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Enfocarán padres de los 43 normalistas su lucha en la investigación del quinto autobús

La próxima etapa de lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, se enfocará en la línea de investigación del quinto autobús en el que viajaban 14 de los 43 normalistas, y del que no ha informado la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que seguir esta línea de investigación es clave para saber el paradero de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, y que para ello también es clave conocer qué pasó con los videos que fueron grabados por el sistema de vigilancia del Poder Judicial de Iguala, que captó la detención con violencia de este autobús en donde viajaban 14 de los desaparecidos, pues persiste la sospecha de que el material videográfico no existe porque fue destruido.
Adelantó que para esclarecer estas dudas van a pedir la permanencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuando menos por otros 6 meses, para que se pueda esclarecer que pasó con el quinto autobús.
El abogado declaró ayer a los medios de comunicación durante un mitin afuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo en donde familiares de los detenidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), padres de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, exigieron la libertad de todos los presos de la Policía Comunitaria tras la liberación de la coordinadora de esa organización en Olinalá, Nestora Salgado García.
El abogado de los padres reiteró que persiste la percepción de que la PGR y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) destruyeron el material videográfico con las imágenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, tomadas por el circuito cerrado instalado en la sede de Poder Judicial en la salida de la ciudad de Iguala, donde fue detenido con violencia este quinto autobús del que bajaron a los 14 estudiantes.
“Para nosotros allí debemos enfocarnos, allí debe estar nuestra lucha y también exigir que se amplíe el plazo de los expertos, porque creemos que sólo ellos nos pueden ayudar a esclarecer esta línea de investigación”, dijo Rosales Sierra.
Expuso que por lo menos debe ampliarse otros seis meses y que la petición la plantearán en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza los primeros días de abril.
De los videos tomados afuera del Poder Judicial de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles Hurtado declaró el 9 de marzo que entregó a la PGR un respaldo en una memoria USB y que forma parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Dijo que el original está instalado “completito”, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, aseguró en referencia al original.
Sin embargo Rosales Sierra reiteró que en la memoria que entregó a la PGR, igual que en el original del que habla Robles Hurtado, no hay imágenes que hayan sido tomadas los días 26 y 27, “sí hay imágenes anteriores y posteriores, menos de esos dos días”.
Añadió que eso implica que desaparecieron o destruyeron esos videos, puesto que hay constancia también de que cuando la PGR no encontró ninguna imagen en el USB que le entregó el TSJ, se constituyó en el Palacio de Justicia de Iguala para buscar en la base de datos que tiene el área de informática para realizar una inspección.
“De la inspección encontró que, efectivamente, en esos días hubo de tres a cuatro ingresos de personas para revisar esos videos que por alguna razón ya no están allí, entonces eso es lo que tenemos y no nos queda hoy la menor duda de que no existen esos videos, porque los desaparecieron”.
Insistió que por eso ahora enfocarán su lucha a exigir una investigación exhaustiva de la cadena de mando y la cadena de custodia de los videos, “para saber quién del personal del Tribunal Superior de Justicia ingresó, dónde están esos videos y que se sancione a esas personas”.

Año y medio después de los ataques en Iguala cita la SEIDO a policías municipales a declarar

 

A casi año y medio de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) empezó esta semana a girar órdenes de presentación, en calidad de testigos, a policías inactivos y ex policías municipales de Iguala que formaban parte de la corporación hasta septiembre de 2014 cuando ocurrió el ataque a los estudiantes.
La SEIDO empezó a entregar las órdenes de presentación a los ex agentes así como a los que siguen en la nómina del Ayuntamiento, informaron policías y ex policías.
Los citatorios llegaron a las casas de algunos policías inactivos (que siguen en la nómina del Ayuntamiento), así como a otros que desde el 2015 renunciaron y fueron liquidados de la corporación en el periodo del alcalde interino Silviano Mendiola Pérez.
Un policía que renunció y fue liquidado dijo que a él y a algunos de sus ex compañeros les llegaron los citatorios para que de un día a otro se presentaran a declarar en la ciudad de México y les advierten que en caso de no presentarse se librará en contra de ellos una orden de captura por desacato.
Consideró que la medida de la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) es una campaña de hostigamiento del gobierno federal, también en contra de efectivos que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 estuvieron inactivos.
Por separado, un policía inactivo pero que aún sigue en la nómina del Ayuntamiento, al igual que unos 85 de sus compañeros de los más de 300 que había en la corporación, confirmó que la SEIDO envía cada día un citatorio a diferentes compañeros suyos.
Dijo que esta medida de la PGR ha generado que los cerca de 85 policías inactivos que aún siguen en la nómina del Ayuntamiento, pero que realizan funciones en otras áreas del gobierno, ya no se quieran presentar a los pases de lista que les hacen periódicamente, ante el temor de que allí agentes de la PGR los detengan.
De los más de 300 efectivos que había en la nómina de Seguridad Pública, entre administrativos y agentes operativos, unos 50 están detenidos por el caso Ayotzinapa, 86 siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento sin ser operativos y unos 165 aceptaron su liquidación y renunciaron a la corporación durante en interinato de Mendiola Pérez, aseguró la fuente.
Informó que mediante “engaños” para poder permanecer en la corporación al inicio de la administración estatal de Héctor Astudillo Flores, les pidieron la actualización de sus expedientes, donde muchos que habían cambiado de domicilio pusieron sus datos personales actualizados, que son los que la SEIDO utiliza para ubicarlos y hacerles llegar las notificaciones de presentación.
Agregó que el temor de los agentes, tanto de los que siguen en la nómina como los que renunciaron, es que al momento de presentarse a rendir su declaración sobre los ataques de septiembre de 2014 los quieran detener, por lo que algunos de los que han sido citados y se han presentado acuden con un abogado.
Reclamó que el gobierno municipal del priista Esteban Albarrán Mendoza se ha desentendido de ellos a pesar de ser sus empleados, y les han negado audiencia, así como asesoría legal.
Además de que les ha negado a través de su oficial Mayor “su incondicional”, Manuel Martínez Carreón, el cambio de área a los ex policías al calificarlos como personas “no confiables”.
El policía que accedió a hablar con El Sur dijo que los 86 que aún siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento son capacitados y evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en programas como Policía de Primer Respondiente, habilidades y destrezas y de la licencia 110, que es para el uso de armas, a pesar de que no están activos, no andan uniformados ni portan armas tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

En Chile también hubo desaparecidos y pasaron 20 años para buscar justicia, dicen en Ayotzinapa

Con la visita de una enviada a la Normal Rural de Ayotzinapa, la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile y sus autoridades Osvaldo Torres y Nubia Becker, refrendaron el apoyo a los padres de los 43 alumnos desaparecidos, “hasta llegar a la verdad y la justicia”.
La representante Patricia Valera dijo que durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, también hubo muchos desaparecidos.
Informó que el grueso de la población de Chile sólo conocía los ataques del 26 de septiembre de 2014 y la desaparición forzada de 43 estudiantes, pero en la visita de dos padres de familia en Chile hace dos meses, fue inédito saber que en los últimos años ha habido miles de desaparecidos en México, y la noticia tuvo un gran impacto social.
Mencionó que los señores Clemente Rodríguez Moreno, papá del estudiante desaparecido Christian Rodríguez Telumbre, y Mario César González Contreras papá de César Manuel González Hernández también desaparecido, acudieron a la invitación de la universidad chilena en el Día Internacional de Derechos Humanos, el 9 de diciembre de 2015.
El decano Osvaldo Torres y su esposa, Nubia Becker encabezan el apoyo de solidaridad a los padres de Ayotzinapa en ese país, quienes son las máximas autoridades de la facultad de Ciencias Sociales, también encarcelados y torturados en la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo régimen militar se entendió de 1973 a 1990.
De la estadía de los padres en Chile, informó que alrededor de 60 medios de comunicación les dieron cobertura y la información sobre las investigaciones del caso y de los miles de desaparecidos en el país se difundió no sólo en Chile, sino en muchos países de América y de Europa.
Los padres también sostuvieron diálogos con estudiantes y activistas de derechos humanos.
Patricia Valera aclaró que llegó a México invitada por un tema distinto al de Ayotzinapa, pero cuando las organizaciones supieron que vendría al país enviaron un mensaje de apoyo y solidaridad a los padres de familia.
“Vamos a continuar con la causa mediante actividades con estudiantes, con los municipios, y a mantener la coordinación con todos los que apoyan la causa y los propios padres, y seguir apoyando para que se mantenga la lucha por la verdad y la justicia”, expuso.
Agregó que en la dictadura de Augusto Pinochet también hubo muchos desaparecidos, asesinados y torturados en Chile, y pasaron más de 20 años para buscar la justicia porque siguen los procesos los familiares del dictador y contra muchos militares que son investigados y no han sido condenados.
Consideró que el caso Ayotzinapa permite sensibilizar a la autoridades chilenas, pues desde la universidad se promovió una reunión con el Congreso, que emitió un acuerdo el 16 de diciembre de 2015 para alentar al gobierno mexicano a tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos del 27 de septiembre de 2014 cuando fueron detenidos 43 alumnos de la escuela Normal, de los que todavía se desconoce su paradero.

Ninguna de las 26 observaciones por el caso Iguala ha sido totalmente atendida por la PGR: CNDH

 

12:08.   La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló este domingo que ninguna de las 26 recomendaciones y observaciones que envió desde el 23 de julio a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Iguala ha sido “atendida en su totalidad” y la dependencia ha dado una respuesta “insuficiente e imprecisa” al análisis hecho por el organismo.

El 23 de junio la CNDH envió a la PGR el informe “Estado de la Investigación del Caso Iguala” y el 30 de agosto la dependencia informó que ya había enviado al organismo un avance de caso y “posicionamientos específicos” para responder.

En un comunicado publicado hoy en su página de internet, el organismo informó que ninguno de los 26 puntos del informe ha sido atendido de forma integral y que “en muchos casos, se trató de justificar su observancia con la mención de diligencias no vinculadas al planteamiento específico” y no se proporcionó soporte documental.

Detalló que 20 de las observaciones permanecen como “no atendidas”, solo dos han sido atendidas “parcialmente”, una fue atendida parcialmente con un “avance mínimo” y tres están en “vías” de ser atendidas.

La CNDH también instó a la PGR a enfocarse en el desahogo de las diligencias ministeriales pendientes y reiteró que el cumplimiento de estas recomendaciones y observaciones buscan dar certeza para lograr la verdad jurídica de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala.

Una integrante de la Asamblea Popular de Tixtla será la candidata definitiva de Morena a la alcaldía

La Asamblea Popular de Tixtla (APT) y Morena tienen el respaldo moral de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para participar juntos en el proceso electoral extraordinario, sin embargo no participarán en ningún acto proselitista y seguirán concentrados en la búsqueda de sus hijos.
Ayer, la APT confirmó su participación en la elección extraordinaria de ayuntamiento y presentó a la dirigencia estatal de Morena, a la maestra Miguelina Ramos Hernández como su propuesta para que sea candidata a la alcaldía de ese municipio, por lo que será registrada oficialmente.
En asamblea, las organizaciones sociales que conforman la APT y que respaldan el movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, presentaron también a los concejales que contenderán por la sindicatura y las regidurías.
En consecuencia, Morena deberá realizar las modificaciones correspondientes a la planilla que registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a más tardar el martes, para que después el Consejo General, en sesión, apruebe los cambios.
Ayer, poco antes de la una de la tarde, la APT celebró una asamblea general en el auditorio del ayuntamiento de Tixtla, donde estuvieron presentes el dirigente estatal de Morena, César Núñez Ramos, el secretario general del partido y representante ante los órganos electorales, Rubén Cayetano García, la diputada local María de Jesús Cisneros Martínez y el diputado federal Roberto Guzmán Jacobo.
El acto fue para que la Asamblea Popular le presentara a la dirigencia Morena a la maestra Miguelina Ramos, miembro de la APT como su propuesta a candidata a alcaldesa de ese municipio, así como a los concejales que conforman la planilla de regidores, quienes participarán en la elección extraordinaria del 29 de noviembre.
En la lista de regidores presentaron a Félix Campos Crispín, quien en un principio fue registrado por el partido como candidato a alcalde en lo que el movimiento determinaba quién contendería por ese cargo; también Cristina Abraján Zeferino, a María Inés Abraján Gaspar, Prudencio Guerrero Salmerón, y María de los Ángeles Cantor Godínez.
En su intervención, Moisés González, miembro de la APT y candidato a síndico, informó que estaban presentes con el aval de los padres de los normalistas desaparecidos, quienes no asistieron a la asamblea.
Dijo que aunque han sido blanco de críticas por sumarse al proceso electoral a través de un partido político, cuando de origen el movimiento se ha manifestado en contra de ellos, aseguró que utilizar la vía electoral para conformar un Concejo Municipal Popular es lo correcto.
Además, a diferencia de los partidos, dijo que los miembros de la Asamblea Popular que contenderán en la elección “no tenemos experiencia para robar, ni para mentir, mucho menos para traicionar los intereses del pueblo”.
Posteriormente, el líder estatal de Morena, César Núñez, aseguró que con la participación de las organizaciones sociales en el proceso electoral extraordinario, a través de Morena se está iniciando una jornada histórica.
Dijo que Tixtla está en los ojos del mundo porque es en ese municipio donde se encuentra la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, “aquí está acentuada una lucha firme contra el autoritarismo, la injusticia y la impunidad”.
Aseguró que las condiciones no son favorables para que se desarrolle una elección “limpia”, pero confió en que los habitantes de Tixtla no se prestarán a las irregularidades en que pudieran incurrir los otros partidos para hacerse del triunfo.
Dijo que a Morena y a la Asamblea Popular los une la exigencia de justicia y la presentación inmediata y con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala; además recordó que entre las propuestas de Morena se encuentra la revocación de mandato, para que los funcionario corruptos y poco transparentes sean removidos de sus cargos a petición de los pobladores.
Concluyó su intervención gritando: “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
La diputada local María de Jesús Cisneros aseguró que Tixtla y sus comunidades son el epicentro de México, porque es el corazón del movimiento por Ayotzinapa.
Aunque no estaban presentes, manifestó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que ella comprende y comparte su dolor, pues también tiene a un hijo desaparecido desde 2007.
El maestro Miguel Vargas, vocero de la Asamblea Popular, negó que ese movimiento se esté extinguiendo, por el contrario, dijo que está entrando a una nueva etapa para intentar consolidar el Concejo Municipal Popular que es su propuesta de gobierno.
Aseguró que el objetivo del movimiento es que nunca más exista otro desaparecido en el país, y que tampoco prevalezca la impunidad.
Dijo que la APT y Morena cuentan con el aval de los padres de los 43 estudiantes, de los normalistas de Ayotzinapa, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y del magisterio movilizado; así como de otras organizaciones que respaldan al movimiento.
Reconoció que entre la Asamblea Popular y Morena existen coincidencias, por lo que accedieron a participar juntos en la elección extraordinaria que se celebrará el próximo 29 de noviembre.
Miguelina Ramos, quien será registrada por Morena en los próximos días como candidata a alcaldesa, destacó que la decisión de unirse a un partido político y contender por la presidencia municipal fue para ofrecer a la población un gobierno ciudadano, por lo que rechazó ambiciones personales.
“No nos lleva la ambición del poder, no nos lleva el dinero, sino poder ofrecer un pueblo diferente para que niños y jóvenes vivamos de manera distinta”, dijo.
Posteriormente, en conferencia de prensa, Moisés González, quien es miembro de la APT y candidato a síndico, aclaró que los padres de los estudiantes desaparecidos no participarán en ningún acto proselitista de Morena porque no están de acuerdo con la vía institucional, además dijo que seguirán en su lucha de exigencia de justicia y presentación con vida de sus hijos; sin embargo aseguró que cuentan con su aval y respaldo moral.
En tanto, el dirigente de Morena, César Núñez, dijo que ya le plantearon al líder nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, que visite Tixtla durante el periodo de campaña que comenzó oficialmente el pasado 4 de noviembre y que concluirá tres días antes de la elección.
Recordó que actualmente López Obrador está de gira en el país y tiene una agenda apretada, pero confió en que el ex candidato presidencial pueda asistir, por lo menos, al cierre de campaña de Miguelina Ramos.

Ya buscaron en Carrizalillo a sus hijos y no tuvieron apoyo, responden padres de los 43 a vecinos

 

El vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, Felipe de la Cruz aclaró que buscan vivos a los normalistas, ante el llamado de vecinos de Carrizalillo a buscarlos en fosas clandestinas del grupo criminal Guerreros Unidos en esa población.
No obstante aclaró que los padres van a discutir este asunto luego del 4 de noviembre, cuando la mayoría regrese a la Normal Rural de la pausa que hicieron por el Día de Muertos para visitar a sus familias, y cuando también esperan noticias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que llegarán de nueva cuenta al país para investigar la desaparición forzada de los estudiantes.
En consulta telefónica opinó que las instancias de seguridad y justicia deben investigar de oficio todas la fosas señaladas en el estado, y reveló que desde los primeros días de los crímenes de Iguala, el año pasado, hubo información de que los estudiantes habían sido llevados en esa dirección.
Recordó que también hubo acciones de búsqueda en aquella zona a mediados de octubre, y la población estuvo muy hermética. Por lo tanto, la versión que ahora difundieron los vecinos de Carrizalillo, de que los estudiantes de la Normal pueden estar en otras fosas, “nos llena de duda y de desconfianza, quién sabe qué pretendan”.
Antes de las declaraciones de los vecinos, en Carrizalillo la población detuvo a nueve policías federales y a un vecino que quisieron aprehender al presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, a los que vincularon con el grupo Guerreros Unidos. Después informaron que el presunto delincuente señaló las fosas clandestinas, y estimaron que ahí podrían estar los normalistas.
De la Cruz aclaró que los padres no habían recibido información en ese sentido. En octubre de 2014 hubo operaciones de localización en aquella región, no encontraron nada y la gente fue muy hermética, y dijo que el repentino cambio de actitud de los vecinos los desconcierta.
De manera extraoficial, uno de los padres más activos en las acciones de búsqueda de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, coincidió en que es extraño que a más de un año de la desaparición forzada de los estudiantes, vecinos de Carrizalillo digan que hay nuevas fosas del grupo Guerreros Unidos, donde pueden estar los restos de sus hijos.
Recordó que el 19 de octubre de 2014, por una versión que llegó a la Normal, los padres subieron con unas 20 patrullas de la Policía Federal a Carrizalillo a buscar a los normalistas en una iglesia abandonada.
Días después, no recordó la fecha, subieron rumbo a Amatitlán porque recibieron noticias de que los estudiantes podían estar retenidos rallando flor de amapola.
Aunque no los encontraron, la Policía Federal se comprometió a agotar esa investigación.
Indicó que la mayor parte de las acciones de búsqueda que realizaron los padres por su cuenta y con los policías fueron con discreción, y las líneas de trabajo eran completamente opuestas a la versión oficial que en enero presentó el procurador Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula.
Esa versión fue descartada por el GIEI, y ahora, el padre que pidió omitir su nombre consideró que la nueva versión de fosas en Carrizalillo “parece una trampa” para mantener la responsabilidad de los asesinados y las desapariciones forzada de la noche del 26 y 27 de septiembre en el grupo de narcotraficantes.

Piden justicia para los 43 y para Antonio Vivar en la procesión del Señor del Nicho en Tlapa

Carmen González Benicio / Tlapa

En la peregrinación para celebrar al Señor del Nicho se pidió justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 27 de septiembre en Iguala, y para el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Antonio Vivar Díaz, asesinado a balazos el 7 de junio por policías federales durante las elecciones.
El tema del recorrido de la imagen por el primer cuadro de la ciudad fue “Sobre el cuidado de la casa común, la tierra” en las ocho estaciones donde se detienen y hacen oraciones.
Las peticiones de los feligreses fueron a través de los tapetes de serrín pintado con el que hicieron diversas imágenes de cruces, flores, imágenes religiosas de San Judas Tadeo, la virgen de Guadalupe, Jesús, y letras con oraciones, peticiones o agradecimientos.
Frente a las instalaciones del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Tlachinollan, se observó un tapete con el número 43 en grande, puños y montañas en el que se leía: “Señor del Nicho La Montaña clama justicia y verdad por los 43”, y “Toño vive”.
Otro tapete alusivo estuvo frente a la casa del director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández “La esperanza y la fe de la Montaña vencerán la violencia criminal del gobierno”, en el que sobresalía una cruz y montañas en tonos verde, azul y amarrillo.
Sobre la calle Matamoros plasmaron el rostro de activista Antonio Vivar y una cruz, una figura de guitarra por su carácter trovador y frases como: “Señor del Nicho, justicia”, “Antonio Vivar vive”, “Fue el Estado”, “Por los 43 y más”.
En algunos tapetes se pidió misericordia por el pueblo, en otros la devoción al Cristo sufriente desde 1533 a la fecha, y se pidió por los niños.
A la festividad acuden feligreses de los estados cercanos, sobre todo que han migrado a esos lugares y vuelven cada año, es difícil saber cuánta gente llega al lugar ya que durante un mes se hacen las peregrinaciones y el día 23 la imagen es bajada del altar, para recorrer las calles de Tlapa en medio de los tapetes coloridos.
En la procesión no se observaron a personas con flores o velas en sus manos como en otras ocasiones, sólo acompañaron el recorrido que dura cerca de cuatro horas.
Iban sacerdotes y el obispo Dagoberto Arriaga Sosa, integrantes de carreras guadalupanas, y de otros grupos religiosos, los estandartes de las diversas colonias o grupos que llevaron ofrenda durante el mes del festejo.
Al llegar a la catedral, al Señor del Nicho lo dejan postrado para que los creyentes pasen a besarlo, no se permite tocarlo y si lo hacen es con algodón. Ahí permanece hasta que ya no hay nadie en fila y es subido al altar en medio del repique de campanas.