calles de la ciudad para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que les pague las prácticas de campo que se les adeuda desde 2010, así como su incorporación a los diferentes programas de becas, mantenimiento, equipo de cómputo e internet.
La marcha salió desde el mercado Nuevo Horizonte para Guerrero, donde se concentraron alumnos y maestros, rumbo al zócalo, en donde realizaron un mitin y permanecieron unas horas, hasta que fueron atendidos por personal del Ayuntamiento.
De acuerdo con el pliego petitorio entregado por los estudiantes, piden que la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral sea incorporada a los diferentes programas de becas, como Pronabes, becas de trasporte para que los alumnos puedan llegar, ya en su mayoría viene de comunidades y sus padres son campesinos que no perciben ni un salario.
Ellos, para estudiar, tienen que trabajar a la vez, pero se les complica cuando salen a prácticas de campo, ya que se van a unas comunidades durante una semana completa y eso dificulta que puedan encontrar un empleo.
Otra de las demandas es que se cubra el adeudo de las prácticas de campo de la licenciatura, desde 2010 hasta la fecha, que son cerca de un millón 717 mil pesos, además de presupuesto para foros sobre educación bilingüe, talleres sobre la enseñanza de idiomas y diplomados para la difusión de la licenciatura.
También exigieron la entrega de una urvan y una camioneta para la realización de prácticas de campo, rehabilitación de aulas y construcción de un comedor estudiantil.
Pidieron la intervención del presidente Jesús Noé Abúndiz García con las autoridades estatales, y que en el ámbito municipal les dote de agua entubada, petición que fue recibida por el secretario particular del Ayuntamiento, Javier Jiménez Vázquez. (Antonia Ramírez / Tlapa).
Piden jornaleros agrícolas en Tlapa que cumpla sus funciones la comisión intersecretarial
Integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que funcione la comisión intersecretarial que se creó para atenderlos, ya que no han cumplido los acuerdos firmados.
Asimismo exigieron la dotación de insumos para el comedor y la entrega de paquetes a las familias jornaleras para su traslado, porque el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Solano Arreaga no cumple la entrega o, cuando lo hace, la dotación que entrega es mínima, “pues nos dan 20 o 22 paquetes de los 300 que solicitamos, con el argumento de que no hay dinero, pero no es eso, el recurso se lo está gastado en actividades de campaña, tira el dinero en pago de jaripeos, grupos musicales que le piden de 60 a 70 mil, dejando abandonados a los jornaleros y siempre dice que anda en Tlapa, pero aquí no viene”, se quejó Miguel Martínez Peralta.
Mencionó que en los gobiernos perredistas de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre, les entregaban con puntualidad los insumos, y si bien no les daban los 300, si 280 o 250; “con Astudillo pedimos 300 cajas de galletas y nos dan 30”, ejemplificó.
Agregó que con eso no pueden mantener el comedor ni entregar paquetes a las familias jornaleras para los días de traslado.
Aureliana Díaz Benigno, quien apoya en la preparación de alimentos, comentó que los jornaleros se van tristes porque no hay comida, y aquí tienen que esperar a registrarse y luego llenar el cupo del camión, lo que a veces dura días, y no traen suficiente dinero para comprar comida.
Flores Sánchez Crescencio lamentó que la comisión intersecretarial no cumpla durante la temporada alta de migración jornalera, que inició en septiembre con 24 camiones y mil 311 jornaleros; agregó que en octubre fueron 13 camiones y 701 campesinos, y en lo que va de noviembre van 22 camiones con mil 261 migrantes. Agregó que estas cifras aumentaron, con relación a 2016, 50 por ciento ante la falta de oportunidades laborales en la región.
Reiteró que los estados a los que salieron los indígenas son Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte, Jalisco y Sonora.
Flores Sánchez remarcó que el Registro Civil no está cumpliendo su compromiso de expedir documentos oficiales para los migrantes, que las literas que la SAICA y la Cdi se comprometieron a mejorar siguen destruidas, y que el cuarto que se desocupó para ampliarlo, nuevamente ha sido ocupado por las alumnas de la escuela de partería.
No tienen agua ni se han concluido los trabajos del estacionamiento, donde siguen los cables que impiden el paso de los autobuses.
“No ha cambiado nada, vienen, toman nota y ya; porque la discriminación sigue, se paga mal, cuando hay accidentes no hay apoyo, los secretarios no han cumplido”, dice.
EL jornalero de la comunidad de Patlicha, municipio de Copanatoyac, Gregorio López Alvarado, que irá al estado de Morelos al corte de caña, contó que siguen en condiciones difíciles porque, si sufren accidentes no les dan servicios médicos. Lo que ganan, a veces no les alcanza para subsistir cuando se enferman mientras están en los campos.
Se reunió la relatora de la ONU con el alcalde de Tlapa y con la policía acusada de violación
El presidente priista de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García, informó que se reunió con la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en su visita oficial al municipio de Tlapa, el pasado 11 de noviembre y le planteó las actividades que hace su gobierno y los servicios que requieren los pobladores indígenas.
También se reunió con la policía municipal Claudia Juárez Gómez, acusada de violación por la activista Yndira Sandoval Gómez.
Abundiz García dijo que le comentó que el municipio tiene comunidades nahuas, na savi y me´phaa bathaa y la cabecera concentra a ambos pueblos por lo que su diversidad a veces resulta compleja para atender.
Mencionó que habló del tema de la salud en el municipio porque hay comunidades como Coachimalco que no tiene centro de salud y se atiende con brigadas o en la zona me’phaa bathaa donde hay un centro de salud para atender las 16 localidades y sus anexos y el municipio apoya con el pago del médico y llevan brigadas, sobre todo por la lejanía entre una y otra.
Dijo que mencionó que en comunidades de Tlapa hay grupos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC) y de la Policía Ciudadana y Popular y que ha sido elemental para la seguridad y su gobierno busca fortalecer ese sistema de justicia y debe ser con capacitación y si es bueno, se debe mantener, mejorarlo y evitar en lo futuro vicios en que el indígena oprima al indígena.
Se mencionaron temas como el sistema de procuración de justicia y de atención a la ciudadanía en este rubro.
Sobre el matrimonio infantil y el feminicidio en el municipio dijo que la relatora conoce el tema y que hará sus recomendaciones, aunque esto se combate con organizaciones de la sociedad civil y acciones de gobierno municipal, estatal y federal.
Dijo que solicito ampliación del presupuesto en el municipio, en la región Montaña para atender a la población en diversos rubros y así atender las demandas de las comunidades que recaen en la solicitud de servicios de drenaje, agua, saneamiento de ríos, electrificación y acceso a la salud, en que en el 2016 construyeron nueve casas de salud y un centro de salud y en el 2017, tres centros de salud, ampliación de casa de salud y la rehabilitación del centro de salud del Tepeyac, en esta ciudad.
Aunque el gobernador Héctor Astudillo Flores ha apoyado con inversiones no es suficiente, dijo.
El caso de la policía Claudia Juárez Gómez
Mencionó que durante el encuentro con la relatora y su equipo de trabajo en un hotel de Tlapa, donde le ofrecieron un desayuno y previo a su salida a la comunidad de Tlatzala, donde escuchó casos de violaciones a los derechos humanos, el pasado sábado 11 de noviembre, se acercó la policía municipal Claudia Juárez Gómez acusada de violación por la activista Yndira Sandoval Gómez.
Dijo que la policía pidió ser escuchada al ser indígena y la relatora y su equipo aceptaron, ya que tenían conocimiento del caso, por lo que le relató lo sucedido, lo que está viviendo tras los señalamientos.
Agregó que desconoce el seguimiento que le dé la relatora al caso de la policía municipal acusada de violación, pero la escuchó y esperaran su actuación en el marco de sus responsabilidades.
Accede la SEG a enviar 44 maestros a escuelas de comunidades de cinco municipios de la Montaña
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y padres de familia de escuelas de nivel básico de cinco municipios de la región Montaña alta, acordaron con el gobierno estatal y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) el envío de 44 maestros para atender la falta de personal.
El lunes, los inconformes originarios de Acatepec, Zapotitlán Tablas, Tlapa, Xalpatláhuac y Copanatoyac, llegaron a la capital e instalaron un plantón en el edificio de la CETEG, ubicado en la colonia Burócratas, que extendieron hasta la avenida Ruffo Figueroa, frente a las oficinas centrales de la SEG y de la Secretaría de Salud (Ssa), con el fin de presionar a las autoridades para que envíen a más de 70 maestros que hacen falta en distintas comunidades.
Los inconformes informaron que el 12 de septiembre pasado, los maestros y funcionarios de la SEG firmaron una minuta en la que se acordó el envío de 57 profesores, trabajadores administrativos e intendentes, demanda por la que se cerraron escuelas en unas 40 comunidades indígenas, con lo que unos dos mil alumnos no tienen clases; sin embargo, las autoridades no respetaron el acuerdo.
A esta cifra se sumaron los docentes que se dieron de baja este año mediante el Programa de Estímulo a la Jubilación, por lo que son más de 70 los que se requieren en los municipios de la Montaña alta donde se habla me’phaa.
El martes, luego de un bloqueo de dos horas en el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal México-Acapulco al sur de la capital, se estableció una mesa de trabajo que inició a las 8 de la noche y se prolongó hasta la madrugada del miércoles; en el diálogo participaron funcionarios del gobierno estatal y de la SEG, así como una comisión formada por integrantes de la CETEG y padres de familia.
Respecto de los acuerdos, el integrante de la Comisión Política de la CETEG en la Montaña alta, Gerardo Parra Jerónimo, informó que las autoridades accedieron a enviar 44 maestros para cubrir las necesidades de los cinco municipios que protestaron en la capital; precisó que el trámite de expedición y firma de nombramientos para la asignación de las plazas tarda alrededor de una semana, por lo que los padres permanecerán en el plantón de la capital hasta que se concrete el proceso.
Según relataron los padres, los alumnos de las escuelas no han tenido clases desde que comenzó el ciclo escolar 2017-2018, están de manera permanente en sus casas porque no hay maestros para atenderlos, en pocos planteles se mantuvieron las actividades y ante la falta de personal, los grupos se volvieron multigrado y no reciben la atención adecuada.
Decapitan a un joven y le dejan un narcomensaje en Tlapa; no hallan el cuerpo
La cabeza de un joven de 27 años fue hallada esta mañana junto a un narcomensaje en la comunidad de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Fuentes informaron que la cabeza fue abandonada en la calle 5 de Mayo y el cuerpo del hombre no fue hallado.
El hombre era originario de dicha comunidad y se llamaba Vladimir Gómez Flores, su cabeza fue entregada a sus familiares tras el levantamiento de los peritos del Ministerio Público (MP).
En el lugar los agresores dejaron un narcomensaje.
Al lugar acudieron policías municipales, estatales y soldados del Ejército.
El pasado 30 de abril de este año como a las 5 de la mañana dos hombres fueron encontrados desnudos y con huellas de tortura a un costado del sitio de taxis local Ignacio Comonfort, en el centro de la cabecera municipal de Tlapa.
Era un albañil y un chofer quienes dijeron que fueron secuestrados por hombres armados que los llevaron a una casa, los torturaron y luego los tiraron desnudos y maniatados en dicho lugar. A ellos les dejaron un narcomensaje donde se mencionaba a una persona de nombre “Bladimir”.
Extorsionan policías ministeriales a jornaleros y el gobierno no interviene, denuncia Tlachinollan
Esta temporada alta de migración interna, jornaleras y jornaleros indígenas de la Montaña de Guerrero sufren extorsiones, hostigamiento y la falta de apoyo gubernamental, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tachinollan.
En un boletín el organismo señala que a pesar de que existe una comisión intersecretarial de atención a familias jornaleras, nada pueden hacer ante los abusos y problemas que padecen miles de personas que recorren cientos de kilómetros para trabajar largas jornadas en los campos agrícolas del país, ante la falta de trabajo en sus lugares de origen.
Informa que de septiembre a la fecha el flujo migratorio ha sido de 2 mil 500 jornaleras y jornaleros que en su diáspora hacia estados como Michoacán, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California y Nayarit entre otros, los atropellos en su contra no cesan.
“El Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña denuncia una ola de extorsiones cometidas por parte de Policías Ministeriales de Guerrero a familias jornaleras que se transportan en vehículos particulares que traen placas de otros estados, teniendo por ejemplo el de una familia de Lindavista a la que el viernes pasado, los ministeriales les cobraron una ‘multa’ de 5 mil pesos por dejarlos pasar en el crucero de Tlalixtaquilla”, agrega.
“Tlapa de Comonfort, Cochoapa el Grande, Metlatonoc, Copanatoyac, Atlixtac, Xalpatlahuac, Atlamajalcingo del Monte y Alcozauca son los municipios con mayor expulsión de familias jornaleras. En la temporada alta de migración de septiembre de 2016 a enero de 2017 se registraron 12 mil jornaleras y jornaleros que migraron a 19 estados del país”, precisa.
El Consejo reclama nuevamente a la Comisión Intersecretarial integrada por dependencias estatales, federales y municipales, atención adecuada a los migrantes indígenas y sus familias, ya que se ha abordado el problema de las multas y extorsiones en pasadas reuniones y se acordó que el delegado del gobierno estatal, Arturo Bonilla, y el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano, hablarían con la Policía Ministerial para evitarles, pero los problemas continúan a pesar de que agentes han acudido de incógnito a las reuniones en la Unidad de Servicios Integrales (USI) y escuchado los reclamos de los jornaleros.
“Los problemas no terminan en los límites de Guerrero, otro testimonio dado al Consejo da cuenta de una revisión ejecutada por Policía Ministerial del Estado de México a dos familias de Agua Dulce anexo de Santa María Tonaya, cuando cruzaban rumbo a Yurécuaro, Michoacán, en la cual los policías les exigieron una mochada de 4 mil pesos bajo amenaza de ser turnados al Ministerio Público”.
En otros asuntos generales relativos a la USI, los camiones donde se trasladan los jornaleros siguen estacionándose en una vía prohibida al estar inconclusos los trabajos prometidos por el Ayuntamiento de Tlapa, para acondicionar un área asignada como estacionamiento, tampoco hay suministro de alimentos para familias jornaleras ni se ha instalado el Registro Civil prometido por la comisión, denuncia Tlachinollan.
Cierran padres y maestros bancos y supermercados en Tlapa; exigen maestros y obras
Maestros y padres de familia cerraron sucursales bancarias, supermercados y estuvieron frente al ayuntamiento, para exigir el cumplimiento a la minuta de trabajo del pasado 11 de septiembre, en la que solicitaron reposición de maestros y obras de infraestructura para escuelas.
Los manifestantes exigieron audiencia con el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, para que den atención a las necesidades de las escuelas secundarias.
Los bancos cerrados fueron BBVA Bancomer, Banamex y HSBC; así como las tiendas Elektra, Súper Che y Aurrerá, y otros se plantaron frente al Ayuntamiento.
Estuvieron el secretario general de la delegación de Secundarias, Apolinar Estrada Sánchez, y el coordinador regional de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Valdemar Policarpo, quienes informaron que los bloqueos a bancos y comercios fue por el incumplimiento a las demandas educativas y sociales.
Las exigencias fueron planteadas el pasado 11 de septiembre, cuando bloquearon la carretera Tlapa-Chilpancingo, en Tlatlauquitepec, con las comunidades de Xilotlanzingo y Zontecomapa, municipio de Acatepec.
El otro bloqueo lo pusieron en el puente de Ahuatepec Ejido, por pobladores de Tlaquiltzinapa, Tenango Tepexi, Ahuatepec Ejido, del municipio de Tlapa, y se sumaron El Tejocote, municipio de Malinaltepec; Almolonga, municipio de Alcozauca, y las escuelas Benito Juárez y Juan Álvarez, de la cabecera municipal de Tlapa.
Las peticiones son envío de personal docente, pago de horas adeudadas, autorización de claves, infraestructura educativa y en lo social la rehabilitación de caminos y puentes. A la manifestación se sumó la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, con las mismas demandas educativas, quienes forman parte de la Organización Popular Independiente de Guerrero.
La movilización fue porque los han citado sin darles respuesta y el 3 de octubre les dijeron que tuvieran paciencia por los hechos del sismo. Los citaron el 9 de octubre, sin que hubiera soluciones y por eso decidieron accionar este martes desde las 8 de la mañana.
Sin personal ni formación operan las instituciones de justicia, dice Tlachinollan del caso de Yndira
La agresión sexual que denunció la activista Yndira Sandoval Sánchez por una mujer policía de Tlapa, “mostró la precariedad con que trabajan las instituciones que imparten justicia, falta personal y no tienen una formación con perspectiva de género y de derechos humanos”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
La asesora jurídica de Tlachinollan, Neil Arias mencionó que la organización intervino para que Sandoval Sánchez pusiera su denuncia formal cuando sufrió la agresión, ya que los hechos fueron el fin de semana y falta personal en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, pues sólo está la titular Osbelia Blanco Martínez, quien ese día estaba en una diligencia en Atlamajalcingo del Monte, y es la responsable de atender los 19 municipios de La Montaña.
Barrera Hernández dijo que eso mostraba la precariedad con que se trabaja en la región, porque faltan peritos, médicos legistas e infraestructura, no hay perspectiva de género y se revictimiza a las mujeres.
Comentó que los policías trabajan de forma opaca, no se sabe cuántos están acreditados, con qué controles internos se manejan, no hay registros ni control de detenidos, o si aplican protocolos en una detención que garantice el debido proceso, “es una improvisación total”.
Dijo que eso lleva a que haya actuaciones desproporcionadas en el uso de la fuerza, no distinguen entre un delito y falta administrativa, para ellos todo es detención y eso lleva al abuso de poder de todo el aparato local y estatal.
Mencionó que se han documentado casos en que hay deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, donde se revictimiza a las mujeres que denuncian a sus parejas por violencia y son criminalizadas.
Arias Vitinio dijo que hay dificultades estructurales para acceder a la justicia y en el caso de Yndira, quien conoce sus derechos y es defensora, se tardaron dos días en atenderla, recurrió a medidas cautelares ante el hostigamiento y fue custodiada a la ciudad de Puebla por policías estatales.
Agregó que con el nuevo sistema de justicia se pretende que sea eficaz, expedita y gratuita, pero no ocurre así.
Dijo que el delito en contra de Yndira es muy grave y si se contará con personal adecuado y capacitado se debió vincular a proceso porque acudió al Ministerio Público a denunciar la violación y podía pasar como flagrancia, pero como hay impunidad no se integró la carpeta.
Lamentó que ahora se pretendan desvirtuar los hechos y la quieren hacer pasar por una alcohólica mediante la publicación de videos.
Mencionó los casos de Valentina e Inés, violadas por militares, que derivó en la implementación de protocolos para atender a las víctimas y pidió que se apeguen a esos estándares.
Las acusaciones son falsas, responde la policía
En su perfil de Facebook la policía municipal Claudia Juárez Gómez posteó que en un programa de radio Yndira Sandoval, “me acusó de manera falsa e injusta de haberla violado, esta acusación tan grave es una total mentira”.
“Lo único que hice fue protegerla pues se encontraba en total estado de ebriedad, se había quitado su ropa interior, se negaba a pagar un servicio en una clínica y alteraba el orden público, alegando que es muy importante y muy influyente”, afirma.
Dice que tiene tres hijas, dos de seis años y una de cuatro, que es incapaz de hacer lo que se le acusa y que está dispuesta a encarar la verdad “y a la señorita”.
Remarca que ella no es importante ni preparada, pero “no soy una violadora”, y pide a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) que también la defienda a ella.
El caso está en manos de las autoridades competentes, expone el alcalde
El presidente municipal priista, Jesús Noé Abundiz García manifestó que desde el momento en que se enteraron del hecho y fueron notificados por la Codehum y la Fiscalía, han brindado la información que les han solicitado, y de igual forma atenderán a la notificación que llegó hace unos días de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Manifestó que esperan agilidad en las investigaciones para que se determinen los culpables y las sanciones, en caso de que haya responsabilidad de los policías.
Manifestó que no podía dar más información porque el caso está en las instancias judiciales.
Difunden videos de la activista en redes sociales
Este lunes después del mediodía empezaron se difundieron dos videos de Sandoval Sánchez, al parecer grabados por policías, en uno se observa alcoholizada y le dicen que se suba a la patrulla, ella dice que no es delito tomar, y se identifica como activista de derechos humanos.
En el otro está en la Dirección de Seguridad Pública y los policías le piden que firme y entregue sus pertenencias, ella dice que no firma hasta que le digan para qué, pero entrega pulseras y dice que le incomoda a los policías que una ciudadana sepa sus derechos.
Marcharán para exigir justicia
La vocera de la activista, Rosalinda Pimentel informó que el próximo miércoles marcharán por Yndira en un amplio respaldo nacional e internacional para exigir justicia en Guerrero y Tlapa.
Dijo que ya tienen cinco estados confirmados en los que marcharán y otros aún están por definir las acciones, pero se manifestarán y en breve darán más información sobre el caso.
Feministas se dicen hartas de tanta violencia ante el caso de la defensora Yndira Sandoval
Integrantes de las organizaciones Fundación Bloque de Mujeres al Poder y Hombres y Mujeres Avanzando Juntos demandaron justicia para la defensora de derechos de las mujeres, Yndira Sandoval Sánchez, quien denunció abuso sexual de policías municipales de Tlapa.
El pasado 16 de septiembre Yndira Sandoval acudió a Tlapa a impartir una conferencia sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, fue detenida por policías municipales y en barandillas una mujer policía la agredió sexualmente, según denunció.
En una conferencia de prensa en un restaurante Vips de Acapulco, las activistas Silvia Galeana Valente y María de Jesús Martínez Hernández llamaron a sancionar a todas las instancias responsables de la agresión, “por acción u omisión” pues señalaron que la agente que cometió la agresión sexual “es el último eslabón de la cadena”.
Martínez Hernández enfatizó que Tlapa es uno de los ocho municipios donde el gobierno del estado declaró la alerta de género el 21 de junio, pero la realidad “es que la base que debería estar preparada para esta alerta de género está en la completa oscuridad, y no tienen ni idea de lo que estaban haciendo en ese momento. Se trató de una mujer y debió haber sido respetada en sus derechos como cualquier otra mujer”.
Galeana Valente demandó que se informe cual es el trabajo que ha hecho el municipio de Tlapa sobre las recomendaciones emitidas por la alerta de género para erradicar las conductas que violentan a las mujeres.
“Estamos hartas de tanta violencia, estamos hartas de vivir en un estado fallido donde las instituciones y el gobierno muestran total desinterés por garantizar eso que manda la Constitución, una vida libre de violencia hacia las mujeres”, demandó.
Las activistas señalaron una falta cometida por la Fiscalía General del Estado (FGE) al informar del caso de la víctima, y publicar el número de averiguación previa que se sigue en el caso porque eso la deja en condición vulnerable, y puede ser objeto de intimidaciones o agresiones.
Galeana Valente opinó que lo sucedido a la activista a favor de los derechos de las mujeres muestra que las mujeres en Tlapa no tiene acceso a la justicia, y no son vistas como sujetos de derecho.
Abundó que al ser la víctima una defensora de derechos humanos “debe recibir protección inmediata para que se le garantice la vida, el acceso a la justicia, la libertad, la dignidad y todos los derechos humanos que las mujeres debemos de tener”.
Llamaron al gobierno del estado a que no se escatime en recursos para aplicar los protocolos y políticas públicas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia, y que la Fiscalía de Atención a Víctimas de Violencia de Género esté disponible las 24 horas.