Trabajadores administrativos y maestros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa continúan en paro laboral, y temen que el gobernador Héctor Astudillo Flores no asista a la reunión que se programó para mañana.
Los trabajadores pararon labores el 13 de octubre, para exigir la incorporación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) de 13 administrativos y maestros, así como la liberación de 7 plazas vacantes, para que se sometan a concurso, o bien, se repartan las horas entre la plantilla.
Las demandas son de hace dos años y aunque la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) prometió soluciones el año pasado, a la fecha no se han resuelto. El martes, los inconformes protestaron en el Palacio de Gobierno y se acordó una mesa de trabajo, para ayer a la 1 de la tarde, sin embargo, la fecha de la cita se cambió para mañana.
Al respecto, el delegado sindical, Juan Manuel Dominguillo Rosas, declaró que los trabajadores temen que Astudillo Flores no los atienda, debido a los festejos por la erección del estado. Informó que espera que las autoridades cumplan, de lo contrario el paro continuará de manera indefinida.
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Cuestiona la CIDH al Estado mexicano por falta de resultados en el caso Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó su postura de acompañar a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, al tiempo que el expresidente del organismo, James Cavallaro cuestionó al Estado mexicano por la falta de sanción a Tomás Zerón de Lucio por obstruir las indagatorias.
En la audiencia pública de revisión del Mecanismo de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, durante el 165 periodo de sesiones de la CIDH en Montevideo, Uruguay, la jamaiquina May Macaulay, quien presidio la audiencia, y el colombiano Luis Ernesto Vargas sostuvieron su respaldo a los padres de los 43, representados por Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez y Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, quienes manifestaron su confianza en el organismo.
Fue Navarrete quien llevó a la audiencia el tema de Tomas Zerón, al mostrar una impresión magnificada de una nota periodística sobre las declaraciones del actual secretario técnico de Consejo de Seguridad Nacional (CSN), tras la última visita del Mecanismo a cargo de la comisionada Esmeralda Arozamena en agosto pasado.
En esas declaraciones, Zerón de Lucio insiste en que a tres años de la desaparición de los estudiantes, las investigaciones de la PGR no muestran una línea distinta a la versión oficial, en cuya elaboración él participó mientras estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.
“¿Qué es para ustedes ese señor?, ¿qué han hecho para callarlo?, ¿están de acuerdo con él o qué influencia tiene en la Procuraduría?”, lanzó Navarrete ante los representantes del Estado mexicano, encabezados por los subsecretarios de la Cancillería y de Gobernación, Miguel Ruiz Cabañas y Roberto Campa Cifrián.
El representante de los 43 padres de familia reprochó que admitir las declaraciones de Tomás Zerón es una burla para ellos y la CIDH, “es querer pasar por encima de la investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)… no existen evidencias que sustenten su supuesta ‘verdad histórica’”, además de que con ello se causa daño a los padres y madres de las víctimas.
Tras expresar su empatía con las víctimas, Macaulay pidió a los padres confiar en que la CIDH “va a seguirlos acompañando en su lucha” por encontrar a sus hijos, en tanto que advirtió en tomar medidas ante las declaraciones de Zerón, ya que “lo que se publica en medios exacerba a los familiares”.
El estadunidense James Cavallaro, ex presidente de la CIDH y promotor del GIEI, fue más allá al cuestionar la permanencia de Zerón de Lucio en la administración de Enrique Peña Nieto, pese a que persisten sospechas sobre su actuación irregular en el caso, pues se presume que sembró pruebas para sostener la versión de que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos.
Al preguntar a los representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre las evidencias encontradas por el GIEI de malos tratos y tortura a 77 por ciento de los detenidos por el caso Ayotzinapa, el comisionado recordó que en la investigación del visitador César Chávez, quien fuera cesado por la PGR, se advertía la virtual responsabilidad de Tomás Zerón en sustraer de manera irregular a un detenido que presentaba “40 lesiones corporales”, en el operativo del río San Juan, el 28 de octubre de 2014, no registrado judicialmente.
Para Cavallaro el esclarecimiento de los casos de tortura podría dar luz sobre el destino de los estudiantes, situación que funcionarios del Estado mexicano han pretendido ocultar.
El comisionado Luis Ernesto Vargas lamentó que “el GIEI haya tenido más claridad, haya aportado más elementos jurídicos que el Estado que, o no quiere investigar o es por incompetencia”, ya que es inconcebible que después de tres años no se conozca el grado de responsabilidad de elementos de la fuerza pública.
Vargas, quien forma parte del Mecanismo de Seguimiento, reiteró a los representantes de los padres de las víctimas que “la CIDH no los va abandonar, es un desvelo de toda la comisión, vamos a estar presentes, porque es inconcebible que a estas alturas no sepamos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública, a tres años y unas semanas que no sepamos su grado de responsabilidad”.
En tanto la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño solicitó “al menos” el mapa de fosas clandestinas ubicadas en Guerrero con tecnología LIDAR, y recordó que había requerido en su última visita a México, en agosto pasado, el mapa de las fosas de todo el país, o por lo menos de las entidades donde el problema de desapariciones es más grave.
Cuestionó que no se tengan resultados efectivos en el tema de telefonía celular, una vez que “ya se identificó que al menos los equipos de nueve muchachos siguieron activos, si se siguera al menos esa ubicación, seguramente se tendrían datos de qué pasó con los chicos”.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre resaltó que la PGR “fracasó en hacerle rendir cuentas (a Zerón de Lucio), pues si bien el proyecto de visitador concluía con una trascendencia penal, (César Chávez) fue separado de su cargo y se emitió una resolución que convalida las irregularidades”.
Al destacar que ante el juicio de amparo iniciado por los padres por la resolución de la PGR, esta dependencia ha litigado en contra del instrumento, Aguirre mencionó que el cargo de Zerón es un nombramiento presidencial.
Ha analizado más de 5 mil líneas telefónicas e identificado 276 sitios en los que podría haber fosas clandestinas, responde el Estado
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías citó el comunicado de prensa 231/2017, en el que se señala que, sobre el tema Ayotzinapa, “el único canal de comunicación es la PGR”, en tanto que de las decenas de detenidos sólo 39 accedieron a que se les aplicara el Protocolo de Estambul para confirmar actos de tortura, de los que “sólo dos han resultado positivos y el resto negativos”.
El responsable de la Oficina Especial para el caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal aseguró que se ha hecho análisis a más de 5 mil líneas telefónicas, entre ellas las de funcionarios públicos y policías, en tanto que se han identificado 276 sitios en los que podría haber fosas clandestinas.
Higuera Bernal dijo que debido a los daños que el sismo del 19 de septiembre causó al edificio de la PGR, el trabajo de investigación se complicó, aunque continuaron los interrogatorios.
En la Ciudad de México el director del Centro Prodh, Mario Patrón reprobó que el Estado mexicano recurra a los efectos del sismo del mes pasado para tratar de justificar la falta de avances en la investigación.
“Mientras que no haya policías de Huitzuco y policías federales detenidos, o no se conozca el grado de participación de miembros del Ejército en los hechos, no se puede hablar de avances”, alertó.
El Estado administra el caso con fines políticos y encubre a funcionarios, señala Tlachinollan
Después de la audiencia el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña en la defensa legal a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, consideró que “el Estado Mexicano sigue administrando el caso con fines políticos ajenos a los afanes de justicia de las víctimas, dado que en cada audiencia o reunión dosifica la información y los avances que presenta”.
En un boletín de prensa dice que “tenemos la convicción de que la Procuraduría encubre a funcionarios que obstruyeron la investigación como Tomás Zerón de Lucio, cuando otros funcionarios como el fiscal electoral son sancionados sin más por la PGR”, dice en referencia a la destitución de Santiago Nieto Castillo.
Informa que los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos rechazaron que exista un avance del 70 por ciento en las investigaciones del caso, como dice la PGR, y demandaron al Estado mexicano que deje de mentir y de burlarse de los familiares de los jóvenes, durante la tercera audiencia pública del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa.
Afirma que en la reunión se demostró que el caso Ayotzinapa sigue estancado, pues “el Estado no ofreció mayores avances en las indagatorias. De acuerdo a un cronograma que el mismo Estado entregó a la CIDH en anteriores reuniones, en octubre de este año deberían estar dilucidados los once temas allí establecidos”.
Menciona que estos temas comprenden las cuatro líneas de investigación que planteó el GIEI y que los padres y madres de los 43 exigen esclarecer.
“Sin embargo en la audiencia quedó evidenciado que el Estado mexicano no ha detenido a ningún policía de Huitzuco ni de la Policía Federal, no ha responsabilizado a ningún militar, ni ha avanzado en fincar responsabilidad a las autoridades de Guerrero”, señala.
Informa que la Comisión mostró su preocupación por los pocos avances en las investigaciones, urgió al Estado a investigar y sancionar a los funcionarios que incurrieron en actos de tortura a los detenidos.
Blanca Luz Nava, madre de Jorge Álvarez, narró durante su participación que viven con desesperación e impotencia y criticó la postura del gobierno quien el pasado 26 de septiembre dijo que había un avance del 70 por ciento, lo que tachó de mentira, “si así fuera ya estuvieran diciendo el paradero, ya tuvieran cuando menos la pista de dónde podrían estar… se han burlado desde un principio, cada mentira que sacan es destruirnos más a la familia, no se tientan el corazón para decir una mentira, nos están matando poco a poco”, se lee en la misiva.
Cumple diez días el paro en Ayotzinapa; las autoridades no los atienden, se quejan
A diez días del paro de labores en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las autoridades estatales no han resulto las demandas de los trabajadores administrativos y académicos que exigen su incorporación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) y la liberación de siete plazas vacantes, para que sean ocupadas.
El 13 de octubre pasado, la delegación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Normal Rural de Ayotzinapa se declaró en paro laboral indefinido, pues solicitó la incorporación al Fone de 14 trabajadores hace dos años, sin que a la fecha se avance en los trámites correspondientes, esto detiene a su vez todos los procesos de recategorización y la publicación de la convocatoria, para que se cubran siete vacantes producto de jubilaciones.
De acuerdo con el secretario general de la delegación sindical, Juan Manuel Dominguillo Rosas, el jueves pasado una comisión se reunió con el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, para discutir las demandas de los trabajadores, pero el funcionario se limitó a escuchar las inconformidades y no presentó ninguna propuesta de solución.
La preocupación de la delegación sindical de la Normal Rural de Ayotzinapa es que los 13 trabajadores fuera del Fone, tres maestros y diez administrativos, no pueden acceder a las prestaciones a las que tienen derecho, como préstamos y servicios del ISSSTE; además, asegura que las autoridades retienen las siete plazas vacantes para seguir cobrándolas sin abrirlas a concurso, para completar la plantilla laboral.
Ahora los trabajadores no se han presentado en la institución, ubicada en Tixtla, para realizar sus labores de manera normal, pues se niegan a regresar a sus actividades hasta que las autoridades les den una solución concreta, lo que afecta a más de 400 estudiantes.
De acuerdo con cifras del Frente Estatal de Trabajadores de Nivel Superior (Fetnis), que aglutina a administrativos y maestros de las escuelas formadoras de docentes en el estado, en total hay 139 empleados de nivel superior fuera de la nómina federal, los cuales según informó González de la Vega Otero en declaraciones pasadas, serán incorporados de manera paulatina al Fone, pues así se planeó en un proyecto a cuatro años, en la administración del gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.
Marchan en silencio a tres años de la desaparición de los 43
Marchan 700 estudiantes y padres de los 43 en Tixtla a tres años de los ataques de Iguala
Encabeza la protesta silenciosa el padre de uno de los tres estudiantes asesinados, Julio César Ramírez Nava, originario de ese municipio
Como parte de las acciones convocadas por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a tres años de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, unos 700 alumnos de normales rurales del país, integrados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) marcharon en silencio en Tixtla, sede de la Normal rural Raúl Isidro Burgos.
La caminata en silencio en las calles de la cabecera municipal partió del arco de entrada a la ciudad y culminó en el Ayuntamiento, y estuvo encabezada por el padre del estudiante Julio César Ramírez Nava, originario de Tixtla y asesinado en esa agresión, quien llevaba el retrato de su hijo, y acompañado por madres de normalistas que llevaban retratos de los otros dos jóvenes ejecutados esa noche en Iguala, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes.
A las 7 de la noche, en un acto político, los líderes estudiantiles fijaron una posición pública ante los asesinatos y la desaparición forzada de sus compañeros. Destacaron la participación en la marcha de la Normal Rural del municipio indígena de Cherán, Michoacán, después de dos años de ausencia, dada la propia dinámica de la escuela en lucha por su permanencia.
Uno de los voceros aprovechó para deslindar a la Normal de las quemas de un autobús y una camioneta de la empresa Marinela, atacados en el nuevo libramiento Tixtla-Chilpancingo ayer, ya que comenzaban a circular rumores que responsabilizaban de los hechos a los estudiantes de Ayotzinapa.
Aclaró que, “es difícil llegar a tres años y no mostrar esa fuerza que tenemos de muchas maneras”, pero dijo que en este momento, la FCSUM se encontraban en brigadas en Oaxaca, Morelos y Puebla, para auxiliar a damnificados por los sismos del 19 de septiembre.
Una joven dirigente de la organización estudiantil ratificó la exigencia de que el gobierno explique los hechos de Iguala, “no es la primera vez que desaparece gente. ¿Qué pasa con los que a diario mueren? nos hemos acostumbrado a respuestas vanas, a callarnos con una despensa, nuestros compañeros no tiene ningún precio y exigimos que aparezcan con vida”.
Aseguró que las 17 normales que conforman la FCSUM, “expresamos descontento por el mal gobierno que tenemos. Somos de la gente que sabe de luchas y que no se doblega ante autoridades corruptas y delincuentes”.
Otro joven subrayó que los normalistas rurales son hijos de campesino, y no vándalos como los han estigmatizado, “por luchar por la vida por la dignidad de los sometidos por el gobierno”.
El representante de Cherán afirmó que el de Ayotzinapa es otro crimen de Estado, “son tres años y no nos dan respuesta, no vamos a callarnos, vamos a seguir en lucha. El gobierno sabe la ideología que tenemos y que no nos vamos a callar”.
Marchan padres y organizaciones en Acapulco
y Atoyac por los 43 a tres años de los ataques
Karina Contreras y Víctor Cardona
Acapulco y Atoyac
Padres y alumnos de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), integrantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) marcharon en Acapulco, a tres años de la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para exigir su presentación con vida.
Mientras que en Atoyac unos 300 activistas marcharon por la principal avenida de la ciudad para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
En Acapulco el contingente de unas 150 personas salió a las 11 de la mañana de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAG al Asta Bandera sobre la avenida Costera, donde hubo un mitin.
Al frente del contingente iban padres de familia así como estudiantes normalistas, quienes llevaban las fotos de los jóvenes desaparecidos en Iguala hace tres años. Al llegar al Asta Bandera los manifestantes ocuparon un carril y los agentes de Tránsito tuvieron que habilitar el otro para doble sentido.
Ahí el señor Epifanio Álvarez, padre del joven desaparecido Jorge Álvarez Nava, agradeció e informó que en distintas partes del estado y el país había actividades para exigir la presentación de los estudiantes.
Subrayó que los padres no van a parar sus movilizaciones, “seguiremos en la lucha porque queremos a nuestros hijos de vuelta, sabemos que el gobierno se los llevó, no nos queda la menor duda de que ellos fueron los que privaron de su libertad a los 43 muchachos. Exigimos que se sigan todas las líneas de investigación que los expertos internacionales dejaron porque no las han seguido, se han hecho sordos, ciegos y nada más dicen estamos trabajando, estamos haciendo y cuando se dan las reuniones en la PGR no tienen nada”.
Dijo que es una vergüenza tener un gobierno que no hace nada, que sólo está en su silla, “no es posible tanta injusticia, tres años de que las compañeras madres bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el frío, con hambre sufriendo y este pinche gobierno no tiene nada, es un coraje, es una impotencia que venga gente de otros países a querer hacer el trabajo que a este gobierno se le paga para que haga”.
“Es un coraje insoportable, es una rabia, es una impotencia, son 43 muchachos y miles de desaparecidos que también tienen una madre que llora, que grita y que los pide. Por eso nosotros hemos estado luchando y exigiendo la presentación o la verdad de esos miles de desaparecidos y de nuestros hijos”, expuso.
Convocó a los ciudadanos a levantar la voz y exigir lo que pertenece al pueblo, “nosotros solamente exigimos la vida de nuestros hijos, que nuestros hijos regresen porque ya sabemos que el gobierno se los llevó, no hay duda, nosotros sí tenemos pruebas”.
El mitin concluyó con el himno Venceremos y los manifestantes se retiraron poco después de la 1 de la tarde, con lo que la vialidad quedó liberada.
La marcha en Atoyac
En Atoyac unos 300 integrantes de organizaciones sociales encabezados por tres padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, marcharon por la principal avenida de esta ciudad para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas.
En la manifestación participaron miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), alumnos y maestros de las escuelas populares de la comunidad de El Quemado y San Juan de las Flores.
El contingente partió del arco de entrada de la ciudad y caminó al Zócalo donde hubo un mitin frente al obelisco a Lucio Cabañas.
Hubo honores a la bandera a cargo de la preparatoria popular de El Quemado, y alumnos de la escuela primaria Juan Escutia de la colonia 18 de Mayo cantaron el Himno a la Alegría.
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino Mesino dijo que Atoyac no podía quedarse pasivo ante este crimen de lesa humanidad, exigió que el gobierno preste atención a las líneas de investigación planteadas por los expertos independientes, como la participación de Ejército, el trasiego de droga de Iguala a Estados Unidos, la intervención de las policías Federal y de Huitzuco y que se investigue la telefonía de los involucrados.
La marcha de las prepas en Acapulco
El Frente Estatal de Preparatorias Populares de Guerrero marchó en la avenida Costera en la zona turística de Acapulco, para exigir a las autoridades la presentación con vida de los 43 normalistas y también sus propias demandas al Ayuntamiento, como es la entrega de becas.
La marcha salió a las 10 de la mañana de la glorieta de La Diana rumbo al Ayuntamiento. El dirigente del frente, Arturo Guerrero Caballero informó que la protesta es para alzar la voz en contra de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que exigían al gobierno federal “cumplir con el compromiso moral y ético de decir a los padres dónde están los normalistas”.
Dijo que la marcha iba llegar al Ayuntamiento porque también tienen demandas pendientes como las becas de los alumnos. También sigue pendiente el compromiso de alumbrado público en las colonias y es necesario por la inseguridad y ejemplificó que en Bocamar no tienen luz en las calles, pero pagan los impuestos por ese servicio.
En la tarde militantes de Morena de Acapulco hicieron una parada cívica en el Zócalo de Acapulco como parte de la 36 Acción Global por Ayotzinapa, a tres años de la desaparición de los 43 normalistas.
Al acto asistieron 12 personas, los oradores demandaron que se investigue al Ejército, la secretaria general del Comité Ejecutivo Municipal de Morena, Rosalinda Gutiérrez Terrones leyó los 43 motivos por los que se debe mantener la exigencia.
Beatriz García
Chilpancingo
Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, el Colectivo de Desaparecidos de Chilpancingo y la viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso, ofrecieron una misa a tres años de la desaparición de los 43 normalistas y manifestaron que no dejarán su lucha hasta encontrar justicia.
A las 5 de la tarde unas 50 personas se aglutinaron en el antimonumento de los 43 normalistas que está en el monumento a las banderas al sur de la capital, lugar donde se hizo la misa.
En la ceremonia el sacerdote Baltazar Vega oró por los asesinados, desaparecidos y desplazados en el estado y por las familias que han perdido a familiares.
“Por eso Jesús en la eucaristía nos acompaña en este proceso de tres años, un proceso queridos hermanos que nos ha impactado por los desaparecidos que hoy recordamos a 43 pero que en México suman más de 50 mil, los desplazados, pero también por lo que coincide con los signos de los tiempos en este septiembre los temblores y la lluvia, parece que Dios nos manda un mensaje, la naturaleza, pero también la lucha de estos tres años”, manifestó el sacerdote en la homilía.
La representante del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados del Estado de Guerrero y el País, Guadalupe Rodríguez Narciso y ella señaló que “estamos en la misma exigencia (de los padres de los 43), pidiendo la justicia, exigiendo la verdad… también estamos exigiendo a las autoridades federales, estatales, municipales, que hagan esa investigación, que den con el paradero de los estudiantes, y de los miles y miles de desaparecidos, porque ya no se puede ocultar que son sólo 43, creo que los padres de los estudiantes fueron los que tuvieron el valor, los que rompieron con el miedo, porque antes ya habían miles y miles de desaparecidos”.
Agregó que están unidos en la lucha, porque todos son hermanos del mismo dolor.
Dijo que si no han encontrado justicia es “por la porquería de sistema”, porque el gobierno y la delincuencia organizada están coludidos.
Al término de la misa, en un mitin, Martha Obeso expresó que la lucha de los padres de los normalistas representa la reserva moral de la sociedad descompuesta, lastimada, atropellada e ignorada por las autoridades, por el presidente y las instituciones que están paralizadas.
Dijo al colectivo de desaparecidos que griten, que su dolor es su dolor, que sus hijos son sus hijos y que no están solos, que desde su propia experiencia con el asesinato de su esposo ha tenido que encontrarse en esta lucha y miles de víctimas en el país. “Me queda muy claro, que él (Armando Chavarría) fue asesinado y que su asesinato permanece en la impunidad, que seguimos luchando para que se haga justicia, no lo hacemos con un espíritu personal, lo hacemos por lo que representa la justicia…”, indicó.
Marchan en la Cdmx en silencio por los 43 y en solidaridad con víctimas del sismo
A tres años de la desaparición de los normalistas, y a petición de sus padres, protestan sin gritar consignas en señal de luto ante el terremoto
Tatiana Maillard y Apro
Ciudad de México
Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y miembros de la sociedad civil participaron la tarde de este martes en una misa y una caminata silenciosa para conmemorar tres años de la desaparición forzada de los estudiantes.
A petición de los familiares de los estudiantes desaparecidos, la marcha –en la que participaron unos 5 mil inconformes y partió del Ángel de la Independencia para terminar en el anti monumento por la desaparición de los 43, en Paseo de la Reforma– fue silenciosa, en señal de luto ante el terremoto de hace una semana en la Ciudad de México que dejó 194 muertos en la capital.
Al inicio de la actividad, el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra aseguró que, “son una falsedad las afirmaciones de la PGR, en el sentido de que ya se agotó la mayor parte de las líneas de investigación sobre los desaparecidos, ya que en la realidad ninguna hipótesis ha sido agotada”
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, agregó que “lo que ha hecho la PGR es abordar de manera parcial algunos aspectos de la indagatoria”.
El padre de uno de los 43 normalistas explicó que, “hoy, ante la situación que viven las hermanas y hermanos que perdieron un familiar, les dedicamos esta caminata silenciosa. Su dolor es nuestro dolor; y por respeto, no habrá consignas”.
La ceremonia ecuménica fue ofrecida por ministros de iglesias anglicana, luterana y católica, del Colectivo Iglesias por la Paz. Cada uno tomó su turno para dar continuidad a esta misa sui géneris, que duró media hora.
Miguel Ángel Solórzano, pastor de la Iglesia luterana, recordó durante la ceremonia que se cumplió un año más de que las voces claman por justicia, repiten la misma consigna y, además, conservan la esperanza.
Enseguida dio lectura al Evangelio de Lucas, a la parábola de un hombre que durante tres años va a buscar higos a su terreno, pero no los encuentra, por lo que ordena al viñador cortar la higuera. El viñador responde que un año más aflojará la tierra y echará abono, para ver si al siguiente año al fin da fruto.
Al terminar la lectura, el sacerdote solicitó a los asistentes “aflojar la tierra, seguir trabajando, hasta ver los frutos”.
Por su parte, el cura anglicano Arturo Carrasco declaró que no basta solidarizarse con los padres de los desaparecidos y acompañarlos. “Decir que uno se solidariza o que acompaña, es asumir que el problema no es propio, sino de otros. Y no. Nosotros también somos parte del problema, y nosotros también padecemos las consecuencias”, indicó.
En la ceremonia también se dijo que en tres años las desapariciones en el país se han acumulado hasta alcanzar un número superior a las 30 mil. Sin hacer una mención específica, se condenó a los gobiernos estatales que se apropiaron de la ayuda humanitaria después de los sismos: “¡Dejen de robar el acopio!”, se exigió.
Alrededor de 5:45 de la tarde se inició la marcha silenciosa –no tan numerosa como en pasadas ocasiones–, hacia el anti monumento por la desaparición de los 43, en el cruce de Reforma y Bucareli. Aunque hubo algunas consignas, la mayoría de los asistentes las acallaron alzando un puño en alto, en señal de silencio.
Ya en el anti monumento, los familiares anunciaron que, en respaldo a las víctimas del sismo, pospondrán las acciones globales de protesta por los mil 95 días de la desaparición de los normalistas. Mario César González, padre de César Manuel González, agradeció la solidaridad de los capitalinos. “¿Y cómo no solidarizarnos con nuestras hermanas y hermanos en desgracia? Ese sentimiento de buscar y no encontrar a sus familiares lo conocemos nosotros, los padres de los 43. ¿Cómo no solidarizarnos con ustedes, cuando después del temblor murieron y quedaron atrapadas personas que también nos acompañaron?”, preguntó.
Frena el PRI en el Congreso exhorto a la PGR para que investigue las cuatro líneas del GIEI
La desaparición forzada fue culpa de las víctimas por “andar deambulando en Iguala”, dice la priista Pilar Vadillo. La noche del 26 de septiembre será recordada por “la brutalidad de las policías en complicidad con el crimen organizado”, y la indolencia o premeditada complicidad de la PF y el Ejército, reprocha el perredista Perfecto Rosas. La propuesta de Ricardo Mejía de MC fue enviada a comisiones con el voto en contra también del PVEM
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Las bancadas del PRI y del PVEM frenaron dos exhortos, uno a la Procuraduría General de la República (PGR) para que profundice en las cuatro líneas de investigación por los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, y otro para que se investigue el ataque a balazos de policías estatales contra normalistas el 13 de septiembre.
En las dos sesiones de ayer en el Congreso local se habló de las agresiones contra los normalistas, el diputado perredista Perfecto Rosas Martínez exigió la presentación con vida de los jóvenes, mientras que la priista Pilar Vadillo Ruiz sugirió que lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 fue responsabilidad de los normalistas por “andar deambulando en Iguala”.
Ayer el Congreso local estuvo resguardado por unos 40 policías antimotines, ya que los diputados esperaban alguna protesta de familiares de los normalistas porque se cumplieron tres años de los ataques, pero la jornada transcurrió sin ningún incidente.
En tribuna el diputado perredista Perfecto Rosas reprochó que a tres años de la agresión en Iguala continúe la impunidad en el caso, lo que dijo son también “tres años de vergüenza”.
Agregó que la noche del 26 de septiembre será recordada por “la brutalidad de las policías para detener a los jóvenes normalistas, brutalidad policiaca que como se expresa en las indagatorias, en complicidad con el crimen organizado, dio paso a la ejecución, al asesinato y la desaparición forzada, y que presumiblemente con toda indolencia o premeditada complicidad, la Policía Federal y el Ejército dejaron pasar, dejaron hacer”.
Consideró que no se trató de un acto de abuso de autoridad o excesivo uso de la fuerza pública, si no de persecución, de ejecuciones y desapariciones hechas “por la autoridad”.
Lo que se pretendía en ese ataque, dijo, fue aniquilar porque no se trató de un hecho de violencia común.
La policía actuó al margen de la legalidad para aniquilar a un grupo de estudiantes normalistas “cargados de esperanzas en sus proyectos de vida”.
Lo más indignante e inconcebible fue que “las autoridades involucradas actuaron supeditadas a las órdenes del crimen organizado”, porque los policías entregaron los normalistas a “narcotraficantes, según las investigaciones”.
El perredista consideró que las autoridades no han querido dar una respuesta real, objetiva, que conduzca al esclarecimiento de los hechos, “a la verdad y a la justicia”.
Contrario al esclarecimiento dijo que se construyó una estrategia de tortura y operación mediática para la fabricación de culpables, la manipulación de evidencia y el ocultamiento de pruebas a cargo de Tomás Zerón de Lucio como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con la finalidad de proteger a la Policía Federal y al Ejército.
En tribuna consideró que los resultados de los acontecimientos, “ha sido brutal: hemos caído en una gravísima crisis humanitaria que, incluso, nos ha llevado al más vergonzoso señalamiento y crítica internacional”.
Llamó a los diputados a dejar la “inacción institucional” y recordó que son un poder que debería asumir el dolor de las víctimas.
Convocó a que como poder Legislativo se dirija ante la Procuraduría General de la República (PGR), ante la propia presidencia de la República y pronunciarse “enérgicamente por la búsqueda de la verdad y la impartición de justicia respecto a los asesinatos y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, caiga quien caiga”.
Llamó a aprobar apoyar a la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones para que se posicione con mayor contundencia en el desempeño de sus atribuciones y cumplimiento de sus objetivos, y que se les ofrezca el respaldo y las facilidades que sean necesarias.
El diputado terminó su intervención “si alguien cree que tres años son suficientes para olvidar, si le apuestan al olvido de una vez lo digo: no nos vencerán, ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
De Ayotzinapa “se hablan las verdades a medias y se convierten en mentiras completas”: PRI
La exigencia de presentación con vida de Rosas Martínez provocó la molestia de la priista Pilar Vadillo Ruiz, quien dijo que “ni uno más, y la frase de vivos se los llevaron y vivos los queremos parece una frase de guerra, sentida”.
Afirmó que de Ayotzinapa “se hablan las verdades a medias y se convierten en mentiras completas”.
Responsabilizó de la agresión, detención y desaparición precisamente a las víctimas, “el delito se construye desde que salen de su centro educativo, los jóvenes no tenían entonces que andar deambulando por Iguala”.
Cuestionó que no se haya responsabilizado al director de la Normal Rural, y festejó que haya mas de 130 detenidos por los hechos.
Dijo que lo ocurrido no es responsabilidad del gobierno federal (a pesar de la intervención del Ejército), pero sí, de los gobiernos perredistas estatal y municipal de Ángel Aguirre Rivero y José Luis Abarca, quienes debieron actuar desde las primeras horas de cometido el delito.
Pidió que “le muevan por otro lado” y que el tema de la desaparición de los estudiantes no se vuelva un “tema repetitivo”.
La priista dijo también en tribuna que es “doloroso que los jóvenes desaparezcan”, pero “es mucho más doloroso que a nombre de estos jóvenes se incurra en actos vandálicos, todavía se ignore el sentimiento de la familia y todavía estemos buscando exactamente a un culpable cuando aquí todo mundo ha especulado, fue un acto consumado por la delincuencia organizada”.
Reclamó que los familiares de los normalistas y organizaciones sociales no acudan a apedrear las casas de los integrantes de los grupos criminales.
“No veo yo a un grupo social importante yendo a apedrear la propiedad de quienes son hasta ahora los presuntos responsables, ¡ahí no!, mejor las autopistas o las carreteras, mejor ponerle etiqueta a un gobierno”.
El gobierno federal quiere que ,os padres dejen de buscar a sus hijos, dice el MC
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja dijo los hechos ocurridos en Iguala, “cambiaron la historia del país porque la colusión entre delincuentes y fuerzas policiacas y autoridades generó una masiva desaparición forzada”.
Afirmó que el gobierno federal busca que los padres de los 43 estudiantes ya no sigan luchando por conocer la verdad de lo que ocurrió con los estudiantes.
Llamó a que se deseche y se deje de insistir en “la verdad histórica”, la versión oficial que dice que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Llamo al procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, a que profundice en las cuatro líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): la participación del Ejército, el traslado de un grupo de normalistas a Huitzuco por policías municipales, la telefonía celular tras la desaparición y el trasiego de droga de Iguala a Chicago.
“Que se lleve a cabo una investigación total de todos los elemento del Estado mexicano como federales, estatales y municipales quienes pudieran tener una intervención por acción u omisión, que no haya intocables”, pidió en tribuna Mejía Berdeja.
La propuesta del también presidente de la Comisión especial fue votada a favor por MC, Morena y PRD y en contra por el PRI y el PVEM para evitar que pasara de urgente y obvia resolución, por lo que fue enviada a comisiones.
También frenan el exhorto para esclarecer el ataque del 13 de septiembre en la carretera de Chilpancingo a Tixtla
En otro momento pero también referente a las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa, las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM frenaron una iniciativa de Morena que proponía exhortar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a investigar la agresión a balazos que sufrieron estudiantes el 13 de septiembre, por policías estatales.
A pesar de que la propuesta de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez fue respaldada por el PRD y MC, fue votada en contra por el PRI y el PVEM.
La diputada de Morena reprochó la “permanente criminalización en contra de los normalistas”, lo que afirmó, quedó en evidencia el 13 de septiembre cuando policías estatales persiguieron un autobús en el viajaban, sobre el nuevo libramiento a Tixtla, hecho en el que los uniformados dispararon contra la unidad.
“No hay para cuándo cesen en Guerrero los actos de persecución y de criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, lo que ya se volvió costumbre para este gobierno, exhibiendo su intolerancia hacia los jóvenes y nuestros futuros maestros”.
Propuso exhortar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Pedro Almazán Cervantes, a que “pongan toda la voluntad política y administrativa” para el esclarecimiento de los hechos y pongan a disposición de la FGE documentos, pruebas, testimonios y peritajes que ayuden a deslindar responsabilidades, pero la propuesta fue frenada por el PRI y el PVEM y turnada a las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad Pública.
Toman padres y estudiantes las tres casetas de la autopista a tres años de la desaparición de los 43
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) tomaron simultáneamente durante alrededor de cuatro horas las tres casetas de cobro de la Autopista del Sol que hay en Guerrero: Palo Blanco en Chilpancingo, Paso Morelos en Huitzuco, y La Venta en Acapulco.
Es parte de la jornada de lucha a tres años de los ataques en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, y en solidaridad con las víctimas del sismo del 19 de septiembre.
En la capital, los manifestantes explicaron que las casetas de cobro en la Ciudad de México y el servicio público son gratis debido a la contingencia, y estimaron que esta regla tendría que aplicarse en todas las carreteras de cuota.
El viernes se realizó sólo la toma de casetas de cuota en Palo Blanco, donde permitieron el paso libre a los vehículos, y convocaron a la población a tomar las casetas de cuota y permitir el paso libre en diferentes estados de la República.
Durante la protesta en la capital se observó pasar en ambos sentidos de la circulación varias camionetas con víveres hacia el sur, posiblemente en apoyo para a los damnificados en Costa Chica, por las inundaciones provocadas durante el huracán Max, o al norte, hacia los municipios u otros estados de la república afectados por el sismo ocurrido el martes de 7.1 grados. Uno de los vehículos, una camioneta roja, llevaba una manta con la leyenda de Costa Grande, su región de origen.
Aunque el tránsito vehicular se observó muy disminuido en relación con otros fines de semana, en Palo Blanco se presentaron expresiones de apoyo a los padres de familia, con pulgares en alto, varias frases de aliento como, “ánimo”, “sigan adelante”, y algunos golpes rítmicos del claxon en respaldo.
La caravana de autobuses salió antes de las 10 de la mañana de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa con estudiantes, en Tixtla, y se desviaron a los tres destinos, para evitar el cobro de peaje. Hubo personas que intentaron aportar una cooperación al movimiento, ninguna se aceptó.
María Elena Guerrero Vásquez, mamá de Giovanni Galindes Guerrero, subrayó que la única intención de la actividad fue liberar el paso en las carreteras de cuota.
En la caseta de La Venta de Acapulco, padres y unos cien estudiantes mantuvieron el paso libre de las 11:30 de la mañana y hasta las 2:25 de la tarde, para automovilistas, camiones de carga y autobuses.
Ante la presencia de Policías Federales, las mamás de los estudiantes desaparecidos Luis Ángel Abarca Carrillo y José Eduardo Bartolo Tlatempa reclamaron a dos uniformados la presentación con vida de sus hijos, y éstos optaron por retirarse cuando les dijeron que la movilización es parte de una jornada nacional de lucha.
En la manifestación pacífica, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, reiteró que no dejarán la lucha, que seguirán en las calles, hasta que los estudiantes aparezcan, y reprochó al gobierno mexicano la desatención del caso pese a los reclamos de la sociedad y de los padres que no han descansado un día desde el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La señora María de Jesús, mamá de José Eduardo, en su mensaje a los automovilistas dijo que los padres y madres ya no son los mismos que hace tres años, “porque nos destruyeron totalmente la vida”.
En sus participaciones los padres manifestaron que no estaban porque querían en el lugar protestando, sino por una obligación ante la desatención de las autoridades.
Recordaron que estaban haciendo uso del derecho constitucional al libre tránsito por el país.
Recriminaron que el gobierno haya entregado las carreteras construidas con los impuestos de los mexicanos a empresarios sin que éstos paguen y retribuyan nada a los ciudadanos. “No tenemos porque seguir pagando lo que se hizo con nuestros impuestos y que sólo beneficia a los empresarios”, se escuchó.
Los padres también reclaman el condicionamiento de las despensas para las familias afectadas por el sismo en los estados del centro y sur de México. La protesta fue pacífica y no hubo incidentes.
Los normalistas que llegaron con los rostros cubiertos y portaron los rostros de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos, voltearon las cámaras y desconectaron las alarmas.
En Chilpancingo, unos 120 normalistas, principalmente hombres, también se cubrieron el rostro con playeras y pañuelos, y colocaron un número 43 en uno de los cimientos aledaños a la caseta de cobro.
En la caseta de Paso Morelos, municipio de Huitzuco, unos 200 estudiantes de la FECSM, levantaron las plumas y dejaron el paso libre a los automovilistas de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde.
Los estudiantes llegaron a bordo de cuatro autobuses y la mayoría cubiertos del rostro, hombres y mujeres, realizaron pintas en las paredes de las instalaciones en las que exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron detenidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala y después desaparecidos.
Durante el movimiento, hubo beneplácito de los automovilistas que pasaron sin pagar los 82 pesos en el caso de los automóviles compactos.
Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos informó que la acción no sólo fue para exigir a las autoridades la presentación con vida de sus hijos desaparecidos, sino también una forma de solidarizarse con las familias damnificadas por el sismo ocurrido el martes pasado. “Hay automovilistas que van a ver a sus familiares en desgracia, otros llevan víveres y con ellos nos estamos solidarizando”, dijo.
Añadió que, igualmente, el movimiento fue una forma de protesta por el incremento a las tarifas de peaje en la Autopista del Sol desde el primero de septiembre pasado.
Las protestas concluyeron sin incidentes, con la presencia a distancia de la Policía Federal, en Chilpancingo y Paso Moreno, donde ni siquiera se acercaron a hablar con los manifestantes.
La PGR se niega a investigar las cuatro líneas sobre los 43; busca impunidad, afirman padres
A tres años de los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala que dejó seis muertos, tres de ellos normalistas y 43 detenidos-desaparecidos, los padres de éstos no han visto una postura clara de condena ni de exigencia de que el caso se esclarezca y se castigue a los responsables por parte del gobernador Héctor Astudillo, declaró ayer el vocero Melitón Ortega.
Dijo que, por el contrario, a casi dos años de su gobierno, ha mantenido el mismo patrón de represión en contra del movimiento de los padres de los 43 desaparecidos y en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Melitón Ortega fue entrevistado en la caseta de Paso Morelos de la Autopista del Sol, municipio de Huitzico, mientras normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), dejaban el paso libre a los automovilistas.
Ortega agregó, asimismo, sigue suspendido el diálogo con el gobierno federal desde el 29 de agosto, luego de que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, volvió a inmiscuirse en el caso e insistió en la validez de la “verdad histórica” que establece que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Desafortunadamente el Estado mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR) se han negado a avanzar en las cuatro líneas fundamentales, que es la investigación a los militares del 27 Batallón de Iguala, el seguimiento de los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos para conocer el contenido del cruce de llamadas que se hicieron después de que desaparecieron, no quiere investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago, Estados Unidos y tampoco ha detenido a los policías de Huitzuco”, dijo el vocero de los padres.
Añadió que esta es una petición en la que han insistido ante la PGR pero que la dependencia no ha actuado “entonces pensamos que quieren que esas líneas y los responsables queden en la impunidad”, denunció.
Advirtió que frente a esta situación los padres van a tener que reconsiderar las acciones, “vamos a tener que definir qué tenemos que hacer ante esta falta de interés por parte del gobierno federal”, dijo.
Explicó que ante la cerrazón de las autoridades federales, los padres decidieron realizar una jornada de protesta el sábado, cuando acudieron a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, a la que calificó como “una protesta más” y dijo que “lo que los padres están haciendo es responsabilidad del gobierno porque no ha dado respuesta a la petición de los padres”.
Melitón Ortega añadió que los padres están en su derecho de señalar al Ejército de ser el responsable de la desaparición de sus hijos “porque nos está ocultando evidencias, como el contenido del control del C-4 y toda la información que se concentró en manos del Ejército y que no ha querido entregar”, se quejó.
Agregó que tampoco les sorprende a los padres la postura del gobierno estatal que a través de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, calificó como actos de vandalismo de los estudiantes, la protesta que realizaron el sábado afuera del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en donde expresó que sólo se dio un encuentro “ríspido” con los militares.
Protestan padres de Ayotzinapa en el 27 Batallón de Iguala; normalistas lanzan cohetones

10:59. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales protestaron esta mañana en el 27 Batallón de Infantería de Iguala para exigir que el Ejército les diga dónde están sus hijos y que se investigue su actuación la noche del 26 de septiembre de 2014.
“¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde los tienen?”, gritó una madre en el portón de las instalaciones, quien también exigió justicia y criticó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En la protesta que terminó antes de las 10:40 de la mañana, los normalistas hicieron pintas, lanzaron cohetones y piedras al 27 Batallón. Se espera que los manifestantes continúen con la movilización en la ciudad.


La gran tarea en el caso Ayotzinapa es dar con los 43 y sancionar a los responsables, dice la CIDH
En las investigaciones del caso Ayotzinapa “hay avances importantes”, pero “la gran tarea” es tener pronto noticias del paradero de los 43 normalistas desaparecidos y una sanción ejemplar a los responsables del crimen, demandó el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren Praeli.
“Se reconocen avances importantes en la tarea de investigación, pero la gran tarea, lo que da sentido al mecanismo de seguimiento (de la CIDH) es que muy pronto tengamos noticias del paradero de estos estudiantes desaparecidos, de ellos o de sus cuerpos”, dijo frente al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, durante la inauguración de los trabajos del 164 periodo de sesiones extraordinarias del organismo en la Ciudad de México.
Para el titular de la Comisión, otro elemento relevante es “la identificación, investigación y sanción ejemplar a todos aquellos que sean responsables, de ser el caso, de estas desapariciones o crímenes”.
Aunque destacó la importancia de que el Estado mexicano haya aprobado una ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura u otros tratos crueles y degradantes, recordó que en su informe del año pasado, la CIDH destacó la necesidad en México de contar con una normativa como la aprobada.
En su discurso Osorio Chong dijo que para México “los derechos humanos no son una opción, sino la ruta para el desarrollo y el bienestar duradero de toda nación”.
Agregó que el gobierno federal ha dado muestra de su interés en el tema pues en lo que va del sexenio se han dado más de 20 visitas de diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos al país, y se han acatado las recomendaciones.
Según dijo, ha logrado reducir en 30 por ciento las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las fuerzas de seguridad federal.
Consultado al término del acto, Osorio Chong destacó que el presidente de la CIDH haya reconocido los avances en materia de derechos humanos en México, y sobre el caso Ayotzinapa dijo:
“Escucharon al presidente de la CIDH, hemos venido acatando todos los señalamientos, las recomendaciones. Hemos mostrado toda la disposición, queremos que quede completamente satisfecha por todos, me refiero al Estado mexicano en su conjunto, a lo que se defina respecto a estas investigaciones”.
Urge la CIDH al Estado mexicano a acelerar los trabajos de búsqueda de los 43 desaparecidos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó que, a menos de un mes de que se cumplan tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, “su situación y paradero siguen siendo desconocidos”, por lo que urgió al Estado mexicano a “acelerar los trabajos relativos a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”.
En el contexto de la visita de la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora especial para México y presidenta del Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar sobre la desaparición de los estudiantes y del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CIDH emitió un comunicado sobre las reuniones de trabajo sostenidas por la relatora e integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.
Entrevistada por Apro en la Cámara de Diputados, Arosemena de Troitiño declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a transmitirle la próxima semana avances de las investigaciones sobre el caso.
Dijo: “Esperamos que en dos meses haya avances sustanciales para poder llegar a un tercer año con mayor claridad sobre lo que ocurrió con los estudiantes”. Recordó que, en noviembre próximo, el Mecanismo de Seguimiento emitirá un informe sobre el caso y se evaluará su continuidad.
El organismo destacó la inconformidad de los padres de los jóvenes desaparecidos manifestada en una reunión en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en la que expresaron “su frustración por la falta de avances concretos para encontrar a sus seres queridos y su angustia ante la inminencia del tercer aniversario de los trágicos eventos sin alcanzar verdad y justicia”.
Respecto al encuentro con el procurador, Raúl Cervantes, y su equipo, la CIDH urgió a la detención de policías del municipio de Huitzuco, “como medida tendiente a esclarecer lo ocurrido y sancionar a las personas responsables”, así como avanzar en la investigación contra policías federales “como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos”.
Asimismo, el organismo exhortó a detener a personas que la PGR identificó como “relevantes para la investigación”. Con ello, dijo, “se contribuiría a obtener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes”.
Tras reconocer el esfuerzo de la PGR por conformar un equipo de 90 personas que trabajan exclusivamente en la averiguación del caso Iguala, la CIDH puntualizó que la hipótesis de que los estudiantes y todas sus pertenencias habrían sido incinerados en el basurero de Cocula debe ser suprimida del discurso oficial, ante la imposibilidad de que haya ocurrido, como lo confirmó el GIEI y el avance de las propias investigaciones de la dependencia.
Al señalar que mantener vigente la “verdad histórica” que postuló el entonces procurador Jesús Murillo Karam, “provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”, la Comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó que durante la reunión con personal de la PGR se informó que “se tiene certeza que los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, hecho que, aunado a otros elementos de prueba, corrobora la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”.
Durante el encuentro de Arosemena con el procurador Cervantes, se le notificó sobre la “asistencia jurídica” que la dependencia recibió del gobierno estadunidense para abordar el asunto de la ruta del tráfico de estupefacientes y dinero de Iguala a Chicago.
La CIDH instó a profundizar esa línea de investigación, así como “priorizar pruebas y diligencias en relación con la ubicación del quinto autobús”, en el que viajaban los estudiantes, que podría estar relacionado con ese tráfico y que hasta ahora no ha sido identificado.
Sobre las acciones de búsqueda, la Comisión valoró positivamente el empleo de tecnología LIDAR para la obtención de información de cuadrantes de los alrededores de Iguala, así como que próximamente personal de la PGR junto con peritos propuestos por los familiares “trabajarán de manera conjunta en el análisis de las imágenes para posteriormente llevar a cabo visitas al terreno con un equipo multidisciplinario”.
La Comisión informó que Arosemena se reunió además con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, así como con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Retoma la PGR las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI para el caso Ayotzinapa

La Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en la ruta de las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo el abogado Vidulfo Rosales Sierra, después de una reunión de los padres de Ayotzinapa con el procurador Raúl Cervantes, en la que participó la presidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Rosales Sierra reclamó que en 2016, lejos de retomar las líneas que ya había propuesto el GIEI desde 2015, “nos la pasamos debatiendo el basurero de Cocula y si seguía el mandato del GIEI; hasta ahora, la PGR está dando la razón al GIEI, que son atinadas las líneas de investigación, y vamos en la línea correcta, aunque fue hace dos años”.
A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la dependencia retomó las líneas de investigación propuestas por el GIEI, lo que generó un retraso de dos años, denunciaron familiares y organizaciones que exigen la presentación con vida de los estudiantes.
Padres de familia de los 43 desaparecidos, acompañados de su abogado, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, se reunieron con el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, y la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Vidulfo Rosales explicó en conferencia de prensa, después del encuentro, que esperaban escuchar avances concretos; pero no les satisfizo. La PGR reportó que en tres meses han avanzado 30 por ciento; sin embargo, no hay investigaciones concretas sobre las cuatro líneas pendientes para dar con el paradero de los normalistas: un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, la investigación sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la responsabilidad del Ejército y detenciones de policías.
Dijo que en el cronograma de la PGR les reportaron un avance, durante las casi dos horas que duró la reunión que inició alrededor de las 4 de la tarde, “el tema del quinto camión, del C4, la telefonía, y básicamente es lo que hoy en día están reportando; los avances sustanciales, las detenciones de los policías federales, de Cocula, de Huitzuco, cómo deslindar responsabilidad mandos del Ejército; esos resultados medulares no los tenemos”.
Hay temas pendientes desde 2015, explicó el defensor, como la detención de policías supuestamente implicados de Huitzuco y Cocula, municipios aledaños a Iguala, donde ocurrió la desaparición de 43 normalistas y los asesinatos de seis personas, tres de ellas estudiantes. En ese caso hay un conflicto competencial, dijo, porque ni un juez federal ni otro del nuevo sistema de justicia, admiten que les corresponde revisar. Están en suspenso las detenciones.
No dieron las autoridades una respuesta concreta, se quejan padres de los 43
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, explicó que a 35 meses de los ataques “no hay mucho relevante. Nos dijeron que se sigue aplicando la tecnología Lidar (empleada para buscar fosas clandestinas), que investigaron que de las 29 cámaras del C4 (Centro de Cómputo, Control y Comando) sólo funcionaron cuatro”.
Por su parte, el también portavoz de los padres de los 43, Melitón Ortega denunció que, “para nosotros los padres de familia no nos dieron una respuesta concreta. Queda en la laguna lo que queremos. Creemos que es una reunión más, como siempre nos han llevado, diciendo que hay avances las autoridades, pero para nosotros no significa nada, más dolor, desesperación”.
Rosales adelantó que el mecanismo de seguimiento de la CIDH, que se reunió con la PGR antes que con ellos, dará este miércoles a conocer su informe. Rescató que del encuentro “la PGR se encuentra en la ruta de las cuatro líneas propuestas por el GIEI… No vemos una actuación de buena fe, hay un retraso”.
Otro punto importante, especificó el abogado, fue que la dependencia ya admitió que el quinto camión, que señaló el GIEI, siguió por el Periférico Norte de Iguala desde que salió de la central de autobuses de Estrella Blanca hasta llegar a la parte sur y al Palacio de Justicia, tal y como relataron sobrevivientes.
Para Rosales es grave que a casi tres años, el gobierno de Guerrero admita que de las 25 cámaras disponibles para saber qué ocurrió esa noche, fueran sólo cinco las que servían, de cuatro obtuvieron recientemente videos, pero dijo, no hay nada más.
En octubre tienen programada la próxima reunión con la PGR. El titular se comprometió a que sería un encuentro ya con nuevas detenciones. El movimiento continuará sus acciones de protesta previstas cerca del tercer aniversario en varias ciudades del país y municipios de Guerrero.
