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Paran labores 40 maestros de Copanatoyac ante la inseguridad; asesinan a uno de sus compañeros

Más de 40 profesores de la zona escolar 60, de la localidad na savi Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, suspendieron labores ante la inseguridad y el asesinato de uno de sus compañeros.
Los profesores pertenecen a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), y exigen una mesa de trabajo con autoridades municipales y estatales para abordar el problema de la seguridad, y adelantaron que no volverán a clases hasta que haya respuestas que cuiden su integridad.
El secretario general de la zona 60, Eliseo Espíndola, informó que tuvieron el pasado domingo una reunión en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), donde hablaron de la inseguridad en esta zona de Copanatoyac, en la que acordaron pedir una mesa de diálogo con el área jurídica de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Gobernación del estado, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para hablar del asunto.
Dijo que ahí acordaron que no irían a laborar hasta que haya condiciones, porque son más de 40 los maestros en riesgo que atienden las comunidades de Santa Cruz, Ocotepec, Ocotillo, Ocuapa y Tlacotepec.
Mencionó que desde hace tiempo padecen asaltos, robos y se han enterado de personas que han sido llevadas para robarles o matarlas, “pero nadie decía nada, sólo lo vivíamos y escuchábamos, pero ya no podemos, porque ahora mataron a un compañero”, se dolió.
El secretario general se refirió al profesor Isidro Refugio, quien fuera asesinado el pasado 18 de abril, sobre la curva del puente vehicular, cuando manejaba su carro e iba con su hija de siete años a dar clases a la comunidad de Santa Cruz, pero fue baleado por sujetos desconocidos.
Agregó que le manifestaron al jefe de sector 5, Telesforo Villegas Comonfort, su decisión de no acudir a dar clases desde este 23 de abril, hasta que las autoridades les den alternativas.
Reconoció que entre profesores sólo escuchaban sobre lo que les pasaba, pero nadie intentó hacer algo para prevenir las cosas, hasta ahora que mataron a uno de sus compañeros y que ya hace unos meses por este lugar también mataron a otro de nombre Jerónimo Solano.
Dijo que espera una respuesta de las autoridades educativas, municipales y estatales sobre la seguridad, porque aún faltan muchas cosas por hacer en abril y mayo.
Mencionó que algunos acudieron a Santa Cruz, que se enteraron de que se van a sumar y dejarán de asistir profesores de las telesecundarias, Colegios de Bachilleres y de las clínicas rurales, para no ser víctimas de la delincuencia, que ya no le basta con robar sino que asesina.
La zona escolar se integra de más de 95 maestros, y los que dan clases en estas comunidades son más de 40.
Cercano al lugar donde fue asesinado el profesor el 18 de abril, en la curva del puente, metros arriba en la Barranca Honda, el 13 de noviembre de 2017 fueron encontrados seis cadáveres, seis cabezas y dos osamentas, y varios restos óseos, los cuales aún no han sido identificados en su totalidad. (Carmen González Benicio / Tlapa).

Desde 1960 el gobierno usa el asesinato y la desaparición forzada, dicen familiares de víctimas

Familiares de desaparecidos de la década de 1970 denunciaron en un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que el gobierno desde los años 1960 utiliza el asesinato y la desaparición forzada cuando hay problemas en el estado, y reclamaron la falta de resultados en las búsquedas de sus parientes.
Durante el foro Pasos por la memoria y la verdad y la justicia, el señor Gregorio Fernández Brito (quien debería ser Hernández pero hubo un error en su acta de nacimiento cuando fue registrado), hermano de Victoria Hernández Brito una joven estudiante desaparecida el 11 de noviembre de 1976 en Iguala, expresó “desde los 60 a la fecha han querido resolver los problemas del pueblo matando al pueblo”.
Mencionó al gobernador Raúl Caballero Aburto con la matanza contra los estudiantes en Chilpancingo en 1968, al ex gobernador Raymundo Abarca Alarcón y la represión y matanza contra los manifestantes e integrantes la Asociación Cívica Guerrerense en 1962 en Iguala, a Rubén Figueroa con la matanza de Aguas Blancas, y a Ángel Aguirre con la matanza de El Charco.
Dijo que la desaparición de su hermana debe de estar presente en las nuevas generaciones porque su lucha fue para defender el acceso a la educación. En aquel año el gobernador Rubén Figueroa se opuso al funcionamiento de la Escuela de Agricultura en Iguala, y el Ejército y los policías del estado la tomaron por asalto en 1975.
Esto originó una resistencia entre alumnos y campesinos que llevó al descontento del gobernador priista, que lanzó una persecución contra los estudiantes, por el movimiento hubo encarcelados y personas desaparecidas, algunos estudiantes y campesinos secuestraron a empresarios y a cambio de la libertad de estos exigían la libertad de sus compañeros.
El 11 de noviembre de 1976 su hermana Victoria fue secuestrada de su casa, hombres que afirmaron ser compañeros de la joven llegaron y pidieron que saliera, esa fue la última vez que don Gregorio vio a su hermana. Pese a su lucha dice que no ha encontrado eco a su exigencia en el gobierno.
Por eso denunció que “el Estado protege a los secuestradores, lo sabemos, no hay seguridad en las calles pero están protegidos. Quisiera no seguir denunciándolo, sí da miedo pero más miedo si nos dejamos”, expresó ante unos diez alumnos y profesores en el auditorio de la facultad.
Dio a conocer que dos campesinos desaparecieron junto a su hermana, Crispín Bahena, originario de la comunidad de El Tomatal, y Eupidio Campo.
En el mismo panel la señora Celia Piedra, esposa del profesor Jacob Nájera Hernández egresado de la Normal de Ayotzinapa, compartió la desaparición del 2 de septiembre de 1974 en San Jerónimo, cuando policías llegaron a buscarlo y detenerlo.
Denunció que pese a la aguerrida lucha y exigencia a los presidentes que han pasado, ninguno le hace caso, incluso tratan de convencerla de desistir de su lucha, la buscan para decirle que tiene un recurso destinado con el que podría cambiar la forma en la que vive, pero se opone porque su esposo no se vende y lo seguirá buscando.
La fundadora de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que se separó de ella cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se incorporó, dijo que su esposo fue desaparecido por el Estado que lo relacionó con la guerrilla en los años 70. Después fundó el Colectivo Huella de la Memoria, que documentó más de 500 desapariciones de aquellos años en el país.
Contó que muchas familias ante la falta de respuesta de las autoridades han desistido de seguir en los movimientos. Una de las anécdotas que rememoró fue cuando por debajo de la puerta de Palacio Nacional metieron las fotografías de los desaparecidos, luego de que el ex presidente Vicente Fox se negó a atender a las familias.
En declaraciones coincidió con Gregorio que el gobierno mata al pueblo para resolver los problemas.
De su esposo dijo que fue buscado en la Normal y en su casa por los agentes del Estado, y pide a las autoridades que le digan donde está.
Una de las asistentes al foro dijo que la Universidad debe de alzar la voz por sus más de 30 desaparecidos documentados en 1970.

Piden peritos independientes para la necropsia y exhumación del cuerpo de Ranferi Hernández

A seis meses del múltiple homicidio de Ranferi Hernández Acevedo y tres de sus familiares, la Organización Campesina Vicente Guerrero solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la exhumación y necropsia de los cuerpos la realicen peritos independientes, así como que se haga en otras instalaciones, para tener un análisis serio, científico y poder esclarecer los hechos.
“No confiamos en la fiscalía de Guerrero, ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, en muchos casos”, consignó en un comunicado la organización que Ranferi Hernández constituyó en 2015.
En el texto se recuerda que este 14 de abril se cumplieron seis meses del asesinato del fundador de la organización, Ranferi Hernández Acevedo; su esposa, Lucía Hernández Dircio; su suegra, de 94 años, Juana Dircio Barrios, y su ahijado, el joven Antonio Pineda Patricio, cuando el 14 de octubre se trasladaban a Chilapa por la carretera que conecta a Ahuacuotzingo.
“A seis meses de estos hechos, la situación de violencia, tanto en la región de Chilapa, como en el estado de Guerrero y en todo el país, lejos de detenerse, se ha incrementado. Esto nos muestra el interés consciente del Estado mexicano por mantener esta situación”.
“Se trata de una guerra contra el pueblo mexicano en su conjunto, que lo denominado, a través de los medios de comunicación de paga, como ‘pugnas entre grupos del crimen organizado’, tiene como objetivo el sometimiento de la población a través del miedo. Se trata de una estrategia contrainsurgente que busca la aniquilación de la protesta social”.
De este modo se busca asegurar la implementación de las contra reformas neoliberales aprobadas en este sexenio, señala. Reformas que pretenden entregar por completo los recursos de la nación al capital extranjero y privatizar los servicios públicos, como el agua y la educación.
“El asesinato de nuestros compañeros se inscribe dentro de esta política de terror, al igual que el caso de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, en el que asesinaron a tres estudiantes, desaparecieron a 43 y varios resultaron heridos. Uno de ellos se encuentra en coma desde que sucedieron los hechos”.
“Se inscribe ahí el caso de los dirigentes campesinos asesinados en el presente sexenio: Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares y Raymundo Velázquez. Todos asesinatos selectivos que en su momento fueron denunciados por nuestro dirigente”.
En todo el país, menciona, los casos de los periodistas asesinados Miroslava Breach, Javier Valdez y Rubén Espinosa; así como la masacre de Nochixtlan, Oaxaca.
Esta guerra ha sido aplicada contra los sectores que luchan contra el sistema opresor, como campesinos, estudiantes, periodistas, maestros, mujeres, defensores de derechos humanos y ecologistas, indica.
Respecto a la investigación del caso Ranferi Hernández, agrega el comunicado, “respaldamos (la postura de) la familia del compañero y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que han planteado que la exhumación y necropsia de los cuerpos tiene que realizarse con la participación de peritos independientes, para tener un análisis serio y científico que lleve a la verdad de estos hechos, así como a la detención de los autores materiales e intelectuales de esta vil masacre”.
“No confiamos en la fiscalía de Guerrero, ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, en muchos casos. Como ejemplo están los sacerdotes asesinados en Taxco que fueron, sin ninguna investigación previa, acusados de pertenecer al crimen organizado o el caso de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, a quienes se les fabricaron pruebas para encarcelarlos, cuando ellos fueron los atacados”.
Consultados por separado, familiares de Ranferi Hernández confirmaron que están haciendo las gestiones y solicitarán a la FGE que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) el que realice la exuhumación y la necropsia.
“Queremos saber si fueron torturados y la forma en que murieron. Estaban atados de pies y manos y la Fiscalía del estado lo único que quiere es determinar si los cuerpos tienen orificios de bala, la causa de su muerte y pruebas, dicen ellos, para proceder”.
Revelaron que en noviembre, diciembre y enero pasados, la FGE urgió a la familia a realizar la exhumación de los cuerpos, pues se iban a borrar las huellas del delito.
La familia justificó que ellos y los peritos argentinos tienen conocimiento que la FGE no cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar los estudios, además de que el Servicio Medico Forense está saturado.
El comunicado concluye con el poema Ante la ilícita noche en memoria a Hernández Acevedo, compuesto por el maestro Leonel Manzano Sosa, preso político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Quiero cantar con mis coplas y el pesar del corazón, la historia de un hombre digno en un monto de emoción / Rama seca, hoja de palma ¿por qué visten nuestros cantos con la tristeza del odio y ráfagas del corsario? / Por los caminos del sur anduvo un hombre incesante, de pueblo en pueblo sembrando la semilla delirante / Que derribaba alambrados que censuraba el simulo, una ovación hoy te brindo sin elogio y con orgullo”, versan algunas estrofas del extenso escrito.

Denuncian familiares parcialidad en el juicio del presunto asesino de la doctora Adela Rivas

El juez que lleva el caso del asesinato de la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Adela Rivas Obé, Vicente Guerrero Campos desechó dos pruebas en contra del imputado EA, que demuestran su culpabilidad.
Ayer se llevó a cabo la audiencia de control judicial, en la que estuvieron presentes familiares de la doctora Rivas Obé y del imputado, así como los representantes legales de ambas partes; de acuerdo con el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas, el juez mantiene su actitud parcial en beneficio del acusado que tramitó un amparo con el que consiguió alargar el proceso en su contra hasta marzo próximo.
La audiencia, que se llevó a cabo en el juzgado de Zihuatanejo, comenzó tarde porque el imputado no fue llevado al lugar a la hora debida, 10 de la mañana, a pesar de que la cárcel está cerca de las instalaciones; y concluyó alrededor de las 6 de la tarde.
Vía telefónica, Rojas Rivas dijo que “es muy evidente que el juez colabora con la defensa del imputado”, pues durante la audiencia el abogado del acusado lo interrumpía sin hacerse acreedor a la sanción correspondiente; en cambio, la asesora jurídica de la familia de Rivas Obé, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sí fue reprimida.
Informó que las pruebas que sus representantes legales presentaron para demostrar la culpabilidad de EA, “el juez las echó para atrás con argumentos falaces de parte del abogado (del acusado), porque en ningún momento fundamentó lo que decía”. Aunque no precisó qué tipo de pruebas fueron las que se desecharon debido a la secrecía del caso, manifestó que, “si el juez hubiera sido recto e imparcial, las pruebas hubieran sido admitidas”.
Reiteró que se está buscando un juicio a modo para que EA salga en libertad. Añadió que está por resolverse un amparo que presentó la defensa del acusado, por ello la próxima audiencia podría llevarse a cabo los últimos días de febrero, o bien, los primeros de marzo.
Expresó que las audiencias suponen un agotamiento para familiares de la doctora Rivas Obé, que deben viajar desde Acapulco hasta Zihuatanejo, y aunque son resguardados por policías estatales en el trayecto, “nos estamos desgastando física y económicamente”, contrario a la familia del acusado EA, que vive en Zihuatanejo.
Consideró que “es muy grave” que en Guerrero, donde han ocurrido un número importante de feminicidios, lo suficiente como para llamar la atención del gobierno federal y que se emita alerta de género en cinco municipios, no se condene a un feminicida, “el juez está violando los derechos de nosotros como víctimas (al ser parcial), de la Constitución, y está violando su envergadura de impartidor de justicia”.
Señaló que el caso de Rivas Obé trascendió en los medios de comunicación, es importante en el estado, y debe resolverse al igual que todos los asesinatos en el estado. También dijo que la familia de la doctora no dejará de exigir justicia, y espera que pronto se cambie al juez del caso para evitar que continúe la línea parcial, pues a pesar de que EA lleva más de un año en prisión, aún no cumple la condena que le corresponde por el homicidio.
Por último, Bolívar Darío Rojas Rivas agradeció el apoyo que la familia ha recibido de distintos grupos y organizaciones sociales que se han unido a su reclamo de justicia.

Cometen dos feminicidios y un homicidio en diferentes hechos en la Montaña; hay también un herido

A las 2 de la madrugada del pasado domingo, fue asesinada a machetazos la señora Ricarda Rosendo Flores de 40 años, frente a sus hijos, en la cabecera municipal de Alpoyeca.
Según la información, el feminicidio ocurrió cuando el esposo llegó alcoholizado a su casa, empezó a insultar a la mujer y luego tomó un machete con el que le asestó varias heridas; los vecinos salieron al escuchar los gritos y vieron a la mujer en el piso, a quien auxiliaron y trasladaron al Hospital General en Tlapa, donde murió.
Por otro lado, en una emboscada la madrugada del pasado viernes 22 en el municipio de Cochoapa el Grande, fue asesinado a balazos el transportista Natalio Pérez Flores de 38 años.
Según el informe, policías municipales de Cochoapa el Grande arribaron al lugar donde se encontraron varios casquillos percutidos, y donde testigos dijeron que, alrededor de las 6 de la mañana, cuando pasaba por ahí el transportista de la ruta a San Miguel Amoltepec, hombres armados lo esperaban en el lugar, y al verlos intentó huir a pie, pero sus victimarios le dispararon por la espalda.
Por otro lado, el 21 de diciembre, en la cabecera municipal de Alcozauca, fueron agredidos a balazos por su ex marido, Beatriz Maldonado Gálvez de 26 años y su pareja, Miguel Martínez Ruiz de 28 años de edad.
Según los datos, el pasado domingo alrededor de las 6 de la tarde se recibió el reporte de que en la calle Miguel Espinobarros, en el callejón Benito Juárez había personas heridas, por lo que los policías municipales acudieron al lugar y encontraron muerta a Beatriz Maldonado.
Momentos antes se escucharon detonaciones de arma de fuego, y de la casa de la pareja salieron hombres armados, entre ellos fue identificado el ex marido.

Se deslinda la Tecampanera del asesinato del comerciante de Tlapehuala y exige investigación exhaustiva

Integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera se deslindaron del asesinato del comerciante de Tlapehuala, Armando García González, y demandan a los tres órdenes de gobierno que hagan una investigación exhaustiva para dar con los verdaderos culpables de este crimen.
En un comunicado difundido por integrantes de la guardia comunitaria de Teloloapan, se deslindan “categóricamente” de la detención del comerciante y los cinco montadores que lo acompañaban el 16 de noviembre, cuando desaparecieron en la carretera Teloloapan-Arcelia, y que la tarde del domingo fue hallado asesinado Armando García a orilla de la carretera cerca de la comunidad de Alpixafia, municipio de Teloloapan.
“Rechazamos categóricamente las acusaciones lanzadas por quienes se dicen familiares del comerciante Armando García González, de Tlapehuala, en el sentido de haberlo retenido, con las que se busca criminalizar y deslegitimar al movimiento, y manifiesta su total rechazo y su total extrañeza ante ellas. Rechazo, por infundadas e irresponsables. Extrañeza, por sospechosas”.
Advierte que no cederá a provocaciones ni actuará con irresponsabilidad ante tales señalamientos, como hasta ahora lo ha hecho. “Aún al contrario, manifestamos pese a todo, nuestra solidaridad con la familia del comerciante Armando García González y con las familias de los 5 jinetes que, de acuerdo con los medios de comunicación, desaparecieron sobre la carretera federal Teloloapan-Arcelia el 16 de noviembre”.
En el comunicado, los policías comunitarios señalan una lista de presuntos miembros de la delincuencia organizada de La Familia Michoacana, a quienes responsabilizan de la ola de violencia, secuestros y asesinatos en esa zona: Esteban Trujillo Urieta El Flaco o Huesos, Josué López Hernández El Colima, Armando Jaimes Lagunas El Martillo, Miguel Ángel Terán Jaimes El Soldadín y Wilbert Eliseo Rodríguez Núñez El 80. (Alejandro Guerrero / Iguala).

No murieron en un enfrentamiento los dos hermanos en Atzcala; iban directo contra ellos, dicen testigos

Habitantes de Aztcala, municipio de Cocula, que la noche del 18 de noviembre presenciaron el asesinato de los hermanos Javier y Marcelino Sahuatitla Peña, negaron que hayan muerto en un enfrentamiento, como aseguran la minera Torex Gold, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia. Los testigos aseguran que los agresores iban directamente en contra de los dos hermanos.
Consultados en el lugar donde la noche del sábado pasado cayeron muertos los hermanos Sahuatitla Peña, contaron que la noche del 18 de noviembre, quienes mataron a Javier y Marcelino llegaron al plantón ubicado en Atzcala, acompañados de agentes de la Gendarmería.
Algunos testigos los vieron llegar encapuchados, y cuando supieron dónde estaban sus víctimas se fueron sobre ellos directamente, los bajaron de su camioneta y los llevaron hasta la carretera, en donde les dispararon. A un habitante de Aztcala sólo lo golpearon.
“Es mentira que haya sido un enfrentamiento, nosotros no teníamos armas, somos un movimiento laboral pacífico, vinieron a agredirnos”, declaró una mujer que estuvo esa noche en el plantón, quien se quejó de que la versión oficial que han publicado los medios de comunicación está afectando a ese pueblo, porque dice que esa noche estaban armados y que se enfrentaron con los que llegaron.
“Nos califican como gente mala, pero aquí no tenemos armas, fueron ellos los agresores, pero aquí nadie nos ha venido a preguntar cómo ocurrieron las cosas”, dijo junto a dos veladoras y dos maceteros con flores, justo en el lugar donde cayeron muertos Javier y Marcelino, en medio de la carretera que cruza el pueblo, pasa por la minera Media Luma y llega a Nuevo Balsas.
La mujer contó que por esa dirección llegaron y por ahí se regresaron los agresores.
En este lugar, los plantonistas fueron visitados ayer por una comisión de integrantes del movimiento Pro AMLO. Después, ante ellos, contaron su versión a los reporteros.
La mayoría tuvo temor de hablar abiertamente ante los riesgos de represalias, por lo que pidió resguardar su identidad.
Una de las plantonistas contó que esa noche, entre 9 y 9:30, ella ya casi se retiraba a su casa y andaba con una taza de café en la mano cuando vio llegar a los agresores. “Yo vi que venían con la Gendarmería, cuando menos vi una patrulla. Después todo pasó tan rápido, no nos pudimos defender, aquí nadie tenía armas, estamos así, sin nada, porque se supone que es un paro laboral nada más, no es cosa de pleitos”, insistió.
Explicó que los hermanos asesinados apoyaban al plantón dándoles gasolina y que esa noche estaban al lado de su camioneta a orillas de la carretera, y que cuando vieron que llegaron los hombres armados se subieron y trataron de esconderse, pero fueron por ellos, “y uno (de los agresores) dijo, ‘aquí están, en la camioneta’”.
Agregó que, después los bajaron y los llevaron a la carretera en donde los mataron frente a unos 60 plantonistas.
Explicó que los agresores llegaron en tres o cuatro camionetas, una de ellas era una patrulla de la Gendarmería, y que todos iban cubiertos del rostro, “a mi hijo le arrebataron su celular, estaba viendo una película, después se lo regresaron”.
La mujer declaró que cuando llegaron hicieron disparos al aire y mostró una lona con varios agujeros de bala. Añadió que entonces todos los del plantón empezaron a correr en distintas direcciones mientras los agresores les gritaban, “¡no corran, hijos de la chingada!”.
Insistió en que es mentira que haya sido un enfrentamiento, “ellos (los asesinados) no hicieron nada, yo estuve aquí. Aquí estuvieron los de la Gendarmería, ellos vieron, y, al contrario, escoltaron a los agresores y los dejaron ir”, acusó.
Reprochó que “no es justo que vengan a hacer eso, que vengan a asustar a los niños, había muchos aquí, ahora sí que no se vale”.
Otros plantonistas contaron que Javier y Marcelino trabajaban para la empresa Dimi Construcciones, que además de haber sido subcontratada por la minera para el abastecimiento de gasolina y diésel, también hace obras dentro de la mina.
Incluso, aseguraron que las dos víctimas eran nietos de quien fundó la empresa Dimi Construcciones, y que vivían en Tonalapa del Sur, municipio de Tepecoacuilco.
Explicaron que Dimi Construcciones tiene varias pipas y camiones de volteo, con los que surte gasolina y realiza trabajos de obras a la minera Media Luna.

Polarización política por el conflicto en Media Luna

Acude grupo Pro-AMLO al paro a la minera
de Cocula y se solidariza con los trabajadores

El miércoles los visitó un representante del sindicato canadiense Unifor, y se comprometió a intervenir ante el primer ministro James Trudeau para que llame a dialogar a los empresarios de Torex Gold Resources, informa el delegado sindical. Empresas extranjeras como Media Luna se quieren llevar el oro con sangre y con la vida de los guerrerenses, reprocha Misael Medrano

Zacarías Cervantes

Nuevo Balsas, Cocula

Una comisión del movimiento Pro AMLO visitó este jueves a los trabajadores en paro de la minera Media Luna, para manifestarles su solidaridad tras el asesinato de la noche del sábado de dos trabajadores simpatizantes del movimiento.
El delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Indalecio Pérez Morones dijo en un mitin en el lugar donde cayeron abatidos los hermanos Javier y Marcelino Sahuatitla Peña, que por la cerrazón de la empresa minera y la apatía de los gobiernos federal y estatal para atender el conflicto, el movimiento se ha convertido en obrero y campesino, porque los habitantes de los pueblos vecinos se han sumado para exigir también respeto a sus derechos.
Por su parte, los dirigentes del movimiento Pro-AMLO se comprometieron a llevar sus demandas a otras instancias y promover el movimiento en las reuniones que tengan en todo el estado. Asimismo les pidieron que no abandonen la lucha y ofrecieron recolectar víveres para llevárselos en una próxima visita.
El miércoles en la tarde los trabajadores en paro recibieron también la visita y solidaridad del dirigente del sindicato Unifor, uno de los más grandes de Canadá, Jerry Días, quien se comprometió a intervenir ante el primer ministro de Canadá, Justin Pierre James Trudeau para que llame a dialogar a los empresarios de Torex Gold Resources con los trabajadores, informó Pérez Morones.
Ayer la caravana de integrantes del movimiento Pro-AMLO llegó primero al plantón de Aztcala y encabezó un breve mitin en el lugar, donde la noche del sábado cayeron abatidos los hermanos Javier y Marcelino Sahuatitla. Alrededor de dos veladoras y dos maceteros unos 50 trabajadores y pobladores, así como los integrantes de la comisión de lopezobradoristas guardaron un minuto de silencio en honor de los caídos.
Pérez Morones dijo después que el movimiento se ha convertido en obrero y campesino, porque los habitantes de las comunidades aledañas a la mina se han unido debido a que la empresa no ha cumplido con los compromisos que tiene con ellos.
“Este movimiento ahora está más fuerte que nunca, y no solamente en Guerrero, ya trascendió internacionalmente, están enterados los sindicatos internacionales”, dijo en su intervención.
Destacó que estas agrupaciones internacionales están enteradas de las agresiones que han sufrido los paristas de la minera Media Luna, por parte de la empresa y de los líderes cetemistas.
“Ellos le apostaron a la violencia y aquí está la prueba, hasta aquí se trasladaron para venir a acribillar a dos compañeros, pero con eso no nos van a callar, al contrario, eso nos da más fuerza, más resistencia y más unidad ante estas empresas extranjeras y ante nuestros gobiernos que se han mantenido en un estado de confort, y no han querido escuchar nuestras justas demandas”, se quejó el delegado sindical.
Agregó que con este movimiento se va a hacer valer no sólo el derecho de los trabajadores de la minera Media Luna, sino también el de las comunidades “donde la empresa se vino a asentar para llevarse las riquezas y dejar las miserias, la contaminación, enfermedades, enfrentamientos y divisionismo entre los pueblos”.
Denunció que a eso le apuestan los empresarios y el gobierno, pero que los trabajadores con los pueblos no lo van a permitir mediante la unidad que se ha dado, de obreros y campesinos, “daremos la lucha para obligar a la empresa que respete a trabajadores y habitantes de las comunidades, y también para que las autoridades escuchen nuestras justas demandas y que hagan que las empresas internacionales respeten a los mexicanos”, expresó.
Después la caravana del grupo Pro-AMLO se trasladó a la puerta Tres de la minera Media Luna en donde se encuentra el mayor número de trabajadores en plantón.
Encabezó al grupo el vocero Misael Medrano Baza y acudieron Apolinar Segueda Dorantes, Félix Bautista Matías, Saúl López Sollano, Neftalí Parra, Carlos Sánchez Barrios, Hilario Zúñiga Escamilla, Benjamín Adame Pereira, Erika Salgado, Marta García y Marcos Hernández Díaz.

Responsabiliza a la CTM de los asesinatos contra los dos trabajadores

En la puerta Medrano Baza condenó que las mineras extranjeras como Media Luna que es filial de la canadiense Torex Gold, se quieran llevar el oro con sangre y con la vida de los guerrerenses. Asimismo exigió a estas empresas respeto a la libre sindicalización de los trabajadores y a los derechos de los pueblos.
Criticó que ni si quiera líderes de la CTM como Antelmo Alvarado García, han incurrido en prácticas como el ahora dirigente de esa central obrara Cuauhtémoc Plascencia, de quien, dijo, “compró la franquicia de ese sindicato blanco” y los responsabilizó del asesinato de los dos trabajadores de Media Luna.
“En Pro-AMLO no vamos a permitir que se cometan estas tropelías en Guerrero y que el gobierno se convierta en vocero de la empresa”, advirtió.
Ofreció a los sindicalistas una campaña de acopio de víveres para llevárselos, y que promoverá su movimiento en todas las reuniones que tenga.
A su vez Erika Salgado integrante del Frente Democrático de Trabajadores de Salud, exhortó a los trabajadores a que se mantengan unidos, “no se dejen vencer, estamos en nuestra tierra, en nuestro estado, en México, y no puede venir nadie de fuera a cometer este tipo de atropellos”.
El dirigente de la UTD, Apolinar Segueda, dijo que el problema no es que vengan las mineras extranjeras, “el problema es que vengan a cometer estas barbaridades y luego se vayan y nos dejen nuestras tierras, que ahora son bonitas, abandonadas, desiertas y contaminadas”.
Carlos Sánchez dijo que “desde luego que queremos inversiones y fuentes de trabajo en Guerrero”, pero también es importante defender el derecho al trabajo, a la vida y al medio ambiente. Añadió que más allá del interés de que existan inversiones se debe anteponer el derecho al trabajo y a la vida.
También pidió “imprimir un carácter político al movimiento” para no dejarse vencer, porque dijo que el propio López Obrador ha dicho que el 40 por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas extranjeras, “y es importante que defendamos lo nuestro”.
Marcos Hernández quien es vecino de la región, alertó que la empresa está utilizando muchas estrategias para dividirlos. Contó que la noche del miércoles, mediante aparatos de sonido estuvo anunciado en Nuevo Balsas que los paristas advirtieron al comisario y al comandante de la policía comunitaria que si no enviaban al plantón a los habitantes que no se han querido sumar al paro se atuvieran a las consecuencias.
También denunció que un compromiso de la minera cuando se reubicaron los pueblos de Real de Limón y La Fundición fue la pavimentación de su carretera, desde el entronque de la carretera Nuevo Balsas-Atzcala, pero no cumplió y que dejó la obra al gobierno del estado que tampoco ha cumplido, y ahora él se ha convertido en el gestor ante diversas instancias para la pavimentación del camino.
Al final el dirigente del Sindicato de Mineros en huelga de Taxco, Roberto Hernández Mojica quien fungió como enlace del movimiento Pro-AMLO con los paristas, advirtió que tras el asesinato de los hermanos Javier y Marcelino los trabajadores ya no piden el recuento, sino directamente la firma del contrato colectivo con el SNTMMSSRM.

Visita el dirigente de Unifor a los paristas

El delegado de SNTMMSSRM, Pérez Morones pidió a los integrantes del grupo Pro-AMLO que intervengan ante el Congreso local para que emitan un punto de acuerdo a favor de la solución del paro laboral, también les pidió que presionen para que políticos y autoridades se pronuncien y visiten a los trabajadores guerrerenses en paro, ante las agresiones de la empresa minera extranjera, “aquí y ahora los queremos ver, no solamente en campañas”.
Informó que la tarde del miércoles también visitó y se solidarizó con los trabajadores en paro el dirigente de Unifor, uno de los sindicatos más grandes de Canadá, Jerry Días.
Informó que el dirigente sindical canadiense se comprometió a intervenir ante el primer ministro de Canadá, Justin Pierre James Trudeau, para que llame a dialogar a los empresarios de Torex Gold Resources con los trabajadores.
Jerry Días estuvo a las 5 de la tarde en el plantón de la puerta 3 de la minera y posteriormente se trasladó al bloqueo de Aztcala.
Consultado en el plantón Pérez Morones dijo que a 21 días de paro la empresa sigue sin darles la cara a los trabajadores, “y no nos vamos a mover hasta que la empresa nos dé la cara en una mesa de diálogo, en donde podamos encontrar las mejores alternativas para solucionar este conflicto”.
Reiteró que la única petición es que la minera desconozca el Contrato Colectivo que tiene con el sindicato de la CTM para que los trabajadores se puedan adherir al SNTMMSSRM, “porque este ya es un acuerdo unánime de los trabajadores que laboran para esta empresa”.
Dijo que los trabajadores están decididos a que si no se les concede el derecho a afiliarse al sindicato que ellos quieren, exigirán la cancelación de la concesión a la minera Media Luna, “por la falta de compromisos no solamente con los trabajadores, sino con los pueblos vecinos”.
Insistió en que el sindicato no está en contra de la empresa, de su fuente de empleo, las inversiones o el desarrollo de la región, sino que solamente piden que la minera respete sus derechos y cumpla sus compromisos.
Citó como ejemplo que el SNTMMSSRM ha venido trabajando con la minera Lea Gold que explota la mina Los Filos/El Bermejal en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, y que nunca han tenido problemas.
Además aseguró que en esta mina los trabajadores tienen los mejores salarios y prestaciones, sin que se haya afectado económicamente a la empresa.
En cambio denunció que en la minera Media Luna se cataloga a los trabajadores en dos grupos: los “locales y “foráneos”. Declaró que los primeros ganan salarios de mil 500 a la semana, mientras que los segundos de 4 mil 500 a 5 mil pesos libres a la semana porque les pagan viáticos, habitación, comida y todos los servicios, “eso es lo que nos parece injusto y discriminatorio para los trabajadores y es lo que queremos cambiar”.

El paro de Media Luna es ilegal; son sólo 22 de 600 sindicalizados, dice el delegado de la Secretaría del Trabajo

Karla Galarce Sosa

El delegado en Guerrero de la Secretaría del Trabajo, Felipe de Jesús Delgadillo Blanno dijo que el paro en la minera Media Luna es “ilegal”, y que sólo 22 de los 600 trabajadores sindicalizados participan en él, respaldados por habitantes de pueblos aledaños.
En conferencia de prensa en un restaurante en Acapulco, el funcionario federal sostuvo que el paro provoca pérdidas a la empresa porque los inconformes bloquean los accesos, y desde el punto de vista laboral no hay quejas contra la minera de parte de la CTM, que ostenta el contrato colectivo de trabajo.
“Existe un paro laboral ilegal que instalaron desde el día 3 de noviembre por parte del señor Indalecio Pérez, que es el representante del Sindicato Nacional de Mineros, de Napoleón Gómez Urrutia, y que están peleando la titularidad del contrato colectivo de trabajo (con la CTM que preside Lourdes Plasencia)”, explicó el funcionario federal.
“Es una situación entre sindicatos. El paro es ilegal. Los trabajadores han sido engañados y los han involucrado en un paro que no tiene sustento legal, porque la ley lo marca claramente, que para la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, para obtenerla se necesita un recuento y esos recuentos se llevan a cabo a través de las juntas federales de Conciliación y Arbitraje”, destacó.

Los apoyan habitantes de comunidades a

Comentó que la minera Media Luna tiene 650 trabajadores en total, 50 de ellos son de confianza y 600 están agremiados a la CTM.
Dijo que en el paro participan 22 trabajadores sindicalizados, apoyados por habitantes de comunidades aledañas, a quienes les han prometido que los van a contratar manipulando sus discursos “políticamente”.
Precisó que el recuento fue promovido por el Sindicato de Mineros, aunque transcurrirán seis meses para que se haga tal recuento, y mientras tanto, los trabajadores deben seguir trabajando de manera normal.
“En lugar de manejar el tema como un recuento laboral, lo está manejando como un paro, pero desgraciadamente están siendo engañados (los trabajadores). Estuve dos días después de que comenzó el paro y platiqué con Indalecio (Pérez Morones, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, SNTMMSRM). Le dije cuál es el procedimiento para hacer un cambio de sindicato… Y nos dijo, ‘el gobierno es muy tardado nosotros vamos a hacer esto porque así es la única manera que vamos a lograr el cambio de sindicato’, queriendo forzar a la empresa (para que firme con ellos) el contrato (colectivo), pero que serían inválido porque teniendo un sindicato titular no puede haber un contrato sobre otro contrato”.
Delgadillo insistió en que se trata de un paro ilegal, porque están bloqueando el acceso a las instalaciones de la mina e impiden que los trabajadores entren a su centro de trabajo.
Comentó que durante la visita que hizo dos días después de que el paro se instaló, observó que los trabajadores pueden ingresar a la mina para laborar; no obstante, la empresa debe hacer conciencia entre ellos para que vuelvan a su centro de trabajo.
“Lo que yo vi allí es que no hay violencia. Todo está muy tranquilo, la cuestión es que el sindicato que quiere tomar el control debe hacerlo (mediante) canales adecuados y hacer legalmente sus demandas ante la Junta de Conciliación. Los trabajadores no saben que no está bloqueado el acceso y ellos deben saber que su fuente de trabajo allí está, y los está esperando. Obviamente, si dejan de acudir la empresa va a dejar de pagarles”, advirtió.
Añadió que, la dependencia busca proteger los derechos de los trabajadores, pues verifica con inspecciones que eso ocurra.
“He hecho las inspecciones… a la empresa, y las condiciones generales de trabajo han sido cumplidas. No tengo quejas sobre esta empresa y la manera en la que puedo intervenir es invitando a los trabajadores a que trabajen, y si hay algún conflicto entre los sindicatos, sean ellos los que diriman y aclaren ante la Junta de Conciliación y Arbitraje”, expresó.

Los asesinados no trabajaban en la empresa

Sobre el asesinato de dos trabajadores que apoyaban el paro, Delgadillo insistió en que no son trabajadores de la mina, “no son reconocidos por la empresa, inclusive ya hay declaraciones del gobierno del estado en las cuales se establece que no forman parte de este asunto. El gobernador (Héctor Astudillo Flores) ha estado muy al tanto desde un inicio, nos solicitó intervención y estuve allá con el Secretario del Trabajo (estatal, Oscar Rangel Miravete). No se ha generado ningún acto de violencia, la disputa es una cuestión sindical por la titularidad del contrato colectivo de trabajo que tienen los líderes del sindicato minero, que quieren una parte, y los de la CTM que son los que tienen otra parte, pero la mayoría o la minoría de los trabajadores debe ser determinada por un recuento laboral”, señaló.

No murieron en un enfrentamiento los dos hermanos en Atzcala; iban directo contra ellos, dicen testigos

Quienes mataron a Javier y Marcelino Sahuatitla Peña, llegaron al plantón acompañados de agentes de la Gendarmería, afirman. “Nosotros no teníamos armas, somos un movimiento laboral pacífico, vinieron a agredirnos”, dice una mujer que estuvo en el lugar durante la agresión

Zacarías Cervantes

Aztcala, Cocula

Este año, el de más asesinatos en dos décadas en Guerrero; sigue primero

Este año, el de más asesinatos en dos décadas; Guerrero sigue como primero en ese delito

El Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob reporta un promedio de siete homicidios diarios, y en 10 meses suman 2 mil 85 casos, de los cuales 227 se cometieron en octubre

Lourdes Chávez

Chilpancingo

De enero a octubre de 2017 se registró el mayor número de homicidios dolosos de los últimos 20 años en Guerrero, con 227 asesinatos el mes pasado, con lo que suman 2 mil 85 casos, el doble de lo reportado en el mismo periodo de 1997.
El reporte es del informe de víctimas de homicidios dolosos en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad, que actualiza cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según los datos oficiales en diez meses se superó el total anual de homicidios dolosos cometidos en 2015, que cerró el año con 2 mil 16 casos. Aunque 2016 cerró en 2 mil 213 homicidios dolosos para octubre había mil 832 asesinatos.
Las bases de datos indican que de enero a octubre de 2007 en Guerrero se registraron mil 14 homicidios dolosos, que representa 48 por ciento de los registrados este año, y 87.7 por ciento de los ocurridos en 2016. Incluso 2011, uno de los años más violentos en dos décadas, se encuentra 8.7 por ciento abajo de las muertes dolosas de 2017, en un comparativo de diez años.
Con un promedio de siete homicidios diarios se confirma como el estado con más homicidios dolosos de la República mexicana, por encima del Estado de México, que del primero enero al 31 de octubre registró mil 954, Baja California mil 914 y Chihuahua mil 640.
De acuerdo con la estadística del informe de víctimas en enero se documentaron en Guerrero 165 homicidios dolosos, en febrero 175, en marzo 210, en abril 189, en mayo 216, en junio 206, en julio 250, en agosto 232 y en septiembre 215 casos y octubre 227.
De 227 asesinatos en octubre, 125 fueron cometidos por arma de fuego (55 por ciento), siete con arma blanca y en 66 (29 por ciento) no hay datos precisos, sólo se clasifican como otros.
Se reportan 46 casos de homicidios culposos, que suman 475 en diez meses, 12 denuncias de extorsión en el mes, 145 en lo que va del año y seis secuestros, que dan 50 casos en 2017.
Por otro lado, el reporte de Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, señala 198 homicidios dolosos ocurridos en octubre, que acumulan mil 924 casos en lo que va del año. Con estos datos se estima una tasa de 53.34 homicidios en la entidad por cada 100 mil habitantes.
Guerrero mantiene el primer sitio de asesinatos encima de Baja California donde se registran mil 733 homicidios dolosos en el año.
La entidad está en el sexto lugar del país con más robo de vehículos, abajo del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa y Puebla. Tiene reportes de 2 mil 186, de los cuales 905 fueron en asaltos violentos. La mayoría ocurren en robos sin violencia. En octubre, se reportaron 459 robos de vehículos, 395 sin violencia.
Con 54 secuestros en lo que va del año, las cifras oficiales indican una tasa de 1.5 secuestros por cada cien mil habitantes. Asimismo en extorsión, con 144 casos, se habla de una tasa de 3.99 en este delito.
Los datos se presentan con una advertencia en las dos bases de datos, que la incidencia delictiva “se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de los datos”.

Asesinan a la niña de 13 años desaparecida hace 10 días en Chilapa; hallan el cuerpo en una carretera de terracería

Luis Blancas

Chilpancingo

La niña Diana Paulina Rendón Alcaraz de 13 años quien desapareció hace 10 días fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a la comunidad de Acazacatla.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos después de las 7 de la mañana recibieron un reporte del hallazgo del cuerpo de una mujer en esta carretera.
Al lugar llegaron policías estatales que confirmaron la presencia del cuerpo en la orilla de la carretera, vestía una blusa con manga larga verde con rayas blancas, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros.
Después de las 2 de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado era de Diana Paulina.
El jueves la FGE público en su cuenta de Facebook la Alerta Ámber número AAGRO-115-2017 por la niña que desapareció el 12 de noviembre en Chilapa.
Policías estatales, municipales y ministeriales acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que la FGE pondrá todos los recursos humanos para investigar la muerte de niña y llevar ante la justicia a los responsables.
Álvarez Heredia difundió la noche de ayer un comunicado en el que expresó su repudio y consternación por el crimen de la niña.
El vocero de seguridad aceptó “que casos como éste generan indignación y lastiman a la sociedad guerrerense, por lo que la Fiscalía dará prioridad a la carpeta de investigación 12040190100505211117 que se integró por el delito de homicidio”.

El comerciante de Tlapehuala desapareció con cinco montadores de toros de Iguala
En la última comunicación por teléfono dijo que se iba detener en un retén de la Policía Comunitaria de Teloloapan, informa su hermano
Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Al comerciante de Tlapehuala Armando García González, que desapareció el 16 de noviembre, lo acompañaban cinco montadores de toros originarios de Iguala que también están desaparecidos, informó su hermano, Alejandro García.
Armando es también hermano del perredista y simpatizante de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, José Francisco García González, que dio a conocer el caso este lunes. Ayer, Alejandro informó que a la fecha las autoridades no han localizado a los seis.
Expuso Alejandro García que Armando salió de Chilpancingo el 16 de noviembre rumbo a Iguala y ahí se encontró con los montadores que participarían en la feria de una comunidad de Tlapehuala.
En su última llamada que fue entre las 7 y 7:30 de la noche, Armando García se comunicó con una de sus sobrinas y le informó que estaba por salir de Teloloapan, colgó porque iba a detenerse en un retén de la Policía Comunitaria de ese municipio, desde entonces no se sabe nada de él ni de sus acompañantes, sus familiares tampoco recibieron llamadas para pedir rescate.
Alejandro García estuvo ayer en la conferencia de prensa de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales y Estudiantiles en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), ahí dio a conocer la desaparición de su hermano y los montadores que viajaban en un vehículo tipo Chevy verde.
Según Alejandro García su hermano Carlos denunció ante el Ministerio Público (MP), la Fiscalía General del Estado (FGE) e incluso la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) sin que a la fecha las autoridades informen algún avance en la localización de los desaparecidos, “se echan la bolita” con la Policía Comunitaria.
Expresó que su familia se ha dedicado al comercio y a la lucha social además de que es conocida en la región Tierra Caliente, sospechó que su hermano y sus acompañantes pudieron ser confundidos por la delincuencia organizada.
Dijo que contrario a lo que presume el gobernador, Héctor Astudillo Flores, la seguridad en la región Tierra Caliente no está garantizada, la zona es intransitable y la sociedad está a manos de los delincuentes, por lo que lo llamó a intervenir para mejorar la situación.

Rompen homicidios récord en octubre
Antonio Baranda/Agencia Reforma

Ciudad de México

En octubre pasado se iniciaron 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso, la cifra mensual más alta de que se tenga registro en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hasta ahora, el récord histórico era de junio de este año, que sumó 2 mil 238 asesinatos intencionales.
El número de homicidios dolosos durante los primeros 10 meses de este año es 23.6 por ciento mayor al registrado en el mismo periodo de 2016, con 16 mil 881.
Además, la cifra del periodo enero-octubre ya supera en 1.6 por ciento la registrada durante todo el año anterior.
De mantenerse el promedio mensual de 2 mil 87 homicidios dolosos en el último bimestre, 2017 se convertirá en el año más violento.
Incluso podría superar la barrera de los 25 mil casos anuales, siendo hasta ahora 2011 el año más violento al sumar 22 mil 855.
La espiral de violencia comenzó a mediados de 2016 y no ha podido ser frenada pese al despliegue de miles de elementos de fuerzas federales en puntos considerados como focos rojos.
Tampoco han funcionado las estrategias emergentes, como el plan de seguridad en los 50 municipios más violentos del país.

Suben otros delitos de impacto

El homicidio doloso no es el único delito considerado de alto impacto que ha aumentado este año.
Los secuestros, en el fuero común, subieron 4.8 por ciento en los primeros 10 meses de 2017, respecto al mismo periodo de 2016.
Datos del SESNSP indican que el robo de vehículo con violencia aumentó 40.9 por ciento en el mismo lapso, e incluso ya superó la cifra de todo el año pasado.
En tanto, el robo de vehículo sin violencia creció 7 por ciento, al pasar de 96 mil 704 a 103 mil 521.
El Gobierno federal ha justificado el aumento de la violencia con la fragmentación de los grupos delictivos, enfrentamientos entre bandas, debilidad de las Policías, liberación de detenidos con armas de fuego e incluso los cambios de Gobierno.

Repudian en la sesión del Congreso el asesinato de una adolescente de 13 años en Chilapa

Guardan un minuto de silencio por Diana Paulina a propuesta del diputado Ricardo Mejía quien preguntó: “Hasta dónde hemos llegado como sociedad? Además los diputados locales exhortan al ayuntamiento de Coyuca de Benítez a que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Pleno del Congreso de Guerrero guardó un minuto de silencio en memoria de la adolescente Diana Paulina Rendón Alcaraz, desaparecida desde el 12 de noviembre y que fue hallada asesinada este martes en Chilapa, en un camino que conduce a la comunidad de Acazacatla.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, subió a tribuna donde dijo “vengo profundamente conmovido”, por el asesinato de la adolescente, y recordó que tras su desaparición se emitió una alerta Amber.
La víctima fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a Acazacatla, “tirada, arrojada, asesinada, exhibida… una niña de 13 años”.
El diputado de MC subió a tribuna porque manifestó que el episodio no solamente es un caso de impunidad o afectación a las mujeres, “sino ¿por qué hasta dónde estamos llegando como sociedad? Yo creo que el Congreso no puede sólo generar una reprobación o llamar la atención de la autoridad cuando se trata de asesinatos o hechos brutales cometidos contra políticos o luchadores sociales”.
Ayer por la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte de que había el cuerpo de una mujer tendida en la carretera que conduce a Acazacatla.
Y en el el transcurso de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado en Chilapa correspondía a la adolescente.

Se han cometido 239 homicidios en el municipio de Costa Grande desde 2015

También se aprobó por unanimidad un exhorto al ayuntamiento de Coyuca de Benítez, para que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”, y que realice “programas y proyectos en el que se fortalezca los valores de la familia que permitan contener el incremento de los índices de inseguridad en el municipio”
El coordinador de los diputados de MC presentó la propuesta como asunto de urgente y obvia resolución. Argumentó que de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante 2015, 2016 y 2017, en Coyuca de Benítez se han cometido 239 homicidios dolosos.
Y que representa el 4.2 por ciento de los homicidios que se cometen anualmente en Guerrero, en contraste, la población de Coyuca de Benítez representa sólo el 2.1 del total estatal.
En el mismo municipio van a la alza otros delitos del fuero común “de alto impacto social”, como las lesiones dolosas, el robo, el secuestro y la extorsión.
“Algo no se está haciendo bien en Coyuca de Benítez. En materia de seguridad pública, es claro que ahí, no se ha podido contener la actividad de la delincuencia y al contrario parece ir en aumento”, dijo en tribuna Mejía Berdeja.
En el punto de acuerdo consideraron los diputados de MC que Coyuca de Benítez, tendrá que atender la inseguridad y realizar una plataforma de desarrollo social, de bienestar humano y de crecimiento económico y que, por tanto, requiere de atención prioritaria, eficaz y constante”. Coyuca de Benítez es gobernado por el priista Javier Escobar Parra.
Ricardo Mejía relacionó la violencia en el municipio a la cercanía con Acapulco, “la ciudad más violenta del país, y que, consecuentemente, debería de realizar mayores esfuerzos las autoridades para contener la expansión de la delincuencia que opera en el puerto, hacia los municipios circunvecinos y hacia la Costa Grande del Estado, mejorando la coordinación institucional en la materia, incrementando su estado de fuerza policial y previniendo el delito, en su territorio, dentro del marco constitucional que le corresponde”.
Originalmente en el orden del día, el exhorto estaba dirigido al secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, pero tras un acuerdo de la fracción de MC y la del PRI, únicamente se dirigió al alcalde.
Por su parte el perredista, Ociel García, señaló que no se puede transitar “como si nada” en Chilpancingo, Acapulco, Tierra Caliente y Costa Grande.
En el caso de la Costa Chica dijo que “todavía se puede andar”, aunque señaló que en el municipio de Cuajinicuilapa ya se están “complicando las cosas”.
Reconoció que muchos diputados no hablan del tema de la violencia por temor, pero recordó que como legisladores deben tener el compromiso con la sociedad, y coadyuvar con las autoridades para que se pueda resolver el problema de la inseguridad.
“Si hoy no alzamos la voz, vamos seguir rebasados en temas de seguridad, hoy los legisladores tenemos un compromiso real con la ciudadana, de velar por lo menos por el concepto mínimo que debe tener la gente, la seguridad, pero pocos diputados lo hacen por temor, ¿quien no tenga temor?”.
El perredista afirmó que “Guerrero está siendo rebasado”, por ello llamó al gobierno federal, estatal y municipal para que “redoble los esfuerzos para que se logre una paz en el estado y no se tenga mas muertes por gente que no tiene escrúpulos en este estado, y que han optado por andar asesinando y hacer desorden en Guerrero, mano se tiene que hacer, no es con miedo, ni con marcha atrás como se va avanzar”, dijo Ocie García.

Solicita la alcaldesa 2 millones para familias de policías acribillados en Cualac

Al pleno se le notificó de la llegada de un oficio de la alcaldesa de Cualac, Evelia González Ortega, quien solicita que se autorice una partida especial por 2 millones de pesos para pagar indemnizaciones por muerte y lesiones en cumplimiento del deber de los policías acribillados en el robo del pago de Prospera el 1 de junio pasado.
Fueron tres los policías asesinados y tres más quedaron heridos al igual que una empleada que llevaba los recursos para pagar, en la comunidad de Coatlaco del municipio de Cualac.
Al Congreso también llegó otro oficio por el alcalde de Apaxtla de Castrejón Salvador Martínez Villalobos, por el que solicitó autorización de una partida presupuestal extraordinaria para “dar cumplimiento al pago de laudos condenatorios”, pero no se especificó la cantidad en la sesión. En ese mismo sentido el municipio de San Marcos pidió ampliación presupuestal de pagos de laudos laborales.
También la directora, presidenta, y consejeras del jardín de niños “Estado de Chihuahua”, de Juan R. Escudero, Estela García Morales, Laura Lizet Bedolla Puente, Olivia Sandoval Castañón, Laura Grizell Rivera Garcoa y Elizabeth Bibiana Gallegos Contreras, que pidieron dos millones de pesos, para la compra de un predio que servirá como áreas de seguridad para evacuar en caso de un siniestro.
De primera lectura quedaron los dictámenes con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de los municipio de Ometepec, Florencio Villarreal, Alcozauca, Ajuchitlán del Progreso, General Canuto Neri, Copala, San Miguel Totolapan, Olinalá, La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos, Pilcaya, Cuajinicuilapa y Tixtla.
Todas las primeras lecturas fueron obviadas, entre ellas la del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base a los ayuntamientos La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos y Pilcaya para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018.
También se aprobó la licencia por tiempo indefinido a los regidores de Tepecoacuilco, Pascasio López Nava, Luisa Pineda Matías.

Derogan artículos para dar más autonomía a la Codehum

Y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso derogó los artículos 100, 101, y 102 de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), propuesta que enviaron Ramón Navarrete Mag-daleno, Nancy Bravo Gómez, Manuel García Guatemala, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Ángel Miguel Sebastián Ríos, presidente, consejeros y secretario técnico respectivamente del Consejo Consultivo de la comisión.
La comisión argumentó en su propuesta que los artículos derogados no aseguraban el ejercicio y protección de los derechos humanos de las personas, debido a que en estos se establecía la oportunidad de las autoridades en las que recaían las recomendaciones para ampararse.
Y con la derogación se fortalecen “las atribuciones, independencia, y la autonomía de este organismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”.
Con la derogación aprobada ayer en el Poder Legislativo las recomendaciones que se consideran “como documentos de carácter moral y definitivo, pero no son obligatorias para las autoridades o servidores públicos a las que se dirigen, es decir, que pueden o no aceptarse, lo que hace innecesaria su impugnación, además no se está en presencia de una resolución de carácter jurisdiccional, por lo que no constituyen instancia que pudiera dar lugar a medios de impugnación”.