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Deja dos muertos y dos heridos un enfrentamiento en Palo Barrenado, sierra de Ajuchitlán

En la sierra del municipio Ajuchitlán del Progreso se reportó un enfrentamiento entre civiles armados en la comunidad de Palo Barrenado, donde hubo dos muertos y dos heridos.
El primer reporte mencionaba 10 hombres heridos pero el alcalde, Onofre Santana Ramírez, confirmo vía telefónica dos muertos y dos heridos según el reporte que recibió de la parte alta del municipio, pero dijo que desconocía los detalles y las causas del enfrentamiento.
Un primer reporte policiaco señalaba cuatro muertos y daba como fuente al mismo presidente municipal, quien finalmente desmintió y dijo que pudo tratarse de una confusión.
No se conocen detalles de este enfrentamiento y el gobierno del estado reporto en un boletín que partió a la sierra de Ajuchitlán un grupo de militares, para verificar la información.
Se trata de una ruta de más de 5 horas de camino desde la cabecera municipal. La población de Palo Barrenado es una localidad pequeña de no más de cinco casas que se ubica en la parte más alta de la sierra.

 

Obtuvo apoyo de Astudillo para aguinaldos y la carretera, informa el alcalde de Cocula

 

El alcalde perredista de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, informó que tras reunirse la mañana de ayer con el gobernador Héctor Astudillo Flores, éste se comprometió a rehabilitar la carretera Iguala-Cocula y a apoyar a su gobierno para subsanar algunos gastos y pagar el aguinaldo de los trabajadores.
El martes, el alcalde Ramírez Crespo había dado a conocer la solicitud de un préstamo de cuatro millones de pesos al gobernador para el pago de aguinaldos y otras deudas que le fueron heredadas por la administración de su suplente, Carlos Alberto Duarte Bahena.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la tarde de ayer, el alcalde perredista dio a conocer que en la mañana se reunieron con el mandatario estatal varios alcaldes de la entidad en la sede oficial de la Casa Guerrero, y que al término le pidió una audiencia privada, la cual le concedió.
Al alcalde se le preguntó sobre la petición del préstamo de cuatro millones de pesos que había solicitado al gobernador la semana pasada, de los cuales unos 800 mil pesos destinaría para el pago de aguinaldos de 302 trabajadores, así como para pagar otras deudas que recibió al retomar la alcaldía, como pago de teléfono, gasolina y papelería, pero dijo que hubo un compromiso y un acuerdo con el mandatario de no dar a conocer detalles sobre el tema.
Sólo dijo que “hay un apoyo bueno por parte del gobernador, y por las circunstancias que hay en el estado acordamos que eso no lo tocaríamos de manera pública, pero sí hay un apoyo para el gobierno de Cocula para subsanar algunos gastos”.
Sobre el pago de aguinaldos para los trabajadores, se limitó a decir que “por las gestiones que realizó su amigo Ulises, el aguinaldo de los trabajadores está seguro cuando menos una quincena”.
Asimismo, dio a conocer que el gobernador Astudillo Flores autorizó y dio la indicación para la rehabilitación de 12 kilómetros de la carretera estatal Iguala-Cocula, la cual está en pésimas condiciones, obra que se iniciaría a principios de enero y que beneficiará a comunidades de los municipios de Iguala, Cocula, Cuetzala y Teloloapan.

Gestionan alcaldes ante Apreza recursos para el aguinaldo

Los alcaldes de Coyuca de Catalán, Teloloapan, Cuajinicuilapa y Petatlán acudieron ayer a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado para informarse sobre el adelanto de participaciones que solicitaron para pagar los aguinaldos.
Los alcaldes acudieron por la mañana a la secretaría de Finanzas, ubicada en el edificio Acapulco del Palacio de Gobierno, donde uno a uno fueron atendidos por el titular Héctor Apreza Patrón.
De los alcaldes que asistieron sólo dos quisieron informar sobre lo tratado, el de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, y el de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño.
Urióstegui Patiño detalló que no le dieron los cuatro millones que solicitaba, por lo que tendrá que recurrir a acuerdos con proveedores para pagar las cuentas hasta el próximo año.
Por su parte, el alcalde de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, solicitó un millón de pesos para cubrir los aguinaldos de los trabajadores del ayuntamiento, además de deudas del municipio.
Durante la tarde se buscó al subsecretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, y al mismo Apreza Patrón, pero ninguno de los dos atendió la llamada para detallar más sobre la entrega de los recursos. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

“La población no quiere dimes y diretes”, dice el alcalde Evodio Velázquez

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, pidió “cordura” al fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, y a su coordinador de asesores en la alcaldía, Alberto López Rosas, pues dijo que no es momento de “echar culpas”.
Lo anterior en respuesta a los señalamientos que hizo el lunes el fiscal Olea Peláez contra el ex procurador y actual coordinador de asesores de la presidencia municipal, Alberto López Rosas, de ordenar el ataque que sufrieron los normalistas el 12 de diciembre del 2011 en el desalojo de la Autopista del Sol, donde fueron asesinados dos estudiantes.
Después de supervisar la obra de introducción de red de agua potable en la colonia Navidad de Llano Largo, el alcalde declaró que “es un tema que yo invito a la cordura, sin lugar a dudas tenemos que asumir con mucha responsabilidad porque es una fecha que enmarcó indiscutiblemente a Guerrero y en ello no es un tema de echar culpas a nadie, más bien asumir la responsabilidad que nos toca ahora”.
Abundó que “si hay pruebas que se presenten y se procesen como se deba procesar”.
“El llamado al funcionario que está inmerso en este debate y por supuesto le solicitaré que con mucha responsabilidad, así como le solicito al procurador, que se hagan menciones responsables y que se hagan menciones pensando en que hoy la población no quiere dimes y diretes”, puntualizó el alcalde.
Al mediodía respondió que no había hablado con su coordinador de asesores, Alberto López Rosas, “espero platicar con él, revisar la agenda que tenga el licenciado López Rosas y en ese sentido poder tomar decisiones”.
“Más bien no son las policías municipales, son todo el sistema policiaco, y reconocido con la presencia del Ejército”, respondió el alcalde a una pregunta sobre las declaraciones que hizo el gobernador Héctor Astudillo Flores de que los gobiernos locales no han mejorado sus policías y por eso está el Ejército en las calles.
Velázquez Aguirre agregó que su gobierno continuará trabajando para mejorar las condiciones de los policías.

Atacan con cuerno de chivo a cuatro policías de Taxco desarmados que trabajaban con militares; tres están heridos

Hombres armados a bordo de dos vehículos atacaron la tarde de ayer con fusiles AK-47 a cuatro policías municipales de Taxco desarmados, hirieron a tres de los cuales dos fueron reportados graves.
Los agentes iban en una patrulla en el barrio Reforma en la avenida de Los Plateros cerca del centro de la ciudad.
El alcalde priista Omar Jalil Flores Majul dijo que el ataque a los uniformados que hacen funciones de proximidad social, es en respuesta al trabajo con el Ejército y dio a conocer que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad.
Según reportes de fuentes policiacas de seguridad pública del estado y vecinos de la cabecera municipal de Taxco, minutos después de las 12 de la tarde ocurrió una fuerte balacera en la avenida de Los Plateros, en el punto conocido como La Curva del Manguito, lo que generó caos entre automovilistas, comerciantes y en escuelas cercanas a la zona donde padres de familia fueron por sus hijos.
Minutos después las autoridades supieron que dos grupos de hombres armados a bordo de dos vehículos, un Sentra gris y un Jetta negro atacaron con armas de grueso calibre a cuatro policías desarmados, que iban en la patrulla de la Policía Municipal 57016.
El ataque a los policías fue cuando circulaban en la avenida Los Plateros de norte a sur, afuera de la Clínica de Especialidades, cerca de una sucursal de la cadena de tiendas Oxxo. Algunas balas impactaron en la fachada de la clínica y un automóvil Volkswagen Sedan rojo que estaba estacionado afuera.
Tras la balacera la patrulla se impactó con la barda del estacionamiento del hotel Real de San Diego, a unos 50 metros de donde inició el ataque. En seguida los sicarios huyeron.
En el ataque resultaron lesionados por los impactos de bala los policías Cristian de 30 años, Mario de 35 y José Alonso de 35 años.
También se dio a conocer que iba una mujer policía que salió ilesa y que sólo tuvo una crisis nerviosa. Los tres lesionados fueron trasladados para su atención al hospital general de esa ciudad.
En la patrulla de los policías se observaron más de 30 impactos de bala, principalmente en el cofre, el parabrisas y la puerta del lado del chofer.
Según las fuentes, en la zona encontraron más de 50 casquillos percutidos de diferentes calibres, entre estos 7.62 para fusil AK-47.
Tras la agresión se dio a conocer el despliegue de un dispositivo de búsqueda de los sicarios sin que hasta la noche de ayer se hayan dado a conocer resultados.
En declaraciones vía telefónicas tras el ataque a sus policías, el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores Majúl atribuyó el hecho a una respuesta de delincuentes al trabajo coordinado que de los policías con soldados del Ejército.
Adelantó que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad en su municipio, que tiene 76 policías municipales certificados desarmados que hacen funciones de proximidad social.
También tiene el apoyo de militares y policías estatales, estos últimos que son quienes están al frente de la seguridad.
Minutos después de las 2 de la tarde el alcalde informó que sus 76 policías municipales, los cuales tienen acreditados sus exámenes de control de confianza desde 2014 –tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala- están desarmados.
Dio a conocer que a los policías les había estado pidiendo resultados en algunos ilícitos como el robo de vehículos, por lo que se coordinaron soldados del Ejército, así que cree que el ataque de ayer fue en respuesta a esas labores.
Del estado de salud de los tres policías lesionados informó que dos estaban en quirófano, “ya que les dispararon con AK-47”, otro tuvo una lesión en un brazo y la mujer fue dada de alta.
Dijo que pedirá al gobierno del estado el reforzamiento de la seguridad “porque los policías no van a querer salir a las calles después de esto”.
La zona fue vigilada por policías estatales y soldados del Ejército en tanto que la circulación vehicular fue cerrada durante la práctica de las diligencias por peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del estado.

Pide el alcalde de Cocula al gobierno estatal 4 millones de pesos para aguinaldo y deudas

 

El alcalde perredista de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, informó que solicitó al gobierno del estado un préstamo de cuatro millones de pesos para el pago de aguinaldos a los empleados del ayuntamiento.
Y dio a conocer que por falta de pagos fueron cortados la luz y el teléfono en el palacio municipal, y una agencia de autos recogió cinco vehículos que el alcalde suplente Carlos Alberto Duarte Bahena rentaba.
El alcalde informó que hasta ayer no había tenido respuesta a su petición por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien también le solicitó la semana anterior una audiencia.
En declaraciones por teléfono, el edil de Cocula, quien dio a conocer que regresaba de la Basílica de Guadalupe, a donde fue con su familia luego de haber estado ocho meses preso en un penal federal por el delito de delincuencia organizada, informó de la difícil situación en su administración por el “hoyo financiero” muy grande que recibió.
Declaró que hasta ayer no tenía recursos para pagar el aguinaldo a 302 trabajadores que tiene en nómina la administración, y para lo que necesita cerca de 800 mil pesos, para cubrir al menos una quincena de la gratificación.
Mencionó que el año pasado dio dos quincenas de aguinaldo a los trabajadores, por lo que prevé que en caso de que el estado haga el préstamo solicitado este año se pueda dar la misma prestación a los empleados, por lo que el gasto subiría a poco más de un millón 600 mil pesos, “porque los trabajadores son los menos culpables de la situación que dejó el presidente anterior”.
Dijo que solicitó entre el lunes y martes de la semana anterior al gobernador Héctor Astudillo un préstamo o adelanto de las participaciones de cuatro millones de pesos, recurso con el que pagaría el aguinaldo de los trabajadores y otras deudas heredadas.
Recordó que en días pasados tenía programada una audiencia con el gobernador, a quien le entregaría los oficios, pero coincidió con la visita del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por lo que se canceló y ya no le dieron nueva fecha.
El alcalde perredista informó que también hay adeudos de gasolina, papelería, consumibles, luz y teléfono, los cuales no fueron pagados por la administración de Duarte Bahena, y los dos últimos servicios fueron suspendidos. Mencionó que por la necesidad sólo pagaron la luz y no así la línea telefónica, la cual hasta ayer seguía suspendida.
Declaró que el alcalde suplente, Carlos Alberto Duarte, tenía cinco automóviles rentados con la agencia Nissan de esta ciudad, una camioneta X-Trail  y cuatro Tiida, los cuales cree que fueron recogidos por la agencia cuando él retomó la alcaldía y ahora no hay vehículos oficiales en qué moverse, por lo que él y los empleados utilizan sus carros particulares para realizar las gestiones de la administración.
Agregó que ni la agencia automotriz ni el ex alcalde le informaron de estos vehículos, si eran rentados o comprados, y dijo que quienes se los llevaron fueron el ex alcalde y su equipo de trabajo, por lo que desconoce con precisión si ya los entregaron a la agencia de autos porque ya no están a disposición del gobierno.
Señaló que con el dinero que solicita como préstamo al gobierno del estado también pretende comprar dos o tres vehículos para el uso de la administración.
Ramírez Crespo indicó que por algunas “estrategias” implementadas para generar ingresos propios se ha ido nivelando el pago de salarios de los trabajadores, aunque informó que con la feria que se realizó la semana pasada se hicieron gastos imprevistos de unos 400 mil pesos que no pagó la anterior administración, que fue la que inició la organización de las fiestas.
Confió en que el gobierno del estado también apoye a su gobierno con la celebración de la feria tradicional de Cocula, la cual se realizó la semana anterior y concluyó este sábado sin ningún incidente.

Acuerdan el alcalde y el Grupo de Coordinación recorridos de la Policía Federal en la capital

El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena informó que este viernes se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores y mandos militares para hacer una evaluación de la estrategia de seguridad.
En declaraciones a reporteros, luego de la entrega de certificados de bachillerato en la sala de juntas del Ayuntamiento, explicó que el acuerdo fue mantener las operaciones de revisión a automovilistas y motociclistas, así como los recorridos que de la Policía Federal.
Además dijo que las bases de operaciones del gobierno municipal que se encuentran en Petaquillas y Amojileca, ya no serán “estáticas” y se van a desplegar en diferentes puntos de Chilpancingo.
Para reforzar la seguridad en Chilpancingo, donde han ocurrido 226 asesinatos en lo que va del año, expuso que las autoridades municipales seguirán impulsando el programa de Vecino Vigilante.
Agregó que ha logrado la integración de 122 comités de Vecino Vigilante y que el objetivo en 2017 será incrementar la cifra a 200, además de que se contratará más personal para la policía de proximidad, dando prioridad a jóvenes que hayan realizado recientemente su servicio militar.
Informó que Chilpancingo cuenta con 112 policías municipales evaluados y certificados, y 24 reprobados que serán dados de baja, pero aclaró que esto no afectará las finanzas del Ayuntamiento.
De la postura del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD y algunos regidores que le pidieron que hable del problema de violencia en la ciudad para que el gobierno estatal y federal lo atiendan, y aseguraron que la capital enfrenta una situación grave de inseguridad, dijo que comprendía su postura porque son oposición.
En cuanto a la declaración del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda quien el jueves manifestó que se necesita legislar para generar un marco jurídico que defina el papel del Ejército en las labores de seguridad pública, y que los soldados no estudiaron para perseguir a delincuentes, Leyva Mena se limitó a decir que sí es necesario legislar para ofrecerle a esa institución certeza en su labor.
“El Estado mexicano le ha pedido la colaboración a una institución como el Ejército para enfrentar temas de inseguridad, temas en los que el marco legal no es el apropiado para las funciones de la Secretaría (de la Defensa) y él dice que no pueden dar los resultados que se quieren sin el marco jurídico legal, por eso se requiere la intervención del (poder) Legislativo”.
En cuanto a los trabajos de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán aseguró que han concluido, y sólo falta terminar las banquetas, pero aclaró que esto se debe a que las empresas de Izzi y Telmex no han resuelto el cableado, pero aseguró que todo estará listo para el 18 de diciembre, cuando se celebrará el tradicional paseo del Pendón.

Culpa el alcalde de Zumpango a la Sedatu de que no se pague a los municipios por la minería

 

Del fondo minero que se obtiene del cobro de los derechos especial y extraordinario sobre minería, Guerrero obtuvo 60.9 millones de pesos de la recaudación fiscal de 2014, que representa 2.9 por ciento del total que se distribuye en 25 estado de la República, y dos años después los siete municipios beneficiarios con extracción de metales han recibido sólo 30 por ciento del dinero que les corresponde.
El alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes denunció que el retraso es por el exigente proceso de comprobación que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que se ha modificado varias veces, y el delegado de la dependencia federal, José Manuel Armenta Tello, explicó que entregó anticipos del 30 por ciento, y el resto del financiamiento, conforme los alcaldes vayan entregando avances en la construcción de obras.
En el decreto del 23 de diciembre de 2013, se establece el cobro de los derechos a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, considerando los ingresos obtenidos por la actividad extractiva y tomando en cuenta el posible impacto que podría ocasionar la medida en el sector minero.
Señala que el pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería se harán en una exhibición, a fin de año, pero también habría facilidades para que las mineras “puedan efectuar pagos provisionales trimestrales a cuenta de los derechos anuales”, que “permitiría que los recursos se integren de manera eficaz al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su oportuna aplicación”.
Del total recaudado en 2014, la Sedatu informó que el fondo fue de 3 mil millones de pesos, de los cuales 20 por ciento tocan a la federación y 80 a los estados y municipios, y el financiamiento debe ser empleado “en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”, como escuelas, servicios públicos, al final rellenos sanitarios, reforestaciones y otras de impacto ambiental.
Según el boletín de la Sedatu del 21 de enero de 2016 se destinaron a los estados 2 mil 74 millones de pesos, de los cuales 2.97 por ciento corresponde a Guerrero. Aquí, ese fondo se divide en dos: 37.5 por ciento para el gobierno del estado, y 62.5 por ciento a los municipios.
De 38 millones destinados a municipios Zumpango tiene 65 por ciento, 24 millones 773 mil pesos, porque tiene la mayor extracción de minerales en su territorio. Arcelia 22 por ciento con 8.3 millones, Petatlán 7.9 por ciento que son 3 millones, La Unión 1.3 millones que representa el 3.5 por ciento, Atenango del Río en Coyuca de Catalán y Tetipac suman juntos 1.37 por ciento, que representan 552 mil 886 pesos.
De lo recaudado en 2015, que se distribuirá en 2017, especialistas estiman un incremento de la recaudación y este año, el Congreso de la Unión aprobó entregar a la Sedatu 2.5 del fondo minero para gastos de operación.

El retraso causa conflictos con las comunidades: Pablo Higuera

El alcalde de Zumpango explicó que antes del fondo minero las empresas negociaban con los ejidos y comunidades beneficios, a parte de la negociación por la renta de las tierras, pero era muy disparejo.
Zumpango, con mayor actividad minera, tiene asignados 24 millones de pesos, en agosto recibió 9 que terminó de comprobar a mediados de noviembre, porque “la democracia hace el proceso muy lento”, se quejó
denunció que reglas y procedimientos se cambian constantemente, “que siempre ponlo así, después: agrégale esto”.
A la fecha dijo que ya tiene lista la propuesta de obra pública del fondo minero de los impuestos recaudados en 2015, sin haber recibido la totalidad de 2014.
Por esta situación, aseguró que se están generando conflictos de los gobiernos con los pueblos, debido a que empresas mineras le dicen a los comisarios que ellos ya entregaron dinero para obras públicas a los municipios, y los comisarios les exigen a las autoridades que ejerzan un dinero que sigue detenido en la Sedatu.
Con los fondos del primer año de recaudación en 2014, dijo que comenzó la construcción de obras de drenaje y agua potable, y sólo ha podido pagar el anticipo a las empresas encargadas de las obras en Mezcala, Carrizalillo, Tepehuaje, Balsas Sr y alumbrado en todo el municipio. Con el de 2015, además de agua, drenaje, alumbrado, dijo que tienen previsto tecnificar la pesca, sin embargo, las obras son insuficientes para atender las necesidades de las familias afectadas por la actividad minera “donde se pierden cerros”, dijo de la devastación.
Por separado el delegado Armenta Tello explicó que 2016 se hizo la instalación del comité del fondo minero en el estado, con la participación de empresas mineras, del gobierno del estado, del gobierno federal y de los municipios. Ahí se aprueba la propuesta de obras para siete municipios.
Detalló que en las sesiones, los municipios exponen las obras que consideran prioritarias, el comité evalúa aspectos importantes que marcan reglas del programa, “eso tomó un tiempo”, y una vez aprobados se realiza una nueva reunión para la distribución de los recursos.
Aclaró que las obras que se construyen con el fondo minero son de infraestructura básica, no para resarcir el impacto ambiental, que toca evaluar a otras instancias de gobierno.
“La verdad es que fue bien recibido el programa, obviamente hay municipios que esperarían mayores ingresos por parte del fondo minero, al notar que (el municipio) Eduardo Neri tiene una cantidad importante de recursos, esperarían iguales condiciones para atenuar el malestar (social) que pudiera generar la minería, y todos esperan que en este proceso hubiese de alguna manera derrama económica que se traduce para beneficio colectivo”.

Atacan a la Tecampanera, secuestran a dos y hieren a dos en Teloloapan; señalan a La Familia Michoacana

Civiles armados presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana atacaron la tarde de ayer de forma simultánea dos bases de vigilancia de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, lo que dejó a dos lesionados.
Una hora después del ataque en el centro de la cabecera municipal dos personas fueron secuestradas.
En la tarde vía telefónica el alcalde perredista de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño confirmó los ataques y a los dos comunitarios heridos que dijo no son de gravedad, dio a conocer que hombres desconocidos intentaron levantar a una persona pero la comunitaria intervino y el plagio no ocurrió.
Asimismo informó que hasta ayer a Teloloapan no habían sido enviados policías federales ni soldados del Ejército, como prometió el gobierno del estado para reforzar la seguridad en el municipio.
A las 3:32 de la tarde de ayer, integrantes de la comunitaria Tecampanera informaron a El Sur que en ese momento había balaceras en distintos puntos de Teloloapan, que se oyeron más de 200 detonaciones de armas de grueso calibre.
Minutos después confirmaron el ataque a dos bases de seguridad, vigilancia y revisión, uno en el punto conocido como Blanca, que se ubica al oriente de la cabecera municipal y que está en el camino de terracería que va a la comunidad de Tierra Blanca y el municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco).
El otro ataque fue a la base Hornos, ubicada al poniente de Teloloapan en un camino pavimentado que comunica a la cabecera municipal con el poblado de Tianquizolco, municipio de Cuetzala, en este punto dos comunitarios fueron lesionados, al lugar llegó una ambulancia que los trasladó a un hospital de ese municipio.
Se informó que tras el ataque grupos de comunitarios de la Tecampanera salieron a los cerros a perseguir a los sicarios, quienes huyeron hacia la comunidad de Río Zayulapa, asentada en los límites del municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente, donde antes ya se había denunciado la presencia de hombres armados con vestimenta tipo militar, de una célula de La Familia Michoacana.
Cerca de la zona en la que fue el ataque a la base Hornos, comunitarios localizaron decenas de casquillos percutidos calibre .223 y 7.62 para fusiles AR-15 y AK-47.
Poco más de una hora después de los ataques, a las 5:15 de la tarde uno de los comunitarios dio a conocer que dos personas habían sido levantadas en el Zócalo de la cabecera municipal, uno de ellos un cartero y el propietario de una casa de alimento para ganado por el cual los delincuentes ya estaban exigiendo el pago de un rescate a sus familiares, para su liberación.

El gobierno no cumplió los acuerdos, se queja la Tecampanera

Por separado, otro de los comunitarios consultado sobre los hechos reclamó la falta de cumplimiento de los acuerdos del gobierno del estado para dar seguridad al municipio, luego de la reunión que sostuvieron el viernes de la semana pasada con el secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame.
Entre el miércoles y jueves de la semana pasada los comunitarios de la Tecampanera tomaron el Palacio Municipal, cerraron tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales, posteriormente retuvieron más de 24 horas unos 200 camiones y tráileres de carga de empresas trasnacionales y de empresas de servicios para presionar a las autoridades.
Ayer la fuente lamentó que los policías estatales que enviaron a la cabecera municipal y las bases de Totoltepec y Alahuixtlán, “se la pasan encerrados”, no hacen recorridos ni retenes.
Hasta minutos antes de las 8 de la noche los comunitarios no habían dado a conocer nuevos hechos ni resultados de la persecución y búsqueda de los delincuentes que atacaron sus bases.

Llegan a Tixtla 20 policías estatales, recorren la ciudad e instalan retenes en la carretera

Por indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores fueron enviadas cuatro patrullas y 20 policías estatales al municipio de Tixtla, para prevenir más hechos de violencia.
A las 8:30 de la mañana entraron a la cabecera municipal las cuatro camionetas respaldadas por otras dos de la Policía Municipal, las cuales en convoy recorrieron el centro de la ciudad para posteriormente colocarse en las salidas a Chilapa y Chilpancingo.
El reforzamiento es únicamente en la cabecera municipal, la cual cuenta con una población de 54 mil habitantes y en la que en el último mes se han cometido continuos y brutales asesinatos.
Minutos antes de que partiera el convoy del Zócalo de Tixtla, el alcalde perredista Hossein Nabor Guillén informó que este miércoles sostuvo un encuentro privado con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
Dijo que por indicaciones del gobernador se dio el encuentro en Palacio de Gobierno, donde se acordaron las operaciones en conjunto con el gobierno municipal.
“Con el secretario buscamos la posibilidad, por indicaciones reitero del gobernador, de hacer operativos conjuntos para disuadir los hechos de violencia que se han dado en las últimas semanas en el municipio de Tixtla”, agregó.
Detalló que del municipio operan en un turno sólo 20 policías, los que se unirán a los 20 del estado para resguardar las entradas y salidas de la carretera Chilpancingo-Chilapa.
Dijo que en la reunión con el secretario también se planteó la necesidad de crear un proyecto para rescatar el tejido social en el municipio, ya que para su gobierno no se considera como única herramienta para luchar contra la violencia el uso de la policía.

Hay trabajo de investigación, afirma

El alcalde fue informado por el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, que además hay trabajo de investigación de manera paralela a las operaciones de seguridad instruidos por el gobierno del estado.
Dijo que se le informó que la línea de investigación en el hallazgo de los ocho cuerpos y los otros tres cuerpos encontrados en el libramiento, corresponden a ejecuciones de la delincuencia organizada.
“Nos aseguró que la línea de investigación es la de la delincuencia organizada, todas las muertes están relacionadas con esto, lo que no puedo asegurar son datos específicos, esos están por confirmarse”, señaló.
Las cuatro camionetas y 20 policías estatales, acompañados por los 20 municipales se colocaron en dos retenes, uno frente a la gasolinería ubicada en la salida a Chilapa.
En ese retén los policías estatales revisaron las camionetas de pasajeros que provenían de  Chilapa y de Zitlala, bajaban a los usuarios para revisar sus pertenencias.
El segundo se colocó en la salida a Chilpancingo donde también revisaron a los automovilistas y conductores de motocicletas.
La mañana del martes tres hombres asesinados fueron hallados en el nuevo libramiento a Tixtla, entre ellos el ex regidor Luis Tenero Encarnación, y ese día en la noche se encontraron cinco hombres ejecutados en el viejo libramiento. Hace 11 días, el domingo 20, 9 cuerpos desmembrados fueron encontrados en la salida de la ciudad a Chilapa.

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.