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Seguirá un año más el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

No hay avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, informan sus abogados. Los familiares se reunieron con el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, quien es el cuarto responsable de esa institución en este sexenio. Ni siquiera el cronograma que el gobierno se fijó tiene resultados, informa Vidulfo Rosales

Agencia Proceso

Ciudad de México

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Exponen ONG al secretario de Gobierno la gravedad de las desapariciones y asesinatos en el estado

Representantes de Amnistía Internacional, la Red TDT, Serapaz, Tlachinollan, el Centro Morelos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad informaron que en la entidad hay más de 20 defensores asesinados en este sexenio. Acuerdan una reunión con el gobernador

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos que integran la Misión Civil de Observación se reunieron este martes con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y expusieron el grave problema de violencia que se expresa en asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, la situación de riesgo en que se desempeñan defensores y periodistas y los desplazamientos forzados.
En la reunión a puerta cerrada en una sala de la Secretaría de Gobierno estuvieron también el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, Luis Camacho Mancilla, y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la misión civil estuvieron Raquel Aguilera de Amnistía Internacional (AI), Fernando Ríos de la Red Todos los Derechos para todos y Todas (Red TDT), Alister Guerrero de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Abel Barrera de Tlachinollan, Manuel Olivares del Centro Morelos y Reymundo Díaz del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Los integrantes de la Misión Civil de Observación acudieron a Chilapa el 19 de septiembre para revisar la situación de violencia en ese municipio, y al día siguiente tendrían una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores pero se suspendió por la emergencia que provocó el sismo del día anterior.
La reunión finalmente se celebró ayer con el secretario, y fue para dar seguimiento a los trabajos que iniciaron en esa misión de observación.
Al final del encuentro los representantes de los organismos civiles ofrecieron una conferencia de prensa en la parte baja del Palacio de Gobierno.
Raquel Aguilera de AI dijo que “para nosotros desde el movimiento internacional es fundamental que las autoridades escuchen y reconozcan las graves violaciones de derechos humanos que existen en la región, y creemos que este espacio (la reunión con el secretario) nos ha permitido empezar a plantearlas”, dijo.
Aclaró que aún tienen pendiente una reunión con el gobernador Astudillo Flores, que es la que estaba programada para el 20 de septiembre, y que lo plantearon al secretario “y quedó como un compromiso del secretario agendar esa reunión”, agregó que esperan que sea antes del 15 de diciembre.
Insistió en que la situación en Guerrero es complicada, y que los organismos nacionales estarán acompañando a los defensores de derechos humanos locales que documentan la situación de violencia en la entidad.
Fernando Ríos de la Red TDT informó que en el encuentro expusieron su preocupación por la desaparición constante de personas que no ha disminuido y los asesinatos “atroces”.
Dijo que Salazar Adame reconoció que Guerrero es la segunda entidad más peligrosa del país, aunque el defensor de derechos humanos dijo que Guerrero ocupa los primeros lugares de violencia “y para las personas defensoras de derechos humanos es una situación sumamente grave”.
Informó que en la entidad hay registradas más de 20 personas defensoras asesinadas en lo que va del actual sexenio, que el caso más reciente es el de Ranferi Hernández Acevedo, “estos hechos nos duelen, sentimos el dolor constante de las víctimas que se ven frente a la incapacidad del propio Estado”.
Añadió que le dijeron al secretario, “que vemos una incapacidad y que no se muestran resultados, o que estos resultados todavía no se ven reflejados en la sociedad, además, que es importante que muestren cuáles son los retos, que así como el actual gobierno argumenta que hay una deuda presupuestal del gobierno anterior, también observamos que del actual gobierno tiene una deuda histórica de dolor, de graves violaciones a los derechos humanos y que tiene que hacerse responsable de esto”.
El director de la Red TDT informó que le dijeron al secretario que “no bastan las inercias de buena voluntad, sino que se necesitan estrategias capaces para responder a la situación que estamos viviendo, que como ciudadanos estamos cansados de esta situación que vivimos”.
Contó que en la reunión los representantes de organismos civiles enumeraron cinco puntos que les preocupan: la inseguridad, la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, la desaparición constante de personas por el crimen organizado y en connivencia con autoridades, el desplazamiento de personas y la situación de violencia de Chilapa, “que tiene múltiples aristas”.
Al final convinieron con el funcionario que se van a reunir con el gobernador para expresarle de manera directa sus puntos de vista, sus preocupaciones y señalarle la incapacidad de los funcionarios.
Por su parte, Aliester Guerrero de Serapaz aclaró que los organismos que integran la misión van a estar muy atentos principalmente en dos puntos: la reunión con el gobernador Astudillo Flores y la debida implementación de la Ley General de Desaparición Forzada que se acaba de aprobar.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera destacó que la presencia de los representantes de los organismos nacionales e internacionales en Guerrero obedece a las graves violaciones a los derechos humanos que están a la alza, y que eso también se lo expresaron al secretario de gobierno.
“Hay una preocupación muy honda por la situación de desapariciones y desplazamientos forzados que se están multiplicando en el estado cada mes que pasa, y vemos que no hay una estrategia que pueda contener esta avalancha delincuencial, y sobre todo por la incapacidad institucional”, agregó.
Informó que los funcionarios argumentaron que hay problemas presupuestales pero que los organismos ven, también, que hace falta eficacia en la implementación de las acciones de las autoridades, “consideramos que el tema de la impunidad, la falta de resultados en las investigaciones y la falta de una atención adecuada y con perspectiva de derechos humanos no se ha podido implementar en nuestro estado”.
Barrera Hernández dijo que los funcionarios, sustentándose en información oficial, aseguraron que las cosas van caminando, pero que los organismos ven que hay una brecha entre la realidad que viven las víctimas con los datos oficiales, “y ese es el Guerrero que nos separa, el Guerrero de las víctimas, el del horror, el de las personas que están sufriendo diariamente las agresiones de parte de la delincuencia organizada, y una autoridad rebasada por el crimen y por las organizaciones criminales”, denunció.
Añadió que en Chilapa se necesita una intervención de alto nivel para poder parar las acciones que están atentando contra la vida. “lo que pasa allí es muy preocupante, la suspensión de clases por la inseguridad, la militarización, las desapariciones, los feminicidios y los desplazamientos es algo grave que preocupa. Este es un tema que se tiene que atender no sólo con la intervención de la federación, sino con toda la voluntad que tiene que haber en el estado”, demandó.
Añadió que otra situación preocupante es el riesgo constante al que se enfrentan los defensores, defensoras y periodistas, “en verdad no vemos que hay condiciones ni garantías para que puedan realizar su trabajo con seguridad, porque existe un patrón de criminalidad, pero también un ambiente de impunidad y de permisibilidad que pone en riesgo su trabajo”.
Anunció que los representantes de los organismos van a entregar un diagnóstico el día que se reúnan con el gobernador, y que en esa medida van a pedir acciones concretas, “primero que las autoridades reconozcan la situación grave de violaciones a derechos humanos, y al mismo tiempo que reconozcan y respeten el trabajo de las víctimas, de las organizaciones civiles, de los periodistas y sobre todo que cualquier acción que se haga sea en coordinación con quienes han sido afectados en sus derechos”, adelantó.

Etiquetas: México, Guerrero, Chilapa, Chilpancingo, Misión Civil de Observación, secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, violencia, asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, riesgo, defensores, periodistas, desplazamientos forzados

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Marchan estudiantes y organizaciones en Iguala para exigir justicia y la presentación de los 43

Unos 80 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala protestaron ayer en esta ciudad, para reiterar su exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, exigir justicia y castigo para todos los implicados en ese crimen ocurrido hace 38 meses.
Antes de las 10 de la mañana los trabajadores y visitantes que se encontraban en el Palacio de Justicia fueron desalojados del edificio, y las actividades se suspendieron ante la versión de que los normalistas y papás de los 43 desaparecidos protestarían en ese lugar, pero no sucedió.
De la misma forma funcionarios de diferentes áreas del gobierno estatal y mandos del Ejército y la Policía Federal fueron movidos de la sede del 27 Batallón de Infantería, donde se daba el curso de capacitación de prevención social, violencia de género y cultura de la no violencia, ante el temor de protestas en el cuartel militar, y fue cambiado a un salón del hotel Best Wester en el centro de la ciudad.
A las 5:30 de la tarde llegaron estudiantes y miembros del Bloque Democrático que los acompañan a la estela en memoria del normalistas torturado, desollado del rostro y asesinado, Julio César Mondragón Fontes, en la Zona Industrial, donde colocaron una ofrenda floral y tuvieron un mitin con la principal exigencia de que haya justicia, castigo a los culpables y la presentación con vida de sus 43 compañeros.
Ahí un alumno del comité estudiantil y miembro del Federación de Estudiantes Campesinos Socialista de México (FECSM) advirtió que, “no nos vamos a rendir ni vamos a claudicar en esta lucha para buscar a nuestros 43 compañeros”.
Llamó a la población de Iguala y a los miembros de las organizaciones, “porque no pararemos en nuestra lucha y si damos un paso hacia atrás será sólo para tomar impulso y seguir con más fuerza”.
Pidió que no haya luchas aisladas, “nos debemos aglutinar como sociedad porque de lo contrario nos irán matando poco a poco”.
Minutos después el contingente salió en marcha sobre el periférico Norte gritando consignas de apoyo a la Normal Rural, llegó a la esquina con la calle Juan Álvarez donde también hubo un mitin y colocaron una ofrenda floral a sus compañeros asesinados la madrugada del 27 de septiembre de 2014, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
En el recorrido de los normalistas que llevaban fotografías de sus 43 compañeros desaparecidos, automovilistas del transporte público como particular circularon por una vía alterna de terracería a un costado de la carretera, lo que levantó una nube de polvo durante la protesta.
En el segundo mitin llamaron a la población de Iguala a que se haga sensible y se solidarice con los papás de los 43 desaparecidos.
Uno de los coordinadores del Bloque Democrático de Organizaciones advirtió que a pesar “de la mano negra y obscura que ha tratado de desvirtuar esta lucha, decimos que vamos a seguir apoyando para exigir la presentación con vida de los desaparecidos y castigo para los culpables de la desaparición y el asesinado de tres de ellos”.
“Exigimos que esto ya tenga un fin, pero un fin claro, donde ese espurio y la criminalidad nos digan en dónde tienen a los 43 muchachos”, dijo en referencia al presidente Enrique Peña Nieto.
Reitero también la exigencia que se dé cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El mitin concluyó a las 6:25 de la tarde y enseguida los estudiantes y miembros de la organización se retiraron hacia la Normal Rural de Tixtla.

Respaldan víctimas, damnificados, ONG y la ONU a Tlachinollan en su 23 aniversario en Tlapa

En la presentación del informe del 23 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Guerrero: Mar de luchas, montaña de ilusiones se refrendó el apoyo a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
En esta ciudad el representante de la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab dijo que el trabajo de los defensores es un riesgo y parecen una amenaza al gobierno, por lo que expresó su apoyo y admiración a Tlachinollan en sus 23 años.
Dijo que el informe resumía el trabajo valiente ante los peligros, su trabajo profesional al mostrar varios casos de impunidad, violencia y en defensa de los derechos al agua y la vivienda, e informa de manera sistemática lo que ocurre en la región y el estado.
Miguel Nieva del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien participó en el peritaje en el basurero de Cocula que desacreditó científicamente la versión del gobierno federal de que los jóvenes fueron incinerados ahí, agradeció a los padres de los 43 estudiantes por darles la confianza para que ellos trabajaran en el caso.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández presentó el informe a los asistentes y dijo que la organización no se concebía sin la lucha de los 43, a los padres les afirmó que no eran nada sin ellos, ante el deseo de justicia a sus hijos, y que denunciaba las tropelías de un gobierno mentiroso.
Expuso que los padres del surco enviaron a sus hijos a las aulas para que fueran profesores, y volvieran a las comunidades a escribir en el pizarrón justicia y verdad, “que trajeran igualdad y respeto a los derechos”.
Agregó que no llegaban profesores a La Montaña porque el gobierno los desaparecía y los mataba, como a los 43 en 2014 y a los dos la Autopista del Sol en Chilpancingo en 2011.
Agregó que los padres y madres querían hijos profesores, pero ellos se convirtieron en los profesores que enseñaban el ABC de la justicia y los derechos humanos con el emblema en el pecho de sus hijos, encarando al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la Procuraduría General de la República, y hasta en la búsqueda de asistencia internacional para que llegara a México.
Dijo que el gobierno “inventó verdades para que se vea que hay un caos, persigue a los inocentes y a la delincuencia la protege porque son los mismos”, y que se tiene que romper la telaraña delincuencial.
El informe contiene memorias de lucha y dignidad, reclamos de los pueblos “donde hay historias grandes, luminosas, que se deben enseñar en las escuelas al ser La Montaña donde se forjan la esperanza y las ilusiones”.
Mencionó las luchas de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, contra las mineras y el gobierno depredador.
Mencinó a los niños y padres na savi de la comunidad El Coyul del municipio de Cochoapa por la falta de profesores, donde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado emitió una recomendación para que llegaran, sin que les cumplan.
Habló en náhuatl la madre de un estudiante de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador quien, lloró al recordar que llevan años esperando que sus hijos regresen vivos, y dijo que continuarán en la lucha por conocer la verdad.
Un padre se quejó de la falta de apoyo y respuesta del gobierno estatal respecto de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos.
La me’phaa Inés Fernández Ortega quien fue violada por soldados del Ejército, dijo que sigue en pie de lucha porque la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se cumpla por el gobierno federal.
Se declaró en apoyo a los padres y madres de los 43 desaparecidos porque “yo sufro como ustedes, a mi familia, a mis hijos nos amenazaron para callarnos, por eso no crean en el gobierno que intenta dividir buscando comprar”.
El presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, Valerio Mauro Amado Solano habló de la lucha que emprendieron para ampararse contra las empresas mineras que pretenden explotar su territorio, y que han defendido mediante la integración del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.
El poeta me’phaa Hubert Matiúwáa leyó poemas sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Antonio Vivar y la amenaza de las mineras.
Estuvieron representaciones de organizaciones como el Frente Popular de Tlapa (FPT), el Consejo de Comunidades Damnificadas, el Consejo de Jornaleros Indígenas, la Organización de Pueblos Indígenas de Guerrero (OPIG, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), los padres y madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos así como estudiantes de esa Normal Rural.
La actividad fue en el salón Marisol donde llegaron más de 700 personas a escuchar el informe.

Rememoran en Ayotzinapa a sus compañeros muertos en la ceremonia de clausura de cursos

De los 124 estudiantes de la generación 2013-2017 de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que debieron egresar este año, sólo 117 lograron terminar sus estudios, cuatro murieron víctimas de la violencia del crimen organizado, dos fallecieron a consecuencia de enfermedades y uno más es de los 43 desaparecidos en Iguala.
La generación 2013-2017 eligió por nombre La voz de mis hermanos, retumba en mi corazón, en honor a sus compañeros Eugenio Alberto Tamarít Huerta y Freddy Fernando Vázquez Crispín, quieres fueron atropellados durante una manifestación en Atoyac el 7 de enero de 2014; Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro, asesinados el 4 de octubre de 2016 en un presunto asalto al transporte público de la ruta Chilpancingo-Tixtla; Miguel Ángel Juárez Jiménez y Julio César Vázquez Blanco, quienes fallecieron a consecuencia de distintas enfermedades; y de Bernardo Flores Alcaraz uno de los 43 normalistas desaparecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) identifica con el pseudónimo El Cochiloco en la información del caso.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos fueron los padrinos de la generación, en su representación, la señora Ernestina Lugardo del Valle, madre del estudiante desaparecido Israel Jacinto Lugardo, declaró que el movimiento social por la presentación con vida de los jóvenes no desistirá “hasta que conozcamos el paradero de nuestros hijos”, durante su breve intervención en el acto de clausura.
En la explanada de la Normal Rural de Ayotzinapa, el director Víctor Gerardo Díaz; el subdirector académico, Felipe Castañeda Tovar; el subdirector administrativo, Rigoberto Barrera Urióstegui; el director general de Operación de Servicios de Educación Media Superior y Superior, Edwin Noel Morales Leguizamo; el secretario general del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, Gerardo Bonifacio Gutiérrez Martínez; el profesor egresado de la institución y autor de la canción Ayotzinapa, Aníbal Rafael Castro, maestros, padres de familia, los integrantes de la generación 2013-2017 y estudiantes, participaron en la clausura del ciclo escolar.
En primera fila dos egresados sostuvieron un retrato de su compañero Jonathan Morales Hernández, acompañado de un listón negro en símbolo de luto. La clausura estuvo cargada de un ambiente melancólico, pues los normalistas no dejaron de recordar a “los caídos” durante los cuatro años que duró su carrera en la Normal Rural de Ayotzinapa, así como a los 43 desaparecidos.
El egresado de la licenciatura en educación primaria, del grupo cuarto D, Juan Carlos Arellano García, fue el encargado de emitir el mensaje de la generación, “hemos vivido días intensos de violencia, agresiones y corrupción por el gobierno mexicano, y nada nos ha vencido, estamos más fuertes que como llegamos y nos mantenemos unidos, como hermanos, en la lucha porque aparezcan con vida nuestros 43 compañeros normalistas desaparecidos”.
“Somos una sola familia, un solo bastión, y aquí estamos de pie para enfrentar al gobierno que por 35 meses ha ocultado la verdad y la razón de su desaparición (la de los 43), sin embargo, también hemos luchado por prepararnos en la ciencia y la sabiduría que el Estado demanda a las nuevas generaciones”, expresó.
Dijo que los egresados, lucharán por llegar a los hogares de quienes no tienen acceso a la educación para enseñarles el alfabeto, “para que puedan defenderse de la injusticia, el abuso, el abandono, la inseguridad social y gubernamental en la que vivimos”.
Señaló que los egresados no dejarán de cumplir con su deber como maestros de educación básica, pero tampoco abandonarán la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos “porque estamos seguros de que están vivos, porque la voz de mis hermanos retumba en mi corazón”.
A su vez, los egresados de la licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe, Fructuoso Castro Prisciliano y Santiago Galindo Santos, del cuarto A, emitieron un mensaje en lengua me’phaa (tlapaneco) y castellano, en el que manifestaron que en el trayecto de su carrera “a muchos les cortaron el sueño de ser maestros”, pero los que concluyeron los honraron al concluir sus estudios.
Agradecieron que además de sus actividades académicas, también recibieron talleres de danza, música, carpintería, artes plásticas, deportes y entre otros, que fortalecieron su formación como maestros; conocimientos que llevarán a la práctica cuando se desempeñen como docentes.
“A nuestros 43 compañeros, a las madres y padres de familia, les decimos que los seguiremos buscando y esperando desde los lugares donde nos encontremos”, dijeron.
En su intervención, Gutiérrez Martínez dijo que a la Normal Rural de Ayotzinapa llegan los hijos de los campesinos, “de los pobres”, y en la institución “aprendemos a trabajar, aprendemos a organizarnos”.
“La sangre de los compañeros caídos de esta generación, significa una responsabilidad para las generaciones que los preceden, los compañeros que cayeron defendiendo la matrícula, su academia y a la normal, para nosotros merecen el mismo reconocimiento que los que van a educar a los pueblos en las comunidades”, dijo.
Por su parte, el director, Víctor Gerardo Díaz, exigió la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, manifestó su apoyo a los padres de familia de los jóvenes, y llamó a los egresados a que “enseñen con el corazón e instruyan con la mente, vayan y despierten conciencias, vayan y generen esperanzas, vayan y sean agentes de cambio, vayan y hagan historia en su carrera profesional, conviértanse en maestros que construyan las necesidades”.

Reanudan hoy el diálogo con la PGR, informan los padres de los 43 normalistas

 

A seis meses de que se rompió el diálogo, hoy los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reanudarán la comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, para conocer los avances de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como las irregularidades en el proceso señaladas por expertos independientes.
En consulta telefónica el vocero Felipe de la Cruz informó que en esta reunión esperan a integrantes del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.
Antes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que para esta mesa exigieron los resultados de la investigación interna sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no obstante la investigación que lleva a cuestas por obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Dijo que solicitaron información de la consignación pendiente de los policías de Huitzuco que detuvieron a un grupo de los 43 normalistas desaparecidos frente al Tribunal Superior de Justicia, así como de dos policías federales identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron en el lugar y permitieron las atrocidades cometidas contra los estudiantes.
Además las acciones de búsqueda de los normalistas, como las líneas de investigación relacionadas al trasiego de droga en Iguala y del quinto camión, probablemente cargado de droga o dinero, según la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que permitiría entender el nivel de violencia y coordinación de distintas corporaciones policiacas con la delincuencia organizada en la agresión a los normalistas y otros ciudadanos.
El 18 de agosto de 2016 los padres de los estudiantes desaparecidos abandonaron la mesa con la PGR, porque los funcionarios estaban dando largas a la presentación de resultados de la investigación interna contra Zerón de Lucio por la manipulación de evidencia que reveló el GIEI desde finales de abril, del mismo año.
En su informe final como coadyuvante de la investigación, el GIEI mostró una videograbación extraoficial tomada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde se observa a Zerón con peritos de la PGR recogiendo materiales muy parecidos a la evidencia que presentaron al siguiente día con fragmentos de huesos humanos, que permitieron la identificación positiva de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
Sin embargo Zerón sólo documentó la operación del 29 de octubre que también realizó a espaldas de los expertos y peritos independientes, representantes de los familiares. A la fecha no hay certeza del lugar del que se sacaron esos restos humanos.
Felipe de la Cruz informó que después de la reunión en la PGR, el sábado 11 de febrero los padres de familia comenzarán otra caravana en dos rutas, al norte y al sur del país para convocar a la Asamblea Nacional de los Indignados, que será el 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Al norte tendrán actividades en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Michoacán, y en el sur en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Oaxaca, Huamantla (población) y Tlaxcala (capital) así como en Cuernavaca y Amilcingo, Morelos, del 13 al 17 de febrero.

No se rendirán hasta saber de sus hijos, dice la madre de uno de los 43 en una caravana en EU

Desde San Diego, California, en Estados Unidos, la mamá del normalista de Ayotzinapa desaparecido Benjamín Ascencio, Cristina Bautista Salvador aseguró que no van a descansar hasta que el mundo entero sepa que los madres y padres no se rendirán hasta saber la verdad de dónde se encuentran sus hijos.
Las madres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa se unieron a la caravana Contra la Represión en México desde mediados de octubre, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca, el movimiento de jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, la asociación Luchando Contra el Feminicidio en Ciudad Juárez, y la comunidad Otomí de Xochicuatla del Estado de México. La caravana recorre 12 estados de la unión americana y regresa a México la próxima semana.
Ayer la señora Cristina Bautista informó que participaron en protestas, foros en universidades, acudieron a entrevistas en estaciones de radio, se reunieron con “paisanos” en aquel país y organizaciones sociales para denunciar las violaciones a los derechos humanos. En Chicago hicieron un mitin en el Consulado de México el 25 de octubre.
Relató que en su mensaje las madres llaman a los jóvenes a hacer acciones en el extranjero, en particular los días 26 de cada mes para recordar los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes en Iguala, y exigir que el gobierno mexicano no ponga más obstáculos al Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como hicieron con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contra el que también hubo una campaña de desprestigio.
Asimismo denunciaron que no confían en las autoridades y solicitaron que sus abogados se entrevistaran con uno de los detenidos claves en los hechos de Iguala, el exdirector de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores, pero la petición no fue aceptada.
De los temas recientes mencionó el rechazo al nombramiento del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Hamid García Harfuch, por sus probables nexos con el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Destacó el recibimiento solidario en Estados Unidos, “los jóvenes nos preguntan cómo nos pueden ayudar, qué queremos que realicen, los estamos invitando a hacer reuniones para dar a conocer el tema y el 26 de cada mes a realizar una actividad pública, distribuir volantes, que se de a conocer y que no se cierren, nosotros nos abrazamos con todos porque necesitamos la unión, porque la unidad es la fuerza yo les aseguro a los jóvenes que van a participar, que queremos que lo sepa todo el mundo entero, que los madres y padres no descansamos, que sepan que no nos rendiremos hasta saber la verdad de donde andan nuestros hijos”.
Consideró que las autoridades no comparten esta idea y obstaculizan todo esfuerzo de llegar a la verdad. Recordó que los padres se trasladaron para pedir los expedientes del caso en Matamoros, Tamaulipas, y en Chilpancingo exigieron en el Tribunal Superior de Justicia rinda cuentas de las videograbaciones que guardan evidencia de los hechos criminales de Iguala, y que no fueron investigados sino destruidos, cuando la responsabilidad era de la PGR.
Además, indicó que cuando los padres se encontraban en plantón en la Cámara de diputados en la Ciudad de México, antes de la llegada del mecanismo internacional de la CIDH que dará seguimiento a las investigaciones, se cambió de puesto a la procuradora Arely Gómez, y el presidente nombró en su lugar a Raúl Cervantes Andrade, “eso nos da a entender que no quieren que se avance, (pero) no descansaremos hasta saber donde están nuestros hijos”.
La caravana estuvo en Seattle y Olympia en el estado de Washington y recorrerá varias ciudades de California, antes de regresar a México.

Cierran normalistas la Autopista para que los padres estén en el interrogatorio a Felipe Flores

Unos 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon 2 horas el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco y ocuparon dos radiodifusoras en esta ciudad, para exigir que la Cámara de Diputados intervenga para que se acepte la petición de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de estar con sus abogados en el interrogatorio al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, respecto de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Al mediodía los normalistas llegaron al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal, al sur de la capital, en dos autobuses y pararon a los conductores de un tráiler, una camioneta de la Secretaría de Salud, y otros que atravesaron en los carriles de alta velocidad para impedir el paso vehicular de manera total en la zona.
Los estudiantes cubrieron su rostro con máscaras, playeras y pañuelos, pero se identificaron mediante su equipo de sonido que transportaba una camioneta que envió la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) al bloqueo para apoyar a los jóvenes.
En el cruce ya se encontraban más de 15 autobuses de la Policía Federal que transportaban a agentes con equipo antimotines. Una comisión se acercó a los normalistas y les pidió que no obstruyeran el paso para garantizar el derecho al libre tránsito, los jóvenes informaron que estaban ahí para pedir que la Cámara de Diputados que recibiera a los padres de familia de los 43 desaparecidos quienes se encontraban en la Ciudad de México, y se negaron a retirarse.
Durante una hora el bloqueo fue de manera total hasta que los policías pidieron que se abriera un carril en el sentido de norte a sur, ya que una ambulancia debía pasar, los jóvenes accedieron pero no llegó ninguna ambulancia.
Los normalistas hicieron un mitin en el que informaron que Flores Velázquez es uno de los actores principales de los ataques en Iguala, por lo que es necesario que las autoridades permitan que los padres de familia de los 43 desaparecidos estén en sus primeras declaraciones, para evitar que se manipule la información y se insista en la versión oficial del caso, que dice que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Además pidieron que se esclarezca el asesinato de los normalistas Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, que ocurrió el 4 de octubre pasado, ya que “no nos creemos el cuento de que fue un asalto” como informaron las autoridades.
También reprocharon que la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores no garantiza la seguridad en el estado y en cambio, ha aumentado el número de crímenes.
Más tarde uno de los representantes estudiantiles accedió a abrir un carril en cada sentido para que los vehículos particulares y de transporte público pudieran avanzar, en cuanto los carriles fueron liberados, los policías se desplazaron por la zona bajo el argumento de que resguardarían el tránsito para evitar accidentes.
La presencia policiaca a pocos metros de la protesta provocó tensión y los normalistas exigieron a los agentes que se retiraran del lugar y que llegara personal de Tránsito para esa labor. El comandante ordenó la retirada de una parte de los uniformados, pero otros permanecieron cerca de los jóvenes.
A la 1:45 de la tarde de manera repentina los normalistas de Ayotzinapa corrieron hacia los autobuses que los transportaron de Tixtla a Chilpancingo, dejaron libre el paso vehicular en la zona ya que vía telefónica supieron que una comisión de los padres de familia de los 43 desaparecidos había sido atendida en la Cámara de Diputados.
Antes, a las 11:30 de la mañana una comisión de estudiantes de Ayotzinapa ocupó las radiodifusoras Capital Máxima y Radio UAG, en donde dijeron que los padres de los 43 desaparecidos deben de ser informados de manera puntual sobre los avances de la investigación.
Precisaron que no están en contra de que el premio Belisario Domínguez, que entrega el Senado de la República a principios de noviembre, se le dé post mortem al trabajador de la gasolinería Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien falleció durante el desalojo a balazos contra estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, si no que están en contra de que se criminalice a los normalistas.
Aseguraron que las organizaciones que promueven a Rivas Cámara como galardonado, emprendieron una campaña de desprestigio contra la Normal Rural de Ayotzinapa, culpando a los estudiantes de su muerte, pero “recordemos que ese día el gobierno tenía que justificar de alguna forma los ataques hacia nuestros compañeros, hay videos que prueban que ellos no tuvieron nada que ver en el incendio, fueron masacrados”.

Se moviliza grupo de choque en apoyo al alcalde de Iguala por la marcha por los 43

 

Minutos antes de las 10 de la mañana, un grupo de unas 50 personas algunas con palos, machetes y resorteras, en su mayoría hombres, llegaron afuera de la sede del Ayuntamiento en esta ciudad.
Estaban encabezadas por el ex regidor del PRD, Jorge Julián Gómez y el ex presidente del comisariado ejidal, Marco Antonio Bustamante Nájera, cercano a la ex regidora del PVEM, Esther Orea Vargas, ejecutada el 30 de marzo, y que actualmente lideran las colonias Fermín Rabadán y California, ubicadas al sur de la ciudad.
La encargada de dar declaraciones a reporteros, Enriqueta Carrillo Salgado, dijo que “venimos ofreciendo apoyo al presidente municipal (Esteban Albarrán) y para proteger nuestra casa, el Palacio Municipal porque nos hace mucha falta cuando vienen y lo destruyen…y hacerles saber a esas personas (manifestantes) que estamos de su lado y nos duele lo que les ha pasado pero que le den la oportunidad a nuestro presidente, está lavando ropa sucia que le dejaron, él no tiene la culpa de todo lo que le echaron, que le den la oportunidad de que les demuestre que cuentan con él”.
Advirtió que estarían resguardando el Palacio Municipal durante los dos días de protestas en el contexto de los dos años del caso Ayotzinapa y llamó a la gente de Iguala a que se sumara para resguardar el edificio.
Minutos después de su llegada, el director de Gobernación municipal, Miguel Salgado Martínez, les pidió que se retiraran del lugar para evitar alguna provocación con los manifestantes y una confrontación. La gente se retiró pero se les vio dispersos cerca de la sede del Ayuntamiento.
Despues de las 10 de la mañana los empleados municipales fueron desalojados y de algunas oficinas se seguía sacando equipo de cómputo e impresión, así como papelería y fueron cerrados todos los accesos al Palacio Municipal. Mediante una circular emitida por la Dirección de Recursos Humanos, se informó al personal que para este día también se suspenden labores.
Marchas militantes de Morena en Acapulco por los normalistas

Decenas de militantes de Morena marcharon ayer por la avenida Costera de Acapulco para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala en 2014.
La marcha salió del asta bandera del parque Papagayo al Zócalo. Marcharon con una lona al frente en la que se leía “Morena la esperanza de México, 2 años vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Algunos militantes llevaron cartulinas en las que se leía “Ayotzinapa, 2 años, ni perdón ni olvido”, “nos faltan 43”.
En declaraciones por teléfono, la secretaria de la Mujer del Comité Estatal de Morena, Esther Aracely Gómez Ramírez, dijo que en la marcha participaron unas cien personas y fue para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y que el gobierno entregue a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Criticó que el gobierno federal “cubre” a los responsables de la desaparición de los normalistas porque “fue el Estado” el culpable.
Gómez Ramírez dijo que la desaparición de los normalistas es un dolor tremendo que causa una gran indignación. (Daniel Velázquez).

En México no se respeta la vida, dice desde EU el maratonista padre de uno de los 43

Antonio Tizapa, padre del normalista desaparecido de Ayotzinapa Jorge Antonio Tizapa Legideño, comenzó a correr en maratones hace cuatro años en Estados Unidos donde trabaja y vive como migrante desde 1999. Desde la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Normal Rural de Tixtla, el 26 de septiembre de 2014, lleva en su vestimenta la demanda de presentación con vida de los estudiantes y castigo a los responsables.
Hace dos días corrió el medio maratón de Nueva York y vía telefónica desde el extranjero informó que se prepara para otras carreras en New Jersey y en Boston, Massachusetts.
Dio a conocer que este mensaje no se transmite en las cadenas nacionales de televisión, pero tiene una amplia difusión en las redes sociales.
Aseguró que en la Unión Americana hay muchos mexicanos inconformes no sólo por los crímenes atroces ocurridos hace casi un año y medio en Iguala, sino por todos los hechos de violencia que suceden en el país, y “por esta telenovela que el gobierno difunde en el extranjero”, en alusión a la fuga del narcotraficante Joaquín, El Chapo, Guzmán y su relación con la actriz Kate del Castillo, tema del que no quiso abundar.
Destacó la labor de los padres de los 43 alumnos desaparecidos que mantienen viva la exigencia en medio de tantos hechos de violencia en México. Él, dijo, quiere difundir esta demanda entre los deportistas.
Lamentó que ningún atleta mexicano o futbolista de la selección haya condenado los ataques de Iguala, a pesar del respaldo que reciben de los mexicanos cuando van a los partidos en Estados Unidos, “de ellos no hemos obtenido nada, ni un decir ya basta, sé que hay reglas pero se trata de humanismo, no de profesionalismo”.
De esta campaña por las calles de diferentes ciudades señaló que muchos activistas “de gran corazón”, están ahí para documentar la protesta y levantar la voz. En el medio maratón de Nueva York volvieron a contar del 1 al 43 junto al grito de justicia, lo que se difunde en un video en Internet.
Está seguro que estas acciones llegan a oídos de los gobiernos, de los deportistas y amplios sectores de la sociedad.
De esta experiencia recordó que el primer maratón que hizo por los 43, el primero de noviembre, encontró a dos políticos de origen hispano de los que no supo precisar sus nombres, pero esperaba de ellos una palabra de solidaridad y de apoyo, “dije, como paisano quizá te van a echar la mano”, sin embargo en el saludo sólo hablaron de que la situación era muy grave en México.
Adelantó que participará en un maratón el primero de Mayo, y espera que su hijo y sus compañeros ya se encuentran de regreso con sus madres, sino es así seguirá denunciando la violencia que vive la nación.
Indicó que en Estados Unidos, México está catalogado como un país seguro y exige que se le saque de esa categoría porque no se respeta la vida, no sólo de los estudiantes sino que todos los ciudadanos están en riesgo.
De una de las visitas del presidente Enrique Peña Nieto a las Naciones Unidas para decir que el país está bien, que no hay violaciones a los derechos humanos de los agentes del gobierno, respondió “si dices que todo está seguro quizá en tu círculo, pero ven a vivir a mi círculo y me dices si es seguro”.
Aunque en los maratones todavía hay personas que se sorprenden por su causa y otros le toman fotos, llevan pancartas y grita forty three con ellos “voy a seguir en esto”.
Recordó que el trabajo en los Estados Unidos es duro, emigró a este país porque no tuvo otra opción. Estudió una carrera técnica que resultó insuficiente para conseguir un empleo bien remunerado.
“La verdad el trabajo es forzado allá (en México), acá también es forzado pero se siente más tranquilo”, dijo.
De su hijo con quien siempre tuvo comunicación telefónica y en los últimos años en redes sociales, recordó que hablaron de su decisión de entrar a la Normal Rural, “yo le decía, su mamá le decía, tú sabes, tienes todo nuestro apoyo”. Antes quiso entrar a otra Normal Rural en el Estado de México.
Ya en Ayotzinapa le pidieron que le echara muchas ganas, “te gusta la escuela échale ganas y cómo le decía, el bien es para ti no para mi. Nosotros nada queremos, es para ti y tu familia más no para mi ni su mamá”.
El 27 de septiembre después de los ataques su hija le llamó para darle la noticia, “me comuniqué con él pero no contestó, pensé esto ya pasará, no es la primera vez, pero conforme pasaron los días las cosas se van complicando”.
Pidió que se lleve a juicio al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, al exprocurador Jesús Murillo Karam que creó una hipótesis para cerrar el caso, y a todos los involucrados, “nadie se va a librar de esto, no quiero que se mueran, que se enjuicien, que paguen por lo que han hecho”.