Etiqueta: Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)

Reclaman por el asesinato de trabajador de la UAG

Se inconforman funcionarios de la UAG y luchadores universitarios ante la violencia en el estado y el país

Se conmemora el 56 aniversario de la lucha por la autonomía universitaria en la Alameda capitalina. Los luchadores Constantino Salmerón Catalán y Arturo Miranda Ramírez, el secretario general José Alfredo Romero Olea y el ex rector Florentino Cruz Ramírez, lamentan el asesinato del trabajador de la escuela de Psicología, Francisco Javier Ramírez García

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Durante la conmemoración del 56 aniversario del movimiento por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), funcionarios y luchadores estudiantiles expresaron su inconformidad ante la violencia en el país.
Los integrantes del movimiento, Constantino Salmerón Catalán y Arturo Miranda Ramírez, quien también es director de la escuela de Ciencias de la Educación; el secretario general, José Alfredo Romero Olea y el ex rector Florentino Cruz Ramírez, lamentaron el asesinato del trabajador administrativo de la Unidad Académica de Psicología de la UAG en Acapulco, Francisco Javier Ramírez García, cuyo cadáver apareció junto a otros tres desconocidos en fosas clandestinas en la colonia Alta Cuauhtémoc.
El acto se llevó a cabo en la Alameda de la capital, frente al monumento a los caídos de 1960. Ahí estuvieron la hija del luchador social, Jesús Araujo Hernández, Flor Araujo Manning; los integrantes del movimiento estudiantil, Juan de Dios Estrada, autor de la porra universitaria; Bernardino Vielma Heras; Miranda Ramírez; Salmerón Catalán; la activista Roberta Campos Adame, los ex rectores Cruz Ramírez, Ramón Reyes Carreto y Arturo Contreras Gómez, Romero Olea y los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes, y del Sindicato de Trabajadores Técnico Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González, entre otros universitarios.
El rector Javier Saldaña Almazán no asistió al acto. Romero Olea justificó su ausencia diciendo que está recuperándose de una cirugía y dio a los asistentes los saludos del rector. Aseguró que la administración central trabajará para que haya organización y unidad ante los asesinatos, secuestros y extorsiones que afectaron a maestros y estudiantes este año.
Salmerón Catalán, Miranda Ramírez, Romero Olea, Cruz Ramírez y Roberta Campos participaron en el acto, y todos coincidieron en que la lucha estudiantil de 1960 por la autonomía de la UAG fue uno de los movimientos más emblemáticos del estado, que terminó con muchos universitarios y simpatizantes muertos, por lo que es necesario que continúen los trabajos para garantizar los derechos en la institución.

Reclaman por la violencia y piden seguridad

En su intervención, Miranda Ramírez habló del asesinato de Francisco Javier Ramírez García, y recordó que hasta este viernes por la mañana, aún se desconocía el paradero del trabajador de la Unidad Académica de Psicología de la UAG en Acapulco, César Urrutia Guerrero, de 34 años. “¿Cuántos universitarios más van a seguir cayendo en este estado de inseguridad?”, expresó.
Según Miranda Ramírez, Saldaña Almazán “por su carácter de representación de la institución (la UAG) no puede, ni debe encabezar un acto de protesta por estos hechos”, es decir, los asesinatos y secuestros; luego preguntó si el resto de los universitarios permanecerán callados ante la situación.
Recordó que cuatro estudiantes de Ciencias de la Educación fueron asesinados en los últimos dos años, y que esa escuela ya marchó en la capital para exigir el esclarecimiento de los hechos, pero que hay más casos en otros puntos del estado, por lo que “tenemos que unirnos para exigir seguridad, que si es incapaz el grupo del poder para brindar seguridad, entonces que renuncie”.
Dijo preferir que la sociedad “vea feo” a los universitarios cuando salen a protestar, a no hacer nada por exigir que se garantice el derecho a la seguridad y todo lo que marca la ley.
Salmerón Catalán lamentó que Guerrero cuente con miles de millones de pesos en presupuesto y que los recursos no se inviertan de la manera correcta. “La seguridad se perdió, ¿qué hace la policía, el Ejército? Si todas las autoridades incurren en el soborno, ¿dónde quedará la seguridad? ¿Quién nos la va a dar?”, cuestionó.
Refirió que “algunos diputados federales”, sin mencionar a ninguno en particular, opinan que la sociedad debe armarse, “¿se imaginan esa torpeza sin un estudio previo de lo que es la justicia, el derecho? Ojalá la escuela de Derecho (de la UAG) reúna y haga mesas redondas para discutir lo que verdaderamente es la seguridad y proponer adiciones a los artículos que protegen a los delincuentes”.
Criticó que la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) almacena quejas que en realidad sólo benefician a los delincuentes. Al final, lamentó la poca asistencia de los universitarios al acto y dijo que espera que en los siguientes años lleguen más para conmemorar la lucha de 1960.
Por su parte, Cruz Ramírez dijo que los asesinatos y desapariciones comenzaron en 2007, “con esa absurda guerra contra el narcotráfico que ha enlutado a México desde el norte hasta el sur, que ha convertido nuestros campos en fosas clandestinas”, en referencia a las acciones que implementó durante su gobierno el presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa.
Dijo que los universitarios lamentan la situación, pues “en enfrentamientos de fuego cruzado han muerto estudiantes nuestros y en agresiones directas han muerto maestros nuestros. Ayer (jueves) identificaron al compañero Francisco Ramírez, y se hacen pruebas para ver si el otro compañero (César Urrutia) también estaba ahí (en la fosa clandestina)”.
Señaló que es lamentable observar cómo el gobierno federal, el estatal y los municipales han sido rebasados por la delincuencia organizada, “pero indigna más el hecho de que quienes se dedican a la profesión de la política y han vivido y se han enriquecido en los cargos públicos, los partidos, sus dirigentes, no estén planeando, no estén haciendo nada serio ni consistente para superar esta crisis”.
Aseguró que a los políticos no les importa que un ciudadano común pueda salir de su casa con la certeza de que va a regresar; al concluir su intervención dijo que está seguro de que Saldaña Almazán convocará a los universitarios para resolver compromisos pendientes y para conversar con el gobierno y las organizaciones sociales, “para saber cómo podemos todos comprometernos para sacar a Guerrero de esta situación indeseable”.
Romero Olea dijo que a los funcionarios de la UAG les duele que se atente en contra de los universitarios que se dedican a la educación, que no se meten con nadie, “por eso pedimos y exigimos, de manera institucional, el esclarecimiento de este homicidio (el de Ramírez García)”.
Aseguró que los universitarios analizarán la situación, en los márgenes de sus derechos, para organizarse aunque “no nos gusta salir a las calles, exigir de una manera fuerte lo que nos corresponde, pero las cosas no se pueden dar de otra manera”, dando a entender que la UAG podría protestar el próximo año.

Se movilizará el STAUAG para que se aclare
el asesinato del trabajador de Psicología

La situación de inseguridad es crítica, “yo creo que no hay una familia en el estado de Guerrero, que no haya tenido una situación difícil”, dice el secretario general

 

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes, informó que la organización está planeando tener actividades para exigir el esclarecimiento del asesinato del trabajador administrativo de la Unidad Académica de Psicología de la UAG en Acapulco, Francisco Javier Ramírez García, cuyo cadáver apareció en una fosa clandestina.
Ramírez García desapareció junto con el también trabajador de Psicología, César Urrutia Guerrero, la noche del 15 de diciembre; apenas este jueves, los familiares de Francisco Javier reconocieron su cuerpo entre los cuatro hallados en una fosa clandestina en la colonia Alta Cuauhtémoc.
En declaraciones, luego del acto oficial para conmemorar el 56 aniversario del movimiento de 1960, Martínez Llanes dijo que el STAUAG participó en la marcha en la avenida Costera, para exigir la presentación con vida de los dos universitarios, pues Ramírez García pertenecía al sindicato, y que incluso estaba programada una protesta este viernes en el Zócalo de Acapulco, pero tras la noticia de su asesinato, se canceló.
Dijo que, ante la situación, el STAUAG tendrá una reunión para valorar las actividades que se llevarán a cabo en enero para exigir el esclarecimiento de los hechos; además, se reunirá con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González, para analizar la posibilidad de acciones conjuntas.
Consideró que la situación de inseguridad en el estado y el país es crítica, “yo creo que no hay una familia en el estado de Guerrero, que no haya tenido una situación difícil”, por lo que el STAUAG llamará a los tres órdenes de gobierno a que garanticen la seguridad, no sólo para los universitarios sino para toda la sociedad.
Aunque el llamado a las autoridades ha sido constante, sin obtener resultados, Martínez Llanes advirtió que el STAUAG seguirá haciendo este exhorto y podría interponer acciones “legales” para exigir que cese la violencia en el estado.

Asesinan al subdirector de la Prepa 5 de Ometepec; estaba amenazado por el crimen, informa el rector

El subdirector de la Preparatoria 5 de la UAG, Juan Carbajal Merino fue perseguido y asesinado a balazos en Ometepec la noche del martes, cuando se dirigía a su casa.
De acuerdo con información oficial, a las 9:20 de la noche el maestro se trasladaba en un motoneta rumbo a su casa, pero en el trayecto, presuntamente dos hombres armados le dieron alcance y lo atacaron, entre las calles Galeana y Lerdo de Tejada, en el barrio de la Cruz Grande, cerca de la capilla en dirección a Xochistlahuaca.
Según versiones de vecinos, el profesor trató de protegerse atrás de una camioneta de redilas, pero los agresores que lo siguieron le dispararon y lo mataron. En el lugar fueron encontrados al menos 19 casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Ayer se rindió un homenaje de cuerpo presente al subdirector en las instalaciones de la escuela, ubicadas en el centro de la ciudad, de donde lo trasladaron al cementerio para darle sepultura.
El rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán confirmó el hecho y dijo que habló con el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, para que se investiguen los motivos del asesinato.
Recordó que desde hace un mes, ocho de los 12 directores de escuelas de la Costa Chica fueron amenazados por integrantes de la delincuencia organizada, y recordó también que había pedido desde la semana pasada que los directores tomaran precauciones para su seguridad y la de los alumnos. “Es algo que lamento mucho”, y más tratándose del subdirector, declaró.
“Les dije a los maestros que terminaran sus exámenes para que se regresaran a su lugar de origen, pero hoy (miércoles) tenían una reunión con padres de familia, y a mí me llegó la noticia de que a las 8 de la noche dos sujetos armados le quitaron la vida al maestro”, comentó Saldaña Almazán.
El rector explicó que los maestros de aquella zona recibieron llamadas telefónicas de extorsión, “los maestros me dijeron que recibían llamadas para pedirles dinero”, por eso dió la indicación de suspender labores.
Reiteró que, “ya no quiero que sigan pasando estas cosas, por eso he planteado que en un pacto social donde participemos todos, la sociedad, el gobierno estatal, la universidad, dirigentes de los partidos y los tres niveles de gobierno, para reimplantar una estrategia que encabece el gobernador, Héctor Astudillo, para que nos permita llegar a una estabilidad, donde la inseguridad la podamos abatir”.

Sigue desaparecido el estudiante de Ingeniería levantado en noviembre; podría seguir con vida

Asimismo, informó que el estudiante de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAG, Leonel Aarón Cantú Leyva sigue desaparecido, y dijo que espera que las autoridades den resultados, porque hay líneas de investigación que indicarían que sigue con vida.
En un mensaje difundido el 15 de noviembre en la cuenta de Facebook de SoloChilpo, se pide la colaboración de los usuarios para encontrar al estudiante. En el texto se indica que, desde el 13 de noviembre no se sabe nada del universitario, quien salió de Tlapa hacia Chilpancingo.
Saldaña Almazán denunción que continúan las amenazas de muerte contra él, por lo que, “tengo que tomar todas las precauciones de vida, porque es complicado transitar y que te sigan carros o que te llamen por teléfono”.

Adelantan vacaciones también en escuelas de la UAG de Acapulco para evitar extorsiones

Las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Acapulco adelantaron vacaciones de diciembre debido a la inseguridad y al temor a las extorsiones, dijeron algunos universitarios, que regresarán a laborar hasta el 7 de enero.
En un recorrido en las unidades académicas universitarias, en la avenida Ruiz Cortines, se observó que están vacías, y sólo están los guardias de seguridad o soldados del Ejército. En las escuelas se preguntó a los guardias de seguridad sobre las clases, a lo que respondieron que el viernes de la semana pasada fue el último día, y que se reanudarán hasta enero.
Durante el recorrido se observó la presencia de militares fuertemente armados caminando en la avenida, así como camionetas de la Policía Federal haciendo recorridos. En la escuela de Psicología y la Preparatoria 17, así como la 27 y la 2, ya no hay clases. En la Unidad Académica de Contaduría y Administración, tampoco hay clases formales, pero se vio todavía a algunos alumnos en el plantel; la escuela permanece abierta y vigilada por un guardia de seguridad privado.
En el plantel de Odontología tampoco hay clases. En la de Derecho, donde también están los edificios de Sociología y Economía, tampoco hay labores, y permanecen los militares que vigilan desde hace varios meses, luego de que un hombre fue asesinado en la entrada del plantel.
En la Unidad Académica de Enfermería número 2 todavía se ve alguna actividad, pero ya no hay clases formales, lo mismo que en la escuela de Medicina.
Mientras que en la Preparatoria 7, cerca de la glorieta de La Diana, hasta este miércoles todavía tenían clases.
El 9 de diciembre, durante el 39 Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), el secretario general, Ofelio Martínez Llanes informó que ante la inseguridad en Guerrero las escuelas podían adelantar las vacaciones, y que fue una sugerencia de la Secretaría de Gobernación, “por el estudio de inseguridad que se tiene del estado de Guerrero, pero son libres de continuar hasta el 22 de diciembre, nada más es una sugerencia”.
La mayoría de las escuelas de la UAG adelantaron sus vacaciones, pues esta semana reciben el pago de su quincena y en próximo día el aguinaldo y otras prestaciones.

 

Responden, sin la firma del rector, a la petición de derogar reglas que permiten su reelección

El Colectivo Insurgencia Universitaria, que conforman maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), informó que recibió una respuesta por escrito del secretario particular del rector Javier Saldaña Almazán, Edilberto Gallardo Valente, a su petición sobre la derogación de los artículos del estatuto que establecen que los candidatos a rector deben contar con el apoyo, reflejado en firmas, de un determinado número de consejeros.
La Rectoría recibió la solicitud el 6 de diciembre, está dirigida a Saldaña Almazán, y en ella los integrantes del colectivo le piden que sea él quien pida la derogación de la fracción VI del artículo 78 del estatuto general y del inciso C de la fracción II del artículo 10 del Reglamento Electoral de la universidad, que establecen que los candidatos a rector deben acreditar el reconocimiento y aval de 40 consejeros universitarios o los consejos académicos de al menos 20 escuelas de la UAG, o bien, 150 consejeros académicos.
El colectivo informó a El Sur que ya obtuvo una respuesta por escrito, pero no de Saldaña Almazán, como esperaba, sino de Gallardo Valente; el oficio tiene fecha 13 de diciembre y el secretario particular del rector argumenta que la solicitud de los universitarios será turnada al Consejo Universitario, “a efecto de que conozca la situación planteada”.
Ante la falta de respuesta directa de Saldaña Almazán, los integrantes del colectivo consideraron que el oficio que recibieron no está a la altura de su petición, ya que no la firma el rector y la respuesta es escueta, “no se le da la seriedad debida”.
Además, para el colectivo, éste “es un ejemplo más de cómo se maneja el poder en la UAG, cuyas características son fascistas”.
En el colectivo están aglutinados los universitarios Román Ibarra Flores, Silvia Alemán Mundo, Rafael Venancio Tepec, Alejandro Millán Vega, Gerardo Gutiérrez Alejo, Joel Iturio Nava; César Alexis Guadalupe Santiago, Viridiana Jiménez Jiménez, Hipatia González Julio, Homero Castro Guzmán; Marco A. Santana, Santiago Jiménez Benítez, Jacinto González Varona, Cecilia Santos Gómez, Marilú Cuautenango García, Andrea Rodríguez Sánchez, Gabriela Tepetitlán Rafael, Almadelia Guevara, Cristina Aburto Bernabé, Irma Bolaños Hernández, Dulce Cortés Gómez, Yanet Gaspar Jiménez, Yolanda Cisneros Crescencio, Maricela Amaro Sollano, Uriel de Jesús Resendiz Salmerón, Miguel Rodríguez Avelino, Juan Hernández Monge y Edith Patricio Castro.

 

Solicitan universitarios al rector la derogación de los artículos que favorecen su reelección

 

El Colectivo Insurgencia Universitaria, que forman maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ya le solicitó por escrito al rector, Javier Saldaña Almazán, que promueva la derogación de los artículos del estatuto que establecen que los candidatos a rector deben contar con el apoyo, reflejado en firmas, de un determinado número de consejeros, ya que se trata de una “violación a la técnica legislativa”.
La solicitud está dirigida a Saldaña Almazán y la recibió, de manera oficial, la rectoría de la UAG el martes pasado, 6 de diciembre; la respaldaron con sus firmas 28 universitarios integrantes del colectivo.
Los integrantes de la organización se reunieron esta sábado en la explanada de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, en la Ciudad Universitaria Sur, y al concluir su encuentro informaron que el martes pasado le pidieron por escrito a Saldaña Almazán que “haga uso de su derecho de iniciativa de reforma” y promueva la derogación de la fracción VI del artículo 78 del estatuto general y del inciso C de la fracción II del artículo 10 del Reglamento Electoral de la universidad, que establecen que los candidatos a rector deben acreditar el reconocimiento y aval de 40 consejeros universitarios o los consejos académicos de al menos 20 escuelas de la UAG, o bien, 150 consejeros académicos.
El argumento del colectivo es que estos requisitos no están incluidos en la Ley Orgánica de la Universidad, por lo que son “una violación a la técnica legislativa, que establece que una norma secundaria, en este caso el estatuto general, no debe contener reglas superiores a las establecidas en la norma primaria, que en el caso es la ley orgánica”.
Además, según el colectivo estos requisitos son violatorios del último párrafo del artículo primero de la Constitución, el cual prohíbe la discriminación motivada por cualquier acción que atente contra la dignidad humana y “tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
“Pero además porque ese requisito nunca antes ha existido en la legislación de nuestra Universidad y no fue aprobado por el V Congreso General Universitario, que aunque para nosotros carece de legalidad por no existir el reglamento para organizarlos, es el principal referente de la legislación que ha estado aprobando el Consejo Universitario”, se lee en el documento.
Los integrantes del colectivo pidieron a Saldaña Almazán que promueva la reforma para que se generen condiciones de igualdad entre quienes aspiren al cargo de rector en las próximas elecciones.
Al final del documento, los integrantes del colectivo piden que Saldaña Almazán responda por escrito a su petición, que respaldaron los integrantes del colectivo, Román Ibarra Flores, Silvia Alemán Mundo, Rafael Venancio Tepec, Alejandro Millán Vega, Gerardo Gutiérrez Alejo, Joel Iturio Nava; César Alexis Guadalupe Santiago, Viridiana Jiménez Jiménez, Hipatia González Julio, Homero Castro Guzmán; Marco A. Santana, Santiago Jiménez Benítez, Jacinto González Varona, Cecilia Santos Gómez, Marilú Cuautenango García, Andrea Rodríguez Sánchez, Gabriela Tepetitlán Rafael, Almadelia Guevara; Cristina Aburto Bernabé, Irma Bolaños Hernández, Dulce Cortés Gómez, Yanet Gaspar Jiménez, Yolanda Cisneros Crescencio; Maricela Amaro Sollano, Uriel de Jesús Resendiz Salmerón; Miguel Rodríguez Avelino, Juan Hernández Monge y Edith Patricio Castro.
En la reunión de este sábado, los integrantes del colectivo informaron que aún no han tenido una respuesta de Saldaña Almazán, pero que continuarán con su labor para que los aspirantes al cargo de rector tengan igualdad de condiciones en las elecciones.

Es “sistemática y generalizada” la tortura policiaca hacia mujeres, denuncian en un foro en la UAG

La coordinadora general del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Edith Escareño, sostuvo que hay una tortura “sistemática y generalizada” contra las mujeres detenidas y privadas de la libertad; asimismo, una mujer víctima de tortura sexual advirtió que la práctica sigue en el país, por parte de las fuerzas de seguridad, y que la lógica del terror del Estado es el silencio y la exclusión para quienes son agredidas.
Ayer, un día antes de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, se llevó a cabo el foro por el derecho a la rehabilitación de sobrevivientes de tortura sexual, en la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Ahí, la activista Bárbara Italia Méndez narró las agresiones que sufrió de policías federales, del estado y del municipio de Atenco, Estado de México, durante seis horas, tras ser detenida de manera arbitraria en una casa, el 4 de mayo del 2006, cuando campesinos de San Salvador Atenco se opusieron a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Contó que documentaba uno de los dos asesinatos durante los disturbios, cuando fue detenida por la policía en una casa, la encapucharon con su suéter, y después, la trasladaron, apilada con otros detenidos en un autobús, al penal de Santiaguito.
“Nos decían que nos iban a asesinar”, y los contaban para hacerles creer que cada vez faltaban menos para su ejecución. Dijo que las mujeres, incluida ella, fueron torturadas sexual, física y psicológicamente. De los 207 detenidos, 47 eran mujeres, que se quedaron hasta tres años en la cárcel.
Italia Méndez dijo que ella logró salir tras 15 días de haber sido detenida, pero que durante el tiempo de encierro, ella y otras mujeres escribieron todo lo sucedido, que sirvió para denunciar el hecho. Afirmó que el gobierno hace sentir soledad a las víctimas, para hacerlas creer que nadie las entiende, para que desistan de sus acciones, pero que a ella, “hablar de la experiencia de tortura, me permitió enfrentar el horror”.
Advirtió que en todo el país se sigue torturando a las mujeres, “mi experiencia es que estuve acompañada, pero no es la misma suerte de otras personas”.
Edith Escareño, en su ponencia sobre tortura sexual, indicó que, de acuerdo con el reporte de Amnistía Internacional de 2016, en 2013 hubo en México 12 mil quejas por tortura; 8 mil 943 de hombres, y 3 mil 618 de mujeres, y en 2015 la tortura fue la segunda violación grave de derechos humanos más practicada.
Compartió que la organización tiene documentados 504 casos de tortura, 157 de mujeres, y que 57 de ellas denunciaron tortura sexual. Recordó que en el país hay sólo ocho sentencia a casos de tortura, y que en ninguno de los casos hay responsables presos, porque las sanciones son administrativas o económicas.
La psicóloga declaró que el número de ejecuciones extrajudiciales ha aumentado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y también en el estado. Además dijo que se deben investigar los asesinatos de mujeres, porque son ciudadanas, y no justificar la violencia contra de ellas.
Abundó que, de los casos que tienen documentados de activistas que fueron torturados y que denunciaron los hechos, los expedientes han sido relacionados con la delincuencia organizada para justificar las agresiones, y que ocurre lo mismo con muchos de quienes denuncian, o son asesinados.
Insistió en que todas las corporaciones de seguridad torturan, y que si no hay registros de años anteriores, es porque no hay denuncia ni testimonios, pero que en la actualidad la cifra aumentó porque hay más denuncias, aunque dijo que puede haber una cifra negra de casos.
Edith Escareño confió en que antes de que termine el año sea discutida la Ley general de tortura, y que comiencen a operar los mecanismos como que en las investigaciones se excluya las pruebas obtenidas bajo tortura, y garantizar el castigo al superior jerárquico, que no tendría que ver con los agentes aprehensores sino con una cadena de mando.
En el foro, la profesora investigadora de la UAG, Claudia Rangel Lozano dijo que hay pruebas documentales de que al menos dos niñas y otras seis mujeres fueron torturadas en la época de la guerrera sucia, y a un hombre los militares le extirparon los testículos, pero no dio más detalles en declaraciones.

La violencia principal hacia la mujer ocurre en casa, señalan en foro en el posgrado de Derecho

En la conferencia Erradicando la violencia contra la mujer, rumbo al 25 de noviembre, la experta en atención y prevención del abuso sexual y violencia familiar, Josefina Martínez García; la activista y maestra en Derecho y Ciencias Penales, Iliana Sierra Jiménez; y la locutora de Más Radio, Beatriz Eslava Borja, llamaron a la sociedad a cambiar el modo de educar a hombres y mujeres, para evitar la violencia hacia ellas.
El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas porque se oponían a la dictadura del presidente de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo; desde 1999, el 25 de noviembre se conmemora como el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
Por ello y para concientizar a la sociedad, la Red en Asistencia, Psicología y Ciencias Forenses, en coordinación con la Fuerza Generacional Guerrerense AC, organizó la conferencia que se llevó a cabo en el auditorio del posgrado de Derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en la capital.
La mayoría de los asistentes fueron hombres, estudiantes de la Unidad Académica de Derecho, que durante la conferencia se rieron de los ejemplos que expusieron las ponentes de casos de violencia hacia las mujeres, su participación fue escasa y no contestaron cuando se les preguntó cuántos tipos de violencia hay, según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; tampoco conocían qué se conmemora el 25 de noviembre, sólo un egresado de la escuela de Filosofía y Letras se mostró interesado en el asunto del foro.
Sierra Jiménez expuso el contexto histórico del 25 de noviembre, y dijo que las feministas no están en una lucha contra los hombres, sino contra la violencia hacia las mujeres. Habló del término sororidad, que es el equivalente a la lealtad para los hombres, y señaló que entre mujeres no existe porque se critican entre ellas, juzgan su aspecto físico y formas de vestir, entre otros aspectos.
Contó que la búsqueda del empoderamiento de la mujer “no es de ahora, viene desde muchos años atrás”. Este término se acuñó ante la omisión de su participación en la política, así como en las actividades que según la cultura popular son exclusivas de los hombres.
Dijo que la violencia principal ocurre en el hogar, por lo que el patriarcado debe erradicarse en las nuevas generaciones.
Contó la historia de las hermanas Mirabal, de quienes dijo, “eran activistas, promovían los derechos de la mujer, al gobierno no le gustan las personas rebeldes que velamos por los derechos humanos y alzamos la voz por las mujeres”.
Eslava Borja dijo que la educación de las mujeres en el hogar es simple: deben atender a los hombres, “el primer abuso sexual, las mujeres lo vivieron en casa”. Manifestó que no es un tema desconocido en Guerrero, ya que mujeres originarias de la región Montaña llegan a la capital huyendo del maltrato al que son sometidas.
Expresó que la sociedad debe evitar repetir patrones que fomenten la desigualdad y la violencia, “estamos mal estructurados, tenemos que cambiar nuestros enfoques”.
Martínez García expuso que las mujeres no han aprendido a diferenciar su pensamiento de sus sentimientos, lo que repercute en sus relaciones personales, por lo que deben desarrollar una astucia mental para identificar a un abusador sexual, así como situaciones que podrían poner en riesgo su salud física y mental: “el gran empeño de ser educadas en el amor es la gran perdición de las mujeres, perdemos tiempo, esfuerzo y dinero”.

Desde agosto dejó el gobierno estatal de dar seguimiento a la comisión para la Ley 701

 

Desde agosto, el gobierno estatal dejó de darle seguimiento a los trabajos de la Comisión Coordinadora que se encargaría de diseñar proyectos de reforma a la legislación local para regular el sistema de justicia comunitario, denunció el coordinador del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ramiro Morales Hernández.
Morales Hernández, también coordinador de la comisión, dijo que los universitarios hicieron un proyecto de foros de consulta, pero el gobierno estatal no informó si aprobó o no su propuesta, por lo que no hay avance.
Consultado vía telefónica, precisó que el deber de la UAG es asesorar y presentar propuestas al gobierno estatal sobre la reforma a la legislación local para regular el sistema de justicia comunitario, pero no realizar las actividades que no hayan sido aprobadas por el ejecutivo y tampoco puede intervenir “si alguna de las partes” involucradas no lo solicita.
Dijo que la última vez que los universitarios se reunieron con el gobierno estatal para discutir sobre los trabajos que harían de manera conjunta fue, “en julio o agosto, algo así”, aunque no precisó fecha precisa.
También expuso que los universitarios están en la mayor disposición para colaborar con el gobierno estatal cuando así lo desee para darle continuidad a los trabajos de la Comisión Coordinadora; aunque consideró que, si no hay avances es porque las autoridades “seguramente” han tenido otras actividades que atender, como la presentación del primer informe de labores del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Este martes, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán denunció que la Comisión Coordinadora que se creó para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701, no ha sido llamada a ninguna actividad.
El pasado 6 de abril, el rector Javier Saldaña Almazán y el gobernador Astudillo Flores firmaron el convenio de colaboración interinstitucional para dar cumplimiento a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta recomendación está dirigida al gobernador de Guerrero, al fiscal general, al Congreso del estado y al Ayuntamiento de Olinalá, por violaciones a los derechos humanos de siete miembros de la Policía Comunitaria y 12 personas detenidas por la CRAC.
Lo que se propone en el convenio es “analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de reforma al artículo 14 de la Constitución Política estatal, a través de un ejercicio de derecho a la consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que componen el Sistema de Justicia Comunitario y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”.
Por parte de la UAG, los integrantes de la Comisión Coordinadora son el maestro de la Unidad Académica de Derecho, Ángel Ascencio Romero; la maestra e investigadora de la Unidad Académica de Ciencias de Desarrollo Regional, Dulce María Quintero Romero; el historiador y director de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, Jaime Salazar Adame; y el coordinador del campus Montaña de la UAG, Jaime García Leyva.
Además los maestros e investigadores de la Unidad Académica de Derecho, José Gilberto Garza Grimaldo y Medardo Reyes Salinas, y el maestro e investigador de la Unidad Académica de Antropología Social, Ramiro Arroyo Sepúlveda. Por parte del gobierno estatal, se desconoce quiénes colaboran en la Comisión Coordinadora.

 

Revisa con la ANUIES anexos del presupuesto para ver si “podemos recuperar algo”, dice el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se están revisando los anexos del presupuesto para ver, “si podemos recuperar algo todavía”.
En declaraciones durante la presentación del primer informe de resultados de la diputada federal, Julieta Fernández Márquez, en Acapulco, el rector reconoció que de las propuestas que hicieron como ANUIES para que se mantuviera el total de los recursos extraordinarios, sobre todo en reformas estructurales, que es lo que ayuda mucho a las universidades para mantener e impulsar la calidad, “no se dio el incremento que se había propuesto”. Indicó que la situación del presupuesto pone en aprietos a la UAG, porque ya no podrán recibir un alumno más.
“Con ese presupuesto no se podrá aumentar la matrícula, al contrario, las escuelas que no alcancen el número esperado tendrán que esperar para otro momento”. Dijo que con esa situación también se cancela la creación de un nuevo grupo en Medicina, como se había anunciado, pues “no se tiene con qué cubrir”.
Sobre el presupuesto para la UAG, comentó que ya el lunes “tendremos despejado cómo queda”, aunque a nivel general el gasto corriente para las universidades públicas fue del 2.8 por ciento, pero con ello para algunas universidades no se incrementó ni 20 millones de pesos.
Reiteró que el gobernador Héctor Astudillo se comprometió a apoyar a la universidad para que se cubran los gastos en diciembre, pero ya tendrán que pensar en el próximo año porque la situación del presupuesto los pone en una ruta difícil.
Sobre las protestas que han anunciado los sindicatos de la UAG, el rector comentó que les ha pedido que lo aguanten, que están agotando las últimas posibilidades, que con la ANUIES “estamos haciendo los últimos esfuerzos”; que ha pactado con los sindicatos esperar para no alterar la paz social del estado, que tienen que esperar hasta agotar las gestiones con el gobierno estatal y federal así como con la Cámara de Diputados.
Por la tarde, el rector asistió a la clase que impartió la campeona olímpica de taekwondo en China 2008, María del Rosario Espinoza, en las canchas de la UAG en Chilpancingo, y en declaraciones a reporteros dijo que para pagar los salarios y aguinaldos de los trabajadores, así como a los proveedores, la institución necesita una cantidad similar a la del año pasado para esos rubros, que fue de 203 millones de pesos.

Interpreta el secuestro del hijo del secretario técnico de la insitución como “un mensaje”, dice

En cuanto a la inseguridad en el estado, el rector dijo que la próxima semana habrá reuniones con directores y funcionarios de la UAG sobre autocuidado; dijo que interpretó el secuestro del hijo del secretario técnico de la institución, Rubén Quintana Rosas, como “un mensaje” para los universitarios, aunque prefirió no abundar en el tema porque “es delicado”.
De las reuniones del Grupo Universidad por Guerrero, el rector dijo que hoy habrá un encuentro porque sigue la construcción de la unidad en la UAG, además de que sus integrantes tienen un acuerdo “de caballeros, político, académico, de estar juntos” para que en el próximo periodo electoral se nombre un candidato único para el cargo de rector.
Se le preguntó si buscará la reelección y contestó, en tono de broma, “les soy franco, en estas circunstancias quisiera ser periodista”.

 

 

Solicitan vecinos de Nuevo Balsas que gestione la Codehum un nuevo diálogo con la minera y el gobierno

 

Representantes de los habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, solicitaron este lunes la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para tener un nuevo acercamiento con los representantes de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold.
El grupo de inconformes de ese pueblo demanda de la empresa una indemnización de 500 mil pesos anuales ante la contaminación al medio ambiente y la disminución de la pesca, que era su principal ingreso y que ha disminuido hasta en un 70 por ciento.
La reunión más reciente que tuvo una comisión de habitantes de Nuevo Balsas con el gobierno del estado y la minera, fue el 14 de octubre pasado. En esa reunión estuvieron el subsecretario para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, y el encargado de relaciones comunitarias de Media Luna, Alejandro Bello Gómez.
En esa ocasión no llegaron a ningún acuerdo y los integrantes de la comisión de Nuevo Balsas se retiraron molestos; anunciaron incluso que bloquearían los accesos a la minera, ante la cerrazón a su demanda de indemnización.
Sin embargo ayer, acompañados por el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, demandaron la intervención del presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno para que el gobierno estatal y la empresa reanuden la mesa de diálogo.
El representante de Nuevo Balsas dijo al presidente de la Codehum que el gobierno del estado se ha colocado del lado de la minera debido a que recibió 50 millones de pesos para que la dejaran trabajar, mientras que los habitantes están sufriendo las consecuencias de la contaminación que provoca en el aire y en al agua.
Aseguró que el centro de salud está saturado de pacientes con enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel, y que los médicos les recetan medicinas que no hay.
Informó que para paliar un poco la situación, hace dos semanas la misma empresa minera envió a un grupo de médicos generales, cuando lo que se requiere son toxicólogos para que hagan estudios especializados a los pacientes.
Agregó que están seguros de que esas enfermedades son provocadas por la contaminación del aire generada por los trabajos de la minera, pues informó que el pueblo se encuentra a 2 kilómetros en línea recta de donde se hace la extracción a cielo abierto.
“Todo el polvo que producen lo lleva el viento al pueblo, si por la noche se lava un carro por la mañana amanece totalmente cubierto de polvo, que va mezclado con metales pesados”, y es ese mismo polvo el que respiran los habitantes del poblado, subrayó.
Dijo que los trabajos de la minera también contaminan el agua del río Balsas, que pasa a orillas del pueblo, de donde los peces han emigrado y la pesca ha disminuido hasta en un 70 por ciento.
Añadió que esto ha ocasionado que Nuevo Balsas, se convierta en un pueblo pobre, porque se ha terminado la principal fuente de ingresos.
El vocero de los inconformes denunció que la minera, “obviamente no va a reconocer” que está contaminando. Explicó que en las reuniones con sus representantes, éstos han dicho que hasta que tengan resultados científicos que comprueben que están contaminando van a aceptar su demanda de una indemnización de 500 mil pesos anuales.
El representante informó que actualmente un equipo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) hace estudios para comprobar si existe contaminación, pero que los habitantes desconfían de estos trabajos porque están financiados por la propia minera, “y desgraciadamente nosotros no contamos con recursos para mandar a hacer unos estudios imparciales”, dijo.
Demandó que los trabajos los hagan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), “que son instituciones más serias”.
El presidente de la Codehum respondió que la minera es una empresa particular y que el organismo no tiene facultad para intervenir, sin embargo se comprometió a gestionar una nueva reunión de los representantes de la compañía y el gobierno del estado con una comisión de los habitantes para reanudar el diálogo.